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- rdf:value = " La señora CAMPUSANO.-
Señor Presidente, desde hace algún tiempo el pueblo de Chile está presenciando una clara y sistemática ofensiva de la reacción chilena en contra de los trabajadores. Se trata de una acción coordinada de los sectores patronales de la industria y del campo, destinada a tratar de rebajar aún más los niveles de vida de obreros, empleados y campesinos, mediante una política dura en materia de aumento de sueldos y salarios, y tendiente también a debilitar y en lo posible destruir las organizaciones sindicales y gremiales.
En esa orientación se encaminan, en diversos planos, las iniciativas de los empresarios y latifundistas. No les basta la serie ininterrumpida de ventajas que han logrado al amparo de la política laboral del Gobierno del señor Frei, identificada inequívocamente con los intereses patronales y encauzada a resolver en favor de los propietarios de los medios de producción todos los conflictos del trabajo.
Antes de reseñar algunos de los hechos que configuran tal ofensiva reaccionaria, hay que recordar algunas de las características de la política del Gobierno de la "revolución en libertad" en contra de los trabajadores chilenos. Ella se ha expresado (básicamente en dos esferas.
Por una parte, en una política económica general continuista, supeditada, como la del régimen anterior, a los dictados del Fondo Monetario Internacional y cuyo móvil principal ha sido el de frenar la inflación por medio de la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. A cuatro años de Gobierno del señor Frei, la experiencia muestra ya como definitivo el fracaso de este intento. No ha logrado frenar el proceso inflacionario. Sólo ha conseguido hacer recaer la constante desvalorización sobre los sectores más desvalidos y modestos del país.
Y junto a la política económica, en el plano sindical, la acción del Gobierno del señor Frei, por intermedio de su ex Ministro señor Thayer, ha perseguido en forma tenaz la destrucción de las principales organizaciones sindicales y gremiales del país, además de auspiciar, en la teoría y en la práctica, un paralelismo sindical que, bien lo sabemos, sólo puede favorecer a los capitalistas. Bastaría recordar los conflictos de Cemento Melón, Cervecerías Unidas, Empresa Portuaria y minerales del cobre, para caracterizar tal política. Fruto lamentable de ella han sido la masacre de El Salvador, el 11 de marzo de 1967, y la de Santiago, el 23 de noviembre del mismo año.
Los capitalistas han aprovechado, sin duda alguna, la política económica general del Gobierno. Carecen de razones para estar descontentos de ella en lo que se refiere a los aspectos laboral y salarial. Han usufructuado de la ilegalización de los pliegos de peticiones y de las huelgas legales. Esto último ha sido realizado frecuentemente por el Ejecutivo, mediante el expediente de la reanudación de faenas.
Sobre este procedimiento, usado con frecuencia por el actual Gobierno, queremos decir que contradice todas las bellas palabras que el Presidente de la República o sus Ministros expresan acerca de sus criterios de justicia. La verdad es que, al decretarse la reanudación de faenas en una huelga legal, se deja de lado el más elemental sentido de justicia. Se arrebata a los trabajadores la única arma que poseen para defender sus intereses; se anula una conquista lograda con la sangre y el esfuerzo de los obreros en años y años de lucha. El resultado favorece, como es natural, a los patrones, que dejan de sentir se presionados al reanudarse el trabajo y que, por lo general, son muy bien tratados por interventores y arbitros del Ministerio del ramo. Los trabajadores saben muy bien y nosotros tenemos oportunidad diaria de comprobarlo, por medio de las decenas de trabajadores que nos escriben o llegan hasta nuestra oficina y de las visitas que hacemos a las faenasque las oficinas del Ministerio del Trabajo están siempre dispuestas para atender las consultas de los poderosos. Quiero agregar algo más: mientras fue Ministro el señor Thayer, jamás respondió a mis peticiones de audiencia para tratar algún conflicto. En el Ministerio del Trabajo las reclamaciones se eternizan. Los sectores patronales no son habidos cuando se los cita. Finalmente, cuando se produce la solución, el empresario llega ampliamente protegido por la situación de urgencia a que ha conducido al trabajador y por la bondad de las autoridades. Y se llega, entonces, a un acuerdo, que viene a consagrar el incumplimiento de diversos beneficios legales que por vía de transacción se pagan sólo en parte.
Pero, como decía, a los empresarios no les basta con el guante de seda con que los trata el Gobierno ni con la mano dura que se aplica a los trabajadores. Han decidido continuar avanzando, dar nuevos pasos en contra de sus explotados. Y han decidido exigir del Ejecutivo una mano aún más dura. La organización, conciencia y combatividad de los trabajadores los exaspera y quieren terminar con sus métodos de lucha, como la ocupación de fábricas, mediante la represión y la violencia sin freno.
Con la soberbia y prepotencia que les es habitual, se han dirigido al Gobierno para exigir las medidas que ellos desean imponer. Y han comenzado por orquestar una pequeña campaña del terror, para presionar al Ejecutivo. Se trata de pintar un panorama apocalíptico del país; de dar la impresión de que aquí existe un caos absoluto, de que la ley y la Constitución dan tumbos por el suelo, de que la seguridad personal de los ciudadanos carece de toda garantía. Y, naturalmente, todo este cuadro aterrador tiene una sola causa: "la indisciplina y el ánimo subversivo de los trabajadores".
Ese cuadro es más falso que Judas. Si existe algo de lo que dicen los patrones, ello es, en todo caso, diametralmente opuesto. No afecta a los capitalistas sino a los trabajadores: por ejemplo, no son pocas las leyes que no se cumplen en Chile cuando se trata de aplicarlas en favor de éstos. Las imposiciones previsionales se han burlado por años y siguen burlándose; continúan muchos empresarios imponiendo a los obreros contratos firmados en blanco, para después lanzarlos a la cesantía e impedir toda reclamación judicial, valiéndose de. un finiquito que redactan a su gusto. Si alguien carece de garantías, es el trabajador, pues algunas de las que aparecen en las leyes se transforman a menudo en letra muerta ante el poder del dinero, que doblega voluntades y compra conciencias.
Tras una adecuada campaña de prensa y radio destinada a presionar al Gobierno, los empresarios han ido a visitar al Presidente de la República. No fueron tramitados. Estos señores pudieron conversar largamente con el Primer Mandatario. Por lo contrario, cuando hace un año el Comando de Jardines Infantiles y, personalmente, la Senadora que habla, solicitamos al Jefe del Estado una entrevista para insistir en la necesidad de dictar la ley sobre Jardines Infantiles, no se nos dio audiencia. Pues bien, al término de la entrevista a que me refiero, el personaje máximo de esos magnates criollos expresó : "Le hemos venido a preguntar al Presidente de la República si podemos seguir trabajando en Chile y si va a imperar aquí el respeto a la Constitución y las leyes y no la ley de la jungla".
Estas soberbias palabras retratan de cuerpo entero a los grandes patrones y sus propósitos, y también la estatura moral que tienen. Tratan de chantajear abiertamente. Amenazan con detener la producción, como si fueran ellos y no los obreros quienes crean efectivamente la riqueza. Insinúan que podrían llevar sus capitales a otros países, cosa que sin duda son capaces de hacer, pues para ellos no hay otro concepto de patria que el lugar que les permite explotar libremente a los trabajadores y ganar dinero a manos llenas.
Las expresiones de los personeros de la organización de los industriales poderosos han sido reiteradas luego por la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, en un documento dirigido al Ministro del Interior. Allí se manifiesta, con palabras claramente amenazadoras, lo siguiente: "El desarrollo de Chile no puede seguir supeditado a un futuro vago e incierto, y la opinión pública tiene el derecho de saber cuáles son las normas fundamentales que rigen en este momento para la seguridad personal de cada ciudadano y de sus propiedades y derechos".
Los empresarios están creando, pues, artificialmente, un clima de agitación y presunta sedición, con el objeto de presionar al Gobierno, inclinarlo más en favor de sus intereses, chantajeándolo con amenazas de detener el proceso económico. Se movilizan en diversas formas para obtener más ventajas del Ejecutivo, sin perjuicio de que el cuadro mentiroso de caos y confusión que tratan de pintar pueda servir también para propósitos sediciosos, a los que la Reacción y la Derecha nunca han dejado de ser aficionadas.
No es difícil captar dobles intenciones en todo este clima artificial de alarmismo y en el tono amenazante que están utilizando sus personeros más representativos y sus órganos de prensa y radio. El presidente de los terratenientes, don Hugo Zepeda Barrios, persona que jamás ha sembrado una papa, ha llegado a decir que "los chilenos están en peligro de perder el ejercicio de los derechos constitucionales". Y refiriéndose a la "falta de protección" que sienten los "pobrecitos" latifundistas, concluyó una intervención ante una asamblea conjunta de "momios" de la ciudad y del campo diciendo que "si no se adoptan medidas adecuadas, habrá que lamentar más adelante situaciones mucho más graves".
Sobre el particular, queremos decir quiénes son estos señores que ahora rasgan vestiduras. Ellos, representados por don Hugo Zepeda, han defendido un sistema de explotación agrícola que ha mantenido al pueblo de Chile en condiciones increíbles: 60% de los niños en edad escolar jamás toman leche; el 70% de ellos muestra signos de raquitismo, y el 20% se encuentra anémico.
También queremos expresar qué sucedió en 1960, durante la existencia de ese régimen de explotación, con los salarios agrícolas. En ese año, un trabajador recibía, como término medio, una remuneración de 31 escudos y 66 centesimos, incluyendo las regalías.
Pero hay algo más, que nosotros deseamos acusar como un crimen: ¡en 1961, sólo 300 mil obreros agrícolas eran presentados en planillas para el cobro de la asignación familiar, excluyendo a 390 mil trabajadores! Durante ese año, se dejaron de compensar 800 mil cargas familiares, lo que para nuestros campesinos significó un menor ingreso de 25 millones de dólares. ¡Esa es la catadura moral de quienes están tratando ahora de atacar la reforma agraria!
Don Nicanor Allende Navarro, destacado "líder sindical" de los latifundistas, en un artículo de "El Diario Ilustrado" del 23 de agosto, se queja de que "se ha dictado una ley que, debidamente analizada, es monstruosamente injusta". Pretende hacer creer que se quiere "desposeer al que con justo título, mediante sus ahorros acumulados, movido por su afán de prosperar, llegó a ser agricultor propietario y a cultivar y explotar su predio". Agrega que "los fundos pasan a la Corporación de la Reforma Agraria mediante su expropiación, basada en causas que son múltiples y que, en su diversidad, resulta en extremo difícil no incurrir en alguna".
Estos argumentos, que serían divertidos en otra ocasión, adquieren otro significado cuando el articulista agrega otros, como el de acusar al Gobierno de emprender una reforma agraria a la manera de las que en el mundo entero han fracasado".
Pero no es sólo esto: los diarios de Derecha, todos los días, registran declaraciones y noticias provenientes de los latifundistas, donde hacen pública su disconformidad con la reforma agraria. Y quizás los hechos más claros se dieron en aquella reunión celebrada en Chillán, donde la Confederación de Sindicatos de Empleadores Agrícolas manifestó que se opondría tenazmente a esa reforma.
En el mismo sentido debe interpretarse la exigencia de los terratenientes para que la CORA haga públicos los balances de los asentamientos agrícolas. Se han valido de un precepto legal. Pero esta exigencia que se hace a los asentamientos debe ser extensiva a los latifundistas. ¿Por qué las sociedades agrícolas de reforma agraria deben entregar sus cuentas y no los terratenientes? Hay una disposición legal que establece la contabilidad para los predios agrícolas. Pero y aquí se demuestra el sentido de clase con que se legisla en Chilela aplicación de ese precepto está postergada por un año; inclusive, hubo indicaciones para aplazar por dos años el cumplimiento de esa obligación.
Los sectores reaccionarios no quieren que se les toque un solo pelo de sus privilegios. Es más: pretenden aumentarlos. Pero, ante la resistencia que despiertan en las organizaciones de trabajadores sus intenciones, su insensibilidad y la del Gobierno para solucionar los conflictos, que se prolongan hasta dos meses, hablan de un estado de "intranquilidad":
¿Pero qué tipo de tranquilidad piden? Ante los sucesos del fundo San Miguel, han puesto el grito en el cielo. ¿Pero qué dijeron cuando hubo un baleo en el fundo Los Cristales y a causa de él murió un trabajador? Y más que tranquilidad, los latifundistas piden también confianza. Quieren que se les asegure que no se les expropiará.
En cierta oportunidad, cuando el Ministro de Agricultura llamaba a incrementar la producción, el presidente del Consorcio Agrícola del Sur decía: "Es imposible dedicarse a las labores agrícolas mientras estamos amenazados de expropiación".
Es decir, de la sequía, los terratenientes quieren sacar un seguro contra la reforma agraria. No les ha bastado en esta época pedir algunos beneficios, como liberación del pago de impuestos, reducción del aporte patronal al Servicio de Seguro Social, etcétera. ¡Escudándose en esta catástrofe, quieren parar la reforma agraria!
Los campesinos, el pueblo y los trabajadores de Chile, que durante tantos años han luchado por la actual ley de reforma agraria, la defenderán hasta sus últimas consecuencias.
He dicho.
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