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- rdf:value = " CREACION DE LA DECIMA AGRUPACION PROVINCIAL.El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde continuar tratando el informe de la Comisión Especial de Reforma Constitucional recaído en el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental con el objeto de crear la Décima Agrupación Provincial y hacer coincidir las elecciones generales de regidores con las generales de Diputados y de Senadores.
-La moción figura en los Anexos de la sesión 13ª, en 22 de junio de 1966, documento Nº 8, página 1110, y el informe, en los de la sesión 34ª en 27 de julio de 1966, documento Nº 3, página 2396.
El señor REYES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Duran.
El señor DURAN.-
Señor Presidente:
En la discusión general, los Senadores de estas bancas votaremos por el rechazo del proyecto en debate.
Esta iniciativa legal tiene dos alcances principales. El primero de ellos consiste en crear una nueva agrupación provincial para completar, de esta manera, diez agrupaciones en el país. Además, aumentar a dos los Diputados por la provincia de Aisén, para lo cual separa dicha provincia de la de Llanquihue, y elevar también a dos la representación de Diputados por Magallanes.
El otro alcance se relaciona con la prórroga del mandato de los regidores para hacer coincidir las elecciones edilicias con las de parlamentarios.
Tocante a la primera idea, el Partido Radical, en forma reiterada, ha expresado su deseo de modificar las estructuras constitucionales concernientes a la representación senatorial. En numerosas ocasiones hemos bregado por buscar el camino que nos permita hacer una diferencia entre la representación de la Cámara y la del Senado en cuanto a la amplitud de las agrupaciones. Nos parece más viable, lógico y democrático que los Senadores tengan representación nacional.
Sin perjuicio de considerar que estas ideas deben ser discutidas con ocasión del proyecto de reforma constitucional más amplio, pendiente de informe en la Comisión especial respectiva del Senado, no nos oponemos a estudiar la posibilidad de una representación más extensa, fundamentalmente en el orden senatorial, respecto de la gran zona comprendida entre las provincias de Valdivia y de Magallanes. Aquí se han dado numerosas razones que abonan la justicia de esa petición. Es innegable que, aparte la extensión territorial de la zona, deben considerarse los extraordinarios problemas de desarrollo económico y los de carácter internacional derivados de la calidad limítrofe de una zona delicada como ésa. De ahí que es útil plantear estos problemas y darles una solución como la que se propone.
Sin embargo, no quiero limitarme al análisis de estas materias en lo relativo a los Senadores. Aunque brevemente, deseo referirme también al anhelo de dar a la provincia de Aisén una representación más completa ante la Cámara de Diputados, por tratarse de un vasto territorio de enorme porvenir para el país. El Partido Radical no se opone a legislar en este orden de cosas; pero nos resulta extraordinariamente engorroso expresar una opinión frente a un proyecto de reforma constitucional que incluirá entre sus disposiciones la de prorrogar el actual mandato de los regidores. He tenido ocasión de escuchar algunos argumentos, valederos en apariencia, para justificar la prórroga de dicho mandato y hacer coincidir esta consulta popular con la que, de acuerdo con el precepto constitucional, debe tener el país para elegir sus representantes parlamentarios.
Tanto en la Comisión como en los acuerdos de nuestra directiva máxima, hemos expresado nuestra oposición a conceder semejantes prórrogas, porque ellas lesionan el espíritu democrático que inspira las normas constitucionales y legales en cuya virtud deben efectuarse estas consultas al pueblo con relación a la marcha general del país y a los problemas vinculados a la comuna.
Defensores tradicionales de la comuna autónoma, del sistema que permite a cada una de estas entidades elegir sus representantes de acuerdo con los intereses de la zona misma, no desconocemos que las elecciones de regidores tienen también vinculación directa con los planteamientos doctrinarios o las diferencias ideológicas respecto de las tesis sustentadas por los distintos partidos. Basta observar que las listas de candidatos a ediles se presentan en organizaciones de partidos, para comprender que las elecciones municipales tienen una proyección fundamentalmente política. Las listas mencionadas no se presentan con relación a actividades económicas, intelectuales o regionales, sino por partidos. En consecuencia, son estas banderas ideológicas, las que, vinculadas a los problemas de la zona, dan la solución que corresponde, de acuerdo con tales doctrinas, a las cuestiones que inquietan a cada una de las comunas.
He escuchado, entre los argumentos dados en esta Corporación para impedir el exceso de elecciones, que sería conveniente celebrar en forma simultánea algunas de éstas, como manera de evitar al país una agitación de carácter político electoral que lesiona el proceso económico general. Se agrega, como argumento valedero, el hecho de que, en este mismo instante, se discuten en el Parlamento algunas iniciativas sobre facultades de los municipios y la creación de nuevos organismos locales que se denominarían Juntas de Vecinos. Estas nuevas entidades, de gran autonomía, podrían contratar créditos y actuar con arreglo al sistema de la promoción popular. Tales ideas son buenas en el fondo, pero la experiencia ha demostrado que su aplicación originaría presiones de carácter político que entrabarían la libertad ciudadana en cuanto a la expresión de sus doctrinas y tesis.
Por desgracia, votar favorablemente en general un proyecto que incluye materias distintas, implica, en el hecho, aceptar la idea de legislar sobre todas ellas. En consecuencia, aunque introdujéramos enmiendas tendientes a perfeccionar algunas de las ideas que aceptamos en principio, el régimen constitucional de las insistencias en la tramitación de los proyectos de ley -no me refiero a los proyectos de reforma constitucional- hará a menudo imposible, aunque exista un criterio similar sobre las ideas centrales planteadas por el Partido de Gobierno, votar favorablemente en general un proyecto, a menos, de querer tomar fama de inocente. No podríamos acogerlo en general, pese al propósito de modificar las ideas con las que discrepamos, pues sabemos de antemano que, al insistir sobre ellas la Cámara de Diputados por simple mayoría durante la discusión particular, el Senado debería reunir dos tercios para oponerse a tales ideas.
De esta manera, en definitiva, es la voluntad mayoritaria de una de las ramas del Congreso la que impone su criterio aun respecto de aquellos preceptos que, de acuerdo con el criterio mayoritario del Senado, no son buenos ni provechosos para la mayoría democrática del país.
Por otra parte, no quisiera dejar pasar la afirmación, tan repetida en el Senado, respecto de la conveniencia de suspender estas elecciones de regidores en atención a los problemas de carácter económico de la nación y a estos proyectos modificatorios de las estructuras comunales.
En nuestro concepto, la idea de suspender las elecciones municipales en vista de la legislación que eventualmente puede despacharse con relación a las juntas de vecinos, no resiste ningún análisis profundo. El hecho de elegir regidores el primer domingo de abril no impide al Congreso Nacional seguir debatiendo las materias vinculadas con una nueva estructura de esas juntas. En consecuencia, el argumento, aparentemente de valor, se deshace frente a la realidad legislativa, que no impide continuar, más adelante, el debate, y en definitiva aprobar o rechazar tales ideas modificatorias de las estructuras y facultades de las actuales municipalidades.
También he oído, en muchas oportunidades, plantear en el Senado, con lenguaje crítico, un análisis de su actual composición. Se dice que una mitad del Senado no representa auténticamente el pensamiento popular. Deseo hacerme cargo de esta afirmación, no sólo porque, en el fondo, la estimo falsa, sino, además, porque personalmente afronté una reelección no hace todavía dos años y, por lo tanto, la votación popular expresada en la octava agrupación, que me reeligió, es producto de una situación electoral y sicológica de la masa que expresó voluntad después de la elección del Excelentísimo señor Frei. Hago esta aclaración, porque no deseo que nadie pueda pensar que estoy buscando asilo en esas argumentaciones por no haber enfrentado la elección senatorial después del acto electoral que dio a la Democracia Cristiana la primera mayoría electoral de la calle y, como consecuencia, la primera mayoría de la Cámara de Diputados y una representación extraordinariamente alta en el Senado de la República.
No sé cómo puede sostenerse, con tanto énfasis y casi como dogma de fe, que la opinión pública, en este instante y en esta hora, tiene una determinada posición adicta a la tesis sostenida por el partido único de Gobierno. No hay sino un antecedente después de la última elección general de parlamentarios: la complementaria de Valparaíso. En ese acto electoral ha quedado un solo hecho en claro, respecto del cual no puede haber ni argumentaciones ni cábalas: en Valparaíso, la Democracia Cristiana mostró una clara baja en sus porcentajes electorales. Por cierto, ellos no son conocidos profundamente por la opinión pública, debido a que, al terminar ese proceso cívico, cuando el entusiasmo de los distintos grupos -es curioso anotarlo- los hacía sentirse a todos triunfadores, los porcentajes dados no obedecían en realidad al número de sufragios emitidos en las urnas. Fue más tarde, 40 ó 50 días después, cuando, después de examinados los sufragios por el Tribunal Calificador de Elecciones, se supieron concretamente los resultados definitivos. Y entonces se pudo establecer que la Democracia Cristiana no había obtenido sobre 50% de la votación.
El señor GUMUCIO.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Durán?
El señor REYES (Presidente).-
Por haber llegado la hora, se levanta la sesión.
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