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- rdf:value = " FRANQUICIAS DE INTERNACIÓN PARA ELEMENTOS AUDIOVISUALES DESTINADOS A LA UNIVERSIDAD DE CHILE.El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde ocuparse en el nuevo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que faculta a la Universidad de Chile para internar al país los equipos, materiales y elementos necesarios para la renovación, mantención y ampliación de sus servicios audiovisuales.
-El proyecto y el primer informe figuran en los Anexos de las sesiones 19ª y 25ª, en 8 y 21 de julio de 1965, páginas 1252 y 1627, el nuevo informe en los Anexos de esta sesión, documento Nº 4, 2581.
El señor REYES (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
La señora CAMPUSANO.-
En la Comisión, el Honorable señor Altamirano y la Senadora que habla votamos favorablemente el proyecto, pero nos opusimos a las indicaciones formuladas aquí en el Senado. Por tal motivo, pedimos dividir la votación.
Fuimos contrarios a las indicaciones por estimar que ellas deben ser motivo de un debate particular más extenso y con acopio de mayores antecedentes, y por haber tenido conocimiento de que, dentro de dos o tres meses, el Gobierno enviará un proyecto completo acerca de la televisión en el país. En esa ocasión podrán presentarse dichas proposiciones, a fin de que otras universidades puedan tener televisión.
El señor CASTRO.-
Deseo preguntar a la Honorable señora Campusano, como miembro de la Comisión, si el proyecto original de la Cámara consignaba esta franquicia sólo para la Universidad de Chile y fue en la Comisión del Senado donde se incorporó a otros institutos universitarios.
La señora CAMPUSANO.-
La iniciativa de la Cámara, aprobada por unanimidad, se refería sólo a la de Chile, pero en esta sala se presentaron varias indicaciones para incluir a otras universidades.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Debo lamentar que este proyecto, cuyo objetivo era favorecer exclusivamente a la Universidad de Chile, haya sido materia de indicaciones -cuya presentación corresponde al ejercicio de un derecho soberano de los miembros del Senado- que entorpecerán el deseo de dar facilidades a ese instituto en este aspecto.
De antemano, anuncio mi oposición a los agregados que se han hecho, pues soy partidario de beneficiar únicamente a la Universidad mencionada.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
No me opondré a la aprobación del proyecto. Sólo quiero insistir en las ideas que planteé en la sesión pasada, cuando se discutió esta iniciativa.
Aquí se otorgan franquicias de importación a la Universidad de Chile y otras. Al respecto, me llama la atención que el Congreso esté rompiendo el sistema económico general implantado por las leyes de la República, en el sentido de que todo cuanto signifique empréstito externo y se relacione con monedas extranjeras debe ser previamente autorizado por el Presidente de la República. Según el Diario Oficial del lunes pasado, que tengo a la mano, se ha creado un comité coordinador y asesor de créditos externos; y uno de los considerandos del decreto dice expresamente que, de acuerdo con dos leyes vigentes, no se puede despachar ninguna operación de crédito externo sin autorización del Ministerio de Hacienda.
El principio que va a establecer el Senado rompe esa norma, que, a mi juicio, es de conveniencia nacional. La economía del país y, en especial, la intervención del Estado en materias monetarias, deben ser dirigidas por un organismo que centralice todo. Ahora el Congreso Nacional empezará a autorizar directamente las importaciones, con prescindencia del sistema imperante.
He querido exponer estas observaciones para salvar mi responsabilidad.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Voy a votar en contra del proyecto y deseo fundar brevemente las razones que me asisten para proceder así.
La televisión fue entregada a las universidades a fin de desvincularla de toda actividad comercial y procurar, por esa vía, mantenerla en un alto nivel cultural y moral, con fines educativos primordialmente, y desligarla, asimismo, de la política.
En el hecho, esa actividad, en manos de las universidades, se ha transformado en televisión comercial -no necesito extenderme sobre la materia, porque todos lo sabemos-; se ha constituido en un negocio que no sabemos si es bueno, regular o malo, pero que puede ser óptimo y no necesitar franquicias como las solicitadas en este proyecto.
Por otra parte, tampoco se ha cumplido la finalidad de que la televisión esté desvinculada de la política. Ha sido empleada por el Gobierno con tales fines políticos, y me atrevería a decir que su explotación en ese sentido tuvo bastante influencia en el resultado de las últimas elecciones generales.
Por último, no se ha logrado tampoco el propósito de que los programas cumplan una función educativa. Dentro de la televisión, que está al alcance de toda la población que posee receptores, que llega hasta los niños y es absolutamente incontrolable por parte del padre de familia, se transmiten en forma permanente programas que, a mi modesto entender, no son los adecuados. No hablo -sería injusto hacerlo- de programas que atenten contra la moralidad sexual; pero sí de la tendencia a transmitir películas policiales, que, si bien terminan, en general, con el castigo de los culpables, pueden constituir mala escuela para la mentalidad en formación.
Por todas estas razones, creo que, antes de conceder franquicias a una o a todas las universidades para desarrollar sus estaciones televisoras, es necesario investigar el problema y concluir en el estudio de una ley completa sobre la materia.
Mientras tanto, me niego a otorgar las franquicias solicitadas y votaré en contra del proyecto.
El señor GUMUCIO.-
Entiendo que esta iniciativa legal sólo autoriza para importar determinados elementos, pues existe una lista de mercaderías cuya internación está prohibida.
En el proyecto en estudio no hay disposición alguna que autorice para otorgar divisas con el objeto de hacer la importación. Esta es una facultad propia del Banco Central, organismo que hoy día tiene atribuciones para conceder las divisas que permitan realizar determinada internación.
Repito: la iniciativa en debate sólo, autoriza para internar determinadas mercaderías cuya importación está prohibida.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
¿Me permite una interrupción, Honorable Senador?
El precepto a que se refiere Su Señoría, en la parte final, autoriza para contratar créditos externos.
El señor GUMUCIO.-
Faculta a las universidades para contratar empréstitos en el extranjero.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Sin la aprobación del Gobierno.
El señor GUMUCIO.-
En ese caso y en virtud de su antonomía, la Universidad de Chile no habría necesitado de esta autorización legal para contratar un empréstito.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Hay una ley que dice todo lo contrario, pues estatuye lo siguiente: "Cualquiera entidad, descentralizada o no, para contratar créditos externos, tiene que tener la aprobación previa del Ministerio de Haicenda." A este respecto -repito-, se acaba de crear un organismo, de acuerdo con la publicación del "Diario Oficial" de anteayer, destinado a coordinar todo lo relativo a estos créditos.
El señor GUMUCIO.-
Dejo en claro que el proyecto en debate no autoriza para otorgar divisas, sino sólo para contratar empréstitos y permitir la internación de determinadas mercaderías cuya importación está prohibida.
El señor CHADWICK.-
Así es, exactamente, lo que afirma Su Señoría.
El señor PALMA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
Este proyecto de ley, que ya se ha discutido dos veces en la Sala, no es otra cosa que una obligación que, en un aspecto verdaderamente limitado, se impone en este caso al Banco Central, la autoridad competente para declarar qué artículos pueden internarse o no pueden internarse, o sea, para prohibir o no prohibir la importación de determinadas mercaderías.
De acuerdo con el proyecto que nos ocupa, se trata de elementos destinados a los servicios audiovisuales de la Universidad de Chile, que ya están contratados y cuyos créditos están conseguidos, de conformidad, como es natural, con las normas que sobre esta materia tiene en vigencia el Banco Central.
En la iniciativa en debate no existe disposición alguna que pueda quebrar las normas económicas de esa institución bancaria.
Lo único que se pretende es establecer que el Banco Central no podrá, de acuerdo con sus facultades, oponerse a que estas mercaderías se adquieran en el extranjero. No se trata, en absoluto, de imponer a ese organismo normas respecto de cómo serán pagadas dichas mercaderías, en qué plazos lo serán, a quién se comprarán, etcétera, sino, simplemente, de lo que ya señalé y que fue ampliamente discutido en la Comisión.
Por lo demás, como se sabe, la ley 11.519'facultó a todas las universidades del país para hacer esas importaciones sin pagar derechos de aduana ni otros tributos que afectan a las internaciones.
En la iniciativa que ahora se discute, también se ha querido extender tales ventajas a los equipos de televisión que traerá la Universidad de Chile y que, eventualmente, puedan adquirir otras universidades, equipos que son, en este momento, absolutamente necesarios para mejorar los servicios que esos planteles prestan y respecto de los cuales ellos tienen, en parte, inversiones hechas en el país.
En realidad, se trata de un proceso en marcha que se completará mediante estas disposiciones. Seguramente, el Banco Central no ha querido otorgar esta facultad especial para efectuar la importación por la vía de la resolución interna, con el objeto de no abrir las compuertas para que cualquiera institución pueda también pedir igual franquicia, sino que ha deseado que tal autorización quede expresamente consignada por la vía legal. En esa forma -por decirlo así-, la excepción en materia de autorizar importaciones prohibidas resulta francamente imposible de llevar adelante por otros organismos, salvo que éstos consigan hacerlo en virtud de otra ley.
Todo nos indica, entonces, que en estos momentos es conveniente apoyar el proyecto, basados en el hecho de que nuestra posición de ninguna manera quiebra las disposiciones económicas que rigen las normas de importación estatuidas por el Banco Central.
El señor FONCEA.-
¿Cuándo vence la urgencia, señor Presidente?
El señor AHUMADA (Presidente accidental).-
No hay urgencia para este proyecto, señor Senador.
El señor ALTAMIRANO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FONCEA.-
Entonces, anuncio que pediré segunda discusión para esta iniciativa, pues queremos posesionarnos bien de su contenido.
El señor AHUMADA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-
Señor Presidente, como tuvimos oportunidad de explicar, en una sesión pasada, nuestro punto de vista a propósito de las observaciones formuladas por el Honorable señor Alessandri, volveremos sobre lo que ya dijimos en esa ocasión.
De acuerdo con el sistema actual, existe una lista de mercaderías permitidas. Todas las que no figuran en ella, son de importación prohibida.
La lista de mercaderías de importación permitida la fija el Presidente de la República por decreto. De manera que es efectivo lo afirmado por el señor Senador: bastaría que el Primer Mandatario incluyera los equipos audiovisuales en la lista de mercaderías de importación permitida, para que éstos pudieran importarse sin necesidad de aprobar una ley especial para tales efectos. Pero fue el propio Presidente de la República, si mal no estoy informado, quien recomendó este otro procedimiento, y por una razón perfectamente justificada: el Jefe del Estado no puede dictar un decreto para permitir a determinadas personas -en este caso, la Universidad de Chile- importar equipos, audiovisuales. Desde el momento en que dicta un decreto para incluir esos equipos en la lista mencionada, cualquier persona puede importarlos y en la cantidad que desee.
De manera que, dictado un decreto por el Primer Mandatario, cualquier persona podría acogerse a él e importar equipos audiovisuales, como precisamente lo hizo, durante la Administración pasada, el ex Ministro de Hacienda señor Roberto Vergara, quien internó un equipo de esa naturaleza, de alta calidad, sin tener autorización para usar d§ un canal, motivo por el cual se vio obligado a venderlo a la Universidad Católica.
En esta oportunidad -repito-, si el Presidente de la República dictara un decreto destinado a incluir los equipos audiovisuales en la lista de mercaderías permitidas, cualquier otra persona, a semejanza de lo que hizo el señor Roberto Vergara, podría importarlos. Esto es lo que ha querido evitar el Jefe del Estado. Por eso, él mismo recomendó que la autorización se diera, en una ley específica, para la Universidad de Chile, pues él no puede otorgar una autorización de carácter particular.
De ahí el origen de esta indicación -demás está decirlo-, que fue presentada en la Cámara por el Diputado demócrata-cristiano señor Alberto Jerez, quien expuso razones análogas a las que he traído a consideración de la Sala en estos momentos.
El señor CHADWICK.-
Según las palabras que he escuchado, el propósito originario del proyecto es poner en un mismo plano a la Universidad de Chile y a la Católica, respecto de las actividades de la televisión. La segunda ha logrado adquirir un equipo moderno, de alta eficiencia técnica, que le permite dar buen servicio a su público y a su clientela. En cambio, la Universidad de Chile, por no haber sido favorecida por la circunstancia especial que mencionó el Honorable señor Altamirano, está en la imposibilidad de. importar los elementos y equipos indispensables para tener una televisión eficiente.
En razón de esa circunstancia particularísima y con el objeto de poner -repito- en pie de igualdad a los dos institutos universitarios en dichas actividades, se tomó esta iniciativa. Ahora, para nosotros, los Senadores socialistas, resulta inconveniente dar por la vía de la indicación, la facultad de importar a otras universidades que carecen de los recursos adecuados y de la preparación técnica indispensable para efectuar estas importaciones. Cuando los tengan, cuando estén en condiciones de asegurar que los equipos internados serán destinados, efectivamente, al buen servicio de una zona, el Congreso Nacional no tendrá inconveniente alguno en otorgarles también este privilegio.
Por eso, nosotros estimamos que, en el estado en que se encuentran las cosas, es indispensable limitar la iniciativa que nos ocupa a lo que fue la idea primitiva: autorizar a la Universidad de Chile para que quede en condiciones de alcanzar los mismos niveles técnicos que logró la Universidad Católica al adquirir los equipos que habría importado el ex Ministro de Hacienda señor Vergara.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Me permite continuar, señor Presidente? Sólo había concedido una interrupción al Honorable señor Chadwick.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Lo expresado por el Honorable señor Chadwick confirma la necesidad de dividir la votación.
El señor CHADWICK.-
Exactamente, así fue solicitado ya por la Honorable señora Campusano.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Yo también participo de las observaciones formuladas por el Honorable señor Chadwick, en el sentido de acoger el proyecto primitivo, o sea, lo relacionado con la Universidad de Chile, y no la indicación presentada por el Honorable señor Palma. No estoy de acuerdo con el agregado propuesto por el señor Senador y que votaré negativamente.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
¿Me permite una breve interrupción, señor Senador?
Respecto de las observaciones formuladas por el Honorable señor Altamirano, nada tengo que decir. Todo eso quedó perfectamente aclarado en la sesión pasada.
Mi objeción se refiere a otro aspecto. No sé a cuánto ascienden los dólares que será necesario allegar para pagar esta importación, de acuerdo con la forma como la Comisión despachó el proyecto. Si mal no recuerdo, para la Universidad de Chile eran 900 mil dólares.
El señor ALTAMIRANO.-
Más o menos.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Para las universidades particulares podrían ser otros 900 mil dólares.
El señor ALTAMIRANO-
Las demás universidades no han planteado ninguna exigencia.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Podrían ser 2, 3 ó 4 millones de dólares.
El señor ALTAMIRANO.-
Por eso, somos partidarios de no ampliar la disposición.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Pero la parte final del precepto dice: "...con créditos que contraten para estos efectos, pagaderos hasta en un plazo de cinco años."
El señor CHADWICK.-
No estamos de acuerdo con eso, señor Senador.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Se compromete el crédito externo, y, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, cada vez que eso ocurre, se necesita autorización del Presidente de la República o del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, este proyecto prescinde de ello.
Muchas gracias.
El señor ALTAMIRANO.-
Sólo deseo agregar que es público -el diario "La Tercera de La Hora" del martes 10 de agosto da testimonio de ello- que el Gobierno está estudiando un proyecto de ley integral sobre la televisión en Chile. Así, dicho diario da cuenta de lo siguiente:
"El Presidente de la República conoció los estudios que efectúa una comisión especial que determinará, dentro de tres meses, las nuevas normas por las que se regirá la televisión nacional".
Dentro de este estudio se considera la idea -entiendo que está aprobada ya por el Primer Mandatario- de crear un canal estatal de televisión.
"La Tercera de La Hora", agrega:
"En la reunión con el Jefe de Estado
hubo acuerdo en la necesidad de crear un canal estatal de TV, y delinear una política de difusión cultural amplia y de tipo nacional a través de este medio de comunicación."
Esta es otra de las razones por las cuales no estimamos acertado ampliar a otras universidades o instituciones la autorización concedida por el proyecto. La Universidad de Chile fue la única que planteó la necesidad de mejorar sus equipos. Posteriormente se agregaron otras universidades que no tienen estudios hechos. Aún más, me atrevería a decir que probablemente los señores parlamentarios, interpretando los posibles anhelos de aquéllas, se han adelantado a pedir igual autorización, sin que ellas la hayan solicitado.
En consecuencia, gran parte de las objeciones del Honorable señor Alessandri no tendrían sentido, si nosotros nos concretáramos a dar autorización sólo a la Universidad de Chile, la que, como Su Señoría ha afirmado, pide, una autorización del orden de 900 mil dólares.
En cuanto a su segunda objeción, de que la Universidad de Chile estaría usando del crédito, tampoco es efectiva porque tiene disponibilidades propias, producto de distintas erogaciones y aportes en dólares. De modo que en este aspecto tampoco sería tan efectiva la afirmación del Honorable señor Alessandri.
Por eso, si nos concretamos a dar la autorización a la Universidad de Chile, que la pidió y la necesita en la forma aprobada en el primer informe por la Comisión de Hacienda, no se producirán los problemas que se mencionan.
El señor PALMA.-
Pido la palabra.
El señor AHUMADA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA.-
El Honorable señor Prado me pidió una interrupción.
El señor RODRÍGUEZ.-
No se puede conceder interrupciones antes de empezar a hablar, señor Senador.
El señor PRADO.-
A fin de llegar un poco al fondo de las observaciones aquí formuladas, de la manera más concreta posible, yo diría que se plantean tres situaciones distintas respecto de las universidades del país.
Un caso es el de la Universidad de Chile. Según las explicaciones dadas y el conocimiento que tengo del problema, ella necesita modernizar sus equipos de televisión.
Sé -ignoro si algún señor Senador tiene una información distinta- que la Universidad Católica de Santiago dispone de equipos nuevos, cuyas condiciones técnicas no las tienen los de ninguna otra universidad del país. No ocurre lo mismo con la de Chile, que ha hecho los estudios pertinentes y necesita importar elementos para televisión. Por lo tanto, respecto de esta última, la disposición es inobjetable desde ese punto de vista. En apariencia, contaría con el pase del Presidente de la República, operación que estaría ya estudiada, y lo relativo a crédito y divisas estaría ya considerado.
En cuanto a las dos universidades católicas, la de Santiago y la de Valparaíso, su situación es distinta respecto de las demás. Ellas tienen canales de televisión en funcionamiento. Han superado el requisito de contar con la autorización de los organismos técnicos del Gobierno para instalar equipos de televisión y trabajar con ellos.
El Senador que habla formuló indicación en favor de uno de esos dos planteles. Sobre el particular, deseo rectificar al Honorable señor Altamirano: actué no por ocurrencia mía, como Senador de la provincia, sino a petición expresa de la Universidad.
Respecto de la primera proposición hecha para la Universidad de Chile, deseo
expresar, en términos muy respetuosos, que la Universidad Católica de Valparaíso tiene más de tres mil alumnos; fue la primera en instalar televisión en el país; tiene más de dos mil alumnos de colegios vespertinos; tiene más de dos mil alumnos de colegios y liceos gratuitos, de escuelas politécnicas, de escuelas de pesca y del Instituto del Mar. Se está distinguiendo por estar realmente compenetrada de las necesidades de la comunidad. Sin embargo, ella dispone de malos equipos. Según antecedentes proporcionados por su Rector y por el director de sus servicios de televisión que funcionan en cadena con la de Santiago, la mala calidad del equipo impide hacer llegar la imagen a determinados sectores de la provincia de Aconcagua y a la parte sur de la de Coquimbo, donde están pidiendo este servicio con fines educativos.
Por la razón señalada y porque la televisión está en funciones, formulé mi in-indicación. Con ello no he querido atropellar las facultades del Gobierno para intervenir esta forma de difusión, pues tal atropello lo consideraría grave. Tan seria es la posición de la Universidad Católica de Valparaíso, que en ella se inauguró y funcionó, en Viña del Mar, el primer congreso de televisión educativa.
Soy partidario de que la televisión quede a cargo de las universidades y que jamás se haga comercial, por las razones que todos conocemos. Ese es el objeto de la indicación.
Lamento decir que, si se desglosara la disposición y se negara un mismo derecho a otra universidad que también tiene televisión, se crearía una situación arbitraria.
En tercer lugar, cito el caso de las demás universidades del país, que no tienen hoy día servicio de televisión. A mi juicio, respecto de ellas en general se presentan todos los inconvenientes para que este precepto tenga concreta aplicación. Ello, por algunas razones que daré a conocer.
El informe de la Comisión dice que se modifica el artículo 1°, anteponiendo al verbo "renovar" el infinitivo "establecer". En mi concepto, el proyecto aparecería autorizando el establecimiento de nuevos canales de televisión. Si no fuera así, no tendría sentido permitir a las universidades la importación de equipos, sin estar autorizadas por el Gobierno para usar canales de televisión. Al no tener ni la autorización gubernativa ni canales en uso, no tendrían posibilidad real de acogerse a lo dispuesto en el proyecto.
Por las razones señaladas, creo que lo normal, para no salimos de lo que corresponde al Congreso -que no debe invadir las facultades del Ejecutivo-, es aprobar esta disposición, con exclusión de la palabra "establecer". De otro modo sería inaplicable para el resto de las universidades del país. El artículo 1° quedaría así: "... para renovar, mantener y ampliar sus servicios audiovisuales", y permitiría acogerse a él a las Universidades de Chile, de Santiago, y a la Católica de Valparaíso.
El señor AHUMADA (Presidente accidental).-
Ha llegado el término de la tabla de Fácil Despacho.
Queda pendiente la discusión del proyecto.
La señora CAMPUSANO.-
Podría procederse a la votación.
El señor CHADWICK.-
¿ Por qué no ponemos en votación el proyecto?
Formulo indicación para prorrogar por cinco minutos la tabla de Fácil Despacho, cerrar en seguida el debate y votar el proyecto, pues, en realidad, las ideas se están repitiendo.
El señor AHUMADA (Presidente accidental).-
Para proceder en la forma solicitada por Su Señoría se requiere acuerdo unánime.
Solicito la venia de la Sala para proceder de acuerdo con la indicación del Honorable señor Chadwick.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Que se cierre el debate, señor Presidente.
El señor CASTRO.-
No hay acuerdo.
El señor AHUMADA (Presidente accidental).-
Hay oposición.
El señor CHADWICK.-
¡Las razones dadas por el Honorable señor Castro son dignas de tenerse en cuenta!
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