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- rdf:value = " PROTECCION DE MENORES.El señor WALKER (Prosecretario).-
Corresponde continuar ocupándose en el informe recaído en el proyecto de la Cámara de Diputados que legisla sobre protección de menores.
-El Proyecto figura en el volumen de la legislatura 295 , septiembre a noviembre de 1964, Pagina 32, y los infame. , en los Anexos de la sesión 38 , en 23 de noviembre de 1965, documentos N s. 7 y 8, páginas 1619 y 1961.
El señor REYES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Contreras Tapia.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Señor Presidente, a nuestro juicio, nos encontramos abocados a un proyecto de vital importancia, pues se refiere a la niñez.
Una de las facetas más deplorables que ofrece nuestra sociedad la constituye la vida de los niños y adolescentes en situación irregular. Niños y niñas deambulan por las grandes ciudades en busca de la limosna esquiva, expuestos a ser víctimas de la degradación y el vicio.
Hasta el momento, a pesar de algunas iniciativas bien intencionadas, las medidas oficiales se han limitado a verificar esta realidad, a proponer algunos paliativos y a tratar de esconderla. La verdad es que las cosas siguen muy mal y que, lejos de mejorar, tienden a agravarse.
Muchas veces, con exasperante irresponsabilidad, se han señalado como únicas causas de este fenómeno los hogares mal constituidos, la baja escolaridad de los niños, la embriaguez de los padres, etcétera. Y se han propuesto medidas tendientes a poner a los niños y adolescentes a salvo de estos factores y recluirlos en establecimientos de reeducación. En el fondo, esto se parece mucho a la política del avestruz. No se tiene el valor de confesar que esas causas, verdaderas pero no fundamentales, se generan, a su vez, en una sociedad injusta en que la explotación y la miseria son el pan de cada día y donde los hombres están expuestos a la degradación y servidumbre.
Hay que buscar las causas de fondo en nuestra realidad, en nuestra crisis de estructura, en nuestro subdesarrollo. Hay que ubicarlas en la acción expoliadora del imperialismo y la complicidad antipatriótica de las oligarquías nacionales.
De la elevación de los niveles de vida de los hogares de los trabajadores, de la ampliación y acceso al pleno estudio, de las posibilidades de trabajo, del incremento de las actividades sanas, del desarrollo de la cultura, del fomento del deporte, deben surgir la solución integral y el camino para poner término al problema que hoy debatimos.
No podemos continuar cerrando los ojos y persistir en un engaño de carácter nacional. Que ahora se proponga crear un organismo específicamente concebido para proteger a los menores, cuya orientación básica persiste en propiciar iniciativas de forma mientras elude grotescamente las causas de fondo, mal puede significar progreso en la materia.
La reeducación de la infancia y la juventud en países socialistas: Unión Soviética, la República Popular China, la República Democrática Alemana y Cuba, no se hizo mediante modificaciones de determinadas leyes. Cuando allí imperaba el capitalismo, había leyes como la que hoy discutimos: frondosas leyes de protección al joven y al niño; pero también había explotación y miseria en el pueblo, y el drama del niño seguía siendo el mismo. Antes de acometer esta otra tarea, fue menester modificar la base de la sociedad.
Cuba, a la que el imperialismo yanqui había convertido en el peor burdel de América, dejó de estar en tal situación con el triunfo de la revolución. Se operó el proceso de reeducación de todo el pueblo; pero se comenzó por abolir la explotación del hombre por el hombre, por reemplazar la moral burguesa corrompida por una revolucionaria.
Desde el día en que el pueblo asumió el poder en Cuba, se terminó con la legión de menores desvalidos. Ya no hubo más niños vagos, ni los habrá en lo futuro. La labor consistió en arrancar definitivamente de esa niñez y juventud la tenebrosa herencia dejada por el pasado.
Llevar adelante planes de reeducación implica apreciables gastos para un Gobierno, porque no se trata sólo de terminar con el pasado, sino de cuidar el porvenir de la infancia. Nosotros creemos que nada se aporta -por lo contrario, se provoca un daño- cuando los recursos nacionales, como en el caso del cobre, no son rescatados para ponerlos al servicio de tareas tan nobles como la dignificación real de nuestra infancia, tarea a la que los comunistas dedicamos permanentemente atención.
A pesar de las consideraciones anteriores, debemos decir que el proyecto pretende atender una necesidad social importante, y en este sentido lo valoramos. Creemos, sin embargo, que adolece de una falla fundamental, relativa al espíritu con que se enfocan los problemas cuya solución constituye la finalidad del proyecto.
Se pretende crear un aparato dependiente del Ministerio de Justicia, y entregar gran parte de sus funciones al Cuerpo de Carabineros, por medio de una policía de menores y Comisaría para la atención de los menores en situación irregular. A nuestro juicio, esto significa, en la práctica, poner un sello despectivo sobre labor tan importante y delicada como el cuidado y rehabilitación síquica y física del niño y del adolescente en situación irregular. Tal labor requiere, como es obvio, atención y dedicación mayores que las ordinarias en estas funciones formativas; una pedagogía especial y la creación de un ambiente que tienda a reemplazar el hogar perdido.
Esta función, de suyo compleja, nada tiene que ver con las actividades represivas del Estado, a cargo, en parte, de las fuerzas de Carabineros. Es grave error marcar desde el comienzo la rehabilitación y dignificación de los menores en situación irregular con el estigma de lo punitivo. ¿Por qué una policía de menores? ¿Por qué Comisaría de menores? ¿Por qué asignar a un cuerpo esencialmente represivo una función tan delicada y tan distante de sus tareas propias?
Al margen de las cualidades personales que puedan tener sus componentes, los cuerpos represivos constituyen uno de los factores más importantes con que cuenta la burguesía para mantener el "orden" y la explotación capitalistas.
Esta realidad es percibida por todos los que han tomado conciencia de la estructura de la actual sociedad. En forma instintiva, más intuitivo que racional, el niño -y especialmente el niño abandonado por la sociedad- comprende este hecho y ve en el carabinero la personificación de la sociedad que lo repudia. Sabe que el carabinero castiga y que la Comisaría es el lugar donde se lo recluye. No ve en las Comisarías colegios, ni mucho menos, hogares.
Por otra parte, los carabineros son expertos en el cuidado y en la rehabilitación de niños y adolescentes. Sería, por lo demás, absurdo pretender que lo fueran. Pueden tener, claro está, una función auxiliar, pero la responsabilidad, la dirección de una tarea de tal envergadura no puede estar a su cargo. Ha sido la falta de organismos adecuados lo que ha traído como consecuencia que Carabineros haya debido enfrentar tareas propias de visitadoras sociales y hasta de matronas.
Puedo decir que tengo antecedentes obtenidos de fuentes universitarias que me permiten afirmar que la experiencia de las Comisarías de menores no ha sido óptima, ni mucho menos en lo que se refiere a la rehabilitación de niños y adolescentes. Otro tanto ocurre con las menores prostitutas, cuya rehabilitación ha sido encargada a personas que carecen de la experiencia técnica y la idoneidad certifica para acometerla. Es necesario corregir esta situación. Debe crearse una institución esencialmente técnica, dependiente del Servicio Nacional de Salud, con personal civil, que mantenga estricta vinculación con los centros especializados en estas materias existentes en el país. La Universidad de Chile, con sus Institutos de Investigación de Psicología del Niño y del Adolescente y sus escuelas competentes, debe jugar un papel de primer orden en la asesoría y orientación de esta institución técnica cuya creación auspiciamos.
El proyecto propuesto por la Comisión deja a cargo del reglamento la determinación de las características del Cuerpo especializado en el cuidado, tratamiento y protección del menor, así como la indicación de los requisitos que deberá llenar su personal.
Lo que hay que decidir, en definitiva, es si se trata de no dar la cara al problema; de sustraer físicamente de la publicidad sus características o manifestaciones más impresionantes; de tender sobre ellas un manto hipócrita, o de enfrentarlo en toda su complejidad con el propósito de ahondar en sus causas con la intención verdadera de encontrarle solución. En este ánimo, es insoslayable considerar el carácter técnico del organismo que se crea y la especialización de su personal. Termino expresando que los comunistas presentaremos indicaciones de acuerdo con las ideas que he expresado, y que se refieren, en lo fundamental, a crear un servicio especializado dependiente del Servicio Nacional de Salud, con asesoría de la Universidad de Chile en lo referente a la calificación de su personal, y que se denominaría Brigada Tutelar de Menores, y a dar representación en el Consejo Nacional de Menores a los organismos técnicos, a fin de asegurar una política de cuidado, protección y rehabilitación de los menores en situación irregular verdaderamente acorde con las exigencias técnicas y científicas que esta tarea impone.
Nada Más.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, los Senadores socialistas hemos participado en los estudios hechos en la Comisión de Legislación acerca del proyecto, enviado por el Ejecutivo, que legisla sobre la protección de menores. A decir verdad, el proyecto se inició en una moción del Diputado señor Raúl Morales Adriasola, la que tuvo una gestión bastante accidentada. Por último, en la Comisión se tomó como base una indicación del Ejecutivo, que sustituyó completamente el proyecto despachado por la Cámara de Diputados.
Nosotros hemos discrepado de la idea central contenida en esta iniciativa de ley. Por ella se pretende crear una persona jurídica de derecho público, la cual se denominará Consejo Nacional de Menores, encargada de planificar, supervigilar, coordinar y estimular el funcionamiento y la organización de las entidades y servicios públicos o privados que prestan asistencia y protección a los menores en situación irregular. Esa idea, expresada en los términos que acabo de exponer, figura en el inciso primero del artículo del proyecto, y nos parece esencialmente equivocada. No concebimos que una persona jurídica diferente de la administración central del Estado tenga como funciones las que acabo de mencionar; que los servicios públicos le queden subordinados, y que se erija por encima de todo el sistema tradicional entre nosotros para disciplinar la actividad del Estado.
Nos repugna la idea central del proyecto, encaminada a que el Servicio Nacional de Salud, en cuanto da asistencia y protección a los menores en situación irregular, quede subordinado a esta persona jurídica, que será independiente de la administración central del Estado; que se libraría, por lo tanto, de todo el sistema constitucional que resguarda la correcta administración del poder público, y que no tendría otra regulación que la que pudiera preverse en esta ley o la que resulte de los acuerdos de su consejo directivo. Nosotros pensamos que este sistema de ir parcelando el Estado, separando sus distintas funciones para atribuirlas a entes autónomos, conduce a una perturbación que hace pensar en la que se observa cuando el individuo padece esquizofrenia.
El señor PALMA.-
¿Me permite, señor Senador?
Estimo de mucha importancia el criterio general a que se ha referido el señor Senador. Por haber participado en el estudio del proyecto, por mi calidad de miembro de la Comisión de Hacienda, tuve oportunidad de conocer algunos antecedentes de mucho interés. Ellos no se refieren a la filosofía del proyecto, pero contradicen en parte la tesis expuesta por Su Señoría.
Quiero recordar los datos pertinentes. No hay duda de que la administración central del Estado, como dice Su Señoría, debe tener control efectivo sobre las personas en situación irregular.
El señor CHADWICK.-
La idea es más precisa. Lo que nos repugna y consideramos criticable es que se ejerza...
El señor PALMA.-
Por una entidad autónoma. . .
El señor CHADWICK.-
...la supervigilancia, la coordinación, el estímulo y, si se examinan los artículos respectivos, también la fiscalización de algunos servicios públicos por un ente autónomo que no forma parte de la administración central del Estado. Eso es lo que nos repugna.
El señor PALMA.-
Por un ente autónomo que tendrá todas las características de otros entes autónomos que hoy existen en Chile, en diversos órdenes de cosas -y a ese aspecto van encaminadas mis observaciones-, creados precisamente para coordinar una labor que el Estado realiza, y de la manera más dispersa que es posible concebir. Según antecedentes que nos fueron suministrados en la Comisión de Hacienda, nuestra situación es la que paso a señalar.
Las estadísticas internacionales estiman que en una población de menores de 21 años, normalmente 13% está en situación irregular. Se estima que en Chile hay 3 millones de menores.
El señor CHADWICK.-
El índice que menciona Su Señoría debe ser mayor en Chile, a causa de la pobreza y miseria de nuestro pueblo.
El señor PALMA.-
Precisamente iba a tocar ese punto. Esta situación nos conduce a pensar que, existirían unos 400 mil chilenos en esas condiciones.
El señor CHADWICK.-
Es la cifra que generalmente se da.
El señor PALMA.-
Sin embargo, las apreciaciones de quienes han estudiado esta materia, indican que no son menos de 500 mil, por las razones aducidas por el señor Senador, y de éstos, sólo reciben atención, por diversas vías, 50 mil personas. De esas 50 mil personas, 10 mil son atendidas por el Servicio Nacional de Salud : 1.400 en diversos establecimientos especializados, y 8.600 en los llamados centros de reeducación infantil. El Ministerio de Educación Pública, por su parte, tiene colocados, en las escuelas hogares, alrededor de 10 mil muchachos que reciben esa atención; el Ministerio de Justicia -un tercer organismo- atiende a más o menos 1.200 niños, 600 de ellos en calidad de delincuentes y otros 600 sin prontuario, y el sector privado, dentro del cual hay orgamismos para-estatales tan importantes como la Casa Nacional del Niño y el Consejo de Defensa del Niño. . .
El señor CHADWICK.-
El Consejo de Defensa del Niño tiene el mismo defecto que estoy anotando.
El señor PALMA.-
...atiende alrededor de 30.000 personas por medio de 400 instituciones dispersas en todo el país. Quiero destacar de manera muy especial esta situación, pues se trata de problemas que se plantean en todo el territorio, particularmente en las regiones más pobres de Chile, vale decir, donde es más difícil darles atención. De esos 30 mil menores atendidos por el sector privado, 9.000 lo son por el Consejo de Defensa del Niño, y el resto, por las otras 399 instituciones privadas que existen en Chile.
Es perfectamente razonable la idea central del proyecto: tratar de coordinar, en primer término, las diversas entidades estatales y, después, las dispersas instituciones particulares, en un organismo coordinador que imparta normas, las administre eficientemente, dicte una política en este orden de cosas y, por consiguiente, lleve adelante en forma efectiva un programa de saneamiento que se rija por un sistema nacional. De ese modo, tal vez, este esfuerzo será multiplicado muchísimas veces, ya que al ser centralizados en un organismo con autoridad, con poder económico, con psicólogos, expertos, etcétera, podrá afrontar el problema con la técnica fue hoy día se exige en la materia, y que la dispersión actual impide realizar en forma adecuada.
Por las razones expuestas, considero que las observaciones formuladas por el Honorable señor Chadwick, en lugar de conducir a negar la necesidad de este organismo, nos debieran llevar -con el análisis de los hechos- a establecer la urgencia de tal organismo.
El señor CHADWICK.-
Las observaciones que estaba desarrollando no quedan desvirtuadas, ni muchos menos contradichas, por lo que acaba de expresar el Honorable señor Palma.
No es que los Senadores socialistas creamos innecesario coordinar las diversas funciones que el Estado realiza en la protección de los menores en situación irregular. La coordinación nos parece indispensable. Aún más; pensamos que debería haber una autoridad superior que discipline, repito, toda la actividad del Estado en esta materia y realice una sola política perfectamente definida, para evitar que los escasos recursos dedicados a esta noble tarea se desperdicien en iniciativas que se contradicen o no se integran suficientemente.
Nuestra crítica va dirigida a otro aspecto fundamental: a la naturaleza de organismo funcionalmente descentralizado que se pretende dar al denominado Consejo Nacional de Menores. No estimamos conceptualmente aceptable que los servicios de la administración central del Estado queden bajo la dirección de un organismo extraño, que se rige con autonomía y es- Capa a la fiscalización establecida 'en nuestra Carta Fundamental para toda la administración del Estado. Pensamos que en esta materia, no sólo se incurre en error, sino que se persigue una política que nosotros rechazamos, pues, por medio de la autonomía de esta persona jurídica que pasará a llamarse Consejo Nacional de Menores, lo que se busca es dar un mismo tratamiento a los servicios públicos y dejar, en definitiva, la suerte de unos y otros sujeta a lo que se decida, sin control del Parlamento, en el manejo de los fondos que serían confiados a este Consejo.
Nos parece que aquí no hay tan sólo un problema de técnica administrativa. Esta no es una materia en la cual pudiera tener cabida un debate de carácter escolástico. Aquí se diseña una política que nos retrotrae a una etapa que la sociedad chilena había superado. Recordamos perfectamente la época en que el niño en situación irregular podía ser motivo de la caridad privada o de la filantropía. Me refiero a la época en que las religiosas se juntaban en sus conventos para abrir sus puertas, generosas, a unos cuantos huérfanos que, de otra manera, podían morir de inanición, porque quedaron abandonados en el pórtico de algún templo o en alguna oscura esquina de un pueblo cualquiera. Eran los mismos tiempos en que se reunían los laicos y, por medio de instituciones de diferentes denominaciones, cumplían, con sentido tal vez sea diferente, pero, en el fondo, con la misma filosofía esencial, este deber de prestar asistencia al niño en situación irregular. ,
Desde los años 1927 ó 1928, el Estado dio un paso adelante al reconocer como función suya, de su plena y cabal responsabilidad, afrontar este problema social de enorme trascendencia. Es así como creó la Dirección de Menores y estableció una legislación que, con las imperfecciones propias del primer ensayo, significó, en todo caso, una resuelta determinación de entregar al Estado esta función, cuya atención plena no puede postergar ni disimular.
Ahora, este Gobierno, volviendo en la materia a lo que existió en el pasado, colocó en el mismo plano a las instituciones públicas y privadas; y así lo dice, no sólo mediante la idea central de constituir una persona jurídica que se encargará de realizar la política del Estado respecto de los menores en situación irregular, sino también al determinar sus atribuciones, en el artículo 2 ", y al señalar la composición de su consejo directivo, en el 3 .
Si se examinan en líneas generales estas dos disposiciones, se verá, por ejemplo, que la letra b) del artículo 2? dispone que corresponderá al Consejo Nacional de Menores "coordinar la protección que presten a los menores en situación irregular, las instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, municipales y privadas"; todas ellas en el mismo plano de igualdad y sometidas a la superior coordinación de esta persona jurídica independiente, que escapará del control del Par lamento, que en el manejo de sus fondos no estará sometida a las limitaciones de los servicios públicos y dispondrá de ellos como lo acuerde su consejo, cuya composición examinaré más adelante.
Dentro de las atribuciones, en la letra a), sin decirlo expresamente, pero debiendo entenderse que ésa es la voluntad del legislador, se establece que la planificación de la protección de los menores en situación irregular será entregada también al Consejo Nacional de Menores, sin distinción alguna, sin hacer de ningún modo una tabla de prioridades de la fijación de responsabilidades, que es indispensable precisar. Todo lo relacionado con la protección de los menores, en cuanto debe ser sometido a un plan o conjunto de medidas armónicas, será competencia del Consejo Nacional que se propone crear.
Deberemos concluir que, no sólo se trata de coordinar -16 que nadie podría discutir- la acción que el Estado realiza en protección de los menores, sino de jerarquizar, por medio de un organismo autónomo, de una persona jurídica que escapará por completo a lo que es nuestro control constitucional y a lo que las leyes establecen como inhabilidad o factores de seguridad en el manejo de los fondos públicos.
Si se estudia la composición del Consejo, se verá que junto al vicepresidente ejecutivo, que será designado por el Presidente de la República, actuarán los representantes de los Ministros del Interior, Educación Pública, Justicia y Salud, elegidos por los respectivos secretarios de Estado entre los funcionarios de los servicios de su dependencia que tengan relación con menores, sin ninguna jerarquización de esos funcionarios. Los Ministros respectivos tendrán amplia libertad para designar sus representantes personales -serán agentes suyos, en el fondo-, quienes deberán actuar en este consejo en nombre del sector público. Además, habrá un representante del Cuerpo de Carabineros y tres miembros de las instituciones privadas.
¿Qué ocurrirá con este organismo que se propone crear? Naturalmente, la persona de la absoluta y total confianza del Presidente de la República será el vicepresidente ejecutivo.
El señor PALMA.-
Su Señoría acaba de leer la composición del Consejo, establecida en el artículo 3 . En verdad, se puede hacer toda clase de suposiciones sobre la calidad y condiciones que tendrán cada uno de los representantes. Pero legalmente, ¿qué son ellos? el vicepresidente ejecutivo del consejo, funcionario público; un representante del Ministerio de Educación elegido entre los servicios, funcionario público...
El señor CHADWICK.-
Eso lo tengo dicho.
El señor PALMA.-
En resumen, de ocho personas, seis serán funcionarios públicos y sólo dos, representantes de las instituciones privadas. Y éstas ¡ caramba que algo tienen que hacer en este asunto, pues durante largo tiempo han significado la tradición en la materia! Sólo dos, entre ocho.
El señor CHADWICK.-
Si el señor Senador no me hubiera interrumpido, se habría formado concepto más completo de mí pensamiento.
Este Consejo, como acabo de decir, en último término estará sometido a la dirección de aquella persona que en forma más directa tenga la confianza del Presidente de la República en esta materia,. . .
El señor PALMA.-
Lógico.
El señor CHADWICK.-
...su vicepresidente ejecutivo.
El señor PALMA.-
Así sucede en la Tesorería General de la República...
El señor CHADWICK.-
Por lo demás, actuando todos por decisión libre del Ejecutivo, los Ministerios, que no se someterán a escalafón alguno ni tendrán necesidad de ajustarse a determinado requisito, y los miembros de las instituciones privadas que estarán ahí...
El señor PALMA.-
Dos.
El señor CHADWICK.-
Tres.
El señor PALMA.-
Dos, señor Senador, porque uno de ellos lo es del Consejo de Defensa del Niño.
El señor CHADWICK.-
Que es una institución privada.
El señor PALMA.-
No es privada.
El señor CHADWICK.-
No me contradiga, señor Senador, porque entiendo que el Consejo de Defensa del Niño es una institución privada.
El señor PALMA.-
Autónoma.
El señor CHADWICK.-
El señor Ministro de Justicia, aquí presente, podrá darme la razón o no. Digo que es una institución privada, una persona jurídica de «orden privado. Por lo tanto, ruego al señor Senador no desmentirme, porque estoy en lo cierto.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Todas son designaciones de libre elección por el Presidente de la República.
El señor CHADWICK.-
Exacto. La autoridad de este consejo estará, en consecuencia, radicada en el vicepresidente ejecutivo. Esto, sin sujeción -repito- a ninguna de las normas que van asegurando en la administración central del Estado la impersonalización de la función.
Aquí regresamos a una época anterior en que la caridad y filantropía se ejercían sin más límite que los impuestos por los recursos y la buena o mala voluntad de quien las practicaba, sus virtudes o sectarismos.
Vamos caminando entonces a un sistema donde no sólo se contradice la normal organización del Estado, puesto que -repito- se subordina a los servicios a la superior decisión de esta persona jurídica autónoma, sino que cae también en lo que nos parece ser característica general de toda la política de este Gobierno: centralizarlo todo en la decisión última del Presidente de la República.
Nosotros estamos en contra de esta manera de legislar, nos parece dañina y regresiva, y nos merece un juicio todavía más duro; creemos que por este medio se introducen el partidismo político, la intolerancia religiosa y la discriminación de todo orden en perjuicio de la unidad y la racionalidad del Estado.
Pensamos que cualquiera que sea la decisión del Senado respecto de los artículos que en particular van a dar forma a esta idea y cuerpo al proyecto, en definitiva prevalecerá esta tendencia. Mediante las insistencias de la Cámara de Diputados y el veto, como lo hemos comprobado ayer, por ejemplo, durante la discusión del proyecto que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, se nos colocará, en último término, en la disyuntiva de aprobar las ideas del Ejecutivo o dejar una ley prácticamente mutilada e inútil para los efectos perseguidos.
Por eso, los Senadores socialistas, procurando mejorar las cosas en lo posible, en la Comisión aportamos nuestras ideas con gran esceptiscismo. Se destinarán unos pocos fondos para atender un inmenso problema.
El Honorable señor Palma nos ha dicho, leyendo con cierta fruición las desalentadoras estadísticas que nos ha dado a conocer, que son entre 400 mil y 500 mil los menores en situación irregular, y que el Estado y las instituciones privadas, en conjunto, no logran atender más de 50 mil. El señor Senador deduce de estos datos que se justifica establecer una persona jurídica independiente que coordine en pie de igualdad a los servicios públicos y a las iniciativas particulares, y que los pocos y miserables recursos de que el Estado chileno dispone para atender estas necesidades tan graves y premiosas, se manejen al margen del control de la administración central del Estado.
Nosotros los socialistas, tomando en cuenta la misma cifra, llegamos a una conclusión absolutamente diferente y antagónica: si son pocos los recursos y grandes las necesidades, el Estado debe asumir la responsabilidad de obtener de aquéllos el mayor rendimiento, con claro concepto de las prioridades y una diligente utilización de los recursos.
¿Cómo no comprobar que mediante esta iniciativa se busca volver al predominio de las instituciones privadas, cuando ni siquiera se ha encontrado el cauce lógico para relacionar a esta persona jurídica con la administración central? Ese cauce es asignado al Ministerio de Justicia, lo que en sí mismo constituye, diría, síntoma inequívoco del verdadero espíritu que inspira el proyecto. El Ministerio de Justicia es especialmente inadecuado para ocuparse en esta materia. Llamado a servir de relacionador entre el Poder Judicial y la Administración del Estado, tiene una formación jurídica cuyo carácter arcaico no se puede disimular. Predominantemente, está preocupado de problemas que la ciencia contemporánea, en el tratamiento de los menores, ha superado hace muchos años; busca en el menor al delincuente potencial o realizado; confía en los Carabineros para atender a esos menores; llama a los establecimientos encargados de cuidarlos, "comisarías de menores", "casas correccionales" o institutos con distintas denominaciones que siempre están expresando un enfoque activo e inadaptado la realidad actual.
El problema de los menores es, en el fondo, tremenda manifestación de una sociedad que deja a la mayor parte de los niños como pobres residuos de lo que no puede aprovechar. Centenares de miles de niños están en la condición de recibir auxilio del Estado con un criterio diferente de aquel que ha estado enseñando la experiencia del médico o del educador; pero, en ningún caso, la del juez o del jurista.
Creer que el problema biológico del niño puede abordarse bajo la dirección de un organismo que, en último término, estará relacionado por intermedio del Ministerio de Justicia, me parece que es adelantar una proposición demasiado en pugna con lo que es indiscutible: que ésta es una materia esencialmente médica.
Creer que los problemas psicológicos de la formación del carácter y de la personalidad de estos niños, que tienen que afrontar las condiciones injustas de su medio y soportar los efectos de la desocupación, de los salarios bajos, del alcoholismo crónico, del analfabetismo de sus padres, de la falta de habitación, de tantas taras sociales que se reflejan en el alma infantil; creer -repito- que ésta es materia de juristas, de hombres que han envejecido en los trajines judiciales, es exceder lo que el legislador responsable pudiera aceptar como hipótesis razonable.
Aquí hay un problema de educadores, así como lo hay también de médicos. Podría vacilarse entre entregar al Ministerio de Educación, que tiene a su cargo, como su denominación lo indica, la formación intelectual y moral de los niños normales, esta tarea complementaria de la suya. Podría ser una solución. O bien, entregar al Ministerio de Salud, por intermedio de su Servicio Nacional, la coordinación, planificación y disciplina de esta actividad del Estado. Pero buscar en el niño en situación irregular sólo al delincuente o al que va camino de serlo; ver como función preponderante del Estado la del juez de menores o la del funcionario judicial, es algo que revela demasiado de cerca que un alma carvernaria, que arranca en la noche de la Edad Media, saca sus orejas y se muestra en este proyecto.
Nosotros estamos, resueltamente, en centra de esta idea básica que contradice una sana organización de la administración central del Estado, una razonable dependencia de los organismos, el respeto a los principios científicos que deben regular su situación, y a la impersonalización de la función pública.
El señor PALMA.-
Eso se llama deshumanización.
El señor CHADWICK.-
Queremos un hombre que no se mueva por medio de timbres, prejuicios, temores o presiones; queremos un hombre que se encuentre a sí mismo en el trágico conocimiento de sus problemas.
Pero nos parece que todo esto son palabras.
El señor FERRANDO.-
Así es.
El señor CHADWICK.-
Llegará el momento en que habrá que votar. La mayoría tolerará que estas observaciones se formulen. Se aprobará la idea de legislar y el proyecto volverá a Comisión. Se harán las enmiendas que la mayoría permita aprobar y el proyecto irá a la Cámara de origen. Volverá aprobado y, finalmente, un veto aditivo o sustitutivo nos dejará de nuevo en el punto inicial: habrá un vicepresidente ejecutivo que manejará los fondos y que sólo rendirá cuenta ante el Presidente de la República.
De ese modo, tendremos al partido de Gobierno haciendo la revolución en libertad a la manera que corresponde a su tendencia ideológica, que no es sino de retroceso y abandono de todas las conquistas que habíamos logrado.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, tercio en este debate después de haber escuchado las expresiones de los Senadores de Oposición.
Considero que el articulado de este proyecto, al cual prestaré mi aprobación en general, contiene aberraciones inmensas.
Surge de antemano, antes de entrar a su conocimiento, una premisa muy simple; ¿quién es el culpable en Chile, y en Latinoamérica en general, de la situación irregular del niño? Naturalmente, no lo es el niño. Es éste un problema socioeconómico, como señaló esta tarde, con frases maestras a mi manera de entender, mi distinguido colega Tomás Chadwick. Mientras no se resuelva ese problema, seguirán existiendo más y más niños en situación irregular. Y el problema socioeconómico nacional no se resuelve, naturalmente, ni con reajustes enanos ni con estadísticas falseadas. Porque si hay algo difícil de engañar es al estómago, a la anatomía y fisiología humanas, que reclaman, por sobre todas las cosas, calorías para el organismo.
Esto ha sido expresado, en forma magistral, por el sociólogo, médico, escritor e incluso fue candidato al premio Nobel, Josué de Castro, en su obra "La Geografía del Hambre".
Seguiremos dándonos vueltas en el círculo vicioso del enfermo, sin tomar en cuenta la enfermedad, que es la que está aquejando a la sociedad. Para nadie es misterio que un menor abandonado, un menor irregular, no genera su anomalía. Es la sociedad la que vive en forma irregular, la que genéricamente no se ajusta a la regla. El niño no es irregular en su medio, porque es su "norma", su "vida" vagar, igual que su padre cuando no encuentra trabajo; porque es su regla pasar hambre, igual que sus padres, que apenas tienen para poder comer; porque es su norma vestirse de andrajos, igual que sus padres cesantes o semicesantes; porque es su regla beber, robar o prostituirse, pues a veces están tan abandonados o viciosos como lo están sus padres.
Por eso, rechazo terminantemente el término irregular, a menos de que se hable de "hijos de una sociedad o de un medio que es irregular".
La regla normal en una mediocracia es, por lo menos, tener buen salario, buen vestuario, buena alimentación, habitación y derecho a la cultura. Si esto no existe en determinado medio, es natural que sea la sociedad la irregular, y no el niño.
Para nosotros los pediatras, esto es perfectamente claro y constituye una verdad casi de Perogrullo.
Por eso, en el proyecto se han considerado, circunstancialmente, diversos personajes y organismos: al médico, al sociólogo, al carabinero, al profesor, a la visitadora, al Presidente de la República, a los contadores y a una enorme burocracia que pueda embarcarse en esta Arca de Noé; los administradores, los jueces, los consejeros, los auxiliares, las casas, los departamentos, los policías; y por ahí, metidos en medio de toda esta gama, los organismos que, como expresaba el Honorable señor Chadwick, deberían ser los verdaderos rectores en esta iniciativa: el Ministerio de Salud, por intermedio de su Servicio Nacional, y el magisterio; o sea, quienes se preocupan de la salud mental del niño.
Seguiremos curando las consecuencias de un mal -la técnica del "Mejoral" para un dolor de muelas-, cuando, en realidad, lo que se necesita en Chile, en nuestra América Latina actual, es poder extraer la muela podrida.
Sabemos que las descripciones de criminalidad infantil, de perversión y prostitución son escalofriantes. Podemos hacerlas cualesquiera de nosotros, los hombres que nos hayamos adentrado en los tugurios proletarios, en especial los maestros, y, más particularmente aún, los médicos. Los casos aumentan cada día. Los niños perversos de hoy, en un régimen capitalista, tienen que ser, fatalmente, los adultos delincuentes de mañana. ¡Y la sociedad se lava las manos, como se las lava permanentemente cuando, frente a un pelotón de fusileros, manda a uno de estos hombres al otro mundo!
Ya pasaron esos tiempos en que se hablaba de herencia alcohólica o sifilítica para clasificar a los niños en normales o inadaptados. Ahora se habla, frontalmente, de ambiente social, de analfabetismo, de pobreza o indigencia, que son, precisamente, los factores que generan este tipo de irregularidades, de falta de la regla de la normalidad mínima.
La influencia del cine, de la cual tanto se habla, prospera en una clase social diferente, en la que va al cine, en la que puede pagar su entrada, que es relativamente cara.
Se habla de la revista pornográfica, pero se olvida de cómo van a alcanzar a leer esa revista, o la tira cómica, literatura con la cual la política norteamericana, está infectando a nuestra juventud y a nuestros niños. Estas influencias no prosperan en las clases paupérrimas.
Todos conocemos los derechos del niño. Ellos fueron proclamados en la Convención de Ginebra, el año 1923, pero siguen siendo letra muerta para la mayoría de los legisladores de estos países subdesarrollados. Aquí se sigue protegiendo al niño mediante la "caridad", mientras lo que el niño y sus padres realmente reclaman es justicia social. Las damas caritativas que les lanzan un mendrugo hacen filas - y esto lo hemos visto en las épocas electorales, o, mejor dicho, electoreras- en organizaciones como el Rotary Club, entidad que, con gran desparpajo, dice: "Vamos a celebrar la Semana del Niño", como si los niños, en un año entero, pudieran disponer sólo de una semana para obtener un poco más de leche, un mendrugo más o vestir mejor.
Insisto: éste no es problema del niño. Es la premisa central de esta discusión; es problema de familia. Tampoco es problema de internados, como propiciaba un presbítero cuando fue consultado en la Comisión.
Al niño no debe encerrársele. ¿Acaso no sabemos que el niño es como un pequeño animalito, como un pájaro al cual no puede enjaularse, sino integrarlo a la familia? Lo otro es castigarlo por una acción penal que no ha cometido.
Si es imposible que el padre, como sucede en muchos casos, pueda regenerarse, y el niño no pueda, sencillamente, adaptarse a él, existen otros hogares que gustosos y moralmente le pueden servir para su formación. Es mucho más humano volver al antiguo sistema de la colocación familiar de que hablaba la política alemana, y del cual han hecho muy buen uso los ingleses.
Naturalmente, prestaremos nuestra aprobación a este proyecto sobre protección ocupando ahora los menores, y requisición de menores en su acepción general, un departamento especial para mantener- pero en su enfoque particular tomaremos los apresados? en cuenta lo que han expresado Senadores de Oposición. Al respecto, concuerdo con las críticas formuladas por mis Honorables colegas señores Ahumada y Gonzáles Madariaga.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo destinado a este proyecto.
El señor BARROS.-
Solicito sólo cinco minutos más.
El señor PALMA.-
Prorróguenos el tiempo, señor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar por cinco minutos el tiempo destinado a este proyecto.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor BARROS.
-Concuerdo
, como decía, en qué debe ser un Estado, como el nuestro, separado de la Iglesia, el que tome la tuición total del niño.
En mi vida profesional, he atendido miles de niños en organizaciones estatales u oficiales y en establecimientos privados. Puedo decir que la mayoría de estos últimos son más bien guarderías y no instituciones para niños desadaptados. Así lo he observado en mi larga actividad médica.
Concuerdo con la opinión del Honorable señor González Madariaga en el sentido de que las subvenciones que reciben esas organizaciones particulares son francamente discriminatorias frente a las otorgadas, por ejemplo, al Ejército de Salvación, la Liga de Estudiantes Pobres -la pobreza también es una irregularidad- o las policlínicas de la Cruz Roja, enclavadas en cerros y arrabales.
La legislación para el niño no debe enfocarse en función punitiva, como si los jueces o la policía de menores fueran quienes dicten el “non plus ultra” sobre la atención del infante.
¿Acaso Carabineros no puede decidir sobre los lugares impropios que están ocupando ahora los menores, y requerir un departamento especial para mantenerlos apresados?
Ya Carabineros de Chile se está convirtiendo en el “mentolathum” del país: carabineros aviadores, carabineros hípicos, carabineros matronas, carabineros guardianes de la soberanía, carabineros guardadores de niños, carabineros practicantes, carabineros especialistas en “policía de menores” -como lo concibe este proyecto-, y, como si fuera poco, más allá del ámbito masculino ¡ carabineras!
¡Es como mucho, señor Presidente!
Comprendo que se aborde, antes del estudio de una legislación para el niño “irregular”, como se ha dado en llamarlo, el problema de guarderías y salas cunas por barrios y por fábricas. Eso prevalece, pues de existir guarderías infantiles y salas cunas, el niño puede reintegrarse a su hogar en la noche, después que sus padres han cumplido su diaria jornada. Ello evitaría la vagancia y la prostitución.
Repito que una legislación burguesa siempre atacará la consecuencia de un mal; jamás su génesis. Por eso, no me satisface el proyecto. Le prestaré mi aprobación general, no obstante considerar que adolece de defectos ante los cuales espero que el Senado recapacite, de acuerdo con lo expresado por el Honorable señor Chadwick, frente a las enormes aberraciones que contiene.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).-
No sé si hay algún otro señor Senador inscrito para hacer uso de la palabra.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
No lo hay, señor Ministro.
El señor JULIET.-
Está cerrado el debate.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Si no se pide votación, daré por aprobado en general el proyecto, con el voto contrario del Honorablé señor Chadwick.
Aprobado.
Hay plazo hasta el martes a las ocho de la noche para formular indicaciones.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Ya no se podrá decir nada más sobre el proyecto.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
En la discusión particular, sí.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Es una lástima que el señor Ministro no haya hablado. Es uno de los proyectos más enjundiosos que ha llegado al Senado. En él se consignan muchas obligaciones; se habla de nuevo personal cuyas funciones no se definen claramente. De manera que no se sabe en qué forma desarrollará su labor, aunque se dice que el reglamento lo establecerá. En fin, hay muchos puntos que es necesario dilucidar.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Si el señor Ministro desea intervenir ahora, podríamos reabrir el debate.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).-
No tengo inconveniente en hacer uso de la palabra en esta oportunidad para hacerme cargo de algunos conceptos emitidos. Pero entendí que el Senado tenía interés en clausurar el debate y votar de inmediato. Por eso, no quise entorpecer ese propósito.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Ya se votó. Está aprobado.
El señor CHADWICK.-
Terminó la discusión general.
El señor FONCEA.-
¿Terminó el Orden del Día?
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Aún quedan quince minutos, que se acordó destinar a tratar los demás proyectos de la tabla.
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599213
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599213/seccion/akn599213-po1