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- rdf:value = " El señor ARAVENA (don Andrés).-
Señor Presidente, se desprende de las cifras que se indican en el cuadro que he mencionado, el gran contraste que existe en la distribución de número de explotaciones de diferentes tamaños y en la distribución de los distintos tipos de tierra. Tenemos que las explotaciones de tamaño menor a 5 hectáreas significan el 37% del total de las explotaciones del país. Sin embargo, este 37% sólo posee el 0, 3% del total de la tierra agrícola, el 1% de la tierra arable y el 2, 1% de la tierra re-gada en el país. Ahora, las explotaciones inferiores a 200 hectáreas representan el 91, 3% del total. Sin embargo, sólo poseen el 26% de la tierra regada, el 31, 4% de la tierra arable y solamente el 13, 4% de la tierra agrícola. Con posterioridad, se han producido algunos cambios, pero no inciden mayormente en el panorama general Sobre el sistema de tenencia de la tierra en el país.
Otro dato importante comprobado por las estadísticas oficiales es que la concentración de mano de obra está dirigida en los predios superiores a las 20 hectáreas,
por lo que se concluye que los predios pequeños son trabajados directamente por los miembros del grupo familiar.
Son interesantes y desde todo punto de vista revisten la máxima seriedad, los datos entregados por los representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, quienes se refirieron a las inmensas posibilidades agropecuarias de que dispone el país, para iniciar una política que elimine la aguda crisis que atravesamos.
Exponen que disponemos de suficiente tierra productiva en relación con nuestra población total y las necesidades de empleo del sector rural. El año 1961, la disponibilidad de suelo arable era de 0, 8 hectáreas por habitante, comparado, por ejemplo, con 0, 6 hectáreas para Dinamarca. Sin embargo, agregan, menos de la mitad de nuestro suelo se cultiva anualmente. Y hablando sobre la inmensa posibilidad de mejoramiento de nuestra productividad agrícola, y a manera de ejemplo, agregaban que California, cuyo territorio agrícola es de una notable similitud ecológica con la región Malleco-Coquimbo de nuestro país, obtuvo ya en 1954 la suma de 425 dólares por cada una de las 5. 300 hectáreas de cultivo, cifra fácilmente tres veces mayor que la de Chile en la actualidad.
En cuanto a los recursos de las aguas de riego de nuestro país, comprobaron como ellas están siendo utilizadas sólo en un bajo porcentaje, lo que indica que, empleado este vital elemento en forma racional y bajo una política de bien común, coloca a la nación chilena en una situación muy favorable para una fuerte expansión en el uso de este recurso.
Y textualmente agregaron: "La extensión del área cultivable y cultivada y el aumento de la productividad del suelo son potencialmente más que suficientes para nuestras necesidades de mayor consumo y, por lo tanto, de producción. ".
Desde el punto de vista de la tecnología misma, la existencia en el país de tres mil ingenieros agrónomos, de excelente preparación y experiencia, aseguran la aplicación efectiva de la última técnica en el campo chileno, siempre, eso sí, que se les libere de tareas netamente administrativas, dándoles los medios de acción y no comprometiéndolos en labores de carácter social, que los desvían de las funciones específicamente técnicas para las cuales estudiaron.
Por estas y otras condiciones potenciales, entre las cuales destaca la extraordinaria calidad y espíritu de superación del obrero agrícola, se concluye fácilmente que disponemos de todo lo necesario para dar a Chile una acción agraria que no solamente satisfaga las necesidades internas, sino que también se transforme en país exportador de artículos alimenticios.
De ahí que el desafío está planteado. Es un desafío que por el bien de sus resultados no admite demoras ni vacilaciones; el camino está claro y sólo espera la voluntad y férrea decisión del Gobierno del país.
En todo caso, señor Presidente, el sector de trabajadores agrícolas no está dispuesto a aceptar que se le siga tramitando en el logro de sus reivindicaciones. Esto lo expresé al comienzo de mis palabras y
ha sido corroborado por algunos dirigentes campesinos democratacristianos, como ocurrió en la concentración divisionista "de bolsillo" de las fuerzas adeptas al señor Frei, durante la conmemoración del 1° de mayo en la Plaza Bulnes.
Ya está dicho que el despertar sacude las conciencias campesinas; y en múltiples acciones de hecho, han expresado su afán incontenible de ser los protagonistas de cambios revolucionarios.
Precisamente, esta evidencia indiscutida pesó fundamentalmente en el ánimo del actual Gobierno para presentar este proyecto de ley al Parlamento. En múltiples ocasiones al dirigirse al país, y en la propia exposición de motivos del proyecto, el señor Presidente de la República ha manifestado que es imperioso legislar rápidamente sobre la materia, si no quiere verse abocado el país a presenciar la irrupción violenta del proletariado agrícola en demanda de sus legítimos derechos. Es decir, si se quiere buscar legítimamente el origen del por qué los últimos Gobiernos han demostrado preocupación por la política agraria, como lo hizo el Gobierno pasado del señor Alessandri, con la ley número 15. 020, "Ley de Reforma Agraria de Macetero", como la llamó la siempre justa picardía popular, y como ahora lo hace el Ejecutivo, ello no ha obedecido a un afán de sentida y sincera convicción de llevar justicia al agro chileno, sino que ha sido ante el temor claro de que las fuerzas trabajadoras empleen medios reñidos con las disposiciones burguesas que arrojarían violentamente del Poder a la clase parasitaria y explotadora. En otras palabras, es el eco respondido de la táctica de pequeñas concesiones que para la América Latina se delineó a través de la "Alianza para el Progreso", cuyo creador fuera el extinto Presidente de Estados Unidos, John Kennedy. El problema es simple para las fuerzas y los sectores capitalistas e imperialistas: "si no cedemos algo a los necesitados de América Latina, si no les entregamos algo de lo mucho que ganamos, corremos el grave riesgo de perderlo todo, ya que los brotes de rebeldía están apareciendo con demasiada frecuencia, arrastrando tras sí a gruesos y cada vez más abundantes sectores de ciudadanos. "
Por eso, el Partido Socialista, en declaraciones públicas, dadas a conocer en varias oportunidades, ha manifestado que los verdaderos autores de este proyecto de ley se encuentran en las propias fuerzas campesinas, especialmente las agrupadas en la Federación Campesina e Indígena, que a través de la lucha, su organización y su espíritu de combate, han terminado por hacer la presión necesaria, lo que les ha permitido ser escuchados, aunque sólo sea en parte. Importante papel en esta lucha de años, como es testigo todo el país, le ha correspondido cumplir a los partidos populares y, en forma muy especial, al Partido Socialista.
Digo que los trabajadores agrícolas han dado categóricas muestras de su justo afán de cambios, e impacientes por una demora fraudulenta que buscaron su verdadero destino en la toma directa de algunas haciendas, como las del Choapa, San Antonio de Naltagua, Huechún, Bajo de Melipilla, Culiprán, Los Arcángeles, Los Cristales, El Porvenir, y otras.
¿Y qué ha ocurrido? ¿Fue acaso una peste la que asoló esos campos?;, Llegó con ello una maldición al país? ¿Se cercenó la libertad de trabajo de los latifundistas? ¿Se destruyó la familia? ¡No, señor Presidente! Todo lo contrario; por primera vez llegó la alegría y la esperanza a esos rudos campesinos que inician en Chile la conquista de la tierra para quienes efectivamente la trabajan. Por primera vez se fueron y siguen yendo contentos al trabajo, cada amanecer. Por primera vez, junto al esfuerzo físico exhiben la sana satisfacción de estar creando riquezas para ellos y para la patria. Ya no van los productos de esos predios, en su mayor parte, a llenar las faltriqueras del latifundista; y la producción bajo el sistema de asentamiento, aspecto básico con el cual concordamos plenamente, desarrolla el esfuerzo creador y colectivo del trabajador nuestro. Ha llegado para ellos la etapa del desarrollo humano; ya no son simples herramientas agobiadas del surco que no les pertenece. Ahora estudian, planifican, dan expansión a sus iniciativas, recuperan tierras abandonadas; y la producción, no por un milagro, sino por una consecuencia lógica y absolutamente racional, se duplica, se triplica. Y se tienen así, entonces, pruebas cada vez más aplastantes acerca del único camino posible que hay que recorrer para corregir nuestra enfermedad agraria.
Sabido es, señor Presidente, que los grandes agricultores del país están perfectamente organizados, y su Organismo Central es la Sociedad Nacional de Agricultura, cuyo poderío e influencias en la vida nacional han sido, y aún siguen siendo inmensos.
Sólo como acotación debo anotar, que a los 600 mil campesinos que no poseen tierras, hasta la fecha ni siquiera les ha sido posible conquistar el derecho a sindicalizarse libremente. Apenas esos señores supieron que existía el propósito de enviar al Parlamento el actual proyecto en discusión, alarmados ante posibles lesiones a sus tradicionales intereses, se agruparon en el "Comité Coordinador de Organizaciones Agrícolas", que preside el tristemente recordado ex candidato a la Presidencia de la República señor Pedro Enrique Alfonso. Fue así como desplegaron una campaña publicitaria extraordinaria a través de "El Mercurio", "El Diario Ilustrado", de radioemisoras, de boletines, planfletos, etcétera, sólo digna de comparación con la desplegada por este Gobierno, en sus afanes por convencer al país de que está cumpliendo el programa revolucionario ofrecido al pueblo. Por lo demás, esto pone de manifiesto las cuantiosas fortunas amasadas a costa del trabajo ajeno. De manera que ahora esos señores rasgan sus vestiduras, apelando
a variados y pintorescos argumentos para frenar y evitar que Chile inicie una política de cambios en el regresivo sistema agrario que actualmente tenemos.
Uno de los argumentos que más han esgrimido los organismos representativos del latifundio, en contra de la reforma, y que es de carácter filosófico-ideológico, se basa en la naturaleza de la propiedad privada y de los derechos que ella inviste. Al respecto me voy a permitir dar a conocer una opinión del profesor de Economía Agraria de la Universidad de Wisconsin y del programa de Estudios Económicos Latinoamericanos, Peter Dorner, quien permaneció en Chile durante los años 1963 y 1964. Después de su estada en Chile, dirigió una carta abierta a los agricultores chilenos, en la cual expresa: "Este argumento está bien presentado en una declaración firmada por un grupo de grandes agricultores y publicada en el diario "El Mercurio", de Santiago, del 16 de enero de 1965. En esa declaración se sostiene que la propiedad privada es un derecho natural y dado por Dios; que un ataque a la propiedad privada es un ataque a la unidad básica de la sociedad: la familia; que la propiedad privada es el pilar de la civilización. Me es difícil imaginar que los signatarios de esa declaración crean realmente lo que dicen: se trata de personas inteligentes.
"La propiedad privada es una creación del Estado. Sin un Estado que la proteja y haga cumplir las leyes, la propiedad privada simplemente no existiría. Esta evidencia surge en el análisis histórico cuando en ausencia de Estados-Naciones, los señores feudales debían mantener sus propios ejércitos para proteger "su propiedad". Así, la propiedad privada no es un derecho absoluto, y de hecho en todos los países se le imponen muchas restricciones. Algunos países de Europa Occidental han establecido enormes limitaciones sobre la propiedad privada, e incluso la han eliminado completamente en algunos sectores de la economía, sin destruir
por ello la familia ni la civilización. Además, sus economías están creciendo a un ritmo acelerado. Ciertamente, hay más restricción sobre la propiedad privada en Estados Unidos que en Chile.
"Ahora bien, si los autores de esa declaración creen lo que dicen acerca de la propiedad privada, si ella es verdaderamente la base para la familia y la civilización, entonces deben admitir que no puede cumplir muy bien esta función, si la gran mayoría de la gente carece de ella. No es posible defender la libertad y la propiedad sobre esta base, tratando a continuación de reservar el máximo posible para los ricos.
"No; es imposible que los autores de esa declaración puedan realmente creer en estos puntos acerca de la propiedad privada: don de Dios básico para la familia y la civilización. Si lo creyeran, la lógica de su propio argumento llevaría a sugerir su distribución más amplia. De esta manera el argumento en verdad es solamente intentar justificar el "statu quo". ".
He apelado a la posición de un técnico norteamericano, no porque dicha opinión para nosotros sea más legítima, sino para comprobar cuán arraigado está el sentimiento de una reforma revolucionaria, ya que incluso grandes personeros de la técnica y del intelecto del país más típicamente representante del capitalismo comparten plenamente nuestra posición filosófica.
Otro argumento que exhiben, como culpable directo del verdadero caos de la producción agropecuaria, es el que se refiere a que el Estado les ha negado un crédito abundante y barato. Si bien en la actualidad, como producto de un sistema político que hace agua por todas partes, el crédito que se logra entregar a los pequeños propietarios es altamente caro, la verdad de fondo es que, hasta no hace poco tiempo, este crédito fue entregado abundantemente a los grandes propietarios. Sobre esta materia, en un serio estudio que hizo la Federación de Estudiantes de Chile, se expresa: "Don Teodoro Schneider, en una obra que fuera premiada por la Sociedad Nacional de Agricultura, "La Agricultura en Chile", señalaba textualmente, lo siguiente: "Las propiedades fueron hipotecadas, pero los capitales así obtenidos, lejos de invertirse en mejorarlas, se emplearon en gran parte en la construcción de edificios suntuosos, carruajes, recepciones y espectáculos y en los demás dispendios de lujos. Fuertemente endeudados, los ricos terratenientes de Chile, se transformaron en la principal fuerza de presión para desvalorizar la moneda, junto a los sectores bancarios, imperialistas y monopolistas; de esta manera se endeudaban caro y pagaban barato. La historia de este viejo mal chileno, que es la inflación, y que tan caro ha costado a nuestro pueblo, indica como uno de sus principales causantes a los latifundistas..
De lo que se trataba, según lo señalara un ex Diputado, don Enrique Mac-Iver, en la discusión de uno de los tantos proyectos de devaluación monetaria que los agricultores presentaban y hacían aprobar en el Congreso, era de vender caro el fruto de sus tierras, pagar barato el sudor de sus inquilinos y pagar sus deudas con una moneda desvalorizada. Esta situación de abuso y privilegio con respecto al crédito, se ha mantenido hasta hace poco tiempo. En efecto, los agricultores, como lo reconoce hasta el propio Presidente del Comité Coordinador de Organizaciones Agrícolas, se llevan el 40% del total del crédito del país. Según datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos, durante el año 1964 los créditos agrícolas se distribuyeron así:
80. 000 pequeños propietarios no reciben nada; 35. 700 propietarios (INDAP y CORA), Eº 21. 000. 000, el 8, 4%; 24. 965 medianos propietarios, Eº 16. 204. 805, el 6, 4%; 10. 198 medianos y y grandes, propietarios, Eº 71. 793. 920, el 28%, y 2. 480 grandes propietarios, Eº 142. 069, 208, el
57%.
Como es sabido, estos préstamos están efectos a un interés anual que varía entre el 12 y el 18% anual.
Ahora, si consideramos que, durante los últimos diez años, la devaluación monetaria ha sido superior, en promedio, al 35%, resulta claro que quien obtiene un crédito recibe, igualmente, una subvención. Es fácil anotar, además, que esta subvención la reciben, casi en su totalidad, los grandes beneficiarios del crédito, pero la paga todo el sistema bancario nacional.
Agregan, además, los señores de la tierra, que un estímulo fundamental para obtener prosperidad en sus actividades empresariales sería "la exención tributaria" o una tributación muy baja. El pago de impuestos -dicen- acarrea solamente la ruina de las empresas o entraba su crecimiento. Pero ello es totalmente falso: ninguna actividad económica ha gozado por más largo tiempo de privilegios en lo relativo a tributación. Un estudio hecho por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile señala que, mientras la agricultura produce sobre el 15% de la producción total del país, solamente tributa menos del 4% del total que recibe el erario, sin considerar todavía lo proveniente en la Gran Minería del Cobre.
Pero lo que resulta aún más irritante es el hecho de que los tributos provenientes del total de la agricultura, y que pagan todos los agricultores, se invierten, principalmente, en beneficio exclusivo de la minoría compuesta por los latifundistas. Por ejemplo, el año 1961 se recolectó por concepto de impuestos, a través de la tributación de 261. 364 predios, la suma de Eº 8. 124. 621.
Durante ese mismo año, el Ministerio de Agricultura concedió bonificaciones de abonos por una suma superior al monto recaudado por impuestos, pero con la gran diferencia de que, mientras los tributos los pagaron todos y, como es costumbre, más duramente los pequeños agricultores, dichas bonificaciones de abonos, como siempre, también se las llevaron unos pocos privilegiados, en general, grandes latifundistas.
Por ello, resulta sencillamente absurda la justificación de su fracaso, argumentando que la ruina de la agricultura del país ha sido motivada por un exceso de tributación.
Sabido es que hasta el año 1940, la agricultura no exhibía un déficit tan agudo, y que ese proceso comenzó a acelerarse en forma ascendente a contar de esa fecha. La razón de ello consiste en que, agotados los terrenos fértiles y de más fácil cultivo, los latifundistas no fueron capaces de arrebatar una mínima porción de suelo a los bosques y á las malezas que cubrían y cubren las zonas del sur. Recordemos cómo las provincias del sur, desde Concepción hasta Temuco, eran consideradas el granero del país. También recordemos cómo tuvo que venir el emigrante alemán, con su esfuerzo y su innegable sentido del progreso, a transformar, siquiera, en parte, para la agricultura, extensas regiones del sur.
Sin embargo, los latinfundistas de las zonas centrales, enriquecidos abundantemente con la venta de sus productos en los mercados internacionales como el Perú y California, fueron incapaces de destinar siquiera parte de sus cuantiosos ingresos a mecanizar sus faenas y a conquistar, para la Patria, vastas extensiones de suelos cubiertos de inmensos y riquísimos bosques. Sólo el lujo, el derroche y la vida fácil les preocupaban.
No resulta extraño, entonces, que tal desidia por cautelar el futuro agrario, agotadas cada vez más las tierras fértiles de fácil acceso, por falta de mecanización de las faenas, tuviera como consecuencia la pérdida de los mercados externos y la disminución acelerada de la propia producción. De ahí que nuestra aristocracia terrateniente, con su desidia y falta absoluta de previsión, sea la única gran responsable de esta herencia dramática, que ya llega a límites insostenibles.
Naturalmente que para quienes no les agrada la intervención estatal en la reforma agraria, no significa que al Estado no le atribuyan una función especial como mantenedor del orden.
Para los latifundistas, "el orden y la normalidad constitucionales" significan y han significado el poder contar con la tranquilidad necesaria para amasar sus cuantiosas fortunas, en desmedro de la clase trabajadora y del porvenir del país. Y este orden institucional, como el país entero lo sabe, fue el que les permitió, a la mayor parte de ellos, transformarse en los más grandes y más cínicos corruptores de la democracia por más de un siglo y medio.
Sabemos que fueron los más grandes cohechadores electorales; los que controlaban todo el aparato político del país, apoyados siempre en los votos de los propios campesinos que explotaban. En cada ciudad de la zona central o sur del país, existen leyendas negras acerca de estos verdaderos señores feudales. El Parlamento chileno fue en el pasado, y hasta no mucho tiempo atrás, un Parlamento de grandes agricultores. No es que neguemos el derecho a que un agricultor llegue a ocupar un sitio en la Cámara o en el Senado, pero ocurría en un porcentaje sencillamente abrumador de representantes de estos clanes feudales. Con una inmensa mayoría, impedían las iniciativas de los parlamentarios populares para legislar, por ejemplo, sobre salario mínimo, horario humano de trabajo, asignación familiar, derecho a sindicarse, etcétera. Por tener mayoría, sólo aprobaban leyes que los beneficiaban directamente, como la de la rebaja de los intereses hipotecarios.
Para estos señores el orden institucional significaba que los cientos de miles de campesinos no tuvieran derecho a organizarse legalmente, que las características electorales facilitaran el cohecho de un conglomerado de trabajadores agrícolas incultos y analfabetos. Para mantener este estado de cosas sí que demostraron audacia, iniciativa, esfuerzo e imaginación... ¡menos para impulsar un desarrollo patriótico en tan vital e importante actividad!
Obstinada resistencia ha puesto siempre la derecha tradicional a permitir aumento de salarios. Es principio fundamental del capitalismo que, pagando bajos salarios, las utilidades del empresario aumentan, permitiendo así una mayor capitalización dentro de la vicia económica, lo cual beneficiaría a todos. Este argumento cae hecho pedazos por la realidad práctica del sistema, porque al final somete al proletario a la miseria más atroz, estancando y destruyendo todo intento de progreso que logre perfilarse. Ya sabemos la inversión que han dado a sus utilidades los adoradores de este principio.
Por todo lo señalado, que obviamente es una parte reducida de la gran culpabilidad del terrateniente chileno, el Partido Socialista, una vez más, niega a estos señores toda autoridad moral para opinar siquiera sobre una materia que ellos mismos han llevado a una peligrosa y aguda pendiente de crisis. Ellos lo tuvieron tocio: grandes extensiones de tierra natural, mano de obra barata, ayuda crediticia abundante, poder político por muchos años; y también tranquilidad institucional necesaria, que añoran tan ardientemente. Sin embargo, nos entregan ahora una agricultura que crece más lentamente que la población, que obliga al país a comprar a otros Estados lo que los latifundistas fueron incapaces de producir en el país. Entregan a Chile una población campesina de más de dos millones de chilenos al margen del mercado, de la civilización y del progreso.
Al no ser invitados a tomar parte en la redacción del proyecto sencillamente han sufrido el castigo, con la misma vara de la ecuanimidad con que trataron a los trabajadores.
Como ya se dijo, ellos impidieron por todos los medios que el campesinado se organizara. Jamás se preocuparon, durante la discusión de las leyes, de preguntar al obrero modesto si ellas convenían a sus intereses. Todo lo contrario, los ignoraron, porque nunca tuvieron la sensibilidad y la comprensión necesarias para mirar al peón agrícola como un ser que siente, tiene sentimientos, sufre y ama como cualquier humano, y que, por lo tanto, tiene derecho legítimo o ser feliz.
El Partido Socialista concuerda plenamente con muchas disposiciones contenidas en este proyecto de ley, entre otras, con las siguientes:
La declaración categórica de la función social de la tierra, que implica una nueva y más moderna versión de lo que podría ser este derecho, supeditado al bien común antes que al utilitarismo individual;
La inexpropiabilidad o venta forzada de la tierra que no se encuentre cumpliendo esta función social, ya sea porque está abandonada o ha sido mal explotada;
La entrega de la tierra expropiada a los campesinos;
ch) El reconocimiento de alternativas de tenencia, según los deseos e intereses de los campesinos, y la posibilidad del trabajo colectivo como una vía de solución práctica de la reforma agraria; y
d) Un cambio decisivo y justo en la legislación referente a las aguas de regadío.
Pero en el proyecto también hay disposiciones regresivas o faltan otras, que no contemplan aspectos indispensables, como:
La participación directa del campesino como ejecutor de la reforma agraria, ya que incluso en los Tribunales Agrarios no aparecen representantes del campesinado que garanticen su ejecución real y defiendan sus intereses específicos;
El establecer, como meta del proyecto, hacer cien mil nuevos propietarios, lo que implica una clara intención de fortalecer el régimen capitalista, transformando a los micropropietarios en guardianes del sistema, a costa de dejar a cientos de miles de campesinos sin acceso a la tierra y sin otra alternativa que vivir de la paga o jornal;
c) El proyecto no fija plazos y deja entregado al arbitrio del Gobierno la aplicación de sus disposiciones.
ch) No se considera en el proyecto el problema del minifundio que afecta a una considerable masa de agricultores; por el contrario, con el criterio que sustenta el Gobierno, este problema tenderá a agravarse más;
Se entrega una serie de facultades al Presidente de la República, las que por su importancia y proyecciones pueden prestarse para acciones de las más variadas índoles;
La facultad que se entrega al Gobierno para hacer intervenir a las fuerzas militares en caso de paralización de faenas en un fundo o hacienda, constituye la esencia y demostración más clara de una política futura tendiente a anular las luchas reivindicativas del campesinado;
f) La indicación presentada por los parlamentarios de Gobierno para declarar inexpropiables los viñedos de superficies de más de 320 hectáreas, más un 2% adicional para el replanteo, es otra concesión más del Gobierno hecha a los grandes señores de la tierra, ya que favorece directamente a seis de los grandes empresarios vitivinícolas;
g) El proyecto no hace mención, en parte alguna, del prolongado y dramático problema de la raza indígena, la que, polla voracidad insaciable de los latifundistas, vive arrinconada y frustrada en los
roqueríos y oquedades del sur. Son cientos de miles de compatriotas nuestros, que esperaban confiados ser incluidos en este proyecto de ley. El señor Ministro de Agricultura y el propio Presidente de la República, en múltiples ocasiones, han expresado al mapuche que serán atendidos en forma preferente. Porque son tan campesinos como los más, porque necesitan urgentemente que el Estado les tienda la mano de la justicia, el Partido Socialista reclama que en esta hora de decisiones-se les dé el trato a que tienen legítimo derecho.
En cuanto a las expropiaciones, éstas, a nuestro juicio, deben seguir un triple camino:
Si las tierras son susceptibles de ser explotadas en pequeñas unidades por la naturaleza de los cultivos para los que son apropiadas, por la clase de los suelos y la ubicación de los mismos en relación con los centros de consumo, patrocinamos la subdivisión en unidades económicas que deben ser entregadas a los campesinos que hoy las trabajan en calidad de arrendatarios, mecheros, inquilinos-medieros u obreros agrícolas;
Si las tierras expropiadas no son susceptibles de dividirse para ser explotadas económicamente, en razón de la naturaleza de los suelos, cultivos o ubicación, somos partidarios de que las grandes unidades expropiadas sean entregadas a los campesinos que las trabajan para ser explotadas por ellos colectivamente en forma de cooperativas de producción;
Si las tierras expropiadas constituyes grandes empresas explotadas en forma capitalista, con gran inversión de capital y trabajadas con obreros agrícolas, con valiosas instalaciones, o son dedicadas a bosques, viñedos, frutales o explotaciones ganaderas modernas, como las magallánicas, los socialistas pensamos que las tierras deben ser entregadas a los organismos públicos pertinentes, para que se trabajen por cuenta del Estado, "como propiedad de todo el pueblo".
En esta forma se aprovechan las ventajas evidentes de la gran empresa agraria sobre la pequeña, y se asegura, lo que es muy importante, el control del Estado sobre un sector importante de la producción agrícola que le permita operar e influir en el abastecimiento alimenticio de la población en general.
El Partido Socialista valoriza el proyecto de reforma agraria y está resuelto a apoyarlo y a mejorarlo de acuerdo con las indicaciones que oportunamente haremos llegar a la Mesa. No es el ideal que contemple cabalmente nuestras expresiones de principio, las que, naturalmente, mantenemos en toda su integridad, pero es un paso efectivo hacia adelante. Consecuentes, entonces, con nuestra progresista posición, anunciamos nuestros votos favorables, reiterando que lucharemos por conseguir las rectificaciones necesarias y por salvar todas las omisiones, a fin de Que el proyecto resulte después una ley completa y operante. Igualmente, reafirmamos el principio de que las aguas de riego son un bien que pertenece a la Nación toda, y su uso debe ser racionalmente distribuido por el Estado. Los equinos, implementos de labranza, semillas, desinfectantes, hervicidas, fertilizantes, créditos, asistencia técnica, etcétera, no pueden ser elementos de especulación y, por lo tanto, deben estar al alcance de todos los agricultores que ios necesiten. La comercialización de los productos de la agricultura tampoco puede ser fuente de enriquecimiento de intermediarios, especuladores y agiotistas, sino que, por canales adecuados de distribución, debe llevar a las grandes masas consumidoras el beneficio de una producción mayor, de más bajo precio y de mejor calidad.
Señor Presidente, vamos ya a cumplir siete meses desde que el Ejecutivo enviara al Parlamento este proyecto de ley; siete largos meses en que la Derecha tradicional, contando con la anuencia contemplativa del Gobierno, ha torpedeado desde todos los ángulos su rápida tramitación.
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