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- rdf:value = " El señor GARCES.-
Por ejemplo, en mi provincia, y esto lo puede corroborar el Honorable colega señor Fuenzalida, no se ha creado un clima de agitación, sino que se han hecho cumplir las leyes y se han reconocido los derechos de los campesinos. En ningún momento he visto que haya un clima de agitación provocado por elementos u organismos del Estado. Al contrario, creo que se ha realizado una gran promoción en favor de los pequeños y medianos agricultores, y de los campesinos en general.
En cuanto a la tercera cuestión planteada por el Honorable señor Zepeda Coll, debo manifestar que me referí a la Encíclica en forma resumida. Considero que no es esta la ocasión de discutir los términos generales o particulares de ella. Hice una clara referencia al pensamiento de la Iglesia, al contenido de las Encíclicas y a los acuerdos del último Concilio respecto de la tenencia de la tierra.
El señor LAEMMERMANN.-
El pensamiento del Honorable señor Zepeda Coll es más completo.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor GARCES.-
Continuó, señor Presidente.
En materia de viviendas, nuestra población campesina es, sin duda, la más postergada. Estudios recientes efectuados por el Ministerio de Agricultura señalan que en fundos de superficie superior a 100 hectáreas, en una comuna rural de condiciones superiores a las normales y, lógicamente, al promedio del país, el 66% de las casas campesinas tenía piso de tierra; un 55% de ellas no disponía de servicios sanitarios y un 70% se abastecía de agua de acequias, cuyo consumo puede provocar graves epidemias y enfermedades.
Además, es de conocimiento general que más del 53% de las familias campesinas chilenas no son dueñas de ningún pedazo de tierra.
En contraste con lo anterior, cabe señalar que la mayor proporción de tierras regadas subutilizadas se encuentra en las grandes expoliaciones. En efecto, entre las provincias de Aconcagua a Ñuble, las explotaciones multifamiliares grandes poseen el 78% de la tierra regada, y el 30% está cubierto con pastos naturales. Esto representa una superficie subutiliza-da de 181 mil hectáreas en un total sub-utilizado para esa zona de 245 mil hectáreas.
Frente a estos hechos inauditos, hay que reconocer que existen en la agricultura chilena tierras productivas no utilizadas, hombres desocupados y capacidad empresarial desprovista de recursos para realizarse, junto a una necesidad creciente de alimentos. Para solucionar esta dolorosa situación, es imprescindible realizar una efectiva reforma agraria.
El Gobierno no solamente se ha preocupado de resguardar los intereses de los campesinos, sino que también ha considerado en el proyecto de reforma agraria diversas medidas de estímulo, ayuda y cooperación técnica para aquellos agricultores que secundan lealmente su labor nacional, trabajando en forma eficiente sus tierras. Es un hecho establecido que la experiencia técnica, el conocimiento científico, la capacidad de manejo, deben ser estimulados al máximum y, sobre todo, reconocidos. Somos decididamente partidarios de que exista un claro derecho a la propiedad sobre las tierras productivas de nuestra patria. Esta propiedad debe cumplir una clara función social. No se pretende en ningún momento destruir o lesionar este derecho. Por el contrario, se le quiere extender, perfeccionar y reforzar, de tal manera que el mayor número de miembros de la comunidad pueda tener acceso a la institución de la propiedad, contribuyendo con ello a la consolidación de una sociedad justa, productiva y estable.
Aquellos propietarios de grandes predios que están cumpliendo con su labor en forma digna y adecuada, encuentran en el Gobierno la cooperación extensa y efectiva que su labor requiere. Tanto es así, que el Ministerio de Agricultura ha intensificado en forma notoria su acción de asistencia técnica a los agricultores, para la realización de obras de conservación de suelos y aguas en todo el país. El año pasado solamente, se atendieron 3. 183 predios rurales con trabajos de esa naturaleza, que están totalmente terminados y beneficiaron a 195. 345 hectáreas.
El Gobierno, en conocimiento de la» necesidades de los agricultores en todo su hondo contenido humano, ha dispuesto una ampliación en los préstamos concedidos por el Banco del Estado de Chile, que desempeña un papel preponderante en el crédito agrícola del país, tanto por la magnitud en valores que otorga como por las características y tipos de su crédito. Dada la enorme proporción del crédito agrícola y la urgente necesidad de colaborar con la expansión socio-económica del país, en especial del sector agrario, se están realizando innovaciones para agilizar y controlar ese crédito agrícola. Entre estas innovaciones y cambios se puede citar la solicitud única de crédito, cuyo principal objetivo es crear una mentalidad empresarial en los agricultores exigiéndoseles que anticipen un plan completo de explotación de su predio. La redistribución del crédito es uno de los medios más eficaces y rápidos que se han implantado para contribuir efectivamente al desarrollo agrícola, abarcando a todos los estratos de agricultores.
A través del crédito agrícola regional, créditos operacionales para la comercialización de productos agrícolas, créditos para proyectos específicos, servicio de crédito supervisado, etcétera, se ha intensificado la ayuda para los agricultores, como un justo estímulo y cooperación a quienes trabajan bien sus tierras y contribuyen al programa de grandeza económica de nuestro país.
Por su parte, los técnicos especializados del grupo de ganadería del Consejo Superior de Fomento Agropecuario han trabajado intensamente en el estudio de programas de producción pecuaria y desarrollo ganadero. Su labor se relaciona con:
a) Elaboración del plan nacional de control de desarrollo ganadero para la zona afectada por el último sismo;
Estudios relacionados con el programa de desarrollo ganadero para la zona afectada por el último sismo;
Estudios sobre intercambios de productos pecuarios con Argentina;
Actuación de la Secretaría Técnica de la Comisión Avícola Nacional, en labor destinada a hacer recomendaciones específicas a organismos que actúan en ese campo;
Actuación, con los mismos objetivos, de la Secretaría Técnica Nacional Porcina, y
f) Información básica para productos de desarrollo regional.
Además, el Gobierno está estudiando actividamente una política de precios que esté de acuerdo con los programas de desarrollo agropecuario y de control de la inflación. Los estudios correspondientes están a cargo de la sección "precios" del Consejo Superior de Fomento Agropecuario.
Estas y otras medidas adoptadas en el sentido de otorgar adecuado y efectivo asesoriamento a los agricultores demuestran ampliamente el sano espíritu de equidad justiciera que anima al Primer Mandatario para reconocer los derechos individuales de la ciudadanía, favoreciendo tanto al buen agricultor como al campesino anheloso de su dignificación.
En lo que se refiere al riego, el Ministerio de Agricultura está llevando a cabo diversas obras beneficiosas para el país, tales como la "tecnificación" del regadío de los valles de Lluta y Azapa, en el norte; de Melozal, en Linares; Duqueco-Cuel y Bío-Bío, en la provincia del mismo nombre, y los de Pillanlebun-Lautaro y de Allipén, en Cautín; los estudios de hidrología y de reguiarización de riego en Chincolco, que benefician a 900 hectáreas; los trabajos que se ejecutan en el Río Putaendo para mejorar el regadío en 2. 500 hectáreas; la reconstrucción de los canales del sistema Catemu; los trabajos de drenajes y saneamiento de la Vega Chivilcán, en Cautín, que habilitarán 485 hectáreas; la puesta en riego del canal Quiepe Sur, en la misma provincia, que beneficia a 5. 000 nuevas hectáreas, y las prácticas de "tecnificación" de regadío de Allipén, con lo cual se incorporarán al cultivo no menos de 10. 000 hectáreas.
El Ministerio de Agricultura ha terminado los estudios agronómicos de obras de puesta en riego en diversas zonas del país. En el proyecto del canal Maule Norte se han efectuado los estudios de 120. 500 hectáreas, de las cuales 40. 000 serán beneficiadas con nuevo riego. En el proyecto Diguillín y La Punilla, en Ñuble, las obras en ejecución permitirán el regadío de 80. 000 nuevas hectáreas, para lo cual fue necesario estudiar 200. 000. Se ha iniciado, asimismo, la clasificación de suelos para determinar las superficies aptas para el riego con el embalse Digua, lo que hará posible incorporar 24. 000 hectáreas de nuevo riego y mejorar otras 24. 000 con riego eventual.
No sólo se ha abarcado el problema de redistribución de tierras en este programa; también se ha mejorado con criterio objetivo, justo y democrático, el "standard" de vida del campesino chileno, para lo cual este Gobierno ha dictado leyes y medidas administrativas en su beneficio, entendiéndose por tal el obrero agrícola y el pequeño empresario agrícola. Entre ellas podemos citar el reajuste de salarios que dispone el artículo 79 de la ley Nº 16. 250, publicada el 21 de mayo de 1965, y que comprende el alza del salario agrícola, pago del 75% en dinero, exclusión del salario de la regalía de casa, mantención de regalías, según el artículo 1° de la ley Nº 16, 362, publicada el 5 de noviembre de 1965.
Como dato ilustrativo, hay que señalar que durante la Administración Alessandri, la asignación familiar obrera ascendía a Eº 0, 17 diarios -170 pesos- por carga y que a comienzos del Gobierno del señor Frei fue elevada a Eº 0, 33, lo que representa un aumento del 94, 11%. En diciembre de 1965 se aumentó a Eº 0, 41 diarios, lo cual constituye un real incremento del 170, 58% en relación con el monto que tenía en la pasada Administración.
La ley Nº 15. 966, publicada el 12 de diciembre de 1964, establece el beneficio de la asignación familiar durante todo el período de embarazo de la madre.
Una iniciativa de inmenso valor para el campesinado es el artículo 88 de la ley Nº 16. 250, que extiende a los obreros agrícolas las normas sobre limitación de
la jornada de trabajo diario propia de los demás obreros, establecida en los artículos 24 y siguientes del Código del Trabajo, dentro de una promedio anual de 8 horas diarias de trabajo, y fija la forma y procedencia del pago de las horas extraordinarias. La ley Nº 16. 350, publicada el 20 de octubre de 1965, extiende, además, a 30 días el exiguo plazo de 6 que establecían anteriormente los artículos 10, 12 y 13 del Código del Trabajo, para avisar el desahucio del contrato o para indemnizar el despido inmediato. En virtud de la ley Nº 16. 424, publicada el 8 de febrero de este año, el obrero con más de 15 años trabajados y más de 60 de edad, tiene derecho a un feriado mínimo de 25 días.
Consciente de la importancia del trabajo de la mujer chilena, el Supremo Gobierno ha dispuesto en la ley Nº 16. 434, mediante una modificación del artículo 309 que protege la maternidad obrera, que el subsidio maternal y descanso postnatal de maternidad se prolongará por seis semanas más.
Profundas innovaciones en las leyes, convierten en un seguro social el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que dejan de fundamentarse exclusivamente en la responsabilidad del patrón, para basarse en las responsabilidades de la sociedad y medirse las prestaciones por la cruel necesidad del accidentado.
Todas estas conquistas sociales a favor del pueblo, de la gran masa trabajadora que invariablemente había sido postergada a través de diversas administraciones, han sido realizadas, con un invariable espíritu de justicia social, de respeto profundo a la dignidad de la persona y con total conocimiento de la urgencia histórica que vive el país y que nos impulsa a cambiar nuestra condición de pueblo sub-desarrollado logrando la proyección de una mejor superación económica nacional en la que exista un común denominador de justicia y de libertad democrática en beneficio de todos.
Todas las leyes aplicadas por el Gobierno tienden a reconocer plenamente la responsabilidad que les corresponde a los agricultores dentro de la función social que la propiedad debe cumplir. Esta función incluye responsabilidades frente a los trabajadores expresadas substancialmente a través de la legislación social y frente al conjunto de la población consumidora, que necesita progresivamente de mayores cantidades de alimentos y materias primas de uso industrial. Esta posición de responsabilidad para el empresario agrícola plantea dos órdenes de consecuencias. La primera es que la reforma agraria debe recaer sobre aquellos empresarios que no cumplen debidamente esta función social; y la segunda consiste en que, a la inversa, debe merecer respeto aquel empresario que cumple debidamente sus obligaciones frente a sus trabajadores y cultiva eficientemente sus tierras. Hay que reconocer que en Chile sólo un tercio de la tierra se cultiva normalmente.
Con un bien definido criterio legalista y jurídico, se establece que uno de los objetivos principales de la reforma agraria, será el de difundir la propiedad agrícola, lo que significará hacer 100 mil nuevos propietarios. A ellos se les ayudará técnicamente y se les proporcionará otros elementos.
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