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- rdf:value = " El señor FUENZALIDA.-
Señor Presidente, la evidencia de los bien logrados propósitos obtenidos por medio de la ley de reforma agraria, nos enfrentan, hoy más que nunca, al dilema crucial de tener que definir con exactitud nuestra aceptación o nuestra disconformidad con la institución de la propiedad, y más específicamente, con la propiedad privada; y establecer, al mismo tiempo, las formas concretas de acción de la autoridad como reguladora del bien común. Siendo el Gobierno partidario decidido de que exista un claro derecho de propiedad sobre las tierras productivas de nuestra Patria, propiedad que debe cumplir una clara y bien determinante función social, no ha vacilado en resguardar los derechos del campesinado chileno, entregándole los factibles medios de su propia superación social y económica.
Sabido es que, en Chile, han existido muchos textos legales que establecen limitaciones a la propiedad privada agraria; por ejemplo, las leyes Nºs. 5. 604 y 7. 747 y el decreto con fuerza de ley Nº 76, de 1961, que reorganizó la entonces Caja de Colonización Agrícola, los cuales contienen limitaciones a la adquisición de terrenos en pública subasta, compra directa o expropiación. Todas estas leyes trataron el problema agrario sólo en forma parcial, surgiendo, con posterioridad, en 1962, la ley Nº 15. 020, que estableció un conjunto de disposiciones sobre reforma agraria, en las que quedó de manifiesto, claramente, que el legislador de esa época, aún con las limitaciones que esta legislación establece para su aplicación práctica, tenía el propósito de regular la propiedad agraria chilena.
Ha sido el actual Gobierno del Excelentísimo señor Eduardo Frei el que ha logrado poner en práctica las efectivas realizaciones de esta nueva conquista social y económica, que permitirá al hombre campesino, lenta, pero en forma segura, lograr la justa solución de su problema vital.
¿Cuál es este problema? Es la existencia de un sistema de explotación agrícola que fue concebido en tiempos de la Con-qusta y que, por tanto, no resiste las inquietudes de transformación social y económica del hombre actual, cuyo problema, aparte de la falta de horizontes para sus hijos, consiste en el fondo en que, constituyendo un "ser de la tierra", no puede dirigir la tierra y debe trabajar suelos ajenos, al margen de los beneficios que éste produce. A su vez, el gran problema nacional de la agricultura se traduce en la notoria falta de alimentos necesarios para la población del país, que no producen nuestras tierras, debiendo importarse alimentos, con un creciente gasto de divisas. Como resultada de esta situación, hay un sector de la vida nacional, el 30% de ella, que está virtualmente marginado de la economía, de la cultura y del poder. La reforma agraria está destinada a captar estos dos factores, el económico y el social.
Nosotros tenemos el mandato histórico de hacerla rápida y drásticamente. Tenemos la obligación contraída con el pueblo, de arriesgarnos. No podemos, en ningún momento, esperar que todas las ecuaciones cuadren, como en un frío proceso matemático. Hay quienes, guiados por inconfesables móviles de oposición al Gobierno, pregonan, a los cuatro vientos de la maledicencia, que nuestro campesino es incapaz de responder a este mandato de superación de su propio subdesarrollo, que su capacidad y perseverancia tendrán que fracasar ante la dura responsabilidad que cae sobre sus hombros en demanda de su bienestar familiar. Nosotros confiamos, y tenemos la obligación de hacerlo, en su capacidad de empresa, en sus inquietudes, en su constancia y en sus esperanzas; porque nuestro poder emana del espíritu mismo del pueblo, muy especialmente de los campesinos, que creyeron y creen en nosotros. Históricamente, las revoluciones han tenido éxito en la medida en que han cambiado la estructura de la producción agraria. Y ello es natural, debido a que en esas arcaicas estructuras ha radicado siempre el poder de las clases reaccionarias.
Manos callosas están esperando la tierra para producir. 845 mil familias que viven de la agricultura chilena, de las cuales unas 185 mil son constituidas por inquilinos, medieros, afuerinos y trabajadores especializados, nos acompañan en esta nueva conquista, con la plena y sincera lealtad de sus justos anhelos de dignificación. Treinta años de lucha nos obligan a cumplir.
Tenemos una meta fundamental, que es la de ubicar, en un plazo de 5 años, a 100 mil familias de campesinos. La reforma agraria, en Chile, a través de la Corporación de la Reforma Agraria, está destinada a solucionar los problemas, de diversa índole, que, en este momento, se les está planteando a alrededor de 200 mil familias de pequeños propietarios y minifundistas, labor que está siendo realizada por el INDAP.
No sólo estamos impulsando la mecanización agrícola y promoviendo el desarrollo agrícola, aunque entendemos, naturalmente, que el desarrollo agrícola y económico tienen que acompañar este proceso de reforma agraria, para lograr un mejor éxito en sus proyecciones. En este proceso, hay una cosa, que es básica: la fe en el campesino. Si partimos de la base de dudar de la tenacidad y espíritu empresarial del campesino nuestro, como un elemento capaz de cumplir las metas económicas, sociales y políticas de la reforma agraria, que hemos planteado a través de la CORA, es inminente el fracaso de esta gran conquista, que se proyecta en el horizonte de nuestras clases trabajadoras con nítidos resplandores de esperanza y resurgimiento económico. Así como existe en la conciencia cristiana de nuestra población un credo religioso, yo diría, que nosotros deberíamos tener un credo respecto del campesino, basado en la fe en su capacidad individual y colectiva, en su condición de miembro de la comunidad y de elemento de valor para el desarrollo económico de este país.
Como parlamentario representante de una provincia eminentemente agrícola, conozco perfectamente la idiosincrasia del campesino chileno. He convivido, durante mucho, con sus malogradas esperanzas de dignificación y de superación del ambiente de subdesarrollo, afrentoso en muchos casos, en que se le había sumido a través de años de postergaciones. Se rebajó el nivel de estos miles de compatriotas a un terreno de inferioridad injusto e incompatible con una sociedad que, como la nuestra, pretende ser progresista, justa y democrática. Sabido es que nuestra población campesina, que alcanza a un número superior a dos millones de personas, vive, en general, en condiciones inaceptables, marginados de las ventajas y beneficios que otorga la civilización de nuestro tiem-pto, salvo escasas excepciones. La agricultura ocupa poco menos del 30% de la población activa, y aporta sólo entre el 8 y el 10% de la riqueza que se produce anualmente en el país. Esto demuestra, en forma nítida e irrefutable, que esta actividad económica se caracteriza por una baja productividad de la fuerza de trabajo que ella ocupa. Esta baja productividad se debe, en parte, a que los trabajadores agrícolas chilenos no logran laborar un promedio de más de 180 a 200 días de los 365 días que tiene el año, aparte de que una proporción importante de ellos gasta su tiempo en ocupaciones que no significan otra cosa que ocupación disfrazada. En resumen, se puede afirmar que alrededor de un tercio de las fuerzas de trabajo disponibles en la agricultura permanece ociosa, y debido a la mala distribución de la tenencia de la tierra que prevalece en nuestros campos.
Este y otros factores de importancia, han producido, como inexorable consecuencia, un éxodo creciente hacia las ciudades, como lo dejó en claro el Honorable Diputado informante en su exposición, y también hacia países vecinos, con la esperanza de conseguir mejores horizontes. Así, tenemos que, entre 1940 y 1950, más de 450. 000 personas emigraron de los campos a las ciudades, creándose un problema de cesantía dramático; y, entre 1950 y 1960, estas emigraciones alcanzaron a 550. 000 personas.
La deficiente explotación de la tierra ha puesto en videncia un nuevo y grave problema, cual es el de la alimentación. Para demostrar esto, puedo citar el detrimento que se ha producido en el consumo de carne de nuestra población. Por lo tanto, se puede afirmar que el chileno medio de hoy está menos alimentado que el de hace algunos años. Así es como, en el trienio 1945-1947, el chileno medio consumía 52, 8 kilos de carne al año; en el trienio 1957-59, este consumo había descendido a 33, 9 kilos de carne por persona; y hoy, este consumo es inferior a los 30 kilos por persona al año. En estas cifras está considerada tanto la producción nacional como las importaciones, cuya magnitud ha sido decreciente.
De acuerdo con estos hechos y antecedentes, expuestos en forma sintética, yo quiero reafirmar que, tal como ocurre con el aprovechamiento y utilización de los recursos disponibles en las demás ramas de nuestra economía, en la agricultura chilena disponemos de tierras productivas no utilizadas, hombres desocupados y capacidad empresarial desprovista de recursos para realizarse. Esto, añadido a la necesidad creciente de alimentos y de otros productos agrícolas y a la inadecuada distribución de las tierras y cíe las aguas, exige la realización efectiva, urgente y concreta de la reforma agraria que constituye, por cierto, una razón de orden cívico.
En este proyecto de ley, se ha hecho sentir también el criterio justo y ecuánime, democrático y patriota del legislador, que permite que sus beneficios alcancen a los propietarios de predios dispuestos a cumplir con la ley en forma honrada y eficiente. Así es como se está intensificando la concesión de nuevos y amplios créditos, asistencia técnica para organizar y calificar la producción, los abonos necesarios, así como la semilla, el transporte, la organización comercial y un amplio desarrollo cooperativo, además de la aplicación de una política de nuevos precios justos y estimulantes para los productos agrarios.
No creo necesario extenderme en datos estadísticos y cifras para demostrar, en forma concluyente, la franca disposición de beneficio colectivo implantada por el Supremo Gobierno en su inquietud y en el afán de promover la superación económica del país. Entre centenares de iniciativas, cabe destacar el Plan de Desarrollo de la cuenca del Maule, en el cual el Grupo Central de Planificación Regional ha elaborado los estudios correspondientes para cubrir las necesidades de desarrollo de las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule. Esos estudios pueden resumirse en la elaboración del proyecto denominado "Maule Norte", que cubre el desarrollo económico y la reforma agraria del área que va a ser regada por el canal Maule Norte, de próxima terminación. La planificación integral del área de las cuatro provincias se está realizando en combinación con la Misión Chile-California, la Oficina de Planificación Nacional y los distintos ejecutivos que actúan en la zona.
Otro aspecto de la labor del Grupo Central de Planificación Regional, relacionado con las cuatro provincias, es la concurrencia de organismos ejecutivos del sector rural para coordinar el trabajo de 200 profesionales técnicos.
En materia de regadío, el Gobierno tiene un plan intensivo de 5 años. Como ejemplo de este plan, según se ha dicho, puedo señalar los proyectos de los tranques de Diguillín y La Punilla, en la provincia de Ñuble; del tranque "El Manzano", en Curicó; etcétera. Estos embalses sólo representan un aumento de disponibilidad de divisas del orden de los 20 millones de dólares. Durante el primer año de este Gobierno, se terminaron obras como la de San Pedro de Atacama, que mejora 500 hectáreas e incorpora otras 1. 500 a la producción; la segunda etapa del canal Bío-Bío Sur, que riega 28. 000 hectáreas; además, se terminaron obras que permitirán la incorporación a la producción agropecuaria de 117. 450 hectáreas, y el mejoramiento de otras 297. 000, en zonas en las cuales el riego era deficiente.
Esta reforma agraria es, pues, una palanca poderosa que se facilita al país, y que permitirá cambiar totalmente la fisonomía de Chile en su vida económica y social, colocando a nuestra patria a la vanguardia de las naciones creadoras de un nuevo concepto de cooperación internacional.
En estas circunstancias, existe la imperiosa necesidad de la unificación de la ciudadanía en torno de un anhelo generoso de resurgimiento económico para Chile, como justo y leal respaldo a la inquebrantable decisión del Gobierno de alcanzar las rutas de un destino mejor para el pueblo, que pasará a la historia y nos lo agradecerán las futuras generaciones, porque habremos dejado una buena herencia a nuestra patria.
Concedo una interrupción al Honorable señor Zorrilla, señor Presidente.
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