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    • rdf:value = " El señor SILVA (don Julio).- En reciente artículo publicado en "El Mercurio" por don Eduardo Schijman, despachado con fecha de abril recién pasado desde Nueva York, comentando declaraciones del Secretario de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos, señor Or-ville Freeman, se dice lo siguiente: "De acuerdo con una reciente publicación del gobierno de Estados Unidos, el 70% de los niños en países en desarrollo está sub-alimentado o sufre de desnutrición, y por ello no vive más allá de los seis años de edad, y al paso que vamos, no es aventurado hablar de una creciente hambruna mundial, que es una catástrofe sin guerra, pero que se nos viene encima en abrumadoras proporciones, a menos que se tomen medidas drásticas e inmediatas". Desde hace cinco años, la FAO ha lanzado la Campaña Mundial contra el hambre. Congresos, creación de una conciencia universal sobre el problema. El señor Hernán Santa Cruz, Director Ayudante y Jefe de la FAO para Asuntos Latinoamericanos, llama la atención sobre la dramática situación que vive el continente en estos términos: "... si América Latina no reacciona, de una manera enérgica e inmediata frente al progresivo y alarmante desequilibrio entre los alimentos que produce y come, por una parte, y, por la otra, el crecimiento explosivo de su población, el más rápido del mundo, en cortos años será asolada por una verdadera hambruna... " El mismo señor Santa Cruz declaraba sobre esta materia, a una revista de Santiago, en enero de este año, que los 230 millones de habitantes que hoy tiene América Latina serán cerca de 700 millones en solo 30 años más, y agregaba: "Si las estructuras siguen como hoy día, querrá decir que habrá 600 millones de campesinos y habitantes de poblaciones callampas en las ciudades, que llevarán una vida miserable dentro de una economía paralizada por la falta de consumidores para las industrias. " Y será, cada vez más difícil recurrir a los excedentes agrícolas de otros países, primero, porque son muy pocos los países que aún disponen de excedentes y, segundo, porque la tendencia es que incluso en esos pocos países los excedentes se están reduciendo. En las declaraciones del Secretario de Agricultura de Estados Unidos a que me referí, hace un momento, se dice "que Estados Unidos ya no tiene excedentes agrícolas, sino solamente reservas alimentarias para sus propias contingencias. " Este es, en síntesis, el problema del hambre en una humanidad que crece como nunca antes, todo lo cual está presionando fuertemente sobre la estructura social, siendo la presión de las masas campesinas sobre la tierra y sobre las ciudades la más poderosa de las presiones sociales de esta hora. Esto, en términos generales, es un problema de todo el mundo subdesarrollo, y ha llegado a ser el punto más explosivo del proceso revolucionario de nuestra época. Este es el cuadro general, el marco, dentro del cual debemos ubicar nuestra reforma agraria. Este es un proceso que afecta a una buena mayoría de la humanidad. No es una ocurrencia marxista ni democratacristiana, ni tiene por fin molestar o sancionar a la vieja clase latifundista de nuestro país. Lo cierto es que el régimen agrario vigente se ha hecho incompatible con los hechos a que nos hemos venido refiriendo. Esto no puede ser extraño para nadie, ya que este régimen agrario, esta estructura agraria, en los países subdesarrollados, viene de muy antiguo, de varios siglos. Fue generada en sus bases fundamentales mantenidas hasta hoy, por la sociedad colonial, cuyo ritmo, necesidades y fuerzas sociales, están muy lejos de ser los de la sociedad actual. Se trata de liberar, mediante la reforma agraria, las fuerzas productivas del campesinado, que se han venido acumulando y que están bloqueadas y paralizadas por el régimen latifundista, que concentra la tierra en muy pocas personas, generalmente terratenientes de viejo cuño, de viejos métodos de trabajo y vieja mentalidad. Más de cien millones de campesinos en América Latina, sin tierra o con muy poca, cerca de la mitad de la población del continente, hacen inevitable el derrumbe de la estructura agraria tradicional, que ha revelado su absoluta incapacidad para permitir el acceso de estos campesinos a la tierra y al mercado moderno, para hacer de la agricultura un factor dinámico del desarrollo económico y no un factor negativo, cuyo estancamiento y retroceso productivo obliga a los países latinoamericanos a gastar más de 600 millones de dólares anuales en importar alimentos, para asimilar la tecnología moderna que, como lo expresara el señor Guillermo Jul, a nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos, "ha logrado en los últimos 40 años mayores avances que en todos los siglos anteriores desde que el hombre se hizo agricultor. " El fin irremediable de la vieja estructura agraria de nuestros países queda de manifiesto, si consideramos que en una reunión tan poco extremista como la Conferencia de Punta del Este, donde nació la Alianza para el Progreso, los gobiernos latinoamericanos se comprometieron a realizar con urgencia una reforma agraria integral "orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injusto sistema de tenencia y explotación de la tierra, con miras a substituir el régimen de latifundio y de minifundio por un sistema justo de propiedad, de manera que... la tierra constituya, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad". Don José Antonio Mayobre, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, celebrada en Buenos Aires en marzo de este año, pasando revista a la marcha de la reforma agraria en los países de América Latina, expresó: "A la acción masiva realizada en períodos anteriores por Méjico y Bolivia, se han agregado en años recientes las emprendidas por Cuba y Venezuela. De otra parte, con posterioridad a la Carta de Punta del Este, sancionaron leyes de reforma agraria Brasil, Panamá, Perú y la República Dominicana; pero los avances efectivos del proceso vienen tropezando en muchos de ellos con múltiples obstáculos que le imprimen una marcha muy lenta". En Chile, la idea de la reforma agraria ha adquirido una gran fuerza. La inmensa mayoría del país está convencida de que debe hacerse. Sus enemigos son una ínfima minoría. Todo el pueblo está con la reforma agraria. En los programas de Frei y Allende figuraba como cuestión principal. El Partido Radical, en un programa aprobado en su XXI Convención, efectuada en 1961, se pronuncia por una reforma agraria que signifique "redistribución de la tierra en beneficio de los campesinos... con el fin de eliminar el latifundio y el minifundio... ". Todos los obispos de Chile, en una Pastoral colectiva de marzo de 1962, sobre la situación de los campesinos, se pronuncian contra lo que califican de "hiriente desproporción que existe en la distribución de la tierra cultivable de nuestro país", y agregan: "Los males provenientes del latifundismo han influido de diversas maneras en la depresión del campesinado. Fuera de que los propietarios latifundistas viven generalmente ausentes del campo, ni aún por medio de una completa organización alcanzarán a trabajar la tierra con la intensidad que hoy reclama la comunidad nacional. Por otra parte, mientras mayor es la propiedad, menos se asemeja la empresa agrícola a una comunidad humana y cristiana de vida y de trabajo". Es tal la fuerza de la reforma agraria en nuestro país, que ni siquiera los partidos de Derecha, las sociedades agrícolas, entre ellas la Sociedad Nacional de Agricultura, u órganos de prensa como "El Mercurio", se confiesan enemigos de la reforma agraria. Al contrario, dicen que son partidarios de la idea, aunque no del proyecto del Gobierno. En general, estos sectores consideran la reforma agraria como un proceso de desarrollo de la producción sobre la base de estímulos de diferente orden, especialmente en los precios, que redunde también en beneficio de los campesinos, pero sin alterar de un modo rápido y fundamental la estructura actual de la tenencia de la tierra, problema que subestiman. Este concepto no se aviene con el que los técnicos más autorizados, como son los de la FAO, han formulado sobre la reforma agraria y que se resume en lo dicho por don Hernán Santa Cruz en la reunión de septiembre de 1965, en orden a que "los estudios realizados por la FAO no permitían dudar que los dos problemas que debían recibir primera prioridad y sin cuya solución ninguna otra medida iba a tener pleno efecto, eran la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra y el mejoramiento radical y profundo de la educación a todos los niveles". La estructura agraria en Chile, caracterizada por la gran propiedad o latifundio, es una herencia que proviene del sistema de la encomienda introducido por Pedro de Valdivia, hace más de 400 años. Queremos decir que hay una continuidad y que, pese a los naturales ajustes que se han ido incorporando a través del tiempo, el régimen hasta hoy no fue jamás cambiado de un modo fundamental. Por algo el experto francés señor René Dumond señalaba que "en materia agrícola Chile está en una situación comparable con la que existía en Europa en la Edad Media". Como se sabe, la encomienda unida al repartimiento era la asignación de tierras y de las familias indígenas que las ocupaban, a los conquistadores españoles. Según don Luis Correa Vergara, en su obra "Agricultura chilena", se ponía cierto empeño en abultar el número de indios de la encomienda para hacerla más codiciada, y señala que, cuando Pedro de Valdivia se propuso poblar La Serena, ofreció indios que nunca nacieron, según confesó el mismo Valdivia. De esta anécdota se revela la clave del sistema, o sea, asegurarse no sólo la tierra, sino una mano de obra abundante y prácticamente gratuita o casi gratuita, pagada a base de regalías de un pedazo de tierra, vivienda o choza y una u otra ayuda en especies o elementos de trabajo. Es notable observar cómo las normas establecidas por el Virrey del Perú en 1619, para los residentes en las haciendas, a los que llamaba inquilinos, establecen las obligaciones y regalías clásicas que caracterizan hasta hoy las relaciones del patrón con sus inquilinos en los fundos chilenos. Por el hecho de vivir o residir dentro de los dominios del terrateniente y por las regalías que éste le da, el inquilino debe asegurarle el trabajo o mano de obra de uno o dos "obligados", como se dice, cuyos servicios hasta ahora último son retribuidos a la manera feudal o paternalista, o sea, no en dinero, salvo en escasa medida. Esta forma de servidumbre ha mantenido a la masa campesina en una economía de subsistencia, al margen del mercado económico. Sólo en 1953, hace 13 años, se estableció, junto con el salario mínimo agrícola, la obligación de pagar por lo menos el 25% del salario en dinero, y, sólo en mayo del año pasado, este porcentaje en dinero fue subido al 75% del salario. Los salarios reales de los campesinos, desde que se estableció el salario mínimo en 1953 hasta 1964, han disminuido en forma tal que, para cada trabajador agrícola ha significado un menor ingreso de Eº 2. 000 en los once años aludidos, según se desprende del cuadro confeccionado por el sacerdote y sociólogo don Oscar Domínguez, cuya inserción también solicito. -El cuadro, cuya inserción se acordó anteriormente, dice: SALARIOS CAMPESINOS 1953-1964 "
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