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    • rdf:value = " El señor MAIRA.- El segundo antecedente se refiere a la superficie de riego con que cuenta el país y el aprovechamiento de ésta, desde el punto de vista de su explotación. El país tiene un área regada de sólo un millón 360 mil hectáreas, pero el 42% de esta extensión está dedicada a pastos naturales, es decir, más de medio millón de hectáreas obtienen un aprovechamiento que no guarda relación con la escasez y con la importancia de nuestra superficie regada. Junto a esto se plantea el problema cíe los ingresos de los grandes agricultores. En este sentido, el estudio efectuado por el economista agrario, Marvin Stemberg, permite precisar que los grandes agricultores dedican, en promedio, el 84% del ingreso disponible a gastos de consumo, generalmente suntuarios, ajenos a toda forma de explotación de los predios que poseen. Otro antecedente es el de la utilización de los créditos y el hecho fundamental y cierto, hoy día, de que los que poseen más tierras han tenido hasta ahora opción a un crédito mucho mayor. Los estudios efectuados por el economista Ernesto Feder sobre el crédito agrícola en Chile son categóricos e indican que para el pequeño propietario ha existido una disponibilidad de menos del 1% del crédito agrícola que se otorga en el país, y que 2. 480 grandes propietarios, como contrapunto, obtuvieron un crédito promedio superior a 57 mil 200 escudos a la fecha de este estudio. (1962). En materia de bonificación de abonos tenemos disponibles el dato de que el Ministerio de Agricultura pagó a grupos reducidos de grandes agricultores, que corresponden numéricamente a la cantidad ya mencionada y en las mismas magnitudes, más de 8 millones de escudos, suma que constituyó el 52 % del presupuesto corriente de ese Ministerio en el año 1961. Junto a todos estos hechos y medidas de carácter económico que han tenido, lamentablemente, incidencias en la baja de la producción que ha experimentado nuestra agricultura en los últimos veinte años, y que ha motivado la necesidad de importar alimentos o productos agropecuarios, según datos oficiales, por la cantidad de 156 millones de dólares en 1965, cifra que amenaza llegar, en 1970, a 260 millones de dólares, han concurrido también, y han tenido gran importancia, las condiciones que se derivan de la situación social en que se encuentra la agricultura y el campesino en Chile. Subsiste, como se ha expresado aquí, un sistema de inquilinaje que no alienta ni estimula el progreso del campesino, que lo convierte en un elemento pasivo dentro del desarrollo de la economía nacional y que lo somete, como lo ha sometido hasta la fecha, al antojo y al capricho del patrón, que ha dispuesto de él a su voluntad y a su arbitrio; sistema parternalista que ha tenido como consecuencia provocar una fuerte dependencia del campesino a la autoridad del patrón, que tuvo en el pasado importantes connotaciones políticas que algún día la historia política del país va a recoger, pero que hoy día aún conserva una significación de dependencia económica y social que nuestra nación no puede perpetuar razonablemente; sistema que mantiene en el aislamiento y en el abandono a vastos grupos humanos que representan un tercio del contingente demográfico del país, y que ha permitido también la perpetuación de estructuras anacrónicas y la obstaculización del desarrollo de los procesos de responsabilidades y de "toma de conciencia" de estos mismos grupos, importantes para la marcha del país. Esas razones de contenido económico y social, que nadie hoy día podría: razonablemente desconocer, están avaladas por los más serios y objetivos estudios que puedan invocarse en este instante, producto del trabajo de instituciones nacionales oficiales y privadas, de organismos económicos independientes del Gobierno, 'de instituciones públicas supranacionales, de carácter regional o mundial, que han contribuido a entregar este diagnóstico, sin que, por otra parte, exista como contrapartida de estas informaciones, el aporte solvente de ningún economista destacado en materia agraria que pueda contrarrestar estas opiniones. Nos hemos tomado el trabajo de revisar algunas de las muchas aportaciones que se han efectuado al estudio del problema agrario en los últimos años, y yo debo confesar que no he encontrado un solo economista, especialista en esta materia, por decirlo así, que se declare satisfecho de la situación de la agricultura nacional, que considere que el régimen económico y social de explotación, permita el desarrollo y un resurgimiento de la economía agraria del país. Por éstas y otras razones, estimamos que la realidad del país ha forzado, impulsado y conducido el avance de este proyecto. Además de los aspectos económicos y sociales, hay otro relativo al aprovechamiento de los suelos y a la integridad del territorio nacional, que merece la atención del país y, en especial de la Cámara. En forma sucinta daré algunas cifras y antecedentes sobre las áreas erosionadas o amenazadas de erosión. Entre los antecedentes de que dispuso la Comisión a raíz del estudio de otro proyecto, hay un cuadro, responsablemente confeccionado por organismos dientes del Ministerio de Agricultura, que indica que más de 18 millones de hectáreas, aproximadamente la cuarta parte del territorio, están afectadas por erosión ligera, por erosión ligera dominante, por erosión moderada o por erosión moderada severa. El cuadro estadístico a que me vengo refiriendo, dice: EROSION EN DISTINTOS GRADOS   Según estos índices alarmantes y aterradores, comprobamos cada año que la destrucción de bosques alcanza a 60 mil hectáreas, y la pérdida de tierras agrícolas por avance de las dunas en las playas, a 10 mil hectáreas. Chile es hoy el país más amenazado por las malezas y por los cultivos improductivos. Es el país más enmalezado del mundo y ha perdido más de un millón y medio de hectáreas por el avance de la zarzamora y otras plagas vegetales. Hasta hoy prácticamente no ha sido preocupación fundamental de las autoridades la protección de la integridad del territorio. La acción debe estar enmarcada en un proceso de reorganización de la propiedad agrícola y de orientación de su producción, según un plan consciente y racionalmente dirigido por los organismos estatales, en procura de la preservación y promoción de las áreas útiles, a fin de luchar contra la erosión, enemigo mortal de la integridad del territorio chileno. Por estas consideraciones, el proyec- to de reforma agraria contribuirá a paliar, atenuar y destruir esta situación, por lo que tiene una significación y una prioridad fundamentales. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Terminó la primera parte global de su exposición, Honorable colega? El señor MAIRA.- Sobre esta materia, deseo expresar la profunda impresión que causó a los miembros de la Comisión de Hacienda, conocer, especialmente, que la erosión de cualquiera pulgada del territorio nacional, además de traer consigo la pérdida de la capa vegetal, significa un proceso de recuperación que tarda entre mil y seis mil años en devolver el poder, fecundante a la tierra. Por estas razones y por todos los antecedentes de carácter económico, de los índices de producción, de los índices de aprovechamiento del suelo y por muchos otros datos que ya han sido entregados en forma muy completa por nuestro colega Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización, don Julio Sil- va Solar, y teniendo presente, fundamentalmente, el destino de Chile, y recogiendo el clamor, claramente expresado, de lo que consideramos mayoría nacional, se ha impulsado la discusión de esta reforma agraria. "
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