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- rdf:value = " REFORMA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. - SEGUNDO TRAMITE REGLAMENTARIO.El Señor BALLESTEROS(Presidente).-
Corresponde continuar ocupándose del proyecto de reforma constitucional.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Señor Presidente, en cumplimiento del acuerdo de la Cámara, los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia nos hemos reunido en el día de hoy, desde las 10 de la mañana hasta hace un momento, con el objeto de abocarnos al estudio de la modificación al artículo 31 de la Constitución Política y de la indicación renovada que corresponde a la presentada por los Honorables colegas señores Millas y Tejeda en el seno de la Comisión.
Después de un estudio bastante cuidadoso de ambos textos, la Comisión llegó a la conclusión de que corresponden a dos ideas diferentes: la indicación propuesta por los Honorables señores Millas y Tejeda contiene sólo elementos de tipo objetivo en materia de incompatibilidades y prohibiciones; y el artículo aprobado por la Comisión se refiere, en cambio, fundamentalmente, a los elementos de tipo subjetivo.
Como una manera de conciliar ambos criterios, estuvimos de acuerdo en la redacción de la primera parte de la modificación al artículo 31, en la que se consagran los elementos de tipo objetivo, o sea, la regla general que establece la inhabilidad para el caso de los parlamentarios que caucionaren contratos con el Estado, con sus filiales o con las instituciones en que tuviere participación a cualquier título. Pero, al mismo tiempo, deseamos que un elemento subjetivo, de excepción, quede establecido como un principio constitucional, con el objeto de resolver sobre estas inhabilidades.
Estando de acuerdo en las ideas fundamentales, la Comisión de (Constitución, Legislación y Justicia designó a los Honorables señores Millas, Naudon, Lorca don Gustavo, y Aylwin para que redacten esta disposición que se refiere a una materia tan delicada y que, por lo mismo, debe ser estudiada cuidadosamente.
Por esta razón, ruego a la Honorable Cámara que amplíe el plazo con el objeto de que la Comisión pueda entregar un texto, aprobado ojalá por unanimidad, a fin de que la Honorable Cámara se pronuncie sobre él al término de la discusión de este proyecto sobre reforma constitucional.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Sala a fin de postergar la discusión y, consecuencialmente, la votación de la modificación al artículo 31 de la Constitución hasta el final de la discusión y votación del proyecto.
El señor SILVA ULLOA.-
Hasta el momento en que la Comisión termine el estudio de la materia, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Propongo que sea hasta el final de la discusión del proyecto, para no alterar la -proposición del señor Diputado informante, autorizándose a la Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Y que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia quede facultada para entregar el texto definitivo durante el curso de la próxima sesión de la Honorable Cámara o al final de ella.
El señor PARETO.-
Y, en ningún caso, después de las 16 horas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
La Mesa advierte a los señores Diputados que la Honorable Cámara está citada a una sola sesión más.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Que se autorice a la Comisión para entregar el texto mencionado al final de la sesión.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
La Comisión entregará el texto definitivo al final de la sesión, o sea, como lo propuso la Mesa.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se acordará.
Acordado.
A continuación, corresponde someter a discusión y votación una indicación renovada, a la cual se dará lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).-
La indicación renovada con la firma de cuarenta y un señores Diputados y cuatro Comités parlamentarios corresponde a la que figura con el número 35 en el boletín respectivo, y tiene por objeto agregar un artículo nuevo, a continuación del artículo 32 de la Constitución Política, del siguiente tenor:
"Artículo...- La inviolabilidad establecida en el artículo anterior se extiende a las opiniones que emitan los Senadores y Diputados, tanto dentro del recinto del Congreso Nacional como fuera de él, cualquiera que sea la ocasión, lugar o medio empleado para expresarlas o difundirlas.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero de este artículo, las personas afectadas por expresiones que la Mesa de la respectiva Corporación estime injuriosas o calumniosas, tendrán derecho a que se inserte en las versiones oficiales del Congreso el desmentido que formule en términos respetuosos, en resguardo de su honor, fama o prestigio."
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
En discusión la indicación renovada.
El señor TEJEDA.-
Pido la palabra.
El señor BUZETA.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda; y, a continuación, el Honorable señor Buzeta.
El señor TEJEDA.-
Señor Presidente, en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, los parlamentarios del Partido Comunista formulamos indicación para modificar el articuló 32, de la Constitución, a fin de establecer que los parlamentarios son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, dentro o fuera de la Corporación a que pertenecen.
Por su parte, el distinguido constitucionalista, Honorable señor José Isla, presentó la indicación que en este momento estamos discutiendo.
Dada la profunda versación de mi Honorable colega, nosotros optamos, naturalmente, por concurrir a que se renovara, en la Sala, la referida indicación.
En su esencia, se trata de lo siguiente. Algunos Gobiernos han realizado actos de persecución, me atrevo a decir, en contra de parlamentarios y ex parlamentarios, que quedaron suspendidos de sus funciones únicamente en razón de expresiones que habrían vertido fuera de la Sala. Esto se comprueba leyendo la lista de los casos en que se pidió el desafuero. Tenemos los casos del hoy Senador, Honorable señor Baltasar Castro; de Pablo Neruda; de Ernesto Araneda Rocha; del actual Diputado Honorable señor Palestro;:de José Oyarzún, del Honorable señor Jorge Lavandero, de Esteban Leyton, de Luis Minchel; del Honorable señor Valente, don Luis, que fue reincidente; del Honorable señor Rosales, don Carlos, en igual condición; del señor Undurraga, don. Luis; de Galvarino Rivera, de Roberto del Río, del Honorable Senador señor Hugo Miranda, de Pedro González, del Honorable Diputado señor Juan Acevedo y de Carlos Miranda.
Esos son algunos de los muchos parlamentarios que, en la mayoría de los casos, estuvieron suspendidos de sus funciones de tales, sin que después hubiera recaído jamás alguna sentencia contra ellos, que los inhabilitara para desempeño de sus cargos.
De las personas señaladas, únicamente aparecen condenados el Honorable señor Jorge Lavandero, a quien nosotros hemos "condenado" a veces, por su actuación en la Comisión de Hacienda; el señor Esteban Leyton y el señor Luis Michel; pero fueron condenados a una pena teórica, porque quedaron sometidos a la vigilancia del patronato de reos.
En realidad, la persona del parlamentario, a nuestro juicio, no puede desdoblarse, y él está siempre en el ejercicio de sus funciones. En eso sucede algo parecido a lo que ocurre con los jueces, para los efectos del desacato. Siempre son jueces, aunque no estén dictando sentencia ni sentados en la Sala del Tribunal.
Nosotros creemos que el parlamentario debe tener amplias facilidades para poder expresar su pensamiento, sin ninguna clase de restricciones, en todas partes. Tenemos el caso de que, si se deduce una acusación contra algún alto funcionario, contra algún Ministro de Estado por haber lucrado o robado, por traición a la Patria, por concusión o por cualquiera de las causales en que la ley permite entablar la correspondiente acusación, nosotros podríamos dictaminar, dentro de la Sala, que dicho funcionario debe salir de la Administración Pública, porque es ladrón; pero esto mismo no lo podríamos decir fuera del recinto del Congreso. Podríamos, sí, decir dentro de él: "Este Ministro hizo traición a la Patria"; pero no podríamos mover a la opinión pública para que nos ayudara a destituir de su cargo a ese mal Ministro.
Si consideramos que ahora muchos casos serán resueltos directamente por el pueblo a través del plebiscito, aparece mucho más notorio la necesidad de que el parlamentario pueda plantear todos los problemas con plena y amplia libertad, y hacer todos los cargos que estime conveniente, aunque pueda excederse en su lenguaje. Es mucho menos perjudicial que el parlamentario se vaya un poco de la lengua que el hecho de que esté restringido y no pueda hacer los cargos que estime conveniente con la amplitud necesaria.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Buzeta; y, a continuación el Honorable señor Lavandero.
El señor BUZETA.-
Señor Presidente, el Honorable señor Isla me ha pedido una interrupción. Antes de concedérsela, quiero formular una consulta, ya que me asalta una duda acerca de este problema. '
Desearía que algún señor Diputado me informara qué defensa tendrán los ciudadanos, los particulares, cuando sean injuriados por un parlamentario fuera del, recinto del Congreso.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Isla.
El señor ISLA.-
Señor Presidente, al comenzar mis observaciones, debo manifestar que el Diputado que habla ha tenido siempre la profunda convicción de que para el adecuado ejercicio de la función parlamentaria es fundamental la plena y absoluta inviolabilidad, como, asimismo, el pleno y absoluto goce del fuero. Estos dos conceptos, distintos desde el punto de vista del Derecho Público, debe ser condición permanente para que el parlamentario pueda ser un legítimo representante de la voluntad del pueblo.
Yo prefiero que una democracia, un sistema de Gobierno, corra el peligro de los excesos que pueda cometer un parlamentario a través de sus intervenciones verbales o en los juicios que emita en el desempeño de su cargo, incluso fuera del recinto del Congreso, a que ese parlamentario vea restringido su derecho a opinar libremente.
Al respecto, debo expresar que fui Diputado de Oposición durante dos Gobiernos; y, como aquí se recordaba denantes, puedo manifestar que, cuando era Diputado el actual Honorable Senador señor Hijo Miranda, ex Presidente de esta Cámara, estuvimos detenidos, seis horas, en la Primera Comisaría de Carabineros de Santiago, durante el régimen del señor Ibáñez. Pues bien, en esa oportunidad fue necesaria la presencia del Ministro del Interior de aquella época. Pero, por ser justo, debo declarar que fue mucho más decisiva la intervención del entonces Presidente de la Cámara de Diputados y actual Senador, don Juan Luis Maurás, quien, en definitiva, con clara conciencia de sus funciones y de sus responsabilidades de Presidente de esta Corporación, hizo respetar el fuero parlamentario y puso las cosas en su lugar.
Por eso, prefiero los riesgos, a causa de los excesos que puedan cometerse en esta materia, antes que el parlamentario acobardado, que, en un determinado instante, no se siente con la libertad suficiente para decir lo que piensa en su fuero íntimo, ya sea respecto de los problemas nacionales, o en el ejercicio de sus importantes funciones fiscalizadoras, frente a los actos de cualquier Gobierno. Porque estoy hablando de principios permanentes en una democracia, ya que los gobiernos cambian; y hoy un parlamentario puede estar en el Gobierno, como mañana puede estarlo en la Oposición. Lo importante es salvaguardar estos principios fundamentales, y la permanencia' de ciertas conquistas, que son elementales dentro de un régimen democrático y jurídico bien constituido.
A continuación, daré respuesta a la consulta formulada por el Honorable colega Buzeta.
Debo hacer presente que, en dos oportunidades me he referido a esta materia. En sesión especial celebrada el día 7 de agosto de 1957 hice una defensa de la inviolabilidad y del alcance del fuero parlamentario. Posteriormente, con motivo de los sucesos de carácter político-policial que denantes mencioné, en los cuales, como dije, tuvo una involuntaria participación el ex Diputadodon Hugo Miranda, presenté un proyecto de ley, en la buena compañía del entonces Diputado, compañero de bancos y actual Senador, el Honorable señor Renán Fuentealba, que establecía la absoluta inviolabilidad de los representantes al pueblo.
Respecto de la cuestión que planteaba el Honorable señor Buzeta, debo declarar que esta indicación renovada que fue redactada por el Diputado que habla, corresponde casi literalmente al mismo proyecto que presentamos, en aquella oportunidad, con el Honorable señor Fuentealba. En ella se contemplan, precisamente, las medidas de resguardo...
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
¿Me permite. Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo el Comité Demócrata Cristiano. Puede continuar Su Señoría en el tiempo del Comité Democrático Nacional.
El señor ISLA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Como decía, dicha indicación renovada establece que las personas afectadas por expresiones vertidas por -ios parlamentarios en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, que consideren injuriosas o calumniosas, podrán recurrir a la Mesa de la respectiva Corporación para formular sus descargos, haciendo valer los antecedentes del caso. O sea, como se expresa en esa indicación, la Mesa de la respectiva Corporación podrá calificar dichos antecedentes y ordenar que se inserten en la versión oficial los desmentidos que esas personas formulen en términos respetuosos, en resguardo de su honor, forma o prestigio. De esa manera, la opinión pública podrá tomar conocimiento de la defensa hecha por un particular frente a las opiniones que emitan los Senadores o Diputados.
Creo que, en esta forma, pese a lo que dirán algunas personas o ciertos órganos de prensa tradicionales sobre esta iniciativa, se resguarda el derecho de los simples ciudadanos afectados, pues la publicación de sus descargos hecha por' la Cámara significará una seria sanción moral para el parlamentario impugnado, ya que su personalidad quedará en tela de juicio ante la opinión pública, y ante sus propios colegas del Parlamento.
Recuerdo que ha habido sesiones trascendentales, como la que señalaba, hace un instante, en las cuales han intervenido parlamentarios de reconocido prestigio jurídico. En la sesión del día 7 de agosto de 1957 también intervino el ex Presidente de la Honorable Cámara, distinguido abogado y profesor universitario, señor Jacobo Schaulsohn quien, entre otras cosas, sostuvo, textualmente, lo siguiente: "La interpretación que los Tribunales de Justicia han dado a la norma constitucional sobre inviolabilidad parlamentaria, cuando les ha tocado conocer de querellas contra parlamentarios que, a juicio de los querellantes se hubieran excedido en su crítica o en su derecho a fiscalizar, lo que les ha supuesto autores de los delitos de injurias, calumnias o desacato, no se ajusta a su texto ni a la conveniencia pública".
También recuerdo que, en aquella ocasión, usó de la palabra el ex Diputado liberaldon Raúl Aldunate, quien desempeñó el cargo durante varios períodos legislativos. Expresó lo siguiente respecto de esta materia: "El fuero parlamentario no solamente tiene, a mi juicio, vigencia dentro del recinto del Congreso Nacional. Un parlamentario lo es en toda circunstancia y siempre está constitucionalmente protegido por el fuero, que forma su derecho, y que sólo mediante una resolución judicial le puede ser negado. Es natural que así sea. La actividad del parlamentario no es exclusiva de sus intervenciones en el Congreso: tiene que presentarse también ante su electorado y exponer ante él el fondo de su pensamiento, a fin de dar a conocer sus ideas, en un régimen de libre análisis. No sólo allí actúa el Senador o Diputado: por mandato de la Constitución son Senadores y Diputados Nacionales, o sea, parte integrante de ese todo representativo que se llama la estructura orgánica de la Nación. De allí, entonces, que su opinión, su juicio, pueden y deben ser emitidos libremente en todo el territorio de la República, ya sea en asambleas, prensa o por los medios más modernos de trasmisión de ideas, sin cortapisa alguna".
Estas palabras de los Honorables Diputados señores Raúl Aldunate y Jacobo Schaulsohn, en el fondo están relacionadas con la materia que ahora conoce la Cámara.
Por mi parte, según consta en la versión del 7 de agosto de 1957, hice un análisis de la jurisprudencia emanada de nuestros tribunales especialmente de la Corte Suprema, la que, como lo dijimos en esa oportunidad, en este asunto ha sido vacilante y contradictoria. En efecto, si nos remontamos a la historia constitucional del país, a los Reglamentos de 1810 y1811, veremos que ya en sus textos se recorría el espíritu del legislador en cuanto a la inviolabilidad parlamentaria.
El Diputado que habla demostró que esta jurisprudencia ha sido vacilante, a pesar de que el texto constitucional configura en su letra este derecho, porque ése ha sido el espíritu del legislador y así consta en la historia de la ley. En definitiva, la Corte Suprema reconoce la inviolabilidad parlamentaria, el fuero, el derecho a fiscalizar, que es la función primordial, pero sólo dentro de las cuatro paredes del recinto del Congreso Nacional. A esto están expuestos todos los señores Diputados en este instante.
Por esta razón convencidos profundamente de que la base del auténtico régimen democrático reside en el Parlamento, depositario .de la soberanía popular, cuyo ejercicio delega en sus representantes, debemos defender el derecho de la inviolabilidad, especialmente cuando se llega por elección libre y espontánea del pueblo.
¿Qué dije yo, entonces, el 7 de agosto de 1957, en esa-sesión? Expresé lo siguiente: "En Derecho Constitucional más particularmente en el Derecho Parlamentario, disciplina que, desgraciadamente, no se enseña en nuestras Universidades, pero que está consultada en legislaciones extranjeras, se contempla lo que se llaman los privilegios parlamentarios. Estos son de orden jurídico, económico y de protocolo o tratamiento. De acuerdo con la convocatoria, en esta oportunidad nos corresponde referirnos a los privilegios jurídicos. Como se ha dicho esta mañana, ellos se clasifican principalmente en inmunidad legal o inviolabilidad e inmunidad penal o fuero parlamentario.
"La inmunidad legal tiene por objeto resguardar a los parlamentarios de los juicios o acusaciones injustos y sin fundamento que se hagan en su contra con el objeto de coartar su derecho de fiscalización.
"La Constitución Política establece en sus artículos 32 y 33, dos disposiciones que vienen a ser, la primera, la consagración de la inmunidad legal o inviolabilidad parlamentaria, y la segunda, la consagración de la inmunidad penal o fuero parlamentario. Esta última es como una disposición de orden procesal que establece el procedimiento a que deben someterse los Tribunales para juzgar a los parlamentarios, con el objeto de proteger su fuero.
"Pues bien, la disposición constitucional contenida en el artículo 32, que es clara y que establece la absoluta independencia de los parlamentarios para emitir libremente sus opiniones, en cualquiera circunstancia, ya sea dentro del recinto del Congreso o fuera "de él, ha sido limitada en su aplicación por los Tribunales de Justicia, a causa de una paralogización, en mi concepto realmente inexplicable, frente a la Historia Constitucional de nuestro país.
"Esto se ha debido al hecho de que en decreto ley Nº 425, sobre abusos de publicidad, se estableció una disposición que vino a coartar la libertad absoluta de los parlamentarios. El artículo 31 de dicho decreto dice que los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos; pero agregó una disposición que limitó e hizo ilusorio este principio fundamental, al decir: "...pero serán responsables de las injurias o calumnias que profieren en el seno del Parlamento".
Es evidente que esta disposición del decreto ley Nº 425 ha sido clara y terminantemente derogada por nuestra Carta Fundamental de 1925. Para demostrarlo, basta decir que el decreto ley Nº 425 se dictó el 26 de mayo de 1925 y que nuestra Carta Fundamental fue promulgada el 18 de septiembre del mismo año.
Sin embargo, por una absurda paralogización de la Judicatura, se ha seguido aplicando una disposición legal que ha sido derogada por la Constitución.
Sería largo leer o mencionar las sentencias de los Tribunales que ya han sentado jurisprudencia sobre este punto, pero, como he manifestado, se trata de una jurisprudencia vacilante y contradictoria. En la oportunidad a que he aludido, cité varios fallos, emitidos sobre la interpretación clara del precepto que consagra la inviolabilidad parlamentaria, para demostrar cómo ellos han sido contradictorios. No creo oportuno repetirlos ahora.
Después, refutamos al Honorable Diputado don Edmundo Eluchans, quien invocó el testimonio contrario de algunos tratadistas de Derecho Público.
Dijimos: "Ahora bien, respecto a la doctrina constitucional, hace un instante el Honorable señor Eluchans, al citar a uno de nuestros más respetables tratadistas, don Guillermo Guerra, decía que este constitucionalista sostenía una tesis contraria a la inviolabilidad absoluta de los parlamentarios".
Esto que informaba el Honorable señor Eluchans es efectivo, en cierta parte nada más. En efecto, en la página 212°, del texto que mencionaba el Honorable señor Eluchans, el señor Guerra dice: "La Reforma del año de 1925, realizada en momentos excepcionalmente delicados de nuestra vida política, no pudo extenderse hasta donde debiera, y hubo de limitarse a lo más hacedero, procurando, no despertar resistencias muy considerables".
Abundamos sobre el pensamiento del profesor Guerra, y terminamos invocando la autorizada opinión de otros tratadistas estudiosos, como don Alcibíades Roldán, y la del distinguido y prominente miembro del Partido Conservador, don Carlos Estévez, quienes afirman que "la esencia de la inviolabilidad parlamentaria consiste, precisamente, en que sea justa".
Para terminar, deseo expresar que nuestro partido ha dejado en libertad de acción a sus parlamentarios, a fin de que cada cual juzgue la importancia de esta indicación renovada. Por mi parte, cualquiera que sea el resultado de la votación, especialmente ahora en que las condiciones políticas han cambiado para nosotros, me sentiré satisfecho por haber mantenido lo que dije como Diputado de Oposición, en sesiones memorables, cuando discutimos a fondo la defensa y permanencia de normas constitucionales de Derecho Público, que son consubstanciales con el digno, libre y valioso ejercicio de la función parlamentaria.
Nada más.
El señor VIDELA.-
¿Me permite la palabra, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Lamentablemente, está agotado el tiempo del Comité de Su Señoría.
Dentro del tiempo del Comité Democrático Nacional, puede continuar el Honorable señor Buzeta.,
El señor BUZETA.-
Señor Presidente, después de las explicaciones dadas por el Honorable señor Isla, aún me asaltan dudas sobre el procedimiento que podría seguir un particular modesto para defenderse de las injurias que profiera en su contra un parlamentario fuera del recinto del Congreso El particular de poderosos recursos económicos, que sea injuriado fuera de este recinto, va a tener todas las oportunidades para defenderse: podrá venir a la Cámara, hacer presentaciones, pagar inserciones en los diarios y aclarar todos los cargos o denuncias que se hagan en su contra.
No estoy pensando en los actuales Honorables Diputados, a los que conozco en su mayoría y sé que con sus procedimientos y expresiones no irán más allá de denunciar y dar a conocer hechos que juzguen ciertos. Pero como estamos ante una reforma constitucional que regirá para el futuro, no sabemos lo que más adelante puede pasar. Pienso en la gente modesta, en los dirigentes de Juntas de Vecinos, en fin, en tanta gente humilde, a la que, en un arrebato extremo, algún parlamentario puede ofender. ¿Cómo se va a defender este ciudadano? ¿Tendrá oportunidad de hacer sus descargos en la Cámara? ¿Podrá disponer de los medios de .publicidad para defenderse? ¿Quedará en una indefensión total ante las expresiones que en un momento de arrebato, de pasión política, algún parlamentario diga contra él?
Por eso, así como la Cámara desea velar por los derechos de los parlamentarios, también debe resguardar los de los ciudadanos.
El señor ARAVENA (don Jorge).-
No se ha dado el caso...
El señor BUZETA.-
Concedo interrupción al Honorable señor Aylwin y, en seguida, al Honorable señor Lavandero.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Aylwin; y, a continuación, el Honorable señor Lavandero.
El señor AYLWIN (don Andrés).-
Señor Presidente, el artículo 32 de la Constitución Política en actual vigor dispone, textualmente, que "los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos".
¿Qué significa esta inviolabilidad? Una cosa muy sencilla: que los parlamentarios, mientras estemos en el desempeño de nuestros cargos, podemos cometer delitos en contra del honor de otras personas, sin que seamos sancionados.- En síntesis, significa que en el Parlamento se puede injuriar, calumniar y difamar sin que exista responsabilidad penal; o sea, los parlamentarios somos inmunes, desde el punto de vista delictual. Este es el sentido exacto de la inviolabilidad establecida en el artículo 32.
Ahora se quiere extender esta inviolabilidad a las actuaciones del parlamentario fuera del Congreso. Y yo me pregunto; ¿por qué razón existe esta inviolabilidad dentro del Parlamento? Por motivos muy precisos, porque el parlamentario debe poder actuar con absoluta independencia y, además, porque los derechos de los terceros se encuentran perfectamente garantizados por los propios Reglamentos de las Cámaras.
El señor TEJEDA.-
¿Me permite una interrupción. Honorable colega?
El señor AYLWIN (don Andrés).-
Ya voy a terminar mi argumentación.
Digo que el congresal que injurie, calumnie o difame es objeto de las sanciones contenidas en los Reglamentos de las Cámaras; y como esa injuria, calumnia o difamación no sale al exterior en las versiones oficiales de ambas ramas del Congreso, el delito, en esta forma, queda reducido al propio recinto del Parlamento.
El señor TEJEDA.-
¿Me permite una interrupción?
El señor AYLWIN (don Andrés).-
No puedo, porque estoy haciendo uso de una interrupción.
El señor BALLESTEROS (Presidente). -
Puede continuar Su Señoría.
El señor AYLWIN (don Andrés).-
A mi juicio, extender esta inmunidad a las actuaciones de los parlamentarios fuera del recinto del Congreso es atentar contra lo esencial de la democracia, que fundamentalmente supone igualdad entre todos los ciudadanos. Por eso, si en una concentración un poblador, ejemplo que ponía el Honorable señor Buzeta, un obrero o campesino hace ciertas afirmaciones en tono violento, y después un parlamentario dice lo mismo, no puedo concebir que éste quede impune y los otros sean sometidos a proceso criminal. Esto, a mi juicio, constituiría un privilegio y no un derecho.
Con su indicación, mi estimado colega José Isla, pretende subsanar la situación de los terceros afectados, otorgándoles el derecho de que sus desmentidos sean publicados en la versión oficial de los debates de ambas ramas del Congreso. Muy poco significado tendrá esta publicación para la persona que ha sido injuriada, calumniada o difamada por un parlamentario en una concentración pública, o a través de la radio. Agrega la indicación que ese ciudadano común deberá hacer su desmentido "en términos respetuosos." Es decir, el parlamentario puede injuriar, calumniar o difamar, pero el hombre simple y común tiene que desmentirlo "en términos respetuosos."
He leído todas las Constituciones más importantes, -puede que se me haya escapado alguna-, pero hasta ahora no he encontrado ni en las europeas, ni en las de Asia, África o América, ni un solo caso en que se extienda esta inviolabilidad fuera del recinto del Congreso o de sus Comisiones, es decir, más allá del desempeño estricto de las funciones parlamentarias.
Dejo claramente establecido que no se puede confundir la inviolabilidad con el fuero parlamentario, establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que dice: "Ningún Diputado o Senador, desde el día de su elección, puede ser acusado, perseguido o arrestado, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva, en Tribunal Pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar la formación de causa. De esta resolución podrá recurrirse ante la Corte Suprema." Este fuero se mantiene íntegro, porque no ha tenido modificaciones en este proyecto de reforma.
Por ello los casos aquí citados no tienen relación alguna con la indicación. Cuando un policía detiene arbitrariamente a un parlamentario, no se atenta contra la inviolabilidad de éste, sino contra el fuero, porque no puede ser detenido, sino en las condiciones excepcionales y que señala expresamente el artículo 33 de la Constitución Política, precepto qué no está en juego en este momento.
Por las razones que he expuesto, los miembros de la Democracia Cristiana de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia rechazamos la indicación formulada por nuestro amigo y camarada José Isla. Al proceder en esta forma, creemos, sinceramente, que estamos velando por el prestigio del Parlamento, que sabemos tiene muchos enemigos y, a menudo, es criticado injustamente por la opinión pública.
Tenemos el convencimiento de que, si ahora agregamos esta nueva inviolabilidad en favor de los parlamentarios, aparecería ella como un privilegio, en desprestigio del Parlamento, lo que, a mi juicio, es profundamente inconveniente.
Por ello votaré en contra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Buzeta.
El señor BUZETA.-
He concedido una interrupción al Honorable señor Lavandero.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, como Diputado de Gobierno voy a sostener ahora, con el mismo calor con que lo hice cuando fui Diputado de Oposición, mis principios sobre esta materia.
El Gobierno anterior pidió el desafuero de doce señores Diputados por declaraciones que hiciéramos como Comité de esta Corporación. En ese momento, el Diputado que habla era titular del Comités. Ni siquiera estaba en Santiago cuando se formularon dichas declaraciones. Sin embargo, al Presidente y al Vicepresidente de ese Comité, don Esteban Leyton, se nos condenó a 260 días de relegación. Luego se nos remitió esta pena y quedamos sujetos a la vigilancia del Patronato de Reos. Durante el proceso, no aceptamos la excarcelación. Pudimos haber pagado la pequeña suma de cincuenta mil pesos para salir en libertad bajo fianza, pero no lo hicimos, por defender nuestras prerrogativas dentro del Parlamento. Por esa razón, preferimos no pagar la fianza y quedar presos en la cárcel, para que la opinión pública advirtiera las inconsecuencias de ese Gobierno, al perseguir no ya a un Diputado, sino que a doce parlamentarios.
Otro Gobierno aún más irresponsable o cegado por la posión política pudo haber encarcelado a 20 o más; en fin, a los que hubiere necesitado privar de su fuero para lograr una determinada mayoría en la Cámara.
Por eso, si bien es grave que una persona cuya honra ha sido afectada por la intervención de un parlamentario, no pueda contestar, mucho más peligroso es que a un Gobierno le sea posible, recurriendo a subterfugios y triquiñuelas como ocurrió en esa oportunidad, cambiar las mayorías en el Congreso. En el primer caso, se perjudica a una persona; en el segundo, al país entero. En relación con este artículo nuevo que se propone agregar a continuación del 32, señalaré un hecho aún más grave. La Justicia es sensible al Poder Ejecutivo. En cada oportunidad en que ha debido pronunciarse sobre desafueros y querellas, las opiniones y, sentencias del Poder Judicial, han sido diferentes, según que los inculpados sean parlamentarios de Gobierno o de Oposición. Por eso, no puede dejarse al libre arbitrio de los Tribunales la interpretación de una cuestión tan fundamental para la democracia. De ahí que crea, y lo estoy sosteniendo en esta oportunidad...
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
¿Me permite, señor Diputado? El Honorable señor Buzeta desea recuperar el uso de la palabra.
El señor LAVANDERO.-
Ruego al Honorable colega me permita terminar mis observaciones.
El señor BUZETA.-
Por dos minutos más, con mucho gusto.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SILVA ULLOA.-
El Comité Socialista le concede cinco minutos de su tiempo. Honorable colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, agradezco la gentileza que ha tenido el Comité Socialista. Creo que ésta es una cuestión de conciencia. Como estoy absolutamente convencido de lo que digo, voy a votar a favor de la indicación, a menos que mi partido me dé orden en contrario, en cuyo caso tendría que acatarla. Desde que, hace ochos años, llegué a la Cámara de Diputados, he luchado por estas ideas, porque las llevo profundamente arraigadas en mi espíritu. Y no porque hoy día sea Diputado de Gobierno voy a dejar de defenderlas con el mismo calor que cuando era parlamentario de Oposición. Creo que el desafuero por la expresión de opiniones políticas es una de las medidas más odiosas y antidemocráticas, y pone en peligro la estabilidad de nuestra democracia.
En esa oportunidad, el Poder Judicial no se atrevió a condenar a los doce parlamentarios, porque se realizaba una conferencia interparlamentaria. Toda América Latina repudió esa persecución. Sin embargo, el Poder Judicial quería responder a la petición que le había hecho el Ejecutivo. Hay que decir estas cosas con claridad. No condenó a los doce Diputados, sino que solamente a dos de ellos. No sé si lo hizo por sorteo o por alguna razón especial. Insisto en que yo no me encontraba en Santiago cuando se publicó ese documento, ni lo firmé, y así lo declaré. Era el Presidente titular de un Comité, y como tal fui condenado. Con el entonces colega don Esteban Leyton, pasamos 21 días en la cárcel, para no claudicar de nuestros principios y demostrar a la opinión pública que no nos amedrentaban el Gobierno ni el Poder Judicial.
Por esta razón, he querido levantar mi voz para defender un principio con el mismo calor con que lo hice cuando fui Diputado de Oposición. Sé que las mayorías son transitorias, pero la democracia es y debe ser permanente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Corresponde votar la indicación renovada, que consiste en agregar un artículo nuevo, a continuación del actual artículo 32 de la Constitución Política del Estado.
Se ha pedido votación nominal.
Si le parece a la Sala, se aprobará la petición.
Acordado.
-En votación la indicación renovada.
-Durante, la votación:
El señor FUENTES (don Raúl).-
Me abstengo, señor Presidente, por la misma razón que expuse en la Comisión.
El señor GODOY URRUTIA.-
Pido la palabra para fundar mi voto.
El señor BALLESTEROS (Presidente). -
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos minutos.
El señor GODOY URRUTIA.-
Estoy autorizado por mi Comité para hacerlo, señor Presidente.
Hemos escuchado en la mañana de hoy los argumentos en pro y en contra de la proposición que votamos en este instante llamada a proteger en todos los niveles el fuero parlamentario. Se han citado precedentes y hechos dignos de ser tomados en cuenta.
Pero he pedido la palabra -me acojo al derecho de fundamentar mi voto- para referirme a un caso que, aunque me afectó personalmente, es digno también de ser considerado, pues en un momento dado, pesan sobre un Parlamento presiones exteriores que suelen desvirtuar la independencia y menoscabar la dignidad de los parlamentarios.
En un período pasado, siendo Diputado en ejercicio, viajé por avión hacia Uruguay. La policía argentina hizo detener la- máquina en Mendoza, donde fui arrestado y conducido a la policía nacional, en la cual permanecí durante varios días prácticamente incomunicado. A no mediar un gesto valiente de un paisano argentino que entró a sacar un documento de identidad, no sé cuántos días habría permanecido en esa situación; pero él se comunicó- - con un abogado argentino, amigo y cama- rada mío. Este presentó un recurso de "habeas Corpus" a la justicia de Mendoza y, después de algunos días, como digo, recuperé la libertad, pero fui devuelto a Chile.
¿Qué actitud tuvo el Congreso Nacional, que supo por telegrama y por la prensa la situación que me afectaba?
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Qué se le prorrogue!
El señor ZEPEDA.-
Que se le prorrogue el tiempo, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
El Reglamento concede 2 minutos a cada Diputado que designe el respectivo partido; y 5 minutos, a cada Comité.
El señor MILLAS.-
Los Diputados pueden ocupar hasta 3 minutos, según el artículo 163 del Reglamento. Es decir, pueden disponer de un minuto, además de los 2 que se señalan en el mismo artículo...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
El Reglamento establece que los Diputados de cada partido, hasta un máximo de tres,, pueden disponer de 2 minutos cada uno.
El señor GODOY URRUTIA.-
El Comité me ha cedido el tiempo!
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
No se puede conceder individualmente a un Diputado el tiempo que el Reglamento asigna a cada Comité, porque es nominativo y corresponde al Comité respectivo.
El señor MILLAS.-
El artículo 163 dispone que "en la votación nominal sólo podrán fundar el voto por espacio de cinco minutos, cada uno de los Comités o, en su defecto, las Diputados del respectivo partido que éste designe hasta un máximo de tres y por dos minutos cada uno "
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Exactamente. Tres Diputados de cada partido, tienen derecho a dos minutos. Es lo que ha señalado la Mesa.
El señor MILLAS.-
Efectivamente, así es.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
En este caso, el Honorable señor Godoy Urrutia ya ha hecho uso de los 2 minutos que le concede el Reglamento.
Honorable señor Godoy Urrutia, ¿cuántos minutos más necesita Su Señoría?
El señor GODOY URRUTIA.-
Uno o dos minutos, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo del Honorable señor Godoy Urrutia, por 2 minutos más.
Acordado.
Pide usar de este derecho Su Señoría.
Señor GODOY URRUTIA.-
¿Qué actitud, oficial o colectiva, adoptó la Honorable Cámara durante aquel ingrato episodio?
Ninguna.
¿Qué actitud adoptó el Gobierno? ¿Acaso se hizo presente siquiera un Cónsul chileno, ante la policía argentina, para ayudar a proteger a un parlamentario de su país? No, señor Presidente.
Suceden situaciones y períodos de hechos vergonzosos, en que, a veces, el último asilo de la dignidad y de la independencia ni siquiera se puede encontrar en un Parlamento.
En este momento no se trata de establecer un fuero parlamentario que pueda ser respetado en el extranjero. Pues bien, sabemos que si en nuestro país no se respeta a determinados sectores políticos, a ciertos grupos de Oposición, tampoco es posible esperar un mínimo de deferencia hacia algún personero de ese grupo fuera de las fronteras.
En consecuencia, por el prestigio de la Honorable Cámara, y porque las circunstancias son absolutamente cambiantes, creo conveniente introducir en la Constitución Política del Estado una disposición que ampare el derecho de los parlamentarios para expresar sus opiniones en el recinto del Congreso o fuera de él, con la responsabilidad correspondiente.
Nada más.
La señora LAZO.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos minutos.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, quienes venimos del seno de la clase obrera, quienes hemos conocido la cárcel y hemos estado relegados, pensamos que, cuando se representa honradamente al pueblo, como dijera denantes el Honorable señor Isla, o sea, cuando se ha sido exaltado a esta Cámara no por la fuerza del cohecho, sino que como corolario de una vida entera dedicada al servicio de los trabajadores, es muy justo que se tenga el derecho a expresar, en todas partes, el pensamiento del pueblo, al cual se representa. Nosotros defendemos apasionadamente este derecho.
Por eso, porque nuestra voz es la del pueblo trabajador, nosotros apoyamos decididamente la indicación que ha sido renovada esta mañana.
Muchas gracias.
El señor NAUDON.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos minutos.
El señor NAUDON.-
Señor Presidente, los Diputados radicales votaremos favorablemente la indicación formulada' por el Honorable señor Isla, porque nuestro partido siempre ha sido partidario de extender la inviolabilidad parlamentaria a las opiniones que se emitan fuera del recinto del Congreso.
En cuanto a la cita general hecha por Honorable colega señor Aylwin en el sentido de que ninguna legislación contempla la inviolabilidad por las opiniones emití-das fuella del recinto del Parlamento, me permitiré leer la siguiente disposición de la Constitución de la República Federal Alemana. Dice: "Artículo 46.- Los Diputados no pueden, en ningún momento, ser perseguidos judicialmente o disciplinariamente por los votos que han emitido o por las palabras que han pronunciado en el seno de la Dieta federal o de una de sus Comisiones. De ninguna manera tendrán que responder fuera de la Dieta".
La única excepción a esta extensión de la inviolabilidad es la responsabilidad que pueda caber al parlamentario por los delitos de difamación e injurias, en lo que difiere de la indicación de nuestro Honorable colega señor Isla.
Hay muchos delitos, especialmente aquéllos configurados en la Ley de Seguridad Interior del Estado u otras de tipo represivo, que no son propiamente calumnias o difamaciones, de cuya responsabilidad hay que dejar a salvo al parlamentario. No tenemos ningún inconveniente para que el parlamentario, sea Diputado o Senador, responda por los delitos de calumnia o injuria cometidos fuera del recinto del Congreso, pero únicamente en este caso.
Por eso, aprobaremos la indicación del Honorable señor Isla.
El señor OSORIO.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos minutos.
El señor OSORIO.-
Señor Presidente, los Diputados socialistas estamos votando afirmativamente la indicación presentada por nuestro Honorable colega señor Isla, porque estamos convencidos de que el parlamentario debe tener fuero para expresar libremente, en cualquier lugar u ocasión, las opiniones formuladas en el seno de esta Corporación.
Hemos escuchado al Honorable colega Lavandero explicar lo que le sucedió, como Comité del Partido Democrático "Nacional, por haber entregado una declaración, que previamente fue leída en este hemiciclo.
Fuera de ése, tenemos otros casos, como el de nuestro compañero de partido, Honorable colega Mario Palestro, a quien, cuando fue a reclamar a una comisaría de la comuna de San Miguel, lo detuvieron y mantuvieron cerca de un raes en la cárcel, para decirle, al final, que no había cometido ningún delito.
También podemos citar lo ocurrido al Honorable colega señor Rosales, quien denunció en esta Honorable Cámara algunos préstamos que la Corporación de Fomento de la Producción había otorgado a varios terratenientes de la provincia de O'Higgins, cuyos nombres dio. Con posterioridad la denuncia fue comprobada con documentos de la propia Corporación de Fomento. Los campesinos de la zona que él representa le solicitaron que explicara en una concentración...
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
¿Me permite. Honorable Diputado?
El señor OSORIO.-
... lo explicó y también...
El señor BALLESTEROS (Presidente). -
Ha terminado el tiempo que le concede el Reglamento.
El señor OSORIO.-
Por estas razones, voto que sí, señor Presidente.
El señor PALESTRO.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos minutos, dentro del último tiempo de su Comité.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, la verdad es que los parlamentarios que actuamos en la trinchera popular estamos expuestos a todo tipo de atropellos a nuestro fuero.
Yo me acuerdo que, en aquel 2 de abril de 1957, fui acusado ¡ de querer apoderarme de una Comisaría de Carabineros en Santiago!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.-
Me detuvieron...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.-
Estuve preso más de un mes; y desaforado cerca de un año, y más encima, los personeros oficiales del. Gobierno de aquel tiempo, pedían a los Tribunales de Justicia que me aplicaran la pena de tres años y un día, por infracción a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
Posteriormente, quedó aclarado todo y volví a la Cámara a ejercer el cargo que el pueblo me había entregado.
Posteriormente, intervine en una huelga de "Sumar", porque los trabajadores piden apoyo a los parlamentarios que tenemos responsabilidad, apreciamos al pueblo y, sobre todo, sabemos responder, en el momento que corresponde, al hombre o la mujer que nos ha traído a la Cámara. No se trata de ir a discursearles en vísperas de elecciones y después alejarse, esconderse de las personas que lo han hecho a uno parlamentario.
Lo mismo me ha ocurrido en las múltiples tomas de terrenos ilegales o como sean, porque los trabajadores recurren a todos los parlamentarios de su distrito, de cualquier color político, no sé si desgraciada o felizmente; pero, somos sólo nosotros, los parlamentarios populares, lo que respondemos a esos llamados. Por eso somos catalogados de subversivos, o agitadores y se nos acusa de ponerle dificultades al Gobierno. Así ha sucedido en el caso típico de los pobladores de Santa Adriana. Todos los parlamentarios del distrito han sido llamados por esas pobres familias amontonadas en la Gran Avenida y en el cuartel de bomberos de la población Santa Adriana, pero desafortunadamente, sólo dos Diputados hemos acudido a ayudarlos.
El señor FERNANDEZ.-
¡No es así!
El señor CORREA.-
No es cierto!
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
¿ Me permite, Honorable señor Palestro ? Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor PALESTRO.-
Por eso, voto que sí.
El señor ROSALES.-
Para que se nos haga justicia, voto que sí.
El señor SANHUEZA.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SANHUEZA.-
Señor Presidente, votaré favorablemente esta disposición porque, además, de las razones que aquí se han dado, me asiste la completa seguridad de que ningún Diputado hará uso de ella para injuriar a nadie, ni menos para atentar contra la honra ajena. Estoy cierto de que todos los parlamentarios la emplearán sólo para fiscalizar y ejercer el mandato que el pueblo les otorgó.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Muy bien!
-Aplausos en la Sala.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos minutos.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).-
Señor Presidente, nosotros somos, en política, producto de una nueva concepción, pero respetuosos del derecho. Este Gobierno está próximo a cumplir su primer año de mandato y ha demostrado especial cuidado en respetar a todos y a cada uno de los ciudadanos.
Luego de escuchar la fundación del voto del Honorable Diputado señor Palestro, por las mismas razones que dio, voto que no.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SOTA.-
Pido la palabra.
EL señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos minutos.
El señor SOTA.-
Señor Presidente, para que actitudes como la del Senador Pedro Ibáñez, que desde Valparaíso ha injuriado gratuitamente...
El señor ZEPEDA COLL.-
¡El ha sido injuriado!
El señor SOTA.-
... al gremio de periodistas, no queden impunes, y porque me basta usar la verdad como único escudo de mis actos, sea como simple ciudadano o como-parlamentario, voto que no.
El señor SOTOMAYOR.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente). -
Está agotado el tiempo de que dispone el Comité Demócrata Cristiano, de acuerdo con el artículo 163 del Reglamento.
El señor TEJEDA.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos minutos.
El señor TEJEDA.-
Señor Presidente, ya hemos dado las razones que tenemos para votar favorablemente esta indicación.
Sin embargo, a quienes, como el Honorable señor Buzeta, piensan que ella puede dejar en la indefensión a los terceros o permitir que se les injurie impunemente, quiero advertirles que la indicación del señor Isla no suprime el actual artículo 32 de la Constitución, o sea, se refiere siempre a las opiniones que manifiesten y a los votos que emitan los parlamentarios en el desempeño de sus cargos, o, en otras palabras, a sus actuaciones relacionadas con los problemas públicos. De ninguna manera queda impune el parlamentario en los casos de injurias privadas, que nada tengan que ver con la función pública.
En seguida, debo hacer presente que esta disposición se basa en una presentada, en los mismos términos, por el Honorable señor Ballesteros, hace un par de años.
Por último, deseo refutar una afirmación del Honorable señor Aylwin. El ha dicho que la Constitución consagró esta amplitud de derecho dentro de la Sala, porque los Reglamentos ponían ciertos atajos al parlamentario. La verdad es que la Constitución es casi medio siglo anterior a los Reglamentos.
Voto que sí.
El señor VALENTE.-
Porque fui siete veces desaforado, voto que sí.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).-
Señor Presidente, el Honorable señor Buzeta me ha concedido una interrupción para fundar mi voto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para que el Honorable señor Ricardo Valenzuela pueda hacer uso de la interrupción que se le ha concedido.
Acordado.
Tiene la palabra Su .Señoría.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).-
Muchas gracias.
Señor Presidente, la inviolabilidad del parlamentario debe ser clara y definida, jamás objeto de .dudas de ninguna naturaleza. En la defensa del pueblo, lo fundamental es tener en el fondo de la conciencia, la absoluta certidumbre de que se está defendiendo algo justo. No es posible que los intereses que sean heridos en defensa de la clase trabajadora se movilicen, como todos lo sabemos muy bien, para llevar incluso a la cárcel a quienes tenemos la investidura del pueblo. La democracia exige el prestigio de la función parlamentaria. La inviolabilidad del representante del pueblo, que jamás puede ser discutida, debe tener clara y definida expresión en la Constitución Política del Estado.
Por eso, voto que sí.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡ Muy bien!
-Aplausos en la Sala.
El señor VIDELA.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Su Señoría no tiene derecho a fundar su voto, porque se agotó el tiempo de este Comité, como ya lo advirtió la Mesa.
El señor VIDELA.-
Porque no deseo pertenecer a una casta privilegiada, voto que no.
El señor ZEPEDA COLL.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos minutos.
El señor ZEPEDA COLL.-
Señor Presidente, soy partidario de dar la mayor amplitud, incluso fuera del retinto del Congreso, a la inviolabilidad de Senadores y Diputados establecida en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado. Pero también estoy de acuerdo en que se delimite esta amplitud y se especifique a qué tipo de observaciones y opiniones se refiere. Asimismo para que terceras personas no puedan ser objeto de injurias o calumnias, estimo que debe quedar claramente establecido su derecho a defensa, en igualdad de condiciones con los parlamentarios.
No me opongo a que se legisle sobre esta materia, pero creo que la redacción de la indicación que en este instante conoce la Honorable Cámara no es precisamente la más conveniente, ni la más adecuada, porque da margen a la comisión de abusos y delitos. Considero, sí, que en lo que se refiere a las opiniones y a los votos, no debería proceder la suspensión del fuero parlamentario cuando se procesa a un parlamentario, sino cuando hay condena por sentencia firme ejecutoriada. .
Por esas razones, los Honorables Diputados señores Ochagavía y Gustavo Lorca y el que habla votaremos en contra de esta indicación.
El señor OCHAGAVIA.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.-
Señor Presidente, el Honorable señor Zepeda Coll ha señalado nuestra posición sobre la materia en debate. He querido usar del derecho a fundar mi voto, que ya se ha anunciado negativo, para decir que las expresiones del Honorable señor Sota, de crítica a los planteamientos que un Honorable Senador ha hecho desde la alta Tribuna del Senado...
El señor SOTA.-
No fue en el Senado, Honorable colega. Pida la versión.
El señor OCHAGAVIA.-
... y en la provincia que representa, no corresponden...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ZEPEDA COLL.-
Si el Honorable señor Sota desea una interrupción, se la concedo, con la venia de la Sala.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor BALLESTEROS. (Presidente).-
Puede continuar Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.-
En el día de ayer señalaba la situación que se está creando en el país debido al espíritu "monopolizador de los medios de expresión que evidencia el Ejecutivo. Esto es un hecho indiscutible.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor OCHAVIA.-
Yo quiero llamar la atención de la prensa, la radio y al periodismo de nuestro país...
El señor PALESTRO.-
Sin atacar a los periodistas.
El señor OCHAGAVIA.-
... sobre el peligro que significa el hecho de que los medios de difusión lleguen a ser "monopolizados" por el Gobierno. Por estas razones, destaco que cierta prensa, como el diario...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
Un señor DIPUTADO.-
¿Me concede una interrupción?
El señor OCHAGAVIA.-
No puedo conceder interrupciones.
Señor Presidente, ni siquiera se está ejercitando el derecho de criticar y señalar los errores que el Ejecutivo está cometiendo, a nuestro juicio.
Por estas razones, encuentro fuera de ocasión las argumentaciones del Honorable señor Sota, en orden a fundar su voto negativo a esta disposición. Yo también votaré que no, pero por las razones que ha dado el Honorable señor Zepeda Coll.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
-Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 3 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores : Acevedo; Acuña; Agurto, Alvarado; Allende, doña Laura; Arancibia; Aravena, don José Andrés; Aravena, don Jorge; Barrionuevo ; Basso; Cabello; Cademártori; Camus; Canales; Cantero; Carvajal; Castilla; Cerda, don Carlos; Cerda, don Eduardo; Clavel; Coñuepán; Corvalán; Daiber; De la Fuente; De la Jara; Demarchi; Dip, doña Juana; Enríquez, (Doña Inés; Escorza, Fuentealba; Fuentes, don Samuel; Galleguillos;. Garcés; Godoy; Guajardo; Gusta vino; Hurtado, don Patricio; Ibáñez; Iglesias; Irureta; Isla; Jaque ; Jaramillo; Jarpa; Jerez; Koenig; Lavandero ; Lazo, doña Carmen; Lorenzini; Maira; Maluenda, doña María; Marín, doña Gladys; Martín; Meló; Millas; Momberg; Montes; Morales, don Carlos; Morales, don Raúl; Naranjo; Naudon; Olave; Olivares; Osorio; Palestro; Papic; Parra; Pereira; Poblete; Pontigo; Ramírez; Rioseco; Robles; Rodríguez, don Manuel; Rodríguez, don Juan; Rosales; Ruiz-Esquide.; Saavedra, doña Wilna; Sanhueza; Santibáñez; Sbárbaro; Sepúlveda, don Francisco; Silva, don Julio; Silva, don Ramón; Sívori; Sotomayor; Stark; Tejeda; Téllez; Torres; Tuma; Urra; Valdés, don Manuel; Valente; Valenzuela, don Ricardo; Vega y Zorrilla.
Votaron por la negativa los Diputados:
Ansieta; Argandoña; Aylwin; Buzeta; Cardemil; Correa, doña Silvia; Fernández; Fuenzalida; Gajardo; Garay; Giannini; Hamuy; Hurtado, don Rubén; Lorca, don Gustavo; Lorca, don Alfredo; Monares; Montt; Mosquera; Muga; Ochagavía; Paluz, doña Margarita; Pareto; Penna; Retamal, doña Blanca; Rosselot; Sepúlveda, don Eduardo; Sota; Valdés, don Arturo; Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don Héctor; Videla; Werner y Zepeda.
Se abstuvieron los señores: Aguilera, doña María Inés, Ballesteros y Fuentes, don César Raúl.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Aprobada la indicación renovada.
-Aplausos en la Sala.
En discusión el artículo nuevo que se propone agregar a continuación del artículo 35 de la Constitución Política.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante. '
El señor HURTADO (don Patricio).-
señor Presidente, a continuación del 35, se propone agregar un artículo nuevo que fija las remuneraciones que percibirán Diputados y Senadores.
A este efecto, se ha (determinado que "los Diputados y Senadores sólo percibirán como dieta una cantidad equivalente al sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema y además, para gastos de representación y como única asignación complementaria por el desempeño de su cargo, una suma correspondiente al cincuenta por ciento de la dieta."
El precepto que comento tuvo su origen en una proposición del Ejecutivo que fue aprobada en los mismos términos, en el primer informe, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El mecanismo que se establece permitirá el reajuste automático de la dieta parlamentaria cada vez que se eleve el sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema. En esta forma se evitará dictar leyes especiales sobre la materia.
En el segundo informe se aprobó una indicación, formulada por la casi totalidad de los partidos aquí representados, para eliminar las palabras "y de secretaría", que figuraba en la proposición primitiva por estimarse que estos gastos no se relacionan con la remuneración personal del parlamentario.
Además de la explicación dada sobre el alcance de esta disposición, quiero agregar dos observaciones más. Quienes fuimos parlamentarios en el período pasado, asistimos al espectáculo, yo diría un poco bochornoso, del debate y comentario público, cada cierto tiempo, sobre este problema de la remuneración que perciben Diputados y Senadores.
Nosotros estamos reformando la Constitución para que los Poderes Públicos sean eficaces y, al mismo tiempo, gocen del mayor prestigio ante la ciudadanía. Tanto en el análisis de las modificaciones al artículo 29, como en el" estudio que durante toda la mañana de hoy hicimos de las enmiendas al artículo 31, nos inspiramos en el propósito de separar la función parlamentaria de cualquier otro tipo de actividades- que pudieran poner en tela de juicio el digno desempeño del mandato, que el pueblo nos ha encomendado.
En este momento recordamos las palabras de don Eugenio Ballesteros, actual Presidente de la Cámara, cuando se trató, hace algún tiempo, este asunto de la dieta parlamentaria. Manifestó, en esa oportunidad, la necesidad de legislar seria y definitivamente sobre este problema, de manera que pudiera debatirse ante la opinión pública, la cual, estamos ciertos, desea que el parlamentario pueda vivir ajeno a todo tipo de actividades financieras y económicas de carácter particular y no tenga injerencia en negocios u operaciones que permitan un enriquecimiento ilícito.
Por lo demás, sabemos lo que significa en nuestra vida privada y particular, el poder cumplir con dignidad la 'función parlamentaria.
Cuando esta disposición fue debatida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, escuchamos a muchos parlamentarios argumentar que, desde el momento en que son elegidos ven perjudicadas sus actividades profesionales particulares, e incluso, disminuido su "standard" de vida, con lo cual, muchas veces, arriesgan la estabilidad financiera de sus propias familias.
Personalmente, al igual que muchos parlamentarios, sufrí la tragedia de abandonar las actividades privadas. Pero esto debemos hacerlo,, no sólo para evitar cualquier asomo de duda en cuanto a que podríamos utilizar indebidamente nuestros cargos, sino también para destacar y comprobar cómo la dieta parlamentaria es muchas veces inferior a la renta de que gozábamos en la vida particular, gracias al desempeño de nuestras profesiones.
Considero -y por eso me he extendido un poco más en el análisis de esta enmienda- que nosotros debemos mostrar ante la opinión pública una vida límpida y clara.
El parlamentario necesita una renta que le permita cumplir sus funciones dignamente. Es, pues, absurdo pensar que este cargo representa una "canonjía" desde el punto de vista económico.
Ninguna de las personas que recibe el favor popular es un fracasado en la actividad que desempeñaba en la vida privada. Muchas veces llega al Parlamento, precisamente, porque ha triunfado en el medio en que le ha correspondido actuar. Y como reconocimiento hacia el individuo que se ha destacado, la ciudadanía le entrega su confianza para que intervenga en el proceso de formación de las leyes que la rigen. En consecuencia, es lógico presumir que tales individuos, antes de ser elegidos parlamentarios, han tenido una renta que les ha permitido vivir, dentro de ese medio, en un piano digno y decente.
Yo creo que las personas que ocupan altos cargos y que, por tal motivo, están colocadas como en una vitrina ante la opinión pública, tales como los Ministros y Subsecretarios de Estado, los Ministros de los Tribunales de Justicia, los más altos funcionarios de la Administración Pública y los parlamentarios, deben gozar de una renta compatible con el nivel de vida que están obligados a llevar, de acuerdo con la alta categoría de la función que están llamados a desempeñar. Sin embargo, estoy seguro de que, en la actualidad, los parlamentarios no reciben la renta que corresponde a esa jerarquía.
Estimo que la fórmula que se consagra como norma constitucional, a través de la enmienda en debate, descorre el velo que existía sobre esta materia y, al mismo tiempo, instituye un procedimiento justo para lograr un reajuste automático de la dieta de los parlamentarios, aplicable cada vez que se eleve el sueldo de los Ministros de la Corte Suprema.
Me he detenido especialmente en esta materia, que ya ha sido ampliamente debatida por la opinión pública, porque he creído indispensable dejar claramente establecido el espíritu que tuvo la Comisión al aprobar esta disposición.
El señor ZEPEDA COLL.-
Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zepeda; y, a continuación, el Honorable señor Valderrama.
El señor ZEPEDA COLL.-
Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con las expresiones que la Honorable Cámara ha escuchado al Honorable señor Hurtado, sobre el fundamento del reajuste para la dieta parlamentaria, propuesto en esta modificación.
Es evidente que, con motivo de esta reforma, que amplía las incompatibilidades y las inhabilidades parlamentarias, debe darse a los miembros del Congreso Nacional mayor holgura económica, a fin de que puedan cumplir con sus obligaciones y desempeñar su cargo con dignidad. Pero cabe hacer presente, además, otra clase de consideraciones respecto de la enmienda en debate.
Según ella, la dieta que percibirían los Senadores y Diputados sería igual al sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema, más el cincuenta por ciento da ese sueldo base como asignación complementaria. Por la forma como está redactado este artículo nuevo, el Poder Legislativo pierda un tanto su independencia; porque, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales en vigencia, quien tiene iniciativa para proponer proyectos de ley que fijen el monto del sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema, es, única y exclusivamente, el Poder Ejecutivo.
Además, la frase misma "sueldo base" puede dar margen a que, en el futuro, se cometan abusos. En, efecto, podrían aumentarse las remuneraciones complementarias o anexas al sueldo base, como la asignación de título, los quinquenios o cualquier otro tipo de emolumentos que no sea propiamente el sueldo base y, lisa y llanamente, mantenerse prácticamente congelado durante algún lapso, lo que impediría a los parlamentarios una renta justa.
Yo me permitiría proponer al señor Presidente que consultara a la Honorable Cámara sobre la posibilidad de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que debe reunirse, en un rato más, para tratar lo relativo a las inhabilidades o incompatibilidades parlamentarias, s e abocara al estudio de una nueva redacción de este artículo que se introduce en nuestra Carta Fundamental.
La idea consignada en esta disposición es perfectamente clara y justa; pero es conveniente darle ciertas precisiones en resguardo de la independencia del ejercicio de la función parlamentaria.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para postergar también la discusión de esta materia hasta el final del proyecto, y encomendar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la tarea de darle una redacción-distinta a la modificación propuesta.
¿Habría acuerdo para proceder de esta manera?
Acordado.
En discusión, por lo tanto, el artículo nuevo que se agrega a continuación del artículo 36 de la Constitución Política.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Señor Presidente, a continuación del artículo 36, se agregó otro nuevo, según el cual tanto la Cámara de Diputados como el Senado tendrán las Comisiones permanentes que determinen sus Reglamentos, las cuales estarán constituidas de manera que, en el conjunto de ellas, estén representados los partidos políticos y las opiniones en proporción al número de parlamentarios con que cuenten, en una y otra Corporación.
El precepto que comentamos da categoría constitucional a las Comisiones permanentes de ambas ramas del Congreso Nacional y determina la proporción en que estarán representados los Diputados y Senadores que integren los diversos partidos políticos, en el conjunto de ellas.
Nada más, señor Presidente.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor SILVA ULLOA.-
Había pedido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Perdón, Honorable Diputado. Solicito el asentimiento unánime da la Honorable Cámara para reabrir el debate, a fin de conceder la palabra al Honorable señor Silva Ulloa.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-
Señor Presidente, quiero expresar, en forma muy breve, que nosotros compartimos la idea que consagra el artículo nuevo, que se propone agregar al texto constitucional a continuación del 36, pero debemos hacer presente que, para que exista proporcionalidad en las Comisiones permanentes de la Cámara, tendrá que modificarse su actual estructura, ya que hay partidos políticos, que tienen sólo tres Diputados, que no están representados en todas ellas, como ahora se establece en este precepto. Por lo menos, así lo entiendo yo.
El señor FERNANDEZ.-
¿Me permite una interrupción. Honorable colega?
El señor GIANNINI.-
¿Me concede una interrupción?
El" señor SILVA ULLOA.- Con todo gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Honorable Diputado, ¿a quién ha concedido interrupción?
El señor SILVA ULLOA.-
Al Honorable señor Fernández, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.-
Señor Presidente, debo manifestar al Honorable colega que su pensamiento sobre este asunto es equivocado. El artículo nuevo propuesto establece que las Comisiones "estarán constituidas de manera que, en el conjunto de ellas, estén representados los partidos políticos y las opiniones". Por lo tanto, no es necesario que todos los partidos estén representados, de acuerdo con el número de Diputados que tengan, en cada Comisión, sino "en el conjunto de ellas". Me parece muy claro esto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-
He terminado, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, sé aprobará el artículo nuevo.
Acordado.
Habiéndose reunido el quórum constitucional, queda aprobada esta enmienda.
En discusión la modificación introducción en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable Diputado informante.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Señor Presidente, esta enmienda innova fundamentalmente en las bases establecidas en la Constitución vigente para la generación de la Cámara de Diputados. Yo informé ampliamente al respecto en el primer trámite de este proyecto, de suerte que ahora me referiré sólo a lo que se ha modificado por el segundo informe.
La primera modificación suprime la circunscripción de Isla de Pascua, que elegía un Diputado en su representación. La Comisión estimó conveniente diferir la resolución de esta materia par-a otra oportunidad, una vez que se hayan completado los estudios que la hagan aconsejable.
En seguida, la Comisión aprobó un precepto, como tercero de este artículo, que pone término a una situación irregular que existe desde hace bastante tiempo, en nuestro país, cual es la falta de aprobación de los censos generales de la población. Debido a ello, la Cámara de Diputados todavía se elige con arreglo al censo del-año 1930, aprobado por el D.F.L. N° 115, de 1931, que estableció' la existencia de 4.287.445 habitantes en el territorio nacional, en circunstancias que el censo de 1960 dio la cifra de 7.364.115 habitantes. El inciso aprobado dispone que, transcurrido un año de la realización de un censo general de población, éste se entenderá legalmente aprobado. Además, dice que "sus efectos en relación con la distribución por provincias de los miembros de la Cámara de Diputados se producirán en la primera elección ordinaria que tenga lugar."
Nada más, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-
Nosotros propusimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la idea que contiene este inciso tercero del artículo 37. Creemos que es inconveniente que siga repitiéndose lo que ha ocurrido hasta ahora, que la determinación del número de Diputados y su distribución se hagan en conformidad con los resultados del censo realizado en 1930, como lo ha informa-' do el Honorable colega Hurtado. Pero este inciso, según mi entender, tiene relación con el inciso tercero del artículo 101 de la Constitución, que no ha sido modificado, según el cual "en las ciudades de más de cien mil habitantes y en las otras que determine la ley, el Alcalde será nombrado por el Presidente de la República". Sobre esto no se ha formulado indicación. La verdad es que esa modificación al artículo 37 se trató en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cuando se estudiaba el proyecto en su segundo trámite, y, naturalmente, al ser aprobada, va a tenar vigencia. De otra manera, ésta habría sido una indicación que habría muerto en la misma Comisión.
Como la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tiene ya que resolver dos problemas que se han planteado -por lo menos, en la mente del Diputado que habla no existe el propósito de impedir o dificultar esta facultad del Presidente de la República para nombrar los Alcaldes de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar- creo que podría también la Cámara autorizarla para que se abocara al estudio de una modificación de este artículo 101, dejando establecido que la facultad del Presidente de la República para nombrar alcaldes se refiere a las ciudades señaladas y a otras que determine la ley. En esas condiciones, no habría ningún problema y se mantendrían las mismas condiciones actuales.
Deseo que, en el momento oportuno, se recabe el asentimiento unánime de la Sala para esto.
Nada más, señor Presidente.
El señor TEJEDA.-
Pido la palabra.
El señor KOENIG.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda, y, a continuación, el Honorable señor Koenig.
El señor TEJEDA.-
Señor Presidente, nos encontramos constreñidos, por una situación reglamentaria, a votar en- contra del artículo 37 que se propone en reemplazo del vigente, en la forma que aparece en este segundo informe. Nosotros estamos por el texto aprobado en el primer informe. Es cierto que, segundo texto, se agrega una idea bastante positiva, cual es la aprobación de los censos, pero, desgraciadamente, se elimina la indicación que tendía a crear la circunscripción de Isla de Pascua. En esta situación, estimamos más importante dar representación a Pascua que obtener que constitucionalmente se dé valor a los censos.
Los diarios acaban de publicar la hazaña del Manutara al unir, nuevamente, por el aire, dicha isla con el continente, y se estudia la posibilidad de establecer una línea aérea permanente; sin embargo, pese al hecho da haber sido aprobada primero la indicación en la Comisión, después se ha echado pie atrás, no sabemos por qué razón, y se deja sin efecto la idea de crear la circunscripción de Isla de Pascua.
En esta circunstancia, votaremos en contra del texto del artículo 37 aprobado en el segundo informe, en el entendido de que lo haremos en favor del que venía en el primer informe.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Koenig.
El señor KOENIG.-
Concedo una interrupción al Honorable señor Fernández, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.-
Señor Presidente, la modificación al artículo 37 de la Constitución Política, que hoy se propone a la Honorable Cámara, es, a nuestro entender, de trascendental importancia, porque se refiere a la integración de una de las ramas del Congreso Nacional. Va a solucionar una situación manifiestamente injusta, cual es la falta de representación proporcional en nuestra democracia.
Hasta el presente, de acuerdo con el artículo 37 de la Carta actual, la Cámara de Diputados se compone de miembros elegidos por los departamento o por las agrupaciones de departamentos colindantes, dentro de cada provincia que establezca la ley, eligiéndose un Diputado por cada treinta mil habitantes y por una fracción que no baje de quince mil. Y está reconocida la población existente en el país en el año 1930, por decreto 115 de 1931. Es decir, la configuración de la Cámara de Diputados corresponde al número de habitantes que había en Chile en 1930. Y, lo que es más importante todavía, corresponde a la distribución que los habitantes tenían ese año. No se ha tomado en cuenta el aumento vegetativo de la población, ni menos aún los movimientos migratorios del país, que han configurado hoy día, por ejemplo, una realidad habitacional completamente distinta.
Ocurre, entonces, que en el país hay, en la práctica, si así pudiera decirse, ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría; porque en algunas circunscripciones basta que se junten dos o tres mil electores para que puedan enviar un representante al Parlamento; sin embargo, en otras, como sucede en el Segundo y el Tercer Distrito de Santiago, en Valparaíso y Concepción, se requiere actualmente la voluntad de más de veinte o treinta mil ciudadanos, para el mismo objeto. Por eso, digo que existen actualmente ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría.
El Congreso Nacional no ha podido aprobar un censo de población. Es evidente que en esta materia han convergido los intereses electorales de muchos partidos y de algunos parlamentarios. Esto explica el hecho de que todos los intentos que se hicieron para aprobar el censo fueron rechazados o quedaron a medio camino.
Con la indicación que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia somete al estudio de la Honorable Cámara, se soluciona definitivamente el problema. Ahora no se parte de la base de un número ficticio de habitantes, 'sino del número real que hay en 1965; y esto se hace en una nación donde el mayor número de habitantes no está desparramado por los campos, y pequeños poblados, sectores, aptos para elegir representantes liberajes y conservadores, sino en las grandes ciudades, en las cuales está ahora el centro de la vida nacional y de las decisiones políticas.
He querido referirme especialmente a esta materia, porque soy representante de uno de los distritos electorales más afectados por esta situación: el Tercer Distrito de Santiago, donde habitan más de un millón de personas y votan más de 400 mil ciudadanos; sin embargo, apenas está representado en esta Honorable Cámara por cinco parlamentarios. ¿Qué pueden hacer cinco parlamentarios por un distrito donde hay más de 100 poblaciones de carácter marginal o "callampas", más de 300 Juntas de Vecinos y miles y miles de problemas de todo orden? Bien poco es lo que podemos realizar. Por eso, en su campaña electoral el Diputado que habla -y estoy cierto que otros parlamentarios del distrito también lo han planteado-, hizo ver, como punto programático esencial, la necesidad de remediar esta injusticia para con un sector que prácticamente tiene la sexta parte de la población del país y que ve menoscabado sus derechos políticos en cuanto al número de sus representantes en el Parlamento.
Quiero citar un solo caso. La comuna de La Granja, del departamento Pedro Aguirre Cerda, no existía como comuna en 1930, en primer lugar. En segundo lugar no existía como ciudad, porque no era más que campo, cielo y sol. Sin embargo, hoy día es una comuna pujante con más de 180.000 habitantes y que sólo teóricamente, por decirlo así, tiene representación en el Parlamento.
Con el sistema propuesto a la Honorable Cámara se soluciona definitivamente este problema. Ya no será necesario cada veinte o cada treinta años una reforma constitucional para decir que los parlamentarios se eligen uno por cada 20 mil habitantes, uno por cada 50 mil, uno por cada 80 mil, etcétera. Se establece un número fijo de 150 Diputados que serán elegidos "aplicando un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de su población". Será la ley, en definitiva, la que establezca el respectivo sistema. Pero, indudablemente, cuando como legisladores solucionemos ese problema, tendremos que acercarnos a un sistema de cifra repartidora. El número total de habitantes del país dividido por el de parlamentarios que se elijan proporcionará una cifra repartidora que, aplicada a la población real y actual de cada provincia, nos dará cada cuatro años o cada vez que se realice un censo, la auténtica proporcionalidad de los representantes que deben llegar al Parlamento a exponer las necesidades e inquietudes de la población de sus circunscripciones. Será, pues, un sistema proporcional y afincado en la realidad de la población de Chile.
Conociendo la realidad de nuestro país, en que-las- zonas extremas muchas veces languidecen por el exceso de centralismo, estamos conscientes de que al aplicar el procedimiento propuesto sin ningún correctivo, tomando en cuenta exclusivamente el factor población, podría ocurrir que algunas provincias carecieran de representación y que otras la tuvieran en forma exagerada.
Por eso, el artículo que proponemos a la consideración de la Cámara establece este correctivo: ninguna provincia podrá elegir menos de dos representantes. Hemos dicho que dos y no uno, para que siempre haya posibilidad, no de un juego entre uno de mayoría y otro de minoría, sino de que la provincia pueda tener dos parlamentarios que representen distintos criterios políticos.
Se establece también - y aunque mi distrito es afectado por esto, pero lo aceptamos porque lo encontramos justo- que ninguna provincia o circunscripción podrá elegir más de quince representantes; porque, de no ser así, significaría ir en un desmedro de las provincias que, por el movimiento migratorio inverso, han perdido muchísima población.
Finalmente, la norma propuesta establece que, transcurrido un año de la realización de un censo general de población, éste deberá entenderse legalmente aprobado.
Comprendo que esta disposición afectará, en cierta medida, a algunas circunscripciones electorales que van a pasar a elegir, ateniéndose a la realidad concreta de lo que es actualmente el país, menos representantes de los que tienen en la actualidad. Debe ser doloroso para los representantes de esos distritos electorales aceptar esta reforma. Pero estamos ciertos de que comprenderán que estamos obligados a atenernos a la realidad de Chile a crear un sistema que afiance realmente la democracia, y que si no es representativa de la opinión de los partidos políticos y de los sectores de la vida nacional, no puede defender realmente los intereses del pueblo.
Por eso, estaríamos realmente complacidos de que esta disposición, que se relaciona directamente con nosotros, con el futuro político de algunos parlamentarios y con la composición que va a tener la Cámara de Diputados, corporación política y fiscalizadora del Ejecutivo, sea aprobada por la unanimidad de todos los sectores en ella representados.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Koenig.
El señor KOENIG.-
He concedido una interrupción al Honorable señor Garay, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor GARAY.-
Señor Presidente, el segundo inciso del artículo 37 que se propone, dice textualmente. "El número de Diputados que corresponderá elegir a cada provincia o circunscripción, en su caso, lo fijará la ley, aplicando un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de su población."
He escuchado con mucho interés a mi Honorable colega señor Fernández. Es evidente que hay una diferencia extraordinariamente grande entre su opinión como representante de Santiago y. la que nosotros tenemos como Diputados de provincia. Nunca habrá tiempo suficiente para terminar de reclamar contra el progreso y desarrollo económico de la capital, provocados por el centralismo, y el empobrecimiento general de las provincias, una de las cuales, la de Chiloé, es la que más ha sufrido.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Honorables señores Cerda, don Carlos, Sívori y Lorca, don Alfredo, ruego a Sus Señorías guardar silencio y tomar asiento.
Puede continuar el Honorable señor Garay.
El señor GARAY.-
Si de buenas a primeras aceptamos la representación de cada provincia o circunscripción con el número de habitantes, cometeremos una nueva injusticia.
Al leer la frase: "El número de Diputados que corresponderá elegir a cada provincia o circunscripción... pienso, especialmente, en la provincia de Aisén que, desde hace muchos años, espera que el Parlamento de la República le otorgue representación directa, y no a través de la de Llanquihue. Esta representa una antigua y justa aspiración de sus .habitantes. A pesar, de que esta disposición dice que el número de Diputados que corresponderá elegir a cada provincia o circunscripción lo fijará la ley, desde ya adelanto que, en su oportunidad, pediré que la provincia de Aisén tenga dos representantes, directamente elegidos por ella, en esta Cámara. Actualmente, la 25 Circunscripción comprende las provincias de Llanquihue y Aisén. En el momento oportuno, formularemos indicación para que se cree otra, para que se de a Aisén la personalidad que necesita para estar directamente representada en el Congreso Nacional.
Señor Presidente, deseo formular una pregunta a la Honorable Cámara. ¿Es justo aumentar la representación de aquellas circunscripciones que, a través del centralismo de la capital y durante toda la vida del país, han absorbido el desarrollo de las provincias? En este aspecto, creo que ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y decir al Parlamento de Chile, en el cual la inmensa mayoría de los miembros pertenece a las provincias, que debemos de una vez por todas velar por los verdaderos intereses de ellas. Si se aceptara el temperamento propuesto, la provincia de Santiago podría aumentar su representación a cincuenta o más Diputados, lo que significa que el día de mañana nuestras provincias estarían más abandonadas, al disminuir su escasa representación. Por ello dejo planteado el problema que viene agitando durante tantos años al país, esto es, el de la efectiva descentralización administrativa y económica.
Algo similar ocurre con la provincia de Magallanes que, con un solo representante, no puede considerarse satisfecha. No es posible que las zonas extremas del país continúen en este crónico abandono, porque el centralismo lo absorbe todo, mientras esas apartadas regiones no reciben casi nada.
Por eso, debo hacer presente que es preciso discutir este problema con mayor amplitud. Es preciso que no se siga disminuyendo el número de representantes de estas provincias o circunscripciones, permitiendo que el centralismo absorba, cada vez más, a nuestras abandonadas provincias.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Koenig.
El señor KOENIG.-
He concedido una interrupción al Honorable señor Valdés Phillips.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Valdés Phillips.
El señor VALDES (don Arturo).-
Señor Presidente, deseo referirme a la indicación por la cual se pretende establecer que la circunscripción de Isla de Pascua elegirá un Diputado. Desde que la escuché en la Comisión y la vi publicada en la prensa me pareció que merecía el más absoluto repudio.
¿Qué razón existe para otorgar dicha representación parlamentaria a una Isla que tiene menos de mil habitantes, y en la cual sufragan sólo 200 o 800 personas? Por lo demás, debemos hacer notar que numerosas provincias reclaman frente a su escasa representación en el Congreso, a pesar de contar con 15 o 20 mil ciudadanos con derecho a sufragio.
También se ha dicho que es preciso considerar el carácter turístico de la Isla de Pascua, su cultura autóctona y su raza e idioma diferentes...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor VALDES (don Arturo).-
Pero yo pregunto: ¿se ha pensado, alguna vez, en otorgar el derecho a elegir un Diputado a los indios Aimarás del norte de Chile, que hablan un lenguaje extraño, tienen otra cultura y que en la época de la Colonia española estuvieron bajo el predominio del Perú y Bolivia y, posteriormente, del de Chile? Ayer se aprobó una disposición constitucional que elimina la discriminación racial en Chile, lo cual, a mi juicio, es innecesario, porque ella nunca ha existido.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor TEJEDA.-
Nadie lo ha dicho.
El señor VALDES (don Arturo).-
Estoy analizando las diversas razones dadas por la prensa para justificar esta disparatada indicación referente a la Isla de Pascua.
El señor TEJEDA.-
¿Me permite una interrupción?
El señor VALDES (don Arturo).-
Otros han dicho que la designación de un Diputado como representante de esa Isla constituiría una verdadera salvaguarda, ya que esa lejana zona de nuestro territorio se sentiría más respaldado frente a una eventual invasión extranjera. Pues bien, creo que esa peregrina idea no tiene asidero en la realidad. Si, recientemente, la República Dominicana, donde funcionaba una democracia, fue invadida; si hace años, la República de Guatemala, donde funcionaba una democracia, también fue invadida, no creemos que la existencia de un señor Diputado pueda impedir que alguna potencia imperialista invada o conquiste al Isla de Pascua.
Por último, estimo -y aquí se encuentra la peligrosidad de insistir en la idea- que darle un Diputado a esta lejana zona del territorio chileno, podría significar la creación de un foco de resistencia allí. En la historia casi siempre ha ocurrido que las minorías se convierten en oposición. De manera que, podría crearse la posibilidad de hacer antichilenismo en esa Isla; y su líder sería, precisamente, el ciudadano elegido Diputado. Como se puede apreciar, el peligro es mucho más grave que la posible ventaja de otorgarle representación parlamentaria.
Para terminar, quiero expresar, que mi deseo es que la Isla de Pascua se incorpore a nuestra ciudadanía, de manera que sus habitantes, como chilenos, puedan sufragar, constituyendo una comuna de la provincia de Valparaíso, como ocurre actualmente, o bien de la de Atacama, frente a la cual se encuentra ubicada.
El señor GUAJARDO.-
Pido la palabra.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hurtado, quien goza de preferencia como Diputado informante.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Señor Presidente, no tengo inconveniente en que intervenga primero el Honorable señor Guajardo, pues a continuación deseo proporcionar algunos antecedentes que estimo necesario dejar en claro.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Guajardo.
El señor GUAJARDO.-
Señor Presidente, quiero dejar constancia de la profunda significación que tiene para la provincia de Magallanes la enmienda que se propone introducir en este artículo. Sus disposiciones le permiten aumentar su representación parlamentaria y, al mismo tiempo, poner término a una discriminación que existía en esta materia.
La provincia de Magallanes, tiene 138.000 kilómetros cuadrados y cuenta con 73.000 habitantes. Elige, en la actualidad, sólo un Diputado. En virtud del inciso segundo, podrá elegir dos, entregándosele, en esta forma, la justa representación parlamentaria que se merece, puesto que debe resolver sus innumerables problemas.
Por lo demás, debemos dejar constancia de que en la zona sur de la República Argentina trabajan 230.000 obreros chilenos, aparte de los 2.500 que laboran en el mineral de río Turbio.
Deseo, pues, hacer presente mi agrado, porque a través de este inciso se satisface una sentida aspiración de todos los habitantes de la provincia de Magallanes.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Hurtado.
El señor HURTADO (don Patricio).
Señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable señor Barrionuevo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
En conformidad con los acuerdos de la Honorable Cámara, las interrupciones se conceden con cargo al tiempo del Comité del solicitante. El Honorable señor Barrionuevo pertenece a un Comité qué ya ha agotado su tiempo.
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor HURTADO (don Patricio). -
Concedo una interrupción al Honorable señor Penna.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Penna.
El señor PENNA.-
Señor Presidente, voy a hablar a título personal, porque no sé, en este momento, si existe orden de mi partido en esta materia. Sin embargo, deseo hacer algunas objeciones a la redacción de este artículo.
Aquí se divide la provincia de Santiago en cuatro distritos y también se dice que cada provincia o circunscripción no podrá elegir un número, inferior a 2 Diputados, ni uno superior a 15.
Es preciso hacer notar que si este artículo se aplicara en estos momentos, 3 distritos de Santiago podrían elegir 15 Diputados cada uno, o sea, 45. Además no tengo ninguna duda de que, en cinco años más, el Cuarto Distrito también tendrá otros 15, con lo que se llegarían 60 Diputados, para la provincia de Santiago.
Si consideramos cada una de las provincias- de Valparaíso y Concepción tendrían derecho a otros 15 Diputados, llegaríamos a una cifra de 90 para 3 provincias. O sea, las 24 provincias restantes sólo podrían elegir 60 Diputados, lo que da un promedio de 2,5.
Los representantes de los grandes conglomerados humanos nos dicen que ellos tienen que atender a mucha gente. Pero yo deseo manifestar que, si bien es cierto -y esto lo reconocemos- qué ellos deben atender los problemas de mucha gente, no lo es menos qué tienen mejores medios para hacerlo: cercanía a los altos jefes de la Administración Pública, radios, televisión, órganos publicitarios y, seguramente, una mayor cultura, que permite la existencia de opinión pública.
La provincia de Santiago cabe cinco veces en la de Coquimbo, que represento en esta Cámara, y diez veces en la de Antofagasta. En mi provincia son muy deficientes los medios de comunicación, los caminos son inaccesibles y las distancias enormes. Existen problemas humanos que los habitantes del centro ignoran, y también existen problemas campesinos, mineros e industriales que deben ser dados a conocer y efectivamente resueltos.
Por lo general, tenemos que recorrer a pie los valles cordilleranos, para poder comunicarnos con la gente y, a causa de las labores legislativas propiamente tales, sólo podemos ir a nuestras zonas los fines de semana.
Por lo tanto, estimo que no puede disminuirse, de esta manera, la representación parlamentaria de las provincias.
Por estas razones, anuncio, a título personal, con mucho dolor, que no votaré esta enmienda.
Nada más.
Aplausos en la Sala.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor HURTADO (don Patricio). -
Señor Presidente como sólo, faltan dos minutos para el término de la presente sesión, considero indispensable, dado los casos particulares que a los diversos señores Diputados se les van a presentar en sus respectivas provincias...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).-
..., que los señores Diputados tengan una visión clara acerca de la forma en que va a quedar esta disposición.. .
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).-
¡No se puede hablar, señor Presidente!
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
-Habían varios señores Diputados a la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar sus energías para la votación del artículo.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Votemos, entonces!
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor HURTADO (don Patricio).-
Señor Presidente, solicito se incluya en mi intervención un cuadro estadístico...
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Como ha llegado lo hora de término de la sesión, la Mesa recabará oportunamente el asentimiento de la Sala, para resolver acerca de la petición formulada por Su Señoría.
Quedará con la palabra el señor Diputado informante.
Se levanta la sesión.
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