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- rdf:value = " MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 3.500, DE 1980, EN MATERIAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES. Tercer trámite constitucional. La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En conformidad con los acuerdos de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor José Miguel Ortiz.
Señores diputados, por acuerdo de los Comités, cada bancada dispondrá de diez minutos para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, voy a informar, en forma muy sucinta, sobre las modificaciones del Senado, por cuanto fui diputado informante en el primer trámite constitucional, en representación de la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, cada administradora de fondos de pensiones opera sobre la base de sólo dos tipos de fondos de pensiones: el Fondo Tipo 1, al que pueden ingresar todos los afiliados del sistema de pensiones, y el Fondo Tipo 2, al que sólo pueden acceder los afiliados pensionados y a quienes les falten diez años o menos para cumplir la edad legal para pensionarse.
El esquema de este proyecto de ley consiste en la ampliación del número de fondos existentes a cinco por cada AFP, diferenciados a partir de la proporción de su portafolio invertida en títulos de renta variable.
¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El aumento del valor de las pensiones.
En primer lugar, hay una modificación en el tema de la voluntariedad de ofrecer el fondo
A. El objetivo es disminuir los costos para hacer más viable la entrada de nuevos competidores, posibilitar mayor flexibilidad para la elección de portafolios y permitir la formación de un mercado de asesores en los que las AFP ofrecen servicios de consejería respecto de la estructuración de portafolios adecuados, considerando características individuales, por ejemplo, aversión al riesgo y tipo de industria.
Además, en el tema de la flexibilidad hay otro objetivo: otorgar mayores posibilidades de selección de portafolios a los afiliados, manteniendo acotado el nivel de riesgo del ahorro obligatorio.
La asignación de fondos para afiliados que no los elijan tiene como objetivo simplificar el proceso de asignación y de cambio.
También está el tema de acercar la re-asignación residual a una secuencia de portafolios más cercanos al óptimo, y limitar el riesgo político y financiero de cambios abruptos.
La información sobre rentabilidad de las AFP tiene como objetivo incrementar la transparencia del sistema previsional e incentivar la mantención de una estructura de comisiones competitivas.
El Senado modificó los límites mínimos de inversión de cartera de renta variable con miras a un gran objetivo: dar más posibilidades al mercado de encontrar una diferenciación adecuada de los portafolios, considerando tanto la oferta de instrumentos como las necesidades de los pensionados.
En general, el hecho de que las AFP participen en el mercado de ahorro voluntario genera, por sí solo, incentivos para que se creen portafolios diferenciados.
Hay varias modificaciones más: la restricción del plazo máximo de la cartera de renta fija, Fondo E; los límites de exposición cambiaria, las comisiones pagadas por los fondos de pensiones a fondos mutuos y de inversión, los límites de inversión en fondos de inversión cuando los activos del fondo son emisores relacionados con la AFP, y la fiscalización de mercados para los efectos de las transacciones que efectúen en ellos las AFP y las personas con información.
Además, hay disposiciones transitorias con el objetivo de limitar el riesgo político y financiero de estos cambios, como también dar mayor flexibilidad a la conformación de los portafolios de los distintos tipos de cambio.
Señora Presidenta, el diputado señor Carlos Montes, miembro titular de la Comisión de Hacienda desde hace muchos años, me manifestó que se siente totalmente interpretado con estas modificaciones del Senado.
Por lo tanto, solicitamos aprobar estas enmiendas, porque son positivas para el país, para las inversiones y, especialmente, para los trabajadores.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini por dos minutos y treinta segundos.
El señor LORENZINI.-
Señora Presidenta, sin duda alguna, este proyecto es muy importante porque modifica lo que durante muchos años se ha mantenido: los fondos de jubilación de las personas. Hay bastantes adecuaciones, como lo ha dicho el diputado señor Ortiz. Sin embargo, quiero comprometer al ministro del Trabajo y al ministro de Hacienda en algo un poco más arriesgado.
Sé que estamos dando un gran paso para diversificar nacional e internacionalmente las posibilidades de inversión y utilización de los fondos de acuerdo con la edad de las personas. En verdad, lo que se necesita es motivar a las pymes y a las microempresas, única posibilidad de lograr más desarrollo y crecimiento. Eso se hace accediendo a capitales de riesgo, y las únicas fuentes de donde podemos recibirlos es a través de los más de 40 mil millones de dólares que están en las AFP, que son de todos los chilenos.
Por eso, pensando en que más del 80 por ciento de quienes hoy son partícipes en los fondos de las AFP tienen menos de cuarenta años, y, por lo tanto, un horizonte de 20 ó 25 años de inversión, podemos correr algunos riesgos. A lo mejor, ello va en contra de las bases del decreto ley Nº 3.500, de 1980; pero me gustaría que, cuando tratemos otro proyecto del Ministerio de Hacienda, busquemos la forma de contar con nuevos instrumentos aterrizados para pequeñas empresas, en las cuales las AFP, dejando de lado un exceso de conservadurismo, inyecten algo de dinero.
En el capital de riesgo de los pequeños empresarios todavía podríamos, a través de algunos de los proyectos que tengamos en vista, complementar este gran proyecto que hoy vamos a aprobar.
Muchas gracias.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros por dos minutos y treinta segundos.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta, en el sistema previsional de las Administradoras de Fondos de Pensiones existen dos fondos. Uno, al que se refiere el proyecto que hoy discutimos porque la multiplicidad de fondos no ha sido suficientemente aprovechada hasta el momento: sólo 650 personas -de acuerdo con los datos proporcionados por la Superintendencia- están las afiliadas al Fondo 2.
Tomemos en consideración que en el año 2001 la rentabilidad del fondo invertido en renta fija -que individualiza a este Fondo 2para las personas que estén próximas a pensionarse, está por sobre el 8,4 por ciento, en comparación con el Fondo 1, de rentas variable y fija, que es de un 6,7 por ciento.
El proyecto establece un sistema para las personas que no opten por ninguno de los cuatro fondos que se establecen con obligatoriedad, porque el fondo signado con la letra “A” queda como voluntario.
La regla general debería establecer el derecho del afiliado a optar y manifestar su voluntad para elegir alguno de los fondos. Por el contrario, el hecho de que la ley supla la voluntad de las partes debería constituir una excepción.
No sacamos nada con aprobar los multifondos si no se cumple con el objetivo central de que los afiliados tengan la posibilidad de optar. Esto no se hace porque muchas veces la información no es oportuna, amplia ni llega a los afiliados.
Un segundo punto se refiere a los costos. El Senado ha introducido una modificación relativa a la rentabilidad de las administradoras. Yo cambiaría el concepto: me referiría a la utilidad de las administradoras, para no confundirnos con la verdadera rentabilidad, que es la que generan los fondos.
La iniciativa consagra la necesidad de establecer las utilidades netas generadas por las administradoras, específicamente en lo que se refiere al encaje.
Espero que ello signifique un avance en la transparencia; pero si consideramos que lo que genera el ingreso de las administradoras, en su esencia, son las comisiones que pagan los afiliados y hemos señalado de manera persistente que el monto por comisiones es excesivo, llegamos a la conclusión de que la administración de los fondos tiene un alto costo.
Por ello, esperamos que las próximas iniciativas legales -que suponemos se llevarán a cabo este año- ya no sólo digan relación con el fondo, sino también con la administración, porque en esa materia hemos quedado atrás; ahí hay un interés directo de los afiliados al sistema en cuanto a cobertura y a costo.
Voy a dar mi voto favorable a la iniciativa porque es importante que existan los multifondos; pero llamo la atención sobre la administración de los mismos, haciéndome eco de lo formulado por el diputado señor Lorenzini respecto de la inconveniencia de incluir en el proyecto la posibilidad de aumentar la inversión en el extranjero, medida que me merece serias dudas y que debió tratarse en forma separada, además de reconocer la necesidad de capitales en nuestro país.
Nos vemos en la obligación de votar las modificaciones del Senado en su conjunto porque reconocemos la necesidad de los multifondos; pero no puedo dejar de señalar que la posibilidad de aumentar la inversión y la cobertura en el extranjero debería llamarnos a meditar y ojalá que se trate de algo transitorio, porque lo fundamental es que los capitales, que constituyen el principal ahorro nacional, sirvan de manera fundamental para acrecentar el desarrollo de nuestra economía.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, impactan los comentarios de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, y pienso que deberíamos haber hecho una modificación mejor, porque no debemos transformar estas modificaciones en un factor de riesgo. Eso es lo que he podido entender de las intervenciones efectuadas.
El diputado señor Guido Girardi, presidente del Partido por la Democracia, ha dicho públicamente que queremos una agenda legislativa progresista, que concrete las ofertas que legítimamente hizo el PresidenteRicardo Lagos en su condición de candidato.
Invoco esto porque me da fuerzas para sostener que en el proyecto necesitamos consolidar un crecimiento con seguridad, en especial seguridad social, que permita terminar con las injusticias de un sistema previsional mixto, que hoy empobrece a buena parte de las personas que se pensionan en él. ¿O no es así? ¿Por qué, entonces, las constantes peticiones de los distintos gremios de incorporarse o de volver al INP?
Cuando recorremos los distritos -no soy el único receptor de las peticiones- escuchamos innumerables reclamos por el bajo monto de las pensiones, y, curiosamente, la gente reclama cada vez más por lo injusto de las AFP.
Sabemos que cuando no se logra una pensión mínima se recurre a la garantía estatal, y el Estado paga la pensión de los afiliados en un acto de verdadero subsidio cruzado, como se dice en economía, porque las grandes compañías sólo operan cuando obtienen utilidades; es decir, son capitalistas para las ganancias y socialistas para las pérdidas.
Queda de manifiesto en el proyecto que el Estado, en ejercicio de su capacidad normativa, genera condiciones para que los negocios funcionen; lo interesante es que sean buenos.
A los parlamentarios se nos pide responsabilidad y trabajo. Por eso resulta paradójico que, al mismo tiempo y con el mismo ímpetu, no se propugnen las reformas al sistema que clama la ciudadanía, como sería establecer que las AFP cargaran sus comisiones a las utilidades que ellas obtienen por los fondos depositados por los cotizantes, y que no ocurra como ahora, en que aunque hagan buenos o malos negocios, igualmente tienen derecho a cobrar por administrar mal lo que deberían administrar bien, en este caso, el dinero de los chilenos.
Esto nos lleva a lo impredecible, por lo que se requieren -concuerdo con el diputado señor Riveros- nuevas modificaciones, y, a lo mejor, más profundas.
Termino señalando que, lamentablemente, con toda la estimación que siento por el ministro de Hacienda, su mirada plasmada en el proyecto es sólo financiera, y pienso en voz alta que podría haber sido una mixtura entre aspectos financieros y de seguridad social. Ello es clave para asegurar una vejez digna para todos los chilenos.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señora Presidenta, está fuera de discusión que el proyecto es interesante y muy positivo para la actividad de los fondos previsionales en Chile.
La iniciativa flexibiliza la operación y las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones y, desde esa perspectiva, tendrá un impacto positivo sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones y, directamente, sobre el nivel de las pensiones de los chilenos que ahorran en esas instituciones. Sin embargo, deseo hacer tres comentarios respecto de las modificaciones introducidas por el Senado, que voy a votar positivamente, pero que me ocasionan dudas e inquietudes.
La primera de ellas se refiere a la modificación al inciso cuarto del artículo 28, que dice:
“a) Intercálase, a continuación de la primera oración, lo siguiente:
“Asimismo, en el mencionado estudio, la Superintendencia deberá difundir la rentabilidad de cada una de las administradoras”.
No se trata sólo de la obligación de difundir la rentabilidad de los fondos de pensiones, que existe actualmente, sino de distribuir la rentabilidad de las administradoras.
“Estas rentabilidades también deberán presentarse netas de encaje,...”, y se agrega una serie de otras consideraciones.
Me gustaría saber por qué el Senado está interesado en difundir la rentabilidad de las administradoras. Entiendo que todas ellas son sociedades anónimas abiertas y, como tal, están obligadas a proporcionar la información trimestralmente para llenar lo que se conoce como la Fecu, información contable de las administradoras, de la cual se deriva, con toda claridad, la rentabilidad.
Por lo tanto, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones no deberá calcular la rentabilidad de las administradoras, pues eso ya está hecho -y cualquier ciudadano o institución que se interese la puede obtener-, sino difundirla.
Me temo que, de alguna manera, el Senado ha querido sancionar rentabilidades de las administradoras que pudieran parecer exageradas. Espero que esta información sea tratada con cuidado; de lo contrario, podría generar una odiosidad inadecuada contra el sistema de pensiones.
En segundo lugar, en el inciso propuesto como vigesimocuarto, ha agregado, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración final: “El Banco Central fijará límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las administradoras para cada tipo de Fondo”.
Entiendo que la idea es limitar el riesgo cambiario de paridades entre monedas de las inversiones de las AFP. A mi juicio, eso es parte del riesgo del negocio. Entonces, no sé por qué la autoridad se interesa en fijar límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria, por ejemplo, respecto de las tasas de interés.
Llama la atención que la autoridad no contemple el riesgo cambiario de paridades entre monedas -entre dólares y yenes u otras monedas-, como un riesgo propio del negocio y, en ese sentido, haya interés en cautelar esto y no se considere cobertura para tasas de interés, que pueden ser tanto o más importantes que los cambios en las monedas.
Finalmente, hay un último punto que llama la atención: se incorpora una nueva letra c) al artículo 15, que dice:
“Para efectos de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, a que se refieren las letras i) y k) del artículo 45, los superintendentes de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros establecerán anualmente, a través de una resolución conjunta, debidamente fundada, y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, a los fondos mutuos y de inversión. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones pagadas son mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras”. O sea, la autoridad tiene la pretensión de fijar límites máximos al pago de comisiones.
Pienso que fuera de Chile hay más competencia entre los fondos de inversión y los fondos mutuos. Por tanto, debemos esperar que las comisiones que se cobren sean de mercado.
Me extraña que la autoridad esté interesada en fijar comisiones para las inversiones fuera de Chile y no para las que se efectúen en el país. Chile es un país muy chico; por lo tanto, puede haber menos competencia en fondos mutuos y fondos de inversión, lo que significa que internamente se podrían pagar comisiones exageradas y no de mercado.
Por eso, llama la atención que se quieran fijar comisiones en otras partes del mundo, donde hay más competencia, y no se haga ninguna alusión a las comisiones internas, donde evidentemente puede haber mucho más contenido monopólico y oligopólico, que permitan la existencia de rentas que se quieren evitar.
Esos son los comentarios que quería hacer sobre las modificaciones introducidas por el Senado, aun cuando el proyecto es muy positivo e interesante para las administradoras de fondos de pensiones.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, la Comisión de Trabajo -sobre todo, quienes la integramos ya por ocho años- ha analizado diversos proyectos del Ejecutivo para intentar reformar el sistema previsional, particularmente de las AFP, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Hemos detectado un gasto excesivo, ya que más del 23 por ciento de la recaudación de las AFP estaba destinado a promoción y al pago de vendedores, con un sinnúmero de irregularidades contrarias a la ética y a la moral, lo que se había constituido en un gran negocio -materia sobre la cual los afiliados recibían muy poca información-, que más bien se traducía en la entrega de bicicletas y estímulos en dinero, a fin de lograr un incesante cambio de administradora.
Hemos logrado introducir modificaciones, ya que se redujo el número de vendedores, lo que sin duda provocó cesantía, y a través de una circular de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se establecieron ciertas regulaciones que han permitido tener una información real del sistema y, a su vez, ir eliminando los aspectos objetos de críticas, cuya existencia todos reconocen.
Estamos frente a una modificación al sistema de las AFP y no se ha alzado ninguna voz que se oponga. Quiero hacer hincapié en que todos coinciden en que, después de casi veinte años, el sistema de las AFP necesita reingeniería, una revisión profunda y una actualización. Por tanto, hay que preguntar en qué minuto asistiremos al debate sobre las reformas de fondo al sistema de las AFP, porque, hay que decirlo con franqueza, está pendiente el temas de los costos.
Hemos analizado, al menos, dos proyectos que benefician directamente a las administradoras. Por ejemplo, se les ha permitido sacar más fondos garantizados por el Estado para invertirlos en el exterior, en circunstancias de que muchas voces se alzaron para pedir la destinación del uno por ciento de aquellos fondos a capital de riesgo a fin de desarrollar la pequeña y microempresa; en definitiva, que dichos fondos se invirtieran en Chile con el loable objetivo de elevar las tasas de crecimiento de las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, hoy la mayoría está cesante y, por lo tanto, no cotiza, lo que les impedirá tener buenas pensiones en consideración a que éste es un sistema de recaudación individual. Un trabajador cesante, independientemente de la rentabilidad del fondo, si no cotiza tendrá una pensión muy baja, y lo más seguro es que deberá conformarse con la pensión mínima del Estado.
Hoy se nos ha pedido legislar sobre los multifondos, los que constituirán diversas opciones para que los trabajadores puedan obtener rentabilidades de acuerdo con sus condiciones y expectativas. Pero aquí se está legislando con la “teoría del salame”, es decir, cortando rebanadas gruesas.
El sistema de las AFP ha conseguido un mayor dinamismo tanto en la captación como en la colocación de capitales en el extranjero, y ahora se nos pide una diferenciación a través de multifondos.
La condición que la bancada socialista ha puesto para votar a favor de esta iniciativa es el compromiso de que, a partir de marzo de 2002, iniciemos el debate de fondo sobre todas las modificaciones necesarias al sistema de las AFP. Con esto, lo que estamos haciendo es aprobar una cuestión sustantiva respecto de eventuales negociaciones de la reforma total. Es decir, estamos poniendo el capital y todo aquello que le interesa a la industria de las AFP, sin tener nada a cambio por los aspectos que no se han considerado.
Ahora bien, para aprovechar la presencia de los ministros señores Eyzaguirre y Solari, quiero hacer presente lo señalado en un informe de la Superintendencia de AFP que se refiere al estado de los compromisos asumidos con la reforma previsional. Expresa que le corresponderá al Estado el pago de las pensiones del sistema antiguo, el pago de los bonos de reconocimiento, la garantía de rentabilidad mínima si las AFP quiebran, el pago de las rentas vitalicias si las compañías de seguros quiebran y la garantía estatal por las pensiones mínimas. En particular, quiero llamar la atención sobre la normativa de este tema.
¿Quién tiene derecho a la garantía estatal de pensión mínima? Primero, si es de vejez y es hombre, éste debe tener más de 65 años, y si es mujer, más de 60, y registrar a lo menos veinte años de cotizaciones en cualquiera de los sistemas. Si es por invalidez, la exigencia es no tener derecho a la garantía estatal de pensión mínima de vejez y registrar, a lo menos, dos años de cotizaciones en los últimos cinco o diez años, o estar cotizando, en caso de que la invalidez ocurra como resultado de un accidente.
El objetivo de las pensiones mínimas en el nuevo sistema previsional es la garantía estatal que define un estándar básico de prestaciones para aquellas personas que, habiendo cotizado durante una parte significativa de su vida, al final no puedan obtener una pensión mínima y ésta, necesariamente, debe ser subsidiada por el Estado. En este sentido, haré una breve reseña de la evolución en el número de beneficiarios, según el tipo de pensión, a diciembre de cada año. En 1990, teníamos 433 pensiones de vejez, y en 1999, 8.577; en 1990, 1.519 pensiones de invalidez, y en 1999, 4.617; en 1990, las pensiones de viudez alcanzaban a 2.105 personas, y en 1999, a 6.292; en 1990, las de orfandad y otras llegaban a 3.345, y en 1999, a 4.111.
¿Cómo ha evolucionado el gasto fiscal desde 1990 a 1999, en relación con la garantía de pensiones mínimas? El número de beneficiarios de pensiones mínimas en 1990 alcanzaba a la cantidad de 7.402, y en 1999, a 23 mil, es decir, se triplicó el monto del gasto fiscal en la materia. De 1.269 millones de pesos en 1990, se elevó a 13.964 millones de pesos anuales en 1999. O sea, el gasto fiscal por garantía de pensiones mínimas es infinito, pues hoy no más de dos millones cien mil trabajadores cotizan de manera normal y un total de tres millones y medio tal vez más- lo hacen en forma absolutamente irregular e impredecible, lo que hace que efectivamente las proyecciones respecto del gasto por concepto de garantía fiscal, en dólares al 31 de diciembre de 1999 -independientemente del tipo de estudio que se haya realizado, ya sea en Warner, Salvador Urrutia, Arenas y Marcel o Costabal, Claro y Asociados- sea un costo creciente y que para el año 2010 se elevará -por favor, escúchenlo bien colegas-a 369 millones de dólares.
Ahora, si no abordamos en profundidad el tema de los costos de administración y de la seguridad de la garantía estatal, el Estado terminará haciéndose cargo de más del 60 por ciento de los pensionados de nuestro país. Por lo tanto, claramente esto es volver a tener un fondo, como se tenía con el sistema colectivo único, donde, precisamente, el Estado se hace cargo del pago de los que no pueden alcanzar la pensión mínima.
Discutamos en serio y de verdad el tema de las AFP, que es una industria que tiene mucho peso. Sin duda, administrar más de 43 mil millones de dólares da un peso político sustantivo, y cada vez que queríamos entrar en un debate a fondo y en serio...
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor NAVARRO.-
...llegaba a la Comisión de Trabajo Gutenberg Martínez, Andrés Allamand, Camilo Escalona...
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor NAVARRO.-
O sea, de este debate se hacían cargo los presidentes de los partidos y esa Comisión, que integramos durante más de seis meses -el señor Seguel y otros diputados de la Comisión de Trabajo lo saben- trabajó arduamente, pero después desapareció. Entonces, me temo que luego de aprobar esta propuesta de los multifondos, que es una pequeña pero muy importante parte de la reforma del sistema global, cuando queramos discutir las razones de peso y los problemas esenciales respecto del tema, como el monto de la garantía estatal, el gasto fiscal y, en particular, el monto de la pensión para los trabajadores, nos sea negado o postergado el debate.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Por tercera vez, le comunico que ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor NAVARRO.-
Quiero recordar que este Gobierno, mi Gobierno, el de la Concertación, tiene un compromiso con los trabajadores para hacer una reforma profunda del sistema de las AFP. Con una discusión y votación parcial como ésta, sólo estamos engañando a quienes esperan mucho más de la Concertación.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta, este es un tema donde uno comienza a creer que a todo se acostumbra. Lo digo porque 1980 fue el año de la destrucción de muchas garantías que tenían los trabajadores de este país. ¿Qué pasó con las cajas de pensión? Recuerdo a un periodista que en 1985 denunciaba, con nombre y apellido, a personeros del gobierno de entonces que se habían enriquecido con ellas, lo que jamás se desmintió. Por lo menos, el periodista don Juan Pablo Cárdenas señala que jamás se desmintió que señores uniformados se repartieran ese tremendo botín. Así nos vamos acostumbrando y decimos: “Ya pasó; en fin, sigamos adelante por la paz, la tranquilidad y la concordia”. Después de este botín, viene la educación superior privatizada, donde sólo ingresa el que tiene para pagar.
Lo que hoy acontece es consecuencia de nuestro actuar. Como dijo el colega señor Navarro, de una vez por todas debemos regular el sistema, que permite este tremendo negocio, donde se especula a diestro y siniestro con el dinero de los trabajadores de este país. ¿Quiénes ganan? Por favor, si a las AFP hay que pagarles hasta una comisión para que trabajen el dinero de ellos, y lo hacen con una actitud arrogante; muchas veces ni siquiera son capaces de invertir en Chile. Por eso digo que uno se va acostumbrando. Entre todos los males que ha tenido este país, pareciera que éste es el menos malo, ¡Sigamos adelante!
También concuerdo con aquellos colegas, y obviamente los ministros tendrán que ayudarnos, que propician que este sistema se perfeccione para que todos ganen, no sólo los que administran la plata de los trabajadores, especulan y la sacan del país, con ciertas condiciones. Obviamente, no participo de este tipo de sistemas, pues creo que de todos los errores que se cometieron en el pasado, la creación de este sistema lo único que hace es atropellar los derechos de los trabajadores.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
Queda pendiente la votación.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de fondos de pensiones, dejándose constancia de que se alcanzaron los quórum constitucionales requeridos.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobadas las modificaciones del Senado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel),Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Molina, Monge, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas y Villouta.
-Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Felipe).
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