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El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que exige a los candidatos a diputados estar inscritos en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito al que postulan representar en el Congreso Nacional, durante un período de, por lo menos, dos años antes de asumir el cargo.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Cristián Monckeberg.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7595-07, sesión 15ª, en 19 de abril de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 45ª, en 21 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONCKEBERG, don Cristián (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que exige a los diputados estar inscritos en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito al que postulan representar en el Congreso Nacional durante un período de, por lo menos, dos años antes de asumir el cargo.
Dicha iniciativa, originada en moción de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Gabriel Ascencio, Pepe Auth, Germán Becker, Sergio Bobadilla, Pedro Browne, Joaquín Godoy, Fernando Meza, Patricio Vallespín y quien habla, tiene por objeto exigir como requisito para postular al cargo de diputado, además de los ya existentes, acreditar residencia e inscripción electoral en la región a que pertenezca el correspondiente distrito electoral durante un período de, por lo menos, dos años antes de asumir el cargo, para lo cual introduce la correspondiente modificación al artículo 48 de la Carta Política.
De conformidad con los antecedentes hechos valer por el diputado Germán Becker, principal impulsor de la iniciativa, el espíritu del constituyente al establecer los requisitos para postular a una diputación, fue que cada diputado proviniera de la región en que se encuentra el distrito que deberá representar en el Congreso Nacional, como lo demuestra, por lo demás, la exigencia del actual artículo 48, en el sentido de tener residencia en la región a que pertenezca el correspondiente distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.
No obstante, tal requisito resulta insuficiente para asegurar el cumplimiento de esa finalidad, por cuanto basta que el candidato acredite una propiedad arrendada en la región para que se dé por cumplido, sin que ello signifique la existencia de una vinculación real con la región.
Cabe tener presente que ya en las actas de la Comisión de Estudio de la nueva Constitución se señaló que la exigencia de tener residencia o domicilio en la región a que pertenezca la correspondiente circunscripción electoral, obedecía a la idea de que el diputado tuviera un arraigo, no necesariamente en la agrupación o distrito, sino en la región, de manera de evitar cambios arbitrarios de circunscripción.
Según el profesor señor Emilio Pfeffer, dicha exigencia decía relación con la necesidad de establecer un vínculo o relación de cualquier naturaleza, que permitiera a quienes postularen a la Cámara de Diputados conocer los problemas de la región y su realidad, de manera de profundizar el proceso de regionalización iniciado poco antes.
Asimismo, don Alejandro Silva Bascuñán, también reconocido profesor de derecho constitucional, en un informe emitido en 1992 ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, sostuvo que la razón que explicaba el requisito de elegibilidad señalado, se inspiraba en el propósito de asegurar la vinculación del parlamentario con la circunscripción electoral que lo elija, a fin de que se halle en las mejores condiciones de compenetrarse de la realidad y circunstancias de convivencia en ella, de sus necesidades, problemas y aspiraciones, con el objeto de servir de modo más adecuado y eficaz a los legítimos intereses de sus poblaciones.
Agregó que ello buscaba, además, impedir que las candidaturas surgieran de decisiones de directivas centrales a favor de ciudadanos que desconocieran las características del electorado que los exalta a la función parlamentaria.
Por lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a la finalidad descrita, los autores de la moción creemos que el hecho de exigir inscripción en los registros electorales de la región implica una relación política efectiva con la misma, por cuanto las personas solamente pueden tener una inscripción electoral, contrariamente a lo que sucede con la residencia, la que puede acreditarse simultáneamente en distintos lugares del país, por ser ésta de carácter subjetivo.
De lo anterior, entonces se desprende la proposición que se hace mediante este proyecto, de agregar al requisito de residencia en la región, el de estar inscrito, con la misma antelación, en los registros electorales de la región a que pertenece el distrito que se quiere representar, pero contabilizando el tiempo hacia atrás, desde la fecha de asunción del cargo y no desde el día de la elección, fundamentalmente porque se trata de una data más estable, no sujeta a cambios, como lo demuestran los numerosos proyectos de reforma constitucional para alterar el día de la elección, especialmente si éste no cae en día domingo.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de reforma constitucional.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor SAFFIRIO.- ¡Votación inmediata!
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no puede ser de votación inmediata un proyecto que tiene que ver con la aceptación ciudadana respecto de los parlamentarios, la cual, muchas veces, se relaciona con situaciones como la que estamos tratando. Por eso, tal vez sea pertinente una discusión seria sobre este tema.
Hace algunos días, en la Región de Los Ríos, me llamó la atención la preocupación manifestada por esta reforma constitucional. Incluso, se contó con reflexiones de parte de instituciones privadas.
Un importante número de jóvenes del liceo Abdón Andrade Coloma, de La Unión, acudieron ante quien habla para dar a conocer su inquietud. Para mí fue muy gratificante conocer su buena disposición.
Con seguridad, esta preocupación se da en una gran cantidad de ciudadanos de la región. No sé si pasará lo mismo en las otras, pero me imagino que es algo de general ocurrencia.
Al respecto, es relevante el número de audiencias solicitadas y de opiniones escritas que recibimos. En fin, va más allá de la discusión que se da aquí.
Para quien habla fue muy gratificante saber que esos jóvenes están preocupados de la educación cívica, materia lejana en la educación secundaria.
Me sentí bien con ellos. Por eso, desde acá les envío un gran saludo, porque con seguridad están pendientes de este proyecto y de las ideas que las diputadas y los diputados vamos a aportar sobre el particular.
A mi juicio, quienes aspiran a representar a la población de determinado territorio, deben tener un marcado arraigo y pertenencia al mismo. De ahí que la tendencia general lleve a solicitar, entre los requisitos de elegibilidad, la comprobación de algún vínculo que demuestre pertenencia al grupo. Lo expresó en forma bastante clara el diputado informante, señor Cristián Monckeberg.
Los requisitos de elegibilidad de los diputados están establecidos en el artículo 48 de la Constitución, relacionado con la materia en discusión.
Hoy, al candidato se le exige tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la respectiva elección.
Esta exigencia, que a todas luces parece razonable, hoy se ve eclipsada debido a ciertas prácticas centralistas que se dan en algunos casos. Seamos claros: sólo en algunos casos. Por medio de ellas, los partidos políticos colocan en cupos de regiones a candidatos no residentes y con escaso arraigo en los territorios, pero en la mayoría de las ocasiones con fuerte influencia en las cúpulas partidistas. Eso puede sonar un tanto fuerte, pero la ciudadanía lo entiende así. En situaciones peores, se entrega una candidatura como premio de consuelo a algún militante connotado que no logró cabida en el distrito al que aspiraba originalmente.
Debido a la falta de definición clara del concepto, el requisito de residencia que exige la Carta Fundamental en su artículo 48 hoy se utiliza de manera muy flexible. Se considera residencia desde un arrendamiento, con efecto retroactivo, hasta la realización de clases, una vez al mes, en alguna institución de la región. De ese modo se demuestra la residencia exigida por la Constitución. Sin embargo, eso, de ninguna manera, comprueba un verdadero arraigo y compromiso con las necesidades y aspiraciones de quienes conviven con la problemática de la región.
Estoy de acuerdo con lo propuesto por el proyecto, que establece un requisito de elegibilidad más relativo al vínculo del postulante con la población y el territorio al que aspira a representar. Así, se establece la exigencia de inscripción en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito respectivo, durante un período de, por lo menos, dos años antes de la fecha en que se debe asumir el cargo.
Es una buena alternativa; hay que considerarla. Con ello, quizás se logre un mínimo de coherencia entre la postulación y el compromiso con el electorado al que se aspira a representar, estableciendo, así, la posibilidad de una representación legítima y fundada en el arraigo con el territorio y su ciudadanía.
Es un tema que debemos abordar.
Por eso, con el debido respeto a muchos colegas que desempeñan su trabajo en forma tremendamente seria y responsable, les digo que deberíamos dejar de lado la práctica a que me referí, que proviene de las cúpulas partidistas.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, felicito al diputado Cristián Monckeberg y a los demás autores de este proyecto de reforma constitucional, que pretende llevar a cabo un pequeño acercamiento entre los parlamentarios y la ciudadanía.
La gente quiere que los políticos que la representen sean de la respectiva región; que los parlamentarios que la representen conozcan sus problemas, realidades y situaciones. La única forma de tener verdadera empatía con la problemática de una región y de sus habitantes es viviendo, teniendo residencia en la región a cuyos electores se quiere representar.
Reitero mis felicitaciones a los autores de la iniciativa y anuncio mi voto favorable desde ya. Al respecto, cabe aclarar que ella no se limita al requisito de residencia, que ya se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Carta Fundamental. Es un tema respecto del cual debemos avanzar y profundizar, porque hoy existe mucha confusión respecto de materias tales como la residencia, el domicilio y otras.
Me pregunto, por ejemplo, si alguien quiere ser diputado por la Región de Magallanes, ¿basta con que seis meses antes de la elección saque una patente de abogado, arriende un departamento u oficina, viaje dos o tres veces antes de la elección y diga que tiene domicilio en esa región? (Cabe formular la misma pregunta respecto de quienes deseen ser diputados por distritos de las regiones de Aysén, de Arica y Parinacota, del Bíobío, de Valparaíso u otra). Por supuesto que no. La gente no quiere eso. La ciudadanía quiere ser representada por habitantes de su región.
Por lo tanto, el requisito que se establece constituye un avance importante, que debe complementarse con muchas otras cosas fundamentales para que recuperemos legitimidad frente a la ciudadanía.
Hoy, cuando es necesario reemplazar a algún parlamentario, lo hace el partido. ¡No sé qué cara habrá puesto la gente en la Décima Región cuando el senador Andrés Allamand fue nombrado ministro y, en su reemplazo, llevaron al señor Larraín, designado, quien no vive allá! ¡Tampoco sé si tiene un fundo allá, como en Punta Arenas!
¿Qué dirán en la Décima Región? Que la cúpula partidista impuso un senador que, a lo mejor, jamás había pisado el suelo de esa región.
Por lo tanto, tenemos que avanzar en legitimar, de manera que la gente de la respectiva región tenga poder de decisión sobre los reemplazos de parlamentarios.
Otro tema en el cual debemos avanzar dice relación con las elecciones primarias. Queremos elecciones primarias al interior de los partidos, para que los militantes de base de cada una de las regiones puedan elegir a sus candidatos a concejales, alcaldes, diputados y senadores. No queremos que cuatro o cinco señores, en una reunión en Santiago, a lo mejor, al amparo de una buena cena, sean quienes determinen los designios de los habitantes de las regiones Cuarta, Quinta, Décima, Undécima, etcétera.
Avanzar hacia primarias abiertas, cambiar el sistema de reemplazo de parlamentarios y aclarar que se debe exigir domicilio y residencia a quien postule al cargo de diputado por una determinada región. Estos son requisitos indispensables para mejorar la democracia, para aumentar la representatividad y para tener una cara más legítima frente a la ciudadanía.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, como diputado de región, no puedo sino estar de acuerdo con una iniciativa de esta naturaleza.
Recién comentaba con el diputado Manuel Rojas que “hecha la ley, hecha la trampa”. El requisito de residencia en la región que se aplica respecto de los candidatos a diputados, se altera por diferentes mecanismos, como han expresado algunos colegas.
Pero el país está dividido en distritos, y en ellos se eligen a los diputados. Al respecto, no me cabe la menor duda de que el espíritu original del legislador fue asegurar la correlación entre el territorio y quienes lo representan.
Para las regiones, esto constituye una premisa fundamental.
¿Por qué no concebir al representante de la comunidad en el respectivo territorio, respecto del cual tenga una relación básica, fundamental, ojalá histórica y de una representación mínima, a fin de asegurar a esa población, a esa comunidad, que en la Cámara de Diputados, sus ideas, planteamientos y sugerencias serán debidamente representadas?
De repente, he escuchado algunas visiones que se centran fundamentalmente en los temores.
Probablemente, un proyecto de esta naturaleza, en zonas más urbanas, puede generar algunas suspicacias. Pero en regiones como la nuestra, el arraigo del candidato con sus representados debe alcanzar una simbiosis absolutamente clara y precisa.
Repito, probablemente una iniciativa de esta naturaleza, en zonas más urbanas, puede generar algunas suspicacias y temores; porque ¡pucha que es fácil, -como bien se ha señalado acá- acreditar la residencia a través de un contrato de arriendo, pero no vivir en la respectiva región!
Debemos buscar la manera de vincular lo más estrechamente posible nuestro ejercicio político con las comunidades a las cuales queremos representar.
En ese ámbito, creo que el proyecto avanza en el sentido correcto, por cuanto constituye un aporte para mejorar esa relación simbiótica que debe existir entre el representante y su comunidad.
La iniciativa también es una buena y clara señal respecto del respeto que debemos tener por nuestras regiones y por la gente a la cual queremos representar.
A mi juicio, sería lamentable que, a través de estos subterfugios legales, se generalizara la práctica actual y, en vez de acercar el ejercicio político a la comunidad, termináramos en todo lo contrario. Eso obviamente nos está haciendo muy mal.
Debemos impulsar la mayor sintonía posible entre el representante y la comunidad a la cual aspira a representar.
La residencia es un requisito. Perfecto. Mediante la iniciativa se agrega un importante requisito adicional, a fin de evitar que se burle el requisito de residencia. Así pasa en muchos distritos, que cuentan con representantes de fines de semana, de festividades, pero que no están de manera permanente con las comunidades a las que dicen representar.
Eso lo vemos a diario en regiones.
Por lo tanto, la iniciativa constituye un avance y una señal de respeto hacia las comunidades a las cuales queremos representar; pero también me parece una clara y potente señal de respeto y fortalecimiento de las regiones.
No podemos dilatar más la respuesta a una situación de esta naturaleza.
En consecuencia, hago un llamado a todos los colegas para a aprobar sin mayor dilación la iniciativa.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, nunca estuve de acuerdo con quienes piensan que naturalmente es mejor parlamentario de un distrito o de una región algún representante que ha nacido en ella.
En verdad, muchas veces se planteó la objeción de residencia, pero la jurisprudencia de los jueces estableció que cualquier ciudadano puede hacerse elegir como representante en cualquier parte del territorio de Chile.
Sin embargo, suscribí la iniciativa y, con entusiasmo, la voy a votar favorablemente.
Cuando se modificó la forma de elegir al reemplazante de un senador o diputado que deja de serlo, se estableció que su reemplazante es designado por la cúpula del partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Al respecto, ocurre que, sin ninguna relación de trabajo o requisito de compromiso previo del reemplazante con el territorio y la población que va a representar, es lanzado, desde una catapulta que puede estar ubicada a mil kilómetros de distancia -por ejemplo, un presidente de partido-, pasando por encima de genuinos representantes que, posiblemente, habrían aspirado legítimamente a ocupar, por ejemplo, un cargo senatorial que se abandonó para ingresar al gobierno. Así, insisto, en un dos por tres, sin ningún requisito previo -los jueces establecieron que se puede residir en cualquier región de Chile-, desde el centro del país se impone a una región un senador. A mi juicio, eso representa una violencia conceptual cuya repetición hay que impedir por la vía legislativa. En ese sentido, me parece que la iniciativa en discusión es una manera inteligente de impedir que eso vuelva a ocurrir.
No se trata de exigir que el candidato nazca en la región o que haya vivido veinte años en ella, pero sí que tenga un compromiso específico con la región y con la población a la cual desea representar.
Así como quiero terminar con los capitales volátiles, quiero terminar con la idea de dirigentes políticos que tienen el don de la ubicuidad, es decir, de la capacidad de representar potencialmente a cualquier población o territorio de Chile. Reconozco el derecho de cualquier ciudadano a representar a cualquier región, pero previa apuesta y compromiso con la población y el territorio respectivos. Por eso, apoyo que se establezca un mínimo compromiso del candidato.
La ley dispone que es posible residir en distintas regiones, pero, asimismo, que hay que estar inscrito en los registros electorales de una sola región, de un solo territorio nacional. Para optar a ser representante popular de un distrito se debe exigir, desde el punto de vista legal, al menos haber establecido un compromiso duradero con el respectivo territorio. No puede continuar el vitrineo; no puede continuar la práctica de candidatos que disputan en elecciones internas de un partido para un distrito y, como en el juego de billar, terminan siendo candidatos por otro, lejano, con el cual no tienen el más mínimo compromiso previo y difícilmente lo tendrán después.
El hecho de exigir la demostración de un compromiso específico es una cuestión absolutamente legítima, particularmente mientras se mantenga vigente la norma que permite -creo que debemos derogarla- que los reemplazantes de diputados y senadores cuyos cargos quedaron vacantes, sean designados por las cúpulas partidarias, en lugar de efectuar -como siempre hizo la democracia en Chile- una elección complementaria, devolviéndole a la gente el derecho a elegir a sus representantes. Eso, por supuesto, inhibiría a muchos de saltar de un cargo a otro, y, cuando lo hicieran, el partido correría un riesgo, porque la gente -no las dirigencias políticas- decidiría sobre el reemplazante del respectivo parlamentario.
Por estas razones, voy a votar a favor la iniciativa, que establece una exigencia adicional para ser candidato a diputado, en el sentido de estar inscrito en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito al que postulan representar, durante un período de, a lo menos, dos años antes de asumir el cargo. De esa manera, se expresará su voluntad y compromiso de representar a una población y a un territorio específico en el Congreso Nacional.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, quiero entender la motivación de este proyecto en el sentido de legislar y garantizar que la tarea de representación será fiel a la expectativa que se forja la ciudadanía al momento de ejercer, mediante su legítimo derecho al sufragio, la soberanía política radicada en los electores.
Quiero entender que, con esta medida, no se garantizará la labor de quienes, haciendo uso de una formulación que finalmente no se cumple, logran concitar respaldos y hacen que la tarea parlamentaria sea vista con el sentido crítico que hoy todos conocemos.
Quiero imaginarme que el problema de fondo de esa expectativa ciudadana sobre sus representantes está determinada por el lugar de origen, ya sea por la vía de la residencia o domicilio o de la inscripción en los registros electorales.
Mi inquietud en este debate es saber qué pasa con aquel sector de una región -donde estaremos inscritos, donde tendremos domicilio, residencia, y donde probaremos cuál es nuestra real consonancia con la idiosincrasia, el sentimiento y las expectativas de los electores-, que tiene instalación, dado el sistema electoral, pero que no tiene representación en este hemiciclo. Me parece que no podemos acomodar una argumentación al extremo si soslayamos los temas de fondo que, a mi juicio, vulneran que en este Hemiciclo estén representadas las tendencias y sensibilidades que tiene la sociedad chilena, región por región.
Por ello, si vamos a hacer una reforma para establecer el requisito de la antigüedad en los registros electorales, buscando con ello que se validen los liderazgos que tienen representación y raigambre en una región y que efectivamente se ejerza en la tarea de representación en la Cámara la descentralización de las opiniones y pensamientos, creo que no podemos desvincular dicha reforma de un debate sobre el sistema electoral, que es el que más violenta la posibilidad de que estén representados en este hemiciclo los distintos sectores que tienen, de verdad, corrientes de opinión construidas en cada región.
No podemos imaginar que esta iniciativa sea la solución a la coherencia y a la consecuencia de la representación democrática, si no está garantizado, para todas y todos, el derecho a elegir, vivan en Chile o fuera de él. Si no se establecen medidas que permitan que el ejercicio de la soberanía sea casi directamente reflejo del pensamiento de la ciudadanía, no estaremos abordando, a mi juicio, el tema de fondo. Puedo estar de acuerdo con esta iniciativa que dispone que los diputados se elijan con una raigambre regional que estaría garantizada por el número de años en que estén inscritos en los registros electorales, pero también con que exista un sistema electoral que permita que las corrientes de opinión que existen en la región tengan representación.
Pero, agrego: ¿por qué no discutimos la revocabilidad de las tareas de representación cuando se produzca un quiebre entre el uso abusivo del lenguaje, que deriva en populismo y demagogia para concitar apoyo, y el ejercicio del cargo, que muchas veces dista absolutamente de lo comprometido? Nadie puede negar que la soberanía ciudadana se manifiesta por la vía de la representación.
¿Por qué no legislamos para asegurar de manera fiel que vamos a representar a la región en la que tendremos residencia y en cuyos registros electorales estaremos inscritos? ¿Por qué no legislamos para que esa región también tenga la posibilidad de pronunciarse sobre temas de interés nacional, como las políticas energéticas, mediante el recurso de la consulta o el plebiscito como mecanismo democrático? De esa forma, en verdad, vamos a cumplir con esa representación que hoy queremos reforzar por la vía de acreditar residencia e inscripción en los registros electorales.
Esta reforma constitucional es la oportunidad para debatir sobre nuestro sistema de representación política. Estamos preocupados de no burlar la idiosincrasia cultural regional con estas medidas “suprapartidarias” o de “cúpulas partidarias”. ¿Por qué no legislamos sobre el derecho que tienen las regiones a pronunciarse sobre políticas de Estado? ¿Por qué no legislamos sobre el derecho de la ciudadanía a pronunciarse sobre la revocación del cargo de representación popular, cuando su titular incurre en uso abusivo de la publicidad y de la propaganda y, posteriormente, en un quiebre en su deber de representación?
A mi juicio, esos son los temas que profundizan las democracias. Discutir sólo la materia que propone esta iniciativa implica nuevamente instalar un debate puntual, tal como se hizo en su momento para definir la mejor fecha de una segunda vuelta presidencial, y seguir postergando el tema de fondo, que está instalado en una Constitución que se aprobó en las condiciones más antidemocráticas que ha conocido el país, como fueron las que hubo durante los 17 años que duró la dictadura.
Llamo la atención para que haya coherencia en nuestras intervenciones. Aunque abramos paso a este requisito de inscripción en los registros electorales con un tiempo de anticipación, nos parece que avanzar sólo en ello es una contemplación de quienes no quieren profundizar y construir un sistema democrático. Alguien preguntará: “¿Quién lo determinará?” Fácil: la ciudadanía. Debemos establecer que a través del ejercicio real del soberano se defina este tipo de medidas, incluyendo nuestro sistema electoral, altamente excluyente y que, por lo mismo, debe ser debatido en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, hemos sido testigos de algo que a las regiones y a la gente común y corriente afecta mucho. Los ciudadanos eligen a sus representantes porque piensan que los van a representar y porque sienten adhesión y simpatía hacia ellos. Por eso, les resulta chocante y violento cuando sus diputados o senadores son removidos y trasladados a cargos de Gobierno. Dichos cambios se llevan a cabo centralizadamente, según lo permite la ley, y son los propios partidos políticos los que designan a los nuevos diputados y senadores, personas que a veces no tienen ningún vínculo con quienes van a representar.
Esa forma de llenar vacantes resulta muy fuerte y es una de las heridas que tiene nuestro sistema democrático.
La exigencia de tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente fue de alguna manera violentada. En la práctica no significó nada y en cierta forma le torcimos la nariz a la ley.
Como diputado de región siento simpatía por este proyecto, pero no estoy tan seguro de que vaya a superar el problema incorporar el requisito de la inscripción en los registros electorales de la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente dos años antes.
Pienso que, tal vez, sí puede generar un vínculo. Dentro de poco tendremos elecciones municipales. Seguramente, y aprovechando esta coyuntura, el candidato a diputado va a buscar ese vínculo y va a participar como ciudadano en las elecciones municipales del distrito que pretende representar y en cuyo registro electoral se ha inscrito. Pero no es éste el vínculo que buscamos como región.
Entiendo que la idea matriz del proyecto se funda en que el espíritu del constituyente fue que los diputados provengan de la región en que se encuentran los distritos que deberán representar en la Cámara. Así lo dispone la Constitución, una Carta Fundamental bastante complicada, que no sé si estaba en su inspiración la descentralización del país. Los diputados se eligen por distrito y se estableció el requisito de residencia en la idea de descentralizar el país. Sin embargo, esto no ha ocurrido así.
Por otro lado, hay algo que me parece contradictorio. Somos un país unitario y nosotros somos diputados de la República; por lo tanto, somos diputados en todo el territorio nacional. Es una realidad que atenta contra lo que pretende esta moción.
Reitero, como diputado de región, no puedo estar en desacuerdo con el proyecto. Por eso, lo apoyaré, aunque con las observaciones pertinentes.
Por último, quiero señalar que los eslóganes -han estado siempre en nuestra política y son parte de nuestra historia- no siempre reflejan la realidad. “El León de Tarapacá” no era tan de Tarapacá. Sólo era un eslogan muy bien puesto.
En regiones hemos elegido a muchos representantes que no eran oriundos. No obstante, la mayoría ha cumplido una labor inmensamente positiva. Incluso, muchos de los que hoy ejercen algún cargo de representación popular han sido reconocidos por su gran vinculación con la región.
Por ello, creo que debemos legislar en torno a una definición mayor que la que hoy se nos está presentando.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, este es uno de esos proyectos que contribuyen a corregir determinados vicios de nuestro estado de derecho y de nuestra institucionalidad.
Este proyecto de ley va en la dirección correcta. Aunque no resuelve totalmente el problema, tiene la intención de dar más transparencia a nuestro sistema electoral y de representación popular.
La representatividad puede estar basada en dos aspectos fundamentales. Primero, el vínculo con la ciudadanía. Los diputados debemos estar conectados con los problemas de la gente, conocer sus dificultades y tener una unión permanente con sus necesidades primordiales.
Segundo, el vínculo con la tierra, con el distrito, con la región.
Al cumplirse esos dos aspectos, podemos decir que, en alguna medida, se hace mérito a la representación popular y al principio de soberanía, en términos de representar con el cargo a la gente de una determinada región.
Si no se dan esos vínculos, entramos en una crisis de la representatividad o, más aún, de la institucionalidad, como ocurre hoy. Existe un cuestionamiento, una crítica, y flota en el ambiente el enojo de la ciudadanía y el distanciamiento hacia la clase política, justamente por la escasa representatividad de los parlamentarios en estas cámaras deliberativas.
Por eso, debemos encaminar un proyecto que establezca pautas para resolver esas dificultades.
¿Qué ocurre generalmente? En provincias estamos acostumbrados a que nos envíen candidatos y a que las autoridades de las regiones o de los distritos sean menospreciadas o minimizadas. Parece que se piensa que la gente de provincia o de regiones no tuviera la capacidad intelectual o política para afrontar desafíos como el de asumir un cargo de diputado. Continuamente se desconoce el derecho de los habitantes del lugar a tener la prioridad y el privilegio de optar a una función pública.
La persona que llega de afuera desconoce el distrito. La persona que está en el distrito tiene un verdadero sentido de pertenencia, de arraigo, conoce y sufre en carne propia los problemas.
Es cierto que somos diputados nacionales, que nuestra jurisdicción, competencia y función se extienden a todo el país y no necesariamente a nuestros distritos. Pero, en el contexto del país, defendemos los intereses de nuestras regiones y distritos. Comúnmente estamos aquí defendiendo a nuestras regiones y peleando contra el centralismo; sin embargo, aún no se ha podido llegar a una descentralización efectiva. El Presidente de la República ha anunciado que va a enviar un proyecto de ley para establecer una descentralización efectiva. Pero, la centralización no sólo se refiere a recursos y facultades, sino también a este tipo de cosas.
A veces, hay una actitud de arrogancia, de altanería y de arbitrariedad en los mismos personeros políticos del centro del país, que se atribuyen derechos y hacen perder prioridad a aquellas personas que, incluso, tienen mayor capacidad y conocimiento de los problemas de su región.
Durante muchos años hemos estado luchando contra este sistema y hemos visto cómo llegan a los distritos de las distintas regiones personas que no corresponden, que no son del lugar y que son enviadas por diferentes componendas y acuerdos políticos, dejando sin ninguna opción a aquellos que realmente lo merecen. Por eso, estoy de acuerdo con este proyecto.
No sé si lo habrá señalado otro señor diputado, pero también debería existir alguna limitación respecto de los senadores, porque este problema ocurre a todo nivel y, de alguna manera, altera la representación ciudadana, vicia nuestra representatividad e institucionalidad y hace que la gente no crea en los candidatos. Los candidatos que llegan de afuera dan a entender que conocen todos los problemas del distrito y hasta al último habitante del mismo. Por ello, muchas veces resultan elegidos, lo que provoca que la ciudadanía pierda grandes opciones entre su propia gente.
Estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece importante la modificación del artículo 48, en el sentido de que los candidatos deberán acreditar, aparte de la residencia, la inscripción en los registros electorales de la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente, durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día en que asuman el cargo.
Alguien podría decir que esa disposición no otorga ninguna seguridad y que no garantiza que los candidatos residan en el distrito por un plazo no inferior a dos años. Creo que no existe ningún mecanismo que sea perfecto y que nos lo pueda asegurar, pero todos los requisitos copulativos que establecemos, de alguna manera permitirán la eficacia de esa disposición.
Anuncio que voy a aprobar este proyecto de ley, transmitiendo el sentimiento de mi distrito y región, porque el problema de la representatividad por años no ha tenido solución. Ojalá, alguna vez lo resolvamos -la iniciativa se orienta en ese sentido-, para que la gente nos siga creyendo y tenga, en las personas que serán elegidas, la confianza que le permita sentirse realmente representada.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Sabat.
La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente, mi intervención está relacionada con la crisis que atraviesan los políticos y la política en Chile. Este proyecto está directamente relacionado con ello y, sobre todo, con la representatividad, la cual hace mucho tiempo la gente no siente en nosotros. Eso podemos verlo reflejado en cada una de las encuestas, según las cuales esta Corporación y sus integrantes hemos sido los peores evaluados por la opinión pública. Es una señal que desde hace tiempo nos han dado, pero que no hemos sabido escuchar para dar una respuesta más potente. Con este proyecto creo que sí se da.
Lo que ocurre con la representatividad está directamente vinculado con la no cercanía a la gente. Por eso nos evalúan negativamente. Generalmente, los partidos políticos hacen una suerte de juego político, cambiando a un candidato de una región a otra, sin importar si conoce la problemática que existe y que podría llegar a representar.
El diputado Marinovic mencionó un claro ejemplo que acaba de ocurrir, por el que la gente manifestó su molestia. En mi caso también ocurrió así. La gente prefirió votar por una persona que conoce la problemática del distrito y que todos los días convive con esa situación. Sin duda, es una señal que debería repetirse en todo Chile. Difícilmente puede haber representatividad concreta de una autoridad si ésta no conoce a los electores, no vive en el distrito que representa ni sufre los problemas de su gente. Como señalé, este es un gran paso y una gran señal que damos a nuestros representados de preocupación, de que sí queremos una política mejor, más participativa y mucho más cercana a la gente.
Por eso, anuncio mi voto a favor del proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, como diputada regionalista e independiente, hago un llamado a apoyar este importante proyecto.
Hoy no sólo es relevante nacer en la tierra, sino que también estar arraigada en la zona que uno representa y conocer la problemática de su gente. Actualmente, no es lo mismo vivir en la Región de Tarapacá que en Valparaíso; no es lo mismo ser de Santiago y ocupar un cargo de diputado o senador por otra zona. Lamentablemente, muchos dicen representar a la gente, pero no viven efectivamente en la zona que representan. ¡Y qué decir de los parlamentarios designados! Y quiero usar esta palabra, porque fueron designados por su partido político para reemplazar a los que actualmente son ministros. Eso me parece una tremenda falta de respeto hacia todos aquellos que votaron por esos parlamentarios que ahora son ministros. Lo mismo ocurre con los concejales que fueron elegidos por el voto popular y que hoy ocupan cargos en el Gobierno.
Por lo tanto, hago un llamado no sólo a aprobar el proyecto, sino también a hacer una reforma profunda en nuestra política. ¿Estamos de acuerdo con seguir con el sistema binominal? Porque uno escucha discursos, pero, lamentablemente, a la hora de los “quiubos”, no logramos ponernos de acuerdo. ¿Queremos que la ciudadanía sea representada en cada uno de estos escaños? Creo que éste es el primer paso. Por tanto, me alegro de que estemos discutiendo en la Cámara de Diputados un proyecto no sólo dirigido a los diputados, sino que también a los senadores, porque es una vergüenza que senadores de Santiago estén representando a cada una de las regiones de nuestro país.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, hemos discutido reformas al sistema electoral no en una sino en varias oportunidades en la Cámara de Diputados.
Hemos planteado con mucha claridad que, desde nuestro punto de vista, lo primero que debemos hacer es una reforma global al sistema electoral y eliminar, de una vez por todas, el sistema binominal heredado de la dictadura militar, que no permite la absoluta representación de la ciudadanía en el Congreso Nacional. He votado un par de veces proyectos de ley que intentan eliminar ese sistema, pero que no lo consiguen. Por lo tanto, seguimos con un mecanismo absolutamente anacrónico, que privilegia grandes bloques de pensamiento, en circunstancias de que nuestra matriz cultural y regional es muy distinta.
En 2005 discutimos la reforma constitucional que eliminó el requisito de residencia para los senadores. En esa oportunidad entendimos que los senadores tenían una visión más bien nacional, lo que daría la posibilidad de que los partidos políticos presentaran a candidatos que en gran medida pertenecen al establishment de cada uno de los bloques partidistas. Pero en esa misma reforma constitucional defendimos -lo volveremos a hacer- el requisito de que los diputados tengan representatividad y una cierta ligazón con el territorio, que permita que la gente no sólo se sienta representada por las ideas, desde los puntos de vista ideológico, político o de la sociedad que queremos construir, sino también por el hecho de que el parlamentario conoce el territorio y convive con sus habitantes. No me cabe ninguna duda de que la Unión Demócrata Independiente, por ejemplo, tiene gente muy capaz en todos los distritos del país. Sin embargo, parece utópico y absurdo que un candidato de Santiago vaya a representar, por su partido, a un distrito de región, en circunstancias de que en ese distrito existen personas muy capaces que lo pueden hacer muy bien. ¿Cuál es la razón de cambiar a una persona del distrito por otra que no lo es?
Por eso, me parece que el proyecto dispone algo razonable para todos los partidos políticos. También se aplica en el caso de mi partido, cuando plantee que un candidato de Santiago represente otros distritos. Por eso hay que establecer una vinculación. Si los partidos políticos quieren ubicar en otros distritos a sus candidatos a diputados, éstos deben conocer con anterioridad ese distrito, a su gente y cómo se desarrolla la vida en esa comunidad, la cual a veces es muy diversa. La gracia de Chile es ser un país muy diverso de norte a sur, incluso con distintas culturas. De hecho, cultura la nortina no es la misma que la magallánica o la sureña. La cueca no se baila igual en el norte que en el centro o en el sur del país. Por lo tanto, en términos de la representación, debemos buscar alguna posibilidad de que se cumplan la ley y, sobre todo, la Constitución que hoy nos rigen, porque eso no sucede actualmente.
El diputado Becker y otros colegas han planteado que aquellos que quieran ser candidatos deben estar inscritos en el distrito a lo menos dos años antes. Eso los obligará a votar no sólo por los alcaldes y concejales que los van a apoyar en sus candidaturas, sino que también a conocer la zona que van a representar. Repito, entiendo que los senadores sean nacionales, por ello en 2005 se modificó la Constitución Política en tal sentido. En esa oportunidad no logramos avanzar en esta materia. Espero que ahora seamos capaces de lograr una reforma que obligue a que la persona que quiera ser candidata en un distrito tenga cierta ligazón con el mismo y represente sus distintas visiones.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden Día. El debate del proyecto queda pendiente para una próxima sesión.
"
- rdf:value = " REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE EXIGENCIA A CANDIDATOS A DIPUTADOS. Primer trámite constitucional.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que exige a los candidatos a diputados estar inscritos en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito al que postulan representar en el Congreso Nacional, durante un período de, por lo menos, dos años antes de asumir el cargo.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Cristián Monckeberg.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7595-07, sesión 15ª, en 19 de abril de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 45ª, en 21 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONCKEBERG, don Cristián (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que exige a los diputados estar inscritos en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito al que postulan representar en el Congreso Nacional durante un período de, por lo menos, dos años antes de asumir el cargo.
Dicha iniciativa, originada en moción de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Gabriel Ascencio, Pepe Auth, Germán Becker, Sergio Bobadilla, Pedro Browne, Joaquín Godoy, Fernando Meza, Patricio Vallespín y quien habla, tiene por objeto exigir como requisito para postular al cargo de diputado, además de los ya existentes, acreditar residencia e inscripción electoral en la región a que pertenezca el correspondiente distrito electoral durante un período de, por lo menos, dos años antes de asumir el cargo, para lo cual introduce la correspondiente modificación al artículo 48 de la Carta Política.
De conformidad con los antecedentes hechos valer por el diputado Germán Becker, principal impulsor de la iniciativa, el espíritu del constituyente al establecer los requisitos para postular a una diputación, fue que cada diputado proviniera de la región en que se encuentra el distrito que deberá representar en el Congreso Nacional, como lo demuestra, por lo demás, la exigencia del actual artículo 48, en el sentido de tener residencia en la región a que pertenezca el correspondiente distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.
No obstante, tal requisito resulta insuficiente para asegurar el cumplimiento de esa finalidad, por cuanto basta que el candidato acredite una propiedad arrendada en la región para que se dé por cumplido, sin que ello signifique la existencia de una vinculación real con la región.
Cabe tener presente que ya en las actas de la Comisión de Estudio de la nueva Constitución se señaló que la exigencia de tener residencia o domicilio en la región a que pertenezca la correspondiente circunscripción electoral, obedecía a la idea de que el diputado tuviera un arraigo, no necesariamente en la agrupación o distrito, sino en la región, de manera de evitar cambios arbitrarios de circunscripción.
Según el profesor señor Emilio Pfeffer, dicha exigencia decía relación con la necesidad de establecer un vínculo o relación de cualquier naturaleza, que permitiera a quienes postularen a la Cámara de Diputados conocer los problemas de la región y su realidad, de manera de profundizar el proceso de regionalización iniciado poco antes.
Asimismo, don Alejandro Silva Bascuñán, también reconocido profesor de derecho constitucional, en un informe emitido en 1992 ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, sostuvo que la razón que explicaba el requisito de elegibilidad señalado, se inspiraba en el propósito de asegurar la vinculación del parlamentario con la circunscripción electoral que lo elija, a fin de que se halle en las mejores condiciones de compenetrarse de la realidad y circunstancias de convivencia en ella, de sus necesidades, problemas y aspiraciones, con el objeto de servir de modo más adecuado y eficaz a los legítimos intereses de sus poblaciones.
Agregó que ello buscaba, además, impedir que las candidaturas surgieran de decisiones de directivas centrales a favor de ciudadanos que desconocieran las características del electorado que los exalta a la función parlamentaria.
Por lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a la finalidad descrita, los autores de la moción creemos que el hecho de exigir inscripción en los registros electorales de la región implica una relación política efectiva con la misma, por cuanto las personas solamente pueden tener una inscripción electoral, contrariamente a lo que sucede con la residencia, la que puede acreditarse simultáneamente en distintos lugares del país, por ser ésta de carácter subjetivo.
De lo anterior, entonces se desprende la proposición que se hace mediante este proyecto, de agregar al requisito de residencia en la región, el de estar inscrito, con la misma antelación, en los registros electorales de la región a que pertenece el distrito que se quiere representar, pero contabilizando el tiempo hacia atrás, desde la fecha de asunción del cargo y no desde el día de la elección, fundamentalmente porque se trata de una data más estable, no sujeta a cambios, como lo demuestran los numerosos proyectos de reforma constitucional para alterar el día de la elección, especialmente si éste no cae en día domingo.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de reforma constitucional.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor SAFFIRIO.- ¡Votación inmediata!
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no puede ser de votación inmediata un proyecto que tiene que ver con la aceptación ciudadana respecto de los parlamentarios, la cual, muchas veces, se relaciona con situaciones como la que estamos tratando. Por eso, tal vez sea pertinente una discusión seria sobre este tema.
Hace algunos días, en la Región de Los Ríos, me llamó la atención la preocupación manifestada por esta reforma constitucional. Incluso, se contó con reflexiones de parte de instituciones privadas.
Un importante número de jóvenes del liceo Abdón Andrade Coloma, de La Unión, acudieron ante quien habla para dar a conocer su inquietud. Para mí fue muy gratificante conocer su buena disposición.
Con seguridad, esta preocupación se da en una gran cantidad de ciudadanos de la región. No sé si pasará lo mismo en las otras, pero me imagino que es algo de general ocurrencia.
Al respecto, es relevante el número de audiencias solicitadas y de opiniones escritas que recibimos. En fin, va más allá de la discusión que se da aquí.
Para quien habla fue muy gratificante saber que esos jóvenes están preocupados de la educación cívica, materia lejana en la educación secundaria.
Me sentí bien con ellos. Por eso, desde acá les envío un gran saludo, porque con seguridad están pendientes de este proyecto y de las ideas que las diputadas y los diputados vamos a aportar sobre el particular.
A mi juicio, quienes aspiran a representar a la población de determinado territorio, deben tener un marcado arraigo y pertenencia al mismo. De ahí que la tendencia general lleve a solicitar, entre los requisitos de elegibilidad, la comprobación de algún vínculo que demuestre pertenencia al grupo. Lo expresó en forma bastante clara el diputado informante, señor Cristián Monckeberg.
Los requisitos de elegibilidad de los diputados están establecidos en el artículo 48 de la Constitución, relacionado con la materia en discusión.
Hoy, al candidato se le exige tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la respectiva elección.
Esta exigencia, que a todas luces parece razonable, hoy se ve eclipsada debido a ciertas prácticas centralistas que se dan en algunos casos. Seamos claros: sólo en algunos casos. Por medio de ellas, los partidos políticos colocan en cupos de regiones a candidatos no residentes y con escaso arraigo en los territorios, pero en la mayoría de las ocasiones con fuerte influencia en las cúpulas partidistas. Eso puede sonar un tanto fuerte, pero la ciudadanía lo entiende así. En situaciones peores, se entrega una candidatura como premio de consuelo a algún militante connotado que no logró cabida en el distrito al que aspiraba originalmente.
Debido a la falta de definición clara del concepto, el requisito de residencia que exige la Carta Fundamental en su artículo 48 hoy se utiliza de manera muy flexible. Se considera residencia desde un arrendamiento, con efecto retroactivo, hasta la realización de clases, una vez al mes, en alguna institución de la región. De ese modo se demuestra la residencia exigida por la Constitución. Sin embargo, eso, de ninguna manera, comprueba un verdadero arraigo y compromiso con las necesidades y aspiraciones de quienes conviven con la problemática de la región.
Estoy de acuerdo con lo propuesto por el proyecto, que establece un requisito de elegibilidad más relativo al vínculo del postulante con la población y el territorio al que aspira a representar. Así, se establece la exigencia de inscripción en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito respectivo, durante un período de, por lo menos, dos años antes de la fecha en que se debe asumir el cargo.
Es una buena alternativa; hay que considerarla. Con ello, quizás se logre un mínimo de coherencia entre la postulación y el compromiso con el electorado al que se aspira a representar, estableciendo, así, la posibilidad de una representación legítima y fundada en el arraigo con el territorio y su ciudadanía.
Es un tema que debemos abordar.
Por eso, con el debido respeto a muchos colegas que desempeñan su trabajo en forma tremendamente seria y responsable, les digo que deberíamos dejar de lado la práctica a que me referí, que proviene de las cúpulas partidistas.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, felicito al diputado Cristián Monckeberg y a los demás autores de este proyecto de reforma constitucional, que pretende llevar a cabo un pequeño acercamiento entre los parlamentarios y la ciudadanía.
La gente quiere que los políticos que la representen sean de la respectiva región; que los parlamentarios que la representen conozcan sus problemas, realidades y situaciones. La única forma de tener verdadera empatía con la problemática de una región y de sus habitantes es viviendo, teniendo residencia en la región a cuyos electores se quiere representar.
Reitero mis felicitaciones a los autores de la iniciativa y anuncio mi voto favorable desde ya. Al respecto, cabe aclarar que ella no se limita al requisito de residencia, que ya se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Carta Fundamental. Es un tema respecto del cual debemos avanzar y profundizar, porque hoy existe mucha confusión respecto de materias tales como la residencia, el domicilio y otras.
Me pregunto, por ejemplo, si alguien quiere ser diputado por la Región de Magallanes, ¿basta con que seis meses antes de la elección saque una patente de abogado, arriende un departamento u oficina, viaje dos o tres veces antes de la elección y diga que tiene domicilio en esa región? (Cabe formular la misma pregunta respecto de quienes deseen ser diputados por distritos de las regiones de Aysén, de Arica y Parinacota, del Bíobío, de Valparaíso u otra). Por supuesto que no. La gente no quiere eso. La ciudadanía quiere ser representada por habitantes de su región.
Por lo tanto, el requisito que se establece constituye un avance importante, que debe complementarse con muchas otras cosas fundamentales para que recuperemos legitimidad frente a la ciudadanía.
Hoy, cuando es necesario reemplazar a algún parlamentario, lo hace el partido. ¡No sé qué cara habrá puesto la gente en la Décima Región cuando el senador Andrés Allamand fue nombrado ministro y, en su reemplazo, llevaron al señor Larraín, designado, quien no vive allá! ¡Tampoco sé si tiene un fundo allá, como en Punta Arenas!
¿Qué dirán en la Décima Región? Que la cúpula partidista impuso un senador que, a lo mejor, jamás había pisado el suelo de esa región.
Por lo tanto, tenemos que avanzar en legitimar, de manera que la gente de la respectiva región tenga poder de decisión sobre los reemplazos de parlamentarios.
Otro tema en el cual debemos avanzar dice relación con las elecciones primarias. Queremos elecciones primarias al interior de los partidos, para que los militantes de base de cada una de las regiones puedan elegir a sus candidatos a concejales, alcaldes, diputados y senadores. No queremos que cuatro o cinco señores, en una reunión en Santiago, a lo mejor, al amparo de una buena cena, sean quienes determinen los designios de los habitantes de las regiones Cuarta, Quinta, Décima, Undécima, etcétera.
Avanzar hacia primarias abiertas, cambiar el sistema de reemplazo de parlamentarios y aclarar que se debe exigir domicilio y residencia a quien postule al cargo de diputado por una determinada región. Estos son requisitos indispensables para mejorar la democracia, para aumentar la representatividad y para tener una cara más legítima frente a la ciudadanía.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, como diputado de región, no puedo sino estar de acuerdo con una iniciativa de esta naturaleza.
Recién comentaba con el diputado Manuel Rojas que “hecha la ley, hecha la trampa”. El requisito de residencia en la región que se aplica respecto de los candidatos a diputados, se altera por diferentes mecanismos, como han expresado algunos colegas.
Pero el país está dividido en distritos, y en ellos se eligen a los diputados. Al respecto, no me cabe la menor duda de que el espíritu original del legislador fue asegurar la correlación entre el territorio y quienes lo representan.
Para las regiones, esto constituye una premisa fundamental.
¿Por qué no concebir al representante de la comunidad en el respectivo territorio, respecto del cual tenga una relación básica, fundamental, ojalá histórica y de una representación mínima, a fin de asegurar a esa población, a esa comunidad, que en la Cámara de Diputados, sus ideas, planteamientos y sugerencias serán debidamente representadas?
De repente, he escuchado algunas visiones que se centran fundamentalmente en los temores.
Probablemente, un proyecto de esta naturaleza, en zonas más urbanas, puede generar algunas suspicacias. Pero en regiones como la nuestra, el arraigo del candidato con sus representados debe alcanzar una simbiosis absolutamente clara y precisa.
Repito, probablemente una iniciativa de esta naturaleza, en zonas más urbanas, puede generar algunas suspicacias y temores; porque ¡pucha que es fácil, -como bien se ha señalado acá- acreditar la residencia a través de un contrato de arriendo, pero no vivir en la respectiva región!
Debemos buscar la manera de vincular lo más estrechamente posible nuestro ejercicio político con las comunidades a las cuales queremos representar.
En ese ámbito, creo que el proyecto avanza en el sentido correcto, por cuanto constituye un aporte para mejorar esa relación simbiótica que debe existir entre el representante y su comunidad.
La iniciativa también es una buena y clara señal respecto del respeto que debemos tener por nuestras regiones y por la gente a la cual queremos representar.
A mi juicio, sería lamentable que, a través de estos subterfugios legales, se generalizara la práctica actual y, en vez de acercar el ejercicio político a la comunidad, termináramos en todo lo contrario. Eso obviamente nos está haciendo muy mal.
Debemos impulsar la mayor sintonía posible entre el representante y la comunidad a la cual aspira a representar.
La residencia es un requisito. Perfecto. Mediante la iniciativa se agrega un importante requisito adicional, a fin de evitar que se burle el requisito de residencia. Así pasa en muchos distritos, que cuentan con representantes de fines de semana, de festividades, pero que no están de manera permanente con las comunidades a las que dicen representar.
Eso lo vemos a diario en regiones.
Por lo tanto, la iniciativa constituye un avance y una señal de respeto hacia las comunidades a las cuales queremos representar; pero también me parece una clara y potente señal de respeto y fortalecimiento de las regiones.
No podemos dilatar más la respuesta a una situación de esta naturaleza.
En consecuencia, hago un llamado a todos los colegas para a aprobar sin mayor dilación la iniciativa.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, nunca estuve de acuerdo con quienes piensan que naturalmente es mejor parlamentario de un distrito o de una región algún representante que ha nacido en ella.
En verdad, muchas veces se planteó la objeción de residencia, pero la jurisprudencia de los jueces estableció que cualquier ciudadano puede hacerse elegir como representante en cualquier parte del territorio de Chile.
Sin embargo, suscribí la iniciativa y, con entusiasmo, la voy a votar favorablemente.
Cuando se modificó la forma de elegir al reemplazante de un senador o diputado que deja de serlo, se estableció que su reemplazante es designado por la cúpula del partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Al respecto, ocurre que, sin ninguna relación de trabajo o requisito de compromiso previo del reemplazante con el territorio y la población que va a representar, es lanzado, desde una catapulta que puede estar ubicada a mil kilómetros de distancia -por ejemplo, un presidente de partido-, pasando por encima de genuinos representantes que, posiblemente, habrían aspirado legítimamente a ocupar, por ejemplo, un cargo senatorial que se abandonó para ingresar al gobierno. Así, insisto, en un dos por tres, sin ningún requisito previo -los jueces establecieron que se puede residir en cualquier región de Chile-, desde el centro del país se impone a una región un senador. A mi juicio, eso representa una violencia conceptual cuya repetición hay que impedir por la vía legislativa. En ese sentido, me parece que la iniciativa en discusión es una manera inteligente de impedir que eso vuelva a ocurrir.
No se trata de exigir que el candidato nazca en la región o que haya vivido veinte años en ella, pero sí que tenga un compromiso específico con la región y con la población a la cual desea representar.
Así como quiero terminar con los capitales volátiles, quiero terminar con la idea de dirigentes políticos que tienen el don de la ubicuidad, es decir, de la capacidad de representar potencialmente a cualquier población o territorio de Chile. Reconozco el derecho de cualquier ciudadano a representar a cualquier región, pero previa apuesta y compromiso con la población y el territorio respectivos. Por eso, apoyo que se establezca un mínimo compromiso del candidato.
La ley dispone que es posible residir en distintas regiones, pero, asimismo, que hay que estar inscrito en los registros electorales de una sola región, de un solo territorio nacional. Para optar a ser representante popular de un distrito se debe exigir, desde el punto de vista legal, al menos haber establecido un compromiso duradero con el respectivo territorio. No puede continuar el vitrineo; no puede continuar la práctica de candidatos que disputan en elecciones internas de un partido para un distrito y, como en el juego de billar, terminan siendo candidatos por otro, lejano, con el cual no tienen el más mínimo compromiso previo y difícilmente lo tendrán después.
El hecho de exigir la demostración de un compromiso específico es una cuestión absolutamente legítima, particularmente mientras se mantenga vigente la norma que permite -creo que debemos derogarla- que los reemplazantes de diputados y senadores cuyos cargos quedaron vacantes, sean designados por las cúpulas partidarias, en lugar de efectuar -como siempre hizo la democracia en Chile- una elección complementaria, devolviéndole a la gente el derecho a elegir a sus representantes. Eso, por supuesto, inhibiría a muchos de saltar de un cargo a otro, y, cuando lo hicieran, el partido correría un riesgo, porque la gente -no las dirigencias políticas- decidiría sobre el reemplazante del respectivo parlamentario.
Por estas razones, voy a votar a favor la iniciativa, que establece una exigencia adicional para ser candidato a diputado, en el sentido de estar inscrito en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito al que postulan representar, durante un período de, a lo menos, dos años antes de asumir el cargo. De esa manera, se expresará su voluntad y compromiso de representar a una población y a un territorio específico en el Congreso Nacional.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, quiero entender la motivación de este proyecto en el sentido de legislar y garantizar que la tarea de representación será fiel a la expectativa que se forja la ciudadanía al momento de ejercer, mediante su legítimo derecho al sufragio, la soberanía política radicada en los electores.
Quiero entender que, con esta medida, no se garantizará la labor de quienes, haciendo uso de una formulación que finalmente no se cumple, logran concitar respaldos y hacen que la tarea parlamentaria sea vista con el sentido crítico que hoy todos conocemos.
Quiero imaginarme que el problema de fondo de esa expectativa ciudadana sobre sus representantes está determinada por el lugar de origen, ya sea por la vía de la residencia o domicilio o de la inscripción en los registros electorales.
Mi inquietud en este debate es saber qué pasa con aquel sector de una región -donde estaremos inscritos, donde tendremos domicilio, residencia, y donde probaremos cuál es nuestra real consonancia con la idiosincrasia, el sentimiento y las expectativas de los electores-, que tiene instalación, dado el sistema electoral, pero que no tiene representación en este hemiciclo. Me parece que no podemos acomodar una argumentación al extremo si soslayamos los temas de fondo que, a mi juicio, vulneran que en este Hemiciclo estén representadas las tendencias y sensibilidades que tiene la sociedad chilena, región por región.
Por ello, si vamos a hacer una reforma para establecer el requisito de la antigüedad en los registros electorales, buscando con ello que se validen los liderazgos que tienen representación y raigambre en una región y que efectivamente se ejerza en la tarea de representación en la Cámara la descentralización de las opiniones y pensamientos, creo que no podemos desvincular dicha reforma de un debate sobre el sistema electoral, que es el que más violenta la posibilidad de que estén representados en este hemiciclo los distintos sectores que tienen, de verdad, corrientes de opinión construidas en cada región.
No podemos imaginar que esta iniciativa sea la solución a la coherencia y a la consecuencia de la representación democrática, si no está garantizado, para todas y todos, el derecho a elegir, vivan en Chile o fuera de él. Si no se establecen medidas que permitan que el ejercicio de la soberanía sea casi directamente reflejo del pensamiento de la ciudadanía, no estaremos abordando, a mi juicio, el tema de fondo. Puedo estar de acuerdo con esta iniciativa que dispone que los diputados se elijan con una raigambre regional que estaría garantizada por el número de años en que estén inscritos en los registros electorales, pero también con que exista un sistema electoral que permita que las corrientes de opinión que existen en la región tengan representación.
Pero, agrego: ¿por qué no discutimos la revocabilidad de las tareas de representación cuando se produzca un quiebre entre el uso abusivo del lenguaje, que deriva en populismo y demagogia para concitar apoyo, y el ejercicio del cargo, que muchas veces dista absolutamente de lo comprometido? Nadie puede negar que la soberanía ciudadana se manifiesta por la vía de la representación.
¿Por qué no legislamos para asegurar de manera fiel que vamos a representar a la región en la que tendremos residencia y en cuyos registros electorales estaremos inscritos? ¿Por qué no legislamos para que esa región también tenga la posibilidad de pronunciarse sobre temas de interés nacional, como las políticas energéticas, mediante el recurso de la consulta o el plebiscito como mecanismo democrático? De esa forma, en verdad, vamos a cumplir con esa representación que hoy queremos reforzar por la vía de acreditar residencia e inscripción en los registros electorales.
Esta reforma constitucional es la oportunidad para debatir sobre nuestro sistema de representación política. Estamos preocupados de no burlar la idiosincrasia cultural regional con estas medidas “suprapartidarias” o de “cúpulas partidarias”. ¿Por qué no legislamos sobre el derecho que tienen las regiones a pronunciarse sobre políticas de Estado? ¿Por qué no legislamos sobre el derecho de la ciudadanía a pronunciarse sobre la revocación del cargo de representación popular, cuando su titular incurre en uso abusivo de la publicidad y de la propaganda y, posteriormente, en un quiebre en su deber de representación?
A mi juicio, esos son los temas que profundizan las democracias. Discutir sólo la materia que propone esta iniciativa implica nuevamente instalar un debate puntual, tal como se hizo en su momento para definir la mejor fecha de una segunda vuelta presidencial, y seguir postergando el tema de fondo, que está instalado en una Constitución que se aprobó en las condiciones más antidemocráticas que ha conocido el país, como fueron las que hubo durante los 17 años que duró la dictadura.
Llamo la atención para que haya coherencia en nuestras intervenciones. Aunque abramos paso a este requisito de inscripción en los registros electorales con un tiempo de anticipación, nos parece que avanzar sólo en ello es una contemplación de quienes no quieren profundizar y construir un sistema democrático. Alguien preguntará: “¿Quién lo determinará?” Fácil: la ciudadanía. Debemos establecer que a través del ejercicio real del soberano se defina este tipo de medidas, incluyendo nuestro sistema electoral, altamente excluyente y que, por lo mismo, debe ser debatido en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, hemos sido testigos de algo que a las regiones y a la gente común y corriente afecta mucho. Los ciudadanos eligen a sus representantes porque piensan que los van a representar y porque sienten adhesión y simpatía hacia ellos. Por eso, les resulta chocante y violento cuando sus diputados o senadores son removidos y trasladados a cargos de Gobierno. Dichos cambios se llevan a cabo centralizadamente, según lo permite la ley, y son los propios partidos políticos los que designan a los nuevos diputados y senadores, personas que a veces no tienen ningún vínculo con quienes van a representar.
Esa forma de llenar vacantes resulta muy fuerte y es una de las heridas que tiene nuestro sistema democrático.
La exigencia de tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente fue de alguna manera violentada. En la práctica no significó nada y en cierta forma le torcimos la nariz a la ley.
Como diputado de región siento simpatía por este proyecto, pero no estoy tan seguro de que vaya a superar el problema incorporar el requisito de la inscripción en los registros electorales de la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente dos años antes.
Pienso que, tal vez, sí puede generar un vínculo. Dentro de poco tendremos elecciones municipales. Seguramente, y aprovechando esta coyuntura, el candidato a diputado va a buscar ese vínculo y va a participar como ciudadano en las elecciones municipales del distrito que pretende representar y en cuyo registro electoral se ha inscrito. Pero no es éste el vínculo que buscamos como región.
Entiendo que la idea matriz del proyecto se funda en que el espíritu del constituyente fue que los diputados provengan de la región en que se encuentran los distritos que deberán representar en la Cámara. Así lo dispone la Constitución, una Carta Fundamental bastante complicada, que no sé si estaba en su inspiración la descentralización del país. Los diputados se eligen por distrito y se estableció el requisito de residencia en la idea de descentralizar el país. Sin embargo, esto no ha ocurrido así.
Por otro lado, hay algo que me parece contradictorio. Somos un país unitario y nosotros somos diputados de la República; por lo tanto, somos diputados en todo el territorio nacional. Es una realidad que atenta contra lo que pretende esta moción.
Reitero, como diputado de región, no puedo estar en desacuerdo con el proyecto. Por eso, lo apoyaré, aunque con las observaciones pertinentes.
Por último, quiero señalar que los eslóganes -han estado siempre en nuestra política y son parte de nuestra historia- no siempre reflejan la realidad. “El León de Tarapacá” no era tan de Tarapacá. Sólo era un eslogan muy bien puesto.
En regiones hemos elegido a muchos representantes que no eran oriundos. No obstante, la mayoría ha cumplido una labor inmensamente positiva. Incluso, muchos de los que hoy ejercen algún cargo de representación popular han sido reconocidos por su gran vinculación con la región.
Por ello, creo que debemos legislar en torno a una definición mayor que la que hoy se nos está presentando.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, este es uno de esos proyectos que contribuyen a corregir determinados vicios de nuestro estado de derecho y de nuestra institucionalidad.
Este proyecto de ley va en la dirección correcta. Aunque no resuelve totalmente el problema, tiene la intención de dar más transparencia a nuestro sistema electoral y de representación popular.
La representatividad puede estar basada en dos aspectos fundamentales. Primero, el vínculo con la ciudadanía. Los diputados debemos estar conectados con los problemas de la gente, conocer sus dificultades y tener una unión permanente con sus necesidades primordiales.
Segundo, el vínculo con la tierra, con el distrito, con la región.
Al cumplirse esos dos aspectos, podemos decir que, en alguna medida, se hace mérito a la representación popular y al principio de soberanía, en términos de representar con el cargo a la gente de una determinada región.
Si no se dan esos vínculos, entramos en una crisis de la representatividad o, más aún, de la institucionalidad, como ocurre hoy. Existe un cuestionamiento, una crítica, y flota en el ambiente el enojo de la ciudadanía y el distanciamiento hacia la clase política, justamente por la escasa representatividad de los parlamentarios en estas cámaras deliberativas.
Por eso, debemos encaminar un proyecto que establezca pautas para resolver esas dificultades.
¿Qué ocurre generalmente? En provincias estamos acostumbrados a que nos envíen candidatos y a que las autoridades de las regiones o de los distritos sean menospreciadas o minimizadas. Parece que se piensa que la gente de provincia o de regiones no tuviera la capacidad intelectual o política para afrontar desafíos como el de asumir un cargo de diputado. Continuamente se desconoce el derecho de los habitantes del lugar a tener la prioridad y el privilegio de optar a una función pública.
La persona que llega de afuera desconoce el distrito. La persona que está en el distrito tiene un verdadero sentido de pertenencia, de arraigo, conoce y sufre en carne propia los problemas.
Es cierto que somos diputados nacionales, que nuestra jurisdicción, competencia y función se extienden a todo el país y no necesariamente a nuestros distritos. Pero, en el contexto del país, defendemos los intereses de nuestras regiones y distritos. Comúnmente estamos aquí defendiendo a nuestras regiones y peleando contra el centralismo; sin embargo, aún no se ha podido llegar a una descentralización efectiva. El Presidente de la República ha anunciado que va a enviar un proyecto de ley para establecer una descentralización efectiva. Pero, la centralización no sólo se refiere a recursos y facultades, sino también a este tipo de cosas.
A veces, hay una actitud de arrogancia, de altanería y de arbitrariedad en los mismos personeros políticos del centro del país, que se atribuyen derechos y hacen perder prioridad a aquellas personas que, incluso, tienen mayor capacidad y conocimiento de los problemas de su región.
Durante muchos años hemos estado luchando contra este sistema y hemos visto cómo llegan a los distritos de las distintas regiones personas que no corresponden, que no son del lugar y que son enviadas por diferentes componendas y acuerdos políticos, dejando sin ninguna opción a aquellos que realmente lo merecen. Por eso, estoy de acuerdo con este proyecto.
No sé si lo habrá señalado otro señor diputado, pero también debería existir alguna limitación respecto de los senadores, porque este problema ocurre a todo nivel y, de alguna manera, altera la representación ciudadana, vicia nuestra representatividad e institucionalidad y hace que la gente no crea en los candidatos. Los candidatos que llegan de afuera dan a entender que conocen todos los problemas del distrito y hasta al último habitante del mismo. Por ello, muchas veces resultan elegidos, lo que provoca que la ciudadanía pierda grandes opciones entre su propia gente.
Estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece importante la modificación del artículo 48, en el sentido de que los candidatos deberán acreditar, aparte de la residencia, la inscripción en los registros electorales de la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente, durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día en que asuman el cargo.
Alguien podría decir que esa disposición no otorga ninguna seguridad y que no garantiza que los candidatos residan en el distrito por un plazo no inferior a dos años. Creo que no existe ningún mecanismo que sea perfecto y que nos lo pueda asegurar, pero todos los requisitos copulativos que establecemos, de alguna manera permitirán la eficacia de esa disposición.
Anuncio que voy a aprobar este proyecto de ley, transmitiendo el sentimiento de mi distrito y región, porque el problema de la representatividad por años no ha tenido solución. Ojalá, alguna vez lo resolvamos -la iniciativa se orienta en ese sentido-, para que la gente nos siga creyendo y tenga, en las personas que serán elegidas, la confianza que le permita sentirse realmente representada.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Sabat.
La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente, mi intervención está relacionada con la crisis que atraviesan los políticos y la política en Chile. Este proyecto está directamente relacionado con ello y, sobre todo, con la representatividad, la cual hace mucho tiempo la gente no siente en nosotros. Eso podemos verlo reflejado en cada una de las encuestas, según las cuales esta Corporación y sus integrantes hemos sido los peores evaluados por la opinión pública. Es una señal que desde hace tiempo nos han dado, pero que no hemos sabido escuchar para dar una respuesta más potente. Con este proyecto creo que sí se da.
Lo que ocurre con la representatividad está directamente vinculado con la no cercanía a la gente. Por eso nos evalúan negativamente. Generalmente, los partidos políticos hacen una suerte de juego político, cambiando a un candidato de una región a otra, sin importar si conoce la problemática que existe y que podría llegar a representar.
El diputado Marinovic mencionó un claro ejemplo que acaba de ocurrir, por el que la gente manifestó su molestia. En mi caso también ocurrió así. La gente prefirió votar por una persona que conoce la problemática del distrito y que todos los días convive con esa situación. Sin duda, es una señal que debería repetirse en todo Chile. Difícilmente puede haber representatividad concreta de una autoridad si ésta no conoce a los electores, no vive en el distrito que representa ni sufre los problemas de su gente. Como señalé, este es un gran paso y una gran señal que damos a nuestros representados de preocupación, de que sí queremos una política mejor, más participativa y mucho más cercana a la gente.
Por eso, anuncio mi voto a favor del proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, como diputada regionalista e independiente, hago un llamado a apoyar este importante proyecto.
Hoy no sólo es relevante nacer en la tierra, sino que también estar arraigada en la zona que uno representa y conocer la problemática de su gente. Actualmente, no es lo mismo vivir en la Región de Tarapacá que en Valparaíso; no es lo mismo ser de Santiago y ocupar un cargo de diputado o senador por otra zona. Lamentablemente, muchos dicen representar a la gente, pero no viven efectivamente en la zona que representan. ¡Y qué decir de los parlamentarios designados! Y quiero usar esta palabra, porque fueron designados por su partido político para reemplazar a los que actualmente son ministros. Eso me parece una tremenda falta de respeto hacia todos aquellos que votaron por esos parlamentarios que ahora son ministros. Lo mismo ocurre con los concejales que fueron elegidos por el voto popular y que hoy ocupan cargos en el Gobierno.
Por lo tanto, hago un llamado no sólo a aprobar el proyecto, sino también a hacer una reforma profunda en nuestra política. ¿Estamos de acuerdo con seguir con el sistema binominal? Porque uno escucha discursos, pero, lamentablemente, a la hora de los “quiubos”, no logramos ponernos de acuerdo. ¿Queremos que la ciudadanía sea representada en cada uno de estos escaños? Creo que éste es el primer paso. Por tanto, me alegro de que estemos discutiendo en la Cámara de Diputados un proyecto no sólo dirigido a los diputados, sino que también a los senadores, porque es una vergüenza que senadores de Santiago estén representando a cada una de las regiones de nuestro país.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, hemos discutido reformas al sistema electoral no en una sino en varias oportunidades en la Cámara de Diputados.
Hemos planteado con mucha claridad que, desde nuestro punto de vista, lo primero que debemos hacer es una reforma global al sistema electoral y eliminar, de una vez por todas, el sistema binominal heredado de la dictadura militar, que no permite la absoluta representación de la ciudadanía en el Congreso Nacional. He votado un par de veces proyectos de ley que intentan eliminar ese sistema, pero que no lo consiguen. Por lo tanto, seguimos con un mecanismo absolutamente anacrónico, que privilegia grandes bloques de pensamiento, en circunstancias de que nuestra matriz cultural y regional es muy distinta.
En 2005 discutimos la reforma constitucional que eliminó el requisito de residencia para los senadores. En esa oportunidad entendimos que los senadores tenían una visión más bien nacional, lo que daría la posibilidad de que los partidos políticos presentaran a candidatos que en gran medida pertenecen al establishment de cada uno de los bloques partidistas. Pero en esa misma reforma constitucional defendimos -lo volveremos a hacer- el requisito de que los diputados tengan representatividad y una cierta ligazón con el territorio, que permita que la gente no sólo se sienta representada por las ideas, desde los puntos de vista ideológico, político o de la sociedad que queremos construir, sino también por el hecho de que el parlamentario conoce el territorio y convive con sus habitantes. No me cabe ninguna duda de que la Unión Demócrata Independiente, por ejemplo, tiene gente muy capaz en todos los distritos del país. Sin embargo, parece utópico y absurdo que un candidato de Santiago vaya a representar, por su partido, a un distrito de región, en circunstancias de que en ese distrito existen personas muy capaces que lo pueden hacer muy bien. ¿Cuál es la raz��n de cambiar a una persona del distrito por otra que no lo es?
Por eso, me parece que el proyecto dispone algo razonable para todos los partidos políticos. También se aplica en el caso de mi partido, cuando plantee que un candidato de Santiago represente otros distritos. Por eso hay que establecer una vinculación. Si los partidos políticos quieren ubicar en otros distritos a sus candidatos a diputados, éstos deben conocer con anterioridad ese distrito, a su gente y cómo se desarrolla la vida en esa comunidad, la cual a veces es muy diversa. La gracia de Chile es ser un país muy diverso de norte a sur, incluso con distintas culturas. De hecho, cultura la nortina no es la misma que la magallánica o la sureña. La cueca no se baila igual en el norte que en el centro o en el sur del país. Por lo tanto, en términos de la representación, debemos buscar alguna posibilidad de que se cumplan la ley y, sobre todo, la Constitución que hoy nos rigen, porque eso no sucede actualmente.
El diputado Becker y otros colegas han planteado que aquellos que quieran ser candidatos deben estar inscritos en el distrito a lo menos dos años antes. Eso los obligará a votar no sólo por los alcaldes y concejales que los van a apoyar en sus candidaturas, sino que también a conocer la zona que van a representar. Repito, entiendo que los senadores sean nacionales, por ello en 2005 se modificó la Constitución Política en tal sentido. En esa oportunidad no logramos avanzar en esta materia. Espero que ahora seamos capaces de lograr una reforma que obligue a que la persona que quiera ser candidata en un distrito tenga cierta ligazón con el mismo y represente sus distintas visiones.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden Día. El debate del proyecto queda pendiente para una próxima sesión.
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