REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 362ª Sesión 32ª, en miércoles 11 de junio de 2014 (Ordinaria, de 10.37 a 13.49 horas) Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo, y González Torres, don Rodrigo. Presidencia accidental del señor Ulloa Aguillón, don Jorge. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- ANEXO DE SESIÓN IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.- ASISTENCIA8 II.- APERTURA DE LA SESIÓN11 III.- ACTAS11 IV.- CUENTA11 CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA11 CITACIÓN A MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO (ARTÍCULO 52, N° 1), LETRA B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE REPÚBLICA)13 V.- ORDEN DEL DÍA14 CREACIÓN DE REGISTRO VOLUNTARIO DE CONTRATOS AGRÍCOLAS (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°8829-01) [INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA]14 PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MATERIA DE INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL COMBATE DEL DELITO GRAVE (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9243-10)29 MODIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9174-04)40 NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR GONZALO ANTONIO DE LA MAZA ESCOBAR COMO CONSEJERO NACIONAL DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO53 PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES PARA DESIGNAR REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN EL COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS54 VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN56 RESTAURACIÓN DE TEATRO DE LOS MINEROS, EXSINDICATO N° 6 DE LA COMUNA DE LOTA56 FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS DESALINIZADORAS Y SU INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL COSTERO58 CATASTRO DE VIVIENDAS SOCIALES CONSTRUIDAS POR EL ESTADO CON TECHUMBRE DE ASBESTO CEMENTO60 VII.- INCIDENTES63 REBAJA DE TARIFA ELÉCTRICA EN COMUNAS CON PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA63 DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES DE TOMA DE RAZÓN DE PLANES REGULADORES COMUNALES Y DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (OFICIO)64 PROCEDENCIA DE CONTRATOS POR HORAS TRABAJADAS DE PROFESORES DE SEDE INACAP LA SERENA (OFICIO)65 SOLUCIÓN A PROBLEMAS Y COMPROMISOS EN SALUD INCUMPLIDOS POR ANTERIOR ADMINISTRACIÓN EN COMUNA DE QUELLÓN (OFICIO)65 ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUÍNOA; COYA, COMUNA DE MACHALÍ, Y EN COMUNA DE PICHILEMU (OFICIOS)66 INCORPORACIÓN DE MOCIONES EN PROYECTO DE REFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR (OFICIO)67 AGILIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS ELEVADORAS EN COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO (OFICIOS)67 FISCALIZACIÓN A EMPRESA SANITARIA AGUAS CHAÑAR (OFICIOS)68 INFORMACIÓN SOBRE MONTO Y ORIGEN DE NUEVOS RECURSOS DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DEL TRANSANTIAGO (OFICIO)69 FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEY DE DONACIONES CON FINES DEPORTIVOS (OFICIOS)70 MEDIDAS PARA LLAMADO A LICITACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL GRAN VALPARAÍSO Y FISCALIZACIÓN A BUSES (OFICIO)71 EXPLICACIÓN POR PARTICIPACIÓN DE DIRECTIVOS DE COLEGIOS MUNICIPALES DE OLMUÉ EN JORNADA DE CAPACITACIÓN POLÍTICA. (OFICIO)72 VIII.- ANEXO DE SESIÓN73 COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES73 RELOCALIZACIÓN DE CÁRCEL DE CHILLÁN (OFICIO)73 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE METROTRÉN EN COPIAPÓ (OFICIOS)74 IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA76 1. MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA UN MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES QUE INDICA (BOLETÍN N° 9389-05)76 2. OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9383-05)85 3. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN Nº 4.930-18)85 4. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN NÚMERO 8805-07)86 5. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS; BROWNE, CAMPOS, Y JIMÉNEZ, QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE JORNADA LABORAL EN DÍAS DOMINGOS Y FESTIVOS. (BOLETÍN N° 9386-13)87 6. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS; BROWNE, CAMPOS, Y JIMÉNEZ, QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO INCORPORANDO LA FALTA DE SEGURIDAD LABORAL EN LA REGULACIÓN DE LA CAUSAL DE DESPIDO CONSISTENTE EN EL ABANDONO DE FAENAS SIN CAUSA JUSTIFICADA (BOLETÍN N° 9385-13)88 7. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA ÁLVAREZ Y DEL DIPUTADO SEÑOR ESPINOZA, DON FIDEL, QUE MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO PERMITIENDO LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE SEPULTACIÓN EN RAZÓN DE TRADICIONES ANCESTRALES (BOLETÍN N° 9387-11)90 8. INFORME DE LA DIPUTADA SEÑORA NÚÑEZ, DOÑA PAULINA, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA XX REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN DEL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, CELEBRADA LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2014 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA93 9. INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR LETELIER SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2014, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.94 X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.Peticiones: -De 48 señoras y señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “reunir antecedentes relativos a las pérdidas, cercanas a siete mil millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 7.000.000.000), en que habría incurrido la empresa Codelco y la exposición financiera negativa en que se la colocó producto de operaciones, entre los años 2005 y 2007 de ventas a futuro y forwards que fueron innecesarios, especulativos, con altísimo riesgo e inusuales en el mercado. Como asimismo, informarse de los efectos y consecuencias del contrato suscrito el 31 de mayo de 2005, entre Codelco y Copper Partners lnvesment Company Ltda. (Cupic) en las Islas Bermudas”. Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. -Efectuada por 45 señoras y señores diputados, con el objeto de citar a la señora Ministra de Vivienda, doña Paulina Saball Astaburuaga, para formularle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al cuestionario temático adjunto, conforme lo prescrito en el artículo 52 N° 1 letra b) de la Constitución Política de la República, y las disposiciones del Libro Título IV bis del Reglamento de la Cámara de Diputados. 2.Comunicaciones: -Del diputado señor Espinoza, don Fidel, por la cual solicita permiso para ausentarse por razones personales los días martes 17 y miércoles 18 de junio de 2014, de conformidad con lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo 41 bis del Reglamento. -Del diputado señor Rivas por la cual justifica su inasistencia a la sesión del martes 10 de junio de 2014, en razón de su participación en la marcha convocada por organizaciones estudiantiles. 3.Notas: -Del diputado señor Gahona, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 11 de junio de 2014, para dirigirse a Brasil. 4.Oficios: -Del Grupo Interparlamentario Chileno-Ecuatoriano, por el cual informa que procedió a constituirse y a designar como presidente al diputado señor Silber. -Del Grupo Interparlamentario Chileno-Uruguayo, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidenta a la diputada señora Yenny Álvarez Vera. Respuestas a Oficios Ministerio de Interior -Diputado Sandoval, Existencia y estado actual de la investigación sumaria originada por la muerte del señor Iván Vásquez Vásquez en dependencias de Carabineros de Chile Chico y en caso de ser procedente aplicar las correspondientes sanciones administrativas. (385 al 1147). -Diputado Sandoval, Existencia y estado actual de la investigación sumaria originada por la muerte del señor Iván Vásquez Vásquez en dependencias de Carabineros de Chile Chico y en caso de ser procedente aplicar las correspondientes sanciones administrativas. (385 al 1149). Ministerio de Economía, Fomento Y Turismo -Diputada Molina doña Andrea, Nuevo varamiento de carbón ocurrido el día 4 de mayo recién pasado, en la caleta de Ventanas y los avances en la investigación de los anteriores, disponiendo la respectiva fiscalización e informando sobre las medidas adoptadas para evitar su repetición. (8036 al 1012). Ministerio de Educación -Diputado Espinoza don Fidel, Programa de Educación Intercultural Bilingüe, indicando la duración de la capacitación, las comunas y los establecimientos donde se desempeñan los 393 docentes y 197 educadores tradicionales que participarán en él. (801 al 689). Ministerio de Justicia -Diputado Trisotti, Estado de conservación de todos los centros de acogida para niños, niñas y adolescentes dependientes a su institución en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. (1363 al 624). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Diputado Chávez, Mediciones efectuadas a las emisiones generadas por antenas de telefonía móvil y sus resultados durante los últimos dos años. (4457 al 589). Ministerio Secretaría General de la Presidencia -Diputada Turres doña Marisol, Diputada Núñez doña Paulina, Diputado Fuenzalida, Posibilidad de verificar y exigir el cumplimiento de la obligación de presentar declaración de patrimonio e interés a las autoridades y funcionarios que señalan en los términos indicados. (950 al 424). Servicios -Diputado Gutiérrez don Hugo, Presentación que se acompaña, en la que solicita diversos antecedentes relacionados con la muerte de animales ocurrida en la localidad de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2014. (29278 al 62). -Diputado Rathgeb, Informar a esta Corporación si está en los planes de este gobierno dictar una ordenanza apícola que regule de manera integral todo lo relacionado con esta actividad, dada la situación que viven los apicultores de nuestro país (29914al 902). -Diputada Molina doña Andrea, Posibilidad de agilizar la atención médica del menor Eduardo Alonso Andrés Bernal Pino, domiciliado en la comuna de Quintero, quien necesita ser derivado desde el Consultorio de Ventanas al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. (840 al 840). Varios -Diputado Ortiz, Fraternal saludo y homenaje a la Universidad de Concepción, con ocasión de su 95° aniversario. (345 al 95). -Diputado Fuentes, Resultados de la investigación llevada a cabo por el fallecimiento del señor Iván Vásquez Vásquez en dependencias de la Comisaría de Carabineros de Chile Chico y las medidas adoptadas en materia disciplinaria y administrativa. (384al 1114). -Diputado Sandoval, Existencia y estado actual de la investigación sumaria originada por la muerte del señor Iván Vásquez Vásquez en dependencias de Carabineros de Chile Chico y en caso de ser procedente aplicar las correspondientes sanciones administrativas. (385 al 1148). -Diputado Monckeberg don Nicolás, Situación que afecta al señor Pablo Zuazua Soto, funcionario de la Universidad de Chile que ha sido desvinculado de sus labores en circunstancias que estima injustas y sin asidero, verificando dichas condiciones y en caso de ser procedente disponer su reintegro. (518 al 1144). Empresas del Estado -Diputado Sandoval, Posibilidad de reevaluar la instalación de una sucursal del Banco del Estado de Chile en la ciudad de Puerto Cisnes de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (2 al 1023). Municipalidades -Diputado Macaya, Informar a esta Corporación si es efectivo que este municipio ha recibido presiones para modificar la Ficha de Protección Social de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de O´Higgins, señora Alyson Hadad, quien desde 2007 cuenta con una, no obstante haberse desempeñado como Directora de Desarrollo Comunitario en la comuna de Peralillo antes de su nombramiento como Seremi (309 al 740). I.- ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (109) Aguiló Melo, Sergio Álvarez Vera, Jenny Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo Arriagada Macaya, Claudio Auth Stewart, Pepe Barros Montero, Ramón Becker Alvear, Germán Bellolio Avaria, Jaime Berger Fett, Bernardo Boric Font, Gabriel Browne Urrejola, Pedro Campos Jara, Cristián Cariola Oliva, Karol Carvajal Ambiado, Loreto Castro González, Juan Luis Ceroni Fuentes, Guillermo Chahin Valenzuela, Fuad Chávez Velásquez, Marcelo Cicardini Milla, Daniella Coloma Álamos, Juan Antonio Cornejo González, Aldo De Mussy Hiriart, Felipe Edwards Silva, José Manuel Espejo Yaksic, Sergio Espinosa Monardes, Marcos Espinoza Sandoval, Fidel Farcas Guendelman, Daniel Farías Ponce, Ramón Flores García, Iván Fuentes Castillo, Iván Fuenzalida Figueroa, Gonzalo García García, René Manuel Girardi Lavín, Cristina Godoy Ibáñez, Joaquín González Torres, Rodrigo Gutiérrez Pino, Romilio Hasbún Selume, Gustavo Hernández Hernández, Javier Hernando Pérez, Marcela Hoffmann Opazo, María José Jackson Drago, Giorgio Jaramillo Becker, Enrique Jarpa Wevar, Carlos Kast Rist, José Antonio Kast Sommerhoff, Felipe Kort Garriga, Issa Lavín León, Joaquín Lemus Aracena, Luis León Ramírez, Roberto Letelier Norambuena, Felipe Lorenzini Basso, Pablo Macaya Danús, Javier Martínez Labbé, Rosauro Melo Contreras, Daniel Meza Moncada, Fernando Molina Oliva, Andrea Monckeberg Díaz, Nicolás Monsalve Benavides, Manuel Morales Muñoz, Celso Morano Cornejo, Juan Enrique Nogueira Fernández, Claudia Norambuena Farías, Iván Núñez Arancibia, Daniel Núñez Lozano, Marco Antonio Núñez Urrutia, Paulina Ojeda Uribe, Sergio Ortiz Novoa, José Miguel Pacheco Rivas, Clemira Paulsen Kehr, Diego Pérez Arriagada, José Pérez Lahsen, Leopoldo Pilowsky Greene, Jaime Poblete Zapata, Roberto Provoste Campillay, Yasna Rathgeb Schifferli, Jorge Rincón González, Ricardo Rivas Sánchez, Gaspar Robles Pantoja, Alberto Rocafull López, Luis Rubilar Barahona, Karla Sabag Villalobos, Jorge Sabat Fernández, Marcela Saffirio Espinoza, René Saldívar Auger, Raúl Sandoval Plaza, David Santana Tirachini, Alejandro Schilling Rodríguez, Marcelo Sepúlveda Orbenes, Alejandra Silber Romo, Gabriel Silva Méndez, Ernesto Soto Ferrada, Leonardo Squella Ovalle, Arturo Tarud Daccarett, Jorge Teillier del Valle, Guillermo Torres Jeldes, Víctor Trisotti Martínez, Renzo Tuma Zedán, Joaquín Turres Figueroa, Marisol Ulloa Aguillón, Jorge Urízar Muñoz, Christian Urrutia Bonilla, Ignacio Urrutia Soto, Osvaldo Vallejo Dowling, Camila Vallespín López, Patricio Van Rysselberghe Herrera, Enrique Venegas Cárdenas, Mario Verdugo Soto, Germán Walker Prieto, Matías Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ximena Rincón González, y el ministro de Relaciones Exteriores, señor Heraldo Muñoz Valenzuela. -Se contó con la asistencia, también, del subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Edgardo Riveros Marín. -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: La diputada señora Maya Fernández Allende, y los diputados señores Osvaldo Andrade Lara, Lautaro Carmona Soto y Tucapel Jiménez Fuentes. -Con permiso constitucional: La diputada señora Denise Pascal Allende, y los diputados señores Hugo Gutiérrez Gálvez, Patricio Melero Abaroa y Cristián Monckeberg Bruner.- II.- APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.37 horas. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III.- ACTAS El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- El acta de la sesión 24ª se declara aprobada. El acta de la sesión 25ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV.- CUENTA El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Corresponde votar la petición formulada por 48 señoras diputadas y señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1), letra c), de la Constitución Política de la República, y en el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “reunir antecedentes relativos a las pérdidas cercanas a 7.000.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América, en que habría incurrido la empresa Codelco y la exposición financiera negativa en que se la colocó entre los años 2005 y 2007, producto de operaciones de ventas a futuro y forwards que fueron innecesarios, especulativos, con altísimo riesgo e inusuales en el mercado. Asimismo, informarse de los efectos y consecuencias del contrato suscrito el 31 de mayo de 2005, entre Codelco y Copper Partners Investment Company Ltda. (Cupic), en las Islas Bermudas”. Para el cumplimiento de su propósito, la Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días, y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Habría acuerdo para aprobar por unanimidad la creación de esta Comisión Especial Investigadora? No hay acuerdo. El señor WARD.- Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión de Reglamento. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor diputado. El señor WARD.- Señor Presidente, respecto de esta petición, que aparece en el punto número 10 de la Cuenta, no se especifica la comisión permanente en la cual recaerá tal responsabilidad. Por eso, le solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que la comisión que lleve adelante la investigación sea la de Minería. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Señor diputado, de acuerdo con el Reglamento, no procede su petición. Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella. El señor SQUELLA.- Señor Presidente, como no tenemos acceso a la Cuenta dinámica, no sabemos qué se está sometiendo a votación. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Señores diputados, la petición del señor Felipe Ward es improcedente. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Ro-milio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carvajal Ambiado Lore-to; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Espejo Yaksic Sergio; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; González Torres Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Melo Contreras Daniel; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Jackson Drago Giorgio; Morano Cornejo Juan Enrique; Tarud Daccarett Jorge. CITACIÓN A MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO (ARTÍCULO 52, N° 1), LETRA B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE REPÚBLICA) El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 45 señoras diputadas y señores diputados, con el objeto de citar a la señora ministra de Vivienda, doña Paulina Saball Astaburuaga, para formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo con el cuestionario temático adjunto, conforme a lo prescrito en el artículo 52, N° 1, letra b), de la Constitución Política de la República, y en las disposiciones del Libro Tercero, Título IV bis, del Reglamento de la Cámara de Diputados? ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Ro-milio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Arriagada Macaya Claudio; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Espejo Yaksic Sergio; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Hernando Pérez Marcela; Jaramillo Becker Enri-que; Jarpa Wevar Carlos Abel; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Melo Contreras Daniel; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campi-llay Yasna; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Schilling Rodríguez Marcelo; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Jackson Drago Giorgio; Saffirio Espinoza René. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- La sesión destinada a la formulación de preguntas a la señora ministra se realizará el jueves 19 de junio, a las 10.30 horas. V.- ORDEN DEL DÍA CREACIÓN DE REGISTRO VOLUNTARIO DE CONTRATOS AGRÍCOLAS (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°8829-01) [INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA] El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, sesión 10ª de la presente legislatura, en 9 de abril de 2014. Documentos de la Cuenta N° 2. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, el proyecto en discusión, en tercer trámite constitucional, crea un registro voluntario de contratos agrícolas. Esta iniciativa permitirá a los agricultores acceder a mercados de mayor valor, a tecnología y capacitación; mejorar su capacidad de financiamiento, tanto bancario como no banca-rio, al tener menor riesgo; utilizar los mercados de futuros; concentrarse en la operación agrícola, reduciendo el riesgo comercial. (Hablan varios señores diputados a la vez) Señor Presidente, ¿sería posible que pidiera silencio? El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Señores diputados, está haciendo uso de la palabra el diputado Ramón Barros. Por lo tanto, les ruego poner atención y guardar silencio. Puede continuar, señor diputado. El señor BARROS.- Por su parte, para el agroindustrial, la agricultura de contratos es beneficiosa, pues permite asegurar su abastecimiento y negociar con mayor anticipación y mejores condiciones de venta con menor riesgo; desarrollar nichos de mercado con necesidades específicas; organizar mejor los flujos de caja y reducir el riesgo para los financistas del negocio; … (Hablan varios señores diputados a la vez) Señor Presidente, no se puede hablar en esta Sala. Renuncio a mi derecho a hacer uso de la palabra porque nadie escucha. Muchas gracias. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, quiero pedirle que permita que el colega Barros retome el uso de la palabra, ya que en este momento los diputados están en condiciones de poder escuchar. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor BARROS.- Diputado León, ¿me permite referirme al tema para el cual fuimos convocados? El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Diputado señor León, le ruego guardar silencio. Puede continuar el diputado señor Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, en realidad, perdí la oportunidad de reafirmar las bondades de este proyecto de ley; por eso, me centraré en las modificaciones del Senado. En el artículo 15, que ha pasado a ser 16, el Senado hace un enunciado breve, pero muy preciso, de los aspectos de que deberá dar fe el contrato respectivo. Nosotros estamos por aprobar esta modificación. El artículo 16, que pasa a ser 17, se hace cargo de los efectos del registro, pero no de la celebración de la convención. Su redacción nos hace recordar -no es igual, sino más pormenorizada- las normas generales de los artículos 1.700 y 1.702 del Código Civil. No estamos por aprobar el artículo 17 del Senado, que establece nuevas reglas que no están explicadas satisfactoriamente, si se comparan con las normas generales sobre compraventa del Código Civil y que han estado vigentes por más de 150 años. El artículo 17 del Senado establece: “Si el productor vende los productos objeto del contrato registrado a una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador, o si este último no adquiere los productos objeto del contrato o pague por ellos una cantidad inferior a la que se determine en dicha convención, la parte incumplidora deberá pagar a la otra, por concepto de indemnización de perjuicios, el veinticinco por ciento del precio del contrato. Dicha indemnización se deberá al acreedor, sin que sea admisible que el deudor alegue que el incumplimiento no ha causado perjuicios al acreedor o que el monto de los perjuicios causados es inferior al señalado. Si se hubiese estipulado una cláusula penal, el acreedor deberá optar entre la indemnización fijada en el inciso precedente o la pena, a menos que se hubiese estipulado expresamente que puede cobrar ambas. Si alguna de las partes hubiese sufrido perjuicios por un monto superior a la indemnización fijada en el inciso primero, podrá demandar la indemnización del exceso, probando, en este caso, el monto de los perjuicios efectivamente sufridos, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo siguiente.”. La justificación de la regla sugerida -una verdadera indemnización de perjuicios- no se explica desde el punto de vista de la justicia conmutativa ni de la lógica de la facilitación de las relaciones comerciales. De manera que vamos a pedir votación separada para esta modificación, y por lo menos la bancada de la UDI rechazará el artículo 17 del Senado, a fin de que vaya a comisión mixta, con el objeto de darle una redacción más adecuada que evite complejizar una solución que apunta a facilitar las relaciones comerciales en el ámbito de los productos agrícolas. Por lo tanto, con excepción de este artículo cuya redacción no consideramos adecuada, vamos a votar favorablemente las modificaciones del Senado. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, la necesidad de contar con una actividad competitiva a nivel mundial que constituya un aporte eficiente a la economía de nuestro país debe ser -así lo entendemos- un principio que siempre deben perseguir nuestras autoridades políticas. En ese sentido, la modernización de nuestra actividad agrícola debe ser un elemento de la máxima importancia, a partir no solo de su histórica presencia en Chile, sino porque constituye una actividad que cada día es más sofisticada, al incorporar nuevas tecnologías al proceso productivo, con lo cual promueve la eficiencia y la productividad del rubro y da trabajo a miles de chilenos. En consecuencia, constituye un sector de vital importancia para nuestra economía. Para continuar por el camino de la prosperidad en materia agrícola, sin duda, debemos promover principios que son de gran relevancia en el mundo actual: la certeza y la seguridad jurídica, elementos que nunca debemos dejar de lado si queremos que nuestra industria agrícola alcance efectivamente su pleno desarrollo. Asimismo, la agricultura está encadenada crecientemente a lo que hacen los productores y las industrias que agregan valor. De ahí que resulta fundamental contar con instrumentos que fomenten la agricultura de contratos, ya que históricamente su uso no ha sido muy extendido en nuestro país. Junto con lo anterior, quiero resaltar que el presente proyecto de ley se erige como una herramienta efectiva para el acceso al crédito, en la medida en que puede ser llevado al sistema financiero para ser ofrecido en garantía, así como también en un elemento que incorpora asistencia técnica y financiamiento en las relaciones entre la agroindustria y el productor. Nuestro país vive un expectante momento histórico, lo que implica pensar en su desarrollo en forma seria. Frente a esto, pienso que esta iniciativa permitirá a nuestra agricultura introducir seriedad en las relaciones jurídicas existentes en este rubro, promoviendo con ello el bienestar de los pequeños y los medianos agricultores para que, en conjunto con los industriales, se pueda trabajar consciente y responsablemente en este ámbito, lo que redundará en el mejoramiento de sus condiciones de vida y, en general, de todo el país. Represento a una zona con una importante área en el mundo agrícola. Comunas como Arauco, Cañete, Tirúa, Contulmo y Los Álamos tienen agricultura, por lo que anuncio, como una forma de favorecer a la zona que represento y a nuestro país, mi voto favorable a las modificaciones del Senado, en concordancia con la línea argumental de mi partido, sin perjuicio de rechazar algunas normas en particular que habrá que analizar en su mérito. Sin embargo, me parece que, en líneas gruesas, las modificaciones del Senado constituyen un paso adelante en el progreso y desarrollo de esta importante actividad. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, como se ha dicho aquí, esta iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de inscripción voluntaria de contratos de compraventa de productos agrícolas en un registro público, electrónico, nacional y único, con el objeto de dar mayor certeza jurídica a las relaciones comerciales entre productores agrícolas y agroindustriales. Como lo hemos expresado en el curso de la tramitación de esta iniciativa, la razón de ella radica en las especificidades de los contratos agrícolas, que todos sabemos que son por consenso, en los cuales se produce, en la práctica, una situación asimétrica debido a que el comprador es quien siempre tiene la posición dominante, haciendo trizas, por ende, el principio de igualdad que debe existir en este tipo de relación contractual. Es oportuno recordar las bondades del proyecto, las que lo hacen muy necesario e importante. Primero, establece la posibilidad de que el comprador acuerde con el vendedor inscribir el contrato respectivo, lo que garantiza que se pagará el precio convenido. Si una de las partes se desistiera, se aplicaría por anticipado una indemnización de perjuicios equivalente al 25 por ciento del precio del contrato. Segundo, se constituye en un respaldo para operaciones financieras, lo que permitirá el acceso del agricultor a líneas de financiamiento y de crédito más convenientes, debido a que tiene la garantía de la realización de la operación convenida y las condiciones de la misma. Tercero, este instrumento le permitirá al productor acreditar ingresos con la finalidad no solo de acceder a una operación comercial, sino que también de pedir los recursos que se requieren, por ejemplo, para concretar la próxima cosecha. Cuarto, contribuirá de manera significativa a que exista competencia, a que la bolsa de productos abra la posibilidad para que los agricultores, particularmente los pequeños productores, se agrupen en razón al incentivo que establece. Recordemos que la asociatividad es el camino que nuestros pequeños y medianos agricultores deben transitar para enfrentar de mejor forma las características del mercado. Destaco también la forma en que se atenderán casos de eventuales declaraciones de emergencia o de catástrofe agrícola, tan recurrentes en zonas como las que represento y que, para los efectos del proyecto, se consideran como una presunción grave para establecer la existencia del caso fortuito o fuerza mayor. Conocedor de la realidad de los pequeños productores agrícolas, voy a votar favorablemente las modificaciones del Senado, porque avanzan en la línea de una mejoría significativa a la competitividad de un sector gravitante para el país y que, a decir verdad, siempre ha tenido prejuicios en sus relaciones comerciales. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, esta iniciativa apunta a superar una falla actual del mercado agrícola nacional, que dice relación con la comercialización de los productos agropecuarios y la seguridad jurídica de esas transacciones. En el mercado agrícola existen básicamente dos formas de comercializar la producción: la venta en forma spot o en el acto, y la venta mediante contratos celebrados con anticipación a la cosecha e, incluso, antes de sembrar. En la venta spot, el agroindustrial compra al productor una vez que se ha obtenido la cosecha. De acuerdo con la agricultura de contratos, el agroindustrial y el productor celebran un contrato antes de la cosecha, o antes de la siembra, en el cual se establecen claramente los derechos y obligaciones de las partes. En el contexto de un mercado internacional altamente competitivo y sofisticado, donde se requieren volúmenes preestablecidos de productos agrícolas muy específicos, la agricultura spot se encuentra en una notable desventaja. Por su parte, la agricultura bajo contratos trae enormes beneficios para el productor, para el agroindustrial y, en general, para el posicionamiento de Chile como potencia alimentaria. El proyecto de ley tiene por objeto crear un registro nacional electrónico, único, público y voluntario de contratos agrícolas, en el cual los usuarios inscribirán sus contratos por medio de un formulario suscrito ante notario o mediante firma electrónica avanzada, cuyos efectos, por el hecho de estar registrados, serán oponibles a terceros. El proyecto tiene ocho objetivos específicos: 1. Fomentar la agricultura de contratos. 2. Dotar de mayor certeza jurídica a las relaciones comerciales entre productores agrícolas y agroindustriales. 3. Aumentar la publicidad y la oponibilidad de los contratos agrícolas, y la transparencia del mercado en general. 4. Fomentar el desarrollo de innovación y tecnología en la agroindustria, y el desarrollo de nuevas y mejores variedades agrícolas acordes a la demanda internacional. 5. Permitir que los exportadores cuenten con mayor certeza sobre su abastecimiento de productos, lo que les permitirá desarrollar mejores productos, acceder a mejores mercados y obtener mejores precios. 6. Fomentar el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas que se dedican al rubro agrícola, sobre todo por la vía de un mayor y mejor financiamiento. 7. Desarrollar el mercado de futuros en la agricultura, tanto a nivel local como a nivel internacional. 8. Buscar el mejor posicionamiento de Chile en los mercados agrícolas internacionales, haciendo a la industria más competitiva en el concierto mundial, y promoviendo así el desarrollo de nuestro país como potencia alimentaria. En general, las modificaciones del Senado perfeccionan bastante este proyecto. Sin embargo, la modificación al artículo 16, que ha pasado a ser 17, lo desnaturaliza y le resta eficacia e innovación. En efecto, la alternativa planteada en el nuevo artículo 17 aprobado por el Senado, resultará en una nula aplicación de la ley. Es decir, no constituye un incentivo para que los compradores se acojan al régimen que crea este proyecto. En caso de que el productor incumplidor carezca de bienes con los cuales responder o los oculte, el comprador registrado no tendrá un patrimonio más cierto en contra del cual dirigirse, como sí lo tendría en caso de que el tercero adquirente fuera solidariamente responsable. En consecuencia, el incumplimiento continúa con amplios márgenes de impunidad y no se logra el objetivo de fortalecer la agricultura de contratos, con todos los beneficios que ello reportaría a ambas partes. Lo que los agricultores demandan es poder acceder a una agricultura de contratos más masificada y así reducir los márgenes de incertidumbre propios del sector. Para ello se debe incentivar a los compradores para que entreguen a los agricultores financiamiento, insumos y asistencia técnica. Ello se logra no haciendo más gravoso el contrato para el agricultor, sino que haciendo solidariamente responsables del incumplimiento del contrato a los terceros que, conociendo su existencia, intenten comprar una producción ya comprometida con otro comprador que ha invertido en ese cultivo. En nuestro país existe una falla de mercado consistente en el escaso desarrollo de la agricultura de contratos. Ello se debe a la falta de confianza entre las partes. Por un lado, los compradores son reacios a contratar, porque corren el riesgo de que el agricultor no cumpla el contrato si aparece un tercero que le ofrezca un mejor precio que, en todo caso, no compensa lo invertido por el comprador que contrata previamente. Por otro lado, los agricultores recelan que el comprador podría no cumplir el contrato en caso de que existan cambios de condiciones de mercado que le hagan menos gravoso el incumplimiento del contrato. El proyecto, con las modificaciones del Senado, salvo la supresión de la solidaridad, es una buena fórmula para derribar los dos obstáculos ya señalados. En efecto, si el comprador tiene la posibilidad de dirigirse en contra del tercero que pro-picia el incumplimiento, se sentirá más seguro a la hora de invertir en un agricultor. Por otra parte, el hecho de que los contratos estén incorporados en un registro público y que las controversias que se susciten se resuelvan por el juicio sumario ante el juez de letras en lo civil del domicilio del agricultor, constituye un desincentivo a un eventual incumplimiento del contrato por parte del comprador. Finalmente, anuncio mi voto a favor del proyecto, salvo respecto del artículo 17 -originalmente, 16 en el texto despachado por la Cámara-, para el cual solicito votación separada. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos discutiendo es de una tremenda importancia, especialmente para la pequeña agricultura. La iniciativa viene a llenar un vacío respecto de las relaciones existentes entre los compradores y los productores. Quiero centrar la atención no solo en lo que significa el contrato que está siendo regulado a través de este proyecto, sino en el papel del Estado en la vinculación de los pequeños productores con el mercado. Aquí hay una falla permanente en el actuar del Ministerio de Agricultura y, especialmente, del Indap respecto de la pequeña agricultura y de las comunidades indígenas que represento en esta Corporación, puesto que, por lo general, se les apoya de manera técnica, pero nunca se dirige una acción para evitar los intermediarios y promover una alianza productiva con el mercado. Por eso, lamento que no se haya incluido un acápite dirigido al Ministerio de Agricultura y al Indap para que, como responsables del apoyo a los pequeños agricultores, contribuyan a la formalización, asociatividad y cooperativismo de estos. Hay cientos de funcionarios públicos, técnicos agrícolas e ingenieros agrónomos de ambas entidades que realizan una labor de asistencialismo, pero no se comprometen con el éxito económico de la pequeña agricultura. Por eso, hay que asignar responsabilidades a los ejecutores de Indap para que se hagan cargo de que los pequeños productores no solo lleguen al mercado, sino que obtengan rentabilidad. Esta es una propuesta que, quizá, debiéramos trabajar en otra iniciativa, pero quería señalarlo a propósito de la discusión de este proyecto. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, tal como lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este es un muy buen proyecto de ley, porque, de alguna manera, busca dar mayor certeza a una actividad muy aleatoria como es la agricultura, y garantizar los precios. Todos sabemos que hay falta de transparencia en los mercados, que afecta fundamental-mente a los más pequeños. Muchos de nuestros agricultores, cuando siembran, no tienen claridad alguna de lo que costará su producto cuando lo cosechen. Cuando el proyecto en discusión ingresó a la Cámara de Diputados -el año pasado-, nos dimos cuenta de que reflejaba un claro beneficio para el comprador, para el agroindustrial. Sin embargo, a partir de un trabajo transversal de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural -debo reconocerlo- y, con la camiseta puesta de los productores, logramos introducirle muchas modificaciones para corregir las asimetrías que existen entre el comprador y el productor agrícola, en especial el más pequeño. Por lo tanto, soy partidario de la iniciativa. Por eso, la votamos a favor en la comisión y en la Sala. No obstante, he solicitado la votación separada de dos modificaciones del Senado, por-que, a mi juicio, van en contra de su sentido. Una de las modificaciones que he solicitado votar en forma separada -la voy a votar en contra- se refiere a la definición que figura en la letra b) del artículo 3°. Con ella, el Senado equipara al productor agrícola, al campesino, al que labra la tierra, con el vendedor de insumos para la agricultura, lo que es un tremendo error. Cuando el Senado define “producto agrícola primario o producto”, incorpora los insumos que se requieren para la producción. Eso me parece un error conceptual tremendo, porque el contrato agrícola perseguía garantizar las condiciones de venta entre el productor y el comprador, pero no con el vendedor de insumos. Por lo tanto, el darle los mismos derechos provoca una distorsión en la transacción, cuyos efectos no están bien calculados. Por eso, he solicitado votación separada para esa modificación al artículo 3°, letra b), a fin de que se vuelva a la definición original de lo que es un producto agrícola. Todos sabemos que un producto agrícola no es lo mismo que un insumo agrícola. En consecuencia, hay un error en esa modificación. Por otro lado, he solicitado votación separada para la modificación que sustituye el artículo 4°, porque lo que ha hecho el Senado va en contra de los pequeños campesinos, ya que genera una desformalización absoluta de la suscripción del contrato agrícola. En la Cámara de Diputados dispusimos que la suscripción de este contrato debía ser con firma ante notario, como ministro de fe -no por escritura pública-, o a través de firma electrónica avanzada, para dar certeza de que la persona era el concurrente, que había una manifestación real de voluntad. Con la modificación del Senado no ocurre esa situación, no existe formalidad alguna. El riesgo es que cuando los campesinos necesiten recursos para sembrar, vayan los compradores y les ofrezcan un par de sacos de semilla o fertilizantes, previa firma de un contrato mediante el cual pueden quedar amarrados, pues se trataría de un contrato agrícola con efectos jurídicos muy importantes. En definitiva, puede terminar siendo una herramienta muy poderosa para el comprador que pretenda abusar del pequeño campesino, quien, en pleno potrero, sin saber muy bien cuáles son las condiciones, y ante la necesidad de sembrar o fertilizar, puede terminar firmando un contrato con todos sus efectos jurídicos. Me parece que eso puede generar un flanco para un abuso brutal en la realidad de nuestra pequeña agricultura familiar campesina. Personalmente, no soy partidario de que se desformalice la suscripción de un contrato que tendrá efectos jurídicos muy fuertes en virtud de esta futura ley. En consecuencia, prefiero que volvamos a la redacción original del artículo 4°. Eso fue lo que discutimos y estuvimos todos de acuerdo en la Comisión de Agricultura. Este no es un tema de Gobierno y Oposición, sino bastante transversal. Por eso, invito a los colegas de las bancadas de Derecha a rechazar estas modificaciones y mejorar el articulado en comisión mixta. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen. El señor PAULSEN.- Señor Presidente, en verdad, este proyecto de ley se viene tramitando desde la legislatura anterior. Cuando ingresé a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural pude ver el gran trabajo que estaba haciendo. Eso se valora tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque quienes conocemos cómo se lleva adelante la agricultura en nuestra región, sabemos que la iniciativa viene a dar certeza jurídica a los contratos que se están celebrando. Para nadie es sorpresa que este tipo de contrato se celebra desde hace muchísimo tiempo. Pero el agroindustrial pasa por encima de los pequeños productores y, al final, paga lo que estime conveniente. Por ejemplo, hace dos o tres años, entre Lautaro y Galvarino, una comunidad se puso de acuerdo para sembrar lupino, el que sería vendido a una empresa que dejó amarrada la siembra. Sin embargo, al momento de la cosecha les dijo que no había ningún contrato que la amarrara a pagar el precio establecido y que no les compraría el lupino al precio acordado en marzo del año anterior. Este proyecto viene a subsanar esa situación. Hoy, vamos a estandarizar el tipo de contratos necesario para dar seguridad al pequeño productor. Concuerdo con el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en que no es lo mismo un producto agrícola que un insumo agrícola. Este último no tiene nada que ver con el primero, porque de por medio hay mucho trabajo y mucha producción en la tierra de un campesino. También estoy de acuerdo con la votación separada que se pide para el artículo 17 aprobado por el Senado, pues viene a echar por tierra gran parte de la certeza jurídica que daba este proyecto de ley. Por eso, invito a la bancada de Renovación Nacional que nos apoye en esta votación, porque si queremos dar certeza jurídica y algunos beneficios a los pequeños y medianos agricultores de la región, debemos votar a favor, pero subsanando ciertos errores que se cometieron en el Senado. Valoramos la discusión que se dio en la Cámara Alta, pero hay que dar mayor certeza en relación con el producto agrícola y la forma como van a responder solidariamente las personas que no cumplan los contratos. Acá, estamos legislando para los dos lados. Es decir, tendrá que cumplir tanto la persona que vende como la que compra. De esa manera, no le estaremos pegando al agricultor ni al agroindustrial. A mi juicio, este trabajo será muy bien valorado por los pequeños agricultores, ya que quedarán establecidos los precios que se les pagarán, porque todos sabemos que la agricultura en el país es uno de los negocios con mayor inestabilidad, debido, entre otras cosas, al clima, la variación del precio y la compra del Estado en insumos internacionales. Por lo tanto, anuncio nuestro apoyo al proyecto. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, me alegro mucho de que la Cámara de Diputados siga transparentando la relación entre los productores agrícolas y los compradores. Recuerdo cuando el exdiputado Hurtado, de la Sexta Región, entre los años 95 y 96 llegaba al Congreso Nacional quejándose de la relación tan desigual que existía entre los ex-portadores y los productores. Tuvimos que regular esa relación, porque era muy desigual. En aquellos tiempos, había un abuso increíble, debido a lo cual muchos productores de la Sexta Región y de otras partes perdieron sus predios en manos de exportadores. Es decir, sin moverse de una oficina, estos se quedaban con tremendas tasas de ganancias, de rentabilidad, y los agricultores, que estaban los 365 días trabajando en sus predios, terminaban quebrados y en manos de los exportadores. Me alegro de que en aquellos tiempos la Cámara de Diputados haya corregido y trasparentado la relación entre productores y exportadores. Hoy estamos frente a otro desafío: transparentar la relación entre los productores y los compradores. Es cierto lo que aquí se ha señalado, en el sentido de que en Chile el grueso de la comercialización de los productos agrícolas se hace en las cosechas, casi en los mismos potreros de producción. Por lo tanto, es importante la creación de un registro electrónico único, público y voluntario de los contratos agrícolas, que garantice al productor el cumplimiento del contrato, de manera que no ocurra lo que han dicho aquí algunos colegas, en el sentido de que lo hacen producir y, a la hora de comprar, le bajan los precios o le desconocen los acuerdos convenidos previamente. En segundo término, los usuarios del registro inscribirán sus contratos por medio de un formulario con una firma electrónica notarial. En tercer lugar, por el hecho de registrarse un contrato, este se hace oponible a terceros, y se establecen sanciones y efectos específicos en caso de que se incumpla un contrato registrado. Estamos frente a un proyecto de ley que transparenta y sincera más la relación. Como se ha dicho, la economía agrícola es muy inestable. Hoy estamos frente a un invierno que puede ser muy lluvioso y traer efectos negativos. De repente, tenemos graves sequías y otras complicaciones. El año pasado, en la Sexta Región tuvimos heladas que perjudicaron enormemente a los fruteros y a los hortaliceros, especialmente de las comunas de Quinta de Tilcoco, Malloa, Requínoa y Rengo. Creo que estamos frente a un buen proyecto, pero debemos rechazar el artículo 17 aprobado por el Senado, a fin de mejorarlo en una comisión mixta. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, comparto la inquietud expresada en esta Sala sobre las modificaciones formuladas por el Senado y la idea de rechazar el artículo 17 propuesto por este, ya que no va en el sentido original que pretendíamos. Hay que entender el proyecto en el contexto de formalizar la agricultura, fundamentalmente del sur de Chile y de la zona central, donde los agricultores se hallan en una situación de indefensión frente a los poderes dominantes de compra, los que les rebajan los precios en el momento en que tienen que vender sus productos. La indemnización de perjuicios que se exige por no cumplimiento de contratos -lo que muchas veces depende de situaciones extraordinarias, por ejemplo, de la mala calidad de la tierra, de la fertilización o del clima, que azota con sequías o con inundaciones-, para muchos productores puede significar terminar con su actividad agrícola, porque finalmente tienen que entregar sus predios para pagar Por lo tanto, lo que conviene aquí es que una comisión mixta revise el artículo 17 propuesto por el Senado, de manera de lograr un proyecto de ley adecuado y que favorezca a los agricultores. El registro voluntario de contratos agrícolas es una fórmula para establecer normas en la relación compra y venta en la agricultura, lo que se enmarca en el contexto del proyecto de ley de muestra y contramuestra, que significaba pagar por la calidad de los productos. Hace un par de años, eso se logró. La iniciativa en discusión viene a complementar lo eso. Por lo tanto, creo que hay que rechazar el artículo 17 propuesto por el Senado, así como los artículos 3° y 4°, a los que se refirió el diputado Fuad Chahin, de manera de perfeccionar el proyecto en una comisión mixta, como hemos querido hacerlo en la Comisión de Agricultura. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate. El señor JARAMILLO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me inscribí electrónicamente a fin de intervenir. Sin embargo, como ya está cerrado el debate, solo quiero dejar constancia de que concuerdo con los comentarios vertidos. El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, el acuerdo de los Comités fue discutir este proyecto durante treinta minutos, con seis discursos; pero hubo más. Le pido que comprenda a la Mesa, puesto que debemos pasar al siguiente proyecto de la Tabla. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, con la salvedad de las que se refieren a los artículos 3°, 4° y 16, que pasó a ser 17, cuya votación separada ha sido solicitada, y de las que se incorporan al artículo 17, que pasó a ser 18, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Boric Font Gabriel; Girardi Lavín Cristina; Jackson Drago Giorgio; Sepúlveda Orbenes Alejandra. El señor CORNEJO (Presidente).- En votación las modificaciones introducidas por el Senado a los artículos 3° y 4°, para las cuales se ha solicitado votación separada. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 85 votos. Hubo 7 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazadas. -Votó por la afirmativa el diputado señor Sabag Villalobos Jorge. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Barros Montero Ramón; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Aguiló Melo Sergio; Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Jackson Drago Giorgio; Núñez Arancibia Daniel; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Vallejo Dowling Camila. El señor CORNEJO (Presidente).- En votación la modificación introducida al artículo 16, que pasó a ser 17, respecto de la cual se ha solicitado votación separada. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 91 votos. Hubo 6 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazada. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Ceroni Fuen-tes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Her-nando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommer-hoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Jackson Drago Giorgio; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Sepúlveda Orbenes Alejandra. El señor CORNEJO (Presidente).- En votación la modificación introducida al artículo 17, que pasó a ser 18, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 66 señoras diputadas y señores diputados. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 8 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza San-doval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Girardi Lavín Cristina; Jackson Drago Giorgio; Núñez Arancibia Daniel; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Vallejo Dowling Camila. El señor CORNEJO (Presidente).- Despachado el proyecto. Propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, con la diputada señora Loreto Carvajal y los diputados señores Ramón Barros, Fuad Chahin, Diego Paulsen y Christian Urízar. ¿Habría acuerdo? Acordado. PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MATERIA DE INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL COMBATE DEL DELITO GRAVE (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9243-10) El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, suscrito en Washington D.C. el 30 de mayo de 2013. Antecedentes: -La discusión del proyecto se inicio en la sesión 26ª de la presente legislatura, en 19 de mayo de 2014. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, respecto de la iniciativa en estudio, deseo expresar que desde el mundo de las comunidades indígenas se ha llevado adelante una importante tarea en cuanto a sensibilizar a la población para que el traspaso de información establecido en un artículo del Acuerdo sea tajantemente rechazado en el Parlamento, porque ha habido antecedentes que demuestran la necesidad de dicho rechazo. Hace dos años, el Servicio de Registro Civil e Identificación, luego de una licitación, entregó a terceros esta sensible e importante tarea, quienes confundieron datos importantes de chilenas y chilenos. Por lo tanto, me parece que el Estado de Chile no puede hacerse responsable de suscribir un Acuerdo como el que se somete a nuestra consideración si tiene una debilidad institucional como la que ha ocurrido en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Nos parece importante que, a la hora de establecer un acuerdo de esta naturaleza, primero el Estado de Chile tenga claridad respecto de que la persona de que se trate sea quien dice que es y que sus huellas dactilares correspondan, de lo cual hoy no se puede dar fe, tras la situación descrita y del protocolo que se dio en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Por lo tanto, me parecería poco responsable de parte nuestra aprobar un acuerdo de esta naturaleza en las condiciones en que hoy se encuentra el Servicio de Registro Civil e Identificación de nuestro país. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas. El señor FARCAS.- Señor Presidente, voy a apoyar con mucha fuerza y energía una demanda que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida y de tránsito de muchas chilenas y chilenos, no solamente de los familiares de quienes se encuentran estudiando o trabajando en los Estados Unidos de América, sino de compatriotas que, por distintos motivos, ya sea académicos, comerciales o de turismo para conocer otra cultura, viajan a ese país. Por otro lado, quiero recordar que, independientemente del juicio histórico, en el siglo XXI estamos enfrentados a un nuevo ciclo, a una etapa de globalización; hoy, el Presidente de los Estados Unidos de América es Barack Obama, quien, como bien dijo el diputado Marco Antonio Núñez en una sesión anterior, preside un país donde -a propósito de las libertades ciudadanas y de la quinta enmienda- ni siquiera se permite tener un número que se asocie a cada ciudadano o ciudadana. Pienso que los prejuicios nos nublan y nos impiden ver la realidad de manera más transparente, prístina y cristalina. En este marco, soy partidario de apoyar con mucha fuerza y energía un acuerdo que va a beneficiar a muchas personas que necesitan viajar a ese país. Por lo demás, considero que de manera alguna constituye un atentado o perjuicio. Los argumentos que se han esgrimido no resisten ningún tipo de análisis, ya que, de ser necesario el traspaso de datos, se hará por distintos medios. Por último, cuando alguien concurre a la embajada de Estados Unidos a pedir visa, entrega todos sus antecedentes en forma voluntaria. Ahora va a ser lo mismo, pero a través de este mecanismo. Por lo tanto, llamo a mis colegas a que piensen en el bien de la mayoría de los chilenos y de las chilenas que van a hacer uso de este beneficio, y que, por tanto, apoyen con mucha fuerza el proyecto de acuerdo aprobatorio de este Acuerdo. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, lo que más me preocupa de este Acuerdo es la impresionante campaña de desinformación que se ha generado. Digo esto porque lo que se ha instalado en la opinión pública -lamentablemente muchos de nuestros colegas lo repiten como una verdad- es que aquí estamos discutiendo el Acuerdo para obtener visa Waiver. Eso es falso. Ese Acuerdo ya se firmó y estará vigente por los próximos dos años. Por lo tanto, es muy preocupante que los medios de comunicación, las autoridades y los parlamentarios no tengan claro qué estamos discutiendo. Por eso, hay que observar con más detalle esta campaña comunicacional de desinformación. Señor Presidente, lo que aquí estamos discutiendo es un convenio complementario, que va permitir que en dos años más podamos renovar el Acuerdo visa Waiver. Eso es lo que estamos discutiendo. Se nos ha dicho que la solicitud de información de carácter personal dice relación con un acto, que es la coincidencia de huellas dactilares con los registros de delincuentes. Esa es una de las causales; pero en un número distinto del Acuerdo se señala que hay otra causal. ¿Cuál es esta otra causal? Que Estados Unidos de América, a su juicio y calificación, crea que hay una persona que podría, eventualmente, llegar a cometer algún delito de carácter grave. Se nos ha dicho que esto es para el control del terrorismo y de los delitos que atentan contra la seguridad. Otra falsedad, porque el mismo Acuerdo define lo que es delito grave. ¿Y qué es delito grave para este Acuerdo? Aquel que arriesga una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea de un año. Arriesgan una pena privativa de libertad de un año los desórdenes públicos y el hurto de una bicicleta. Entonces, si a juicio de Estado Unidos de América alguien es sospechoso de un posible hurto de una bicicleta o de cometer desórdenes públicos, puede pedir la información personal de ese sospechoso. Aquí nada tiene que ver la coincidencia con las huellas dactilares. Esa es otra causal, que está en otro número del Acuerdo. Algunos dirán que al que quiera viajar a Estados Unidos de América, le pidan la información. Está bien; Estados Unidos de América tiene que ver a quienes autoriza ingresar. Pero resulta que el Acuerdo no distingue si el requerimiento de información es solo respecto de aquellos ciudadanos chilenos que quieran viajar a ese país con visa Waiver. El requerimiento de información personal lo puede hacer respecto de cualquier ciudadano, aunque no tenga intención de viajar a Estados Unidos de América. Señor Presidente, digamos las cosas como son y sinceremos el debate: Aquí no estamos discutiendo sobre la visa Waiver, sino que estamos resolviendo si le damos carta blanca a Estados Unidos de América para pedir información personal de cualquier chileno y cuando se le antoje. Entiendo que hay diputados que se ponen inquietos con esto, porque tienen muchos vínculos con sistemas que manejan información de las personas, pero a mi me preocupa lo que ocurre con la titularidad de los datos. De acuerdo con nuestra legislación, la propiedad del dato es del titular. Como están las cosas, el dueño de sus datos verá cómo su información es requerida por un Estado extranjero, sin su consentimiento, porque no tenemos una buena legislación de protección de datos; no tenemos una agencia pública encargada de la protección de datos. Hemos planteado esta realidad en la discusión del proyecto sobre protección de datos personales. Pero hay algo que nos dijo el subsecretario, que me parece que sí da una oportunidad. Nos señaló que este Acuerdo no es autoejecutable, que requiere de ley para su implementación. Bueno, yo estoy haciendo presente los puntos que tenemos que debatir en este proyecto. Me hubiera gustado que, en lugar de legislar a toda máquina sobre este Acuerdo, mi gobierno le hubiera puesto urgencia al proyecto sobre protección de datos personales, que fue despachado por la Comisión de Economía. Es decir, primero debemos sacar adelante ese proyecto, de manera de contar con una institucionalidad adecuada, y después aprobar este Acuerdo. Pero estamos haciendo todo al revés: primero el Acuerdo, que es para renovar en un par de años el programa visa Waiver. Tenemos tiempo para hacer las cosas bien y sin amenazas. Nos dicen que en muchos países esto existe. ¡Sí! ¡Claro! Pero esos países tienen una buena legislación interna de protección de datos, tienen una agencia pública de protección de datos, pero nosotros, no. Entonces, no nos comparemos con los países europeos, que primero protegen sus datos personales y después firman estos acuerdos. En cambio, nosotros, que no tenemos una legislación interna adecuada, estamos autorizando a un Estado para que requiera nuestros datos personales prácticamente con toda libertad. Por último, hay otro error conceptual en este Acuerdo. Nos dicen que no nos preocupemos, porque la transferencia de datos a un tercer Estado no se puede realizar si el Estado de Chile no lo autoriza. Pero resulta que el dueño de los datos personales no es el Estado de Chile, sino el titular. Por lo tanto, el consentimiento para transferir los datos personales solo lo puede dar el titular de los datos y no el Estado. Esa es otra falencia de nuestra legislación interna de protección de datos, toda vez que no hemos regulado su transferencia internacional. Sin esta regulación, estamos autorizando a un país a requerir nuestros datos y obligando a Chile a entregarlos, lo que es extremadamente grave. He querido aclarar estos puntos, para que no sigamos con la falacia de que estaríamos aprobando el Acuerdo de la visa Waiver, porque no es así. Señor Presidente, independiente de la votación de hoy, deberemos discutir en forma seria el proyecto de ley que hará aplicable el Acuerdo. Lo mismo deberemos hacer con el proyecto sobre protección de datos personales, para ver cómo resguardamos los derechos de los titulares de la información. Señor Presidente, por su intermedio le pido al ministro de Relaciones Exteriores, presente hoy en la Sala, que realice las gestiones y plantee al interior del Gobierno la inquietud de la Cámara, independiente del resultado de la votación, de tener un adecuada legislación de protección de datos personales, de manera que esta entrega de datos personales no se transforme en un peligro para los ciudadanos, toda vez que la información de los chilenos podría terminar en cualquier base de datos que se transa en el comercio internacional. Para evitar esto, es importante modificar con urgencia nuestra legislación interna. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores. El señor FLORES.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al canciller y al subsecretario de Relaciones Exteriores, presentes en la Sala. Históricamente, han sido, son y serán muchos miles de chilenos los que necesiten o deseen viajar a Estados Unidos de América. De hecho, a la fecha ha sido notable la facilidad en tiempo y el ahorro en dinero que muchos compatriotas han experimentado con el uso de las facilidades del Programa de exención de visas de Estados Unidos de América. Quiero señalar solo dos cifras: cada año, 240.000 chilenos viajan a Estados Unidos de América, y en los pocos meses transcurridos desde que comenzó a aplicarse la modalidad mencionada, más de 20.000 la han utilizado con mucha expedición. La iniciativa ha venido a subsanar históricas dificultades de acceso entre Chile y Estados Unidos de América, en un mundo globalizado e interdependiente como el actual. Los países han tendido a establecer políticas para liberalizar las restricciones migratorias, suprimiendo barreras, pero sin descuidar la prevención de hechos delictivos, sobre todo tomando en consideración el fenómeno de delitos transnacionales. Por ello, las nuevas facilidades que generarán mayor circulación de personas, deben ir acompañadas de mecanismos de cooperación entre Chile y Estados Unidos de América, para compatibilizarlas con la debida protección de la seguridad migratoria. Ambos países celebraron un Acuerdo, que ahora se somete a la consideración de la Cámara, para permitir el intercambio recíproco de datos personales, exclusivamente cuando haya coincidencia de información sobre personas que deban ser investigadas, a fin de prevenir actos delictivos graves. Lo que revisamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dice relación con la modalidad de autorización de ingreso a Estados Unidos de América de ciudadanos de países que mantienen una baja tasa de inmigración ilegal, a fin de facilitar la movilidad de personas, ya sea por motivos de turismo, de negocios o de estudios, cuya duración no supere los noventa días, o sea, lo que requiere la gran mayoría de quienes viajan a ese país cada vez con mayor frecuencia y demanda. Según el Acuerdo, las partes deberán entregar datos de algún ciudadano que quiera hacer ingreso a cualquiera de los dos países firmantes (a Estados Unidos de América o a Chile), siempre y cuando esa información sea solicitada porque esté en riesgo la seguridad y se tenga como objetivo detectar, prevenir e investigar delitos graves y terrorismo. Esa información será requerida por reciprocidad y a solicitud de cualquiera de los dos Estados, y se entregará por medios automatizados de registro de huellas y -entiendo que ello se hará más adelante- perfiles de ADN. El análisis realizado en la Comisión de Relaciones Exteriores y las argumentaciones entregadas por algunos colegas en la Sala en la sesión anterior son notoriamente distintos, y creo que se debe más bien a cuestiones de desinformación que a argumentos de fondo. Por ello, es necesario insistir en que lo que estudiamos en la Comisión -es el punto a discutir- únicamente tiene que ver con el intercambio de datos complementarios de personas que pudieran relacionarse con delitos graves y terrorismo, cuestión que debería preocuparnos de todas maneras, independientemente de con qué país estemos celebrando un acuerdo de la naturaleza del que nos ocupa. No se trata del intercambio libre de datos personales de cualquier persona o de quienes deban o quieran viajar a Estados Unidos de América. El Acuerdo solo trata de casos de coincidencia de información relacionada con delitos graves. Por lo anterior, manifiesto mi apoyo al proyecto de acuerdo presentado por el Gobierno y anuncio que lo votaré favorablemente. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Informo a la Sala que se encuentran inscritos para intervenir en este proyecto los diputados señores Sabag y Silber. Posteriormente, se cerrará el debate. El señor AGUILÓ.- ¿Por qué, señor Presidente? El señor CORNEJO (Presidente).- Diputado señor Aguiló, estoy siguiendo estrictamente el orden de los inscritos. El acuerdo adoptado por los jefes de los Comités al comienzo de la semana fue congelar la inscripción para intervenir en este proyecto. Además, estoy aplicando otro acuerdo de los Comités, en orden a que los diputados que pidan hacer uso de la palabra y no se encuentren en la Sala al momento de ejercer ese derecho, lo pierden. Ahora bien, se hallan inscritos y presentes en este momento en la Sala los diputados señores Sabag y Silber. Por tanto, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, este Acuerdo -según su denominación en inglés, Prevention and Combating Serious Crime, es decir, busca prevenir y combatir delitos graves- es un instrumento, a mi juicio, altamente beneficioso para Chile, por cuanto ya está en vigencia la visa Waiver. Al respecto, pensé que “Waiver” era un congresista norteamericano, pero la verdad es que ese término viene del verbo “to wave”, que significa eximir a alguien de una obligación. Desde marzo -mes en que comenzó a funcionar el Programa Visa Waiver- a la fecha, más de 4.500 chilenos han ingresado a Estados Unidos de América prácticamente sin hacer ningún trámite, solo por internet. Ello, a diferencia del trámite que se hacía antes, que era muy engorroso y oneroso: costaba cerca de 160 dólares. Hoy se rebajó a 14 dólares. El programa ha permitido que en muy poco tiempo las personas puedan acceder a la visa para entrar a Estados Unidos de América. Pero para eso debemos ratificar este Acuerdo en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave suscrito con dicho país, porque, de lo contrario, podríamos perder esa facilidad migratoria para nuestros nacionales, como ha ocurrido con otros países, que la tuvieron, pero la perdieron. Somos uno de los pocos países que actualmente gozan del beneficio migratorio de la Visa Waiver, pero, para mantenerlo -reitero-, tenemos que ratificar el Acuerdo. Un punto de debate en este hemiciclo dice relación con que se podría atentar contra la privacidad de los chilenos que viajan a Estados Unidos de América al entregar información criminal de delitos graves -serious crime-, es decir, que tengan una pena superior a un año. Ante eso, deseo aclarar que este Acuerdo no es un contrato de adhesión, es decir, no estamos adhiriendo a una serie de estipulaciones del Estado norteamericano, sino que en esta materia existe reciprocidad y simetría; o sea, el Estado chileno también puede pedir los antecedentes criminales de nacionales norteamericanos que quieran ingresar a Chile, lo que constituye una medida de prevención básica para combatir los delitos graves. Creo que esto es un avance, puesto que viene a transparentar una situación, porque si Estados Unidos de América, que es una potencia, quiere tener alguna información sobre algún nacional, igual la obtendrá con o sin el Acuerdo. Al respecto, recuerdo a sus señorías el incidente relacionado con la intervención del teléfono celular de la canciller alemana, Angela Merkel. Si Estados Unidos de América pudo hacer eso, quiere decir que puede conseguir cualquier información. Lo que hace el Acuerdo que nos ocupa es simplemente transparentar y entregar en forma civilizada y simétrica, la información entre ese país y Chile. Este Acuerdo contempla todos los resguardos posibles, por lo que resulta incomprensible el cuestionamiento que se ha hecho en el hemiciclo. Por las razones expuestas, anuncio que concurriré con mi voto favorable al proyecto de acuerdo, pues para Chile representa un avance obtener una facilidad migratoria para nuestros connacionales. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra el diputado Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, en los mismos términos expresados por los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, manifiesto mi respaldo al proyecto de acuerdo que discutimos. Siento que, desde el punto de vista de los países y las relaciones exteriores, más que amistad existen intereses. Aquí algunos parlamentarios han confundido los planos al hacer de esto una discusión respecto de lo que es la política exterior norteamericana, de su adhesión al mandatario de turno. Entender las relaciones exteriores de esta manera me parece algo miope, en el entendido de que, ante todo, debemos actuar como parlamentarios chilenos y ver si lo que hoy votaremos será un avance para nuestros connacionales. ¿Qué gana el Estado chileno en relación con el actual estatus migratorio con el gobierno norteamericano cuando nuestros compatriotas deciden viajar a Estados Unidos de América? Muchos colegas han señalado los problemas actuales al momento de tramitar una visa. Entre ellos se encuentra esa suerte de escrutinio que se lleva a cabo, el que, aparte de molesto, resulta oneroso, una pérdida de tiempo y, por qué no decirlo, en muchos casos constituye un atentado contra la dignidad de quienes deben someterse a él para emprender rumbo a ese país. Es obvio que la exención de visa para ingresar a los Estados Unidos de América tiene por objeto facilitar la movilidad de las personas por motivos turísticos o de negocios; pero también se debe reconocer que hay muchas personas que bajo el amparo de una visa de turismo al final terminan por radicarse en ese país, con el propósito de buscar mejores horizontes laborales, porque el nuestro no se los ofreció. Como nosotros tenemos facilidades para desplazarnos a distintos países, debido a que contamos con pasaporte diplomático, muchos diputados olvidan las trabas y dificultades que muchas veces tiene el ciudadano de a pie para realizar ese tipo de trámites. Por eso, hay miles de chilenos que ya han utilizado esta alternativa, la que, sin duda, les ha facilitado las cosas a la hora de realizar ese trámite migratorio, el que ha mejorado gracias al programa al que accedió nuestro país. Siento que aquí se ha faltado a la verdad con algunos de los juicios que se han planteado. En ese sentido, quiero señalar que he defendido muchas causas referidas a asegurar la protección de los datos de las personas, pero quienes han cometido delitos están en registros de carácter público. No se puede afirmar que una sentencia condenatoria es parte de la esfera privada de las personas. De alguna manera, señalar juicios de esa naturaleza o decir que esas sentencias no aparecen en una fuente abierta como internet, es aprovecharse de la ignorancia de la gente. Por lo tanto, decir que con la aprobación del proyecto de acuerdo que se somete a nuestra consideración se abrirá una caja de Pandora es relativizar la forma en que operan nuestros tribunales, cuyas resoluciones, en el sentido global, tienen un carácter público. Por eso, sostener que a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo un tribunal o un país extranjero podrán acceder a información privada de las personas, es atentar contra la inteligencia de los chilenos. Obviamente, debemos avanzar en materia de protección de datos personales, pero la comisión de un delito no es un dato sujeto a la esfera de la protección personal. En nuestro país y en otras legislaciones hay mecanismos para la eliminación de esos datos; pero en ese sentido el Acuerdo es categórico, porque establece que en esa materia se sujetará a las normas del derecho interno, de manera que, al eliminarse los antecedentes, la información quedará fuera de ese registro. Asimismo, considero que con muchos de los argumentos que aquí se han señalado se falta el respeto a nuestras policías y a nuestros funcionarios públicos a la hora de referirse a la aplicación de esas normas en defensa del interés nacional. El punto focal que se establece por parte de la legislación son nuestras instituciones, los primeros garantes, bajo el principio de reciprocidad, de la información que se entregue. Ellos antepondrán, ante todo, el interés y la protección de nuestros compatriotas, sin perjuicio de que en virtud del Acuerdo se operará sobre la base del principio de reciprocidad, de modo que también podremos requerir información de parte de las autoridades norteamericanas, disposición que se transformará en una palanca importante desde el punto de vista de la investigación que llevarán a cabo nuestras autoridades para el combate de delitos como el narcotráfico y el crimen organizado. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Italia, Japón y otros estados han suscrito convenios de esta naturaleza con Estados Unidos de América, lo que en caso alguno significa poner en juego su interés nacional. Entiendo que, ante todo, se debe defender el interés nacional. Para tal efecto, será enviado a tramitación legislativa un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio de información con los gobiernos de otros estados con los que se hubiere suscrito acuerdos internacionales de igual naturaleza, porque el Acuerdo sometido a nuestra consideración no es autoejecutable. Queremos adoptar todas las medidas relacionadas con esta materia, porque un delito grave en nuestro país también lo es en Washington; para qué hablar de crímenes horrendos que han ocurrido a connacionales en esa ciudad. La tendencia global es perseguir ese tipo de delitos, sin importar en el país en que se cometan. En consecuencia, por las razones señaladas, llamo a votar a favor el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores. El señor MUÑOZ (ministro de Relaciones Exteriores).- Señor Presidente, tal como lo señaló el diputado señor Iván Flores, alrededor de 250.000 chilenas y chilenos viajan anual-mente a Estados Unidos de América, de manera que lo que establece el proyecto de acuerdo en discusión es muy importante para facilitar el viaje de turistas y de personas de negocios a esa nación. De hecho, desde el inicio del programa, a partir de 31 de marzo de este año hasta fines de mayo, alrededor de 21.350 ciudadanos chilenos han postulado a él. La amplia mayoría de esas solicitudes han sido aprobadas y solo el 1,9 por ciento ha sido rechazado, de modo que el programa ha tenido un inicio importante. Como se ha dicho, el objetivo del Acuerdo es el intercambio de información para la prevención y el combate del delito grave, aspecto que hay que subrayar, y el ámbito de aplicación será el de casos de investigación de crímenes que cruzan las fronteras, como ocurre, por ejemplo, con el crimen transnacional organizado. A nuestro juicio, el intercambio de información que se prevé en el Acuerdo se compatibiliza con el derecho a la privacidad, y no implica, de manera alguna, cesión de soberanía. La cooperación se funda en la existencia en ambos países de bases de datos que sirvan para la detección, prevención e investigación de delitos graves. Por lo tanto, no se trata de un sistema de identificación de huellas dactilares de carácter general, de todos los ciudadanos, sino de uno vinculado específicamente con antecedentes penales individuales. El Acuerdo dispone, en forma expresa, que las consultas solo podrán realizarse sobre la base de casos individuales y de conformidad con el derecho interno de la parte consultada. El punto de contacto nacional que se designaría proporcionaría los datos de conformidad al derecho interno de la parte que lo haya designado, lo que implica, de manera evidente, que además del derecho interno se deben considerar los tratados internacionales de protección en materia de derechos humanos. La posibilidad de efectuar las consultas está estrictamente circunscrita, por mandato del Acuerdo -insisto-, para los delitos graves, para los que se establece un umbral de punibilidad mínimo de un año, que es el criterio que se aplica en la generalidad de los tratados de extradición. Además, todas esas reglas en el Acuerdo están sometidas a diversas limitaciones, como, por ejemplo, que la entrega de datos debe realizarse con observancia del derecho interno, respecto de casos individuales, y que los delitos terroristas -una de las preocupaciones expresadas en la Sala- se definen según el derecho interno de la parte que proporciona los datos. Por lo tanto, no es el país requirente, no es Estados Unidos de América, el que califica la situación como constitutiva de delito terrorista o vinculado a él, sino el derecho del Estado requerido, es decir, de Chile. El Acuerdo opera bajo estricta reciprocidad y con pleno respeto al orden jurídico interno de cada una de las partes. Por lo tanto, cada parte no puede requerir más información que la que está dispuesta a conceder respecto de sus propios nacionales. El Acuerdo regula la privacidad y la protección de los datos. En ese sentido, dispone que los datos no pueden ser entregados a un tercer Estado sin previo consentimiento, y que el Estado que proporciona esa información puede establecer condiciones para su entrega. Se contemplan, además, otras disposiciones relativas a la privacidad y a la protección de los datos. Reitero que el Acuerdo se circunscribe a situaciones con miras a la detección, prevención e investigación de delitos graves. De ninguna manera se trata de posibilitar el acceso a datos personales de todos los chilenos o de los chilenos que viajen a Estados Unidos de América usando el sistema de Visa Waiver. La solicitud debe encuadrarse en el derecho interno, por lo que deben respetarse plenamente las garantías fundamentales establecidas en nuestra Constitución Política y en los tratados internacionales, incluyendo los tratados sobre derechos humanos, y en la ley nacional. Respecto del concepto de delitos terroristas, reitero que el Acuerdo se remite al derecho interno de la parte que proporciona los datos. Por lo tanto, no será la definición de terrorismo vigente en Estados Unidos de América la que prevalecerá, sino la consignada en nuestro derecho interno. Cabe tener presente que el Acuerdo no es autoejecutable; por lo tanto, se requiere una ley de implementación. No se puede aplicar sin ella. Se descarta que las opiniones o pensamientos políticos sean materias constitutivas de delito. En este caso, hablamos de situaciones constitutivas de delitos graves, que impliquen la procedencia de la extradición en virtud de distintos tratados internacionales. Además, se trata de delitos ya cometidos, no de potenciales delitos, o de delitos que no se hayan cometido nunca o que estén en el fuero interno de determinadas personas. Por lo tanto -reitero-, en el Acuerdo no se incluye el pensamiento político que pueda caracterizar a una persona. De modo que las limitaciones establecidas en el Acuerdo salvaguardan las preocupaciones manifestadas en la Sala. En conclusión, el Acuerdo no importa un atentado a la vida privada de las personas, ni una falta de protección de los datos personales de los chilenos. A su vez, su entrada en vigor requerirá de una ley de implementación. Muchas gracias. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos: El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, suscrito en Washington, D.C. el 30 de mayo de 2013. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 9 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Cicardini Milla Daniella; Girardi Lavín Cristina; Lemus Aracena Luis; Melo Contreras Daniel; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Arancibia Daniel; Pacheco Rivas Clemira; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto Ferrada Leo-nardo; Teillier Del Valle Guillermo; Vallejo Dowling Camila. -Se abstuvieron los diputados señores: Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Jackson Drago Giorgio; Letelier Norambuena Felipe; Morano Cornejo Juan Enrique; Provoste Campillay Yasna; Rivas Sánchez Gaspar; Vallespín López Patricio. MODIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9174-04) El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la planta del personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga las facultades que indica. Diputados informantes de las comisiones de Educación, Deportes y Recreación, y de Hacienda, son los señores Romilio Gutiérrez y Manuel Monsalve, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, sesión 97ª de la legislatura 361ª, en 3 de diciembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 2. -Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, sesión 122ª de la legislatura 361ª, en 4 de marzo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 2. -Informe financiero actualizado (I. F. 48), sesión 29 de presente legislatura, en 4 de junio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 4. -Informe de la Comisión Hacienda, sesión 29 de la presente legislatura, en 4 de junio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 6. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación. El señor GUTIÉRREZ, don Romilio (de pie).- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a las funcionarias de la Junji que nos acompañan en las tribunas, que pertenecen a la agrupación gremial Ajunji. (Aplausos en las tribunas) En nombre de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que modifica la planta del personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga las facultades que indica. La idea matriz del proyecto consiste en eliminar las rigideces de la actual planta de personal que dificultan que la institución se ajuste a los nuevos requerimientos, permitiendo que los cargos directivos sean un reflejo permanente de la gestión que están desarrollando los funcionarios y que las denominaciones de los mismos no se encuentren establecidas por ley. Se suprimen en la planta de Técnicos los dos escalafones en que esta se divide interna-mente, a saber, de Informática y Contadores y Técnicos en Educación Parvularia, y se establece un nuevo tope para la carrera funcionaria de los técnicos en educación parvularia. Se permitirá al Presidente de la República ajustar las plantas del personal administrativo y auxiliar, principalmente para corregir las diferencias con las demás instituciones a las que la Junji puede asimilarse. Se pretende fortalecer de modo especial la función de dirección de jardines infantiles y abordar la función de supervisión y pedagógica, aumentando el número de cupos para permitir una mejor carrera funcionaria y revisar su extensión. Respecto de los cargos de dirección de jardines infantiles, se propone que se puedan establecer mecanismos especiales de selección y promoción. Se propone facultar al Presidente de la República para que diseñe una asignación asocia-da a quienes cumplen efectivamente la función de dirección y supervisión. La iniciativa fue aprobada en general y en particular por 12 votos a favor; no hubo votos por la negativa ni abstenciones. Votaron a favor las diputadas señoras Cristina Girardi y María José Hoffmann y los diputados señores Sergio Aguiló, Mario Bertolino -en reemplazo del diputado Germán Becker-, Rodrigo González, Romilio Gutiérrez -diputado informante-, José Antonio Kast, Manuel Monsalve, Manuel Rojas, Gabriel Silber, Mario Venegas y Leopoldo Pérez -en reemplazo del diputado Germán Verdugo-. La Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene como misión entregar educación parvularia de calidad en nuestro país, preferentemente a niños y niñas menores de cuatro años en situación de vulnerabilidad social. El objetivo es contribuir al desarrollo integral de la primera infancia, valorando y apoyando a las familias como primer agente educativo a través de programas de atención administrados en forma directa y por terceros. Esta labor ha sido desempeñada durante más de cuarenta años por personal idóneo y capacitado para brindar una atención integral y de calidad a los párvulos, a través de sus técnicos y profesionales en educación parvularia directamente, y de los demás estamentos que, en su conjunto, permiten lograr el objetivo. Así, el quehacer de la Junji permite generar una mayor igualdad de oportunidades en los niños y niñas de nuestro país, considerando que la educación parvularia es el primer paso y definitorio para su desarrollo en el futuro. La actual planta del personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles data de 1992 y fue fijada en el artículo 2° de la ley N° 19.184. Por su parte, los requisitos para el ingreso y promoción establecidos originalmente fueron sustituidos por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, del Ministerio de Educación. En el contexto actual, la planta de personal contiene rigideces que dificultan que la institución se ajuste a los nuevos requerimientos. Por ello, el Gobierno ha resuelto que es urgente efectuar ajustes que entreguen nuevas herramientas a la dirección de la institución para permitir su adecuada gestión. Esta situación debe superarse, y esta iniciativa busca precisamente aquello. En ese sentido, en su momento el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera acogió el pliego petitorio de los funcionarios de la Ajunji y acordó lo siguiente: 1) Aumentar los cargos para directoras de jardines infantiles. 2) Flexibilizar algunos estamentos para la administración de turno, con directores de primer grado jerárquico innominados, por ejemplo, para crear el cargo de director de cobertura. 3) Eliminar la limitación para contratar técnicos (actualmente solo pueden contratarse técnicos en informática y contadores auditores). 4) Eliminar el límite de grados injustificados e ilógicos que aqueja a educadoras de párvulos y a técnicos de párvulos. 5) Crear una asignación para las directoras y supervisoras mientras dure el cargo, por cuanto se requiere que las mejores profesionales estén en la sala de clases. La Comisión de Educación, Deportes y Recreación compartió los fundamentos y objetivos generales tenidos en consideración en el proyecto de ley del Ejecutivo y, luego de escuchar las explicaciones antes señaladas, acordó -reitero- aprobarlo en general por 12 votos a favor, sin votos por la negativa ni abstenciones. Por las razones expuestas, la Comisión de Educación recomienda aprobar, en general y en particular, el proyecto de ley en discusión. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor MONSALVE (de pie).- Señor Presidente, en primer lugar, saludo con mucho afecto a los representantes de la Asociación de Funcionarios de Junta Nacional de Jardines Infantiles, en particular a su presidenta, la señora Julia Requena. (Aplausos en las tribunas) En nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga las facultades que indica (boletín N° 9174-04), en primer trámite constitucional y primero reglamentario, conocido por la Comisión de Hacienda como segunda comisión al tenor de los artículos 217 y 220 del Reglamento de la Corporación. La Comisión de Educación dispuso en su informe que esta comisión tomara conocimiento de la totalidad del proyecto. Esta iniciativa consta de un artículo único y tres artículos transitorios y tiene como propósito eliminar las rigideces de la actual planta de personal, que dificultan que la institución se ajuste a los nuevos requerimientos de la importante labor que desempeña, estableciéndose un nuevo tope para la carrera funcionaria de los técnicos en educación parvularia, entre otras materias. El proyecto fue tratado en dos sesiones, a las que asistieron la señora Desirée López de Maturana, vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el señor Jorge Rodríguez, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos; la señora Julia Requena Castillo, presidenta de la Asociación de Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji); el señor Christian San Martín Romo, presidente del directorio nacional de la Asociación Pro Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji), y la señora Teresa Molina Valenzuela y el señor Bernabé Vilaxa, directores de Aprojunji. El artículo único modifica el artículo 2° de la ley N° 19.184, que fija la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y suprime, en la Planta de Directivos, las expresiones “Director de Departamento”, para cada grado asignado. Además, elimina, en la Planta de Técnicos, las expresiones “Escalafón: Informática y Contadores”, y “Escalafón: Técnicos en Educación Parvularia”. En consecuencia, se genera un solo escalafón de técnicos. Por su parte, el artículo primero transitorio faculta al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley, dentro del plazo de 180 días a contar de la publicación de la ley. En virtud de estas facultades que dicen relación con la planta de personal de la Junji, podrá rediseñar las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares; podrá modificar sus grados y podrá crear cargos. También podrá modificar el número de cargos en la planta de profesionales, y podrá determinar y regular procesos de encasillamiento, ingreso y promoción. Asimismo, podrá dictar las normas para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas que fije o modifique, como también modificar los requisitos generales y específicos de ingreso y promoción. También podrá fijar asignaciones asociadas a la función de dirección de jardín infantil y supervisión. El artículo segundo transitorio establece un conjunto de limitaciones al ejercicio de las facultades legislativas entregadas para proteger los derechos del personal de la Junji. Así, a modo de ejemplo, no podrá causar el cese de la relación laboral ni disminuir remuneraciones ni los bienios, y los nuevos requisitos que se fijen no serán exigibles a los funcionarios en servicio. Finalmente, el artículo tercero transitorio establece que el mayor gasto fiscal que represente esta ley en proyecto, durante el primer período presupuestario, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, y podrá ser suplido con la partida del Tesoro Público. ¿Cuál es la incidencia de la iniciativa en materia presupuestaria y financiera? El informe financiero actualizado a la fecha por la Dirección de Presupuestos, a petición de la Comisión de Hacienda, señala que el mayor gasto fiscal anual que represente esta ley en proyecto se estima que será el siguiente: 870 millones de pesos asociados a los nuevos grados de la planta de personal; 1.700 millones de pesos referidos a los cambios de grado de la dotación efectiva; 812 millones de pesos por el incremento de las remuneraciones de las directoras de jardines infantiles y supervisoras. De esta forma, el costo anual de este proyecto es estimado en 3.382 millones de pesos y se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación. (Aplausos en las tribunas) En el debate de las normas sometidas a la consideración de la Comisión de Hacienda -en la especie, todo el proyecto-, y a petición de varios señores diputados, el señor Jorge Rodríguez Cabello, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, respecto de la variación de los costos de financiamiento, que en el informe financiero original bordeaban los 400 millones de pesos, manifestó que el cambio obedece a lo solicitado por la Comisión y responde al desarrollo de los objetivos del proyecto de ley, que se materializarán en decretos con fuerza de ley, remitiéndose a los costos antes señalados del informe financiero actualizado. Agregó que, conforme a dicho compromiso, trabajaron y conversaron los contenidos de los decretos con fuerza de ley con los funcionarios de la Junji, y el nuevo informe financiero responde a dicho propósito. Del mismo modo, durante el tratamiento del proyecto ante la Comisión de Hacienda, se produjo un debate en torno al perfeccionamiento de la redacción del proyecto, que culminó con el compromiso por parte del representante del Ejecutivo, el señor Rodríguez, en orden a presentar una indicación en Sala para reducir el plazo del artículo primero transitorio de 180 a 120 días, para la dictación del decreto con fuerza de ley que adecuará las plantas. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión acordó votar en forma conjunta el artículo único y los tres artículos transitorios del proyecto, con la indicación previamente señalada, los que fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes, señores Aguiló, Auth, De Mussy, Jaramillo, Lorenzini, Macaya, Melero, Rocafull -en reemplazo del diputado que habla-, Ortiz, Schilling y Walker. En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala aprobar este proyecto de ley, que es fruto de un largo trabajo con la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, tal como lo expresó el diputado Manuel Monsalve, en las dos sesiones que tuvo la Comisión de Hacienda para ver este proyecto de ley, que significa un cambio sustancial en el financiamiento, de 400 millones a 3.382 millones de pesos, se planteó rebajar el plazo, de 180 a 120 días, para que la Presidenta de la República dicte el decreto con fuerza de ley; pero el Reglamento de nuestra Cámara de Diputados expresa que cualquier indicación de este tipo tiene que ser vista, primero, en la Comisión de Hacienda. Hoy, la Comisión de Hacienda celebrará sesión a las 15.00 horas. Por lo tanto, como una señal para los 12.000 funcionarios y funcionarias de la Junji, pido votar hoy el proyecto en general, que vaya a la Comisión de Hacienda y mañana terminemos su primer trámite constitucional. Como hay muchos diputados inscritos para hacer uso de la palabra y el Orden del Día tiene una hora de término, planteo que, en lugar de diez minutos, las intervenciones se limiten a tres minutos o bien que lo aprobemos sin discusión. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, se presentaron dos indicaciones, que deben pasar primero a la comisión técnica, la de Educación, y después a la de Hacienda. El señor ORTIZ.- ¿No lo podemos tratar en comisiones unidas de Educación y Hacienda? El señor CORNEJO (Presidente).- Señores diputados, sugiero que lo votemos en general al término del Orden del Día, para que en la tarde pase a la Comisión técnica, y mañana lo votemos en particular. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el problema es que en las tribunas tenemos delegaciones provenientes de todo el país, que quieren ser portadoras de la feliz noticia de que se aprobó el proyecto en su primer trámite constitucional. El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, no confunda su deseo como algo compartido unánimemente por la Sala. Nos rige un Reglamento, y mi obligación es hacerlo respetar. Se han presentado dos indicaciones. Entonces, propongo que iniciemos la discusión del proyecto, lo votemos en general y después enviemos las dos indicaciones a las comisiones, para que mañana lo votemos en particular y lo despachemos. No hay otra posibilidad. Las indicaciones tienen que enviarse a la Comisión de Educación. ¿Habría acuerdo para proceder de esta manera? Acordado. En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, entiendo el interés por terminar pronto la tramitación de este proyecto de ley, que busca resolver un problema que afecta a los funcionarios de la Junji -y seguramente a muchas otras instancias de la administración pública- en materia de regularización de grados, plantas y estímulos a su desarrollo. Ciertamente, esta es un área relevante, pues tiene relación directa con la formación de los niños de nuestro país. El proyecto se acota a las cuestiones que los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles han planteado a lo largo de muchos años. Personalmente, me he reunido con diferentes sectores vinculados a este ámbito en la Región de Aysén, y todos han manifestado que están absolutamente de acuerdo en acelerar este proceso y dar satisfacción a las demandas planteadas, desde hace muchos años, por los distintos estamentos de la Junji. El proyecto apunta al rediseño de la planta de técnicos, administrativos y auxiliares, y a terminar con las separaciones entre algunos estamentos, y permitirá modificar grados y crear cargos, a través de los correspondientes decretos con fuerza de ley. Asimismo, dará estabilidad al personal y no implicará, bajo ningún punto de vista, disminuir las remuneraciones. Los nuevos requisitos no serán exigibles a los funcionarios que actualmente prestan servicios, sean de planta, a contrata o a honorarios. Como dije, el proyecto normaliza los cargos y modifica los topes para la carrera funcionaria de los técnicos en educación parvularia, además de permitir que el Presidente de la República ajuste las plantas del personal administrativo y auxiliar para corregir las diferencias con las demás instituciones a las que la Junji puede asimilarse. Aumenta el número de cupos para mejorar la carrera funcionaria de los cargos de supervisión y pedagógicos y fortalece la función de dirección de jardines infantiles. Hoy, prácticamente no existen estímulos para quienes asumen funciones directivas, en cuanto a la estructura de grados dentro del servicio. En suma, se establecen nuevos grados y aumentan las rentas de los directores y supervisores. En materia de educación parvularia, es conveniente señalar que la Presidenta de la República anunció la creación de 4.500 nuevas salas-cuna y la habilitación de otras 1.200 en jardines infantiles. Es una noticia importante; pero surge la pregunta sobre la modalidad mediante la cual se va a implementar esta significativa medida social para la formación temprana de los niños de nuestro país. ¿Mediante qué mecanismo se implementará? Es conveniente que el Ejecutivo tome en consideración todos los ángulos del tema. Al respecto, cabe decir que, a lo largo del país, otras instituciones han debido cumplir esta importante labor a nivel nacional. Me refiero a los famosos jardines VTF (Vía Transferencia de Fondos), administrados bajo diferentes modalidades, respecto de los cuales se ha generado una enorme disparidad con la gestión de la Junji. Por consiguiente, así como se pretende la desmunicipalización de la enseñanza básica y media, soy absolutamente partidario de que se haga lo mismo respecto de la educación parvularia, para terminar con la disparidad que se presenta en aquellos jardines Vía Transferencia de Fondos, administrados por los municipios, por Integra u otros. En este sentido, a propósito de establecimientos administrados por Integra, conozco el caso del jardín infantil de La Junta, en la Región de Aysén, que está en precarias condiciones de habitabilidad. Para qué hablar de su infraestructura y de la dotación y calificación del personal, que no responde a ninguno de los estándares establecidos por la Junji para los jardines administrados directamente por ella. Es necesario que, en la tramitación de la reforma educacional -transmito el mensaje a los miembros de la Comisión de Educación-, nos hagamos cargo de este segundo aspecto, por-que se está generando una enorme disparidad en la atención de los niños. La tarea que desarrolla la Junji es extraordinaria, perfecta, pues cumple con todas las normas en los jardines que administra, pero no pasa lo mismo en aquellos jardines VTF o municipales, donde observamos un tremendo desbalance, los cuales, en definitiva, le están haciendo la “pega” a la Junji. Por eso, es conveniente analizar esta situación en los próximos proyectos relacionados con la gran reforma al sistema de educación parvularia, algunos de los cuales ya están en trámite. Como bancada, vamos a apoyar esta iniciativa de ley, para que se apruebe a la brevedad, pues los funcionarios de la Junji han esperado por años una mejora en sus condiciones laborales, y este proyecto las satisface, porque genera los recursos y aporta los medios. La comisión introdujo mejoras sustantivas al proyecto. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que, ante la imposibilidad de que la Junji realice su tarea complementaria, por dotación funcionaria, ha debido delegar funciones en otras instancias, aunque no en la misma forma con que la Junji administra su propio sistema. El anuncio de la Presidenta de la República de crear 4.500 nuevas salas-cuna y la habilitación de otras 1.200 nuevas salas en jardines infantiles impondrá un nuevo desafío en materia de dotación, administración y gestión. Por lo tanto, debemos hacernos cargo íntegramente del sistema. La Junji es el organismo especializado, reconocido, con una vasta experiencia y prestigio en esta materia, por lo cual, en mi opinión, debiera asumir la gestión de todos los establecimientos de educación parvularia del país, para terminar con las modalidades complementarias que, al final, solo han generado mecanismos de administración con otras características y menos exigentes, lo que no es justo, porque tanto la Junta Nacional de Jardines Infantiles como los jardines Vía Transferencia de Fondos atienden a los mismos niños vulnerables a lo largo y ancho de nuestro país. Finalmente, quiero destacar que este es un gran proyecto para los funcionarios de la Junji. En consecuencia, va a contar con el apoyo de todos los miembros de nuestra bancada, y anuncio que haremos todo lo necesario para que sea aprobado a la brevedad. He dicho. -Aplausos. El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ¿qué duda cabe de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene por misión entregar educación parvularia de calidad, preferentemente a los niños y niñas menores de cuatro años en situación de vulnerabilidad social, y así contribuir efectivamente al desarrollo integral de la primera infancia y apoyar a las familias como primer agente educativo, a través de programas administrados en forma directa o por terceros? La Junji es la base de la pirámide educacional, que es vital para el desarrollo de esos niños y niñas. Por eso, hoy estamos haciendo justicia. En 1992, tramitamos el proyecto que estableció la actual planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, cuando era Presidente de la República el gran estadista Patricio Aylwin, y su ministro de Educación, Ricardo Lagos Escobar. En ese entonces, el diputado que habla era el Presidente de la Comisión de Educación. El diputado René Manuel García también era miembro de la comisión y sabe que en esa oportunidad no solo se benefició al personal de la Junji, sino también al de la Junaeb, al de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y al del Ministerio de Educación. Es decir, desde entonces no ha habido otro proyecto de ley que haga justicia al personal de la Junji. (Aplausos en las tribunas) Este proyecto de ley materializa el punto pendiente del protocolo de acuerdo del 20 de enero de 2012, suscrito entre el gobierno y los dirigentes de la Ajunji, encabezados por su presidenta, relacionado con el perfeccionamiento de la planta del servicio. Es cierto que el resto del protocolo se cumplió, mediante la aprobación de sucesivas leyes que han beneficiado a los funcionarios de la Junji, entre ellas la ley N° 20.688, que incrementó las remuneraciones variables sobre incentivos; la ley N° 20.213 y la asignación de modernización. En diciembre del año pasado, ingresó a la Comisión de Hacienda este proyecto, que modifica la planta de personal de la Junji. Los dirigentes de los 12.000 funcionarios de la Junji -es de justicia reconocer la gran labor que han realizado- solicitaron a los integrantes de la Comisión de Hacienda que lo dejáramos en statu quo, a la espera de un aumento real y efectivo del presupuesto de la Junji durante el gobierno que encabezaría la gran Presidenta Michelle Bachelet. Así lo hicimos: suspendimos la tramitación del proyecto original porque teníamos claro que no se iba a poder cumplir. Para conocimiento de los señores diputados y para el establecimiento de la historia fidedigna de la ley, debo hacer presente que hay dos informes financieros: uno del 2 diciembre de 2013, que se refiere a un financiamiento de 400 millones de pesos anuales, y otro actualizado, del 3 de junio de este año, en el cual el presupuesto sube exactamente a 3.382 millones de pesos. ¡Este aumento es de justicia! (Aplausos en las tribunas) Esto cambia radicalmente las reglas del juego. Debo reconocer -en esto trato de ser lo más serio y objetivo posible, sin pretender ser populista- que esto se inició en el gobierno pasado y lo culminamos nosotros. Es decir, aquí no hay paternidad política; lo importante es solucionar los problemas que afectan a los 12.000 funcionarios de la Junji. ¿Qué establece este proyecto de ley? Algo muy claro y preciso. Primero, en la Planta de Directivos se suprimen las denominaciones específicas, como, por ejemplo, “Director de Departamento de Recursos Financieros” o “Director de Departamento Administración y Recursos Humanos”. En la Planta de Técnicos, se eliminan los títulos internos en que se divide: Escalafón: Informática y Contadores, y Escalafón: Técnicos en Educación Parvularia. Los artículos transitorios otorgan una facultad a la Presidenta de la República. Debo hacer presente que ahora vamos a aprobar el proyecto en general, de manera que les pido a los dirigentes y a los funcionarios de la Junji que tengan paciencia -un día más o un día menos no tiene importancia-, porque el Ejecutivo aceptó, con muy buena disposición y voluntad, rebajar de 180 a 120 días siguientes a la publicación de la ley el plazo para dictar los decretos con fuerza de ley necesarios para dar cumplimiento a la ley. Por eso, hay que tener un poco de paciencia. Aquí está la indicación firmada, en cumplimiento de la palabra empeñada -como siempre lo hace-, por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria; por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas de Mesa, y por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre Guzmán. Aquí está la indicación que la Presidenta se comprometió a enviar. (Aplausos en las tribunas) ¿Por qué digo esto? Por algo que me interesa sobremanera. Hay un artículo que fija todas las normas para que se dicte el o los decretos con fuerza de ley que sean necesarios para modificar la planta de la Junji, pero sin poner en peligro la estabilidad laboral de los funcionarios. Es bueno que esto se sepa, porque quedará establecido por ley y habrá que cumplirlo. Es decir, se han tomado todas las providencias del caso para que la iniciativa vaya por el camino correcto. Obviamente, en virtud de la facultad que se le otorga, la Presidenta de la República podrá rediseñar las plantas de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares; modificar el número de cargos en la planta de Profesionales, en especial los de dirección de jardines infantiles; modificar, en la planta de personal, los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de los cargos; dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas que fije o modifique, y establecer asignaciones asociadas al ejercicio efectivo y continuo de la función de dirección de jardín infantil y de supervisión. El artículo segundo transitorio restringe el uso de las facultades que mencioné. Es decir, todos los requisitos benefician a los 12.000 funcionarios y funcionarias de la Junji. El artículo tercero transitorio establece que el mayor gasto fiscal que represente esta ley durante el primer período presupuestario de aplicación se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educación. Aquí quiero clarificar algo. Algunos dicen que está bien; pero resulta que originalmente se hablaba de 400 millones de pesos anuales, que en este proyecto se aumentan ocho veces: a 3.382 millones de pesos, también anuales. Respecto del artículo tercero transitorio, que tanto discutimos y analizamos, llegamos a un acuerdo total en la Comisión de Hacienda, en cuanto a que cada año, como ocurre con todos los proyectos de ley que aprobamos, deberá considerarse el ítem correspondiente en la partida del Ministerio de Educación. Para terminar, debo expresar que, después de analizar personalmente la Partida del Ministerio de Educación de 2014, he podido comprobar que están considerados los 3.382 millones de pesos para financiar totalmente este proyecto durante el próximo año. Asimismo, cuando discutamos el proyecto de Ley de Presupuestos de cada año, nos preocuparemos de que la ley tenga el financiamiento correspondiente. Felicito a las queridas tías, como se les dice cariñosamente -lo digo como abuelo-, y a las queridas funcionarias, porque realizan una gran labor en beneficio del país. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve. El señor MONSALVE.- Señor Presidente, el hecho de que hoy estemos debatiendo y vayamos a votar este proyecto de ley es el resultado de la organización, el trabajo, la lucha y la persistencia mostrada por la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji). Por eso, saludo nuevamente a su presidenta, señora Julia Requena, porque ha sido un largo camino el que han recorrido. Han demostrado paciencia, perseverancia y capacidad de organización y de diálogo para llegar a acuerdos, los que hoy se concretan en este proyecto de ley. La bancada del Partido Socialista respaldará de manera unánime el proyecto, no solo porque es consecuencia del trabajo y de la lucha sindical, sino porque permite mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la Junji. Estamos en pleno debate sobre la reforma educacional y, dentro de ese marco, nos hemos puesto como objetivo la calidad, la gratuidad y la universalidad de la educación. Ahora bien, no es posible lograr esos objetivos si no privilegiamos también la educación preescolar. La Presidenta de la República ha planteado que se aumentarán en 90.000 los cupos en las salas cuna y en 34.000 en el nivel medio menor. No hay posibilidad de alcanzar la equidad en la educación si no resolvemos los problemas de oportunidad en la educación preescolar, particularmente en la primera infancia. No es posible resolver con éxito este desafío si no somos capaces de debatir una nueva institucionalidad para la educación preescolar. No me refiero solo a la creación de una sub-secretaría o una superintendencia, sino a que en materia de política preescolar hay tres instituciones que atienden a la infancia en jardines infantiles y salas cuna: la Junji, la Fundación Integra y los jardines infantiles financiados vía transferencia de fondos. Esta situación resulta inaceptable si queremos abordar en forma seria las políticas de Estado para dar equidad y calidad a la educación y a la atención de la primera infancia. Quiero aprovechar la presencia de la ministra Ximena Rincón en la Sala -sé que no está presente por este proyecto en particular- para instalar un tema que preocupa al conjunto de los parlamentarios. Nos parece muy bien este proyecto de ley, que mejora las condiciones laborales de los funcionarios de la Junji, por lo cual lo vamos a votar favorablemente; pero a muchos de nosotros nos parece que el Gobierno tiene que enfrentar la institucionalidad con la que se atiende a la primera infancia y a la educación preescolar en Chile. No puede ser que hoy haya niños que sean atendidos en jardines infantiles vía transferencia de fondos, porque de esta forma el Estado genera inequidad no solo en la calidad de las prestaciones que se entregan a los niños de los distintos jardines infantiles, sino también en las condiciones laborales de quienes los atienden, porque las condiciones laborales de los funcionarios de Fundación Integra son muy distintas de las de quienes se desempeñan en la Junji o en los jardines infantiles financiados vía transferencia de fondos. Me parece muy importante que el Ejecutivo aborde este tema. En nuestros distritos nos reunimos no solo con los apoderados, sino también con los funcionarios. Por eso sabemos que existe preocupación por el tema. Para enfrentar una reforma educacional en serio debemos incluir la institucionalidad para la atención de la primera infancia. Me interesaba destacar este tema porque sé que es de preocupación de varios parlamentarios y esperamos seguir trabajando en esa área. Por último, reitero mis felicitaciones a miembros de la Asociación de Funcionarios de la Junji (Ajunji), por el acuerdo alcanzado. Tal como señaló el diputado Ortiz, en la Comisión de Hacienda se hizo un esfuerzo. Hubo inquietud respecto de los recursos destinados a estas mejoras salariales, que originalmente ascendían a 400 millones de pesos, lo cual no tenía relación con la cantidad de funcionarios y con los beneficios que se esperaban. Agradezco al Gobierno la disposición para actualizar el informe financiero que acompaña este proyecto, que finalmente implicará un gasto de 3.382 millones de pesos, lo que permitirá financiar efectivamente las mejoras que se habían comprometido. Finalmente, anuncio que votaremos a favor el proyecto y reitero mi saludo y mis felicitaciones a los funcionarios de la Junji. He dicho. -Aplausos. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señor Presidente, me parece de toda justicia apoyar esta iniciativa, que en parte busca modernizar la estructura de la Junji, que data de enero de 1992, situación que también se repite con otros servidores públicos del país. Es importante reconocer que ha pasado un tiempo más que prudente para que se readecuen las plantas de personal, debido a la delicada labor que desarrollan. Nadie desconoce los importantes cambios que ha tenido este servicio público con el de-venir de los años y las múltiples tareas que se le han ido incorporando, que, de alguna forma, tornan más dificultosa su labor y aumentan su responsabilidad para atender a un segmento tan importante de nuestra población. Su estructura no resulta funcional ni operativa, sobre todo tratándose de un servicio tan delicado y relevante, puesto que atiende a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Me parece del todo conveniente e importante reconocer la labor que desarrolla el personal de la Junji. Por eso, apoyamos la modificación de la planta de funcionarios, y propiciamos, además, el otorgamiento de remuneraciones que estimulen y, de alguna forma, garanticen el desempeño ejemplar de estos funcionarios. Por lo tanto, por tratarse de un proyecto tan relevante, la bancada de Renovación Nacional lo apoyará. Por último, quiero aprovechar la presencia de algunas autoridades de Gobierno en la Sala para manifestar la necesidad de revisar el funcionamiento de los programas vía transferencia de fondos que mantiene la Junji en todos los municipios del país, para evaluar cómo mejorar esa atención, porque no queremos que exista disparidad entre lo que hace la Junji y lo que hacen los jardines infantiles vía transferencia de fondos. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate. Ha terminado el tiempo del Orden del Día. Corresponde votar en general el proyecto de ley que modifica la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga las facultades que indica. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, solo quiero entregar una información en relación con el proyecto de ley que acabamos de aprobar. Dado que la Comisión técnica es la de Educación, Deportes y Recreación, que tengo el honor de presidir, ella ha sido citada a sesión para las 15.30 horas, a fin de estudiar las indicaciones presentadas. -Aplausos en las tribunas. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, siguiendo el predicamento del Presidente de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, informo que se ha citado a sesión de la Comisión de Hacienda para las 17.00 horas, para los mismos efectos. -Aplausos en las tribunas. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR GONZALO ANTONIO DE LA MAZA ESCOBAR COMO CONSEJERO NACIONAL DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la propuesta de su excelencia la Presidenta de la República para nombrar en el cargo de consejero nacional del Fondo del Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público al señor Gonzalo Antonio de la Maza Escobar. Antecedentes: -Oficio de su excelencia la Presidenta de la República, sesión 28ª de la presente legislatura, en 13 de junio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 13. El señor CORNEJO (Presidente).- Hago presente a la Sala que su aprobación requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 36 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza San-doval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES PARA DESIGNAR REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN EL COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la proposición de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones para designar al diputado señor Ramón Farías Ponce como representante de la Corporación en el Comité Calificador de Donaciones Privadas. Hago presente a la Sala que su aprobación requiere del voto favorable de los dos tercios de los diputados en ejercicio, esto es, 77 votos. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 20 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Bellolio Avaria Jaime; De Mussy Hiriart Felipe; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jackson Drago Giorgio; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Ryssel-berghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, ¿se modificó el quórum como consecuencia del otorgamiento de permisos constitucionales? El señor CORNEJO (Presidente).- El quórum necesario para aprobar la proposición bajó a 77 votos. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para votar nuevamente la proposición de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. El señor CORNEJO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN RESTAURACIÓN DE TEATRO DE LOS MINEROS, EXSINDICATO N° 6 DE LA COMUNA DE LOTA El señor CORNEJO (Presidente) El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 58, de los diputados señores Manuel Monsalve y Lautaro Carmona; de la diputada señora Cristina Girardi, del diputado señor Osvaldo Andrade, de la diputada señora Maya Fernández, de los diputados señores Sergio Aguiló, Cristián Campos y Guillermo Teillier; de la diputada señorita Karol Cariola y del diputado señor Iván Fuentes, que en su parte dispositiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclu-siva del Ejecutivo, se instruya buscar los mecanismos necesarios para restaurar a la brevedad el Teatro de los Mineros, exsindicato N° 6 de la comuna de Lota. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve. El señor MONSALVE.- Señor Presidente, varios diputados presentamos el presente proyecto de resolución -espero que cuente con el respaldo unánime de la Cámara-, que solicita a la Presidenta de la República que instruya, a través del Ministerio de Cultura, que se adopten las acciones tendientes a recuperar y restaurar el Teatro de los Mineros de Lota, cuya primera piedra fue colocada por los sindicatos de trabajadores del mineral del carbón de Lota en 1955. Ese teatro guarda en su interior parte importante de la historia política, cultural y social no solo de Lota, sino de Chile. En él se celebraron las asambleas que acordaron, por ejemplo, la huelga larga de los trabajadores en la década del 60. En su interior estuvieron el ex-Presidente Salvador Allende, Pablo Neruda, Fidel Castro y muchos otros personajes de la historia. En ese recinto los mineros debatieron y dialogaron para construir la historia del movimiento obrero chileno. Lamentablemente, hoy ese teatro minero, que se encuentra frente a la plaza de la comuna de Lota, está en estado de abandono, lo que es inaceptable. La Mesa Comunal de Cultura y Patrimonio de Lota ha emprendido una serie de acciones tendientes a recuperar ese patrimonio tan valioso. En conjunto con varios diputados y diputadas, hemos acordado presentar este proyecto de resolución a fin de que la Cámara de Diputados solicite incluir este tema en la agenda del Gobierno, en especial en el Ministerio de Cultura. Hace pocos días, se celebró el Día Internacional del Patrimonio Cultural. Es muy importante que nuestro país, y también la Cámara de Diputados, contribuyan a recuperar ese recinto patrimonial, que forma parte de nuestra historia y riqueza ancestral, y porque además es una muestra de nuestra identidad cultural. Pido, entonces, el apoyo de mis colegas para que la honorable Cámara apruebe este proyecto de resolución que, repito, busca restaurar el Teatro Minero de la comuna de Lota. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la Región del Biobío se encuentra uno de los recintos emblemáticos de los mineros del carbón, quienes formaron parte del desarrollo de nuestro país y fueron vitales en muchos aspectos sociales. Los sindicatos del carbón fueron un ejemplo para lograr justas reivindicaciones. Es bueno decir que, entre otras, consiguieron la ley “de lámpara a lámpara”, cuyo autor fue el exdiputado y exsenador Alberto Jérez; también efectuó contribuciones el gran Radomiro Tomic, que en paz descanse. Hay todo un simbolismo en los mineros del carbón. Nuestra región les debe mucho. En el comercio, se notaba el día de pago entre los mineros de Lota, de Curanilahue y de Schwager. Los mineros del carbón, antes de que se cerraran las minas, y por el efecto comercial que se produciría, se preocuparon en forma especial de que sus hijas e hijos abrazaran una carrera profesional. En Lota tenemos un número importante de excelentes profesionales de todas las disciplinas. Al respecto, hay que reconocer el sacrificio de sus padres. Por lo tanto, es de toda justicia que aprobemos por unanimidad el proyecto de resolución, que solicita a la Presidenta de la República -lo señaló el colega Manuel Monsalve- que instruya buscar los mecanismos necesarios para restaurar a la brevedad el Teatro de los Mineros, exsindicato Nº 6 de la comuna de Lota. Anuncio, entonces, que mi bancada votará favorablemente el proyecto de resolución. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar proyecto. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Car-los Abel; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paulsen Kehr Diego; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Coloma Alamos Juan Antonio; Pilowsky Greene Jaime; Sandoval Plaza David. FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS DESALINIZADORAS Y SU INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL COSTERO El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la par-te dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución Nº 59, de la diputada señora Clemira Pacheco, del diputado señor Luis Lemus, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda; de los diputados señores José Miguel Ortiz y Sergio Aguiló; de las diputadas señoras Cristina Girardi y Daniela Cicardini; del diputado señor Roberto Poblete, de la diputada señora Yasna Provoste y del diputado señor Sergio Gahona, que en su parte dispositiva dice: La honorable Cámara de Diputados acuerda: Oficiar a su excelencia la Presidenta de la República para que instruya a los ministros de Obras Públicas, de Economía, Fomento y Turismo, del Medio Ambiente y al delegado presidencial para los recursos hídricos, a fin de que estudien la factibilidad de celebrar un convenio que otorgue apoyo financiero permanente al proyecto “Obtención de agua para consumo humano y agua de riego a partir de agua de mar”, desarrollado por el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción y la incorporación a un Programa de Agua Potable Rural, APR, costero. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco. La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, junto con mi colega Yasna Provoste queremos que este proyecto de resolución cuente con el apoyo unánime de la Cámara de Diputados. Todos hemos sufrido la falta de agua en muchas comunas del borde costero y del secano interior, como Santa Juana, Florida, Hualqui y otras de la Región del Biobío. Hasta el momento no hemos recibido ninguna alternativa de solución al problema. Solo sabemos que se ha creado una tecnología distinta, la nanotecnología, que ha desarrollado la Universidad de Concepción y logrado el proyecto Innova. El proyecto de resolución solicita a la Presidenta de la República que instruya a los ministros de Obras Públicas, de Economía, Fomento y Turismo, y del Medio Ambiente, y al delegado presidencial para los recursos hídricos, que estudien la factibilidad de celebrar un convenio que otorgue apoyo financiero permanente para extraer agua de mar, que en Chile abunda. A través de un proceso de desalinización se podría llevar esa agua al secano interior y también al propio borde costero. Pido a la honorable Cámara que apruebe el proyecto de resolución por unanimidad. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, vamos a apoyar esta iniciativa, porque estamos convencidos de que el agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida. Como lo ha señalado la diputada Clemira Pacheco, una de las autoras del proyecto, en los sectores costeros existe un conjunto de comunidades que requieren de este vital elemento. Además, en zonas como las que representamos en el norte del país, la situación es compleja por la grave sequía que las afecta. Por lo tanto, vemos en esta alternativa una posibilidad cierta de revertir las consecuencias de los períodos de sequía y de alimentar nuestros embalses, en muchos de los cuales la cantidad de agua embalsada es muy baja. Esto sería un gran apoyo para una actividad productiva tan importante como es la agricultura. Pedimos a la Sala que apoye esta iniciativa, para que, a través del Ministerio de Obras Públicas, se inyecten más recursos y se evalúe esta alternativa como una opción real para avanzar en sistemas de saneamiento para aumentar el caudal de agua potable rural, pero también para alimentar los embalses, que hoy se encuentran en estado crítico. Necesitamos que los diputados y las diputadas apoyen esta iniciativa, de manera que, desde el Estado, avancemos planificadamente en la instalación de plantas desalinizadoras para -repito- abastecer de agua potable a la comunidad y alimentar los embalses, de manera de asegurar el riego de nuestra agricultura. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Soto Ferrada Leonardo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Se abstuvo el diputado señor Kast Sommerhoff Felipe. CATASTRO DE VIVIENDAS SOCIALES CONSTRUIDAS POR EL ESTADO CON TECHUMBRE DE ASBESTO CEMENTO El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 60, de los diputados señores Osvaldo Urrutia, Sergio Espejo, Vlado Mirosevic, David Sandoval, Claudio Arriagada, Ernesto Silva, Iván Norambuena y Jorge Ulloa, y de las diputadas señora Claudia Nogueira y señorita Karol Cariola, que en su parte resolutiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputados acuerda: En mérito de lo expuesto y de la facultad que nos confiere el artículo 52, número 1), inciso primero, literal a), de la Constitución Política de la República, solicitamos a su excelencia la Presidenta de la República tenga a bien: a) Instruir a la ministra de Vivienda y Urbanismo para la realización de un catastro que permita identificar a nivel comunal, regional y nacional el número de viviendas sociales y económicas que hayan sido construidas por el Estado, a través del Serviu o sus antecesores, o con subsidio habitacional y que cuentan en la actualidad con techumbre de asbesto cemento; y b) Disponer dentro de los factores de puntaje que son considerados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el otorgamiento del subsidio del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, la existencia de techumbres de asbesto cemento, de manera que sea posible proceder a su reemplazo por materiales no dañinos para la población. c) Instruir a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que informe y organice a los vecinos afectados con el objeto de que puedan postular a la brevedad a este subsidio. El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, el asbesto, también llamado amianto, puede generar enfermedades por su inhalación y por el contacto frecuente con este material. Las enfermedades más frecuentes son la asbestosis (enfermedad pulmonar crónica), el cáncer de pulmón, el mesotelioma, entre otras, y la gravedad dependerá de cuánto tiempo estuvo la persona expuesta al asbesto y de la cantidad inhalada. El problema de las enfermedades relacionadas con el asbesto es que con frecuencia las personas no notan síntomas durante un período de veinte o más años luego de la exposición a este mineral. En Chile, el asbesto se utiliza desde la década de los 30 en la fabricación de diversos productos del área de la construcción, como planchas lisas, planchas onduladas, moldeados, tuberías, pisos vinílicos y pegamentos, entre otros. En 1986 se promulgó en Ginebra el Convenio 162, sobre la utilización de asbesto en condiciones de seguridad, el cual se aplica a todas las actividades en las que los trabajadores estén expuestos al asbesto en el curso de su trabajo. En 1999 se publicó en Chile el decreto N° 1.907, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó ese Convenio. De acuerdo con esta normativa, la legislación nacional debió prescribir las medidas que habrían de adoptarse para prevenir y controlar los riesgos para la salud debido a la exposición profesional al asbesto y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos. Además, el Convenio señala que la legislación nacional deberá revisarse periódicamente a la luz de los progresos técnicos y del desarrollo de los conocimientos científicos. En cuanto a la utilización del asbesto, la normativa dispone que, siempre que sea posible, deberá prohibirse la utilización del asbesto o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos que contengan asbesto en determinados procesos de trabajo. Para dar contenido a lo dispuesto en el decreto que aprobó el Convenio 162, en 2001 se publicó el decreto N° 656, del Ministerio de Salud, que reglamentó la prohibición de la producción, importación, distribución y venta de materiales de construcción que contengan cualquier tipo de asbesto. Sin perjuicio de esa prohibición, las cifras del Censo Nacional de 2002 mostraron que el 46,5 por ciento de las viviendas particulares ocupadas en la Región Metropolitana presentaba cubiertas de planchas onduladas de asbesto. En tanto, a nivel nacional, la cifra llegaba a 42,2 por ciento. El decreto supremo N° 255, de 2006, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regla-mentó el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, el cual considera un sistema de subsidio destinado a contribuir al financiamiento de las obras de Equipamiento Comunitario y Mejoramiento del Entorno, de Mejoramiento de la Vivienda o de Ampliación de la Vivienda, que cumplan con ciertas condiciones. Los proyectos que ingresan a ese programa son evaluados por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, y los que resultan calificados pasan a la etapa de selección. Gracias a este pro-grama ha sido posible reemplazar las techumbres de asbesto. Es el caso de viviendas en la comuna de Olmue. Sin embargo, la presencia de techumbres de asbesto no goza de un puntaje especial en la calificación de los proyectos que postulan al subsidio. Por eso, en junto con varios diputados, particularmente con el diputado Claudio Arriagada, redactamos este proyecto de resolución, por el cual solicitamos a la Presidenta de la República tres cuestiones puntuales. Primero, que instruya a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que realice, a nivel comunal, regional y nacional, un catastro que permita identificar el número de viviendas sociales y económicas que hayan sido construidas por el Estado, a través del Serviu o sus antecesores, o con subsidio habitacional y que cuentan en la actualidad con techumbre de asbesto cemento. Segundo, que disponga que, dentro de los factores de puntaje que son considerados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el otorgamiento del subsidio del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, se considere la existencia de techumbres de asbesto cemento, de manera de hacer posible su reemplazo por materiales no dañinos para la población. Por último, que instruya a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que informe y organice a los vecinos afectados, con el objeto de que puedan postular a la brevedad a ese subsidio. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Auth Stewart Pepe; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Castro González Juan Luis; Coloma Alamos Juan Antonio; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melo Contreras Daniel; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. VII.- INCIDENTES REBAJA DE TARIFA ELÉCTRICA EN COMUNAS CON PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco. La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, el 13 de diciembre de 2011 la Sala aprobó un proyecto de acuerdo, de mi autoría, por el que se solicita al gobierno establecer una rebaja de 50 por ciento en las tarifas de consumo eléctrico en las comunas donde operan plantas de generación eléctrica. Hace un par de semanas, en la Municipalidad de Puchuncaví, se realizó un primer encuentro medioambiental donde participaron representantes de las comunas de Tocopilla, Huasco, Quintero y Coronel. Allí se acordó solicitar al Ejecutivo la disminución de las tarifas del consumo eléctrico de las viviendas en las comunas donde existen plantas de generación eléctrica. Por lo tanto, solicito enviar copia del proyecto de acuerdo a que hice referencia, el cual fue votado en 2011, a los alcaldes y a cada concejal de las comunas señaladas. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se procederá de acuerdo a lo solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo manifiestan a la Mesa y de quien preside. DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES DE TOMA DE RAZÓN DE PLANES REGULADORES COMUNALES Y DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (OFICIO) El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar. El señor SALDÍVAR.- Señor Presidente, quiero oficiar al contralor general de la República respecto de la determinación adoptada por ese organismo en el sentido de centralizar la recepción de toma de razón de los planes reguladores comunales. Debemos considerar que no hay expresión más propia de la comunidad local que el plan regulador comunal. Sin embargo, en los procesos de aprobación de nuevos planes reguladores comunales es la Contraloría General de la República la que efectúa el trámite de toma de razón, lo que en algunas oportunidades ha tenido ciertas implicancias. Por ejemplo, en La Serena, hace alrededor de tres años, esa tramitación demoró siete meses en ejecutarse. Esa es una situación que, sin duda alguna, conlleva efectos extremadamente negativos. Por lo expuesto, solicito oficiar al contralor general de la República para consultarle si existen razones suficientemente poderosas para mantener tal procedimiento. Si ello no es así, creo que se deben generar confianzas y capacidades regionales para que dicho trámite se desarrolle en cada una de las regiones, por una cuestión de mayor cercanía con los territorios. Por otra parte, la Evaluación Ambiental Estratégica que se solicita para la modificación de un Plan Regulador Comunal también se encuentra centralizada en un órgano con asiento en la capital. Así, un proceso tan natural para las bases comunales territoriales debe depender de un trámite absolutamente centralista. Consulto también si existen razones suficientemente poderosas para mantener dicha tramitación. En caso de que no las haya, solicito que se proceda a descentralizar y a desconcentrar el proceso, con el objeto de que las regiones desarrollen sus propias capacidades, como una manifestación de confianza hacia ellas. La idea es propender hacia procesos efectivamente descentralizadores. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa y de quien preside. PROCEDENCIA DE CONTRATOS POR HORAS TRABAJADAS DE PROFESORES DE SEDE INACAP LA SERENA (OFICIO) El señor SALDÍVAR.- Por otra parte, en La Serena, comuna que forma parte de mi distrito, los profesores del Instituto Nacional de Capacitación (Inacap) se encuentran en huelga. Una de las razones de la paralización de los docentes, a quienes respaldo, se relaciona con la modalidad de contrato que se les ha fijado, que se basa en horas trabajadas y no en una jornada laboral. Por tanto, solicito oficiar al director nacional del Trabajo para consultarle si es procedente que existan contrataciones de esa naturaleza, en circunstancias de que la normativa ofrece toda la gama posible de contratos. Si ello no fuera así, los profesores en huelga no quedarían sujetos cada semestre al arbitrio de la institución respectiva, sin tener estabilidad ni ningún tipo de certeza respecto de su continuidad horaria. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa y de quien preside. SOLUCIÓN A PROBLEMAS Y COMPROMISOS EN SALUD INCUMPLIDOS POR ANTERIOR ADMINISTRACIÓN EN COMUNA DE QUELLÓN (OFICIO) El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Jenny Álvarez. La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).- Señor Presidente, hoy en la mañana dirigentes sociales se tomaron las dependencias del SOME del Hospital de Quellón, debido a demandas pendientes desde hace mucho tiempo. El gobierno anterior hizo un compromiso relativo a la atención y el tratamiento de personas que deben dializarse en la comuna de Quellón, lo que no se cumplió en la Administración pasada. En la actualidad, esos pacientes siguen sin encontrar solución, pues deben trasladarse dos veces por semana desde Quellón hasta Castro, lo que se traduce en tener que desplazarse 87 kilómetros y más de cinco horas de viaje. Por lo tanto, ellos demandan una mejora en su situación. Hay otro asunto pendiente que se vincula al origen de la movilización social de 2013 en la comuna de Quellón: el fallecimiento de Verónica Cosme y Carola Concha. Asimismo, la gente de Quellón está demandando la instalación de una cámara hiperbárica en la comuna, lo que también se encuentra pendiente. Hoy, la prensa de la zona consignó que el joven buzo quellonino Erick Matías Huenten estuvo a punto de perder la vida por no recibir tratamiento oportuno en una cámara de oxigenación. La instalación de una cámara hiperbárica también fue un compromiso adquirido por el gobierno anterior, el que hasta la fecha no se ha cumplido. Por lo tanto, pido que se oficie en mi nombre a la ministra de Salud, señora Helia Molina, para que se atiendan los problemas y compromisos que he descrito, que provienen de la anterior Administración y que con justa razón reclaman los vecinos de la comuna de Quellón, que viven en una zona extrema y no cuentan con condiciones dignas de salud. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa y de quien preside. ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUÍNOA; COYA, COMUNA DE MACHALÍ, Y EN COMUNA DE PICHILEMU (OFICIOS) El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Restan dos minutos y treinta y tres segundos del tiempo del Comité Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Ricardo Rincón. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, pedí al Comité Socialista que me cediera el tiempo que le resta. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay problema, señor diputado. Entonces, podrá intervenir en su momento por seis minutos y treinta y tres segundos. Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, solicito oficiar al intendente y a la seremi de Desarrollo Social de O’Higgins, con el objeto de que me informen en detalle sobre la evolución de los proyectos de alcantarillado en las localidades de Los Lirios, comuna de Requínoa; Coya, comuna de Machalí, y en la comuna de Pichilemu. Al respecto, quiero contar con todos los detalles sobre los procesos de licitación: costos, problemas que enfrentaron y que están enfrentando a la fecha para su concreción y cualquier otra información que pueda ser de utilidad y relevancia para esta Corporación, en especial para quien habla. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa y de quien preside. INCORPORACIÓN DE MOCIONES EN PROYECTO DE REFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR (OFICIO) El señor RINCÓN.- En segundo lugar, solicito que se oficie al ministro de Economía para que incorpore, en el proyecto de ley que reforma el Servicio Nacional del Consumidor, ya sea por fusión, según Reglamento, o por los medios que él estime prudente -indicaciones sustitutivas, complementarias y otros-, una serie de iniciativas legales respecto de las cuales soy autor junto con distintos parlamentarios, como el proyecto de ley sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de prohibir modificaciones y terminaciones unilaterales en perjuicio de los consumidores en los contratos de adhesión, o el que establece la obligación a los proveedores de productos y servicios financieros de certificar ante el Sernac los contratos de adhesión que ofrezcan. La idea es contribuir al profundo proceso de reforma al Sernac iniciado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el que ha comenzado a elaborarse por instrucciones de la Presidenta Michelle Bachelet. Por último, junto con señalar que haré llegar a la Mesa el detalle de los proyectos de ley respectivos, agradezco a la Biblioteca del Congreso Nacional el apoyo siempre oportuno que nos brinda en nuestra labor legislativa. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican. AGILIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS ELEVADORAS EN COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO (OFICIOS) El señor RINCÓN.- Señor Presidente, en la comuna de Quinta de Tilcoco se ejecutó un proyecto de saneamiento y de tratamiento de aguas por aproximadamente 5.000 millones de pesos, a pesar de lo cual hay colectores que aún no están en funcionamiento, porque las plantas elevadoras no han sido conectadas. Lo anterior ha generado situaciones paradójicas. Por ejemplo, el comité de vivienda Juan Leonardi, de Quinta de Tilcoco, no ha podido concretar los trabajos de veinticinco subsidios habitacionales, los que ya han sido otorgados, porque en esa comuna no hay factibilidad de conexión para las obras de tratamiento y de alcantarillado. Asimismo, al comité de vivienda Villa O´Higgins, de la misma comuna, integrado por ochenta familias, no obstante estar al día con todos los trámites que se requieren, se le ha negado el otorgamiento de los subsidios respectivos, los que no se han podido materializar debido a que no se ha construido la planta elevadora que permita la utilización de los colectores y de los alcantarillados, en cuya ejecución, reitero, se invirtieron 5.000 millones de pesos. Lo señalado es de un nivel de absurdo que no se sostiene. Por lo señalado, pido que se oficie a la superintendenta de Servicios Sanitarios, a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al director del Serviu de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, con el objeto de que dispongan que se instruya a Essbio -empresa cuyo territorio operacional, como lo sabe muy bien el diputado señor Ortiz, abarca no solo la Región del Biobío, sino también las regiones del Maule y del Libertador General Bernardo O´Higgins- agilizar la construcción de plantas elevadoras en la comuna de Quinta de Tilcoco. No puede ser que el Estado haya financiado la ejecución de esa obra millonaria y que su infraestructura, paradójicamente, haya quedado en poder de esa empresa, lo que ha generado situaciones aberrantes como las que he señalado. Solicito que se envíe copia de mi intervención al alcalde y a los concejales de Quinta de Tilcoco. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican. FISCALIZACIÓN A EMPRESA SANITARIA AGUAS CHAÑAR (OFICIOS) El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, durante los últimos días he tomado conocimiento de que se ha autorizado a la empresa Aguas Chañar, que se adjudicó los derechos de explotación de las concesiones sanitarias de la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama, a anticipar en un año el proceso tarifario. A nuestro juicio, lo anterior merece que la Superintendencia de Servicios Sanitarios explique a este órgano fiscalizador y a la comunidad las razones que ha tenido a la vista para anticipar el proceso de tarificación, puesto que Aguas Chañar ha aplicado un alza sostenida en cada uno de los procesos tarifarios, situación que ha hecho que los habitantes de la Región de Atacama deban pagar, en promedio, 1.200 pesos por metro cúbico de agua y 3.600 pesos por la reposición en caso de corte del servicio. Nos merece dudas que esa autorización favorezca a una empresa que ha sufrido cortes sistemáticos del servicio y que ya ha dejado deslizar que en el nuevo proceso tarifario la comunidad deberá enfrentar una nueva alza tarifaria. La Superintendencia de Servicios Sanitarios debe defender, con fuerza, el derecho que los consumidores de la Región de Atacama, en especial si como consecuencia de una resolución de calificación ambiental una empresa titular de un proyecto minero ha debido entregar, a título gratuito, una donación de 50 litros de agua por segundo a la comuna de Caldera y de 100 litros de agua por segundo a la de Tierra Amarilla, cantidades que, por cierto, exceden su consumo habitual. De allí que, en nuestra opinión, no existe razón alguna para que en el nuevo proceso de tarificación se alcen las cuentas de agua potable en la Región de Atacama. Por lo tanto, pido que se oficie a la superintendenta de Servicios Sanitarios para que nos informe sobre el número de reclamos que ha habido en los últimos dos años en la Región de Atacama y cuáles son los resultados de la visita que ese organismo efectuó a Freirina, comuna en la que en período de verano se registran bajas y cortes permanentes de agua en el sector de la población José Santos Ossa. Hasta el momento, la Superintendencia de Servicios Sanitarios no ha dado respuesta a las acciones iniciadas por el alcalde de la comuna en relación con esa situación. Asimismo, solicito que esa superintendencia realice una fiscalización directa a la empresa sanitaria Aguas Chañar, con el objeto de verificar la calidad y la continuidad del servicio que brinda, debido a los cortes reiterados de agua que se han registrado en el último tiempo. Además, pido que se oficie al presidente de Aguas Chañar, para que informe, a la brevedad, el motivo del anuncio de la posible alza de tarifas y para que nos haga llegar su plan de desarrollo. Por último, solicito que la superintendenta de Servicios Sanitarios nos informe sobre las razones de las utilidades desmesuradas que registran todas las empresas de servicios sanitarios, en especial la empresa Aguas Chañar, tal como consta en la información que publica ese organismo. De acuerdo con lo que establece nuestra legislación, las utilidades de esas empresas no deben superar el 7 por ciento. Sin embargo, en 2011 y 2012 las utilidades de Aguas Chañar alcanzaron a 11,2 por ciento y a 14,4 por ciento, respectivamente. Así las cosas, no existe razón alguna para que se produzca un alza de las tarifas por suministro de agua potable. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican. INFORMACIÓN SOBRE MONTO Y ORIGEN DE NUEVOS RECURSOS DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DEL TRANSANTIAGO (OFICIO) El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, la ley N° 20.378, conocida como Ley Transantiago o Ley Espejo, destinó 20.000 millones de dólares, casi un tercio del presupuesto total de la nación, para obras de inversión y aportes fiscales en materia de infraestructura y equipamiento para el Sistema de Transporte Público de Santiago, Transantiago, y la mitad de esa suma para el aporte de inversión en regiones. Ese monto, 20.000 millones de dólares, equivale a once años de recursos para la atención primaria de salud, a treinta y cuatro veces la Subvención Escolar Preferencial correspondiente a 2011, a ciento veintiséis años de bonificación del Ingreso Ético Familiar, a setenta y cinco años de financiamiento del Chile Solidario y a treinta y un veces lo que costaría terminar con los campamentos en Chile. He recordado que la mitad de esos recursos van a invertirse en regiones. Cuando se dictó esa ley, su espíritu fue establecer un equilibrio entre lo que el fisco destina de su presupuesto para el sistema de transporte Transantiago con lo que se destina a regiones. Pues bien, su excelencia la Presidenta de la República anunció, hace algunos días, una inversión de nuevos 1.000 millones de dólares para el Transantiago, mediante el uso de fondos sectoriales fuera del marco de la Ley Espejo, fuera del marco de la ley N° 20.378, rompiendo, en consecuencia, el equilibrio en materia territorial en relación con estos recursos. Cualquiera que sea su origen, esto es, si provienen de la ley N° 20.378 o, en su defecto, de inversión sectorial, anuncio que no estaré dispuesto a apoyar la futura discusión presupuestaria si en el anteproyecto de Ley de Presupuestos no se incorporan los míseros 51 millones de dólares que las ciudades desde Rancagua hasta Osorno necesitan para comenzar el proceso de combate de la contaminación ambiental que afecta a 10 millones de chilenos. Por ello, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informe a la Cámara acerca del monto exacto de la inversión anunciada por su excelencia la Presidenta de la República y del origen presupuestario de dichos recursos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEY DE DONACIONES CON FINES DEPORTIVOS (OFICIOS) El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky. El señor PILOWSKY.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Deportes he podido relacionarme con diversos actores vinculados con el mundo del deporte, varios de quienes me han hecho saber su preocupación sobre el funcionamiento de la ley de donaciones deportivas. Todos sabemos que los costos asociados a practicar deportes son altos, independientemente del tipo de disciplina de que se trate, ya sea por la construcción de canchas y gimnasios en las comunas para los deportes masivos, o de centros de alta complejidad para entrenar deportistas de alto rendimiento, o por el equipamiento necesario para practicar en buenas condiciones una determinada disciplina, ya sea por los planes y programas necesarios para competir exitosamente en el contexto internacional. A nuestro juicio, el deporte debe ser una prioridad en nuestras políticas públicas. Su desarrollo debe contar con una fuerte inversión del Estado, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Con todo, también creemos que los privados deben realizar su aporte. A través de la ley N° 19.712, de 2001, se establece una serie de franquicias y beneficios tributarios en favor de empresas o particulares que donen a organizaciones con fines deportivos. Esta ley dispone que los particulares que hagan donaciones con fines deportivos pueden rebajar como crédito una determinada parte de los montos efectivamente donados de impuestos a la renta de primera categoría o global complementario. Se establece como limitación que no podrán ser objeto de esta franquicia los particulares que donen a organizaciones que estén relacionadas con el donante por vínculos patrimoniales o cuyos integrantes sean mayoritariamente parientes o familiares del donante. La misma ley señala que pueden ser donatarios -receptores de la donación- el Instituto Nacional del Deporte, corporaciones de alto rendimiento, corporaciones municipales de deportes, clubes deportivos, ligas deportivas, asociaciones deportivas locales, consejos locales de deportes, asociaciones deportivas regionales, federaciones deportivas locales o regionales, y federaciones deportivas de carácter nacional. Es importante velar por que esta franquicia sea utilizada de buena forma en beneficio de los deportes y de nuestros deportistas. Por eso, es necesario que hagamos una profunda fiscalización y revisión del funcionamiento práctico de la referida ley. Por lo anterior, pido que se oficie al director nacional del Instituto Nacional del Deporte, a fin de que nos informe sobre las empresas o los particulares que han donado en virtud de la ley N° 19.721 a ese organismo, sobre los proyectos aprobados en sus registros, las empresas que donan y las que lo hacen desde 2010 a la fecha; al director del Servicio de Impuestos Internos, para que nos informe sobre las empresas o particulares que han hecho uso del beneficio tributario con fines deportivos, y nos haga llegar el listado de receptores de 2010 a la fecha de esas donaciones, indicando los integrantes de la directiva de dichas organizaciones y el domicilio de las mismas. Pido que se envíe copia de mi intervención a la ministra del Deporte. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. MEDIDAS PARA LLAMADO A LICITACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL GRAN VALPARAÍSO Y FISCALIZACIÓN A BUSES (OFICIO) El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que explique, con el mayor grado de detalle posible, los siguientes asuntos: En primer lugar, la fecha y las medidas de fortalecimiento que ha adoptado en relación con la Seremi de Transportes de la Quinta Región, con el propósito de dotarla de las competencias necesarias para llevar adelante la definición del llamado a licitación del nuevo sistema de transporte público del Gran Valparaíso, que ha sido postergado por más de tres años. Dicha postergación ha dado lugar a una serie de problemas en el transporte público, que se han traducido, debido a la concentración del servicio en pocas manos, en una pésima prestación de servicios a los usuarios y en incumplimientos graves de los compromisos pactados en la licitación anterior. Ello se advierte cuando los recorridos se miden no con fiscalizadores en terreno, sino a través del sistema de GPS, que es mucho más exacto. En segundo lugar, solicito que me informe sobre las medidas que está adoptando en lo inmediato para fortalecer la labor de fiscalización en terreno y a través del sistema de GPS de la flota que presta servicios a la población del Gran Valparaíso. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. EXPLICACIÓN POR PARTICIPACIÓN DE DIRECTIVOS DE COLEGIOS MUNICIPALES DE OLMUÉ EN JORNADA DE CAPACITACIÓN POLÍTICA. (OFICIO) El señor SCHILLING.- Señor Presidente, pido que se oficie al contralor general de la República, a fin de que solicite a la alcaldesa de Olmué, señora Macarena Santelices, que explique, más allá del fragor político y del debate público que hay respecto de la reforma al sistema educacional, por qué llevó a los directivos de los colegios públicos de la comuna de Olmué a una jornada de capacitación política al Instituto Libertad y Desarrollo. Ese hecho nos parece particularmente grave, porque constituye una clara acción política de la señora alcaldesa y un abuso de poder en relación con funcionarios públicos, cuyo rol en la educación nacional no está en discusión. La convocatoria a participar en la referida jornada podría haberse hecho respecto de establecimientos particulares subvencionados; pero haber llevado a los directivos de colegios públicos a ese evento no tiene ninguna justificación. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.49 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones. VIII.- ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 13.22 horas. El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. RELOCALIZACIÓN DE CÁRCEL DE CHILLÁN (OFICIO) El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, el motivo de mi intervención se relaciona con la situación que afecta al centro de cumplimiento penitenciario de Chillán, que, en 2006, ya presentaba sobrepoblación. Desde ese instante, para el entonces gobernador señor Ignacio Marín y las demás autoridades, su relocalización fuera de la ciudad se transformó en preocupación. Se buscó varios terrenos. Sin embargo, en 2009, durante el último año de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se postergó el proyecto para el siguiente gobierno. En el intervalo, ocurrió el terremoto del 27 de febrero de 2010, que derrumbó una muralla de la cárcel y provocó el incendio de casas vecinas, tras lo cual tuvo lugar la fuga de más de 270 reclusos, lo que causó preocupación a toda la ciudadanía de Chillán. El 20 de agosto de 2012, el Presidente Piñera señaló que la cárcel de Chillán sería relocalizado. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay nada concreto, excepto lo señalado por los seremis de Bienes Nacionales y de Justicia, en el sentido de que habría un terreno ubicado en el sector de Chillán Viejo para construir la nueva cárcel, lo que concita la oposición del alcalde, del concejo y de la comunidad de dicha ciudad. Actualmente, la cárcel de Chillán, que tiene capacidad para 460 reclusos, alberga a más de 600, lo que significa una sobrepoblación y una preocupación para la ciudad de Chillán. Incluso, el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, don Darío Silva, ha señalado la necesidad de relocalizar la cárcel. Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Justicia, don José Antonio Gómez, para que in-forme cuál es la planificación de Gendarmería respecto de la relocalización de la cárcel de Chillán. Se necesita con urgencia que el centro de cumplimiento penitenciario sea reubicado fuera del área urbana. He dicho. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano y de este Presidente accidental. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE METROTRÉN EN COPIAPÓ (OFICIOS) El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, pido oficiar al ministro de Transportes, al intendente de la Región de Atacama, al gobernador de Copiapó, al alcalde y a los concejales de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla y a la Presidenta de la República por lo siguiente. Me he interiorizado de un proyecto muy interesante para la comuna de Copiapó, que consiste en un metrotrén de superficie que permitiría unir la estación Paipote con el centro de Copiapó. Incluso, podría considerar otras localidades. En muchas ciudades del mundo existen metrotrenes de superficie, los cuales son vehículos de transporte público que permiten el desplazamiento de una gran cantidad de pasajeros en una línea fija, a una buena velocidad y en forma segura. La ciudad de Copiapó es muy particular, pues tiene un eje en el sector de la planicie -por así llamarlo- que corre de este a oeste y permite unir, en una sola línea, a muchas localidades y personas que requieren desplazarse para ir al centro del Copiapó, al hospital o a los servicios públicos. Es más, cuando me mostraron el plano del metrotrén de Copiapó pensé en algún momento en la posibilidad de extenderlo a Tierra Amarilla, para lo cual habría que hacer una evaluación. La particularidad del proyecto es que será financiado, prácticamente en forma íntegra, por privados, los cuales, para desarrollarlo, requieren la certeza de que tendrán un subsidio, como el que asiste al Transantiago. Entonces, dado que el Metro de Santiago tiene un importante subsidio del Estado, que incorpora ingentes recursos para ese medio de locomoción, no veo por qué esos mismos recursos, vía ley espejo, no puedan ser utilizados para subsidiar un metrotrén en la comuna de Copiapó, incluyendo la posibilidad de extender su trayecto hasta Tierra Amarilla. Es más, cuando me plantearon el proyecto, me dijeron que el metrotrén de superficie podría pasar por la antigua línea férrea de Copiapó, la que pertenece a Ferronor. A juzgar por lo que he visto en otros países, es completamente posible que el metrotrén pase por el centro de la ciudad, con carriles dispuestos en la superficie, que los vehículos cruzarían, atendida la adecuada señalización. Incluso, en Mendoza hace muchos años hay un tren de esas características. Por eso, es importante que el ministro de Transportes evalúe la posibilidad de que alguna instancia administrativa pertinente avale el proyecto. Me parece muy interesante, pues disminuiría las inequidades que hay en el transporte público. Además, no afectaría el servicio de colectivos, pues, como se trataría de una línea fija, desarrollaría acercamientos distintos a los de estos. En definitiva, mejoraría muchísimo el traslado del público en la zona. Por eso, insisto en que el ministro de Transportes evalúe el proyecto, en conjunto con la intendencia, los consejeros regionales y, por cierto, el alcalde y su concejo, dado que se trata de una buena oportunidad para contar con un medio de transporte adecuado, moderno y ajustado a los requerimientos de Copiapó, todo ello mediante la utilización de los recursos “espejo” del Transantiago. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.31 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones. IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1. MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA UN MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES QUE INDICA (BOLETÍN N° 9389-05) “Honorable Cámara de Diputados: Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto crear un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que indica. I. ANTECEDENTES. 1. Los precios de los combustibles en Chile Chile es un país que no es autónomo en materia de energía, ya que debe importar desde los mercados externos la gran mayoría de los combustibles que se utilizan para los diferentes medios de transporte terrestre privado, productivo y/o público, ya sea como insumos para la refinación doméstica, o los productos ya refinados asociados al petróleo. Los precios de estos productos, históricamente suelen tener una alta volatilidad en los mercados internacionales, y muestran en su comportamiento bruscas oscilaciones y cambios en sus niveles de tendencia. Esta dependencia de los mercados internacionales provoca que los consumidores de nuestro país estén expuestos a una alta volatilidad en los precios que pagan por estos productos, lo cual, a su vez, incide de manera directa en los ingresos que deben destinar al consumo de combustibles. Un análisis racional del comportamiento de los precios de los combustibles revela que sus cambios tienen componentes transitorios y otros más permanentes. Los mecanismos de estabilización que se han implementado en el país buscan evitar que los hogares se vean enfrentados a una volatilidad excesiva de precios cuando hay cambios transitorios, los que pueden revertirse al cabo de algunos días o semanas, y les permiten ajustarse de manera gradual cuando se producen cambios más persistentes. 2. Evaluación de los mecanismos de estabilización anteriores En los últimos 25 años han existido formalmente tres mecanismos de estabilización de precios de combustibles. En 1991 se creó el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo (FEPP) de manera de atenuar los efectos de las alzas en los precios de combustibles derivadas de la guerra del Golfo. Este fondo operó hasta el año 2005 cuando fue reemplazado por un nuevo fondo, el Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles, (Fepco). Este fondo se creó en respuesta a los efectos del huracán Katrina en los precios de las gasolinas, cuyas alzas no pudieron ser acotadas por el FEPP. Ambos fondos establecían un mecanismo de estabilización de precios a partir de una banda en torno a un precio de referencia. Esta banda tuvo un ancho de +/- 12,5% en el caso del FEPP y de +/-5% en el caso del Fepco. Una de las conclusiones significativas del análisis de los problemas que exhibieron los fondos como instrumento de estabilización fue que ante a cambios bruscos y significativos en los precios internacionales, estos tendieron a agotarse en su respuesta a las fluctuaciones de precios. Este fue el caso del FEPP durante el episodio del huracán Katrina. El fondo contaba con muy pocos recursos cuando ese evento se produjo. Por lo mismo, fue escasa la capacidad de protección que pudo entregar y dejó expuestos a los hogares a grandes alzas de precios. En el caso del FEPCO, este fue suplementado de manera oportuna en tres ocasiones evitando alzas de precios significativas. El segundo problema que surge de su evaluación es que, en su diseño, el Fepco no pudo evitar que los subsidios beneficiaran a entidades consumidoras que son capaces de cubrirse por sí mismos u obtienen coberturas de terceros privados. En julio del año 2010 se introdujo el Sistema de Protección a los Contribuyentes ante las Variaciones de los Precios Internacionales de los Combustibles (Sipco), en remplazo del Fepco. Al igual que los fondos de estabilización que le precedieron, este sistema establecía una regla para acotar los cambios en los precios mayoristas de los combustibles en base a una banda de precios. A diferencia de los fondos, el instrumento para garantizar que el precio mayorista se ubicase dentro de la banda eran ajustes en el Impuesto Específico de los Combustibles. En su diseño original, el Sipco amplió el ancho de la banda respecto de la prevalente con Fepco hasta +/- 12,5%. Además, buscó limitar la discrecionalidad del Gobierno para ajustar los valores de los parámetros que definían el precio de referencia intermedio. Dada la poca protección a los consumidores del diseño original del Sipco, en septiembre del 2012 se in-trodujo un proyecto de ley para reducir de manera transitoria el ancho de la banda hasta +/-10% e incrementar el grado de discrecionalidad del Gobierno para ajustar los parámetros de la banda. Durante el periodo de operación del Sipco, este mecanismo funcionó en alrededor de 21% de las semanas. A pesar de lo anterior, durante este período se registraron alzas máximas semanales en torno a $ 30 por litros, mientras que la volatilidad medida por la desviación estándar fue cercana a $ 10 por litros, sólo un poco menor que la volatilidad que habría existido sin el mecanismo, la cual hubiese alcanzado los $ 11,4 por litros. Por su parte, durante el periodo de vigencia del “segundo Sipco” la volatilidad de los precios de los combustibles alcanzó los $ 10,5 por litro, cifra no muy distinta del $ 11,6 por litros que hubiese habido sin mecanismo. En conclusión, este mecanismo no ha logrado entregar una protección efectiva a los consumidores ante cambios bruscos en los precios de los combustibles. Las principales razones por las cuales el Sipco no ha logrado atenuar la volatilidad de los precios son: (i)Al operar por medio de una banda en dólares, no se logra proteger a los consumidores respecto de los precios que efectivamente paga, los que están expresados en pesos. (ii)La banda del Sipco es muy ancha (±12.5% y transitoriamente hasta el 30 de junio del 2014 ±10%). Dados los precios actuales de las gasolinas, este ancho de banda permite alzas que podrán superar los $ 100 por litro,sin que opere en mecanismo de protección. En el proyecto original de Sipco, se planteaba el establecimiento de un nuevo sistema, que debía reemplazar al Sipco, basado en el uso de cobertura financieras: opciones “put” y call”. El Sipco constituía un primer paso en la implementación del nuevo sistema, llamado Sepco, el cual nunca llegó a implementarse. Dadas las razones expuestas, consideramos que es necesario crear un nuevo mecanismo de estabilización de los precios de combustibles que enfrentan los hogares, preservando el actual nivel del Impuesto Específico a los Combustibles (IEC) por cuanto este es un buen instrumento de política pública por las siguientes razones: (i) El consumo de combustibles para uso vehicular tiene externalidades que deben ser internalizadas en el precio del consumidor para evitar un nivel de consumo más allá del socialmente eficiente; de algún modo ha evolucionado hacia un “impuesto verde”. Las externalidades negativas que suelen presentarse en este tipo de consumo son la contaminación ambiental, la congestión vehicular, accidentes de tránsito, etc. En esta misma línea, organizaciones internacionales como APEC, G20 y OECD se han pronunciado en contra la utilización de subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, en el marco del desarrollo de una estrategia de crecimiento verde. (ii) Es un impuesto progresivo. De acuerdo a la última Encuesta de Presupuestos Familiares, las familias de los quintiles de más ingresos son aquellas familias que más gastan en consumo de gasolina. (iii) Este impuesto constituye una fuente importante de ingresos fiscales. La recaudación del IEC de la gasolina y el diésel en el año 2013 representó cerca del 5% de la recaudación tributaria total, con US$ 2.360 millones de dólares (cerca de un 0,9% del PIB). (iv) En relación a un conjunto de países, Chile no presenta impuestos específicos a los combustibles elevados. II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY. 1. Necesidad de fortalecer la protección a los consumidores La ley N° 20.633 estableció que el 30 de junio de 2014 culmina el periodo del denominado “segundo Sipco” y se vuelve a un diseño donde los hogares quedan más expuestos a las fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles producto de la amplitud de la banda. Tanto los fondos de estabilización, como el Sipco, han buscado estabilizar los precios mayoristas expresados en dólares. Sin embargo, los precios que enfrentan los hogares están expresados en pesos. Por lo tanto, se requiere establecer un mecanismo que proteja a los consumidores de las fluctuaciones de precios que les son más relevantes. Por otra parte, las bandas para estabilizar los precios de los combustibles tienden a dejar espacios de inacción, donde los precios pueden enfrentar grandes fluctuaciones. Para los precios actuales, una banda con un ancho de +/-10%, como el actual Sipco, tolera fluctuaciones de más de $ 100por litro en el caso de las gasolinas en una semana. En la práctica, durante la vigencia del Sipco se han observado alzas de hasta $ 30 pesos por litro en una semana, y de hasta $ 49 por litro acumulados en un mes. 2. Mantener la focalización de la protección El nuevo mecanismo propuesto mantiene la focalización de la protección, haciendo que los beneficios del mismo se concentren en los hogares que pagan el Impuesto Específico. A diferencia de los sistemas basados en Fondos aplicados en el pasado, la focalización a través del ajuste del Impuesto Específico permite evitar que los contribuyentes que recuperan el Impuesto Específico reciban una protección adicional a la que ya poseen. III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 1. Creación Nuevo Mecanismo de Estabilización. Este nuevo mecanismo, si bien sigue operando sobre la base de incrementos o rebajas al Impuesto Específico a los Combustibles, garantizará un mayor efecto estabilizador gracias a la combinación de los siguientes nuevos elementos: a) Se contempla una reducción del ancho de la banda en torno a un valor de referencia de +/-12,5% (+/-10 transitoriamente hasta el 30 de junio de 2014) a +/-5%, lo que permitirá atenuar de manera más efectiva el impacto de importantes fluctuaciones en los precios de los combustibles. b) La propuesta también considera la ampliación del número de semanas que pueden entrar en el cálculo de los precios de paridad de referencia o intermedia. En la actualidad, el número máximo de semanas está hoy transitoriamente, hasta el 30 de junio del presente año, restringido a un rango de entre 4 y 52 semanas que, de no mediar este proyecto, volvería a un rango de entre 8 y 30 semanas. El presente proyecto propone reducir a 4 semanas el mínimo y aumentar a 104 semanas el valor máximo que podrá considerarse para el cálculo de precios de referencia de la banda. Con esta medida, se contribuirá de mejor manera a capturar los movimientos tendenciales de precios y atenuar las fluctuaciones estacionales que registren los precios de los combustibles y de las gasolinas en particular. c) El nuevo sistema actuará estabilizando los precios relevantes para los hogares, esto es, los precios expresados en pesos y no en dólares de EE.UU. como ocurre hasta ahora. Para esto, la referencia intermedia y sus valores inferior y superior serán ahora determinados en moneda nacional, lo mismo que el precio de paridad, permitiendo de esta manera que el mecanismo de protección opere respecto de los precios efectivamente relevantes para los consumidores. 2. Establecimiento de un mecanismo de estabilización adicional Una de las falencias de las bandas para la estabilización es que dado su ancho, pueden existir grandes fluctuaciones al interior de la misma. Por lo tanto, se propone un mecanismo de estabilización adicional que operará cada vez que el precio de paridad se encuentre al interior de esta banda. El mecanismo consistirá en realizar un ajuste del componente variable del impuesto específico de los combustibles de manera tal que las variaciones de precios mayoristas en pesos no puedan superar, en una semana, las 0,12UTM por metro cúbico, si es que son cambios al alza, y que no puedan ser menores a -0,12 UTM por metro cúbico si son a la baja, en el mismo período. De esta manera, se estará garantizando que los consumidores quedan protegidos de manera efectiva ante cambios abruptos en los precios de los combustibles. 3. Cláusula de salida Finalmente, la propuesta incorpora una cláusula que garantiza que el costo fiscal del mecanismo de estabilización sea fiscalmente sustentable. En particular, se propone que si ha acumulado una diferencia en recaudación respecto a la que se obtendría de no operar el mecanismo creado por este proyecto, equivalente en pesos a US$ 500 millones, el componente variable del impuesto específico se llevará gradualmente hasta cero en un plazo de 12 semanas a un ritmo tal que no se acumule una diferencia de recaudación adicional equivalente en pesos a US$ 100 millones. En suma, mediante la presente iniciativa buscamos mejorar los efectos estabilizadores frente a las fluctuaciones de precios de los combustibles a fin de dar una protección más efectiva a los consumidores. En consecuencia tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente PROYECTO DE LEY: “Artículo 1°.- Establécese un mecanismo de estabilización de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, del petróleo diésel, del gas natural comprimido y del gas licuado de petróleo, ambos, estos últimos, de consumo vehicular. Dicho mecanismo operará a través de incrementos y rebajas a los Impuestos Específicos a los Combustibles establecidos en la ley N° 18.502, los que se modificarán sumando o restando a los montos establecidos en la precitada ley, denominados componentes base, un componente variable determinado para cada uno de los combustibles señalados en el inciso anterior, de conformidad a las normas establecidas en la presente ley. La determinación del precitado componente variable se hará por decreto emitido por el Ministerio de Hacienda y dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, previo informe de la Comisión Nacional de Energía al que se refiere el inciso primero de artículo siguiente. Los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado que tengan derecho a recuperación de los Impuestos Específicos a los Combustibles establecidos en la ley N° 18.502, deberán calcular el monto de dicha recuperación sobre la base de los impuestos determinados conforme a la presente ley. Si el monto a recuperar resultare negativo, su valor absoluto deberá ser sumado a los débitos del Impuesto al Valor Agregado. Con todo, los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado que tengan derecho a recuperar el Impuesto Específico a los Combustibles y cuyos ingresos anuales del año calendario anterior, por ventas, servicios u otras actividades de su giro, hayan sido inferiores a 15.000 unidades tributarias mensuales, en adelante “UTM”, deberán efectuar dicha recuperación sólo por el monto del impuesto específico equivalente al componente base, sin considerar el componente variable, a contar de la declaración de impuestos del mes de julio de cada año por las operaciones realizadas en el mes de junio anterior y hasta la declaración de impuestos del mes de junio de cada año siguiente por las operaciones realizadas en el mes de mayo anterior. Para calcular estos montos cada contribuyente deberá sumar a los ingresos que obtuvo en el año calendario anterior, los obtenidos por quienes hayan sido sus relacionados en los términos establecidos por el artículo 20, N° 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en ese mismo año calendario. También deberán efectuar la recuperación del Impuesto Específico a los Combustibles, en los términos indicados en este inciso, los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado que inicien actividades en el año y que producto de ello no tengan ingresos por ventas, servicios u otras actividades de su giro durante el año anterior. Dicha recuperación deberá efectuarse en la forma señalada en este inciso, hasta aquella declaración de impuestos por las operaciones del mes de junio del año siguiente a dicho inicio. Los contribuyentes que hagan uso de los beneficios señalados en el inciso anterior deberán declarar ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma, plazo y condiciones que éste determine, quiénes hayan sido sus relacionados en los términos establecidos por el artículo 20, N° 1, letra b) de la Ley de Impuesto a la Renta. Artículo 2°.- Para la operación del mecanismo de estabilización se definirán parámetros de cálculo de los precios de referencia intermedios, superiores e inferiores, y de los precios de paridad. Los precios de referencia intermedios se determinarán considerando como base el precio del petróleo crudo representativo de un mercado internacional relevante, un diferencial de refinación y los demás costos e impuestos necesarios para representar el valor del respectivo derivado puesto en Chile. Estos precios se expresarán en pesos, y para su cálculo se utilizará el dólar observado publicado por el Banco Central de Chile, considerando lo dispuesto en el inciso siguiente. La determinación se hará por decreto emitido por el Ministerio de Energía, y dictado bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, previo informe de la Comisión Nacional de Energía. El valor del petróleo crudo representativo de un mercado internacional relevante a utilizar en la determinación del precio de referencia intermedio de los combustibles, corresponderá al promedio ponderado móvil de los precios promedio semanales del petróleo crudo del referido mercado internacional, en el período comprendido entre “n” semanas hacia atrás contadas desde la semana respectiva, y “m” meses hacia adelante considerando precios en los mercados de futuros. El informe de la Comisión Nacional de Energía a que se refiere el inciso anterior deberá indicar la metodología de cálculo del citado promedio. El promedio ponderado a que se refiere este inciso se calculará aplicando a los precios de mercados de futuros un porcentaje que esté entre 0% y 50%, y aplicando a los demás precios el porcentaje remanente, hasta enterar el 100%. El diferencial de refinación a utilizar en la determinación del precio de referencia inter-medio de los combustibles, corresponderá al que se extraiga del promedio móvil de los precios promedio semanales de los respectivos combustibles, en el período comprendido por “s” semanas hacia atrás contadas desde la semana respectiva. El informe de la Comisión Nacional de Energía deberá indicar la metodología de cálculo del citado promedio móvil. El valor del parámetro “n”, “m” o “s” tendrá una vigencia mínima de cuatro semanas, al término de las cuales podrán ser modificados en el respectivo decreto que fija los precios de referencia, previo informe de la Comisión Nacional de Energía. No obstante lo anterior, los valores mínimos de “n” y “s” corresponderán a cuatro semanas y el valor mínimo de “m” a tres meses, mientras que los valores máximos de “n” y “s” corresponderán a ciento cuatro semanas y el valor máximo de “m” a seis meses. La Comisión Nacional de Energía deberá explicitar en su informe los precios de referencia intermedio y la metodología usada para determinar estos precios. Los precios de referencia superior o inferior para un determinado combustible, no podrán diferir de un 5% del precio de referencia intermedio correspondiente. El precio de referencia intermedio calculado y el resultado de la aplicación del 5% referido anteriormente, se restringirá al primer decimal, redondeando el resto. Para los efectos de esta ley, se entenderá por precio de paridad de importación, la cotización promedio, durante el número de semanas que se establezca mediante decreto del Ministerio de Hacienda y previo informe de la Comisión Nacional de Energía, de los combustibles gasolina automotriz, petróleo diesel y gas licuado de petróleo y para calidades similares a las vigentes en Chile, incluidos los costos de transporte, seguros y otros, cuando corresponda. El decreto correspondiente, se dictará bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República” y solamente podrá determinar un número de semanas entre uno y cuatro, y deberá tener una vigencia mínima de cuatro semanas. Para estos efectos, respecto de cada combustible se considerará un mercado internacional relevante o un promedio de dos mercados internacionales relevantes. Los precios de referencia y de paridad se expresarán en pesos y se calcularán según se establezca en el reglamento. Tales precios o valores serán mera referencia y no constituirán precios mínimos ni máximos de venta. El precio de paridad de cada combustible será fijado semanalmente por el Ministerio de Energía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía. Éste será calculado, por primera vez, dentro de la semana de publicación de esta ley, considerando los precios promedio observados las dos semanas inmediatamente anteriores o en las semanas que se determinen por resolución de acuerdo al inciso séptimo de este artículo y regirá a partir del día jueves siguiente. En lo sucesivo, el precio de paridad se fijará una vez por semana, considerando los precios promedio observados en las dos semanas inmediatamente anteriores o en las semanas que se determinen por decreto de acuerdo al inciso séptimo de este artículo y entrará en vigencia el día jueves siguiente a su fijación. Los decretos que se dicten en virtud de lo dispuesto en este artículo y en el artículo siguiente se ejecutarán desde la fecha señalada en los mismos. Para los efectos de este artículo y del artículo siguiente, se entenderá por semana al período de siete días consecutivos cuyo comienzo y término será determinado por la resolución respectiva. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, los informes de la Comisión Nacional de Energía a que se refieren este artículo y el artículo siguiente, serán enviados al Ministerio de Energía a más tardar el día martes previo a su entrada en vigencia. Artículo 3° Establécese a beneficio o de cargo fiscal, según corresponda, un mecanismo integrado por los siguientes impuestos y créditos fiscales específicos de tasa variable, a los combustibles a que se refiere esta ley, los cuales se aplicarán principalmente a través del componente variable de los Impuestos Específicos a los Combustibles, de acuerdo a las reglas siguientes: 1) Se determinará, para una fecha específica, el “precio base” para cada uno de los combustibles cubiertos por el mecanismo a que se refiere eta ley. El “precio base” corresponderá a la mejor proyección que pueda realizar el Ministerio de Hacienda respecto del precio que informará próximamente la Empresa Nacional del Petróleo, asumiendo que el componente variable del impuesto específico es cero. El “precio base” deberá incluir el impuesto al valor agregado y el componente base del impuesto específico que corresponda a ese combustible. 2) El “precio base” determinado de acuerdo al numeral anterior, deberá compararse con el precio informado por la Empresa Nacional del Petróleo, en su informe semanal de precios, la semana anterior. 3) Si la diferencia entre el “precio base” y el precio informado la semana anterior es positiva y mayor a “UTM” 0,12 por metro cúbico, el componente variable del impuesto específico de los combustibles será de “UTM” 0,12 por metro cúbico, menos la diferencia entre el “precio base” y el precio informado por la Empresa Nacional del Petróleo la semana anterior. 4) Si la diferencia entre el “precio base” y el precio informado la semana anterior es negativa y superior en valor absoluto a “UTM” 0,12 por metro cúbico, el componente variable del impuesto específico de los combustibles será la diferencia entre el precio informado por la Empresa Nacional del Petróleo la semana anterior y el “precio base”, menos “UTM” 0,12 por metro cúbico. 5) Con todo, el componente variable del impuesto específico determinado en los números 3) y 4), se podrá ajustar a un monto distinto, con el fin de garantizar que el precio de paridad más el componente variable del impuesto específico no supere el precio de referencia superior y no sea menor que el precio de referencia inferior, ambos definidos en el artículo 2° de la presente ley. En esta situación el impuesto específico variable se definirá según las siguientes reglas: a. Si el componente variable del impuesto específico es igual o menor a cero, determinado de acuerdo a lo previsto en el numeral 3), y el precio de paridad más el componente variable del impuesto específico supera el precio de referencia superior, entonces el precitado componente se redefinirá como la diferencia entre el precio de referencia superior y el precio de paridad. Por su parte, si el precio de paridad más el componente variable del impuesto específico es menor que el precio de referencia inferior, el precitado componente se redefinirá como la diferencia entre el precio de referencia inferior y el precio de paridad. b. Si el componente variable del impuesto específico variable es igual o menor a cero, determinado de acuerdo a lo previsto en el numeral 4), y el precio de paridad más el componente variable del impuesto específico es menor que el precio de referencia inferior, entonces el precitado componente se redefinirá como la diferencia entre el precio de referencia inferior menos el precio de paridad. Por su parte, si el precio de paridad más el componente variable del impuesto específico supera el precio de referencia superior, el precitado componente se redefinirá como la diferencia entre el precio de referencia superior y el precio de paridad. 6) Si la suma del componente base del impuesto específico más el componente variable fuese negativa, se generará un crédito equivalente al valor absoluto de la diferencia entre ambos, el que será abonado por la Tesorería General de la República al importador o vendedor en la primera venta en Chile, según se establezca en el reglamento que se dicte al efecto. 7) El gas natural comprimido para consumo vehicular estará gravado con un impuesto o recibirá un crédito fiscal cuyo monto por cada mil metros cúbicos será igual al monto del impuesto o crédito, según corresponda, del gas licuado de petróleo para consumo vehicular en el mismo período multiplicado por 1,5195. Este impuesto o crédito será el componente variable del Impuesto Específico del gas natural comprimido y se sumará o restará al componente base del impuesto definido en la ley N° 18.502, según corresponda. En el caso de existir un crédito fiscal se procederá conforme a lo dispuesto en el numeral precedente. El Impuesto Específico a aplicar a los combustibles será el informado por el Servicio de Impuestos Internos a más tardar el día jueves de la semana en que empiece a regir. El monto del Impuesto Específico se expresará en UTM/m3 en el caso de la gasolina automotriz, del petróleo diesel y del gas licuado de petróleo, y en UTM/1.000m3 en caso del gas natural comprimido, y será calculado según se establezca en el reglamento que se dicte. El componente variable del Impuesto Específico tendrá el mismo tratamiento respecto al Impuesto al Valor Agregado que el aplicado al Impuesto Específico. Asimismo, el abono previsto en el número 6) del inciso primero de este artículo deberá adicionarse al precio de venta para efectos del cálculo del Impuesto al Valor Agregado. Estos montos se calcularán por primera vez el martes de la semana siguiente a la de publicación de esta ley, los que regirán a partir del jueves siguiente al martes mencionado y se modificarán cada vez que entren en vigencia nuevos precios de paridad o de referencia. En caso que la Empresa Nacional del Petróleo modifique la frecuencia con la que anuncia sus precios, se faculta al Ministerio de Hacienda para que mediante decreto, dictado bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, pueda ajustar el periodo de comparación entre el “precio base” y el último precio anunciado por dicha empresa, así como los umbrales correspondientes. Artículo 4°.- Si producto de la aplicación del mecanismo previsto en los artículos precedentes y desde su entrada en vigencia, la diferencia entre la recaudación que hubiese correspondido a la aplicación del componente base del impuesto específico y la que efectivamente se produzca supere el equivalente en pesos a US$ 500 millones de acuerdo al tipo de cambio promedio existente hasta dicha fecha , se hará converger el componente variable del impuesto específico a cero, a un ritmo tal que en un lapso de doce semanas no se acumule una diferencia adicional mayor al equivalente en pesos a US$ 100 millones, sobre la base del tipo de cambio vigente a dicha fecha. Para efectos de la aplicación de este artículo, el Ministerio de Hacienda deberá estimar, en función de la información que publica trimestralmente la Dirección de Presupuestos, la diferencia en la recaudación tributaria que se derive del funcionamiento del mecanismo de estabilización a que se refiere esta ley. Dicha estimación se efectuará mediante Decreto dictado bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”. Artículo 5°.- Deróganse los Títulos I Y II de la ley N° 20.493. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo transitorio.- La presente ley regirá a partir del jueves de la semana siguiente a la de su publicación en el Diario Oficial. Dios guarde a V.E. (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; ALBERTO ARENAS DE MESA, Ministro de Hacienda; MÁXIMO PACHECO MATTE, Ministro de Energía.” Informe Financiero Proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles Mensaje 173-362 1. El presente proyecto de ley contempla la creación de un nuevo mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. 2. Este nuevo mecanismo establece un componente variable en la base de cálculo del impuesto específico a los combustibles definidos en la Ley N° 18.502, cuya determinación está asociada a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles derivados del petróleo, pudiendo resultar positivo o negativo. 3. Los contenidos de esta iniciativa contemplan: la fijación de una banda en torno a la cual oscilarán los precios de los combustibles de +/- 5% de un valor de referencia o de paridad central; la ampliación del número de semanas que pueden entrar en el cálculo de los precios relevantes; el establecimiento de un mecanismo de estabilización adicional, el cual permitirá suavizar fluctuaciones de precios al interior de la banda y, finalmente, la incorporación de una cláusula que garantiza que el impacto fiscal de este mecanismo, dada por la menor recaudación acumulado en el tiempo, no superará los US$ 600 millones. 4. En consecuencia, el impacto fiscal máximo de este proyecto de ley ascendería al equivalente en pesos de US$ 600 millones. Con todo, si la evolución del precio de los combustibles presentara un comportamiento similar al observado en los años 2011 al 2013, el impacto fiscal acumulado habría ascendido a los US$ 284 millones. 5. Sin perjuicio de lo anterior, los efectos de aplicar el mecanismo antes descrito se incorporarán en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2015. (Fdo.): SERGIO GRANADOS AGUILAR, Director de Presupuestos. 2. OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9383-05) “Honorable Cámara: En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que corresponde cumplir en el H. Senado-, respecto del proyecto de ley que tiene por objeto modificar el Código del Trabajo y la ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en materia de trabajo portuario, así como establecer las obligaciones y beneficios que indica. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia. 3. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN Nº 4.930-18) “Valparaíso, 10 de junio de 2014. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos y perfecciona normas sobre protección a la maternidad, correspondiente al Boletín Nº 4930-18, con las siguientes enmiendas: ARTÍCULO ÚNICO Número 1 En el primer inciso propuesto: - Ha suprimido la frase “a partir de los seis meses de vida del hijo,”. - Ha reemplazado la locución “ambos padres”, por “el padre y la madre”. En el tercer inciso propuesto: Ha sustituido la frase “con el N° 4, del artículo 29° de la ley N° 16.618, de Menores”, por la siguiente: “con el número 2) del artículo 30 de la Ley de Menores”. Número 2 Lo ha reemplazado por el que sigue: “2. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 207, la frase “a que se refiere el artículo 201”, por la siguiente: “a que se refieren los respectivos derechos”.”. -o- Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.085, de 7 de mayo de 2009. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a Vuestra Excelencia. (Fdo.): ISABEL ALLENDE BUSSI, Presidenta del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.” 4. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN NÚMERO 8805-07) “Valparaíso, 10 de junio de 2014. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín número 8805-07: PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL: “Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República en la forma siguiente: 1.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 8°, por el siguiente: “Artículo 8°.- En el desempeño de sus funciones, los titulares de los órganos del Estado deben observar los principios de probidad y transparencia. Este último incluye los principios de publicidad y de acceso a la información pública.”. 2.- Incorpórase, en el numeral 12° del artículo 19, el siguiente párrafo tercero, nuevo, pasando los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente: “Toda persona tiene derecho a buscar, requerir y recibir información pública, en la forma y condiciones que establezca la ley, la que deberá ser de quórum calificado.”.”. -o- Hago presente a Vuestra Excelencia que el artículo único del proyecto de reforma constitucional fue aprobado, tanto en general cuanto en particular, con el voto favorable de 34 Senadores, de un total de 36 Senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República. -o- Dios guarde a Vuestra Excelencia. (Fdo.): ISABEL ALLENDE BUSSI, Presidenta del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.” 5. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS; BROWNE, CAMPOS, Y JIMÉNEZ, QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE JORNADA LABORAL EN DÍAS DOMINGOS Y FESTIVOS. (BOLETÍN N° 9386-13) “1.- Fundamentos generales. La evolución de la legislación laboral a lo largo de los últimos veinte años, ha puesto de manifiesto que una mayoría importante de las normas contenidas en el Código del Trabajo no se ajustan cabalmente a los cambios de la organización productiva, la aparición de nuevas formas de crear empleo y la creciente demanda por una mejor distribución de las rentas del trabajo, proporcional al esfuerzo y aporte que los trabajadores efectúan al crecimiento del país. Los acuerdos que han abordado estas materias en el pasado, nos señalan que aún el país tiene mucho camino por recorrer. Se necesita compatibilizar la protección de los trabajado-res con la necesaria adaptabilidad de normas que la empresa requiere para afrontar los enormes desafíos económicos de la globalización, para de esta manera dar cuerpo a un mejor desarrollo de las relaciones de trabajo. Estas orientaciones han motivado una confluencia de voluntades de los Diputados, Osvaldo Andrade, Presidente del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Tucapel Jiménez del Partido por la Democracia Presidente de esta Comisión, y Nicolás Monckeberg Díaz, también miembro de dicha instancia, para iniciar el debate en el poder legislativo, de diversas aspectos concretos de reforma al Código del Trabajo, bajo el siguiente criterio: modernizar las regulaciones del trabajo a fin de hacer compatible la protección de los derechos del trabajador con los nuevos requerimientos de la empresa moderna. Adicionalmente, es necesario mencionar que las materias objeto de este acuerdo de voluntades muchas veces han sido esbozadas en el debate nacional y en particular el legislativo. Es así como el Diputado Monckeberg ha presentado propuestas orientadas a diferenciar las compensaciones que los trabajadores reciben por el trabajo en días domingos y festivos, de aquellos servicios que se prestan otros días de la semana, atendido el sacrificio familiar y social que implica esta circunstancia. Los procesos de reformulación de normas laborales son extensos y complejos; requieren la participación de todos y la capacidad de buscar soluciones prácticas y ajustadas a la realidad del mundo productivo; por ello los firmantes de este proyecto hacen un llamado a trabajadores, empleadores, parlamentarios y gobierno a participar de estas ideas y aportar sus mejores esfuerzos para lograr el enriquecimiento y la aprobación de esta iniciativa. 2.- Fundamentos específicos. El artículo 38 del Código del Trabajo, establece una serie de excepciones a la regla por la que la generalidad de los trabajadores tiene derecho al descanso semanal en días domingo. Estas excepciones apuntan a una serie de labores que por su naturaleza no pueden o no deben detenerse, o bien cuya paralización causa grave daño al interés público o a la industria. Asimismo, se han agregado las labores del sector del comercio y las actividades de los deportistas profesionales. Para el primer caso, junto a otras labores continuas, se establece una contra excepción para determinar que los descansos semanales en un mes calendario deben recaer a lo menos dos veces en días domingos, debiendo organizarse turnos rotativos por las empresas de estos sectores, para mantener la continuidad de labores. Los trabajadores que laboran en días domingos y festivos, solamente obtienen como compensación un día por el trabajo realizado en domingo y uno adicional en el caso de que en la semana se haya laborado además un festivo. Con todo, la ley permite que si el empleador pide al trabajador que el exceso de un día de descanso acumulado sea trabajado, éste debe ser pagado con un recargo de horas extraordinarias, esto es el 50% del valor hora sobre el sueldo base, sin considerar el resto de las remuneraciones. Este sistema de compensaciones legales para los trabajadores que prestan servicios en días domingos y festivos, no da cuenta de un cambio cultural relevante al que hemos asistido en las últimas décadas: la compatibilización de la vida familiar con la vida laboral, entendiendo que no tiene el mismo valor social el trabajo realizado en dichos días, que el llevado a cabo en un día de semana cualquiera. De esta forma, la presente propuesta construye un nuevo sistema de compensaciones para estos casos, a la vez que permite al empleador una mayor flexibilidad en la organización de la jornada de trabajo. La compensación señalada apunta que siempre las actividades realizadas en domingos y festivos, sea remunerada con el recargo que señala la ley para la jornada extraordinaria, salvo que las partes acuerden que en reemplazo de esta compensación monetaria, el trabajador goce de dos días adicionales de descanso durante el mes calendario respectivo. MOCIÓN Artículo Único.- Modifícase el artículo 38 de la siguiente manera: Para reemplazar en el inciso segundo, la oración “Las horas trabajadas en dichos días se pagarán como extraordinarias siempre que excedan de la jornada ordinaria semanal”, por la siguiente precedida de un punto seguido (.) “Las horas trabajadas en dichos días se pagarán con el mismo recargo del artículo 32; en sustitución de la compensación señalada, las partes podrán pactar que el descanso compensatorio señalado en el inciso siguiente, se aumente en un día mensual por cada domingo o festivo trabajado. Por su parte, las horas extraordinarias en días domingos y festivos deberán ser pagadas con un 75 % de recargo. No será aplicable lo dispuesto en este inciso a los trabajadores señalados en el numeral 8 del presente artículo, ni a aquellos que prestaren servicios en una jornada autorizada en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto.”. 6. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS; BROWNE, CAMPOS, Y JIMÉNEZ, QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJOINCORPORANDO LA FALTA DE SEGURIDAD LABORAL EN LA REGULACIÓN DE LA CAUSAL DE DESPIDO CONSISTENTE EN EL ABANDONO DE FAENAS SIN CAUSA JUSTIFICADA (BOLETÍN N° 9385-13) “1.- Fundamentos generales. La evolución de la legislación laboral a lo largo de los últimos veinte años, ha puesto de manifiesto que una mayoría importante de las normas contenidas en el Código del Trabajo no se ajustan cabalmente a los cambios de la organización productiva, la aparición de nuevas formas de crear empleo y la creciente demanda por una mejor distribución de las rentas del trabajo, proporcional al esfuerzo y aporte que los trabajadores efectúan al crecimiento del país. Los acuerdos que han abordado estas materias en el pasado, nos señalan que aun el país tiene mucho camino por recorrer. Se necesita compatibilizar la protección de los trabajado-res con la necesaria adaptabilidad de normas que la empresa requiere para afrontar los enormes desafíos económicos de la globalización, para de esta manera dar cuerpo a un mejor desarrollo de las relaciones de trabajo. Estas orientaciones han motivado una confluencia de voluntades de los Diputados, Osvaldo Andrade, Presidente del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Tucapel Jiménez del Partido por la Democracia Presidente de esta Comisión, y Nicolás Monckeberg Díaz, también miembro de dicha instancia, para iniciar el debate en el poder legislativo, de diversas aspectos concretos de reforma al Código del Trabajo, bajo el siguiente criterio: modernizar las regulaciones del trabajo a fin de hacer compatible la protección de los derechos del trabajador con los nuevos requerimientos de la empresa moderna. Adicionalmente, es necesario mencionar que las materias objeto de este acuerdo de voluntades muchas veces han sido esbozadas en el debate nacional y en particular el legislativo. Es así como el Diputado Monckeberg ha presentado propuestas orientadas a terminar con el abuso de los fueros sindicales, en tanto que la Universidad Adolfo Ibánez ha presentado en 2011 un trabajo de investigación y propuesta que aborda diversas materias cuya inspiración también se encuentra parcialmente recogida en la presente iniciativa. Los procesos de reformulación de normas laborales son extensos y complejos; requieren la participación de todos y la capacidad de buscar soluciones prácticas y ajustadas a la realidad del mundo productivo; por ello los firmantes de este proyecto hacen un llamado a trabajadores, empleadores, parlamentarios y gobierno a participar de estas ideas y aportar sus mejores esfuerzos para lograr el enriquecimiento y la aprobación de esta iniciativa. 2.- Fundamentos específicos. El presente proyecto propone alterar la carga probatoria (explicitando el derecho del trabajador a suspender la prestación de servicios) en caso de peligro inminente para la salud de los trabajadores. Lo anterior debido a que hoy día, el derecho que un trabajador tiene para velar por su seguridad en sus labores, se asocia, en definitiva, a la aplicación de una causal de despido, cual es el abandono intempestivo de las faenas sin causa justificada; en este caso es el trabajador quien debe probar que si suspende sus servicios lo fue por causas justificadas derivadas de las condiciones de seguridad de la empresa. Con la proposición de modificación legal, se traslada la carga de la prueba al empleador al tener que probar que las condiciones de seguridad eran suficientes y que cumple con la normativa legal al respecto. MOCIÓN Artículo Único.- Modifícase el Código del Trabajo de la siguiente forma: Para agregar un inciso segundo al número 4 del artículo 160, del siguiente tenor: “Si las conductas señaladas en los literales anteriores son motivadas por la falta de seguridad para desempeñar las faenas convenidas en el contrato, será el empleador quien deberá acreditar que dichas condiciones son adecuadas y que ha dado cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 184 y en la Ley 16.744. Con todo, el trabajador siempre tendrá derecho a abandonar el establecimiento o las faenas en casos de evacuación frente a una emergencia decretada por la autoridad pública, no siendo aplicable en estos casos, la causal de despido señalada en el presente numeral.”. 7. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA ÁLVAREZ Y DEL DIPUTADO SEÑOR ESPINOZA, DON FIDEL, QUE MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO PERMITIENDO LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE SEPULTACIÓN EN RAZÓN DE TRADICIONES ANCESTRALES (BOLETÍN N° 9387-11) “La muerte, así como el respeto a los muertos y a los ancestros son, qué duda cabe, parte integrante de la religiosidad de las culturas de los pueblos originarios que han habitado lo que hoy constituye el territorio nacional e insular de Chile. En el caso particular de las comunidades pertenecientes al pueblo mapuche este es un tema cuyas dimensiones se pueden apreciar desde distintos puntos de vista, entre ellos los siguientes: 1. Funeral o Heluhún Según el texto “Conociendo la Cultura Mapuche” (2012), publicado por el Ministerio de la Cultura y las Artes, el funeral o heluhún “es una ceremonia donde participa solamente la familia más cercana del difunto y otro donde participa toda la comunidad. El velatorio dura entre 3 a 5 noches, se llevan ofrendas florales y para el funeral, si es que es invitado por la familia, se lleva una cooperación en alimentos. El funeral tiene una duración aproximada de 7 horas, donde la familia comparte el alimento con sus invitados alrededor de las fogatas que se encienden. Si se es invitado y no puede asistir, debiera enviar un representate a la ceremonia de despedida del difunto”. El mismo texto agrega que “Eltun: es una palabra compuesta por el-dejado, y tun=Io que fue tomado”, refiriéndose a la denominación de los cementerios, que a partir de esta conceptualización interpreta que los cementerios son aquellos lugares “donde son depositados los que tuvieron vida”. A mayor abundamiento, añade que los cementerios “ancestralmente eran espacios abiertos semicirculares donde se constituían hileras de hasta 12 féretros, a los que se sumaban encima otra cantidad similar: Los más antiguos eran de los linajes establecidos en cada lof (*clan familiar o linaje). Actualmente los Eltun o cementerios mapuche están ubicados en sectores donde convergen varias comunidades y tienen una dimensión de 75 por 75 metros. Son todos cuadrados”. Otros autores también relevan el hecho de la diferenciación de la muerte en la cultura mapuche, destacando por ejemplo, que “la muerte en guerra era distinta: al morir uno se transformaba en su animal totémico, generalmente un ave. Algunos muertos subían a vivir a los volcanes, al rucapillán, casa de los espíritus (o de los muertos). La gente rodeaba al muerto en su canoa, lo lloraban largamente, se alimentaban y después de un largo duelo lo enterraban en Altun (cementerio mapuche)”. 2. El rito funerario Roel Foerster por su parte, en el libro “Introducción a la Religiosidad Mapuche”' (1995) se refiere al rito funerario entre los mapuche señalando que. “Si bien este rito ha sufrido numerosas transformaciones, identificándose externamente con las ceremonias chilenas (Gundermann 1981), conserva un elemento esencial a través del tiempo: el objetivo de hacer del muerto un verdadero muerto, un antepasado. Cuando acontece la muerte, el destino delalma del difunto es incierto: puede ser capturada por los brujos y transformada en un Wekufe. El rito tiene como fin asegurar que el alma tenga un viaje sin dificultad a la tierra de arriba (Faron, Grebe) o al Kulchenmayéu. En la ceremonia juegan un rol destacado los Weupines, parientes del difunto que cumplen la función de “alabar al muerto, establecer una relación genealógica de su status respecto a su linaje y del que está unido por matrimonio y rogar a los antepasados del linaje para que lo ayuden a escapar de las fuerzas del mal” (Faron 1969:248)”. Más adelante Foster agrega que “al abandonar la condición humana y acceder definitiva-mente a la tierra de arriba, el antepasado habita junto a los dioses uniéndose a las potencias extrahumanas, pero sigue, no obstante, unido a los hombres por diversos lazos que perduran en la mente de los vivos, rindiéndosele culto (ofrendas y rogativas) en el día de los muertos (Primero de Noviembre), en los Nguillatunes, etc. El antepasado se transforma así en un mediador: participa tanto de la condición sagrada como de la condición humana. Símbolo sacro, es un arquetipo de la sublimación religiosa (síntesis entre lo humano y lo extrahumano)”. En el mismo texto se cita a Domingo Curaqueo señalando que “el retorno del antepasado a la tierra como espíritu ancestral (Pillan), permite “dar buena suerte y protección a su familia y comunidad”; no obstante, para “apresurar su acción se le debe practicar el ritual de súplicas llamado Pillantun... Solo así actúa violentamente, ahuyentando a los espíritus perturbadores, los cuales aprovechan la presencia de gentíos para introducir discordias, pendencias y otros disturbios” (1989- 1990:30)”. En la misma obra se recogen también las investigaciones de Yosuke Kuramochi y Juan Luis Nass quienes han descrito otro rito ligado al culto de los antepasados denominado Chalilelfunun, que se celebra previo al rito del Nguillatun y en que la comunidad oficiante se dirige, en la madrugada, al cementerio a “visitar a las almas de los muertos:ALWE y rogar a Ngenechen ... El rito ... centrado en el culto a los antepasados, refleja la complejidad del comportamiento ceremonial y pensamiento simbólico mapuche. Un denso sistema de comunicación de significados y valores culturales relaciona el pasado de los antepasados con el presente y el futuro de la comunidad mapuche actual” (1989: 35). 3. Cueles y Descansos Otro punto importante consignado en el libro de Foster tiene que ver con que en algunas zonas comprendidas entre las regiones del Bío-Bío y la de la Araucanía “existe una costumbre, no muy extendida, de enterrar a las personas importantes en una especie de túmulos (Cuel). Tom Dillehay observa que estos lugares servirían a las Machis para “re-alimentar la relación entre los ancestros y la población viva”; también cumplirían una función de aproximación del cuerpo a la tierra de cielo (Wenumapu) y, por último, serian “usados por miembros de los linajes y familias locales como un mapa o nudo físico de referencia para familias y linajes en el patrón de la comunidad y la red de parentesco” (1986: 189). Por otra parte, una publicación efectuada en la Revista Chilena de Antropología Visual, se cita una investigación realizada por Pablo Rojas, Juan Carlos Skewes y María Pía Poblete, titulada “Los descansos de Lago Neltume: Imágenes de los hitos funerarios del mundo mapuche cordillerano” . En el subtítulo “Espíritu, muerte y protección” se señala: “El descanso se construye en relación al espíritu de la persona, quien puede volver al mundo de los vivos. En la cultura mapuche, el espíritu se distingue del alma y la persona está constituida por diversos componentes espirituales. La distinción planteada por Magnas Course entre alwe como 'esencia viviente', am como 'alma,' y püllü como 'espíritu' es una de las clasificaciones acerca de la dimensión espiritual y que se pone en juego a través de los rituales mortuorios (Course, 2007:74). Para Course, estas tres partes terminan por integrarse en el funeral para luego separarse cada una con su propio destino. InezHilger, en cambio, señala que sus informantes distinguen entre alma y espíritu (Hilger, 1957:166). El espíritu correspondería al püllü, según Schindler (1996), siendo el espíritu, como en el caso de Lago Neltume, que merodea en las casas gimiendo, haciendo sonar las cosas o provocando fuegos dentro dela ruka”. La muerte, según Course supone, como se ha dicho, la separación del cuerpo de aquellas tres partes, las que migran a lugares no especificados (al volcán, al mar, al cénit) (Course, op.cit:77). El funeral, no obstante, es el momento en que se completa lo persona a través de los discursos que acerca de ella se articulan antes de su partida. En el tránsito del difunto a otros mundos, debe asegurarse que el püllü (o personalidad o don) se desplace hacia su lugar de destino, lo que se logra mediante el amulpüllün, esto es, del cierre fúnebre donde se estimula la partida del espíritu o, más exactamente, donde se “obliga(r) a salir alpüllü” (Schindler, 1996:165)”. Las ideas fuerza del rito consisten en proteger a la familia y vivientes frente al eventual retorno del püllü. Schindler cita algunas invocaciones a través de las que Humberto Treca-man despide a un difunto, a quien le pide: “que no se vuelva, que se quede allí tu personalidad [püllü]... No hagas nada adverso a tu familia... Ya te volviste un extranjero... ya no volverás jamás a (nuestra) casa” (Schindler, op.cit.:168). Las invocaciones también incluyen la petición de ayuda para la familia, pero en lo fundamental es una exhortación a partir a su nuevo mundo.” Por todo lo anterior, es evidente que en el contexto de la religiosidad mapuche, pero más ampliamente en la de todos los pueblos originarios, la muerte, así como las ceremonias en que se despide a los muertos, tienen un fuerte arraigo cultural, lo que ciertamente algunas veces tiende a colisionar con ciertas normas o disposiciones sanitarias, como el Código Sanitario, que en su Artículo 139 fija plazos para la inhumación de los fallecidos, muchas veces considerados muy breves por las comunidades para poder realizar las ceremonias y ritos realizados desde tiempos inmemoriales. Por consiguiente, la idea matriz de la presente moción tiene por objeto hacerse cargo de la realidad antropológica del pueblo mapuche a la hora de despedir a sus difuntos, y es por ello que se introducen modificaciones al artículo 139 del Código Sanitario, que regula la sepultación de las personas difuntas, permitiendo que la autoridad sanitaria pueda ampliar el plazo para velar a un difunto, cuando sea solicitado, en base a la costumbre ancestral del pueblo mapuche. Por todo lo anterior, es que tenemos a bien proponer el siguiente, PROYECTO DE LEY Artículo único: Modifícase el Artículo 139 del Decreto con Fuerza de Ley N° 725, Código Sanitario, de la siguiente forma: En el primer párrafo elimínese la conjunción “o” entre las expresiones “autorice,” y “cuando”; las expresiones “embalsamado” y “se requiera”. En el mismo primer párrafo, agréguese, a continuación de la expresión “judicial o penal”, reemplazando el actual punto aparte por una coma, el siguiente nuevo texto: “o cuando por costumbre ancestral las comunidades de los pueblos originarios así lo soliciten a la respectiva autoridad sanitaria”. 8. INFORME DE LA DIPUTADA SEÑORA NÚÑEZ, DOÑA PAULINA, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA XX REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN DEL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, CELEBRADA LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2014 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA “Honorable Cámara: La Diputada que suscribe viene en informar sobre el cometido realizado durante la última reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención del Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 29 y 30 de mayo de 2014. l. La Comisión fue presidida por el diputado Jorge Barreto, de la República Argentina. 2. La delegación chilena en esta comisión solo estuvo conformada por esta informante. 3. Se trataron los siguientes temas: 3.1. Ley Marco para la Profesionalización de las Fuerzas de Seguridad: se recibió la opinión del Sr. Javier Alonso, Subsecretario de Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. Su exposición se orientó a explicar el paradigma de la República Argentina, en el sentido de separar las fuerzas de seguridad de las fuerzas armadas y como, a partir de dicho modelo se iniciaron acciones para evitar la legitimación social del narcotráfico, especialmente combinando la acción de las fuerzas de seguridad y de políticas de inclusión social. Se acordó invitar a la próxima sesión a la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano para tratar conjuntamente este tema. 3.2. Revisión de la Ley Marco sobre Narcotráfico y presentación del documento “Base de abordaje respecto a la prevención de consumos problemáticos”: asistió el sacerdote Juan Carlos Molina, quien recientemente fue nombrado como Secretario de Estado de la Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la República Argentina. Expuso que su cartera se ha reformulado en orden a concentrar sus esfuerzos en las personas antes que en las sustancias, por lo que la lucha contra el narcotráfico ha sido derivado al Ministerio de seguridad. Expuso que es fundamental en su trabajo la realización de políticas de inclusión social así como el trabajo en sectores de riesgo. Además, el Diputado Pietragalla distribuyó la Ley 26.934 que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (sancionada el 30 de abril de 2014) y cuyos objetivos son prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial mediante la actuación directa del Estado, especialmente a través de los “Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos” donde se les entrega asistencia sanitaria integral a quienes lo necesitan . Se concluyó que, en base al Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, revisar la Ley Marco sobre Narcotráfico del Parlamento Latinoamericano. Asimismo, a partir de la regulación uruguaya sobre la materia, se decidió considerar la posibilidad de generar un documento de posición sobre la lucha contra el narcotráfico . 3.3. Diseño y Promoción de Políticas Públicas de Prevención del Delito: expuso la Subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad democrática de la Nación Argentina, Dra. Agustina Propatto, quien se refirió al paradigma de la seguridad democrática de su país, la cual se basa, por un lado en la consideración de las fuerzas de seguridad como mecanismo de sustento de democrático; y por el otro, a la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas de prevención del delito. Sobre el particular también expuso la senadora mexicana Lisbeth Hernández, quien se refirió a la experiencia de su país. 4. Quedaron pendientes los siguientes temas: 4.1. Ley Marco contra el Narcotráfico; 4.2. Ley sobre Profesionalización de las Fuerzas de Seguridad; 4.3. Ley Marco sobre Prevención del Delito; 4.4. Ley Marco sobre Prevención de adicciones. 5. La Comisión acordó sesionar los días 25 y 26 de Julio de 2014 en la República de Panamá. 6. Respecto a temas varios, se acordó celebrar un encuentro previo a la reunión de los días 25 y 26 de Julio de este año con el objeto de trabajar en la elaboración de un documento que exprese posición regional sobre la temática abordada en la Comisión. (Fdo.): PAULINA NÚÑEZ URRUTIA, Diputada de la República”. 9. INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR LETELIER SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2014, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. “Descripción: en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los 29 y 30 días del mes de mayo del año 2014, se reúnen 24 parlamentarios y parlamentarias de 14 países miembros de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano para discutir los siguientes temas: la Ley Marco de Regulación de la Producción y Uso de Bolsas No Biodegradables y la ley Marco de Educación para la Sustentabilidad. Introducción: se propone trabajar para aprobar la Ley de Marco para la Regulación de la Producción y Uso de Bolsas Plásticas No Biodegradables, y la Ley de Educación para la Sustentabilidad. Resumen de los puntos más importantes del debate: Se inicia la discusión de la Ley Marco de Regulación de la Producción y Uso de Bolsas No Biodegradables por parte de la Diputada Ana Elisa Osorio, Presidenta de la Comisión, proponiendo el mecanismo para las deliberaciones. Solicita que el método sea la lectura progresiva y que las observaciones, cambios y/o incorporaciones las vayan realizando pidiendo el derecho de palabra. Inicialmente se aprueba la exposición de motivos de esta Ley Marco por mayoría absoluta de los legisladores, con incorporaciones de los avances del tema en los países Aruba y Paraguay, posterior intervención y redacción de estos párrafos por parte de sus representantes. El segundo punto de la reunión que dice relación con la Ley Marco de Educación para la Sustentabilidad, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, Ana Elisa Osorio, inicia la lectura de la exposición de motivos del Proyecto de Ley Marco para la Sustentabilidad. Se procede a leer el articulado de la Ley. Se fueron aprobando uno a uno a medida que se leyeron con una sola observación en el artículo 15 por parte del Diputado Julio Bango (Uruguay), quien aporta la redacción definitiva del mismo con la aprobación por unanimidad del plenario. La Diputada Ana Elisa Osorio, Presidenta de la Comisión, acotó que en la presente jornada se aprobaron dos leyes marco que serán presentadas ante la Junta Directiva y posteriormente a nuestra Asamblea General para que sean aprobadas definitivamente en Plenaria. Temario a tratar en la próxima reunión: 1.- Informe de cada país sobre las Leyes aprobadas en el seno de la Comisión durante 2011-2014 y su presentación en los Congresos Nacionales. 2.- Proyecto de Ley Marco de Protección del Medioambiente Marino Costero, en especial los Sistemas Ecológicos de Arrecifes de Coral, Manglares y Algas Marinas presentada por la delegación de Curazao. 3.- Proyecto de Ley Marco sobre Protección a los Bosques, responsabilidad asumida por México y Paraguay. Se anexan dos proyectos de Ley trabajados y aprobados en la Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano. 1. PROYECTO DE LEY MARCO DE EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD. 2. LEY MARCO PARA LA REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y USO DE BOLSAS PLÁSTICAS NO BIODEGRADABLES. Atentamente, (Fdo.): FELIPE LETELIER NORAMBUENA, Diputado de la República”. PARLAMENTO LATINOAMERICANO GRUPO PARLAMENTARIO VENEZOLANO PROYECTO DE LEY MARCO DE EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El término Educación Ambiental, comenzó utilizarse a fines de la década de los años 60 y principios de los años 70, producto de una preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo, expresada en diversos foros mundiales. Así, en la Declaración de Estocolmo (Suecia, 1972), se establece el Principio 19, que señala que: “es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las gene-raciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos”. En Estocolmo se expone, por primera vez en un foro mundial, una advertencia sobre los efectos que la acción humana puede tener en el entorno material. No obstante, no se plantea un cambio en los modelos y estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino más bien la corrección de los problemas ambientales que surgen de los estilos de desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto ambientales como sociales. En Belgrado (Yugoslavia, 1975), se le otorga a la educación una importancia capital en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también los principios, metas y objetivos de lo que hoy conocemos como educación ambiental. -Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir, el medio natural y el producido por el hombre. Constituir un proceso continuo y permanente, en todos los niveles y en todas las modalidades educativas. Aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental. -La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre sí. Se pretende a través de la educación ambiental lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo. -Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación para resolver los problemas ambientales. En el documento denominado Carla de Belgrado, emanado de este foro, se señala la necesidad de replantear el concepto de Desarrollo. En este sentido se concibe a la educación ambiental como herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética universal que reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza; la necesidad de transformaciones en las políticas nacionales, hacia una repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción de las necesidades de todos los pueblos. Es en Tbilisi (URSS, 1977), donde se acuerda la incorporación de la educación ambiental a los sistemas de educación, en todos sus niveles y modalidades y en la cooperación internacional en esa materia. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad de no solo sensibilizar sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los problemas ambientales. En resumen se planteó una educación ambiental diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los principios rectores sean la comprensión de las articulaciones económicas, políticas, sociales y ecológicas y a la necesidad de considerar al medio ambiente en su integración sociedad - naturaleza. En Moscú (URSS, 1987), surge la propuesta de una Estrategia Internacional para la acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental para la década de los 90'. En el documento derivado de esta reunión se mencionan como las principales causas de la problemática ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el papel que juega el complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados por los estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto, por lo que se observa en dicho documento una carencia total de visión crítica hacia los problemas ambientales. No es sino hasta Río de Janeiro (Brasil, 1992), en la llamada Cumbre de la Tierra, que se emitieron varios documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 que con-tiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En dicha Agenda se dedica un capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: (1) la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, (2) el aumento de la conciencia del público, y (3) el fomento a la capacitación. Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de Río 92. En este Foro se aprobaron varios tratados; uno de ellos lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global el cual señala a la Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no neutro sino político y contempla a la educación como un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de vida. En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos. Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como inherentes a ella, la destrucción de los valores humanos, la alienación y la no participación ciudadana en la construcción de su futuro. De entre las alternativas, el documento plantea la necesidad de abolir los actuales programas de desarrollo que mantienen el modelo de crecimiento económico aún vigente. En Guadalajara (México, 1992), se celebró el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental., Entre sus conclusiones se estableció que la educación ambiental es eminente-mente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social y lo económico. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a la participación social y la organización comunitaria tendientes a las transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona. Otras reuniones celebradas en diferentes países de América Latina, contribuyeron a consolidar el concepto de educación ambiental. Estas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua, Nicaragua 1982, Cocoyoc, México 1984, Caracas, Venezuela 1988 y 1990; Buenos Aires, Argentina 1988 y Brasil en 1989. En la actualidad, el concepto de educación ambiental ha sufrido importantes cambios y ha pasado de ser solo considerado en términos de conservación ambiental, a tener una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza en los ámbitos político, social, económico y ambiental. Así mismo de una posición legitimadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran paso hacia un fuerte cuestionamiento a los modelos y estilos de desarrollo implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales responsables de la problemática ambiental. Por tal razón hoy día preferimos utilizar el concepto de Educación para la Sustentabilidad, en vez del tradicional de Educación ambiental. En ese contexto, el Parlamento Latinoamericano, en el marco de los principios éticos, políticos y tecnocientíficos establecidos en La carta Ambiental para América Latina y el Caribe, presenta esta propuesta de Ley Marco de Educación para la Sustentabilidad. LEY MARCO DE EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD CAPÍTULO 1 DE LA EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley Marco tienen por objeto señalar los principios y criterios, así como señalar políticas que orienten a los Estados miembros, en los procesos de Educación para la Sustentabilidad. Artículo 2.- Se entiende por Educación para la Sustentabilidad, el proceso continuo, interactivo e integrador, mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias; los comprende y analiza; los internaliza, y los traduce en comportamientos, valores y actitudes, que lo conducen a una mejor relación consigo mismo y con su entorno socio-natural, al tiempo que lo preparan para participar activamente en la conservación del ambiente, como valor por sí mismo, como bien de uso común del pueblo y como sistema de soporte y base material para el desarrollo económico, social y cultural sustentable. Artículo 3.- La Educación para la Sustentabilidad deberá ser un componente obligatorio, esencial y permanente de la educación nacional y estará presente, de forma integral y articulada, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, formales, no formales e informales, desarrollados por instituciones públicas, privadas y las comunidades organizadas. PARÁGRAFO PRIMERO: El sector de educación superior deberá incluir en los currícula formales y no formales, los contenidos éticos relacionados con el ejercicio profesional y vinculados con la conservación, defensa, control de riesgos, mejoramiento, aprovechamiento, manejo y restauración del ambiente, así como las acciones que propendan al logro de estos objetivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: La Educación para la Sustentabilidad deberá tomar en consideración el conocimiento ancestral y tradicional, así como los aspectos culturales de las comunidades para la conservación del ambiente, especialmente en el ámbito de la producción agrícola y pecuaria y la conservación del ambiente, a través de la difusión de principios agroecológicos. Artículo 4.- El Estado velará por la incorporación de los principios de la Educación para la Sustentabilidad en el ámbito educativo informal PARÁGRAFO PRIMERO: Los medios de comunicación de masas apoyarán de manera activa y permanente la difusión de informaciones y prácticas educativas sobre el ambiente, contribuirán a la formación de valores ambientales e incorporarán el componente ambiental en sus programaciones. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las empresas e instituciones públicas y privadas, así como los gremios profesionales organizarán programas destinados a la capacitación de sus trabajadores y agremiados, con miras a la mejora del ambiente del trabajo y al control efectivo de las repercusiones del proceso productivo o de su actividad sobre la calidad del ambiente. CAPÍTULO 11. DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD Artículo 5.- Los Estados promoverán el diseño e implantación de una Política Nacional de Educación para la Sustentabilidad en las instituciones educativas públicas y privadas, en los organismos públicos centrales, estadales y municipales, así como en las organizaciones comunitarias, de manera de promover acciones individuales y colectivas para lograr la participación ciudadana activa y protagónica en la conservación, la prevención del riesgo de desastres, la defensa, el mejoramiento, el aprovechamiento sustentable, el combate a los efectos negativos del cambio climático y la restauración del ambiente. Artículo 6.- La Política Nacional de Educación para la Sustentabilidad deberá estar dirigida, fundamentalmente a: a) El fomento y promoción de estudios e investigaciones científicas, tecnológicas y culturales sobre el ambiente como fundamento de la acción educativa ambiental para la sustentabilidad; b) La incorporación del componente ambiental en los principios deontológicos del ejercicio de los profesionales de todas las áreas, utilizando estrategias formales y no formales; c) La atención a la necesidad de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los diversos sectores de la sociedad respecto a los problemas ambientales con miras a prepararlos para participar activamente en la toma de decisiones sobre los asuntos ambientales de su competencia; d) La formación capacitación y actualización del talento humano orientado a las actividades de la docencia y de la gestión ambiental; e) La formación y la actualización de los profesionales de todas las áreas en los aspectos ambientales que le son pertinentes; f) La creación y apoyo al desarrollo de plataformas tecnológicas para la difusión de conocimientos conceptuales, metódicos y técnicos sobre el ambiente, así como a la creación de sistemas de información ambiental como elemento clave del proceso educativo ambiental para la sustentabilidad; g) El apoyo y difusión de iniciativas y experiencias locales y regionales en el área ambiental, incluida la producción de soportes y materiales didácticos; h) El fortalecimiento y consolidación del conocimiento ancestral en las comunidades indígenas y del conocimiento tradicional de las comunidades campesinas, así como la participación activa, protagónica y efectiva de las comunidades organizadas; i) La promoción del desarrollo sustentable; j) El establecimiento de las vías para la coordinación eficaz y eficiente de las acciones emprendidas por los diversos actores sociales e institucionales involucrados en su ejecución, tanto a nivel nacional como regional. Artículo 7.- Todo programa de investigación, asistencia técnica o financiera relativo al ambiente, proveniente de organismos nacionales o internacionales, públicos o privados, deben destinar recursos a las acciones de Educación para la Sustentabilidad, al diseño y consolidación de los Sistemas de Información Ambiental, a la transferencia de conocimientos y tecnologías a las comunidades, así como al apoyo a los proyectos productivos comunitarios, como parte de una Oferta Social, que resulte pertinente al programa. CAPÍTULO 111 DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Artículo 8.- La conservación, defensa, mitigación de riesgos de desastres, mejoramiento, aprovechamiento, manejo y restauración del ambiente es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, las comunidades y sus organizaciones sociales. Artículo 9.- El Estado proveerá los mecanismos para la efectiva participación de la comunidad organizada en los procesos de planificación, de investigación y de vigilancia relacionados con la educación para la sustentabilidad y con el ambiente, así como para la protección de sus derechos e intereses y la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones, tanto colectivos como individuales, en los términos establecidos en las leyes y reglamentos que rigen la materia. Artículo 10.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular directamente solicitudes de información en relación con actividades que sean capaces de alterar o degradar el ambiente o de causar daños a la diversidad biológica y sus componentes. Artículo 11.- En casos de actividades, programas y proyectos de importancia nacional capaces de alterar el ambiente, previo al otorgamiento de actos autorizatorios, la autoridad competente deberá abrir procesos de consulta pública, con la participación de las comunidades involucradas e instituciones académicas vinculadas con la materia. CAPÍTULO IV DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Artículo 12.- El derecho a la información sobre el ambiente, como soporte a la Educación para la Sustentabilidad, debe ser reconocido a cada persona. El Estado es el garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión. Este derecho será ejercido según las modalidades definidas por la Ley y en los demás instrumentos normativos que al efecto se dicten. Artículo 13.- A fin de cumplir con lo previsto en el Artículo anterior, el Estado promoverá el intercambio de información sobre los conocimientos producidos por las instituciones de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología, vinculados con el ambiente y su uso sustentable, particularmente en lo relativo al intercambio de resultados, de conocimientos y a la combinación de estos con las nuevas tecnologías de la información. Artículo 14.- El Estado deberá establecer y mantener un Sistema de Información Ambiental, el cual deberá contener, al menos, los datos físicos, naturales, económicos y sociales, as! como la información legal, relacionados con el ambiente CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES Artículo 15.- Los gobierno de los diferentes Estados miembros deberán informar a sus cuerpos legislativos de los avances y problemas que se presentan en la implementación de la presente ley, con el fin realizar las adecuaciones y reformas legislativas pertinentes. Elaborado por Alex Fergusson y Eduardo Szeplaki. Abril de 2014. LEY MARCO PARA LA REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y USO DE BOLSAS PLÁSTICAS NO BIODEGRADABLES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Parlamento Latinoamericano, siguiendo los lineamientos éticos, políticos y técno-científicos para la conservación de la naturaleza, establecidos en la Carta del Ambiente para América Latina y el Caribe, considera necesario abordar el tema de la contaminación creciente y continua producida por los plásticos no biodegradables en los ecosistemas naturales, tanto marinos, insulares y continentales de los estados miembros, particularmente por sus características de ecotoxicidad y bioacumulación, y que la biodegradabilidad viene a ser la alternativa para evitar los impactos ambientales antes señalados. Ella asegura la posibilidad de que los productos de plástico pueden descomponerse en los elementos químicos que los conforman, por la acción de agentes biológicos, como plantas, animales, microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales. En este sentido, se propone la Ley Marco para promover la Regulación Producción y Uso de Bolsas Plásticas No Biodegradables, con cuatro Títulos, el primero con unas disposiciones generales en los cuales se establece que el objeto central de esta ley es promover la sustitución de la utilización y el reemplazo progresivo de la producción industrial de las bolsas plásticas no degradables, por bolsas plásticas biodegradables compatibles con la conservación de la naturaleza; así como incentivar el uso de bolsas ecológicas de telas, fibras u otros materiales naturales. También se establece en estas disposiciones generales como ámbito de aplicación, la sustitución de las bolsas plásticas conocidas como bolsas tipo camisetas, utilizadas para transportar pequeñas cantidades de diversos productos de uso doméstico, para el empaque de la basura doméstica y como envoltorio de numerosos productos comerciales; así como de otras bolsas de plásticos usadas para empacar alimentos y productos agrícolas. Adicionalmente, se contemplan en el titulo segundo los aspectos técnicos, tales como la adecuación a nuevos procesos de producción o uso de tecnologías, que permitan la sustitución por bolsas plásticas biodegradables; el empleo de tecnologías o procesos de producción que privilegien el uso de tintas con resinas y con pigmentos atóxicos; la necesidad del etiquetado en las bolsas biodegradables para promover y difundir esta característica; la necesidad de establecer plazos de adecuación, sobre todo para el sector industrial, de forma tal de promover y no menoscabar dicha actividad; la obligatoriedad de certificación de biodegradabilidad para empresas que fabriquen bolsas biodegradables o para los importadores, atendiendo a las normas de calidad de cada país. En el título tercero se desarrollan aspectos relativos al saneamiento, educación ambiental y promoción del uso de bolsas ecológicas, en especial, para promover la elaboración de planes o programas de saneamiento y educación ambiental que incluyan la reutilización, recuperación o recolección y el reciclaje de desechos plásticos; la necesidad de promover consultas para asegurarse que los procesos de adecuación tecnológica, certificación y etiquetado, así como los planes y programas de saneamiento ambiental, se realicen tomando en cuenta todos los sectores involucrados, para que la toma de decisiones sea aceptada por todos los sectores y sirva como una forma de sensibilidad ambiental colectiva. Por último, se establecen en el título cuarto las disposiciones finales, abordando lo relativo a la necesidad de adopción de la presente Ley Marco y su incorporación al ordenamiento jurídico de los países miembros, como una manera de enfrentar el grave problema ambiental global que representa el uso de bolsas plásticas no degradables, para asegurar que los procesos de su sustitución progresiva y adecuación a nuevas tecnologías para producción, sean realizados de forma oportuna, progresiva y técnicamente viable y para asegurar su implementación y las certificaciones correspondientes. Aspectos técnicos Las bolsas de plástico son objetos utilizados para transportar diversos productos de uso doméstico y cuyo uso se ha masificado desde la década de los 70, básicamente por su distribución gratuita. Dichas bolsas son elaboradas con diversos tipos de polímeros sintéticos de cadenas lineales, de alta y baja densidad, como polietilenos y polipropilenos; todos ellos con características similares como no biodegradables y de alto peso molecular. Algunas cifras indican que se producen cerca de bolsas de plástico al año, y su producción total ronda las 96.000 toneladas por año; de las cuales solo se reciclan un 10%. Contaminación por plásticos no biodegradables Los plásticos y sobre todo las bolsas plásticas desechadas en la naturaleza, son causantes de contaminación en ecosistemas terrestres y marinos, particularmente por sus características de ecotoxicidad y bioacumulación. Se estima que muchos plásticos pueden permanecer estables durante décadas en el medio ambiente. Sobre todo en el fondo marino y las playas es donde se hace más evidente el problema de la contaminación por bolsas de plásticos, que afectan de manera especial la vida marina tanto en regiones costeras continentales como insulares. Otro problema no menos importante es la incineración de las bolsas plásticas, que generan emanaciones de gases tóxicos a la atmósfera. Esta situación de contaminación se agrava, cuando las bolsas de plástico están impresas con tintas que contienen metales pesados como Plomo (Pb) y Cadmio (Cd) considerados como agentes tóxicos. Tipos de bolsas de plástico Existen muchos tipos de bolsas de plástico según el material de fabricación y de la función a cumplir por ejemplo las bolsas para transportar productos livianos, denominadas como bolsas de tipo camiseta, la cual es una bolsa económica hecha de polietileno de alta densidad y que puede transportar regularmente hasta 12 kilos. Otras bolsas de plástico se utilizan para envasar productos altamente higroscópicos, como harina, galletas o pastas; hechas con una laminación de polipropileno y que permite protegerlas de la humedad. Otras protegen de la acción del oxígeno en alimentos altamente sensibles, como las carnes rojas ó alimentos con alto contenido de grasas. También se fabrican bolsas de plástico para productos líquidos, semisólidos, como leche. Mayonesa, mermeladas, jarabes, zumo de fruta, vinos, salsas, etc. Otro tipo de bolsa de plástico son de mayor capacidad, hasta de 50 kilos, utilizadas para protección y transporte de alimentos a los mercados, como el caso de la azúcar. Adicionalmente existen bolsas de plástico especiales para la cocción de alimentos dentro de ellas, donde se envasa el alimento crudo o semicocido. También existen bolsas de plástico adecuadas para proteger alimentos empacados al vacío. Proceso de fabricación En general la fabricación de una bolsa de plástico incluye el proceso de extrusión de una resina de polietileno o polipropileno, por el método de soplado o por medio de un dado; la impresión por método de flexografía o de rotograbado, puede adicionarse un proceso de laminación o barnizado con otras capas de plásticos, y finalmente el proceso de sellado por medio de calor y presión. Biodegradabilidad Comúnmente se acepta, que un material es biodegradable cuando puede descomponerse en los elementos químicos que los conforman, debido a la acción de agentes biológicos en condiciones naturales; y la biodegradación como la propiedad de una sustancia química, de ser utilizada como sustrato por microorganismos capaces de metabolizarlos por vía aeróbica o anaeróbica, para ser convertidos en biomasa, minerales y sales, agua y gases como el Dióxido de Carbono C02 y el Metano CH4. La biodegradación implica el uso del substrato plástico como fuente de carbono para el metabolismo de microorganismos. La biodegradación resulta de la producción de C02 en ambientes aeróbicos o CH4 en ambientes anaeróbicos. Para el proceso de biodegradación de materiales sintéticos como el plástico, que son materiales no biodegradables, se utilizan catalizadores o aditivos a base de sales de metal (Sales de Hierro, Magnesio, Níquel y Cobalto), que agregados en la mezcla maestra en su proceso de fabricación, van a permitir desencadenar una ruptura de las cadenas moleculares bajo la acción de los rayos UV y del calor, es decir en condiciones naturales. Biodegradación de plásticos Los plásticos convencionales resisten la biodegradación principalmente por su tamaño molecular, estructura y composición química. Algunas investigaciones han conducido estudios en la biodegradación de polímeros sintéticos y, en general, se ha encontrado que el peso molecular es el factor crítico en el proceso. Para tos procesos de biodegradación de los plásticos, se utilizan dos tipos de aditivos, denominados oxo-biodegradables e hidro-biodegradables o aditivo orgánico; que se venden comercialmente como masterbatches concentrados. Los aditivos hidro-biodegradables son mucho más costosos que los oxo­ biodegradables. Plásticos oxo-biodegradables Son tos plásticos fabricados como un subproducto de refinerías de petróleo, que se degradan en el medio ambiente por un proceso de oxidación iniciado por un aditivo (Oxo-biodegradable) y que luego son biodegradados, después de que su peso molecular se ha reducido hasta el punto donde microorganismos naturales pueden tener acceso al material. Plásticos hidro-biodegradables Son los plásticos o polímeros sintéticos total o parcialmente fabricados de cultivos, que se biodegradan en un entorno altamente microbiano tales como el compostaje, y cuyo proceso de degradación es a través de la hidrólisis. El compostaje Es el proceso de descomposición al que son sometidos los materiales de desecho biodegradables, incluyendo los plásticos biodegradables, a fin de obtener un producto final, el compost, útil como fertilizante, utilizado en la horticultura, agricultura y forestación. Para que el proceso de compostaje se lleve a cabo se necesitan varias condiciones que deben darse todas simultáneamente: humedad, temperatura, acidez, presencia de oxígeno e inóculos bacterianos. Certificación y etiquetado Se deben aplicar a los productos de plástico que afirman ser degradables, biodegradables o utilizables para abono, una certificación del producto y su posterior etiquetado, por medio de una instancia de evaluación técnica, que verifique el cumplimiento de los estándares mínimos que debe cumplir un plástico para ser declarado como biodegradable. Esta evaluación técnica debería recaer en instituciones académicas o de investigación de cada estado y la certificación en los entes gubernamentales, para garantizar la pulcritud del proceso. Estado Actual del Desarrollo Legislativo América Latina y el Caribe En América Latina y el Caribe algunos países han presentado o aprobado proyectos legislativos de diverso nivel de desarrollo. Por ejemplo: En Argentina, no hay ninguna norma que regule a nivel nacional el uso de las bolsas plásticas de polietileno. Las provincias de Mendoza, y Buenos Aires, han legislado para su territorio y asimismo, algunos municipios controlan la distribución de bolsas de polietileno como las municipalidades de San Martín de los Andes en la Provincia de Neuquén, la ciudad de Santa Fé en la provincia homónima y el municipio de El Calafate, en la Provincia de Santa Cruz que por Ordenanza Municipal Nº 1018/06, permite el uso de bolsas de polietileno únicamente como envase de alimentos húmedos y como contenedores de residuos húmedos e impone sanciones al incumplimiento. La Provincia de Buenos Aires estableció por la Ley 13.868, con Decreto de promulgación 2145/2.008, que instituyó un plazo de doce meses desde la vigencia de la norma, para que todos los supermercados con predominio de ventas al por menor de productos alimenticios y bebidas apliquen la norma, con un tope de 24 meses para todos los comerciantes de almacenes, despensas y diferentes negocios minoristas. Por el Decreto reglamentario del PEP (Poder Ejecutivo Provincial1521/09, del 31/8/2.009). Estableció prohibir en todo el territorio provincial el uso de bolsas de polietileno y de todo otro material de plástico convencional, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes, y comercios en general para el transporte de productos o mercaderías, estableciendo, asimismo, diversos plazos para su reemplazo progresivo por contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización del impacto ambiental, habiéndose designado al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible como su autoridad de aplicación. En el Congreso Nacional de Argentina, en el Senado de la Nación, con estado Parlamentario, en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable hay un Proyecto de Ley que pretende regular sobre el tema de los envases en general y, en la Cámara de Diputados, hay un proyecto que Prohíbe el expendio de Bolsas de Polietileno y otros Polímeros no Degradables, desde el año 2013 y que no se ha tratado todavía. En Aruba, el Parlamento está en el proceso para introducir una Ley que prohíba el uso de bolsas de plástico tipo camiseta. La Ley será presentada dentro de tres meses y la prohibición será implementada desde el primero de enero 2015. En Brasil, trece de las veintisiete capitales brasileñas ya han aprobado leyes que limitan o prohíben el uso de bolsas de plástico en las tiendas, otras nueve tramitan proyectos de ley sobre el tema. Pero pocas son las ciudades que aplican la ley efectivamente, como Xanxeré, Goiania, Joao Pessoa, Natal, Recite, Belo Horizonte y Sao Paulo (Ley aprobada el 19 de mayo de 2011). Chile, consume 3 billones de bolsas plásticas al año. Existen actualmente campañas para reducción de su uso y para reemplazarlas por materiales como papel o tela. La Comisión de Recursos Naturales aprobó en julio de 2009, la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas no biodegradables. La ley prohíbe la producción, importación, distribución y venta de bolsas plásticas como medio de empaque de mercadería en todos los establecimientos comerciales del país, conforme a la norma internacional. Se acordó establecer un plazo hasta marzo del año 2011 para que, tras la aprobación de la ley, las empresas puedan adecuarse a la norma. En 2011, se estudió un proyecto de ley que prohíbe la producción y distribución de bolsas de plástico como medio de embalaje en todos los establecimientos del país. En Colombia, existe el Proyecto de Ley 96/2008, por medio de la cual se crea el Comité lntergremial Nacional para el aprovechamiento de Residuos de Envases y Empaques y se restringe el uso gratuito de bolsas plásticas en tiendas y supermercados. Desde diciembre 2009 este proyecto se encuentra pendiente para el debate en plenaria de la Cámara de Representantes. Dicha Comisión lntergremial Nacional funcionará con carácter permanente, como órgano intersectorial de asesoría, consultoría, planificación y coordinación del Gobierno Nacional en materia de Política Pública Nacional de aprovechamiento de residuos y reciclaje y sus diferentes temas conexos relacionados con el desarrollo sostenible del medio ambiente. En Cuba, la Ley 1288 de 2 de enero de 1975, establece todo lo relacionado con la recolección de los desechos de materias primas en los procesos de producción o de servicios, con el objeto de ser recuperados. Sin embargo, no se evidenció ninguna disposición específica en la materia de bolsas plásticas. En México, en 2010, entró en vigor una Ley determinando que a futuro las tiendas tendrán que cobrar por las bolsas de plástico, que también deben ser biodegradables. En ciudad de México, a partir del año 2006 iniciaron un Plan verde, que incluye la aplicación de la Ley de Residuos Sólidos, que prohíbe el uso de bolsas de plástico no biodegradable. Según esta Ley, las tiendas no pueden regalar las bolsas, a menos que sean biodegradables, de lo contrario tienen que pagarlas los usuarios. Así mismo, los establecimientos mercantiles no podrán otorgarlas a título gratuito para la transportación, contención y envase de los productos y/o servicios que presten. Según la Secretaría de Medio Ambiente de la capital mexicana, cada año se usan 7 billones de bolsas. En Paraguay, en los años 2009 y 2013, se han presentado proyectos de Leyes que prohibían el uso de bolsas de polietileno y todo material plástico convencional para el transporte de productos y mercaderías, así como su disminución. En Venezuela, la normativa ambiental no establece restricciones al uso de bolsas de plásticos, ni está reglamentada su disposición final, más allá de las normas que rigen la disposición de desechos sólidos en general. Tampoco existe una norma industrial de Fondo Norma, que regule la aplicación de los procesos para la degradación de los plásticos de Polietileno. Sin embargo, localmente la alcaldía del municipio Carirubana del estado Falcón, aprobó una Ordenanza Municipal publicada en la ciudad de Punto Fijo de fecha 14 de junio de 2012 , cuyo objeto central es la regulación del uso de bolsas plásticas no biodegradables. Dicha ordenanza contiene tres Títulos y 24 Artículos, en los cuales se prohíbe el uso de bolsas plásticas en el municipio, se da un plazo de adecuación de ocho meses, se establecen programas de saneamiento ambiental y de incentivos para el uso de bolsas biodegradables. También de contemplan sanciones administrativas por su incumplimiento. La Comunidad Europea y los Estados Unidos de Norteamérica Europa y los EEUU consumen actualmente, cerca del 80% de la producción mundial de bolsas plásticas, por eso consideramos importante evaluar la situación legislativa actual. En la Comunidad Europea, no existe una norma para la evaluación de residuos abandonados en la naturaleza y tampoco existe una norma para los residuos que van para vertederos; sin embargo los ministros comunitarios de Medio Ambiente han debatido el impacto de las bolsas de plástico y señalan la necesidad de una actuación eficaz a nivel europeo. Por ello se estudian todas las opciones, incluida la prohibición de las bolsas de plástico a escala europea. Algunas fuentes señalan que el volumen total de bolsas de plástico producidas en Europa en 2008 ascendió a 3,4 millones de toneladas. En la actualidad Europa estudia prohibir las bolsas de plástico, Italia ha tomado la iniciativa en este campo, basados en políticas de subsidios. En algunos países hay legislación para obligar a los minoristas a cobrar un impuesto gubernamental por el suministro de bolsas de plástico. En Irlanda, en 2002, se introdujo un impuesto de este tipo; el efecto fue que el uso de bolsas de plástico disminuyó inmediatamente en más del 90%. En los EEUU, se han desarrollado estándares internacionales en relación con el establecimiento de especificaciones prácticas cuantificables y con los métodos para determinar la degradación o biodegradación de los productos. El American Society for Testing and Materials (ASTM) reconoce la oxo-biodegradación y la Norma ASTM 06954-04, como la guía estándar desarrollada para exponer, y verificar que los plásticos se degradan en el Medio Ambiente por efecto de una combinación de Oxidación y Biodegradación. África Botswana - Por Ley Federal de 2007, no se permiten bolsas con espesor superior a 24 micras, además de las tasas más pesadas sobre las bolsas. La pena por violar la Ley es de tres años de prisión y multa. Kenya - En enero de 2011 el país anunció la prohibición de la fabricación e importación de bolsas de plástico de grosor superior a 0,06 mm (60 micrones). Ruanda - Desde 2005 no se permiten bolsas de plástico de grosor superior a 100 micras* y en 2008 fue promulgado leyes que prohíben la fabricación, importación, uso y venta de bolsas de plástico. La pena va de 6 a 12 meses de reclusión. Sudáfrica - Desde 2003 no se permiten bolsas de plástico con espesor superior a 24 micras. La pena puede generar una multa o orden de prisión de hasta 10 años. Un año después, se estableció la tasa de 3 centavos de dólar por bolsa de plástico, subsidiados por la empresa responsable de su reciclado. Asia Bangladesh - En 2002, el gobierno prohibió las bolsas de plástico en la ciudad de Dhaka, después de que se descubrió que la gran inundación del 1998 fue a razón de la obstrucción de los desagües por plástico. Sin embargo, después de 8 años las bolsas plásticas regresaron a los mercados. La experiencia demuestra que la simple prohibición por la Ley, sin el apoyo constante de la educación, no garantiza la reducción permanente de su uso. China - En 2008 se prohibieron las bolsas de plástico en todo el país. La multa podría llegar a casi USO $ 1.500. El espesor superior a 25 micras está prohibido. Los mayores fabricantes de bolsas de plástico del país cerraran sus puertas. LEY MARCO PARA REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y USO DE BOLSAS PLÁSTICAS NO DEGRADABLES Título 1 Disposiciones generales Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación El objeto de la presente Ley es promover la sustitución de la utilización de bolsas plásticas no biodegradables y el reemplazo progresivo de su producción industrial, promoviendo el uso de tecnologías y procesos que permitan producir bolsas plásticas biodegradables compatibles con la conservación de la naturaleza, así como promover el uso de bolsas ecológicas de tela, fibras u otros materiales naturales, como alternativa al uso de las bolsas plásticas en general. El ámbito de aplicación de la presente Ley Marco, es la sustitución de las bolsas plásticas no degradables, utilizadas para transportar pequeñas cantidades de productos de uso doméstico, para el empaque de la basura doméstica o como envoltorio de productos comerciales; así como las usadas para empacar alimentos y productos agrícolas. Artículo 2 Definiciones Se entenderá por: Bioacumulación Se refiere al potencial de persistencia en el ambiente de un material no degradable. Biodegradabilidad Se refiere a la posibilidad de que los productos desechados pueden descomponerse en los elementos químicos que los conforman, por la acción de agentes biológicos, como plantas, animales, microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales. Ecotoxicidad Se refiere a los efectos adversos inmediatos o retardados de materiales o sustancias liberados al ambiente, debido a su potencial de persistencia (bioacumulación) y a sus efectos tóxicos sobre los sistemas bióticos. Desechos Se refiere a los materiales o sustancias a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional de cada país. Plásticos biodegradables Se refiere a los materiales plásticos que se degradan total o parcialmente, debido a la acción de agentes biológicos naturales. Plásticos oxo-biodegradables Son los plásticos fabricados como un subproducto de refinerías de petróleo, que se degradan en el medio ambiente por un proceso de oxidación iniciado por un aditivo (oxo-biodegradable) y que luego son biodegradados, después de que su peso molecular se ha reducido hasta el punto donde microorganismos naturales pueden tener acceso al material. Plásticos hidro-biodegradables Son los plásticos o polímeros sintéticos total o parcialmente fabricados de cultivos, que se degradan por procesos de hidrólisis, en un entorno altamente microbiano tales como el compostaje. Compostaje Es el proceso de descomposición al que son sometidos los materiales de desecho biodegradables, incluyendo los plásticos biodegradables, a fin de obtener un producto final, el compost, útil como fertilizante, utilizado en la horticultura, agricultura y forestación. Título 11 De la sustitución, adecuación tecnológica, etiquetado y certificación Artículo 3 De la sustitución de las bolsas plásticas no degradables Los Estados miembros del Parlamento Latinoamericano, en el marco de las legislaciones nacionales, promoverán la sustitución progresiva de la utilización de bolsas plásticas no degradables por bolsas biodegradables, en los establecimientos comerciales que utilicen, suministren, distribuyan, fabriquen o importen bolsas plásticas no degradables; según la realidad de cada uno de los Estados signatarios. Artículo 4 De la adecuación tecnológica Para el reemplazo progresivo de la producción industrial de bolsas plásticas, cada Estado miembro del Parlamento Latinoamericano evaluará y seleccionará las tecnologías y procesos que se adapten a sus condiciones socio-económicas y socio-culturales, bien sea por la utilización de procesos tradicionales de oxidación, hidrólisis, compostaje o cualquier otro logrado por su innovación tecnológica o por la disponibilidad de productos en el mercado. Artículo 5 De las tintas de impresión Las bolsas plásticas biodegradables que contengan tintas para impresiones, deberán emplear tecnologías o procesos de producción que privilegien el uso de tintas con resinas atóxicas y con pigmentos seleccionados, mediante la cual se obtengan bolsas plásticas biodegradables inocuas para el ambiente, a los fines de minimizar los efectos ecotóxicos sobre la salud humana y de los ecosistemas. Artículo 6 Del etiquetado de las bolsas plásticas biodegradables A los fines de dar cumplimiento a la sustitución señalado en los artículos anteriores, los establecimientos comerciales que utilicen, suministren, distribuyan, fabriquen o importen bolsas plásticas biodegradables, deberán colocar etiquetas o leyendas visibles que señalen esta nueva característica; según lo establecido en las legislaciones nacionales de cada uno de los Estados miembro del Parlamento Latinoamericano. Artículo 7 De los plazos de adecuación Los titulares de los establecimientos comerciales que utilicen, suministren, distribuyan, fabriquen o importen bolsas plásticas no degradables, deberán reemplazarlas por bolsas biodegradables, en los plazos establecidos por cada uno de los Estados miembros del Parlamento Latinoamericano. Artículo 8 De los certificados de biodegradabilidad Los Estados miembros del Parlamento Latinoamericano, de acuerdo a sus legislaciones nacionales, otorgarán los certificados de biodegradabilidad correspondientes, a las empresas o establecimientos que fabriquen o importen bolsas plásticas biodegradables, según las normas de calidad establecidas que apliquen en cada caso. Título III Del saneamiento, educación ambiental y promoción del uso de bolsas ecológicas Artículo 9 Del saneamiento ambiental, promoción, participación y educación ambiental Los Estados miembros del Parlamento Latinoamericano, en el marco de las legislaciones nacionales, promoverán la elaboración de planes o programas de saneamiento y educación ambiental que incluyan la reutilización, recuperación o recolección y el reciclaje de desechos plásticos, con especial énfasis en las bolsas plásticas en todas sus modalidades y presentaciones. Artículo 10 De la promoción y concientización del uso de bolsas ecológicas Los Estados miembros del Parlamento Latinoamericano, en el marco de las legislaciones nacionales, promoverán e incentivarán la conciencia ambiental, para el uso de bolsas ecológicas de tela, fibras u otros materiales naturales, como alternativa al uso de bolsas plásticas degradables o biodegradables. También los Estados podrán desarrollar incentivos de carácter tributario, fiscales o de otra naturaleza a comercios e industrias que promuevan procedimientos innovadores en el fomento del reciclado y el reemplazo de bolsas plásticas no degradables. Artículo 11 De la participación y sensibilidad ambiental A los fines de promover la aplicación de la presente Ley Marco, los Estados miembros del Parlamento Latinoamericano, y según su legislación nacional, realizarán las consultas necesarias para asegurarse que los procesos de adecuación tecnológica, certificación y etiquetado, así como los planes y programas de saneamiento ambiental correspondientes a la reutilización, recuperación y reciclaje; se realicen tomando en cuenta todos los sectores involucrados, con énfasis en las organizaciones sociales, ambientalistas, académicas y de investigación, como una forma de sensibilidad ambiental colectiva. Título IV Disposiciones finales Artículo 12 De las obligaciones a cumplir Los Estados miembros del Parlamento Latinoamericano, estarán obligados a cumplir con los compromisos que se adquieran para garantizar que la sustitución de las bolsas plásticas no degradables y la adecuación a nuevos procesos o uso de tecnologías para producción de bolsas plásticas biodegradables, sean realizados de forma oportuna, progresiva y técnicamente viable. Artículo 13 Disposición Final El Parlamento Latinoamericano promoverá ante los Congresos, Parlamentos o Asambleas Nacionales de los Estados miembros, la adopción de la presente Ley Marco y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Aprobado en la XXI Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, 29 de mayo de 2014 en Buenos Aires, Argentina”.