REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 360� Sesi�n 95�, en mi�rcoles 16 de enero de 2013 Especial (De 12:15 a 14:30) PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE, Y ANDR�S ZALD�VAR LARRA�N, PRESIDENTE ACCIDENTAL SECRETARIO, EL SE�OR MARIO LABB� ARANEDA, TITULAR ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. CUENTA............................................................................................................... IV. ORDEN DEL D�A: An�lisis de conflicto en Regi�n de La Araucan�a........................................................ VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Allende Bussi, Isabel --Alvear Valenzuela, Soledad --Cantero Ojeda, Carlos --Chahu�n Chahu�n, Francisco --Coloma Correa, Juan Antonio --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Garc�a Ruminot, Jos� --Garc�a-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lav�n, Guido --G�mez Urrutia, Jos� Antonio --Horvath Kiss, Antonio --Kuschel Silva, Carlos --Lagos Weber, Ricardo --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Larra�n Pe�a, Carlos --Mu�oz Aburto, Pedro --Novoa V�squez, Jovino --Orpis Bouch�n, Jaime --P�rez San Mart�n, Lily --P�rez Varela, V�ctor --Prokurica Prokurica, Baldo --Quintana Leal, Jaime --Rinc�n Gonz�lez, Ximena --Rossi Ciocca, Fulvio --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Tuma Zedan, Eugenio --Uriarte Herrera, Gonzalo --Von Baer Jahn, Ena --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio --Zald�var Larra�n, Andr�s Concurrieron, adem�s, los Ministros del Interior y Seguridad P�blica, se�or Andr�s Chadwick Pi�era; Secretario General de la Presidencia, se�or Cristi�n Larroulet Vignau, y de Desarrollo Social, se�or Joaqu�n Lav�n Infante. Asimismo, se encontraban presentes el Fiscal Nacional del Ministerio P�blico, se�or Sabas Chahu�n; el Intendente de la Regi�n de La Araucan�a, se�or Andr�s Molina; la Directora del Instituto de Derechos Humanos, se�ora Lorena Fries; la abogada del Observatorio Ciudadano, se�ora Nancy Y��ez, y el Director de Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Econ�micos y Crimen Organizado (ULDDECO), se�or Mauricio Fern�ndez M. Actu� de Secretario el se�or Mario Labb� Araneda, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Alliende Leiva. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 12:15, en presencia de 15 se�ores Senadores. El se�or ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesi�n. III. CUENTA El se�or ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficio De la Honorable C�mara de Diputados, con el que informa que aprob� el proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado (bolet�n N� 8.105-11) (con urgencia calificada de "discusi�n inmediata"). --Pasa a la Comisi�n de Salud y a la de Hacienda, en su caso. Proyecto de acuerdo De los Senadores se�or Navarro, se�ora Allende y se�ores Girardi, G�mez, Lagos, Mu�oz Aburto y Rossi, con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica que ejerza su iniciativa para regular legalmente la situaci�n de las personas que perciben honorarios, en los sectores p�blico o privado, no obstante que prestan servicios cuya naturaleza importa la existencia de una relaci�n laboral, con el objeto de reconocerles un r�gimen de contrataci�n que incorpore los derechos tuitivos de los trabajadores, incluidos la protecci�n a la maternidad y el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de sindicaci�n y negociaci�n colectiva y de estabilidad en sus empleos (bolet�n N� S 1.551-12). --Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesi�n ordinaria respectiva. IV. ORDEN DEL D�A AN�LISIS DE CONFLICTO EN REGI�N DE LA ARAUCAN�A El se�or ESCALONA (Presidente).- La presente sesi�n especial fue citada para tratar la situaci�n que afecta a la Regi�n de La Araucan�a. Agradecemos la presencia de nuestros invitados: el Ministro del Interior y Seguridad P�blica, se�or Andr�s Chadwick; el Ministro de Desarrollo Social, se�or Joaqu�n Lav�n; el Fiscal Nacional del Ministerio P�blico, se�or Sabas Chahu�n; la Directora del Instituto de Derechos Humanos, se�ora Lorena Fries, y la Codirectora y abogada del Observatorio Ciudadano, se�ora Nancy Y��ez. El se�or Fiscal Nacional nos ha solicitado contar con la presencia en la Sala del Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Econ�micos y Crimen Organizado (ULDDECO), se�or Mauricio Fern�ndez. Si le parece a la Sala, se autorizar� su ingreso e igualmente el del se�or Jos� Araya, encargado del Programa Ciudadan�a, del Observatorio Ciudadano. --As� se acuerda. El se�or ESCALONA (Presidente).- Est� pidiendo la palabra el Senador se�or Garc�a. �Va a intervenir sobre la materia de la convocatoria, Su Se�or�a? El se�or GARC�A.- No, se�or Presidente, quiero plantear dos cosas previas. La primera no tiene que ver con la sesi�n y consiste en solicitar de la Mesa que se sirva recabar la anuencia del Senado para que la Comisi�n de Hacienda pueda sesionar paralelamente con la Sala a partir de las 16:30, a fin de despachar el proyecto sobre donaciones culturales. Y la segunda s� dice relaci�n con el objetivo de esta sesi�n. No veo aqu� al Intendente de la Regi�n de La Araucan�a, don Andr�s Molina. No s� si �l requiere autorizaci�n de la Sala para ingresar. Si as� fuere, yo la solicito, se�or Presidente. El se�or ESCALONA (Presidente).- El ingreso del se�or Molina no necesita autorizaci�n, porque �l figura en la circular con la cual se cit� a la presente sesi�n, as� que en el momento en que concurra puede entrar de inmediato. En cuanto a la petici�n de que la Comisi�n de Hacienda funcione de manera simult�nea con la Sala desde las 16:30 en adelante, si le parece al Senado, se acceder� a ello. Acordado. )----------( El se�or ESCALONA (Presidente).- Se encuentra inscrito para hacer uso de la palabra, en el tiempo de la Democracia Cristiana, el Senador se�or Ruiz-Esquide. Puede intervenir, Su Se�or�a. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, hablo con mucho respeto por el tema que hoy vamos a tratar, que podr�amos llamarlo "el conflicto entre dos comunidades importantes", como es Chile y sus autoridades, y lo que en la pr�ctica es algo nuestro, pero que pareciera sernos ajeno. Me refiero al conflicto mapuche, que podr�a extenderse a otros pueblos originarios. 1. Debemos asumir definitivamente que Chile es un pa�s multirracial y que, por ende, las diferentes etnias que en �l viven tienen los mismos derechos y los mismos deberes, sin exclusi�n ni privilegios para nadie. Esto es lo que entiendo como principio rector para llevar adelante cualquier forma de soluci�n para el problema que nos agobia. 2. La pregunta fundamental que debemos hacernos es c�mo resolver las denuncias de cada cual si no todos tenemos la misma noci�n de lo que es la tierra con relaci�n a nuestros ancestros y el l�mite de las distintas posiciones que se sustentan. La cuesti�n, tambi�n fundamental, es preguntarnos c�mo elaborar una norma que sea aceptada por todos y que genere soluciones. 3. La tercera materia, igualmente fundamental, es sobre qu� bases se establece una relaci�n para pasar desde la situaci�n actual a una f�rmula de soluci�n donde lo b�sico sea el respeto a los derechos ajenos. 4. Una de las dificultades que enfrentamos es -aunque resulte brutalmente duro decirlo- que Chile, como Estado y como comunidad de personas, no ha traducido en actos la exigencia de igualdad entre los hombres y mujeres que pertenecen a la etnia mapuche o a cualquier otra. Me referir� solo a la etnia mapuche, porque es la que origina el conflicto actualmente. 5. Hoy nos conmovemos por la pobreza de "nuestras reducciones"; por las mis�rrimas condiciones en que se encuentran los mapuches. Pero no siempre fue as�. Cuando Espa�a coloniz� el pa�s esas comunidades no eran precarias. Y as� consta en las propias palabras de Alonso de Ercilla: "La gente que produce es tan granada," -refiri�ndose a Chile y, por supuesto, a las comunidades- "tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jam�s regida ni a extranjero dominio sometida". Es posible que don Pedro de Valdivia nos describiera como lo hizo el autor de La Araucana, para ganar mayor respeto ante la corte espa�ola. As� era la realidad que tan l�dicamente describi� Ercilla. Y esa diferencia entre la existencia de tales comunidades y las de hoy, empobrecidas y precarias, es la deuda hist�rica que tenemos con ellas. Una segunda y gran pregunta es la siguiente. En nuestra obligaci�n como legisladores, �seremos capaces de presentar una estrategia de acuerdos, en forma general, en el escaso tiempo que tenemos en esta sesi�n? Yo creo que s�. Y apunto a ello. 1� Lo que ahora se pide desde el sur no son solo bienes materiales, sino, como dice Jos� Bengoa, estudioso de la situaci�n mapuche "el derecho a ser respetado como un igual". Eso, que parece exagerado, no lo es tanto si revisamos solo un art�culo de la prensa de los �ltimos d�as. El Gobierno -seg�n la publicaci�n- dice "que solo revisar� 4 puntos para poder avanzar". No es mi intenci�n, ni much�simo menos, llevar este debate a un nivel odioso, sobre todo porque las culpas o las responsabilidades, a trav�s de los a�os, no son �nicamente de este Gobierno, sino de toda la gente como comunidad y de todos los Gobiernos que han dirigido el pa�s desde los �ltimos a�os del siglo XIX. Ahora, quiero plantear lo siguiente. Si alguno de nosotros fuera lonco y se abriera debate sobre un tema tan duro y dif�cil como este, poni�ndonos p�blicamente como marco de lo que debi�ramos hacer aquello que una de las partes se�alara, creo que reaccionar�amos con desagrado. Y ese es un aspecto de la cuesti�n. 2� Debe establecerse una autoridad nacional, elegida por las comunidades a trav�s de sus autoridades ancestrales, para que esta institucionalidad pueda discutir con la autoridad chilena los puntos pendientes, con plena representatividad. Ese es un tema que ha sido cuestionado permanentemente. Sobre este particular, quiero ser enf�tico en se�alar que el punto de quiebre en la relaci�n con las comunidades es el hecho de que, de una u otra manera, se sienten atropellados, porque no se ha querido entender que lo que se llama "la consulta de la consulta", normado en el Convenio 169 de la OIT, no da soluci�n a lo que se plantea. 3� Asumidos los dos puntos anteriores, m�s otros antecedentes, las autoridades ancestrales y los dirigentes de los pueblos ind�genas deben ser autoconvocados para que el di�logo tenga resultados. 4� A partir de lo anterior podemos plantear estrategias concretas que puedan aliviar la situaci�n. Me atrevo modestamente a presentar algunas: A) Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. B) Integraci�n cultural. Esto significa caminar hacia un lenguaje integrado en las zonas de conflictos e, incluso, ense�ar el mapudungun en los grandes centros y en lugares donde es preciso que Chile procure, a trav�s de la integraci�n, la comprensi�n de una parte importante de nuestros ancestros. Se me dir� que lo que estoy buscando es inviable. Es probable. Pero mientras no lo probemos no podemos asumir esta inviabilidad. Y yo contestar�a con mucha fuerza: "Usted puede creer tener raz�n; pero yo estimo que no la tiene". Adem�s, yo agrego: "F�jese, usted, c�mo nos ha ido en estos 200 a�os y c�mo estamos hoy por considerar que ninguna de las medidas que se proponen pueden ser viables". C) La segunda forma de inclusi�n es llevar la reforma de la educaci�n -que estamos haciendo ahora- a todos los sectores donde hay fuerte presencia mapuche. Vuelvo a insistir, pueden ser otras etnias. De manera que haya profesores e incentivos que permitan colocar en la base de la educaci�n el mapudungun. Hoy se obliga a los mapuches a aprender el espa�ol, lo cual me parece bien para que haya una inclusi�n como corresponde, pero es indispensable adoptar tambi�n una medida al rev�s, ya que es lo �nico que puede generar la idea en ellos de que efectivamente estamos discutiendo las cosas en igualdad de condiciones o, como se dice habitualmente, "pari passu". D) Sentada la tesis de la igualdad esencial de las personas y de los jefes o autoridades de los pueblos originarios, al igual que la exigencia de que sean respetadas las autoridades republicanas de Chile, podremos se�alar algunas otras tareas y elementos de soluci�n. El se�or ESCALONA (Presidente).- Se�or Senador, ha concluido el tiempo otorgado por su Comit�. Le otorgamos un minuto para redondear su idea. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Exc�seme, se�or Presidente. Entiendo que nosotros disponemos de m�s tiempo del que yo he ocupado. El se�or ESCALONA (Presidente).- Al Comit� de la Democracia Cristiana le corresponden 18 minutos. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- �Y cu�nto llevo yo? El se�or ESCALONA (Presidente).- Ha hablado 10 minutos. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- As� es. Entonces, �por qu� me los restringe? 1.- Participaci�n de las comunidades del norte y sur de Chile y de otras instituciones comunitarias en la generaci�n de una suerte de autoridad interna, que tenga la fuerza que hoy no posee y que le permitir�a contar con una mayor capacidad de relaci�n. 2.- Hacer participar a los mapuches en los municipios. 3.- Nueva constitucionalidad que d� representaci�n clara y posible a los pueblos originarios en el Congreso Nacional. 4.- Derogaci�n del decreto supremo N� 124. 5.- Crear como parte de los acuerdos una organizaci�n econ�mica... El se�or ESCALONA (Presidente).- Se�or Senador, �necesita otro minuto? El se�or RUIZ-ESQUIDE.- S�, se�or Presidente. El se�or ESCALONA (Presidente).- Dispone de dos minutos m�s, correspondientes al tiempo de la Democracia Cristiana. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias. Toda la materia a la cual me he referido se encuentra en un texto que despu�s har� llegar a los se�ores Senadores. Me voy a referir a tres temas, para luego terminar. Valoramos la presencia de observadores extranjeros de derechos humanos. Sin embargo, con la misma fuerza se�alo que no son las organizaciones extranjeras las que van a solucionar nuestros conflictos. Asimismo, es necesaria la preservaci�n de la integridad del territorio nacional donde, como contraparte, asumimos que no somos una raza �nica, sino fruto de muchos entrecruzamientos. Un tema real de hoy: la violencia de los �ltimos d�as. Lo lamento, y lo lamento con toda la fuerza de mi palabra. He le�do ciertas intervenciones de algunos miembros del Congreso que pertenecen a la Alianza, quienes han dicho que cuando una persona formula estas aseveraciones de condena sin la fuerza suficiente y se�alando que siempre detr�s de la violencia hay una suerte de injusticia, significa que no est� condenando con la suficiente rapidez, conciencia y fuerza tales hechos. �No es as�! �No es as�! Si la violencia se pretende terminarla con otra violencia, no habr� soluciones. Lo que sucede es que mi formaci�n humanista cristiana me compele a declarar que la violencia debe ser condenada sin resquicios ni ambages. Pero aprend� tambi�n que es verdad que detr�s de toda violencia hay una gran injusticia. Por eso, ante la situaci�n que estamos viviendo hoy d�a, la voz debe ser serena, sin altisonancia, sin populismo, sin el uso de fuerzas discrecionales frente a otros chilenos, a fin de tener m�s paz en el sur de nuestro pa�s. Gracias. El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora se�ora Rinc�n. La se�ora RINC�N.- Ser� breve, se�or Presidente, porque nuestro representante, el Senador Mariano Ruiz-Esquide, ya ha se�alado lo que esta bancada ten�a que decir respecto a este tema. Hoy se ha convocado a un encuentro en el cerro �ielol para tratar esta materia. Y creo que hubiese sido interesante estar ah�, pero ten�amos esta sesi�n especial. Solo quiero expresar que como Estado nos cabe responsabilidad en la forma como hemos construido nuestra naci�n, y una responsabilidad directa en el trato que hemos tenido con nuestros pueblos originarios. No hemos querido aceptar como sociedad que nuestros pueblos originarios estaban aqu� antes de que llegara el Estado espa�ol y el Estado chileno. La llegada del Estado chileno a esa regi�n signific� la p�rdida del territorio del pueblo mapuche y el inicio de una relaci�n de exclusi�n y de pobreza que se ha extendido ya por casi 130 a�os. Es hora de que el pa�s haga un sinceramiento de nosotros mismos y de nuestra realidad y aceptemos que somos un Estado -como lo ha dicho el Senador Ruiz-Esquide- plurinacional y multicultural, y terminemos con la exclusi�n a que hemos sometido a nuestros pueblos originarios. �Hay que hacer un cambio en nuestro pa�s! Quiero tambi�n ser muy franca: no es la violencia el camino. Condeno -como lo ha hecho mi colega Ruiz-Esquide- los cr�menes de mapuches y no mapuches: la vida humana es intransable. El camino, sin lugar a dudas, es el di�logo. �Hay que PARLAMENTAR! As� como en el pasado el Estado espa�ol y el pueblo mapuche celebraron parlamentos y llegaron a muchos acuerdos, hoy el Estado de Chile debe igualmente llamar a un gran parlamento con los pueblos originarios para poner t�rmino a la violencia, la exclusi�n y la pobreza. Quiero decir que yo y todos nuestros colegas estamos disponibles para procurar: -El reconocimiento constitucional -es algo urgente- de los pueblos ind�genas. -Que estos tengan participaci�n pol�tica con sus propios Senadores y Diputados. -Que gocen de plena autonom�a para que sus asuntos propios y modos de vida, dentro de la unidad del Estado y de la Constituci�n y las leyes, se reconozcan. -Que Chile pague la deuda hist�rica por los atropellos cometidos y la p�rdida de los territorios. HAGO UN LLAMADO a todos los poderes p�blicos y a la sociedad chilena para que nos reencontremos con nuestros pueblos originarios y, en especial, al Presidente de la Rep�blica y al Gobierno para que todos juntos pidamos perd�n, en nombre del pa�s, por los atropellos cometidos en la conformaci�n del Estado en esta regi�n y para que terminemos con el racismo y el clasismo que se ha impuesto. Tenemos que construir un pa�s sin exclusiones, sin clasismo, sin racismo, sin violencia y con paz y justicia social. A los pueblos originarios y al pueblo mapuche: �Fuerza! La violencia no sirve a la causa mapuche. Quiero expresar que pueden contar con nosotros. Muchas gracias. El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Espina. El se�or ESPINA.- Se�or Presidente, la Regi�n de La Araucan�a est� viviendo momentos duros, dram�ticos, de hondo pesar, de temor. Y el Senado de la Rep�blica debe asumir el liderazgo que le corresponde, en conjunto con el Gobierno del Presidente Pi�era, para actuar con coraje, con valent�a, con decisi�n, y, quiz�s por primera vez en la historia de nuestro pa�s en muchas d�cadas, ser capaces de abordar a fondo los problemas que han mantenido fracturada a la sociedad en La Araucan�a. Quisiera dedicar algunos minutos -porque voy a tocar otros aspectos- a referirme de modo muy profundo a la brutal violencia que grupos extremistas han llevado adelante en nuestra Regi�n. Esos grupos quemaron vivo y asesinaron a un matrimonio que no le hab�a hecho nada a nadie: el conformado por don Werner Luchsinger y do�a Vivian Mackay. Antes incendiaron la casa de don P�o Seco, pero con tal maldad que, a pesar de los ruegos de los ni�os, quemaron en su interior a los perros de la familia. Y tambi�n fue asesinado, como lo declararon los tribunales de justicia, Mat�as Catrileo. Existe una resoluci�n judicial que as� lo determina. Hay que estar con la ley cuando se falla a favor de unos y cuando se falla a favor de otros. Porque se violan los derechos humanos en un pa�s democr�tico al atentarse contra la vida de una persona por motivaciones de orden pol�tico, cualesquiera que sean su raza, su condici�n o su situaci�n econ�mica. Frente a eso, el Gobierno ha hecho bien, pues aplic� la legislaci�n que a mi juicio corresponde. Porque ninguno de tales actos tiene por objeto robar, saquear: con ellos se persigue crear terror, intimidar. Y recurri� a la ley antiterrorista debido a que otorga instrumentos investigativos necesarios. Adicionalmente, debo se�alar que esa legislaci�n fue aprobada en forma un�nime por este Congreso, en plena democracia, durante el Gobierno de don Patricio Aylwin. Y hace no menos de dos a�os se corrigi� en los aspectos en que se estim� que no se respetaban las normas del debido proceso. Por lo tanto, formular una dura, clara y categ�rica condena a la violencia es de la esencia de quienes quieren construir la paz. Y en esto no hay contextos que valgan ni doble est�ndar. Dicho aquello, se�or Presidente, quiero expresar que el Estado de Chile tiene una profunda deuda con la Regi�n de La Araucan�a. Y voy a explicarlo en palabras muy sencillas. Entre los a�os 1884 y 1919, el Estado les entreg� 475 mil hect�reas, en 3 mil 78 t�tulos de merced, a las comunidades mapuches. Pero �saben lo que hizo? �No les dio las tierras! Y les entreg� esas mismas tierras a quienes, con coraje, valent�a, entusiasmo y decisi�n, fueron a colonizar esa zona. Entonces, hay una deuda hist�rica que est� a la vista. En las comunidades mapuches dicen: "Tengo un t�tulo de merced que me dio el Estado de Chile. �Pero no me entreg� las tierras!". Y otro de nuestros compatriotas, no mapuche, expresa: "�Pero si yo tengo t�tulos desde hace 100 a�os! �Ha sido mi familia, desde mis ascendientes, la que ha trabajado!". Entonces, el Estado superpuso tierras, lo que en definitiva nos ha generado este tremendo conflicto. Existen muchas otras causas; pero el tiempo en esta sesi�n es breve para abundar en ellas. En todo caso, hay que entender que es leg�tima la aspiraci�n de las comunidades mapuches de que se les entreguen las tierras que el Estado, mediante t�tulos de merced, les otorg�. Y es leg�timo tambi�n el reclamo de los chilenos no mapuches -agricultores, parceleros- que las adquirieron con su esfuerzo, en forma honesta y legitimados por el Estado de Chile, quienes hoy d�a ven que se pretende arrebat�rselas sin que hayan tenido ninguna responsabilidad en la situaci�n registrada. Frente a ello, se�or Presidente, los parlamentarios de La Araucan�a -Senadores se�ores Tuma, Quintana, Garc�a y quien habla- emprendimos junto con el Gobierno un camino. Va a estar lleno de piedras. Pero hay que tener la decisi�n de levantarlas una a una para superar la situaci�n. Ahora, hemos de entender que Chile es una naci�n multicultural (no unicultural), donde conviven personas que tienen tradiciones y culturas distintas. El pueblo mapuche es una naci�n con identidad y caracter�sticas propias. Y nuestro deber no es asimilarlo, sino provocar la integraci�n, el trabajo como pa�s, como naci�n unitaria, pero entendiendo la diversidad que existe en su interior. Por eso es tan importante sacar adelante iniciativas al respecto, aunque s� que van a contar siempre con la cr�tica de algunos. El reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios no es otra cosa que decirles: "Somos parte de una naci�n multicultural". Establecer normas que regulen el Convenio 169 de la OIT es fundamental para que el proceso de consulta se haga en serio, de verdad y con respeto. La creaci�n del Consejo de Pueblos Originarios es primordial para que las comunidades mapuches tengan una forma de expresarse; de dar su parecer; de elegir a sus autoridades; de ser consultadas en las materias que las afectan, sin complejos, y de resolver aquellas en las cuales se estima que su opini�n es la que debe ser acogida. Se ha de avanzar en la clarificaci�n de una pol�tica de tierras que, como dije, es el germen del conflicto, sin perjuicio de la necesidad de reconocer al pueblo mapuche con su propia identidad, cultura y tradiciones. Tambi�n hay que avanzar en una pol�tica y en una estrategia de alianzas productivas que hagan que seamos capaces de incorporar el talento de nuestros pueblos originarios y de quienes durante siglos han construido nuestra patria. Se�or Presidente, creo que estos no son momentos f�ciles en La Araucan�a. El dolor y -yo dir�a- la desaz�n son hechos que se viven en el d�a a d�a. Nueva Zelanda, Australia, Canad� fueron capaces... Va a terminar mi tiempo. �Me permite un minuto adicional, se�or Presidente? El se�or ESCALONA (Presidente).- S�, se�or Senador. El se�or ESPINA.- Gracias. Dec�a que aquellos pa�ses fueron capaces de tener liderazgo, de no dejarse atrapar por minor�as recalcitrantes, de un extremo y otro, que no quieren avanzar. All� existen esa visi�n, esa convicci�n, en el sentido de que cuando uno es l�der no puede pretender rehuir sus responsabilidades. �Y ese es el camino que debe ser seguido por este Senado, por nuestro Gobierno y por quienes representamos a La Araucan�a! Yo solo espero que seamos capaces de distinguir lo que nos diferencia, para poner el acento, con toda franqueza, en una voluntad com�n. La Araucan�a merece mucho m�s de lo que Chile le ha dado hasta ahora, tr�tese de un vecino de origen mapuche o de uno de otro origen. �Ese es el desaf�o que hoy d�a empezamos a enfrentar entre todos! He dicho. El se�or ESCALONA (Presidente).- Corresponde el turno del Comit� PPD, que dispone de 8,5 minutos. M�s los 3,5 que le cedi� la Democracia Cristiana, hace un total de 12 minutos, que ser�n ocupados por sus dos Senadores, pues ambos solicitaron la palabra para intervenir. Se halla inscrito en primer lugar el Honorable se�or Tuma. El se�or TUMA.- Quiero agradecer tambi�n al Comit� Partido MAS por el tiempo que nos concedi�, lo cual nos permitir� intervenir por un par de minutos adicionales. Se�or Presidente, esta sesi�n especial y la motivaci�n que durante los �ltimos d�as hemos visto en autoridades de gobierno y parlamentarios tiene que ver con un hecho de violencia repudiable, que no podemos permitir y que debemos perseguir con la mayor fuerza. Lamento, s�, que en esta sesi�n estemos preocup�ndonos de una situaci�n de suyo muy injusta que ha ocurrido con los pueblos originarios solo porque se cometi� ese deleznable acto de violencia, que no solo signific� la muerte de dos personas que fueron quemadas vivas, sino que adem�s implica que est� muriendo parte de la democracia, parte del entendimiento, parte del modo como estamos construyendo una sociedad. Ahora, debemos preguntar qu� tipo de sociedad estamos construyendo. Porque su base son la injusticia y otros elementos que no dan cuenta de las verdaderas causas de la violencia. Hasta el momento, todos los Gobiernos han hecho -algunos m�s, otros menos- pol�ticas de desarrollo, pol�ticas asistencialistas. En tal sentido, debo reconocer que, como Concertaci�n, avanzamos, mas no lo suficiente: no avanzamos donde deb�amos hacerlo. Y lo propio ocurri� con los dem�s Gobiernos, desde que se instal� el Estado de Chile. A prop�sito de aquello, debo recordar que nuestro Estado se instala en La Araucan�a setenta a�os m�s tarde que en el resto del pa�s. Pero solo cuando se registran hechos de violencia nos preocupamos de los efectos de tal hecho. Qu� bueno que nos preocupemos de eso, porque la ciudadan�a de la Regi�n de La Araucan�a quiere seguridad. Y qu� bueno que est� aqu� el Fiscal Nacional -lo saludo-, pues quisi�ramos tener mejores resultados. Para ello, el Parlamento y el Ejecutivo est�n dispuestos a entregarles todas las facultades necesarias a la Fiscal�a, al Ministerio P�blico, a las Polic�as, a fin de que las usen moderadamente, con prudencia, pero con eficacia. Se�or Presidente, considerando la necesidad de focalizar y perseguir a los responsables de los hechos deleznables que se han registrado, pero tambi�n la de respetar el debido proceso y las garant�as constitucionales de las personas, se halla en esta Sala do�a Lorena Fries -y me alegro de que participe en esta sesi�n-, como representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, quiero decir que no es posible justificar la violencia, pero que no es suficiente condenarla. Debemos abordar los or�genes del conflicto. Y bien lo dec�a el colega Espina y bien lo refleja el proyecto de acuerdo que concordamos los cuatro Senadores de la Regi�n. �Basta de que el Estado siga dando soluciones de parche y no se haga cargo de la ra�z de la injusticia, que se explica muy bien en el Informe de la Comisi�n Verdad Hist�rica y Nuevo Trato con los Pueblos Ind�genas! Dicho documento nos cuenta la verdadera historia, que no es la que nos ense�aron en los libros que nos entregaban en los establecimientos educacionales, donde aparec�a Caupolic�n con un tronco sobre sus hombros o Galvarino con los brazos cortados. �Esa no es la verdadera historia! �La verdadera historia es mucho m�s cruda! Yo solo quiero citar un par de pasajes -revis� la prensa de la �poca- del mencionado Informe, donde figuran numerosos ejemplos en que el denominador com�n es la utilizaci�n de la violencia contra los mapuches. Leo: "1916. Sucesos de Frutillar. El colono Eduardo Winkler litiga las tierras del cacique Juan Pailahueque. El caso estaba en los juzgados y en la prensa. Winkler mata a Pailahueque y son apresados m�s de 20 Mapuches que apoyan al cacique. Se le usurpan las tierras en un juicio ins�lito en que Pailahueque -asesinado- es declarado culpable.". "1918. Matanza de Forrahue, cerca de Osorno, en que encerrados en una choza se asesin� a m�s de 25 hombres, mujeres y ni�os, prendi�ndoles fuego. Forrahue, durante ese per�odo, es s�mbolo de la violencia huinca.". �Son much�simos ejemplos! No tendr�a tiempo para leer tantos relatos reales de abusos, del modo como el Estado se instala en la Regi�n de La Araucan�a, que era, hace 130 a�os, naci�n mapuche. Yo quiero valorar... El se�or ESCALONA (Presidente).- Perd�n, se�or Senador, pero termin� su tiempo. El se�or TUMA.- Falta sumar el del MAS, se�or Presidente. El se�or ESCALONA (Presidente).- Lo estamos haciendo. Puede proseguir, Su Se�or�a. El se�or TUMA.- Gracias. Se�or Presidente, dec�a que quiero valorar la disposici�n del Congreso Nacional, en particular la del Senado, primero, a reconocer el da�o causado. Presentamos un proyecto de acuerdo -queremos aprobarlo- mediante el cual reconocemos como Estado el da�o que se le ha hecho a la poblaci�n ind�gena. Por otra parte, proponemos la implementaci�n de un plan de reparaci�n. Pero ese plan hay que conversarlo con los afectados, los mapuches, quienes no tienen una organizaci�n vertical, sino una organizaci�n horizontal. El Estado deber�a ayudar a que se institucionalizara una representaci�n de los pueblos originarios con la cual interlocutara respecto de las pol�ticas p�blicas y de las consultas relacionadas con los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Y, por �ltimo, pienso que existe una deuda muy grande con la Regi�n de La Araucan�a. El Estado llega all� setenta a�os m�s tarde, y lo hace de mala manera. Y todav�a persisten en dicha zona los efectos de aquella injusticia, que afecta a los derechos de los pueblos originarios y que deber�amos atender tambi�n en lo concerniente a otros cuerpos legales (pero resolvamos primero el asunto de la consulta). Al mismo tiempo, reconozco la actitud de los actuales Ministros del Interior y de Desarrollo Social, quienes por primera vez est�n disponibles para efectuar un acto de reconocimiento y de reparaci�n. Y el acto de reparaci�n tiene que ver tambi�n con la Regi�n de La Araucan�a, con los mapuches y con los no mapuches. A tal efecto, solicitamos mediante el proyecto de acuerdo un fondo de compensaci�n para un programa dise�ado desde La Araucan�a, destinado a atender las demandas particular�simas de esa zona. Por ese camino es posible avanzar, se�or Presidente. Habr� muchos di�logos. Tambi�n, numerosas cumbres. Y a todas deberemos escucharlas, d�ndoles espacios para que se pronuncien. Sin embargo, resulta indispensable que el Estado tome una decisi�n que nunca ha adoptado: la de ir al fondo del conflicto y ver c�mo reparamos una injusticia que los pueblos originarios han soportado por a�os. Invito al Senado a apoyar un�nimemente el proyecto de acuerdo que presentamos; a condenar la violencia, cualquiera que sea el sector de donde provenga; a solidarizar con las v�ctimas, mapuches y no mapuches. Eso tiene que ver, asimismo, con la acci�n de las polic�as, con la forma de dar seguridad. Pero, principalmente, se trata de una soluci�n pol�tica. Y ello no es responsabilidad ni de los tribunales ni de las polic�as. La soluci�n pol�tica deben darla el Ejecutivo y el Congreso Nacional. He dicho. El se�or ESCALONA (Presidente).- Hago presente que se agot� el tiempo cedido por el Comit� del MAS. El Comit� de la UDI nos inform� que su representante ser� la Senadora se�ora Von Baer, quien dispone de hasta 16 minutos. Tiene la palabra Su Se�or�a. La se�ora VON BAER.- Se�or Presidente, iniciar� mis palabras de manera quiz� un poco distinta. Quiero que juntos recorramos lo que est� sucediendo en La Araucan�a y pensemos en las personas que han entregado su vida en dicha zona. Hasta ahora debemos lamentar ocho v�ctimas fatales: ocho personas que han muerto en nuestras tierras y que son parte de nuestra familia. Algunas pertenecen al pueblo mapuche, como �lex Lem�n, Mat�as Catrileo y Jaime Mendoza Coll�o. Otras han fallecido en sus casas, en defensa de sus familias, como Guillermo Gallardo Aillap�n, quien pereci� el 1� de septiembre del a�o pasado cuando proteg�a a su hermano; o el sargento Hugo Albornoz, quien perdi� la vida mientras hac�a su trabajo en representaci�n de todos nosotros, del Estado de Chile. Ahora bien, no solo hemos de lamentar muertes, sino tambi�n cosas tan absurdas como la quema de escuelas y colegios. En Collipulli y Ercilla fueron incendiadas escuelas, y sus alumnos han debido seguir las clases en otros lugares, sin la infraestructura adecuada. Adem�s, se quemaron jardines infantiles y cuatro sedes sociales. �Por qu� nos encontramos en esta situaci�n? Tambi�n, fueron incendiadas 17 casas de peque�os parceleros que hacen un esfuerzo tremendo -y aquellos que conocemos el campo en La Araucan�a lo sabemos- por salir adelante en su tierra. Pero, adicionalmente a lo que ha ido ocurriendo, quiero llevarlos a lo siguiente. En octubre reci�n pasado, desconocidos quemaron un cami�n con el conductor adentro, quien alcanz� a salvar con vida, mas con gran parte de su cuerpo quemado. Esa es la situaci�n que se vive hoy en la zona. Hace un par de semanas, desconocidos entraron a la casa de la familia Seco Fourcade, como se mencionaba ac�, y, mientras golpeaban a sus integrantes con las culatas de escopetas, gritaban: "�Recen! �Recen!". Y una semana atr�s o poco m�s, un matrimonio -podr�an haber sido los pap�s de muchos de nosotros o los abuelos de nuestros hijos- dorm�a tranquilamente en su casa cuando, de pronto, se escucharon balazos y debi� llamar con angustia a un hijo para decirle que estaba siendo atacado. Esto es Chile. Es lo que est� sucediendo en nuestras tierras, en nuestro querido pa�s. Esos adultos mayores murieron quemados. Al d�a siguiente, un viernes, recib� una llamada de Cynthia Mackay, hermana de la fallecida Vivian. Al darle el p�same, me dijo: "Ena, nos conocemos hace mucho tiempo. Lo �nico que quiero pedirte, ya que est�s all� arriba, en el poder, es que la muerte de mi hermana y mi cu�ado no sea en vano". Se�ores Senadores, se�ores Ministros, se�ora Lorena Fries, Directora del Instituto de Derechos Humanos, quiero transmitirles el mensaje: que la muerte de ocho personas no sea en vano. Cualquiera de ustedes que defienda la democracia tiene que ser categ�rico. No puede ser ambiguo en rechazar la violencia. Estuve en Temuco el lunes, en la feria Pinto, en las comunidades ind�genas de Vilc�n, y aquellos con quienes crec� me transmitieron el dolor de los que las integran y de quienes trabajan en ese lugar, que tambi�n son mapuches. Con el abrazo, me dijeron: "Ena, le tenemos miedo a la discriminaci�n mucho m�s que antes". Esta �ltima siempre ha existido, pero hoy d�a le temen mucho m�s los propios mapuches, porque est�n siendo atacados. La casa del lonco Juan Carlos Curinao fue quemada, por ejemplo. No est�n siendo agredidos solo aquellos que no pertenecen a dicho pueblo. Y lo que expresan es: "Nosotros no somos violentos. Tambi�n tenemos derechos humanos y queremos que el Estado nos defienda". Se�ores Ministros, se�ores Senadores, esa es la voz de la gente de La Araucan�a y aquella por la cual hoy d�a me siento interpelada, en nombre del Comit� de la UDI, para representarla ac�. La violencia, como camino para lograr cualquier prop�sito, es un ataque directo a nuestra democracia. �Cu�l es la primera raz�n de la existencia del Estado? La de que todos le entreguemos el monopolio del uso de la violencia. Y el Estado -todos nosotros- no est� cumpliendo en La Araucan�a. Es triste que nos estemos refiriendo ahora a esa zona por la muerte de dos personas. Es una pena que se registre un di�logo a gran nivel en ella por ese hecho. �Por qu� no lo tuvimos antes? Nos sucede una cosa tremenda con La Araucan�a: un ciclo de estupor y de olvido. �Cu�ntas veces lo hemos vivido! Se registr� estupor en el Gobierno de Ricardo Lagos. Surgi� el di�logo y se dictaron muchas leyes. Olvido. Ya nadie habl� de La Araucan�a. Estupor, nuevamente, durante el Gobierno de Michelle Bachelet. Todos hablaban de La Araucan�a. Olvido. Nadie m�s lo hizo. Estupor, otra vez, ahora. Espero que dure un poco m�s. Creo que es un derecho humano de todos poder dormir tranquilo en casa. Es un derecho humano no tener miedo por los ni�os. Es un derecho humano de los mapuches que los dem�s no crean que ellos son violentos. Es un derecho humano de todo Chile que no profundicemos las diferencias entre dos pueblos que, juntos, han construido el pa�s. �Cu�ntas veces me han dicho: "Ena, nosotros somos m�s chilenos que t�, pues llegamos antes". Quiero terminar mis palabras haciendo solo una puntualizaci�n. Tenemos que preocuparnos de la pol�tica p�blica dirigida a los pueblos mapuches, pero no solo hoy d�a, sino siempre. Y espero que el di�logo no sea ac�, en Valpara�so, entre representantes, como tampoco en Temuco. Es necesario ir a las comunidades y conversar all�. El se�or Intendente lo sabe. No seamos paternalistas con ellos, como siempre lo hemos sido. Todas las leyes dictadas por el Estado han revestido ese car�cter y les han dicho c�mo tienen que vivir su vida. �Por qu� no dejamos que lo resuelvan? Terminemos, de una vez por todas, con el paternalismo. Empecemos por entregarles derechos de verdad. Vamos a las comunidades con el di�logo. Que sean las que decidan. Porque Sus Se�or�as saben, si han recorrido La Araucan�a y otras partes de Chile donde hay comunidades ind�genas, que cada una es distinta. Las lafquenches son diferentes de las huilliches o de las asentadas en Lonquimay o Vilc�n. Respetemos sus derechos. Estos se conversan en ellas; se tratan parlamentando en ellas. Espero que hoy d�a no entremos nuevamente en el ciclo de estupor y de olvido. No olvidemos La Araucan�a, se�ores en el poder. Que no sean en vano las muertes dolorosas en esa zona. Gracias. El se�or ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra, en el tiempo del Comit� Radical Social Dem�crata, al Senador se�or G�mez. El se�or G�MEZ.- Se�or Presidente, en nombre de mi Partido, quiero ser claro y preciso: repudiamos el empleo de la violencia. Pero me refiero a la de cualquier origen: tanto a la que ha provocado la muerte del matrimonio Luchsinger como la de comuneros mapuches. La violencia no se combate con m�s violencia, sino con di�logo. No sacamos nada con continuar dictando normas legales que se traducen en reprimir, buscar culpables, afectar personas. Eso no es lo que va a llevarnos a la soluci�n definitiva que se requiere. En esta oportunidad fuimos citados para "conocer la situaci�n que afecta a la Regi�n de La Araucan�a", y la verdad es que la sesi�n deber�a tratar la situaci�n de un Estado nacional multi�tnico. No es un asunto de La Araucan�a, ni solo del pueblo mapuche. No hemos sido capaces, en efecto, de resolver la existencia de un Estado de esa �ndole, que dicta normas y reglas que obligan a otros, en definitiva, a regirse por ellas. "Etnia" significa "pueblo". Es una comunidad humana que puede ser definida por afinidad cultural, ling��stica o racial. El problema, entonces, radica en determinar si en el Senado queremos tratar una cuesti�n de fondo: nuestra disponibilidad para llegar a un Estado plurinacional, que es la organizaci�n pol�tica y jur�dica de una sociedad de varias naciones que conforman una unidad y se encuentran representadas en el Gobierno. La plurinacionalidad es el principio pol�tico que permite aspirar al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones existentes en un Estado. Entonces, sin perjuicio de condenar duramente la violencia, comprendida aquella de que ha sido objeto el pueblo mapuche por a�os y a�os -no ahora, sino durante m�s de un siglo-, tenemos que comenzar por resolver problemas. �Partamos, entonces! Pensemos si vamos a declarar constitucionalmente el Estado plurinacional. Determinemos si vamos a implementar en forma real el Convenio N� 169 de la OIT y a cumplir con los requisitos que contempla, sin saltarlos cuando se trate de empresas energ�ticas, mineras u otras. Conversemos en serio sobre el establecimiento de criterios que permitan resolver la situaci�n. Se requiere una pol�tica de restituci�n de tierras. El se�or ESCALONA (Presidente).- Dispone de un minuto para concluir, Su Se�or�a. El se�or G�MEZ.- Gracias, se�or Presidente. Hace falta la formulaci�n de pol�ticas, en definitiva, que permitan el desarrollo de las diversas etnias que componen nuestro Estado multicultural. Ese prop�sito se ha logrado en Finlandia, Nueva Zelandia y otros pa�ses. Es necesario, por lo tanto, llevar a cabo una discusi�n pol�tica de fondo. Tratemos los aspectos que pueden resolver en el futuro el desarrollo de un pa�s como Chile, en el que sea posible la convivencia de nuestros distintos pueblos. Ello no solo dice relaci�n con los mapuches, sino tambi�n con los licanantay, los diaguitas y varios otros que requieren soluciones. En el caso particular que nos ocupa, tomemos la desgracia que estamos viviendo como una oportunidad para resolver una cuesti�n b�sica y que tiene que ver con la capacidad de poner las cosas sobre la mesa y establecer un Estado plurinacional. He dicho. El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Quintana. El se�or QUINTANA.- Se�or Presidente, agradezco a la Democracia Cristiana el tiempo que me ha cedido, as� como tambi�n a la bancada socialista, que hizo otro tanto, especialmente los dos minutos que me traspas� la Senadora se�ora Allende. Junto con el colega Eugenio Tuma y los Diputados de la Democracia Cristiana y los parlamentarios de la Alianza en la Regi�n, hemos venido trabajando en el �ltimo tiempo junto al Gobierno en la idea de buscar un camino de entendimiento. Me refiero a los Diputados se�ores Mario Venegas, Fuad Chah�n y Ren� Saffirio, al igual que a Joaqu�n Tuma, tambi�n del Partido por la Democracia. Este es un asunto que nos convoca a todos y nos impone una gran responsabilidad. La pregunta que uno se hace es por qu� nos encontramos hoy d�a en esta sesi�n y por qu� no se celebr� antes, en circunstancias de que la agenda, como lo manifest� reci�n el Honorable se�or Tuma, data de d�cadas: desde el Acuerdo de Nueva Imperial, desde la Ley Ind�gena de 1993. Siempre han estado dando vueltas los mismos temas. Y no en una, sino en varias oportunidades, tanto el Senado cuanto la C�mara de Diputados han tenido oportunidad de pronunciarse sobre ellos. Creo que estamos aqu� porque se ha registrado una apertura virtuosa -ya lo he dicho- de sectores de la Derecha que plantean avanzar en un reconocimiento constitucional y en distintas otras materias. Por cierto, tambi�n estamos conversando, como lo hemos se�alado, porque ha habido una fuerte autocr�tica de parte nuestra, de la actual Oposici�n. Muchas veces, consideramos la situaci�n solo como un problema de pobreza: los mapuches son pobres, los ind�genas en Chile son pobres. �Qu� duda cabe! Pero la entrega de tierras, sin apoyo productivo -�por favor!-, no sirve. Ello genera m�s tensi�n en la Regi�n. Y asimismo estamos ac�, desde luego, por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, en la comuna de Vilc�n, lo que todos condenamos de la manera m�s en�rgica. Si hay que ser majaderos al respecto, vamos a serlo. Porque tambi�n hemos recibido emplazamientos de otros sectores, en el sentido de que, a veces, la condena no se hace con letras may�sculas. �No! Ella es total -�total!- de parte de la Oposici�n. No s� de ning�n participante en las reuniones celebradas -y el Gobierno tambi�n est� consciente de ello-, incluidos actores mapuches y de la Multigremial de la Araucan�a, que no condene lo ocurrido y no espere una respuesta efectiva de parte de las polic�as y la fiscal�a. Sin embargo, ello no ocurre. M�s adelante me voy a referir a ese aspecto. Pero existe un contexto. Y al emplear la palabra no estamos avanzando en una justificaci�n. Ni siquiera estamos explicando nada. En verdad, los primeros en vincular la informaci�n fueron el propio Ministro se�or Chadwick y el fiscal Chifelle, de la zona, quienes hicieron presente una asociaci�n directa con el crimen de Mat�as Catrileo. Me parece bien, porque tienen que ver c�mo, de manera asertiva, van a buscar a los responsables. Entonces, hay un contexto: exactamente a cinco a�os de la muerte de Mat�as Catrileo por la espalda, en el mismo territorio, tiene lugar el hecho que nos ocupa. Uno se pregunta -luego voy a referirme m�s a fondo al enfoque policial- c�mo es posible la situaci�n si en Santiago, cuando se aproxima el D�a del Joven Combatiente, Carabineros cuenta con un an�lisis criminal y todo un plan de contingencia preventivo, porque sabe que en determinada poblaci�n algo va a pasar. �C�mo se explica que en el lugar no haya habido nada? Una modesta patrulla de Carabineros, que custodiaba un fundo a 800 metros, fue, seg�n entiendo, la que aprehendi� a una de las personas que todav�a est� en prisi�n. Digo "todav�a" porque otras han tenido que ser liberadas. Se�alo todo esto por existir hoy d�a una mayor conciencia de que podemos avanzar, lo cual, por supuesto, es valorable. Cabe consignar el proyecto de acuerdo conocido ayer en la C�mara de Diputados y la incorporaci�n por el Senado, en la iniciativa sobre televisi�n digital, de una menci�n expl�cita que tres semanas antes las Comisiones unidas hab�an rechazado en forma un�nime. Tambi�n quiero considerar la cuesti�n desde la perspectiva del propio Presidente Pi�era, quien ha hecho referencia a una triple dimensi�n del problema. Me parece que es una buena matriz de an�lisis. Cabe se�alar, en primer lugar, los aspectos econ�mico, social y productivo. El Ministro se�or Lav�n sabe lo que tiene que hacer y sigue adelantando, mas comprende que la soluci�n no va por ah�. No es cosa de cu�ntos tractores y sacos de fertilizantes se requieren, ni de si cabe entregar m�s ahora que antes. Lo anterior, ni siquiera con las �reas de Desarrollo Ind�gena. Porque todav�a estamos en los titulares. La Concertaci�n asimismo estableci� muchas de ellas. Saquemos ese punto, porque puede enredarnos. No es bueno para nada. Veamos el resultado en un tiempo m�s. No es solo una situaci�n de pobreza. Ese fue uno de los errores grandes que cometi� la Concertaci�n. Respecto de los derechos de aguas y la modificaci�n del C�digo respectivo, los Ministros se�ores Chadwick y Lav�n saben que el punto motiv� uno de los gritos m�s desgarradores de alcaldes y concejales en la reuni�n a la que asistimos. Con la Senadora se�ora Rinc�n fuimos testigos ayer, en la Comisi�n de Agricultura, de que el Gobierno present� un proyecto para "obras medianas", seg�n se denomina, que aumenta el subsidio estatal de 30 mil unidades de fomento -esc�chenme bien Sus Se�or�as- a 250 mil. Me dicen que es para agricultores medianos. O sea, ello fomenta una desigualdad brutal. Mejor que no lo sepan los mapuches. Tengamos presentes estos temas en perspectiva y atendamos a la se�al que se emite. Cuidemos entre todos las mesas de trabajo que estamos conformando. Repito que no se trata solo de un problema de pobreza y que los derechos de agua, por supuesto, son importantes. En seguida, el Presidente de la Rep�blica hizo referencia a la seguridad policial. Quiero ser muy claro sobre el particular, porque veo a varios representantes de instituciones. �Qu� es lo que quieren la Oposici�n, la Alianza, todos? Que se sancione a los responsables, que se los encuentre. El Intendente, presente en la Sala, sabe que en La Araucan�a hay un fuerte cuestionamiento al mando policial. Si en algo coincidieron los mapuches en la ma�ana y los agricultores en la tarde, en la reuni�n que sostuvimos, fue en la falta de confianza en las polic�as. Los hechos ocurren en zonas bien acotadas, donde todo el mundo sospecha qui�nes pueden ser los autores. �Cuidado! Porque los agricultores expusieron que no se trataba de mapuches. Mencionaron que andaban algunos se�ores cuya descripci�n claramente era distinta. Entonces, no prejuzguemos. No nos anticipemos. No estigmaticemos. No m�s CAM, ni m�s FARC, porque es algo que no hace bien. A veces, tambi�n se cuentan cuentos. Tambi�n pas� en los Gobiernos de la Concertaci�n. Cuando muri� Mat�as Catrileo, �qu� dijeron las polic�as, los Intendentes y el Gobierno? "Muri� en un tiroteo, en un enfrentamiento". �Y que se demostr� posteriormente? Que recibi� un disparo en la espalda. Creo que todos, en consecuencia, tenemos que ser supercuidadosos. �Y c�mo queremos que se investigue? Deseamos que se llegue al fondo, no con la mitad del Estado: el Fiscal Nacional, el fiscal regional, las polic�as, sino tambi�n con la Defensor�a Penal P�blica, a la que no he visto. No s� si alguien conoce al Defensor Nacional. No s� qu� ha expresado. No le he escuchado una sola palabra respecto del hecho. �O acaso est� de vacaciones, como la Agencia Nacional de Inteligencia? Esperamos que la Defensor�a se involucre. �Y, por favor, se�ores Senadores, entendamos el rol del Instituto de Derechos Humanos! �Si es preciso darles protecci�n a las v�ctimas! �Qu� duda cabe! Varias veces lo ha planteado el Senador se�or Espina. Pero ellas aspiran hoy d�a a que el Estado, en su rol persecutor, investigador, logre dar con los responsables. Y lo que necesitamos es que el Instituto cautele que no se le pase la mano. Porque el fiscal de la Regi�n formula declaraciones relativas a una "guerrilla rural". Por favor, no hagamos m�s referencia a las etnias. �Si lo �tnico es una cosa distinta! Ah� est� el proceso migratorio, que fue otro error del Estado por la forma -no por aquellos a quienes trajo- como se procedi� y por desconocerse tambi�n el contexto. Y harto m�s que lo hecho por el Estado se avanz� con la Corona espa�ola, como dicen los mapuches. Efectivamente, en el Parlamento de Quill�n, en 1641, esta les reconoci� 10 millones de hect�reas a los mapuches. Entonces, nosotros estamos por debajo de todos los est�ndares, no solamente de los est�ndares internacionales de hoy d�a, sino tambi�n de los de hace cuatro siglos. Por lo tanto, si el Senado se va a hacer cargo de este problema, que sea entre todos. Ojal� que las autoridades policiales tambi�n entiendan el discurso y no tengamos, como ocurri� un par de d�as atr�s, a un fiscal diciendo: "No, es que los mapuches, cuando van a juicio, reciben un trato preferente del Estado". �Ah, bueno! Entonces volvamos a la detenci�n por sospecha. O sea, queremos el camino f�cil. �No! Yo quiero encontrar el paradero de los delincuentes que mataron a este matrimonio, pero con todo el Estado de Chile funcionando, con todas las garant�as. �Eso es eficacia! Eso es lo que yo espero de un Estado que dice ser desarrollado y al que le gusta mirarse y compararse bajo est�ndares internacionales. No me voy a referir a la "Ley Hinzpeter". Creo que el planteamiento del Presidente fue bastante desafortunado. No tiene nada que ver con lo que ocurre en La Araucan�a. Respecto a los estados de excepci�n, no he visto nunca m�s al Presidente de la UDI hablar sobre el tema, en circunstancias de que antes ped�a la declaraci�n del estado de sitio. �Por favor! Eso ocurre cuando las autoridades se hallan sobrepasadas. Y yo no veo para nada sobrepasados a los Ministros Chadwick y Lav�n. Lo quiero decir. Los veo actuando, los veo avanzando, los veo con actitud de apertura. Por consiguiente, todos debemos cuidar las se�ales que entregamos. El punto es cu�l ser� la respuesta que vamos a dar. Este es el tema de fondo -y con esto termino, se�or Presidente-, el cual se halla vinculado a materias de reconocimiento, a materias de pueblo. El se�or ESCALONA (Presidente).- Se acab� todo el tiempo que usted indic�, se�or Senador. Le vamos a dar un minuto adicional. El se�or QUINTANA.- Gracias, se�or Presidente. El poeta mapuche Elicura Chihuailaf nos dec�a hace pocos d�as: "No le sigamos dando la espalda a nuestra historia diversa". Yo llamo a eso. Dejemos de leer solamente a Villalobos. Ya sabemos lo que les ense�� a muchas generaciones. Miremos a Marim�n, a Bengoa y a otros autores que los mismos Senadores de Derecha han citado el d�a de hoy. Esto no es nuevo. Cuando primero se movilizaron el Ad Mapu y el Consejo de Todas las Tierras, se dio origen a la CONADI. Luego se moviliz� fuertemente la CAM, y naci� el Programa Or�genes, el 2007. Despu�s vino la Alianza Territorial Mapuche, y se crearon los PDTI, que este Gobierno ha mantenido, y bien. �Cu�l va a ser la respuesta ahora? Yo pienso que la respuesta ahora -en esto tenemos consenso y por eso hay un proyecto presentado por cuatro se�ores Senadores de La Araucan�a- tiene que ver con los puntos en los cuales hemos alcanzado acuerdo: nada menos que en la Asamblea de Pueblos Ind�genas; en el Ministerio de Asuntos Ind�genas; en la Ley de Consulta, y en el reconocimiento constitucional inmediato. He dicho. El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Garc�a, en el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional. El se�or GARC�A.- Se�or Presidente, el atentado violentista que le cost� la vida al matrimonio Luchsinger-Mackay, en la comuna de Vilc�n, ha conmocionado a la opini�n p�blica del pa�s y ha desgarrado el alma de la Regi�n de La Araucan�a, acrecentando el clima de inseguridad y desprotecci�n en el que se sienten sus habitantes, principalmente agricultores, transportistas y dirigentes y comunidades ind�genas que se niegan a aceptar la violencia como m�todo para plantear sus demandas. Pero el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay no ha sido el �nico hecho extremo sucedido en nuestra Regi�n. Perm�tanme hacerles un resumen de los principales hechos de violencia ocurridos en nuestra Araucan�a, los que, a mi juicio, demuestran de manera inequ�voca que estamos en presencia de uno o m�s grupos violentistas que han cometido actos que re�nen todos los requisitos para ser calificados de terroristas, ya que uno de sus principales prop�sitos es generar miedo en la poblaci�n. En primer lugar, entre los a�os 2008 y 2012 se denunciaron ante Carabineros y fiscales de La Araucan�a cerca de 800 delitos con expresa connotaci�n ind�gena: 31 el 2008; 224 el 2009; 107 el 2010; 117 el 2011, y 287 el 2012, estad�sticas que solo consideran lo sucedido hasta el 30 de noviembre del a�o reci�n pasado. Por lo tanto, no se trata de hechos aislados. Aqu� hay violencia sistem�tica, atropello sistem�tico a los derechos humanos de los habitantes de La Araucan�a. En los pocos d�as que van corridos de 2013, ya tenemos el incendio y asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, en Vilc�n; un incendio de galp�n y maquinaria agr�cola en la comuna de Freire; el incendio de dos camiones forestales en Capit�n Pastene; el incendio de galpones en Padre Las Casas; el incendio de un colegio en Collipulli. Y entre los hechos m�s violentos del 2012 tenemos: -El asesinato del carabinero Hugo Albornoz, en la comuna de Ercilla. -El atentado incendiario a maquinaria forestal, con ataque a seis trabajadores de la jornada nocturna, en la comuna de Pur�n. -El atentado incendiario al colegio municipal de Chequenco, que dej� sin escuela a 130 ni�os, en su gran mayor�a mapuches. -El asalto y muerte del parcelero H�ctor Gallardo Aillap�n, candidato a concejal por el Partido Socialista, en la comuna de Ercilla. -El incendio de un cami�n, en el que, sin permitir que el chofer bajara, se procedi� a quemar su cabina. �Con el chofer dentro! Esto ocurri� el 4 de octubre pasado en Quechereguas, entre Collipulli y Ercilla. -El asalto a 3 funcionaros p�blicos de la Corporaci�n Nacional Forestal por parte de encapuchados. Ellos concurr�an a pagar los sueldos de 36 trabajadores de la comunidad Hua�aco Mellao en Ercilla, quienes participaban del programa especial de empleo de la CONAF. Les robaron el dinero para el pago de los salarios; fueron enca�onados en la cabeza, siendo obligados a tenderse en el suelo. -El incendio de la parroquia de la comunidad ind�gena Hua�aco Mellao. -El asesinato de don Osvaldo Zapata Guti�rrez, cuidador de una parcela en la comuna de Ca�ete. Su esposa fue herida y la vivienda que habitaban, incendiada. -El ataque incendiario al fundo Temuco en Padre Las Casas, de propiedad de inversores austr�acos. -El incendio y cruento ataque al matrimonio Seco-Fourcade, en Caj�n: sus perros, sus mascotas, fueron tirados vivos a las llamas. Se�or Presidente, estimados colegas, nada justifica la violencia. �Esto tiene que terminar! Las investigaciones deben ser eficaces y efectivas y permitir que se encuentre a los autores materiales e intelectuales de estos grav�simos hechos. Es vital devolver la plena vigencia del Estado de Derecho a nuestra Regi�n de La Araucan�a. Estos actos de violencia no representan -reitero: �no representan!- a la inmensa mayor�a de nuestro pueblo mapuche. Tengo por este el mayor afecto, lo conozco y s� de su esfuerzo y sacrificio para salir adelante con sus familias. Debemos avanzar en la soluci�n de sus problemas; crear mejores oportunidades de progreso y bienestar. Por eso es tan necesaria la paz, porque, sin ella, los pueblos se estancan, retroceden y terminan sumi�ndose en el odio y en mayor violencia. En esta sesi�n, destinada a analizar los tristes y dolorosos hechos de La Araucan�a, invoco a Dios, para que bendiga a nuestra Regi�n con la unidad y la justicia. He dicho. El se�or ESCALONA (Presidente).- Ofrezco la palabra a la Senadora se�ora Allende. La se�ora ALLENDE.- Disculpe, se�or Presidente, pero yo le envi� un texto en el que le indiqu� que usted ten�a prioridad para intervenir en nombre de nuestra bancada y que, si sobraban minutos, se los entregaba al Honorable se�or Quintana. El se�or ESCALONA (Presidente).- Gracias, se�ora Senadora. Entonces, tiene la palabra el Honorable se�or Hern�n Larra�n, en el tiempo de la UDI. Antes de que comience su intervenci�n, se�or Senador, solicito la autorizaci�n de la Sala para que el Honorable se�or Zald�var pase a reemplazarme en la testera. Acordado. --Pasa a dirigir la sesi�n el Senador se�or Zald�var, en calidad de Presidente accidental. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, creo que, m�s all� de las muy importantes consideraciones que se han manifestado en esta sesi�n, no podemos dejar de advertir que estamos frente a una sucesi�n de hechos de violencia que han alcanzado un nivel y una magnitud de tal brutalidad, que necesitamos, como Senado, pero sobre todo como pa�s, condenarlos en�rgicamente. Podemos hablar de los problemas que afectan a los pueblos originarios y al pueblo mapuche y a la violencia que se puede haber ejercido en su contra. Pero me parece que tenemos que diferenciar, para efectos del an�lisis, esta situaci�n. Lo primero que hay que afirmar es que, en un Estado de Derecho democr�tico, toda violencia es siempre repudiable; que no hay legitimidad para usarla, cualquiera que sea la justificaci�n que se tenga. Eso lo hicieron el Presidente del Senado, distintas autoridades, el Gobierno. Tenemos que reafirmar aquello. Adicionalmente, debemos pedirle al Gobierno, porque esta situaci�n es demasiado grave, que haga suya la obligaci�n que tiene de preservar el orden p�blico en todo el territorio nacional, y que los organismos policiales, persecutorios, como el Ministerio P�blico, la Defensor�a Penal P�blica y los tribunales, ejerzan su labor con mayor responsabilidad. No es posible advertir lo que aqu� ha pasado a vista y paciencia de todos los chilenos y a sabiendas de que este tipo de situaciones estaban sucediendo. Ha sido atroz constatar que, despu�s de estos hechos de violencia, siguieron ocurriendo otros, sin que nadie pudiera prevenirlos. Aqu� hay un fracaso de nuestra institucionalidad que no podemos dejar de mencionar. Tales hechos iluminan una realidad que de alguna manera es conocida, pero que define violencia, discriminaci�n, postergaci�n de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche. Ese es tambi�n un diagn�stico que, independiente de los casos de violencia acaecidos, debe hacerse. Y, para estos efectos, es importante separarlo, a fin de que no se contextualicen ni se relativicen las condenas que debemos plantear cuando haya que hacerlo, como en el caso de lo ocurrido en estos �ltimos d�as en La Araucan�a. Pero hay una realidad que es un dato del problema. Y no podemos sino asumir esta responsabilidad con mucha fuerza y convicci�n. Desde mi punto de vista, es evidente que este no es solo un problema econ�mico-social o de pobreza. Y me parece que ello debe ser entendido as�. No hay posibilidad de desarrollo agr�cola en tierras con las caracter�sticas que conocemos, con los medios tecnol�gicos y humanos de que se dispone, para llevar adelante un proceso econ�mico-productivo en La Araucan�a. Salvo en algunos sectores, eso no es factible. Ello obliga a tomar medidas profundas, de mayor desarrollo econ�mico y social. Pero, adicionalmente, aqu� estamos frente a un problema cultural, de integraci�n y de una identidad que se debe recuperar. Solo basta se�alar lo siguiente: si se pierde la lengua mapuche, se acaba la identidad del pueblo mapuche. Lo primero, en relaci�n con los pueblos originarios, es siempre preservar su lengua. Porque es el ADN de toda la cultura de un determinado pueblo. Por lo tanto, debe considerarse lo econ�mico y lo social; luego, lo cultural, como una manera de integraci�n y reconocimiento de un pueblo, junto con sus caracter�sticas; y tercero, debe haber un proceso institucional de mayor formalizaci�n que el que ha habido hasta la fecha. Ahora, no es efectivo que nuestro sector est� preocupado hoy de ese reconocimiento institucional. Quiero decirles que hace cuatro a�os la Comisi�n de Constituci�n del Senado, con la participaci�n un�nime de todos sus miembros, entre los cuales se encontraba el entonces Senador Chadwick -me toc� tambi�n participar en ella algunas veces-, aprob� un proyecto de reforma constitucional en tal sentido, que entre otras cuestiones dispone que la naci�n chilena es una, indivisible y multicultural; reconoce la existencia de los pueblos ind�genas, sus derechos a conservar su identidad y a integrarse en la forma que establece el orden jur�dico nacional; que precisa que se pueden organizar de acuerdo a sus usos y costumbres, en conformidad a la Constituci�n; que debe establecerse en la Carta Fundamental que hombres y mujeres son iguales ante la ley, cualquiera que sea su origen �tnico o racial, y que la ley protege la propiedad sobre las tierras y sus derechos de aprovechamiento de aguas conforme a lo establecido en la Constituci�n y las leyes. En lo esencial, est�n ah� los reconocimientos. Sin embargo -y este es el punto que quiz�s nos compete, como Senado y como Congreso-, �por qu� no hemos avanzado en esa iniciativa de reforma constitucional? Porque, como todos sabemos, para poder implementarla y sacarla adelante debemos cumplir con el Convenio N� 169, esto es, tenemos que consultar a los pueblos originarios, y en particular al pueblo mapuche. Hoy d�a, el procedimiento para que ello ocurra est� regulado por un decreto dictado en el tiempo del Gobierno de la Presidenta Bachelet, que es claramente insuficiente. Y se han hecho muchos esfuerzos para ampliarlo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Concluy� su tiempo, se�or Senador. Dispone de un minuto adicional para finalizar su intervenci�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, el Gobierno ha estado trabajando en la definici�n de un procedimiento para determinar c�mo se va a consultar a los pueblos originarios cada vez que se dicte una norma que los afecte en los t�rminos se�alados por el Convenio 169. Pero nosotros no estamos haciendo lo mismo con igual rapidez. Por eso, este proyecto dormir� el sue�o de los justos si acaso no resolvemos este asunto. El Congreso debe tener su propio procedimiento. La Comisi�n de Derechos Humanos le solicit� hace alg�n tiempo a la Mesa establecer una comisi�n bicameral a fin de determinar c�mo el Parlamento har�a la consulta cuando se tratara de mociones o definiciones propias de la materia. Pues bien, dicha comisi�n bicameral a�n no se constituye. El Senado acord� crearla; tambi�n hizo lo propio la C�mara de Diputados. Pero no estamos haciendo nuestra parte para que, cuando se trate de iniciativas o cuestiones que deben ser consultadas desde el Congreso a los pueblos originarios, se tenga un procedimiento efectivo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Termin� su minuto adicional, se�or Senador. Le daremos un �ltimo minuto. El se�or LARRA�N.- Exc�seme que me extienda, se�or Presidente, pero justamente me estoy refiriendo a lo que es nuestro compromiso. El proyecto de acuerdo, que ojal� logremos consensuar, puede recoger las consideraciones que se han se�alado y las que yo mismo he hecho presentes. Pero debemos agregar nuestro compromiso en cuanto a tener establecido un procedimiento para que, cuando al Congreso le corresponda hacer las consultas conforme a lo dispuesto por el Convenio N� 169, est� definido el camino y qui�n deber� llevarlo a cabo. Hoy eso no existe. Y mientras no dispongamos de dicho procedimiento, la reforma constitucional en estudio, por ejemplo, en lo que depende de nosotros, no podr� continuar. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador se�or Escalona. El se�or ESCALONA.- Se�or Presidente, he considerado mi deber reiterar ac�, en esta sesi�n del Senado, los criterios que expres� en los d�as posteriores al asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, en el sentido de que no existe justificaci�n, causa, raz�n o motivo que pueda excusar tan atroz y deleznable crimen. Desde el punto de vista de la causa de los derechos humanos, vale en esto el criterio universal. Toda persona, independientemente de sus creencias religiosas, de sus definiciones pol�ticas, de su origen social o �tnico, del volumen de su fortuna o de sus recursos materiales, es poseedora de una riqueza inalienable contra la cual ning�n Estado o individuo puede atentar: su vida y su dignidad. Si esa era la gran lecci�n que la sociedad chilena en su conjunto asumi� despu�s de los crueles sucesos que acontecieron en nuestro pa�s cuando se implement� el terrorismo de Estado como arma pol�tica, tales criterios, v�lidos en dictadura, son tambi�n inamovibles en democracia. Ese es, a mi juicio, el punto crucial. Si demandamos justicia en el caso de los nuestros, tambi�n debemos demandarla en el caso de los otros. Toda vida humana es inviolable. Considero que aquel es un concepto que desde las fuerzas de Izquierda debemos poner de manifiesto con especial intensidad, precisamente porque fueron estas fuerzas las que vieron desaparecer a sus militantes; las que vieron que sobre ellos se ejerci� la tortura; las que fueron estremecidas por el asesinato impune de muchos de los suyos, y ahora, en democracia, son las llamadas a establecer, en este punto, una l�nea divisoria que quede marcada a fuego. Nuestra conducta inamovible es el respeto a las normas del Estado de Derecho, el que se construye desde el respeto a la vida de las personas. Es un concepto, un criterio. Pero mayor dramatismo alcanza o cobra vida cuando un grupo de individuos, desde la oscuridad, asalta un hogar y asesina a sus ocupantes -en este caso, el matrimonio Luchsinger-Mackay- sin posibilidad de que ellos pudieran recibir socorro alguno y, adem�s, en la cruel circunstancia de que su vivienda resultara incendiada. Si no se establece en este punto un criterio definitivo, naturalmente que las bases del Estado de Derecho se socaban. En consecuencia, creo que a nosotros nos corresponde una responsabilidad mayor en la exigencia de justicia. Uno puede, naturalmente, compartir el criterio de que tenemos una deuda hist�rica con los pueblos originarios. El Estado de Chile organiz� diferentes momentos de reflexi�n. Los solemniz�, por ejemplo en la Comisi�n Verdad Hist�rica y Nuevo Trato que encabezara el ex Presidente Patricio Aylwin, con participaci�n de los m�s amplios sectores. Adopt� medidas que uno ahora, en el transcurso del tiempo, puede considerar insuficientes o precarias. Podemos concordar en que, desde el punto de vista de las pol�ticas p�blicas, mantenemos un marcado atraso. Pero esa es una vertiente, con un aspecto que ha de estar completamente separado del otro. Un �mbito es el de la pol�tica; otro, el de la justicia. Y no se pueden confundir. Las fuerzas democr�ticas, en ambos casos, deben ser sumamente claras. Demandar una acci�n m�s en�rgica del Estado con el objeto de atender la deuda hist�rica que mantiene con los pueblos originarios y en particular con el pueblo mapuche, pero tambi�n demandar el rigor que corresponde a la acci�n de los tribunales con el objeto de sancionar ese crimen atroz. Entiendo que dicha l�nea demarcatoria, aun cuando es conceptual, intangible, de todas maneras es insalvable. No pueden toparse. A mi juicio, la sociedad chilena y el pa�s, en una mirada de largo plazo, necesitan un ejercicio mucho mayor de di�logo y de conversaci�n entre nosotros. Sin embargo, entiendo que los criminales est�n excluidos de ese di�logo. Ac� se trata de que la sociedad chilena, en su conjunto, sea capaz de reaccionar, de asumir y de iniciar el proceso de pagar la deuda hist�rica con los pueblos originarios, sin que, en alg�n momento, se ponga en duda que en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay son los tribunales de justicia los que tienen que actuar. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Tiene la palabra el se�or Ministro del Interior. El se�or CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad P�blica).- Se�or Presidente, en mi calidad de Ministro del Interior y Seguridad P�blica, me corresponde el deber constitucional y legal de lograr que en el pa�s ninguna persona que haya sido objeto de actos de violencia, de crimen o de delito vea que su condici�n de v�ctima y su requerimiento ante la justicia quedan en la impunidad. Para ello, me asiste la responsabilidad de que las Polic�as -Carabineros e Investigaciones-, tanto en el �mbito preventivo como en el de la investigaci�n, siempre desarrollen un trabajo que permita que el Estado de Chile disponga de una eficaz colaboraci�n a trav�s de la labor del Ministerio P�blico, y posteriormente de los tribunales de justicia, para que las acciones criminales sean sancionadas con el rigor de la ley que el Ejecutivo y el Congreso han contribuido a establecer. Esa es mi responsabilidad. Hoy concurro a la citaci�n que me ha extendido el Senado para se�alar algo que, a juicio del Gobierno, es extraordinariamente grave, preocupante y que requiere el mayor esfuerzo de todas las instituciones del Estado y, desde luego, del Congreso Nacional. En la Regi�n de La Araucan�a, se vive una situaci�n de violencia continua que se arrastra desde hace un tiempo. Pero, en estos �ltimos meses, por desgracia, no solo han aumentado en n�mero los actos delictuales, sino que se ha incrementado dram�ticamente la gravedad de los il�citos. Para que el Senado se haga una idea, durante el a�o reci�n pasado hemos observado -es lo que me corresponde informar como Ministro del Interior- un fuerte aumento de las acciones de violencia y de los delitos en La Araucan�a. Y muy especialmente en la provincia de Malleco, donde dicho crecimiento se ha visto concentrado en el 2012. A consecuencia de esa violencia, ha habido cuatro v�ctimas directas en el �ltimo a�o. Adem�s, no podemos dejar de recordar a aquellos siete brigadistas de la CONAF que murieron atacando un incendio intencional en esa misma zona. �Once v�ctimas fatales en el �ltimo tiempo! Frente a ello, el Gobierno, con la responsabilidad que le compete, ha debido adoptar medidas extraordinarias, para los efectos de poder buscar todos los caminos que le permitan generar situaciones de mayor seguridad, en el �mbito de la prevenci�n, en esa zona. Ello para estar en condiciones de ser m�s eficaz, para el objetivo de colaborar en la acci�n investigativa, frente a los requerimientos y direcci�n que en tal materia posee el Ministerio P�blico. En virtud de lo anterior, hemos tenido que aumentar all�, en t�rminos importantes, la dotaci�n de Carabineros y de la Polic�a de Investigaciones. Por eso, hemos debido incrementar la infraestructura, los apoyos log�sticos y tecnol�gicos a Carabineros y a la Polic�a de Investigaciones en la zona. Por eso hemos tenido que adoptar medidas extraordinarias para fortalecer la coordinaci�n y efectuar una adecuada acci�n de inteligencia, que siempre puede ser mejor, pero no es f�cil. Tambi�n hemos dispuesto de todos los recursos que fuesen necesarios para contribuir, desde la perspectiva de la responsabilidad del Gobierno, a generar condiciones de mayor tranquilidad. Lamentablemente, hemos podido observar que lo que nos motiv� a ese fortalecimiento de las acciones policiales es que no solo se ha experimentado un aumento en el n�mero de actos delictivos, como manifest� anteriormente, sino tambi�n en su gravedad. Y ha habido un cambio en la forma de operaci�n de la acci�n delictual: de delitos que fundamentalmente se concentraban en tomas de terrenos, reivindicaciones de tierras, cortes de caminos, atentados hacia las empresas forestales, hemos pasado a un tipo de il�citos que ya han significado el asesinato de cuatro personas, lo que revela un modo de operaci�n diferente. En muchos casos, se trata de actos incendiarios sobre la casa u hogar de los habitantes de La Araucan�a. Y sin distinci�n, se�ores Senadores. Les han quemado las casas a personas pertenecientes al pueblo mapuche, haciendo que sus moradores se retiren de ellas para ver c�mo se proced�a a destruirlas. Les han incendiado las viviendas a peque�os parceleros, gente muy humilde, de trabajo, y han hecho retirar a sus moradores para que miraran c�mo ard�an. Igual acci�n han sufrido quienes viv�an en zonas cercanas a Temuco, con un modus operandi que quiero describir, para que todos quienes nos encontramos en el Senado tomemos debida conciencia acerca de lo que estamos enfrentando. En primer t�rmino, me refiero a lo que el 22 de diciembre pasado afect� a la familia Seco-Fourcade en la zona de Vilc�n. �Por qu�? No hubo raz�n alguna. Se trat� de un acto que tuvo una connotaci�n realmente dram�tica. Estaban ellos en su hogar, pasada la una de la madrugada. Fueron retirados por un grupo de ocho a diez personas, procedi�ndose inmediatamente a incendiar la casa. El matrimonio les ofreci� dinero, especies, lo que pudiesen necesitar; al final, rogaron para poder sacar a sus perros. Todo tuvo una respuesta negativa: al dinero, se les dijo que no: a un acto humanitario se les dijo que no. Pero la familia Seco-Fourcade, �gracias a Dios!, permaneci� con vida. Ellos nos han podido relatar, en un testimonio directo, lo que presenciaron: un grupo organizado, tipo comando, encapuchados y vestidos para ocultar su identidad, con jerarqu�a en su organizaci�n, con �rdenes precisas, con un plan y una acci�n dise�ados para provocar el incendio, y con reivindicaciones de car�cter pol�tico, ideol�gico e hist�rico. Cada cual puede tener su versi�n sobre ellas. Y el testimonio de la familia Seco-Fourcade puede darnos una mejor comprensi�n de lo que est� sucediendo hoy d�a en La Araucan�a. El 4 de enero, a las dos de la madrugada, fue afectado el matrimonio de tercera edad Luchsinger-Mackay. �Por qu�? No se sabe. Se actu� de la misma forma: un grupo de ocho, diez o doce personas, con las mismas caracter�sticas y pr�cticas, organizaci�n y estrategia, ingres� para incendiar su casa. En esta ocasi�n, a diferencia de lo que ocurri� con el matrimonio Seco-Fourcade, el se�or Luchsinger opt� por defenderse. Se produjo un intercambio de balazos. Uno de los proyectiles -el que dispar� el se�or Luchsinger- hiri� a uno de los asaltantes. Se prendi� fuego al inmueble, el comando huy� y el matrimonio Luchsinger-Mackay muri� calcinado en el segundo piso de su hogar. Ya no fueron perros los muertos, sino personas. �Qu� ha hecho el Gobierno ante esta situaci�n? Estamos en presencia de un hecho que a juicio del Ejecutivo constituye un acto terrorista. Y lo queremos decir sin debilidad ni ambig�edad alguna: se trata de un acto terrorista. �Por qu� lo afirmamos? Por lo que dispone la Ley Antiterrorista, dos veces revisada y modificada �ntegramente por el Congreso Nacional, la �ltima de ellas bajo la actual Administraci�n del Presidente Pi�era. La Ley Antiterrorista nuestra, similar a muchas otras -especialmente de los pa�ses europeos y seg�n el modelo espa�ol-, establece dos elementos centrales para definir si estamos en presencia de un acto terrorista. En primer lugar, la naturaleza de la acci�n empleada. Expresamente la legislaci�n chilena se�ala que, dentro de los hechos que por su naturaleza pudiesen ser terroristas, se encuentra el delito de incendio. As� lo aprob� la inmensa mayor�a de esta Corporaci�n y del Congreso en general. Yo era Senador en ese tiempo. Y en la �ltima revisi�n que se hizo por el Parlamento hace dos a�os, se agreg� un dolo espec�fico, el que hemos llamado "dolo terrorista", elimin�ndose todo tipo de presunciones. Consiste en que la acci�n delictual tenga como motivo o prop�sito, causar temor en la poblaci�n o que una parte de ella sea v�ctima de un mismo delito, con el fin de presionar o exigir a la autoridad determinadas conductas. Se�or Presidente, yo estuve en la casa quemada de la familia Seco-Fourcade. Y tambi�n, junto al Presidente de la Rep�blica, en el hogar incendiado del matrimonio Luchsinger-Mackay. Lo que hay en La Araucan�a es temor; es miedo a ser v�ctima de un delito en cualquier momento -esta noche o la siguiente-, porque no se sabe a qui�n afectar�, d�nde ni cu�ndo. Eso es lo que transmite la inmensa mayor�a de las comunidades mapuches y la inmensa mayor�a de los habitantes de la Regi�n de La Araucan�a. Ante ello, el Fiscal Regional -lo se�al� ayer en la C�mara de Diputados- pregunt� en la audiencia de formalizaci�n del viernes pasado al juez de garant�a: "Si esto no es un acto terrorista, expl�queme alguien en qu� consiste el terrorismo". Y yo consulto hoy d�a al Senado: "Si esto no es un acto terrorista, de acuerdo a la ley que nosotros democr�ticamente aprobamos aqu�, en el Congreso Nacional, �qu� es un acto terrorista!". Adem�s, agrego el antecedente de que la persona imputada por la presunta autor�a o responsabilidad en los hechos descritos fue formalizada por dos delitos: por incendio terrorista en el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay y por incendio terrorista en el caso de la familia Seco Fourcade. Se�ores Senadores, podemos presumir, por tanto, que se trat� de la misma persona en ambos hechos, de acuerdo a las formalizaciones realizadas. Y, de los antecedentes de que disponemos, se observa la misma forma de actuar. Ese es el problema, se�or Presidente. Por eso, le pido a este Senado hoy d�a dos colaboraciones, que ser�an extraordinariamente importantes: una, ya la escuch� fuerte en la C�mara de Diputados,... El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Concluy� su tiempo, se�or Ministro. Le dar� unos minutos para que finalice su intervenci�n. Aprovecho de advertir al Senado que estamos citados hasta las 14. Como falta poco para esa hora, habr�a que prorrogar la sesi�n, si hubiera acuerdo. Adem�s, se ha presentado un proyecto de acuerdo, del que luego la Secretar�a nos dar� cuenta. Pido al se�or Ministro que termine su exposici�n. Despu�s, a lo mejor, alg�n otro invitado tambi�n quiere hacer un planteamiento. El se�or CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad P�blica).- Se�or Presidente, finalizar� lo m�s r�pido posible. Estaba se�alando que se necesitan dos colaboraciones. �Hoy d�a es indispensable rechazar categ�ricamente todos los actos de violencia! �Todos! As� lo escuch� ayer en la C�mara y as� lo han manifestado en esta sesi�n la totalidad de los Senadores que han hecho uso de la palabra. Como Gobierno, nos parece fundamental que exista en esta materia un rechazo completo, categ�rico, sin condiciones, sin debilidades. �Porque tenemos que aislar a ese grupo de violencia extrema y separarlo radical y absolutamente de lo que constituye el pueblo mapuche y de lo que son sus leg�timos derechos y aspiraciones! En segundo lugar -y con esto termino-, solicito la ayuda del Senado, la misma que ya est�n prestando los cuatro Senadores de La Araucan�a. Porque sabemos perfectamente que la situaci�n en la zona no es solo un tema de seguridad p�blica. �No! Las medidas en ese sentido son indispensables, necesarias y urgentes hoy d�a. S�, pero no suficientes. Necesitamos establecer una mesa de trabajo -el Gobierno junto a todos los parlamentarios de la Regi�n estamos trabajando en una iniciativa que surgi� de los cuatro Senadores de La Araucan�a, aqu� presentes-, que sea capaz de escuchar, de dialogar y de buscar acuerdos en los distintos temas, y con humildad. No pretendemos realizar ning�n trabajo hist�rico. No vamos a solucionar en este Gobierno ni en los que vendr�n los problemas hist�ricos de La Araucan�a. Pero podemos empezar por dar un peque�o paso para avanzar en algunos asuntos pendientes, que son leg�timos y constituyen derechos del pueblo mapuche. Con ello, estar�amos dando una se�al muy clara de algo que nos parece indispensable hoy d�a: con la misma fuerza con que condenamos la violencia -�y la rechazamos categ�ricamente!-, reafirmamos nuestra profunda fe en que las herramientas de la democracia son las que construyen la paz y en que nuestras instituciones -�no un peque�o grupo terrorista!- son las que deben dar respuesta a las demandas, derechos y leg�timas aspiraciones del pueblo mapuche, y a la paz, tranquilidad y desarrollo que cada habitante de La Araucan�a nos est� exigiendo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Quiero preguntar si alguno de los otros invitados desea intervenir. El se�or CHAHU�N (Fiscal Nacional).- Yo s�, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Son tres los invitados que desean hacer uso de la palabra. En ese caso, propongo prorrogar la sesi�n en quince minutos, de tal manera de dar cinco minutos a cada uno de los tres intervinientes. �Le parece a la Sala? --As� se acuerda. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable se�or Tuma. El se�or TUMA.- Se�or Presidente, sugiero dar lectura al proyecto de acuerdo, abrir la votaci�n y escuchar a nuestros invitados. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- No hay problema. Tal vez ello signifique tomarnos algunos minutos m�s. Entonces, se dar� lectura al proyecto de acuerdo y despu�s podr�n intervenir, en el orden solicitado, el se�or Fiscal Nacional, la se�ora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Codirectora del Observatorio Ciudadano. Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or LABB� (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa el siguiente proyecto de acuerdo, de los Senadores se�ora Von Baer y se�ores Espina, Garc�a, Quintana y Tuma, mediante el cual se condena toda forma de violencia en un Estado democr�tico; se comparten las conclusiones contenidas en el informe de la Comisi�n Verdad Hist�rica y Nuevo Trato con los Pueblos Ind�genas, y se propone al Ejecutivo la adopci�n de un conjunto de medidas legislativas y administrativas. En su parte resolutiva, el referido instrumento se�ala: "El Senado acuerda: "1. Expresar su condena a todo acto de violencia, sin importar el fin que la motive y reafirma su convicci�n de que la violencia, en un Estado democr�tico, no es un medio leg�timo para canalizar las demandas de ning�n sector de la sociedad. "2. Estimamos que a partir de las conclusiones contenidas en el informe de la Comisi�n Verdad Hist�rica y Nuevo Trato, podemos construir una respuesta para el da�o causado por el Estado de Chile a los Pueblos Originarios en el proceso de integraci�n de los territorios habitados ancestralmente por los primeros habitantes del pa�s y que implicaron las vulneraciones de sus derechos fundamentales. Verdad que es preciso difundir en toda la sociedad e incorporar en los programas de estudios para construir una sociedad respetuosa de la diversidad �tnica y cultural. De igual modo se requiere reparar el da�o causado a mapuche y no mapuche que han sido v�ctimas de la ausencia de acci�n del Estado frente a la violencia. "3. Manifestar su compromiso de impulsar un di�logo pol�tico con representantes de todos los actores de la vida regional, muy particularmente con el Pueblo Mapuche, interpretando las aspiraciones de paz y progreso; el pleno respeto a los derechos fundamentales de todos los habitantes de La Araucan�a y el reconocimiento a nuestra diversidad �tnica y cultural. "4. Solicitar al Gobierno el env�o de iniciativas legales que permitan implementar el convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado de Chile y que garantiza la participaci�n de los pueblos originarios en materias que les puedan afectar y la creaci�n de un Consejo Nacional Ind�gena que haga efectiva su participaci�n, de manera permanente, en la definici�n de las pol�ticas p�blicas que les competen. "5. Expresar su respaldo a las iniciativas de reforma institucional que permitan construir una nueva relaci�n entre el Estado de Chile y los Pueblos Originarios. "6. Proponer al Gobierno la implementaci�n de un plan de reparaci�n para la regi�n de La Araucan�a, que promueva el desarrollo de todos sus habitantes sin ninguna exclusi�n, permitiendo el acceso de nuestros pueblos originarios a las mismas oportunidades de progreso material y espiritual y que contemple la creaci�n de un Fondo de Reparaci�n para la Regi�n de la Araucan�a. "7. Hacer un sentido llamado a todos quienes tienen responsabilidades en la investigaci�n de los hechos de violencia que hemos se�alado, en el sentido de encontrar a sus autores materiales e intelectuales para ponerlos a disposici�n de los Tribunales de Justicia, haci�ndose eco del esp�ritu de paz y armon�a que impera en la inmensa mayor�a de nuestros conciudadanos y devolviendo el vital clima de protecci�n y seguridad que el Estado est� obligado a garantizar, a todos y cada uno de sus habitantes". El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador se�or Hern�n Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, no quiero modificar el proyecto de acuerdo, pero no cabe "Solicitar al Gobierno el env�o de iniciativas legales que permitan implementar el convenio 169 de la OIT", si olvidamos que nosotros tambi�n tenemos responsabilidad en esta materia. Me parece mal. �Qu� quiere que le diga! Tambi�n debemos acordar que el Congreso Nacional implemente la Comisi�n Bicameral para hacer posible la vigencia del Convenio N� 169 en aquella parte que a los parlamentarios nos compete. No podemos pedirles a otros lo que no estamos haciendo por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, junto con valorar y aplaudir el proyecto de acuerdo, solicito que se agregue el compromiso del Senado -porque se trata de un acuerdo de esta Corporaci�n- de impulsar la Comisi�n Bicameral que haga factible el cumplimiento del Convenio N� 169 de la OIT en la parte que a nosotros nos corresponde. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- �Habr�a acuerdo para dejar en manos de la Secretar�a y de la Mesa la redacci�n complementaria que propone el Senador se�or Hern�n Larra�n? El se�or LAGOS.- S�. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Acordado. Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz-Esquide. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, considero absolutamente indispensable que aprobemos lo se�alado por el Senador Larra�n. Pero durante el debate se han realizado distintas precisiones acerca de las cosas que puede hacer tanto el Senado como el Ejecutivo. Yo prefiero que el proyecto de acuerdo quede tal como est� y que, en el punto pertinente -es el quinto o el sexto-, simplemente se incorporen las intervenciones de muchos de nosotros, en las que se proponen medidas bastante m�s amplias que lo planteado. De lo contrario, la participaci�n del Senado aparecer� tremendamente menguada. Si a los colegas no les gusta, no lo hacemos. Pero me parece buena idea. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Su Se�or�a, yo no puedo someter a consideraci�n de la Sala una propuesta que carezca de un contenido sobre el cual pronunciarnos. Las intervenciones de los se�ores Senadores constar�n en la Versi�n Oficial. Y nadie ha contradicho ninguna de ellas. Ah� estar�n disponibles. En consecuencia, pongo en votaci�n el proyecto de acuerdo, incluida la proposici�n precisa del Honorable se�or Hern�n Larra�n -la Mesa la redactar�- relativa a la obligaci�n del Senado de cumplir con su tarea. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Me abstengo, se�or Presidente. --Se aprueba el proyecto de acuerdo, con la abstenci�n del Senador se�or Ruiz-Esquide. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Fiscal Nacional, se�or Sabas Chahu�n, hasta por cinco minutos. El se�or CHAHU�N (Fiscal Nacional del Ministerio P�blico).- Se�or Presidente, agradezco la invitaci�n del Honorable Senado. Tra�a una breve presentaci�n, pero, dada la escasez de tiempo, no la voy a utilizar. La dejo a disposici�n de los se�ores Senadores. Quiero plantear dos o tres ideas. En primer lugar, la �nica persecuci�n penal realmente eficiente que impulsa la Fiscal�a es la que respeta las garant�as de todos los imputados y de todas las v�ctimas. Por tanto, cualquier violaci�n de derechos que exista en la persecuci�n penal, por m�s en�rgica que sea, debe ser denunciada a la Fiscal�a. Con relaci�n a ello, no se puede olvidar, Honorables Senadores, que en la Regi�n de La Araucan�a est�n actuando dos justicias paralelas. Por ejemplo, la muerte de Mat�as Catrileo fue investigada por la Justicia Militar, no por la Fiscal�a del Ministerio P�blico. Es importante se�alar que nosotros tenemos la obligaci�n constitucional -se halla recogida en nuestra ley org�nica- de velar por la correcta aplicaci�n de la ley; vale decir, de investigar con igual celo tanto lo que configura la responsabilidad penal como aquello que la extingue o morigera. Y eso lo hacemos valer ante los tribunales de justicia. Desde el punto de vista de la Fiscal�a, no hay persecuci�n -lo he reiterado majaderamente-, �en ning�n caso!, contra el pueblo mapuche, contra la etnia mapuche. Lo que se persigue son delitos, y da lo mismo qui�n los cometa. En el contexto del llamado "tema mapuche", se han iniciado, desde el a�o 2008 al 2013, 843 investigaciones. Y coincido con lo planteado por el Ministro del Interior: en el �ltimo a�o ha habido un aumento de estas, llegando a 336. Sin embargo, entre 2000 y 2013, solo en 14 oportunidades se ha invocado la ley N� 18.314. La Fiscal�a procedi� de ese modo en la convicci�n de que los hechos, antes del desarrollo de la investigaci�n cabal, cuadraban dentro de esa figura penal. Dejo constancia -reitero- de que nosotros buscamos aplicar la ley. Considerando esto, es menester recordar que dos a�os atr�s la Fiscal�a fue exhortada por diversos sectores del quehacer nacional a recalificar acciones que estar�an encuadradas dentro de la Ley Antiterrorista. Pero se�alamos que no pod�amos hacerlo a menos que, desarrollado el juicio oral, los hechos ameritaran tal recalificaci�n. Ello, no porque a la Fiscal�a le guste o le disguste la Ley Antiterrorista, sino porque est� obligada, como ya expres�, a aplicar la ley. Con respecto a los juicios, ha habido diversas suspensiones de audiencias en La Araucan�a, por una interpretaci�n, que no compartimos, del art�culo 10 del C�digo Procesal Penal, lo cual ha derivado en que actualmente tengamos dos juicios, bastante emblem�ticos, suspendidos hace m�s de dos a�os. Eso no es responsabilidad de la Fiscal�a del Ministerio P�blico. En cuanto a la invocaci�n de la ley N� 18.314, lo que mejora el est�ndar es, por sobre todo, la protecci�n de las v�ctimas y los testigos, pero ello provoca actualmente un problema bastante grave. Ante la conminaci�n de los magistrados, en algunos casos, a revelar los nombres de los testigos -por ejemplo, en la Octava Regi�n-, la Fiscal�a se ha negado, lo cual ha derivado en sobreseimiento definitivo de las causas. Porque si se se�alara qui�nes son los testigos, nadie m�s colaborar�a. Se ha buscado paliar el problema mediante la invocaci�n de la normativa mencionada, por cuanto se requiere una protecci�n de testigos m�s intensa. Las t�cnicas de investigaci�n contempladas en la Ley Antiterrorista no son destacables; solo permiten ciertas franquicias procesales. En la legislaci�n chilena existen m�s facultades para investigar el delito de tr�fico de drogas que los actos terroristas. Con respecto a las dificultades -abordar� este punto muy someramente- y a la labor de inteligencia, nosotros hemos exhortado a que los polic�as que trabajan en La Araucan�a tengan una permanencia un tanto superior. La persecuci�n no es contra el pueblo mapuche, pero muchas veces se vincula con sus comunidades. Y un funcionario policial que es rotado cada uno o dos a�os no genera los v�nculos necesarios para desarrollar una adecuada labor de inteligencia. En la Fiscal�a tenemos una crisis de dotaci�n. No obstante, hemos destinado 5 fiscales en un equipo denominado "Malleco" (compuesto por las Fiscal�as de Collipulli, Victoria, Traigu�n, Angol y Pur�n), el Fiscal Regional y 5 fiscales en Temuco. Y hemos gastado 150 millones de pesos en la atenci�n de 205 v�ctimas y en la adquisici�n de 34 chalecos antibalas, debido a que algunos fiscales est�n con pesadillas, pues est�n amenazados. De hecho, se dispar� contra la comitiva de un fiscal. Los autores fueron condenados. Ese un problema real, que ha dificultado la persecuci�n criminal. Tal es la sensaci�n que muchas veces ha manifestado el Fiscal Regional. No hay guerrilla rural en La Araucan�a. Lo dije yo expresamente... El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Concluy� su tiempo, se�or Fiscal. Le dar� un minuto adicional para que termine su intervenci�n. El se�or CHAHU�N (Fiscal Nacional del Ministerio P�blico).- Gracias, se�or Presidente. En lo relativo a las particularidades del conflicto, hay dificultades topogr�ficas y de distancia; problemas de dotaci�n policial; deficiencia en la labor de inteligencia que se realiza; insuficiente dotaci�n de fiscales; situaci�n de tensi�n en la zona; casos no investigados por la Fiscal�a, sino por la Justicia Militar, todo lo cual afecta a dos Regiones: a la Octava y la Novena, y con un foco peque�o que ha surgido en la Decimocuarta Regi�n. Con respecto a la labor de la Fiscal�a, dejo a disposici�n de Sus Se�or�as la presentaci�n que traje para esta ocasi�n. De todos modos, quedo a disposici�n del Honorable Senado para cualquier consulta o invitaci�n que estime conveniente. Gracias. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Se distribuir�, entonces, a los se�ores Senadores la relaci�n del se�or Fiscal Nacional. Tiene la palabra la se�ora Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La se�ora FRIES (Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos).- Se�or Presidente, se�oras y se�ores Senadores, gracias por esta invitaci�n. Mis primeras palabras, en mi calidad de Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y como lo hemos hecho en cada oportunidad, son para condenar el crimen atroz que se cometi� contra el matrimonio Luchsinger-Mackay, y todas las muertes que han ocurrido en el marco del llamado "conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche", y que involucran -como sostuvo la Senadora Von Baer- no solo a Mat�as Catrileo, a Jaime Mendoza Coll�o, a �lex Lemun y al sargento Hugo Albornoz, entre otros. Como Instituto hemos planteado tambi�n que constituye una obligaci�n del Estado identificar, juzgar y sancionar de manera efectiva a quienes cometen esos actos, de acuerdo, por supuesto, a las normas de derechos humanos. En materia de derechos humanos, hay que decir que no es aceptable ni se justifica la violencia para resolver los conflictos, e incluso, las reivindicaciones, por muy leg�timas que estas sean. Y las del pueblo mapuche son reivindicaciones leg�timas. En todo caso, las sociedades que combaten la violencia con m�s violencia sufren procesos de degradaci�n de los cuales despu�s les es muy dif�cil recuperarse. Por otra parte, nos alegramos de que el Senado, en general, en las instancias que hemos conocido a trav�s de los medios de prensa, tenga hoy d�a una reflexi�n mucho m�s pausada y templada que al inicio, la cual se ha impuesto por sobre las que, a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solo contribuyen a exacerbar y a polarizar las posiciones y, con ello, a experimentar el riesgo de una espiral de violencia a�n m�s fuerte. Para nosotros, como Instituto, las decisiones que se tomen en este contexto van a marcar las relaciones con nuestros pueblos ind�genas y, probablemente, tambi�n con el mapuche por las pr�ximas d�cadas. Por lo tanto, llamamos a que se haga un esfuerzo mancomunado en todos los Poderes del Estado y con el m�ximo rigor, entendiendo que el mejor enfoque que se puede tener de este problema es desde la perspectiva de los derechos humanos. Recordemos que, durante m�s de 130 a�os, el tratamiento que le hemos dado como Estado y como sociedad al pueblo mapuche ha transitado desde el despojo y la usurpaci�n hasta la discriminaci�n que se ha asentado como parte de la vida de las comunidades mapuches. Y no han pasado tantas generaciones desde la pacificaci�n en La Araucan�a. Con ello quiero decir que la desconfianza y la rabia son elementos que todav�a est�n presentes, lo cual hemos podido constatar en cada uno de nuestros viajes a la zona y en las conversaciones sostenidas con las comunidades afectadas. Consideramos que la magnitud actual del problema debe ser capaz tambi�n de mostrarnos la ineficacia de tomar medidas polarizadoras y que se sit�en en los extremos de una salida pol�tica. Ese camino es ineficaz y tambi�n encierra enormes riesgos, entre los cuales se halla -me cabe se�alarlo porque dentro del rol que le compete al Instituto Nacional de Derechos Humanos est� el verificar que la normativa se adecue a los tratados internacionales a los que Chile se ha obligado- la Ley Antiterrorista. Hemos se�alado que juzgar a las personas con una legislaci�n que tiene vicios en cuanto a derechos humanos puede contribuir a exacerbar la violencia. Y eso es lo que no deseamos. Sin embargo, esto no quiere decir que no estemos a favor de contar con una ley sobre terrorismo, pero con plenas garant�as de los derechos humanos, en particular, las que tienen que ver con el debido proceso. M�s a�n, la violencia tambi�n se ha manifestado en otras situaciones. El Instituto Nacional de Derecho Humanos y la Defensor�a Penal P�blica interpusimos 6 recursos de amparo por violencia irracional de Carabineros en el ingreso a las comunidades. Y eso tambi�n forma parte del contexto en La Araucan�a. Despu�s de 6 presentaciones uno se pregunta: �Qu� tiene que pasar para que, en el leg�timo ingreso de Carabineros a las comunidades con motivo del cumplimiento de las �rdenes judiciales, lo hagan sin excederse? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Dispone de un minuto adicional para terminar su intervenci�n, se�ora Directora. La se�ora FRIES (Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos).- Gracias, se�or Presidente. Finalmente, como lo hemos dicho en todos nuestros informes anuales de derechos humanos, creemos que los temas centrales tienen que ver con el reconocimiento constitucional y con el car�cter plurinacional de nuestro pa�s. En ese sentido, �por favor! hay que recoger la recomendaci�n del Senador Hern�n Larra�n, en el sentido de que dicha reforma constitucional requiere de la consulta a los pueblos ind�genas. Por lo tanto, la carga de la prueba est� sobre el Congreso, lo mismo en t�rminos de la consulta y la participaci�n. Esperamos que en materia de restituci�n de tierras, territorios y recursos naturales podamos avanzar, conforme a lo que plantea el Convenio 169, hacia una visi�n mucho m�s moderna que, finalmente, encuadre no solamente derechos individuales, sino tambi�n derechos colectivos que significan territorios e identidad para dichos pueblos. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Tiene la palabra la se�ora Nancy Y��ez, Codirectora del Observatorio Ciudadano. La se�ora Y��EZ (Codirectora del Observatorio Ciudadano).- Se�or Presidente, se�oras y se�ores Senadores, muchas gracias por esta invitaci�n. El Observatorio Ciudadano, al igual que quienes me precedieron en el uso de la palabra, hace presente su absoluto repudio a los hechos de violencia que se han suscitado en La Araucan�a y, en particular, respecto de aquellos que cobraron la vida del matrimonio Luchsinger-Mackay. De igual forma, repudiamos la violencia que ha cobrado la vida de un n�mero importante de personas mapuches y no mapuches en la zona de La Araucan�a. En el marco de este acto de repudio, valoramos especialmente el llamado realizado por organizaciones mapuches a condenar esos hechos -incluida la Coordinadora Arauco-Malleco- y efectuar una invitaci�n al di�logo, que hoy d�a se ha materializado en la cumbre del cerro �ielol. Lamentamos, sin embargo, la falta de voluntad de di�logo que se puede apreciar desde el momento en que los grandes ausentes en el cerro �ielol son, precisamente, las autoridades del Estado, que concurrieron en la condici�n de veedores y no de interlocutores, en un proceso que podr�a abrir salidas pol�ticas al conflicto que hoy nos convoca. Asimismo, hay que dar cuenta de que, en esta misma sesi�n, el gran ausente es el pueblo mapuche. En consecuencia, este es un llamado de atenci�n a todos los �rganos del Estado, para que finalmente generen las condiciones tendientes a llevar a cabo un di�logo fruct�fero, asumiendo que el pueblo mapuche es el que ha hecho la convocatoria espec�fica a este respecto. Dado el poco tiempo de que dispongo, solo me referir� a algunos peque�os puntos. En primer lugar, deseo hacer presente que la discusi�n se da en torno a dos ejes: uno, la deuda hist�rica, y dos, la vigencia del Estado de Derecho. Respecto a la deuda hist�rica, cabe destacar, primero, que la relaci�n entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche comienza tal vez con un hecho auspicioso, cuando el Director General don Bernardo O�Higgins les otorga la Carta de Ciudadan�a a los mapuches, en el a�o 1813. Posteriormente, la Rep�blica de Chile suscribe el Parlamento de Tapihue, en 1825. Pero, a poco andar, en la Constituci�n de 1822, se les niega dicha Carta de Ciudadan�a, quedando esta circunscrita solo a quienes sepan leer y escribir y tengan derechos de propiedad. Eso va a marcar la relaci�n entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Y, a prop�sito de que estamos hablando sobre hechos de violencia, lo cierto es que, para contextualizar la verdadera deuda hist�rica del Estado de Chile con el pueblo mapuche, es necesario se�alar que la ocupaci�n del territorio se hizo mediante una acci�n militar. Cabe recordar que el general Cornelio Saavedra, en el a�o 1860, fue nombrado Intendente para la instalaci�n del Estado civil en el territorio. Sin embargo, en 1863, en este Congreso -por supuesto, no con los mismos Senadoras y Senadores- se solicit� la autorizaci�n para desarrollar un plan militar de ocupaci�n de aquel. De ello surgen dos consecuencias: una, la violaci�n de un tratado, seg�n los �rganos de las Naciones Unidas, en particular el relator se�or Miguel Mart�nez, y dos, en el marco de la doctrina nacional, el profesor �vila nos da cuenta de que tales documentos constituyen tratados entre naciones aut�nomas. Tal vez ah� podr�amos haber tenido un escenario institucional distinto. Aqu� se ha mencionado la relaci�n que existe con los pueblos ind�genas de Canad�, Nueva Zelandia y Australia. Y precisamente este tipo de parlamentos o de tratados constituyen la base jur�dico-institucional a trav�s de la cual se definen las relaciones con el Estado, en particular. El resultado de lo se�alado fue la reducci�n del pueblo mapuche, y esto finalmente signific� su postergaci�n a una condici�n de minifundio: qued� reducido al 5 por ciento del territorio hist�rico y se le transfirieron 6,5 hect�reas en promedio por familia, en circunstancias de que a los particulares se les otorgaron 500 hect�reas por familia. Dicha reducci�n, con el correr del tiempo, se ha traducido en una constante disminuci�n de las tierras y, por lo tanto, ha aumentado la condici�n de pobreza de las comunidades. Cabe rese�ar que en el a�o 1969 se daba cuenta, en el contexto de la reforma agraria, que la reducci�n mapuche era de 1,5 hect�reas. Y con posterioridad... El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Se le acab� el tiempo. Tiene un minuto para redondear y terminar su exposici�n. La se�ora Y��EZ (Codirectora del Observatorio Ciudadano).- Gracias, se�or Presidente. En el minuto que me queda debo decir finalmente que la reducci�n mapuche concluy� contempor�neamente, con un proceso que pr�cticamente ha significado la divisi�n de todas las comunidades, con lo que implica el socavar la integridad de su cultura, pero espec�ficamente con un promedio de hect�reas del orden de las 7 por familia. Esto, porque se aplic� la instituci�n del derecho de ausente, lo que se tradujo en que todos aquellos que se encontraban en los espacios urbanos quedaran sin tierra. Quiero concluir se�alando que hay una discusi�n en torno al Estado de Derecho, la cual no se circunscribe a la violencia, sino a dos ejes fundamentales: uno, la denegaci�n de derechos al pueblo mapuche, cuesti�n de la que es indispensable hacerse cargo, porque no se puede esperar que una democracia se sustente sobre la violaci�n de derechos fundamentales, y dos, la tensi�n entre violencia y derechos humanos, que est� dada por las debilidades institucionales de la Ley Antiterrorista, los tribunales militares... Tenemos por escrito una publicaci�n del Observatorio Ciudadano que habla precisamente de la situaci�n, y la vamos a dejar a disposici�n del Senado. Muchas gracias. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente accidental).- Habi�ndose cumplido su objetivo, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 14:30. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n