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El señor SABAG.-
Señor Presidente , esta iniciativa, que apunta a dificultar el acceso a beneficios intrapenitenciarios y pospenitenciarios a los condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad y a aumentar las penas, forma parte de la respuesta que el Ejecutivo ha querido dar a la creciente preocupación ciudadana por el aumento de las denuncias sobre la comisión de tales ilícitos, especialmente en los establecimientos educacionales.
Se suma así a las medidas para perfeccionar el sistema punitivo y al monitoreo a los condenados por delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Se incluye la pena de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de profesiones o cargos que signifiquen una relación directa y habitual con menores, e incluso, la propuesta de reemplazar el Servicio Nacional de Menores por dos nuevos entes: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Adolescente.
En lo esencial, el proyecto agrega nuevas figuras a la restricción establecida para optar a la libertad condicional en caso de delitos graves (cumplimiento de dos tercios de la pena); extiende el período de control para optar a la eliminación de los antecedentes penales de los condenados por delitos de índole sexual, y aumenta la penalidad para la distribución y exhibición de material pornográfico infantil.
En términos generales, la iniciativa parece estar en la línea correcta desde el punto de vista de la necesidad de dar mayor seguridad a los menores de edad y, al mismo tiempo, de responder a las exigencias ciudadanas con relación a un trato más riguroso a los responsables de los delitos sexuales perpetrados contra niños.
Es también una respuesta a la experiencia penal de los últimos años.
Pero sigue pendiente la comprobación de si aumentar la dureza para castigar este tipo de delitos sirve realmente como elemento disuasivo.
Naturalmente, voto que sí.
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