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El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , consulté al colega Patricio Walker respecto a la modificación.
Parece adecuado que la limpieza de los antecedentes tratándose de ilícitos del todo reprobables -delitos sexuales contra menores de edad- pueda hacerse después, no de cinco años, sino de más de diez y que eso sea un elemento desincentivador conducente a evitar que personas con desviaciones u otros problemas se acerquen a los niños.
Pero me surge una duda, señor Presidente .
Hemos tenido una política permanente en el sentido de aumentar las penas y establecer mayores restricciones, pero los delitos siguen creciendo. Entonces, no parece ser solución el endurecimiento de la legislación.
Hemos debatido sobre el particular a propósito de múltiples proyectos de ley. En el caso del vinculado con el robo a cajeros automáticos, algunos Senadores decían que esos aparatos constituían un servicio público y, por tanto, el Estado debía brindar más seguridad. Nosotros replicábamos que la seguridad debían ponerla los privados, los bancos.
En el caso específico que nos ocupa esta tarde, la norma es asertiva. Pero yo pregunto cuántos recursos se están destinando a la prevención. Porque si la finalidad es proteger a los niños, la acción tiene que ser ex ante, no ex post, no después del atentado, la violación o el abuso, para evitar su ocurrencia.
Pienso, pues, que para esa acción preventiva deben destinarse dineros fiscales.
Si no existe una política activa, siempre vamos a estar sancionando, prohibiendo, regulando.
La clave -reitero- es la prevención.
Por su intermedio, señor Presidente , deseo preguntarle al Senador Patricio Walker si la Ministra anunció efectivamente un aumento de recursos para prevención, para educación.
Eso debería ser parte de una campaña de bien público, señor Presidente .
Ya que estamos discutiendo el proyecto de ley sobre televisión digital terrestre, tal vez sería del caso establecer que en la licitación de las concesiones televisivas debe imponerse la exigencia de difundir campañas preventivas y educativas sobre la materia, las que podrían ser gratuitas. Pero el Estado podría pagar las realizadas en colegios, en centros educacionales, en fin, y destinadas a los padres y apoderados para que contribuyan a prevenir los ilícitos en comento -todos los rechazamos-, que generalmente son perpetrados por familiares, circunstancia que dificulta sobremanera su detección.
Yo voy a aprobar la idea de legislar. Sin embargo, insisto en que ha de haber una política pública protectiva ex ante y no ex post; porque, consumado el delito, cuesta mucho recuperarse de una agresión como la explicitada, que es traumatizante: el proceso de asistencia y acompañamiento psicológico es largo y extremadamente oneroso.
Todo indica que, en vez de gastar plata en acompañamiento psicológico, por ejemplo, es preferible invertirla en prevención. Y ello pasa por una política pública.
No está presente la Ministra de Justicia para debatir sobre esta materia. Pero ya vendrá la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, en que este asunto tendrá que ser central.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
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