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La comisión de un delito de agresión sexual, especialmente en contra de menores de edad, es uno de los ilícitos más graves que pueden afectar la vida de una persona, especialmente por las consecuencias psicológicas que quedan en la víctima, que ha experimentado esta grave vulneración a sus derechos.
En este último tiempo, hemos podido observar una seguidilla de denuncias de delitos de agresión sexual cometidos en contra de niños, lo que ha significado que al primer semestre del 2012 aumentaran las denuncias en un 22% respecto del mismo período del año anterior. Y por su parte, según los informes del Ministerio Público, durante el año 2011 se realizaron un total de 17.760 denuncias por este tipo de delitos.
Es importante resaltar que este elevado número de denuncias, no se ha entendido como una psicosis colectiva, sino que se han comenzado a denunciar casos que hasta ese entonces se encontraban “invisibilizados”, gracias a que son los mismos padres, cuidadores o personas cercanas a los niños, quienes han vuelto a mirar las posibles señales indiciarias de una agresión sexual y han podido percibir de esa forma, la terrible realidad que han estado experimentando sus hijos.
Los especialistas señalan, que un niño que relata haber vivido una experiencia de vulneración de connotación sexual, no debe ser cuestionado y que además, debemos evitar a toda costa su victimización secundaria. En este sentido, nuestro sistema de investigación y entrevista para estos delitos, ha comenzado a ser cuestionado y se han ido generando interesantes debates que buscan encontrar un sistema que permita, por una parte, proteger y garantizar la integridad psíquica de ese menor de edad que entrega su testimonio y, por otra parte, que este testimonio logre tener las condiciones suficientes para ser considerada como prueba susceptible de producir efectos en nuestro sistema procesal penal.
Es necesario reconocer, que nos van quedando temas pendientes para garantizar la debida protección del bienestar de estos niños y adolescentes, por lo que no podemos detenernos. No obstante, sin duda alguna, hemos logrado avances en este ámbito, por lo que debemos velar para que no existan entorpecimientos ni menos retrocesos en lo que ya hemos realizado.
Lamentablemente en este sentido, hemos conocido casos de personas que interfieren perjudicialmente en este sistema, realizando denuncias falsas respecto de estos delitos, las que, sin perjuicio de ser muy bajas en comparación a la cantidad de delitos que existen, no podemos aceptar que ocurran.
Si bien, nuestra ley penal tipifica el delito de calumnia en su artículo 412 y siguientes del Código Penal, sancionando a aquella persona que con su actuar denigra la honra de una persona, tenemos la impresión que cuando se le imputa falsamente a alguien un delito de connotación sexual en contra menores de edad, el delito tiene un efecto no sólo más grave en contra de la honra de esa persona que ha sido víctima de la calumnia, sino que además, se atenta fuertemente contra la fe pública, es decir, es también nuestra sociedad la que se ve tremendamente desfavorecida.
Estimamos que, sin dejar de poner atención a la prevención y sancionamiento de los actos de violencia sexual en contra de nuestros menores de edad, debemos abordar también estas acciones perniciosas de ciertas personas que con su actuar perjudican la credibilidad de todo un sistema, en el que se encuentran víctimas gravemente vulneradas y cuyo relato es muchas veces la principal o única prueba con que se cuenta para llegar a sancionar estos delitos. Por lo que como sociedad debemos velar para que no perdamos la creencia con que atendemos estos hechos.
Es por ello se propone crear un artículo 415 bis del Código Penal, que aumente en un grado la pena de los delitos comprendidos en el los párrafos 5, 6, 7 del título VII del Libro II del Código Penal y su artículo 374 bis.
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Créese el siguiente nuevo artículo 415 bis del Código Penal:
“415 bis. Las penas establecidas en este párrafo, se aumentarán en un grado cuando la calumnia recayere en alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5, 6 y 7 del Título VII del Libro II y artículo 374 bis de este Código”.
(Fdo.): Patricio Walker Prieto, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.
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