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- rdf:value = " El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, voy a partir por la consulta del colega Montes.
No cabe duda de que la definición propuesta incluye todo lo relacionado con los efectos laborales y previsionales. Y en los laborales, sin duda, está lo de las gratificaciones.
Eso se halla fuera de discusión. Por ende, no es la inquietud existente.
Hay otro punto, que quizá deberá complementarse en la reforma tributaria: los efectos tributarios de las definiciones surgidas en esta materia. Pero eso es harina de otro costal; no es la discusión de este momento.
Quiero ir al tema sustantivo, señora Presidenta , en el que tenemos una diferencia significativa con la propuesta del Senador Allamand.
Mientras algunos quieren una definición más restrictiva, otros deseamos una más amplia y jurisprudencial. Mientras a algunos les gustaría una noción de dirección laboral común a la que copulativamente se agregaran hartas definiciones para hacer más difícil la identificación del empleador único, otros queremos -lo dice el texto sugerido y (lo manifiesto enfáticamente) ¡así es el acuerdo!- que se trabaje a base de la dirección laboral común.
Esa es la esencia de lo que concordaron la CPC y la CUT. Y ello se hace cargo de lo que significa el diálogo social, con todo lo que envuelve. Quizás no satisfaga plenamente. Empero, uno concurre a él porque valora ese fenómeno.
Detrás de la propuesta del Senador Allamand está la idea de fijar criterios para que los tribunales -esa es nuestra interpretación, o al menos la mía- estén más amarrados de manos -y no más libres de manos- en su labor de identificar al empleador común.
Por ende, tal como lo dijimos en la Comisión, tenemos una diferencia sustantiva en la materia.
Esta no es una cuestión formal, señora Presidenta.
Algunos quieren una definición más restrictiva y procuran que ella quede en la historia de la ley.
En tanto, quienes conformamos la mayoría del Senado dejamos constancia de que nuestro propósito es darles a los tribunales laborales mayor amplitud para definir quién es el empleador. Ello, porque buscamos poner fin a las prácticas abusivas y no deseamos dificultar la identificación de quienes las realizan; no queremos facilitar el subterfugio que se utiliza hoy. Al contrario, como sociedad, hemos dicho: "Basta a los abusos que cometen ciertas personas y facilitemos el trabajo de los tribunales". Porque las empresas van a llevar estas cuestiones a los tribunales, necesariamente, hasta que se den por vencidas: demorarán unos tres años en aceptar que la sociedad ya cambió.
Por lo expuesto, rechazaré lo sustantivo de la propuesta del Senador Allamand y pido, señora Presidenta, que quede en la historia de la ley la interpretación que acabo de explicitar.
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