REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 362� Sesi�n 85�, en mi�rcoles 14 de enero de 2015 Ordinaria (De 16:21 a 18:40) PRESIDENCIA DE SE�ORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA, Y SE�OR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE SECRETARIO, EL SE�OR MARIO LABB� ARANEDA, TITULAR ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I.ASISTENCIA......................................................................................................... II.APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III.TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�. IV.CUENTA............................................................................................................... V. F�CIL DESPACHO: Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, con el que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la Rep�blica de Chile y el Gobierno de la Rep�blica de Argentina, para modificar el Convenio de Tr�nsito de Pasajeros suscrito por ambas Rep�blicas el 30 de octubre de 1947 y modificado por Cambio de Notas de fecha 2 de agosto de 1991 (9.556-10) (se aprueba en general y en particular).................................................................................................................. VI.ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que crea la autorizaci�n de funcionamiento de jardines infantiles (8.859-04) (se aprueba en particular)................................................................................................................ Designaci�n de se�ora Ximena Insunza Corval�n como Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental (S 1.785-05) (queda pendiente)................................ Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica, en primer tr�mite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio P�blico (9.608-07) (queda para segunda discusi�n)............................................................................................ Designaci�n de se�ora Ximena Insunza Corval�n como Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental (S 1.785-05) (se aprueba).......................................... Proyecto de ley, iniciado en moci�n de los Senadores se�or Chahu�n, se�oras Allende y Mu�oz y se�ores P�rez Varela y Pizarro, en primer tr�mite constitucional, que establece la conmemoraci�n del D�a Mundial del Agua el 22 de marzo de cada a�o (9.622-09) (se aprueba en general y en particular)................. VII.INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)�������������.. Determinaci�n de responsabilidad en muerte de se�or Jorge Salinas L�pez. Oficios (observaciones del Senador se�or Prokurica)�������������. VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores (as): --Allamand Zavala, Andr�s --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Bianchi Chelech, Carlos --Chahu�n Chahu�n, Francisco --Coloma Correa, Juan Antonio --De Urresti Longton, Alfonso --Espina Otero, Alberto --Garc�a Ruminot, Jos� --Garc�a-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Goic Boroevic, Carolina --Guillier �lvarez, Alejandro --Horvath Kiss, Antonio --Lagos Weber, Ricardo --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Letelier Morel, Juan Pablo --Matta Aragay, Manuel Antonio --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iv�n --Mu�oz D�Albora, Adriana --Navarro Brain, Alejandro --Orpis Bouchon, Jaime --Ossand�n Irarr�zabal, Manuel Jos� --P�rez San Mart�n, Lily --P�rez Varela, V�ctor --Pizarro Soto, Jorge --Prokurica Prokurica, Baldo --Quintana Leal, Jaime --Quinteros Lara, Rabindranath --Rossi Ciocca, Fulvio --Tuma Zedan, Eugenio --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio --Zald�var Larra�n, Andr�s Concurrieron, adem�s, los Ministros de la Secretar�a General de la Presidencia, se�ora Ximena Rinc�n Gonz�lez; Secretario General de Gobierno, se�or �lvaro Elizalde Soto, y de Educaci�n, se�or Nicol�s Eyzaguirre Guzm�n. Actu� de Secretario el se�or Mario Labb� Araneda, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Alliende Leiva. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:21, en presencia de 22 se�ores Senadores. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 77� y 78�, ordinarias, en 6 y 7 de enero de 2015, que no han sido observadas. IV. CUENTA La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Dos de Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica: Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el car�cter de "discusi�n inmediata", con relaci�n al proyecto de ley que regula la admisi�n de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y proh�be el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (bolet�n N� 9.366-04). --Se tiene presente la calificaci�n y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Con el segundo retira la urgencia del proyecto de ley que proporciona reparaci�n y asistencia en rehabilitaci�n a las v�ctimas de una explosi�n de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar (bolet�n N� 9.109-02). --Se tiene presente el retiro y se ha agregado el documento a sus antecedentes. Oficios Dos de la Honorable C�mara de Diputados: Con el primero comunica que aprob� las enmiendas propuestas por esta Corporaci�n al proyecto de ley que fija a la radiodifusi�n porcentajes m�nimos de emisi�n de m�sica nacional y de ra�z folcl�rica oral, con excepci�n de aquella que reemplaza el numeral 1) del art�culo �nico y de las que incorporan un art�culo 2� y uno transitorio, las que ha rechazado (bolet�n N� 5.491-24), e informa la n�mina de los Honorables se�ores Diputados que integrar�n la Comisi�n Mixta que ha de formarse, seg�n lo dispone el art�culo 71 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica. --Se toma conocimiento y se designa a los se�ores Senadores miembros de la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a para integrar la referida Comisi�n Mixta. Con el segundo expone que dio su aprobaci�n al proyecto de ley que proporciona reparaci�n y asistencia en rehabilitaci�n a las v�ctimas de una explosi�n de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar (bolet�n N� 9.109-02). --Pasa a la Comisi�n de Defensa Nacional y a la de Hacienda, en su caso. Del Tribunal Constitucional: Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto que modifica la ley N� 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularizaci�n de loteos y ampl�a su plazo de vigencia (bolet�n N� 9.407-14). --Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica. Del se�or Ministro de Obras P�blicas: Da respuesta a solicitud de antecedentes, formulada en nombre del Honorable se�or De Urresti, respecto de la construcci�n de la nueva caleta pesquera de Mehu�n, comuna de Mariquina. Responde solicitud de informaci�n, cursada en nombre del Honorable se�or Espina, relativa a medidas concretas y plazo preciso de ejecuci�n de obras que eviten las inundaciones recurrentes por lluvias en los sectores de calle C�sar Ruiz con avenida Austria y Miguel Serra con Juan Sallato, comuna de Angol. Atiende solicitud de informaci�n, remitida en nombre del Honorable se�or Horvath, acerca del impacto ocasionado por la extracci�n de �ridos en los r�os Espol�n y Futaleuf�. Contesta solicitud de informaci�n, enviada en nombre del Honorable se�or Navarro, en cuanto al dominio y naturaleza jur�dica del agua de mar y su uso en diversos procesos industriales. Del se�or Subsecretario de Hacienda: Responde solicitud de informaci�n, planteada en nombre del Honorable se�or Zald�var, sobre la factibilidad de precaver la situaci�n que afectar�a a los trabajadores que prestaron servicios a honorarios para el Servicio Agr�cola y Ganadero y que, de conformidad con las modificaciones introducidas en el decreto ley N� 3.500, de 1980, por la ley N� 20.255, se han incorporado al r�gimen de cotizaciones obligatorias. --Quedan a disposici�n de Sus Se�or�as. Mociones De los Honorables se�ora Allende y se�or Harboe, con la que se da inicio a un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer la representaci�n de g�nero en los directorios de las empresas p�blicas (bolet�n N� 9.858-03). --Pasa a la Comisi�n de Econom�a. De los Honorables se�oras Allende y P�rez San Mart�n y se�ores Montes, Quinteros y Patricio Walker, con la que inician un proyecto de ley que dispone la sanci�n de p�rdida del cargo para la autoridad elegida que haya infringido las normas sobre gastos electorales o sobre probidad y transparencia (bolet�n N� 9.859-07). De los Honorables se�oras Allende y P�rez San Mart�n y se�ores Harboe, Montes y Quinteros, para iniciar un proyecto de reforma constitucional que establece la cesaci�n en el cargo parlamentario para quien sea condenado por haber financiado su campa�a electoral con aportaciones obtenidas de manera ilegal o fraudulenta (bolet�n N� 9.860-07). --Pasan a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. De los Honorables se�ores Ossand�n, Garc�a-Huidobro y Guillier, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la ley N� 18.290, de Tr�nsito, para calificar de infracci�n grav�sima la conducci�n de buses interurbanos con neum�ticos en mal estado (bolet�n N� 9.857-15). --Pasa a la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones. Proyecto de acuerdo Del Honorable se�or Chahu�n, con el que pide a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica que modifique el decreto supremo N� 32, del Ministerio de Planificaci�n, de 2011, reglamentario de la ley N� 20.422, con el fin de derogar la norma que except�a a los canales de la televisi�n abierta y a los proveedores de televisi�n por cable de la obligaci�n de aplicar mecanismos de comunicaci�n audiovisual que posibiliten el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los programas cuyo contenido sea principalmente de car�cter musical (bolet�n N� S 1.791-12). --Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesi�n ordinaria respectiva. Comunicaci�n Del Honorable se�or Girardi, Presidente de la Comisi�n de Salud, que transmite el acuerdo un�nime adoptado por esta en orden a solicitar que se cambie el tr�mite del proyecto que modifica la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusi�n social de personas con discapacidad a fin de considerar sus criterios de funcionalidad en materia habitacional (bolet�n N� 9.814-11) y se radique su estudio en la Comisi�n de Vivienda y Urbanismo, por estimar que esta es t�cnicamente competente en la materia. --Se accede a lo solicitado. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta. V. F�CIL DESPACHO ACUERDO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE MODIFICACI�N DE CONVENIO DE TR�NSITO DE PASAJEROS La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto, en segundo tr�mite constitucional, aprobatorio del Acuerdo entre el Gobierno de la Rep�blica de Chile y el Gobierno de la Rep�blica de Argentina, para modificar el Convenio de Tr�nsito de Pasajeros suscrito por ambas Rep�blicas el 30 de octubre de 1947 y modificado por Cambio de Notas de fecha 2 de agosto de 1991, con informe de la Comisi�n de Relaciones Exteriores y en segunda discusi�n. --Los antecedentes sobre el proyecto (9.556-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 52�, en 7 de octubre de 2014. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores: sesi�n 60�, en 4 de noviembre de 2014. Discusi�n: Sesi�n 61�, en 5 de noviembre de 2014 (queda para segunda discusi�n). La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or LABB� (Secretario General).- Como se expuso en la relaci�n efectuada en la sesi�n anterior en que se trat� el asunto, el principal objetivo que se persigue dice relaci�n con los documentos con los cuales los beneficiarios de la franquicia pueden ingresar al pa�s respectivo. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- En la segunda discusi�n, ofrezco la palabra. Puede hacer uso de ella el Honorable se�or Letelier. El se�or LETELIER.- Se�ora Presidenta, estimados colegas, el prop�sito del Acuerdo es perfeccionar entre ambos pa�ses la forma de acreditar la identificaci�n en el momento de entrar en uno o en otro. El proyecto es muy sencillo y se vincula con el hecho de que en cada caso el tipo de instrumento utilizable es distinto, efectu�ndose precisiones respecto de los correspondientes al pa�s vecino, algunos de los cuales se han dejado de utilizar. Los argentinos han podido presentar hasta ahora el pasaporte v�lido, el documento nacional de identidad (DNI), la c�dula de identidad, la libreta de enrolamiento o la libreta c�vica. La iniciativa no hace m�s que efectuar una actualizaci�n en la materia. Como se sabe, ello se inserta en el esfuerzo para avanzar hacia el libre movimiento de personas entre Chile y Argentina, en lo que se ha progresado mucho. Por ahora, esta es simplemente una adecuaci�n de los documentos que se pueden mostrar para cruzar la frontera y fue aprobada por unanimidad en la Comisi�n. Cabe consignar que el presente proyecto de acuerdo se origina en un tratado suscrito en 1947. He dicho. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador se�or Garc�a-Huidobro. El se�or GARC�A-HUIDOBRO.- Se�ora Presidenta, complementando lo manifestado por el Senador se�or Letelier, quien encabeza la Comisi�n de Relaciones Exteriores, el objetivo que se persigue, como se ha dicho, es modificar los documentos con los cuales los beneficiarios de la franquicia pueden ingresar al pa�s respectivo. El 30 de octubre de 1947, por cambio de notas, Chile y Argentina celebraron un Convenio de Tr�nsito de Pasajeros, instrumento que dispuso que las personas con alguna de las calidades indicadas podr�an ingresar al territorio de la otra Parte conforme a las especificaciones all� establecidas. Al respecto, se regulaba qui�nes ser�an los beneficiarios de la franquicia, los documentos que deb�an utilizar y el per�odo de su permanencia, reserv�ndose a cada pa�s la facultad de impedir el acceso de ciertas personas y comprometiendo a ambos a recibir a quienes entraran en virtud del Acuerdo. El 2 de agosto de 1991, las Partes, tambi�n mediante cambio de notas, acordaron modificaciones relacionadas con los beneficiarios de la franquicia, los documentos por presentar para el ingreso y la facultad de impedir el acceso. El convenio de 1947, modificado en 1991, regula las siguientes materias: 1. Beneficio: ingresar a los territorios de Chile y de Argentina, respectivamente, por los pasos fronterizos habilitados para este fin y las rutas a�reas y mar�timas de ambos pa�ses. 2. Beneficiarios: los nacionales de las rep�blicas de Chile y de Argentina, lo que tambi�n se extiende a los de terceros pa�ses residentes permanentes en Argentina o titulares de permanencia definitiva en Chile. 3. Documentos por presentar para el ingreso: en el caso de los nacionales argentinos, pasaporte v�lido, sin visar; documento nacional de identidad; c�dula de identidad; libreta de enrolamiento o libreta c�vica; y trat�ndose de los nacionales chilenos, pasaporte v�lido, sin visar, o c�dula nacional de identidad. El contenido del Acuerdo presenta ciertas limitaciones, ya que quienes se acojan al beneficio no podr�n permanecer m�s de tres meses en el pa�s que visiten ni desempe�ar en este una actividad o empleo remunerado. Lo anterior no se aplica a obreros que se trasladen para trabajar en faenas agr�colas, ganaderas o mineras siempre que cuenten con permiso para ello. En estos casos la permanencia no puede ser superior a seis meses. Las autoridades argentinas y chilenas est�n facultadas para impedir la entrada de cualquier persona cuyo ingreso juzguen inconveniente. El compromiso de ambas Partes es recibir en sus respectivos territorios a todos los que hubieran ingresado al otro pa�s en virtud de lo establecido en el Convenio y deseasen regresar al de su procedencia o hubieran sido expulsados a ra�z de violar la prohibici�n de permanecer m�s de tres meses o de seis, seg�n corresponda, o de realizar actividades remuneradas. El proyecto de acuerdo introduce una nueva enmienda al Convenio de 1947, en cuanto a los documentos con los cuales los beneficiarios de la franquicia pueden ingresar al pa�s respectivo, modific�ndose el p�rrafo a). Los nacionales argentinos han podido entrar a Chile con pasaporte, sin visar; documento nacional de identidad; c�dula de identidad emitida por la Polic�a Federal Argentina, ejemplar MERCOSUR, con utilizaci�n v�lida hasta su respectivo vencimiento; c�dula de identidad no MERCOSUR, con autorizaci�n v�lida hasta el 15 de marzo de 2012; libreta de enrolamiento, o libreta c�vica, con utilizaci�n v�lida hasta el 15 de marzo de 2012. Por �ltimo, la vigencia ser� desde la fecha de recepci�n de la �ltima notificaci�n en que una de las Partes comunique a la otra, por la v�a diplom�tica, haber dado cumplimiento a los requisitos internos previstos para la entrada en vigor en sus respectivos ordenamientos jur�dicos. La UDI va a votar a favor del instrumento en estudio, por ser muy importante que se sigan estrechando lazos y se den facilidades para el intercambio entre argentinos y chilenos. He dicho. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- En votaci�n. El se�or LABB� (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? --Por 24 votos a favor, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo. Votaron las se�oras Allende, Goic y Mu�oz y los se�ores Araya, Coloma, Espina, Garc�a-Huidobro, Guillier, Horvath, Hern�n Larra�n, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossand�n, P�rez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andr�s Zald�var. VI. ORDEN DEL D�A AUTORIZACI�N PARA FUNCIONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Prosigue la discusi�n particular del proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que crea la autorizaci�n de funcionamiento de jardines infantiles, con segundo informe de la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a e informe de la Comisi�n de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "discusi�n inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (8.859-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 42�, en 30 de julio de 2013. Informes de Comisi�n: Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a: sesi�n 59�, en 2 de octubre de 2013. Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a (nuevo): sesi�n 72�, en 26 de noviembre de 2013. Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a (segundo): sesi�n 73�, en 10 de diciembre de 2014. Hacienda: sesi�n 73�, en 10 de diciembre de 2014. Discusi�n: Sesiones 76�, en 3 de diciembre de 2013 (queda para segunda discusi�n); 77�, en 4 de diciembre de 2013 (se aprueba en general); 77� y 78�, en 6 y 7 de enero de 2015; 79�, 80� 81� y 82�, empalmadas, en 13 de enero de 2015 (queda pendiente la discusi�n particular). La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or LABB� (Secretario General).- Qued� pendiente, en el caso del sostenedor, el requisito de encontrarse en posesi�n de un t�tulo profesional de una carrera de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o un instituto profesional del Estado o reconocido por este. Ello corresponde, en el art�culo 3� del proyecto, a la letra e) del n�mero 1). Quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Honorables se�ora Von Baer y se�or Coloma. El se�or TUMA (Vicepresidente).- En votaci�n la letra e). --(Durante la votaci�n). El se�or TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Coloma. El se�or COLOMA.- Se�or Presidente, estimo que fundar el pronunciamiento es muy importante para comprender el sentido de una instituci�n y de una disposici�n que se busca contemplar o eliminar, seg�n el caso. En la situaci�n de que se trata, me parece que se est� incurriendo en una gran confusi�n. En la sesi�n anterior en que se vio el asunto, el debate parti� en lo relativo a que, para los efectos de ser sostenedor, se crea un conjunto de requisitos, dentro de los cuales se establece el de estar en posesi�n de un t�tulo profesional de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este. �Ad�nde apunta la objeci�n que plante� en su momento la Senadora Von Baer? En realidad, se trata de una doble objeci�n. Primero, �por qu� se impide emprender, para ser sostenedor de un jard�n infantil, a alguien que puede querer serlo por su experiencia familiar, por tener una especial vocaci�n para trabajar con ni�os, por ser parte de una iglesia evang�lica o por haber pertenecido a una iglesia cat�lica y desear contribuir a generar un buen avance en este �mbito? Eso, con este proyecto, desaparece. M�s a�n, se�ora Presidenta, ello se confunde con lo que deber�an ser los requisitos para trabajar en ese tipo de establecimientos. Ah� puedo entender que deban ser parvularias o profesoras. Pero, en este v�rtigo que se ha producido, no hay capacidad para diferenciar una cosa de la otra. Yo les quiero decir que muchos jardines infantiles de las regiones que representamos van a desaparecer, porque una gran cantidad de ellos llevan a�os liderados por una persona o por una familia cuyos integrantes, teniendo vocaci�n para ense�ar, no necesariamente tomaron un curso de econom�a o son abogados, pues nunca entendieron que para poder ser sostenedor se requer�a t�tulo profesional. En consecuencia, la norma que se plantea est� equivocada, provocar� el cierre de establecimientos y no mejorar� la calidad de la educaci�n. �C�mo se mejora la calidad de la educaci�n? Exigi�ndole m�s a quienes imparten cursos de educaci�n. �Si esto es de sentido com�n! Y lo que se propone es, a mi juicio, un grave error. Por eso hago un llamado a votar en contra. Si la norma se rechaza, no cambiar� la vida de nadie. Pero, si se aprueba, ustedes van a propiciar el cierre, probablemente indeseado, de muchos establecimientos donde el sostenedor, que hasta ahora es el propietario, no tiene por qu� contar con un t�tulo profesional de las caracter�sticas indicadas. Por tal motivo, me pronuncio en contra. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Hern�n Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�ora Presidenta, efectivamente, pareciera que la letra e) instala una restricci�n bastante injustificada, con un esp�ritu bastante limitado incluso. Se plantean situaciones muy absurdas. Por ejemplo, un licenciado o un doctorado en educaci�n no podr�a estar a cargo de un jard�n infantil. El se�or WALKER (don Ignacio).- �Por qu� no? El se�or LARRA�N.- Porque los grados acad�micos no permiten cumplir el requisito. La norma habla de "Estar en posesi�n de un t�tulo profesional", y la calidad de licenciado en educaci�n o en cualquier otra disciplina no constituye t�tulo profesional. El grado acad�mico es algo distinto. En ese sentido, se aprecia una limitaci�n muy grande para personas que, teniendo estudios y conocimientos, quedar�n fuera de la actividad. Quienes posean una experiencia de a�os trabajando en este �mbito tambi�n quedar�n fuera de ella. Tampoco se incorpora a aquellos que cuenten con un t�tulo profesional de dos a�os otorgado por un centro de formaci�n t�cnica. Por lo tanto, se est� estableciendo una restricci�n bastante dif�cil de entender, muy elitista y muy poco realista. Y por eso considero justo rechazar esta norma. No es razonable instalar restricciones de este tipo cuando se pueden contemplar requisitos m�s flexibles que permitan abrir realmente este rubro a mucha gente que, no teniendo t�tulo profesional, realiza hoy una tremenda obra. Adem�s, tampoco se establece que el requisito se vaya a exigir de aqu� en adelante. En consecuencia, una gran cantidad de personas que hoy est�n trabajando bien tendr�n que salir de la actividad por no contemplarse una disposici�n transitoria que regule su situaci�n. O sea, quienes est�n desarrollando la labor, a lo mejor con �xito desde hace veinte a�os, no podr�n seguir haci�ndolo por no cumplir el requisito que ahora se exige. Ello me parece absurdo y por eso voy a votar en contra de la letra e) propuesta. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Ignacio Walker. El se�or WALKER (don Ignacio).- Se�ora Presidenta, este tema lo hemos discutido mucho en la Comisi�n de Educaci�n. Pero creo que aqu� hay un malentendido porque, en general, cuando se habla de una sala cuna o de un jard�n infantil se vuelve a la vieja idea de las guarder�as y de las "t�as" cuidando a los ni�os. Ya no estamos hablando de guarder�as como las de los a�os sesenta, cuando significaron una revoluci�n y surgieron con mucha fuerza bajo el Gobierno del Presidente Frei Montalva. Ahora estamos hablando de "educaci�n parvularia", de establecimientos educacionales que reciben a ni�os de entre cero y cuatro a�os, como parte de un proceso de educaci�n permanente. Hoy el mundo es otro. Ya no se trata de la imagen que se suele tener respecto de las antiguas guarder�as donde se cuida a los ni�os mientras las mam�s trabajan. Ese no es el concepto que est� contenido en este proyecto. En la Comisi�n recibimos a muchos expertos y logramos un importante acuerdo en cuanto a subir los est�ndares y niveles de exigencia. Por consiguiente, a nadie le puede extra�ar que a un sostenedor, que es el responsable del funcionamiento de un establecimiento educacional, se le pida estar en posesi�n de un t�tulo profesional de al menos ocho semestres. Hoy, estar a cargo de un recinto de ense�anza de nivel parvulario es una responsabilidad que exige contar con m�ritos profesionales. No se puede ser sostenedor simplemente porque se tiene vocaci�n por los ni�os o por el cuidado de estos. Y ello no tiene nada que ver con un grado acad�mico. Se pide un t�tulo profesional de al menos ocho semestres. Se dice que el personal docente es el que debe contar con t�tulo profesional. Y es evidente que debe ser as�. Todos lo citan como ejemplo y nadie se extra�a, pero se sorprenden que se le exija al sostenedor, que es nada menos que el responsable de un establecimiento educacional en el nivel parvulario. Para nosotros, la norma es completamente l�gica y por eso la vamos a votar a favor. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable se�or Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Se�ora Presidenta, voy a argumentar en la misma l�nea del Senador Ignacio Walker. Como se ha dicho ac�, estamos trabajando en la ense�anza preescolar, una de las �reas m�s importantes para los efectos de dar una educaci�n equitativa y de buena calidad. Educar ni�os de tres o cuatro a�os no es lo mismo que realizar un emprendimiento en cualquier otra cosa, como aqu� se ha planteado, ni significa solo disponer de un lugar donde tenerlos para cuidarlos, sino que implica ense�arlos, educarlos. Yo le doy la mayor relevancia al hecho de que esta ley parta con altos est�ndares de exigencia para la gente que se comprometa con esta �rea de la educaci�n. Por eso, me parece bien el requisito que se establece, el cual, por supuesto, es superior al que existe hoy d�a. �Por Dios que es importante que el establecimiento que va a iniciar la educaci�n de un ni�o lo lleve adelante una persona responsable, que cuente con un t�tulo profesional de al menos ocho semestres! Me parece obvio que as� sea. Si queremos darle relevancia a la educaci�n parvularia, partamos exigiendo este est�ndar. Puede que algunos lo consideren exagerado, pero yo creo que tenemos que empezar a poner este tipo de requisito, sobre todo para una actividad de tanta trascendencia en materia educacional. Por eso, pienso que hay que aprobar la letra e), con todas las consecuencias que ello pueda tener, porque es necesaria. Por lo anterior, voto que s�. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�ora Presidenta, me parece que aqu� se est�n confundiendo los roles. Los requisitos para el sostenedor, en el caso de la letra e), tienen que ver con quien es responsable de un jard�n infantil, pero quien es responsable de este no necesariamente es la persona que ejerce la funci�n de educador de p�rvulos al interior del establecimiento y est� en contacto con los ni�os. El responsable del recinto es quien debe garantizar que los ni�os sean efectivamente atendidos por personal id�neo, es decir, verificar que este cumpla los requisitos para desarrollar esa labor. Y ya se�al� en una intervenci�n anterior que las exigencias establecidas para el personal id�neo son inferiores a las que se le imponen al sostenedor. El n�mero 6) establece, dentro de los requisitos para ser sostenedor, el de tener el personal id�neo, defini�ndose este como "el que cuente con el t�tulo profesional de la educaci�n o licenciatura del respectivo nivel, de al menos ocho semestres". O sea, aqu� se est� equiparando el requisito para ser sostenedor con el que se exige al personal id�neo. Sin embargo, m�s adelante se establece que las personas que no cumplan tal exigencia podr�n ser autorizadas para ejercer la funci�n docente por el Ministerio de Educaci�n. Por lo tanto, los requisitos para el sostenedor, que es quien debe garantizar que el jard�n funcione, son superiores, en t�rminos docentes, que para el personal id�neo. Y donde hay que garantizar la atenci�n de los ni�os es en el personal id�neo y no necesariamente en el sostenedor, como lo dispone la letra e). La garant�a para los ni�os est� en el n�mero 6). Es ah� donde se juega la calidad de la atenci�n que ellos van a recibir. El sostenedor debe garantizar, ante las autoridades fiscalizadoras, que cuenta con personal id�neo, pero no necesariamente el sostenedor responsable debe ser un profesional. Repito: tiene que velar para que exista el personal id�neo, ya que es ah� donde se juega la educaci�n de los ni�os. No obstante, la exigencia para el personal id�neo es inferior a la del sostenedor, que no necesariamente va a estar en contacto con los ni�os. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Garc�a-Huidobro. El se�or GARC�A-HUIDOBRO.- Se�ora Presidenta, en primer lugar, saludo al se�or Ministro, que nos acompa�a. En mi opini�n, este es un tema que debi�ramos abordar en un proceso de transici�n, pues, de lo contrario, se puede provocar la desaparici�n de algunos jardines infantiles o problemas bastante serios en su continuidad. El sostenedor es el representante legal; muchas veces es el que est� a cargo de la parte administrativa, pero no necesariamente tiene la obligaci�n -al no ser profesional, obviamente- de cumplir el rol que le corresponde al personal id�neo, que es el que est� en la pr�ctica docente misma y que est� constituido por los profesionales que atienden a los ni�os. Y lo que ha planteado el Senador Orpis es bastante concreto en el sentido de que las exigencias para quienes atienden a los ni�os son inferiores a quienes muchas veces no los atienden. Si estamos preocupados -y en esto hay unanimidad- de que hay que empezar a entregar educaci�n desde la sala cuna, con todo el apoyo que se requiere, debemos contemplar un proceso de transici�n, porque, si no, podemos hacer un da�o bastante grande, principalmente en el mundo rural y en sectores alejados. �Qu� ocurrir� en un jard�n infantil cuyo sostenedor no cumpla con este requisito? Se me ocurre que en la regi�n del propio Senador Ignacio Walker puede haber problemas. Y estar cerrando jardines infantiles por esta causa es bastante complejo y grave, sobre todo para las mam�s que necesitan apoyo para el cuidado de sus hijos. Por eso, le solicito al se�or Ministro que estudie esta situaci�n, con el objeto de que se establezca un proceso de transici�n donde existan plazos y no creemos conflictos en vez de soluciones. He dicho. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el se�or Ministro, a quien aprovecho de saludar y de dar la bienvenida. Solamente para clarificar, porque estamos en votaci�n. El se�or EYZAGUIRRE (Ministro de Educaci�n).- Se�ora Presidenta, solo quisiera aclarar que efectivamente habr� un per�odo de transici�n que se extender� hasta el a�o 2019, y que, por tanto, los actuales sostenedores tendr�n hasta esa fecha para adaptarse a la norma. Gracias. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Creo que ha sido claro el se�or Ministro. Y era necesaria una clarificaci�n en tal sentido. Siguiendo con la fundamentaci�n de voto, tiene la palabra el Senador se�or P�rez Varela. El se�or P�REZ VARELA.- Se�ora Presidenta, sin duda, la aclaraci�n del se�or Ministro ayuda a comprender adecuadamente la resoluci�n de un tema pr�ctico, pues muchos jardines infantiles no podr�an adecuarse inmediatamente a la exigencia. Sin embargo, hay que analizar la norma sustantiva, que tendr� car�cter permanente. A mi juicio, siempre es un buen ejercicio examinar la coherencia en los requisitos que se le pedir�n al conjunto de sostenedores. Hoy, muchos de los jardines infantiles est�n en manos de municipalidades. Por tanto, su sostenedor es el alcalde. �Cu�les son los requisitos que se le van a exigir a este? Ah� uno aprecia una distorsi�n. Aqu�, tal como se�al� el Senador Orpis, lo importante, por lo cual deber�amos tener especial preocupaci�n, es qui�n lleva adelante el proceso educativo, el proceso de acompa�amiento de los ni�os, los profesionales que est�n con ellos. En eso hay que ser extraordinariamente rigurosos. Sin embargo, el proyecto es m�s riguroso con el sostenedor que con el personal que va a estar a cargo de los ni�os. Creo que all� se da una situaci�n de poca coherencia para enfrentar un proceso tan relevante como lo es el de la educaci�n infantil. El se�or Ministro ha dicho que habr� una etapa de transici�n, pero a los nuevos sostenedores se les aplicar�n las normas de esta iniciativa. O sea, quien sea sostenedor, quien cree el d�a de ma�ana un jard�n infantil, tendr� normas m�s estrictas que los profesionales que atiendan a los ni�os. Es una incoherencia que, en mi opini�n, debi�ramos salvar de alguna manera en este proyecto. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Quintana. El se�or QUINTANA.- Se�ora Presidenta, la discusi�n que ha tenido lugar con motivo de la norma en votaci�n no es menor, pues, en mi concepto, posee alcances conceptuales. En todo caso, est� muy en l�nea con otros cambios que est� aprobando el Parlamento. Por de pronto, guarda relaci�n con el requisito para cualquier otro sostenedor del sistema educativo: estar en posesi�n de un t�tulo profesional -no se est� hablando de ning�n t�tulo espec�fico- de al menos ocho semestres otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este. Efectivamente, el requisito no se refiere a quien imparta las clases al interior del aula, sino al sostenedor responsable del establecimiento. La l�gica -lo indic� ya el Senador Ignacio Walker hace alg�n rato- no es la misma de cuando partieron los jardines, durante la Administraci�n del Presidente Frei Montalva y con mucha fuerza desde el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet. O sea, ya no es solo la l�gica de la guarder�a, de la sala cuna, del establecimiento solo para el cuidado del ni�o, sino de la instancia formativa. Y para eso, por supuesto, se requiere que est� al mando de esa instituci�n alguien con la debida formaci�n, entre otras cosas, para el liderazgo que ejercer� sobre el personal docente, administrativo y no docente que vaya a laborar dentro de �l. Esto va en la l�nea de conceptos que hoy no solo el Congreso, sino tambi�n la sociedad chilena han ido asumiendo. Por supuesto, tambi�n se diferencia en esta materia del texto original del Presidente Pi�era, que hablaba del "propietario" del jard�n infantil. Y no s� si a esta altura, en la l�gica de la educaci�n preescolar, alguien quisiera levantar la bandera del propietario. Aqu� no se trata -como se podr�a decir- de cualquier emprendimiento, y ni siquiera de un emprendimiento, sino de una actividad educativa, formativa, que requiere personas id�neas con preparaci�n para liderar el proceso educativo al interior del establecimiento. Por lo tanto, nos parece de la mayor importancia consagrar esta exigencia entre los requisitos para ser sostenedor. La Comisi�n de Educaci�n opt� mayoritariamente -salvo la Senadora Von Baer- no por el camino del concepto original del proyecto del Presidente Pi�era (propietario del jard�n infantil), sino por el de la l�gica del sostenedor responsable. Es lo que nos gu�a. Y para eso naturalmente deben fijarse requisitos como el que plantea esta disposici�n. Por tales razones, vamos a votar a favor. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable se�or Guillier. El se�or GUILLIER.- Se�ora Presidenta, como todos sabemos, la formaci�n de la persona humana tiene como etapa m�s decisiva la comprendida entre el nacimiento y los tres a�os. Algunos la prolongan hasta los cinco, y dicen que el determinante de toda la potencialidad y la capacidad del ser humano se halla en este per�odo mucho m�s que en cualquier otro. Por consiguiente, si en Chile estamos avanzando hacia la reivindicaci�n de la educaci�n como un derecho de todos nuestros ni�os y ni�as o de quienes viven en nuestro pa�s, es esperable que este proceso formativo corresponda a un proyecto educativo que se encuentre al nivel de la exigencia de garantizar un derecho. En consecuencia, no se trata de un negocio m�s. Y la creciente exigencia a la que se tiene que avanzar es a que la educaci�n preescolar sea estrat�gica y clave en el desarrollo y formaci�n de las nuevas generaciones. Por lo tanto, el concepto de "jard�n infantil" ha variado significativamente en el tiempo y constituye no solo una instancia m�s de la estructura y de la secuencia formativa de las personas, sino quiz�s la m�s importante de todas. No olvidemos que en las etapas primarias de la persona se forjan, adem�s de las potencialidades intelectuales, las afectivas, val�ricas, volitivas. De ah� que los proyectos educativos deben responder a los principios de exigencia de un proyecto en forma dentro de la estructura de la reforma que el pa�s pretende. Por ese motivo, considero perfectamente razonable esta norma. Adem�s, se establece una gradualidad, de manera que se tendr�n que ir aumentando con el tiempo las exigencias para el sostenedor y, por supuesto, tambi�n para el personal que trabaja en estos centros. Soy un convencido de que este proyecto, y particularmente este articulado, es exigente y necesario. As� que voto a favor. El se�or LABB� (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba la letra e) del n�mero 1) del inciso segundo del art�culo 3� del proyecto (21 votos favorables y 9 en contra). Votaron por la afirmativa las se�oras Allende, Goic, Mu�oz y Lily P�rez y los se�ores Araya, De Urresti, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Ossand�n, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andr�s Zald�var. Votaron por la negativa los se�ores Allamand, Coloma, Espina, Garc�a-Huidobro, Hern�n Larra�n, Moreira, Orpis, P�rez Varela y Prokurica. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or EYZAGUIRRE (Ministro de Educaci�n).- Como la norma estaba en votaci�n, no pude hacer una clarificaci�n. Si el sostenedor no fuera profesional, o dispusiera de un largo per�odo de transici�n para obtener tal calidad, podr�a hacerse representar por su representante legal, siempre que este tuviera t�tulo. Por tanto, no se observa un obst�culo para la entidad. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or LABB� (Secretario General).- En seguida, la Comisi�n de Educaci�n aprob� el numeral 6), que se refiere al personal id�neo que debe tener el sostenedor. La Comisi�n de Hacienda propone incorporar en el p�rrafo primero, a continuaci�n del vocablo "reglamento", la frase ", el que para estos efectos deber� ser suscrito adem�s por el Ministro de Hacienda". Dicha propuesta se aprob� con los votos favorables de los Senadores se�ores Coloma, Lagos y Zald�var y el pronunciamiento contrario de los Honorables se�ores Garc�a y Montes. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- En discusi�n. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Corresponder�a ponerlo en votaci�n. El se�or LABB� (Secretario General).- Se tendr�a que poner en votaci�n la modificaci�n de la Comisi�n de Hacienda al numeral 6) del inciso segundo del art�culo 3� del proyecto aprobado por la de Educaci�n. Dicho precepto se�ala que se requiere la firma del Ministro de Hacienda, que es lo habitual. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- No s� si qued� claro. Se propone agregar a continuaci�n del vocablo "reglamento" la siguiente frase: ", el que para estos efectos deber� ser suscrito adem�s por el Ministro de Hacienda". Eso fue apoyado por mayor�a en la Comisi�n de Hacienda. En votaci�n. --(Durante la votaci�n). La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Garc�a. El se�or GARC�A.- Se�ora Presidenta, esta enmienda la solicit� expresamente el Ministro de Hacienda, en coordinaci�n con el titular de Educaci�n, ya que se produjo un debate en torno a que, por tratarse de un tema reglamentario, tal vez no ser�a necesario que en la ley se estableciera que deb�a llevar adem�s la firma del Ministro de Hacienda. Pero finalmente se opt� por lo contrario, ya que, de esa manera, se obliga a que, frente a este tipo de situaciones, el reglamento tenga que llevar el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Lo anterior fue explicado por los representantes del Ejecutivo en el �rgano t�cnico, y por eso accedimos a la aprobaci�n de esta enmienda. Muchas gracias. El se�or LABB� (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba la modificaci�n efectuada por la Comisi�n de Hacienda al texto del numeral 6) del inciso segundo del art�culo 3� del proyecto aprobado por la Comisi�n de Educaci�n (21 a favor y un pareo). Votaron por la afirmativa las se�oras Allende, Goic y Mu�oz y los se�ores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, Espina, Garc�a, Guillier, Hern�n Larra�n, Matta, Moreira, Orpis, Ossand�n, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andr�s Zald�var. Se abstuvo el se�or Montes. El se�or LABB� (Secretario General).- Por �ltimo, la Comisi�n de Educaci�n propone cambiarle el nombre al proyecto. Est� en el informe de la Comisi�n, no en el comparado. La iniciativa se llama actualmente "Proyecto de ley que crea la autorizaci�n de funcionamiento de jardines infantiles" y se sugiere denominarla "Proyecto de ley que crea la autorizaci�n de funcionamiento de establecimientos de educaci�n parvularia". La se�ora ALLENDE (Presidenta).- �Habr�a acuerdo para aceptar la proposici�n de la Comisi�n de Educaci�n? El se�or LARRA�N.- �C�mo se llamar�a? La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Se�or Secretario, �puede repetirlo? El se�or LABB� (Secretario General).- "Proyecto de ley que crea la autorizaci�n de funcionamiento de establecimientos de educaci�n parvularia". La se�ora ALLENDE (Presidenta).- �Habr�a acuerdo? --Por unanimidad, se aprueba la enmienda propuesta por la Comisi�n de Educaci�n, y el proyecto queda despachado en este tr�mite. )------------------( La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Se�ores Senadores, queremos colocar para la tabla de F�cil Despacho de la sesi�n del pr�ximo martes la moci�n, presentada por la Comisi�n Especial sobre Recursos H�dricos, Desertificaci�n y Sequ�a, que establece la conmemoraci�n del D�a Mundial del Agua el 22 de marzo de cada a�o. La iniciativa cuenta con informe favorable de la citada Comisi�n y fue suscrita por la unanimidad de sus miembros presentes, por lo que me parece que su tratamiento ser�a muy simple. DESIGNACI�N DE SE�ORA XIMENA INSUNZA CORVAL�N COMO MINISTRA SUPLENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a la se�ora Ximena Insunza Corval�n, con informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y urgencia en los t�rminos del p�rrafo segundo del n�mero 5) del art�culo 53 de la Carta Fundamental. --Los antecedentes sobre el oficio (S 1.785-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Se da cuenta en sesi�n 76�, en 17 de diciembre de 2014. Informe de Comisi�n: Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento: sesi�n 84�, en 13 de enero de 2015. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or LABB� (Secretario General).- La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores se�ores Araya, De Urresti y Espina, de que la proposici�n de Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica para designar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a la se�ora Ximena Insunza Corval�n, en el cupo de abogado, cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jur�dico. Cabe tener presente que el acuerdo para nombrar a la Ministra Suplente requiere el voto favorable de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 23 votos. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- En discusi�n la solicitud. Tiene la palabra el Senador se�or Araya. El se�or ARAYA.- Se�or Presidenta, la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento conoci� del oficio de la Presidenta de la Rep�blica mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental a la abogada se�ora Ximena Insunza Corval�n. En el se�alado oficio, la Primera Mandataria hace presente que, de acuerdo al art�culo 2� de la ley N� 20.600, del 2012, que crea los tribunales ambientales, cada uno de ellos estar� integrado por tres ministros titulares y dos ministros suplentes. El mismo precepto dispone que cada uno de esos ministros ser� nombrado por Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, con acuerdo del Senado, de una n�mina de cinco personas que para cada cargo propondr� la Excelent�sima Corte Suprema. Igualmente, dispone que el Senado adoptar� el correspondiente acuerdo en votaci�n �nica, por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, agregando que, si no se aprobare la propuesta de la Presidenta de la Rep�blica, presentar� a otra persona que forme parte de la misma n�mina elaborada por la Corte Suprema y que, en caso de rechazo, se llamar� a un nuevo concurso. El precepto tambi�n establece que uno de los dos ministros suplentes debe tener el t�tulo de abogado, haber ejercido la profesi�n a lo menos durante 8 a�os y destacarse en la actividad profesional o acad�mica especializada en materia de Derecho Administrativo o Ambiental. El otro deber� ser licenciado en Ciencias, con especializaci�n en materias medioambientales y con 8 a�os de ejercicio profesional. La Primera Mandataria comunica que mediante el oficio N� 621, de 22 de octubre de 2014, la Excelent�sima Corte Suprema propuso una cinquena, sobre la base de la cual corresponde nombrar, con acuerdo del Senado, al ministro suplente respectivo para la integraci�n del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago. Agrega que, en m�rito de lo anterior, se requiere el acuerdo de la C�mara Alta para designar en el respectivo cargo de Ministro Suplente del Segundo Tribunal Ambiental a la abogada se�ora Ximena Insunza Corval�n. Hay que destacar que la se�ora Insunza es abogada de la Universidad de Chile. Se desempe�� como Asesora de la Ministra Presidenta de la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente entre los a�os 2007 y 2010, donde particip� activamente en la elaboraci�n del proyecto que, finalmente, dar�a lugar a la ley N� 20.600, que crea los Tribunales Ambientales. Realiz� un diplomado sobre Pol�ticas Urbanas Territoriales y Ambientales en la Facultad de Econom�a de la Universidad de Chile. Adem�s, efectu� un postgrado, los a�os 2010-2011, en la Universidad de McGill, en Canad�, donde obtuvo el grado de master of Law, con especializaci�n en Medio Ambiente. Actualmente, se desempe�a como profesora titular de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e Investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la misma instituci�n. Adem�s, la se�ora Insunza realiz� un post�tulo en Econom�a y Finanzas para Abogados y el diplomado de Regulaci�n y Competencia, en la Facultad de Econom�a y Negocios de la Universidad de Chile, profundizando sus conocimientos en el �mbito del Derecho Econ�mico. Por �ltimo, ha realizado diversas investigaciones y publicaciones sobre tem�ticas ambientales, desde 2012 hasta la fecha. En raz�n de estos antecedentes y la presentaci�n de la se�ora Insunza ante la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, esta propone a la Sala ratificar la propuesta hecha por Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador se�or De Urresti. El se�or LARRA�N.- Se�ora Presidenta. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or DE URRESTI.- Por supuesto. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Senador se�or Hern�n Larra�n, tiene la palabra. El se�or LARRA�N.- Se�ora Presidenta, sin que esto tenga ninguna connotaci�n especial, pido segunda discusi�n. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Se�or Senador, s� que est� en su derecho a pedirla, sin embargo, vence la urgencia para despachar esta solicitud. Tengo entendido que la Comisi�n de Constituci�n recibi� a la se�ora Insunza, dispone de los antecedentes y se ha cumplido con el proceso reglamentario del caso. Se inform� sobre la sesi�n pertinente, concurri� a la audiencia y su curr�culum est� a nuestra disposici�n. Lamentablemente, vence el plazo para pronunciarnos. Y no entiendo por qu� tendr�amos que posponer su despacho. El se�or LARRA�N.- Se�ora Presidenta, no hemos tenido tiempo de informarnos ni de conversar sobre esta proposici�n. De modo que requerimos un plazo, simplemente, para conocer los m�ritos de la se�ora Insunza. Por eso, no se trata de un anticipo o un prejuicio. Simplemente, deseamos tener m�s tiempo para poder informarnos y, ojal�, hablar con el Ejecutivo. Porque no hemos recibido ninguna informaci�n sobre esta solicitud y, normalmente, el Gobierno nos cuenta qui�n es la persona propuesta. Como no hemos tenido esa conversaci�n, solicitamos segunda discusi�n. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Hay un problema, se�or Senador. No solo tenemos cerca la fecha de vencimiento del plazo, sino que hay que recordar que si no nos pronunciamos a tiempo, se entender� por otorgado el consentimiento del Senado. Por eso, me sorprende un poco la petici�n formulada. Reitero: si vence el plazo para pronunciarnos, se dar� por otorgado el consentimiento de esta Corporaci�n. Entonces, sinceramente, con toda buena disposici�n, Senador se�or Larra�n, corresponde votar ahora la propuesta del Ejecutivo. El asunto es muy simple, si Sus Se�or�as no quieren votar hoy d�a, y vence el plazo, se entender� otorgado el consentimiento del Senado, tal como lo establece la Constituci�n. Ahora bien, sugiero que votemos m�s adelante, as� Sus Se�or�as dispondr�n de tiempo para revisar el curr�culum de la se�ora Insunza y podr�n conversar sobre el particular con alg�n colega miembro de la Comisi�n de Constituci�n. Se cumpli� absolutamente con el requisito formal de ser entrevistada por la Comisi�n, por lo cual, me cuesta entender que digan que no tienen informaci�n. En fin, el art�culo 53, n�mero 5), de la Constituci�n Pol�tica consagra que al Senado le corresponde: "Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la Rep�blica, en los casos en que la Constituci�n o la ley lo requieran. "Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta d�as despu�s de pedida la urgencia por el Presidente de la Rep�blica, se tendr� por otorgado su asentimiento". Sugiero a los se�ores Senadores de la Alianza que votemos la propuesta, dado que est� por vencer el plazo de su urgencia. No me parece adecuado postergar este pronunciamiento. El se�or ESPINA.- Pido la palabra. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- La tiene, Su Se�or�a. El se�or ESPINA.- Se�ora Presidenta, entiendo lo de los plazos. Por lo mismo, pido acoger lo que usted acaba de recomendar: darnos un tiempo para conocer los antecedentes antes de votar. Voy a explicar lo que ocurri�. Yo me encontraba en la Comisi�n de Gobierno, que estaba analizando la modificaci�n a la Ley sobre Violencia en los Estadios. A petici�n del Presidente de la Comisi�n de Constituci�n, fui a dar qu�rum para que dicha instancia pudiera sesionar. Pero tuve que volver al otro �rgano t�cnico, pues no puedo estar f�sicamente en dos lugares a la vez. Una cosa es que el informe se�ale que la proposici�n de la Presidenta de la Rep�blica cumple con los requisitos formales y otra distinta es que, dada la agenda de actividades que ha existido, hayamos podido saber exactamente cu�les son las opiniones de la postulante. No dudo de sus m�ritos ni de sus capacidades. Adem�s, el Gobierno nunca convers� con nosotros sobre el particular, cosa que me parece bastante ins�lita. Recuerdo cuando el Senador Pizarro muchas veces reclamaba por el hecho de que la Administraci�n anterior tomaba decisiones sin consultar. Entonces, hay que tener reciprocidad. Simplemente dejo constancia de ello. Por consiguiente, en vista de que se vence el plazo, solicito que nos den un tiempo para decidir c�mo pronunciarnos. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- No hay ning�n problema. Yo misma suger� suspender el tratamiento de este asunto por una hora para que puedan estudiar los antecedentes. El se�or LARRA�N.- Dej�moslo pendiente. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable se�or De Urresti. El se�or DE URRESTI.- Se�ora Presidenta, el lunes me toc� presidir la Comisi�n de Constituci�n, que estaba convocada precisamente para recibir a la profesional propuesta por el Ejecutivo para ser Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental. Tiene raz�n el Senador que me antecedi� en el uso de la palabra: estaban funcionando en paralelo otros �rganos t�cnicos. Con todo, los integrantes de la Comisi�n de Constituci�n en estas materias siempre hemos tratado de recabar la mayor cantidad de antecedentes. Por de pronto, he solicitado que est� a disposici�n de la Sala el curr�culum de la persona propuesta por el Gobierno. Aquel se sustenta a s� mismo por la importante trayectoria de la profesional. Adem�s, constan en el informe de la Comisi�n las preguntas que se le formularon con relaci�n a la nueva institucionalidad ambiental. Asimismo, concurri� a la sesi�n el Subsecretario de Medio Ambiente, a quien tambi�n se le plantearon consultas. Comprendo absolutamente el requerimiento de disponer de m�s tiempo en esta sesi�n para conocer los antecedentes respectivos. Pero recuerdo a la Mesa la necesidad de cumplir estrictamente lo mandatado por la ley, a efectos de ratificar o no esta solicitud hoy a trav�s de la votaci�n pertinente. Reitero -por intermedio de la Mesa- a los integrantes de la Comisi�n de Constituci�n y al resto de los Senadores que los antecedentes del caso se encuentran a disposici�n en sus pupitres. Con ellos podr�n conocer m�s sobre el curr�culum de la abogada Ximena Insunza. He dicho. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Creo que ya est� clara la situaci�n. Vamos a esperar una hora, aproximadamente, para luego votar. --Queda pendiente el tratamiento de la proposici�n de la Presidenta de la Rep�blica. CREACI�N DE CARGO DE FISCAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN MINISTERIO P�BLICO La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica, en primer tr�mite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio P�blico, con informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (9.608-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de reforma constitucional: En primer tr�mite, sesi�n 50�, en 30 de septiembre de 2014. Informe de Comisi�n: Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento: sesi�n 62�, en 11 de noviembre de 2014. Discusi�n: Sesi�n 65�, en 19 de noviembre de 2014 (queda pendiente la discusi�n en general). La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or LABB� (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar la Carta Fundamental para crear, dentro del Ministerio P�blico, una Fiscal�a Especial de Alta Complejidad, que se dedicar� a la investigaci�n y persecuci�n de delitos cuya gravedad y repercusi�n social requieren dedicaci�n exclusiva y personal especializado en la materia. La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento discuti� la iniciativa solo en general, pese a tratarse de un proyecto de art�culo �nico, y aprob� la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores se�ores De Urresti, Espina, Harboe y Hern�n Larra�n. Los distintos numerales del art�culo �nico del proyecto inciden en los Cap�tulos V y VII de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, raz�n por la cual requieren, para su aprobaci�n, el pronunciamiento favorable de los tres quintos de los se�ores Senadores en ejercicio, esto es, 23 votos. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las p�ginas 13 y 14 del primer informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- En discusi�n general. Tiene la palabra el Honorable se�or Prokurica. El se�or QUINTANA.- �Por qu� no est� presente el Ministro, se�ora Presidenta? La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Perd�n, Senador se�or Prokurica. Voy a informar lo que se me consulta. El se�or Ministro de Justicia me llam� para contarme que tuvo problemas de agenda, raz�n por la cual no podr� asistir. Consult� r�pidamente por este hecho a algunos miembros de la Comisi�n de Constituci�n, quienes me dijeron que ser�a adecuado aprobar ahora esta iniciativa, pues se trata de un asunto muy relevante que lleva ya un tiempo posponi�ndose. Ante ello, el Comit� Socialista insinu� la posibilidad de solicitar segunda discusi�n. Sin embargo, si existe �nimo de aprobar hoy la idea de legislar, podemos hacerlo. Me han dicho que ello es muy importante. Le pido disculpas nuevamente al Senador se�or Prokurica, pero le dar� la palabra al Senador se�or De Urresti, miembro de la Comisi�n de Constituci�n, para resolver esta cuesti�n previa. El se�or PROKURICA.- No hay problema. El se�or DE URRESTI.- Se�ora Presidenta, entiendo que el Ministro haya tenido dificultades para concurrir a esta sesi�n. Pero se debe consignar que este proyecto reviste complejidad. Adem�s, estamos analizando en paralelo una iniciativa sobre fortalecimiento del Ministerio P�blico, que contempla, aparte del aumento del n�mero de fiscales, la necesidad de contar con los debidos resguardos para una serie de funcionarios de este organismo, quienes obviamente debieran participar en la discusi�n. En atenci�n a lo mencionado, solicitamos segunda discusi�n. Una Fiscal�a Especial de Alta Complejidad requiere un importante debate dentro del entramado de funcionamiento del Ministerio P�blico. No me gusta legislar con celeridad cuando se trata de situaciones de alta relevancia. En consecuencia, considero relevante pedir segunda discusi�n, para armonizar las propuestas del Ejecutivo, que vamos a respaldar. Esperamos que esto se traduzca en una pol�tica integral de combate contra la delincuencia, pero tambi�n en un fortalecimiento de las instituciones, tanto de los fiscales como de los dem�s funcionarios que integran el Ministerio P�blico. --(Aplausos en tribunas). La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Se ha solicitado segunda discusi�n. En la primera discusi�n, tiene la palabra el Senador se�or Prokurica. El se�or PROKURICA.- Se�ora Presidenta, seguramente ya habr�n escuchado mi opini�n acerca de la reforma procesal penal. Y en este caso claramente vamos a hablar de un cambio relacionado con ella. La gran mayor�a de los estudios se�alan que la delincuencia es, sin duda, el principal problema que debiera solucionar el Gobierno. Lo anterior se suma al hecho de que los tribunales de justicia se encuentran dentro de las instituciones que menos confianza generan en la ciudadan�a. Incluso, en la �ltima encuesta de Adimark los jueces resultaron peor evaluados que el Parlamento. La pregunta que debemos hacernos es si con este proyecto caminamos en la l�nea correcta para resolver los problemas de la justicia chilena. El objetivo de la iniciativa en an�lisis es modificar nuestra Carta Fundamental para crear, dentro del Ministerio P�blico, una Fiscal�a Especial de Alta Complejidad, que se dedicar� a la investigaci�n y persecuci�n de delitos cuya gravedad y repercusi�n social requieren dedicaci�n exclusiva y personal especializado en la materia. En mi opini�n, ese tipo de delitos es precisamente el que tiene mejor resoluci�n en el sistema procesal penal o respecto del cual mejor se desenvuelve hoy la Fiscal�a. Si uno revisa el mensaje del proyecto de la reforma procesal penal del a�o 2004, observar� que este anunciaba que ser�a una verdadera maravilla en materia de justicia, siendo calificada tanto en Chile como en el extranjero como una reforma "hist�rica" y "exitosa". Los principales objetivos que se buscaban eran: "1) Agilizar la persecuci�n penal; 2) Evitar zonas de impunidad en la persecuci�n criminal; 3) Corregir errores normativos que han ido quedando en evidencia con la gradual entrada en vigencia de la reforma procesal penal; 4) Mayor transparencia a los procesos judiciales (en los delitos de alta connotaci�n p�blica)". Un informe sobre las estad�sticas del Ministerio P�blico elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional estableci� que en el �ltimo a�o han ingresado a tramitaci�n alrededor de 1,5 millones de causas. Quiero pedirles a los se�ores Senadores que pongan atenci�n respecto del resultado de este estudio. Del total de causas ingresadas en 2013, solo el 15 por ciento termin� en sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. �El 15 por ciento! O sea, el 85 por ciento se resolvi� de otra manera. Yo me pregunto: �esto es lo que esper�bamos de esta reforma? El 30,6 por ciento de dicho total concluye por otra v�a judicial (sobreseimiento, suspensi�n condicional, acuerdo reparatorio y facultad para no investigar). Y el 54,4 por ciento restante se resuelve por la v�a administrativa antes de llegar a una instancia judicial, siendo la gran mayor�a de los casos archivados provisionalmente. A mi juicio, la reforma procesal penal ha sido una mala experiencia, tras casi diez a�os de su puesta en marcha en todo el pa�s. Creo que lleg� el minuto de que hagamos una reflexi�n en torno a c�mo ha funcionado esta reforma. En tal sentido, considero que tanto la delincuencia como la falta de una justicia efectiva son dos cosas que tienen a los chilenos cansados. Debemos sincerar el hecho de que, lamentablemente, la delincuencia est� desatada en nuestro pa�s. As� lo indican las cifras de la �ltima encuesta de Paz Ciudadana-Adimark, donde la victimizaci�n de los hogares lleg� al 43,5 por ciento, el �ndice m�s alto desde el a�o 2000. La mayor y mejor demostraci�n de que el Estado ha fallado en el combate contra la delincuencia es lo que est� pasando con los cajeros autom�ticos, respecto de lo cual se dio como gran soluci�n instalarlos en algunas comisar�as.Francamente, esta es una demostraci�n palmaria de que en materia de seguridad ciudadana el Estado no se la est� pudiendo con la delincuencia. Las autoridades no se est�n dando cuenta de que, con estas se�ales, lo �nico que hacen es decirle a la gente: "Hemos fracasado en la lucha contra la delincuencia". Y ese fracaso no se debe al trabajo de las polic�as, sino al mal funcionamiento del sistema procesal penal, que permite que los delincuentes queden� La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Concluy� su tiempo, se�or Senador. Contin�e. El se�or PROKURICA.- Gracias, se�ora Presidenta. Dec�a que los delincuentes quedan en libertad una y otra vez con el actual sistema. El hecho de instalar los cajeros autom�ticos en dependencias de Carabineros obedece a un razonamiento indesmentible y m�s sencillo que sumar dos m�s dos: no se culpa a la banca, a la Nueva Mayor�a, a la Derecha, al Gobierno o a Carabineros, sino al sistema judicial. Es este el que no est� cumpliendo su objetivo y el que nunca ha hecho un mea culpa. En agosto del a�o pasado, se�ora Presidenta -y pido que me otorgue tiempo adicional para exponer-, un informe del Departamento de An�lisis Criminal de Carabineros de Chile revel� la lista de los cien delincuentes con m�s detenciones entre 2009 y 2013. Pido, por favor, que pongan atenci�n a estos datos. Entre todos ellos sumaban un total de casi 3 mil capturas, lo que equivale, en promedio, a unas 30 detenciones cada uno. Adem�s, el 23 por ciento correspond�a a menores de edad. El mismo an�lisis revel� el bajo �ndice de personas que est�n sujetas a prisi�n preventiva o al cumplimiento de una condena. De acuerdo con dicho documento -y aprovecho de agradecer al Senador Espina, quien me entreg� gran parte de esta informaci�n-, al observar 27 casos de reiteraci�n, se detect� que solo cinco detenidos por delitos recurrentes recibieron una condena, la cual, en promedio, alcanz� -�escuchen bien!- a 64 d�as de privaci�n de libertad. Seg�n cifras proporcionadas por el Poder Judicial, el 93,4 por ciento de los casos de robo terminados o cerrados de este a�o quedaron impunes. �Por favor! �El 93,4 por ciento quedaron impunes, sin condena! Esto equivale a 253.340 casos. Estas no son cifras m�as. Son las que entrega el propio Poder Judicial. A esto se suman las 66 mil �rdenes de detenci�n vigente sin resultados a octubre de este a�o. �66 mil! Se�ora Presidenta, la reforma procesal penal es un sistema fallido -s� que es una afirmaci�n dura-, donde el Estado ha gastado muchos recursos. De hecho, para llevar adelante esta reforma construy� 200 edificios a lo largo del pa�s. �200 edificios! Adem�s, los fiscales y los ayudantes ganan remuneraciones muy superiores a las que se daban en el sistema antiguo. Con lo anterior no estoy diciendo que quiero volver al modelo anterior. No. Este presentaba un mont�n de problemas. Pero el sistema actual, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el propio Poder Judicial, muestra resultados francamente deplorables. Y eso ha causado una visi�n negativa en la opini�n p�blica respecto de la reforma procesal penal y de los tribunales. Por lo tanto, no estoy convencido de que se mejora el sistema creando el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio P�blico, quien se va a dedicar a atender no el caso de la se�ora Juanita -esos 200 y tantos mil casos a los que me refer�-, sino los de gran relevancia, que son los que, precisamente, hoy se resuelven bien y r�pido. Sin embargo, las causas por delitos de com�n ocurrencia no se est�n solucionando. Esa es la realidad. Se�ora Presidenta, la ciudadan�a est� cansada de denunciar d�a a d�a los delitos de que son v�ctima y reclama por el hecho de que muchos de ellos quedan impunes, sea porque no se encuentra a los responsables, sea porque los delincuentes quedan en libertad. Para que no quede duda respecto de lo que expongo, quiero contarles mi experiencia personal: En los �ltimos diez a�os he sido v�ctima de al menos 8 robos al interior de mi domicilio. �Imag�nense eso! En el �ltimo de ellos, incluso me dejaron sin luz, por cuanto se llevaron los cables de la energ�a. �Nunca se encontr� a los responsables! He sido v�ctima, junto a mi familia, de 3 incendios intencionales en mi casa. �Nunca se encontr� a los responsables! Ya he perdido la cuenta de las veces que han entrado a robar a mi oficina parlamentaria en Vallenar y de cu�ntos computadores han sustra�do, como en los casos antes descritos. �Nunca se encontr� a los responsables! Por eso, antes de aprobar este proyecto, sugiero que hagamos una evaluaci�n en serio de los resultados de la reforma procesal penal, y despu�s tomemos decisiones. Porque esto significa un esfuerzo tremendo y millonarios recursos del Estado de Chile. Por favor, no me crean a m�. Revisen las cifras oficiales; preg�ntenle a la gente, y vean las encuestas: los tribunales de justicia son los �nicos m�s mal evaluados que el Parlamento. Y eso se debe a la reforma procesal penal, que ha sido un fracaso. �Se han invertido ingentes recursos en ella, y hoy nos piden 100 fiscales m�s! La idea que propone la iniciativa a lo mejor es buena. No digo que sea mala. Pero, con ella, �se va a resolver el problema de tantas personas que, d�a a d�a, una y otra vez, son v�ctimas de un delito y otro, aunque sea leve? Para obtener una respuesta, basta preguntarle a la gente que vive en los sectores poblacionales, a quienes los asaltan una, dos, tres, cuatro, cinco veces y les cobran peaje. �A esas personas la delincuencia les ha cambiado la vida para mal! Se�ora Presidenta, en mi opini�n, detener a un delincuente que al poco tiempo vuelve a la calle constituye un tremendo desincentivo para las polic�as, cuyos efectivos arriesgan la vida y no reciben buenas remuneraciones. No le echo la culpa ni a este Gobierno ni al m�o. Esta no es la respuesta que la ciudadan�a est� esperando. La gente quiere que se resuelva esta situaci�n de una vez por todas. Sin embargo, en tanto miles de delincuentes (el 90 y tantos por ciento de los procesados) regresen nuevamente a las calles, francamente, esto no tiene soluci�n. Entonces, le pido al Senado -no a la Comisi�n de Constituci�n, que carece de tiempo- que nos dediquemos a evaluar la reforma procesal penal, con expertos, con personas que entienden el tema y veamos cu�les son los cambios que debemos hacer, porque ella, francamente, no ha dado los resultados que todos esper�bamos. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable se�or Quinteros. El se�or QUINTEROS.- Se�ora Presidenta, comparto los fundamentos del presente proyecto, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio P�blico. Sin embargo, quiero expresar algunas dudas sobre el particular. En primer lugar, me preocupa el sesgo centralizador que puede existir detr�s de esta iniciativa. La complejidad de los delitos investigados o la necesidad de contar con personal especializado puede dar lugar a una excesiva concentraci�n de causas. En efecto, si la ley regulatoria es demasiado amplia pudiera ocurrir que la autoridad del momento privilegie la radicaci�n de las principales causas en esta Fiscal�a Especial, quedando las causas m�s simples para el resto de las fiscal�as. Preocupa que uno de los criterios utilizados para determinar los asuntos de competencia de la nueva Fiscal�a Especial sea la connotaci�n p�blica de los hechos, pues es bien sabido que la gran mayor�a de los medios de comunicaci�n que forman opini�n se encuentran en Santiago y dif�cilmente los hechos ocurridos en regiones llaman la atenci�n del resto del pa�s. Para graficar esto, cabe recordar que tiempo atr�s una ola de asaltos a casas del sector oriente de Santiago dio lugar a reuniones entre el Ministro del Interior de la �poca, los altos mandos de Carabineros y los alcaldes de esa zona. Dif�cilmente esa reuni�n, con su cobertura medi�tica, hubiera sido posible en otras regiones, aunque se tratara de un delito de ocurrencia nacional. Por lo tanto, tambi�n en materia de persecuci�n penal puede producirse un centralismo que deseche los delitos de mayor complejidad y de alta connotaci�n que ocurren en las regiones. As�, por ejemplo, en la Regi�n que represento son de gran preocupaci�n los il�citos que afectan a agricultores y acuicultores y que carecen de relevancia en la Regi�n Metropolitana. Otra preocupaci�n que surge se refiere a que la nueva Fiscal�a Especial, que gozar� de competencia nacional, debe tener presencia en las regiones, lo que podr�a generar una dependencia dual de los fiscales, ya sea de los fiscales regionales o del Fiscal Especial. Por otro lado, si se optara por encargar las diligencias a las fiscal�as regionales, estas terminar�an recargadas de trabajo, lo que va en sentido inverso al objetivo del proyecto. Tambi�n habr� que tener en cuenta que la concentraci�n de las causas m�s relevantes podr�a incentivar a los fiscales m�s competentes a postular a esta Fiscal�a Especial en busca de especializaci�n, privando con ello a las fiscal�as regionales de personal valioso y contradiciendo el objetivo, que siempre se proclama, de atraer personal m�s calificado a las regiones. En definitiva, esta Fiscal�a Especial quedar� en una posici�n ventajosa en desmedro de las fiscal�as regionales, lo que amerita revisar cuidadosamente la ley regulatoria respectiva. No quedan claros los beneficios de optar por la creaci�n de una Fiscal�a Especial frente a la alternativa de instalar fiscal�as de alta complejidad dependientes de cada fiscal�a regional, como ha ocurrido hasta el d�a de hoy en algunas de ellas cuando se ha estimado necesario. Ahora bien, desde una mirada m�s general, no puedo dejar de mencionar la se�al negativa que podr�amos enviar a la comunidad en el sentido de que los asuntos m�s complejos o relevantes solo pueden ser resueltos centralizadamente. Si ese criterio se aplicara al resto de la Administraci�n P�blica, ello ser�a fatal y contraproducente con el esp�ritu que anima al Gobierno y con las conclusiones emitidas recientemente por la Comisi�n de Descentralizaci�n. Para terminar, me parece relevante conocer tanto en el proyecto que nos ocupa como en el de fortalecimiento del Ministerio P�blico la opini�n de la Asociaci�n Nacional de Fiscales y de las asociaciones de funcionarios del Ministerio P�blico, toda vez que son estos �ltimos los que tienen la responsabilidad concreta de ejercer la acci�n penal p�blica. A mi juicio, las grandes necesidades que tiene el Ministerio P�blico son aumentar su dotaci�n, mantener a sus funcionarios calificados, evitar su fuga a otros servicios y ofrecerles mejores condiciones laborales y remuneracionales, sabiendo que son funcionarios p�blicos que cumplen labores de excelencia fundamentales para asegurar la paz social. En consecuencia, se�ora Presidenta, votar� a favor de la idea de legislar y espero que en el debate particular de esta iniciativa y en la tramitaci�n del respectivo proyecto de ley regulatorio se definan los mecanismos para evitar los efectos negativos de una excesiva centralizaci�n y se recojan, tambi�n, las observaciones que han emitido los fiscales y los funcionarios en esta materia. He dicho. --(Aplausos en tribunas). La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Saludo a quienes nos acompa�an en las tribunas y aprovecho de darles la bienvenida a esta Corporaci�n. Sin embargo, al mismo tiempo debo advertirles que est�n prohibidas las manifestaciones, sea a favor o en contra. Por ello, les ruego que me ayuden a cumplir el Reglamento. Tiene la palabra el Senador se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�ora Presidenta, tengo una mirada distinta con relaci�n al proyecto que se somete a la consideraci�n del Senado. Y quiero plantear la siguiente reflexi�n. Yo comparto el diagn�stico que hizo el Senador Prokurica, pero creo que, desde un punto de vista conceptual, debemos hacer una distinci�n entre el delito com�n y delitos de distinta naturaleza. Sin duda, tenemos un serio problema en materia de seguridad ciudadana en lo que respecta a los delitos comunes. Estamos llegando a �ndices hist�ricos que, en parte, obedecen a que se ha simplificado el diagn�stico e, incluso, en algunas ocasiones el tema de la seguridad ciudadana, particularmente lo vinculado a este tipo de il�citos, ha formado parte de estrategias electorales respecto de las cuales mantengo mis serias objeciones, porque este flagelo tiene muchas aristas, es complejo y debe ser abordado por distintos estamentos. Pero la reflexi�n m�s profunda quiero plantearla en los siguientes t�rminos. En materia de seguridad ciudadana, existe el delito com�n, pero tambi�n se cometen otro tipo de il�citos que no solamente afectan a las personas, sino tambi�n a la integridad del Estado. Y la pregunta que uno deber�a hacerse es si estamos preparados, desde un punto de vista institucional, para investigar todos los delitos que atentan contra la integridad del Estado. Me refiero concretamente a los delitos de narcotr�fico y a los cometidos por organizaciones criminales y organizaciones terroristas. Y mi respuesta es, categ�ricamente, no. Desde una perspectiva institucional, pienso que no estamos preparados para abordar este tipo de il�citos, que afectan la integridad del Estado, toda vez que normalmente se trata de organizaciones que, desde el punto de vista territorial, operan incluso fuera del pa�s, y que tienen un tremendo poder de criminalidad, de corrupci�n, de violencia. De manera que no pueden ser abordadas bajo los par�metros habituales con que actualmente funcionan las fiscal�as. Se requiere mucha investigaci�n, mucho an�lisis de car�cter delictual y, por lo tanto, creo que institucionalmente Chile debe dar el paso de contar con fiscales de alta complejidad. �Pero cu�l es mi diferencia con el proyecto en debate? Mi diferencia es que estas facultades no pueden quedar radicadas en una ley org�nica, sino que, trat�ndose de delitos de estas caracter�sticas -estoy pensando, por ejemplo, en los que ocurren en La Araucan�a o en la Operaci�n Capricornio, mediante la cual se decomisaron tres, cuatro, cinco toneladas de drogas-, las competencias de esta Fiscal�a deben quedar establecidas directamente en la Constituci�n. Lo peor que le puede ocurrir a un pa�s es que se vayan incubando en su territorio organizaciones criminales que tengan este tremendo poder. Necesitamos anticiparnos a este tipo de situaciones. Por lo tanto, creo que al hacer la modificaci�n constitucional debe quedar claramente establecido en la Carta cu�l va a ser la competencia de la Fiscal�a de Alta Complejidad. Y, para m�, esa competencia debe estar determinada por lo que son el narcotr�fico, las organizaciones criminales y las organizaciones terroristas, porque todo ello afecta la integridad del Estado. Sin perjuicio de que la modernizaci�n del Ministerio P�blico es un tema que va mucho m�s all�, creo que es necesario contar con esta Fiscal�a de Alta Complejidad. Hoy d�a, el Ministerio P�blico, bien, mal o m�s o menos, solo est� preparado para enfrentar el delito com�n. Pero en materia de alta complejidad se requiere otro tipo de expertise, otro tipo de dedicaci�n, otro tipo de competencia. Es decir, estamos hablando de situaciones de una envergadura diferente. Y, desde un punto de vista institucional, en Chile no existe una respuesta para abordar los delitos de alta complejidad. Ahora bien, precisamente por la importancia que tienen estos fiscales, no me gustar�a que el d�a de ma�ana -porque le� el informe y en �l se dice que van a desatochar muchas situaciones del Ministerio P�blico en materia de delitos comunes- terminaran cumpliendo otras funciones. No. Yo creo que el tema es tan delicado y que viene con tanta fuerza -cada vez va a ser m�s complejo- que debemos, precisamente en el Ministerio P�blico, establecer este Fiscal Especial de Alta Complejidad, pero por ning�n motivo debe acabar tramitando causas que no tienen las caracter�sticas que he se�alado. Entonces, desde un punto de vista institucional, junto con generar la Fiscal�a de Alta Complejidad, creo que tiene que quedar plenamente garantizado que ella se va a concentrar �nica y exclusivamente en los delitos que afectan la integridad del Estado: el terrorismo, el narcotr�fico y el crimen organizado. Por lo tanto, en lo personal no estoy dispuesto a dar este paso si no queda acotado en la propia Constituci�n, en el art�culo 85 bis, cu�les van a ser las materias a las que deber�n dedicarse, �nica y exclusivamente, estos fiscales. Me parece que desde un punto de vista institucional hay que dar el paso, pero hay que darlo bien, de manera que tengamos plena garant�a de que efectivamente van a abordar este tipo de situaciones y que no terminar�n actuando contra otro tipo de delitos que no tienen la caracter�stica de afectar la integridad del Estado. He dicho. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�ora Presidenta, la verdad es que plantear una reforma constitucional para crear el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad no es tan sencillo como aparentemente pretende el proyecto, y con ello no se resuelve la situaci�n que viven las personas que son v�ctimas de distintos tipos de delitos en nuestro pa�s. La necesidad de una reforma constitucional para crear esta Fiscal�a Nacional de Alta Complejidad como un medio id�neo y eficiente para perseguir ciertos delitos -una suerte de fiscal�a dentro de la fiscal�a- es cuestionable si se considera que en la actualidad las unidades de Alta Complejidad se pueden establecer mediante decisiones del Fiscal Nacional o Regional, seg�n las necesidades concretas de cada lugar y debiendo siempre que sea necesario entregar m�s recursos humanos. Tanto es as� que en la Fiscal�a Metropolitana Centro Norte y en la Fiscal�a Metropolitana Oriente se han creado unidades de Alta Complejidad sin necesidad de una reforma constitucional. Por otra parte, los fiscales regionales o adjuntos, cuando tienen a su cargo una investigaci�n que supone realizar diligencias en diversos puntos del pa�s o del extranjero, no est�n limitados en su actuaci�n a un determinado territorio, ya que pueden actuar en todo el pa�s, adem�s de hacer solicitudes al exterior a trav�s de la Unidad de Cooperaci�n Internacional y Extradiciones que existe al interior de la Fiscal�a Nacional del Ministerio P�blico. La necesidad de establecer equipos multidisciplinarios, seg�n lo exija un caso concreto, se puede enfrentar a partir de las facultades que hoy ya tienen el Fiscal Nacional y cada fiscal regional, adem�s de las atribuciones que les otorga la ley a los fiscales adjuntos para llevar a cabo sus investigaciones. Una debida coordinaci�n entre los diversos estamentos de las fiscal�as y las polic�as en delitos complejos es un tema administrativo m�s que legislativo, y puede ser solucionado caso a caso con una buena gesti�n del Fiscal Nacional y de quienes est�n a cargo directamente de la investigaci�n. Como se indic� en la discusi�n general en la Comisi�n de Constituci�n del Senado, la Fiscal�a de Alta Complejidad que se proyecta costar� al erario de la naci�n la suma de 4 mil 800 millones. Parece razonable requerir estudios t�cnicos que indiquen que la creaci�n de esta unidad es la mejor forma de usar ese dinero para reforzar la labor del Ministerio P�blico, antes de votar una reforma constitucional para establecer dicha Fiscal�a. Cabe destacar que esos estudios, si es que existen, no han sido dados a conocer como fundamento del proyecto. Parecer�a m�s sensato reforzar las fiscal�as regionales a fin de que puedan atender a su realidad concreta, en lugar de crear una nueva fiscal�a a nivel nacional. Adem�s, se debe revisar el mecanismo de designaci�n, que no puede quedar solo al arbitrio del Fiscal Nacional a partir de una quina. Se necesita establecer una carrera funcionaria que se funde en el m�rito, de manera que las designaciones no dependan de la sola facultad del Fiscal Nacional de turno. Los delitos de mayor incidencia son aquellos en los que no se ha colocado �nfasis, como ocurre con los robos y hurtos, y respecto de ellos esta iniciativa no se hace cargo de ninguna manera. Junto con avanzar en otorgar m�s facultades y recursos, es necesario establecer mecanismos de control real por parte de un organismo externo e independiente de la gesti�n de los fondos que se le allegan al Ministerio P�blico. No basta con que la Fiscal�a Nacional informe a m�ltiples entidades sobre su propia gesti�n; se requiere que una instituci�n independiente pueda controlar la veracidad y consistencia de los antecedentes que se entregan. Ella deber�a ser la Contralor�a General de la Rep�blica. El sentido verdadero de la autonom�a institucional se refiere a la independencia de los fiscales para poder investigar delitos sin ser influidos por el poder pol�tico o econ�mico, pero no dice relaci�n al debido control en la gesti�n de los recursos p�blicos que se le entregan a la Fiscal�a para realizar su misi�n. Es necesario que, junto con la discusi�n de nuevas facultades y recursos para el Ministerio P�blico, se establezcan medidas de control en la eficiencia del gasto al interior de la Instituci�n, a partir de informaci�n que pueda ser revisada y contrastada por un organismo independiente. En definitiva, trat�ndose de una unidad que le costar� al Estado la suma de 4 mil 800 millones; no existiendo -no los tenemos a la vista- estudios concretos de ning�n tipo que justifiquen la creaci�n de una fiscal�a especializada de car�cter nacional a trav�s de una reforma constitucional como mecanismo para enfrentar ciertos tipos de delincuencia; estando ciertos de que, por lo dem�s, ella puede crearse por v�a administrativa; siendo una medida cuestionada incluso por la asociaci�n de funcionarios del Ministerio P�blico, por no considerarla una forma eficiente de asignaci�n de recursos p�blicos; y encontr�ndose pendientes materias relevantes como el establecimiento de una carrera funcionaria fundada en el m�rito y de un control por parte de un organismo independiente sobre los recursos fiscales que se le allegan al Ministerio P�blico, organismo que cuente con la facultad de contrastar la veracidad y consistencia de los antecedentes que se le entregan, propongo que, antes de votar esta iniciativa, ella sea revisada por la Comisi�n de Seguridad Ciudadana y sea vuelta a estudiar por las Comisiones de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia y de Hacienda. En caso contrario, si se pone en votaci�n, tendr�a que optar por rechazarla o abstenerme. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Le recuerdo al se�or Senador que se ha solicitado segunda discusi�n respecto de este proyecto, lo que, como usted sabe, significa que va a haber tiempo antes de proceder a la votaci�n. Tengo inscritos para intervenir a los Honorables se�ores Garc�a y Guillier. Tiene la palabra el Senador se�or Garc�a. El se�or GARC�A.- Se�ora Presidenta, todos sabemos que nuestra Regi�n de La Araucan�a desde hace ya varios a�os viene viviendo una situaci�n de violencia extrema. Perm�tanme relatar hechos que han sucedido en las �ltimas semanas. En la noche del 24 de diciembre, en v�speras de Navidad, cuando todos nos reun�amos en nuestros hogares con nuestras familias y dem�s seres queridos para celebrar la principal fiesta del mundo cristiano, en la Novena Regi�n fuimos sacudidos por una bomba instalada en la Segunda Comisar�a de Carabineros, a 50 metros de donde est�n las oficinas de la Jefatura Zonal. El aparato explot�, dejando herido a un polic�a. Por supuesto, cientos de vecinos quedaron tremendamente conmocionados. Esa misma noche la PDI descubri� en sus instalaciones de Extranjer�a de la ciudad de Temuco un artefacto explosivo que result� ser id�ntico al que hab�a detonado en la unidad de Carabineros antes individualizada. Afortunadamente, su detecci�n oportuna permiti� desactivarlo y evit� que estallara. En la noche de A�o Nuevo, en el sector de Quepe, de la comuna de Padre las Casas, la se�ora Ver�nica Cecilia Jara Llancavil, mujer sencilla, humilde, muy esforzada, con gran capacidad de trabajo, sufri� un ataque incendiario dirigido contra las dos m�quinas con que explotaba �ridos. Esta actividad era su �nica fuente de ingresos. En la misma noche del 31 de diciembre le quemaron tres camiones y su maquinaria agr�cola a otra persona de esfuerzo y de trabajo: don Alejo Vielma, peque�o parcelero de la comuna de Teodoro Schmidt. En estos d�as se ha sucedido una enorme cantidad de ataques incendiarios a bosques y sementeras, todos ellos, de acuerdo con la informaci�n de Bomberos que obra en nuestro poder, claramente intencionales. Esa es la situaci�n que vivimos en La Araucan�a. Y nos preguntamos c�mo es posible que nunca se encuentre a los responsables; c�mo es posible que tales hechos ocurran en nuestro pa�s, en una regi�n de esfuerzo, de trabajo, y que todos ellos queden en la m�s completa impunidad. A m� se me podr� decir que la Fiscal�a Especial de Alta Complejidad que se sugiere crear deber� cumplir ciertos requisitos (no excederse en sus funciones, en sus atribuciones, en fin). Pero no me pidan que renuncie a este instrumento que nos est� proponiendo el Ejecutivo para investigar los hechos que he se�alado y muchos otros anteriores, entre ellos la muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay -todo el mundo sabe que la �nica persona condenada por ese horrendo crimen no pudo haber actuado sola; sin embargo, nadie m�s est� siendo procesado-, para que finalmente se encuentre a los responsables, se los ponga a disposici�n de los tribunales y por fin construyamos paz, desarrollo y progreso en La Araucan�a. Por eso, independiente de las aprensiones que han expresado algunos se�ores Senadores, yo me aferro a esta posibilidad. Quiero creer que la Fiscal�a Especial de Alta Complejidad dispondr� de los recursos necesarios y se dedicar� con exclusividad para que en los casos que he relatado se halle a los responsables materiales, a los autores intelectuales, a quienes financian ese tipo de acciones violentistas, y en muchos casos claramente terroristas, pues no tienen otro prop�sito que atemorizar a la poblaci�n. Observando los antecedentes de esta reforma constitucional, veo que una de las razones que se se�alan para justificar la creaci�n de una Fiscal�a Especial de Alta Complejidad, con un fiscal jefe especial y un equipo multidisciplinario e institucional, es la posibilidad de acumular inteligencia investigativa. A mi entender, reviste suma importancia acumular inteligencia investigativa. Porque si tales hechos fueran nuevos, uno podr�a decir "Sorprendieron a las autoridades, a Carabineros de Chile, a la Polic�a de Investigaciones". Pero ellos se vienen reiterando desde hace mucho tiempo, similares unos y otros, iguales unos a otros. Uno se pregunta, entonces: �D�nde est�n los organismos de inteligencia de nuestro pa�s? �C�mo es posible que un peque�o grupo ponga en jaque a todo el aparato de seguridad del Estado chileno? Yo quiero aferrarme a esta institucionalidad nueva, a esta Fiscal�a Especial de Alta Complejidad. Y porque me aferro a ella, anuncio mi voto favorable. Ojal� que esto no sea un volador de luces, una esperanza que se desvanece en el tiempo. Ojal� que la nueva Fiscal�a sea suficientemente eficiente y eficaz para que en las situaciones que se�al� de La Araucan�a, pero tambi�n en otras que ocurren a lo largo y ancho de nuestro pa�s, por fin se encuentre a sus responsables y se los ponga a disposici�n de los tribunales. Votar� que s�. He dicho. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- En todo caso, reitero que para este proyecto se pidi� segunda discusi�n. Por lo tanto, en este momento no vamos a votar. Le dar� la palabra al Senador se�or Guillier. Y cuando finalice su exposici�n haremos tocar los timbres, pues tenemos acuerdo para votar la designaci�n propuesta con respecto al Segundo Tribunal Ambiental. El se�or LARRA�N.- �No vamos a votar el proyecto en debate? La se�ora ALLENDE (Presidenta).- No, Su Se�or�a. Como dije, se pidi� segunda discusi�n. Tiene la palabra el Senador se�or Guillier. El se�or GUILLIER.- Se�ora Presidenta, en esta iniciativa yo separar�a dos cosas. Estimo que se justifica la creaci�n de una Fiscal�a Especial de Alta Complejidad, con un fiscal especial y cierta estructura jer�rquica. Estamos asistiendo a il�citos nuevos m�s complejos, que tienen otra connotaci�n, como los cometidos por las redes de pedofilia y las de lavado de dinero, los delitos inform�ticos, el narcotr�fico, el tr�fico de armas, la trata de blancas, etc�tera, que constituyen amenazas contra el Estado y contra las personas. Por consiguiente, la medida de operar en tal sentido y especializar la investigaci�n me parece leg�tima. A�n m�s, la considero indispensable e imperativa. Tambi�n existen formas de terrorismo harto m�s sutiles, muchas veces con redes internacionales que operan en los distintos pa�ses; y el nuestro no es una excepci�n. Sin embargo, opino que un proyecto de esta naturaleza, por la importancia que reviste, deber�a, adem�s de la definici�n vinculada con la creaci�n de la Fiscal�a, determinar las estructuras, las funciones y las atribuciones, lo que habr�a de estar integrado en este proyecto m�s que en uno posterior, para resolver mejor sobre la finalidad de la proposici�n de ley que se nos hace. Recordemos, adem�s, que dicha Fiscal�a va a tener competencia a nivel nacional. Y, en este sentido, recojo la preocupaci�n del Senador Quinteros en cuanto a que este tipo de entes suele operar desde Santiago con criterios bastante centralistas. Porque en esta iniciativa la definici�n de lo que se entiende por "delito de alta complejidad" queda sometida, seg�n entiendo, a la propia Fiscal�a que se crea. Por lo tanto, no existe un factor externo que la convoque o que solicite su intervenci�n. Es bastante habitual que los parlamentarios muchas veces reciban en sus Regiones requerimientos para solicitar jueces especiales, dedicaciones exclusivas, en fin, cuando la poblaci�n intuye que hay delitos m�s complejos que el crimen organizado com�n y que representan amenazas bastante m�s soterradas y peligrosas. Por consiguiente, es indispensable conocer qu� materias ser�n de competencia de la nueva Fiscal�a, saber c�mo se har� la determinaci�n pertinente y evaluar si la definici�n de los asuntos sometidos a ella le compete o deber�a corresponderles a otras instancias que podr�an requerir su intervenci�n. Por ende, se�ora Presidenta, creo que este proyecto, si bien es necesario, seg�n mi intuici�n, requiere bastante m�s elaboraci�n. He dicho. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Ossand�n. El se�or OSSAND�N.- Se�ora Presidenta, yo voy a aprobar la idea de legislar. Y comparto los argumentos que dio el colega Garc�a. No obstante, quiero hacer una peque�a aclaraci�n. Normalmente en el trabajo de las fiscal�as se usa el argumento de la territorialidad. Y eso da garant�as en el sentido de que el fiscal de una zona no se puede inmiscuir en los casos de otra. En este proyecto hay que tener sumo cuidado, porque es factible que el Fiscal Especial de Alta Complejidad quede con car�cter plenipotenciario, o sea, con un poder tan impresionante y sin contrapeso que, si en alg�n minuto obedece a alg�n sector pol�tico o a alg�n inter�s, pueda transformarse en un funcionario ultrapeligroso. Espero que durante la tramitaci�n de esta iniciativa seamos capaces de proponer y aprobar indicaciones que permitan un control y un contrapeso para que ese cargo no se preste para abusos ni se transforme en una pesadilla, sino que sirva para estudiar los casos de m�s alta complejidad que hoy se registran en Chile. He dicho. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Con la intervenci�n del Senador se�or Ossand�n concluyen las exposiciones de la primera discusi�n. --En el estudio del primer informe, el proyecto queda para segunda discusi�n. )---------( La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Estamos haciendo sonar los timbres por cinco minutos porque, como Sus Se�or�as saben, debemos, dado que vence el plazo, votar el nombramiento de do�a Ximena Insunza Corval�n como Ministra Suplente en el Segundo Tribunal Ambiental, materia para la cual se requieren los votos favorables de tres quintos de los Senadores en ejercicio. NOMBRAMIENTO DE SE�ORA XIMENA INSUNZA CORVAL�N COMO MINISTRA SUPLENTE DE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el oficio mediante el cual Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a la se�ora Ximena Insunza Corval�n, con informe de la Comisi�n de Constituci�n y la urgencia del p�rrafo segundo del n�mero 5) del art�culo 53 de la Carta Fundamental. --Los antecedentes sobre el oficio (S 1.785-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Se da cuenta en sesi�n 76�, en 17 de diciembre de 2014. Informe de Comisi�n: Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento: sesi�n 84�, en 13 de enero de 2015. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or LABB� (Secretario General).- La Comisi�n de Constituci�n deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores se�ores Araya, De Urresti y Espina), de que la proposici�n presidencial cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jur�dico. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- En votaci�n la proposici�n. --(Durante la votaci�n). La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Espina. El se�or ESPINA.- Se�ora Presidenta, en primer t�rmino, debo decir que tenemos que intentar ser m�s prolijos en el procedimiento seguido en esta materia. En efecto, el oficio hab�a ingresado hac�a algunas semanas a la Comisi�n de Constituci�n, y nosotros no fuimos informados, ni tampoco tuvimos contactos con el Gobierno en una materia que, naturalmente, siempre se negocia y se conversa con el prop�sito de reunir los mejores nombres. En segundo lugar, votaremos favorablemente esta proposici�n, en consideraci�n a que la Ministra Rinc�n, quien lleva a cargo estos asuntos, nos se�al� que en la formaci�n del Tribunal Ambiental de Antofagasta -hay que hacerlo �ntegramente- va, como corresponde a los poderes colegisladores, a conversar con todos los sectores, y entre ellos el nuestro, para llegar a un acuerdo que permita nombrar a los mejores ministros. Lo que quiero se�alar es que aqu� no se trata -aunque nadie lo crea- de que estemos buscando que uno sea de Derecha y otro de Izquierda. Esa es una l�gica absurda. Yo por lo menos intento que todos los ministros en cuyo nombramiento participemos (y ese es nuestro compromiso) hagan bien su pega. Si hubiese sido as� siempre, nunca habr�amos nombrado a ministros respecto de los cuales, hasta el d�a de hoy, la gente pregunta si son de Izquierda o de Derecha. Es no conocer a la Corte Suprema si se piensa que opera con ese criterio. Nosotros queremos que sean buenos ministros, que hagan bien su trabajo, que sean lo m�s consensuados posible. Y, por lo tanto, nuestro �nimo es aprobar -se requiere un qu�rum alto: tres quintos de los parlamentarios en ejercicio- los mejores nombres. Yo agradezco la deferencia de la Ministra Rinc�n (tambi�n la tuvo el Gobierno anterior), quien cuando era Senadora llevaba estas conversaciones. Recuerdo perfectamente que en aquel entonces arrib� a un muy buen acuerdo para nombrar a los ministros que hoy existen. Esa es la raz�n por la que vamos a votar a favor, considerando que do�a Ximena Insunza Corval�n tiene los m�ritos, capacidades y requisitos para cumplir adecuadamente el nuevo cargo. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador se�or Navarro. El se�or NAVARRO.- Se�ora Presidenta, tal como ocurri� hace poco con el nombramiento de dos miembros en el Tribunal Constitucional en circunstancias que no fueron las m�s adecuadas para el debido conocimiento de tan importante resoluci�n, estamos abocados ahora a esta votaci�n. Ciertamente, presentada por la Presidenta de la Rep�blica y por la Ministra, uno hace fe de que se trata de una proposici�n adecuada. Y, de los antecedentes conocidos, no cabe ninguna duda de la calidad profesional de la se�ora Ximena Insunza. Solo quiero decir, se�ora Ministra, que yo esperar�a que en todos los nombramientos al menos los partidos, los comit�s fu�ramos consultados con la debida antelaci�n respecto del sentido de ellos y de qu� viene, qu� resta, para tener un panorama mucho m�s amplio. Est� en proceso de elaboraci�n un mecanismo sobre la materia. Me gustar�a conocer el itinerario. Y lo hemos planteado tambi�n con relaci�n a los miembros de la Corte Suprema. Cuando la informaci�n fluye anticipadamente, siempre es posible lograr un consenso. Y en este caso lo tenemos. Se�ora Ministra, hacemos fe de su propuesta. Pero -reitero- nos gustar�a tener informaci�n en forma anticipada. El se�or LABB� (Secretario General).- �Alguna se�ora Senadora o alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba el nombramiento propuesto, dej�ndose constancia, para los efectos del qu�rum constitucional exigido, de que 29 se�ores Senadores se pronuncian a favor. Votaron las se�oras Allende, Goic, Mu�oz y Lily P�rez y los se�ores Araya, Chahu�n, Coloma, De Urresti, Espina, Garc�a, Guillier, Horvath, Lagos, Hern�n Larra�n, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossand�n, P�rez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andr�s Zald�var. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable se�or Garc�a-Huidobro deja constancia de su intenci�n de voto a favor. Tiene la palabra la se�ora Ministra. La se�ora RINC�N (Ministra Secretaria General de la Presidencia).- Se�ora Presidenta, quiero agradecer, por su intermedio, el pronunciamiento de cada uno de los se�ores Senadores. Como recordar�n quienes formaban parte de esta Corporaci�n en el per�odo legislativo anterior, los tribunales ambientales se integran a partir de las cinquenas propuestas para cada cargo por la Corte Suprema sobre la base de las postulaciones presentadas. En su oportunidad, tanto las composiciones del Tribunal de Santiago como del de Antofagasta fueron conversadas con el Ejecutivo de la �poca, a trav�s de su Ministra de Justicia, y, luego de un proceso de revisi�n de cada uno de los curr�culums entregados en carpetas, logramos concordar en el caso del primero de ellos. La entonces ministra titular suplente se�ora Ximena Fuentes, abogada destacada en estas materias, fue llamada por el Gobierno anterior a incorporarse al equipo encargado de la defensa de Chile en el problema con Bolivia y, por tanto, tuvo que renunciar. Producto de ello, se gener� la vacante respecto de la cual el Senado, cuyo acuerdo solicit� la Presidenta de la Rep�blica, ha aprobado el nombramiento de la abogada se�ora Ximena Insunza, tambi�n una destacada profesional en la especialidad. Lo expresado por el Senador se�or Espina dice relaci�n con el procedimiento utilizado para los tribunales ambientales de Valdivia y de Santiago, que tambi�n tenemos que aplicar con relaci�n al de Antofagasta. Ser� preciso revisar los curr�culums que exponga la Corte Suprema y ser tremendamente acuciosos en la selecci�n de los nombres de quienes integrar�n el tribunal. Me parece que esa es la forma de actuar, a la que se suman las entrevistas que lleva a cabo la Comisi�n de Constituci�n a la hora de la presentaci�n a la Sala del conjunto de quienes sean propuestos para ocupar los cargos. En el caso del nombramiento de un Ministro titular del Tribunal Ambiental de Santiago, ante la vacancia que se registrar� en los pr�ximos d�as, el Ejecutivo tiene que esperar la cinquena respectiva y seleccionar, lo que ser� motivo de conversaciones, por cierto, con el Senado de la Rep�blica. Reitero mi agradecimiento a esta Corporaci�n, en nombre de la Primera Mandataria, y valoro el hecho de que las bancadas hayan decidido el asunto con celeridad. Muchas gracias. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Nos alegramos mucho que se haya podido resolver en buena forma. Anunciamos la posibilidad de incluir en la tabla de F�cil Despacho de la pr�xima semana el proyecto de ley que establece la conmemoraci�n del D�a Mundial del Agua, signado con el N� 9 en el Orden del D�a, pero, por tratarse de una iniciativa muy sencilla, aprobada en forma un�nime por la Comisi�n Especial sobre Recursos H�dricos, Desertificaci�n y Sequ�a, la Mesa propone tratarla en seguida. --As� se acuerda. CONMEMORACI�N DE D�A MUNDIAL DEL AGUA La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, iniciado en moci�n de los Senadores se�or Chahu�n, se�oras Allende y Mu�oz y se�ores P�rez Varela y Pizarro, que establece la conmemoraci�n del D�a Mundial del Agua el 22 de marzo de cada a�o, con informe de la Comisi�n Especial sobre Recursos H�dricos, Desertificaci�n y Sequ�a. --Los antecedentes sobre el proyecto (9.622-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moci�n de los Senadores se�or Chahu�n, se�oras Allende y Mu�oz y se�ores P�rez Varela y Pizarro): En primer tr�mite, sesi�n 54�, en 8 de octubre de 2014. Informe de Comisi�n: Especial de Recursos H�dricos, Desertificaci�n y Sequ�a: sesi�n 61�, en 5 de noviembre de 2014. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or LABB� (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa se relaciona con la celebraci�n del d�a al cual se ha hecho referencia, declarada para cada pa�s miembro por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resoluci�n de 1992. En sesi�n celebrada el 8 de octubre reci�n pasado se dispuso el estudio del proyecto por la Comisi�n de Obras P�blicas. Posteriormente, el 15 de octubre, la Sala acord� que el asunto fuera conocido solo por la Comisi�n Especial sobre Recursos H�dricos, Desertificaci�n y Sequ�a. Esta �ltima discuti� la iniciativa en general y en particular, por ser de art�culo �nico, y la aprob� por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables se�oras Allende y Mu�oz y se�ores Chahu�n y Pizarro. El texto que se propone aprobar en general y en particular se incluye en el informe. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay objeciones,� El se�or DE URRESTI.- Que se abra la votaci�n, se�ora Presidenta. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Pensaba pedir la aprobaci�n por unanimidad. En votaci�n. --(Durante la votaci�n). La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora se�ora Mu�oz. La se�ora MU�OZ.- Se�ora Presidenta, el proyecto se origina en una moci�n del Honorable se�or Chahu�n y fue respaldado por todos los integrantes de la Comisi�n sobre Recursos H�dricos: los Senadores se�ora Allende y se�ores Pizarro, P�rez Varela y quien habla. El asunto, como se ha dicho, es de muy f�cil despacho y dice relaci�n con la conmemoraci�n del D�a Mundial del Agua el 22 de marzo de cada a�o. Dada la grave situaci�n en la materia que se vive en muchas regiones, creo que es una se�al muy importante que podemos dar desde la Corporaci�n. As� que llamo, por cierto, a votar a favor. La se�ora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable se�or Chahu�n. El se�or LAGOS.- �Un d�a del agua y el resto de sequ�a�! El se�or CHAHU�N.- Se�ora Presidenta, claramente se trata de algo relevante. Se sabe que la Regi�n de Valpara�so registra el quinquenio m�s seco en la historia de Chile, solo comparable con lo ocurrido en 1968 y 1969. La situaci�n es similar en la Regi�n de Coquimbo y, a su vez, la provincia de Petorca es zona de cat�strofe. Es preciso generar conciencia respecto de la necesidad de contar con las obras de riego pertinentes. Falta voluntad pol�tica para progresar en la construcci�n de los embalses Puntilla del Viento y Catemu, as� como en la de Los �ngeles y Las Palmas, en la provincia de Petorca. Por eso, es muy conveniente concienciar y focalizar los esfuerzos, pues 400 mil chilenos reciben hoy agua v�a camiones aljibe. Le hemos pedido a la Comisi�n T�cnica de las Naciones Unidas que recalifique los grados de desertificaci�n de las comunas del pa�s, en particular las de la Regi�n de Valpara�so. Sin lugar a dudas, se tienen que aplicar medidas de contenci�n al desarrollo del fen�meno. Estamos adelantando en conversaciones con el Ministro de Obras P�blicas para el efecto de avanzar en Puntilla del Viento, donde los trabajos se iniciaron por el Gobierno del Presidente Allende y se interrumpieron en 1973. Creemos que se debe continuar con ese embalse, que fue emblem�tico y en el que participaron cuatro mil trabajadores voluntarios hasta ese a�o, y volver a la t�nica de recuperar las aguas que desembocan en el oc�ano y reconducirlas, a fin de establecer la primera gran obra de contenci�n de la desertificaci�n, que debiera situarse en el valle de Casablanca. Agradezco la disposici�n de la se�ora Presidenta de la Corporaci�n y de la Honorable se�ora Mu�oz, Presidenta de la Comisi�n Especial, �rgano t�cnico integrado tambi�n por el Senador se�or P�rez Varela, para poder generar el marco regulatorio que permita garantizar el acceso igualitario y preferente al agua dulce para el consumo humano. La iniciativa va en esa direcci�n en t�rminos de despertar conciencias, y, por eso, reconozco el apoyo de mis colegas. Muchas gracias. El se�or TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable se�or De Urresti. El se�or DE URRESTI.- Se�or Presidente, obviamente voy a pronunciarme a favor del proyecto. No podr�a registrarse una votaci�n distinta. Pero quiero dejar constancia de que tiene que existir una gran iniciativa legislativa, gubernamental y social para nacionalizar los derechos de agua. Esperamos que el Gobierno le ponga urgencia -la se�or Ministra se retir�- a los proyectos de ley que hemos presentado en ese sentido y se ocupe en una pol�tica nacional de recursos h�dricos. No sacamos nada con conmemorar un d�a el agua y enfrentar una sequ�a los 364 restantes. La situaci�n es lamentable. En el sur ha sido preciso recurrir a camiones aljibe, por la gran carencia de agua. No hemos abordado la cuesti�n del modelo forestal, que est� arrasando con el recurso h�drico en el mundo campesino. No contamos con una ley tendiente a un manejo integrado de las cuencas. No existe una pol�tica que proteja efectivamente a los comit�s de agua potable rural. Entonces, por favor, se requiere un momento de reflexi�n, para que no nos quedemos simplemente en la conmemoraci�n del D�a Mundial del Agua, sino que avancemos en una pol�tica nacional de protecci�n de los recursos h�dricos. Y eso pasa, en primer lugar, por el cambio del C�digo de Aguas, que considera al vital elemento y a los derechos que se constituyen sobre este como un bien de mercado, como un bien especulativo. Hoy d�a, los derechos de agua est�n en manos de hidroel�ctricas o de empresas el�ctricas que simplemente especulan con ellos, afectando a los peque�os campesinos, a las comunidades ind�genas. Que esta reflexi�n lleve a una pol�tica nacional de recursos h�dricos que le d� al agua el valor que le corresponde. Cabe favorecer y apoyar la iniciativa que nos ocupa, pero preocuparse tambi�n de ese otro aspecto. He dicho. El se�or TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Pizarro. El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, deseo resaltar el trabajo que est� llevando a cabo la Comisi�n sobre Recursos H�dricos por encargo de la Sala, en cuanto a poder elaborar una propuesta, como lo plante� el Senador se�or De Urresti, que encare el desaf�o de Chile para lograr el buen uso del recurso h�drico, garantizar su sustentabilidad y el acceso de todos los que lo necesiten, y, l�gicamente, hacer eficiente el esfuerzo del sector p�blico, en coordinaci�n con el privado, para que sea aprovechado en todas sus dimensiones: el sector productivo, las �reas de servicios, tur�stica y medioambiental, y, obviamente, con una prioridad absoluta para el consumo humano. La sequ�a que est� aquejando a nuestro pa�s es una suerte de terremoto silencioso. En la Regi�n de Coquimbo la hemos registrado durante diez a�os y el que reci�n pas� ha sido el peor de todos. Las p�rdidas son cuantiosas en el mundo de la agricultura y tambi�n se ha experimentado una reducci�n en el �mbito de la peque�a y la mediana miner�as. Y, sin duda, se va a resentir el sector tur�stico. Las empresas concesionadas, las sanitarias, no est�n en condiciones de garantizar el servicio a las personas, por lo que en los sectores urbanos, en algunos casos, y en los rurales se est� abasteciendo del vital elemento en virtud del aporte del Estado, con un costo enorme, a trav�s de las oficinas de emergencia y de los municipios, con los camiones aljibe. A m� me parece que es preciso empezar a pensar en soluciones de mayor envergadura, de m�s largo plazo. En la Cuarta Regi�n estamos priorizando dos tipos de ellas, de car�cter permanente. Una es la que llamamos "carretera h�drica", que implica pensar en que esta llegue a nuestra zona desde las cuencas del Biob�o al sur. Hoy d�a eso es posible, desde el punto de vista tecnol�gico, con costos no demasiado altos, y puede considerarse un proyecto de traslado, a trav�s de tuber�as, por el sector costero. Y lo que derechamente se ve m�s cercano es la desalinizaci�n del agua de mar, a fin de utilizarla tanto para el riego como para el sector industrial, de servicios y tambi�n para el consumo. Se trata de inversiones grandes, pero perfectamente financiables. En otras partes del mundo existen experiencias sobre el particular. Cuando planteamos, con los colegas se�or Chahu�n, se�oras Allende y Mu�oz, y se�or P�rez Varela, la necesidad de conmemorar el D�a Mundial del Agua el 22 de marzo de cada a�o, lo que estamos haciendo es entregar una se�al y resaltar la importancia del recurso h�drico para la garant�a de calidad de vida de todos los que vivimos en nuestra patria. La sequ�a est� llegando al sur. Escuchaba al se�or Senador representante de la Regi�n de Los R�os hacer referencia reci�n a esa situaci�n. En la Octava Regi�n pasa lo mismo. Sectores de secano en la Sexta y S�ptima Regiones asimismo est�n sufriendo el fen�meno. Y el problema es m�s grave hoy en las Regiones Tercera, Cuarta y Quinta. Es el momento, entonces, de definiciones y pol�ticas de Estado de mucho m�s largo aliento, aun cuando medie un costo que puede parecer muy alto en lo material o en los recursos financieros, pero que francamente resulta imprescindible. Estas son las razones por las cuales hemos presentado el proyecto, y ojal� todos pudieran votarlo a favor. He dicho. El se�or LABB� (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or TUMA (Vicepresidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general y en particular el proyecto, por 26 votos a favor. Votaron las se�oras Allende, Goic, Mu�oz y Lily P�rez y los se�ores Araya, Chahu�n, Coloma, De Urresti, Garc�a-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Hern�n Larra�n, Letelier, Moreira, Navarro, Orpis, Ossand�n, P�rez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andr�s Zald�var. El se�or TUMA (Vicepresidente).- Terminado el Orden del D�a. VII. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or LABB� (Secretario General).- Han llegado a la Mesa peticiones de oficios. El se�or TUMA (Vicepresidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )--------------------( --Los oficios cuyo env�o se anunci� son los siguientes: De la se�ora VON BAER: Al se�or Superintendente de Seguridad Social, para que informe sobre SITUACI�N DE SE�OR GABRIEL EDGARDO ISLA CARRASCO, y al se�or Director Nacional de Vialidad, a fin de consultar por EXISTENCIA DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RUTA T-54 EN TRAMO SANTA JULIA-RI�IHUE. )----------------( El se�or TUMA (Vicepresidente).- En la hora de Incidentes, el primer turno le corresponde al Comit� Dem�crata Cristiano e Independiente. No har� uso de la palabra. En el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional, puede intervenir el Honorable se�or Prokurica. DETERMINACI�N DE RESPONSABILIDAD EN MUERTE DE SE�OR JORGE SALINAS L�PEZ. OFICIOS El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, he querido usar de la palabra para pedir que se oficie al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud Valpara�so San Antonio y, en especial, al Director del Hospital Eduardo Pereira, de esta ciudad, para informarles sobre el sensible fallecimiento, registrado el pasado s�bado 10 de enero, del se�or Jorge Salinas L�pez, director y fundador de la radio Progreso, de Huasco, y reconocido radiodifusor de la provincia, producto de una falla multiorg�nica generada por �lceras vasculares en sus piernas. Jorge Salinas muri� en espera de un traslado a dicho recinto asistencial que se gestionaba desde mediados de octubre de 2014. Con fecha 24 de noviembre, un d�a antes de que se materializara la anhelada medida, fue informado, no obstante su gravedad, de que se suspend�a el procedimiento, sin se�alarse la causal. Extraoficialmente me enter� de que ello obedeci� a la falta de insumos para realizar la operaci�n programada. La dram�tica situaci�n vivida por Jorge Salinas y su familia no es aislada: es aquella en que se encuentran miles de chilenos a lo largo del pa�s, que no cuentan con una salud p�blica de calidad ante la carencia de especialistas, de recursos y de insumos. Conozco la realidad de la Regi�n de Atacama, donde no hay un centro para tratar a los enfermos de c�ncer, quienes deben ser trasladados a Antofagasta o a Santiago, y falta una UCI pedi�trica. Los hospitales de Huasco y de Diego de Almagro se han quedado en promesas o en consultas ciudadanas que no han arrojado ning�n resultado. Con casi 300 mil habitantes, solo hay un cardi�logo de tiempo parcial, y todas las personas que sufren alg�n problema card�aco de complejidad deben ser trasladadas a Valpara�so, Vi�a del Mar o Santiago. Aumentan las listas de espera, siendo oftalmolog�a, traumatolog�a y otorrinolaringolog�a las especialidades con mayor n�mero de pacientes esperando atenci�n. Los anestesistas son insuficientes; se registran serios problemas en materia de salud psiqui�trica, etc�tera. A mi juicio, lleg� el momento de hacer las cosas bien en salud. Las Regiones no pueden seguir esperando. El problema se ha ido heredando de una Administraci�n a otra. Pero se formularon promesas que es preciso cumplir. La deuda hospitalaria ha aumentado de 30 mil millones de pesos, al t�rmino del Gobierno pasado, a 250 mil millones. La salud y calidad de vida de los miles de afectados no puede seguir empeorando para que las autoridades se den cuenta de que es necesario cambiar las cosas. Estoy seguro de que si el se�or Jorge Salinas hubiera recibido el tratamiento oportuno para su afecci�n, estar�a disfrutando hoy un nuevo a�o junto a sus seres queridos. Espero, de todo coraz�n, que el sufrimiento e impotencia que experimentaron el se�or Salinas y su familia no se repita en el caso de otros habitantes de regiones. Por eso, pido que se oficie al Ministro de Salud, para que ordene una investigaci�n que determine las responsabilidades, ya sea m�dicas o administrativas, que dieron lugar a este caso dram�tico, que termin� con la muerte de un ser humano al que tanto quisimos en la Regi�n de Atacama, especialmente en la Provincia de Huasco. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. --Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comit�s Partido Socialista, Independientes y Partido MAS, Partido Uni�n Dem�crata Independiente e Independiente y Partido por la Democracia, ning�n se�or Senador interviene. El se�or TUMA (Vicepresidente).- Habi�ndose cumplido su objetivo, se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 18:40. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n