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Actualmente nos encontramos en una época de grandes cambios institucionales en las bases mismas que configuran nuestro país, muestra de ello es la reciente modificación al sistema electoral que se resume en el fin al binominal; la presente discusión de la reforma educacional, y la anunciada reforma laboral. Dentro de los cambios que estamos viviendo se han acogido algunas de las históricas demandas de la ciudadanía, como el mejorar nuestro sistema educacional por uno de calidad y gratuito o la creación de una AFP de carácter estatal que ha comprometido la presidenta, proyecto que además esperamos con particular atención pues, iniciamos en el año 2008 un proyecto de Reforma Constitucional en este sentido.
Analizando nuestro ordenamiento y observando las principales preocupaciones de la ciudadanía, consideramos que existe una necesidad imperiosa de redefinir el papel de los distintos actores del mundo laboral, es atendiendo a que existe una responsabilidad compartida, que el presente proyecto busca establecer como un deber conjunto el tema de las pensiones.
Es imprescindible entender que el trabajo es bastante más que una actividad del hombre que le permite ganarse un sustento para su supervivencia individual y el de su, grupo familiar. Ha. de considerarse que el trabajo es una medida importante de nuestras vidas y una de las aristas a través de las cuales asumimos o nos damos un papel, rol o sentido dentro de la sociedad. No es que el trabajo defina lo que somos, como popularmente se dice, el trabajo no es quien soy, es lo que hago pero, es igualmente cierto que es una parcela importante de la libertad y de la vida que nos permite desarrollarnos y realizarnos.
Desde un punto de vista más amplio y alejándonos un poco de la perspectiva individual, el trabajo nos permite configuramos como sociedad, alcanzar metas como grupo humano y también acceder a bienes y servicios que satisfacen necesidades.
Es una realidad innegable, que requerimos de otros para tener una calidad de vida aceptable, todo ello queda de manifiesto ante cualquier paro sectorial, sea registro civil, transportistas, correos, recolectores de basura, médicos, profesores, etc. Asimismo, el crecimiento de las empresas y de los capitales va directamente ligado a tener resuelto el tema de los trabajadores pues -en líneas generales- ha de reconocerse que las ganancias obtenidas en los distintos rubros se deben en parte importante, al desempeño de sus trabajadores que constituyen fuentes de la productividad y son un factor determinante para el crecimiento económico.
El trabajo ha de considerarse también, como una forma de distribución de la riqueza y una vía para la participación de las personas.
Por éstas y por otras muchas razones, sociológicas y económicas, es importante regular y garantizar un sistema equitativo para quienes trabajan y en vistas al fin de su vida laboral, ya que este bienestar nos sostiene e influye a todos.
El gobierno ha tomado conciencia del deficitario sistema de pensiones que hoy tenemos, eso ha llevado a poner en agenda el tema de una reforma y ha fundamentado la creación de comisiones técnicas. Sin embargo, e independiente de las instancias y estudios que se estén realizando; es necesario establecer una serie de lineamientos bases, sobre las cuales reconstruir el sistema. En ese escenario, consideramos que uno de los principios que ha, de regir nuestro ordenamiento -en este ámbito- es el pilar de la solidaridad. Requerimos que esto sea un trabajo y logro de todos pues afecta y beneficia a cada integrante de la comunidad social.
La propuesta que presentamos consiste en establecer un deber estatal en la garantía de una pensión. Esta pensión a su vez debe configurarse con el esfuerzo personal y el trabajo propio de los trabajadores pero que debe ser complementado por el Estado, por la propia responsabilidad que le cabe frente a sus trabajadores y por los propios empleadores.
Este deber que proponemos tiene además del componente tripartito y la solidaridad ya mencionada, un carácter público. Lo anterior, implica la posibilidad de introducir un nuevo actor en el tema de la administración de las pensiones. Una institución estatal fuerte, que sea una alternativa competitiva frente a las demás opciones de administración, que se haga cargo de este ámbito, en paralelo a las opciones que existen en la esfera de Salud (artículo 19 número 9, de la Constitución Política) o Educación (artículo 19 número 10). Estamos convencidos que en materia de cobertura de pensiones el tratamiento no puede ser tan distinto y nuestro actual artículo 19 número 18 requiere ser fortalecido haciendo al Estado participe de esta área social fundamental.
No descartamos que los actores institucionales que lleven adelante estos fines sociales sean instituciones ya existentes como el IPS, cuya estructura hoy definida podría ampliarse en sus facultades y más allá de configurarse y definirse como un redistribuidor de ingresos se transforme en una capitalizador público y solidario.
Queremos generar un sistema de aporte estatal a una cuenta de ahorro voluntaria con fines previsionales, a esta base construida desde el Estado, se sumarán los aportes que cada persona haga una vez que comience su vida laboral. Se trata de un nuevo derecho social y como tal viene a concretizar la igualdad pero, sin desconocer el esfuerzo y trabajo personal e individual cuyos frutos se sumarán a este comienzo garantizado.
Se plantea en paralelo un proyecto para la dictación de una ley que fije el aporte estatal a una suma equivalente en pesos a UF 41,04, al nacer. La cuenta sería administrada por el sistema propuesto o por aquellos organismos competentes. Una opción es entregarla al IPS, e invertirlo en proyectos que supongan un desarrollo para el país y, al mismo tiempo, si hay que pagar alguna comisión, ésta aproveche a las arcas nacionales. Al cumplir la mayoría de edad, los fondos del aporte estatal más su rentabilidad pasarán a incrementar los fondos de la cuenta de capitalización, para efectos del cálculo de la pensión de vejez. Una segunda alternativa, y como forma de hacer extensivo a más personas este derecho, se plantea la posibilidad de otorgar este aporte también a quienes se incorporen al mercado laboral formal por primera vez, como forma de incentivar el ingreso.
Por las razones anteriores es que vengo en presentar el siguiente:
Proyecto de Reforma Constitucional:
Artículo Único: Sustitúyase el número 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica por el siguiente nuevo:
18°. El derecho a la seguridad social.
Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
El estado garantizará la existencia de un sistema de capitalización de carácter solidario y con financiamiento tripartito. En dicho sistema el Estado realizará un aporte inicial, con fines previsionales, efectuado al momento del nacimiento de la persona o, de su ingreso al mundo laboral formal, cumpliéndose los requisitos que determine la ley.
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social;
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.
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