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El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, sin perjuicio del preciso informe entregado por el diputado Ceroni -a quien agradezco por haber tenido la buena voluntad de reemplazarme, ya que tuve inconvenientes de tiempo-, me interesa agregar un par de consideraciones respecto de este proyecto.
Primero, no hay que confundir el proyecto, cuyo objetivo central es dotar de más facultades a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, creada por el Congreso Nacional hace unos cuatro o cinco años y tiene por objeto principal el combate al lavado de dinero, uno de los efectos más graves del narcotráfico.
No hay país en el mundo que, a la hora de combatir uno de los flagelos más severos de nuestro tiempo, el narcotráfico, no esté dispuesto a dotar a las unidades especializadas de los instrumentos necesarios para luchar en contra de ese delito, en sus etapas de sospecha y, más adelante, con la entrega de antecedentes a los persecutores criminales judiciales, el Ministerio Público.
Tal como se ha señalado, el proyecto, iniciado en moción de un grupo de diputados, entre los que me encuentro, simplemente buscaba corregir un error formal durante la tramitación de la creación de la UAF, ya que, por falta de constancia de un quórum en el Senado, el Tribunal Constitucional reprochó dos normas que otorgaban al Ministerio Público, a través de los jueces, la facultad de penetrar las cuentas corrientes y bancarias respecto de quienes existe presunción de culpabilidad. La norma quedó absolutamente asimétrica respecto de otras leyes, por lo que la necesidad de corrección es obvia.
A raíz de esa moción, el Ejecutivo, gracias a las ideas propuestas por algunos diputados, estimó necesario aprovechar este proyecto para presentar una indicación sustitutiva y crear una serie de nuevas condiciones para un mejor trabajo de la Unidad de Análisis Financiero.
Además, no hay que confundir esta iniciativa con otra que se está empezando a tramitar -que, según entiendo, ya fue conocida por la Comisión de Hacienda, aprobada en general y rechazada en particular, y hoy se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia-, uno de los denominados “proyectos Ocde”, que permite disponer de información tributaria, con consecuencias en el ámbito bancario. Ese proyecto, que es mucho más amplio, obviamente, va a producir controversia. Algunos concordamos con él, porque creemos que es un elemento central en el combate del cohecho y de diversos delitos; otros, legítimamente, estarán en contra.
Pero la iniciativa que discutimos es distinta, ya que tiene como objeto fundamental dotar mejor a la UAF. En esa lógica, se incorporan modificaciones a las facultades de esa unidad respecto de su capacidad de examinar y analizar operaciones sospechosas que pudieren estar vinculadas tanto al financiamiento del terrorismo como a otro tipo de delitos base.
El proyecto también adecua y perfecciona el listado de delitos base del lavado de dinero. Agrega uno relativo al financiamiento del terrorismo, que ya estaba establecido en otra norma legal.
También se incluyen reglas especiales cuando la pena del lavado es mayor a la que el juez puede aplicar por el delito base investigado, con lo cual se subsana un problema interpretativo que podría darse. Asimismo, se extiende el secreto de la investigación para ciertos delitos y se regula en mejor forma el archivo provisional.
Además, hay modificaciones que contienen un procedimiento administrativo de retención preventiva de activos, que es una cuestión bastante importante, porque una de las formas de ingresar dinero sucio proveniente del narcotráfico es a través de pasos fronterizos regulares e irregulares. Y se buscan alternativas para eso.
Respecto de los temas sobre los cuales se ha pedido votación separada, debo aclarar que en la Comisión ya tuvimos esa discusión y fue zanjada por mayoría de votos; aun cuando era bastante previsible que se repusiera en esta Sala.
Una forma de resguardar un tema central para cualquier sociedad es tomar las medidas destinadas a prevenir y sancionar el lavado de dinero, probablemente el efecto más grave del narcotráfico, ya que los dineros obtenidos, que no son pocos, se expanden por el mundo a través del intercambio tráfico comercial, y a la hora de las inversiones y de los negocios toman el carácter de legales. De esa forma los narcotraficantes buscan que sus utilidades o negocios ilícitos se transformen idealmente en dineros limpios. De ahí su nombre, lavado de dinero, Para que una sociedad -que no quiere esto- pueda tener armas claras y precisas, destinadas a evitar esa consecuencia brutal del delito, tiene que dotar a sus entidades de facultades destinadas a evitar y prevenir aquello.
El levantamiento del secreto bancario -que está en la cúspide de aquello que tiene que ver con intimidad- cuando se trata de sospecha o delito, tanto para la UAF como para los fiscales, requiere, como regla general, la autorización judicial.
Las normas relativas a la reserva -que están en una categoría distinta- deben permitir a la autoridad que está previniendo, tener antecedentes de esos resguardados sólo por la reserva y no por el secreto, a fin de descartar sospechas en la mayoría de los casos; o de lo contrario, poner los antecedentes a disposición de la institución a la que el Estado le ha dado el monopolio de persecución, el Ministerio Público. Si más adelante se quiere penetrar entidades o instituciones que estén sujetas al secreto, tendrá que pedirse al juez de garantía la autorización para ello.
Es buena la construcción de este proyecto a partir de una indicación. Espero que se apruebe en esta sesión.
He dicho.
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