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El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sandoval.
El señor SANDOVAL .-
Señor Presidente, esta propuesta no me parece ni innovadora ni creativa.
Si hacemos un poco de historia -fui alcalde durante muchos años-, los consejos comunales de seguridad ciudadana existen desde hace mucho tiempo. A través de ese trabajo, hemos convocado la búsqueda y los espacios para lograr hacernos carne de las problemáticas que nos plantean los vecinos desde el punto de vista de la seguridad.
En ese aspecto, si bien no podemos eludir la corresponsabilidad que debe existir entre los vecinos, las comunidades, las organizaciones en una materia tan importante como la seguridad, tampoco podemos dejar de señalar lo que este proyecto hace de manera sustantiva y fundamental: al consejo comunal de seguridad ciudadana, que ya existe, ahora lo llama “consejo comunal de seguridad pública”.
Asimismo, el plan comunal de seguridad ciudadana, que también existe, probablemente ahora se encuentra en un marco jurídico distinto.
Es una pena que no esté aquí el ministro para tratar este tema.
Finalmente, el proyecto agrega un elemento adicional: el director de seguridad pública. Y detalla ampliamente cuáles son sus funciones y atribuciones.
Pero cuál es la particularidad de esto. El proyecto entrega al alcalde y al concejo la facultad de determinar la contratación del referido cargo, el cual además podrá ser dos grados inmediatamente inferior al que le corresponde hoy al alcalde.
Quiero llevar esta situación a lo que pasó con la creación de los 84 juzgados de policía local a lo largo del país en aquellas comunas que no contaban con este tipo de tribunales. En dicha norma también se estableció una facultad un poco discriminatoria, y, curiosamente, muchos municipios tuvieron que enfrentar esa situación sin tener ningún financiamiento.
Cuántas a veces los municipios nos piden a los diputados que por favor no aprobemos proyectos de ley que no estén debidamente financiados. No les quepa duda alguna que frente a un problema tan serio como es la seguridad ciudadana, la presión de la comunidad, la presión incluso de los organismos, y probablemente del propio Ministerio del Interior, será para que los municipios implementen la creación del cargo de director de seguridad pública.
Son costos, señores diputados, costos que la ley en proyecto curiosamente señala: “…normas de gestión y administración municipal que no involucran incremento en el nivel de actividad de los municipios,…”. Por ende, ellas no suponen requerimientos presupuestarios. ¡Mentira! La creación del cargo a que me refiero, que ya tiene fijado un grado dentro de la escala municipal, involucra un costo que deberán asumir los municipios. Quizás en Santiago, Providencia , Las Condes podrán financiarlo, pero qué pasará –lo manifestó acá el propio diputado Walker -, en comunas como Padre Hurtado, o en comunas australes como las que representamos algunos: O’Higgins, Tortel , etcétera. Cómo van a financiar la creación del cargo en comento.
Si bien la materia que nos ocupa tiene que involucrar necesariamente a los municipios, creemos absolutamente fundamental dar respuesta a las inquietudes que plantean los vecinos en materia de desórdenes callejeros, conductas de pandillas, formación de grupos de inseguridad que se establecen en las poblaciones. Obviamente, hay que intervenir al respecto.
Bien se ha señalado acá –lo hizo el diputado Osvaldo Urrutia - que las soluciones no están funcionando, no están dando los resultados que la comunidad nos está exigiendo: hay mayor dotación de carabineros –norma aprobada precisamente por este Congreso Nacional-, más policías de investigaciones, incluso en Coihaique se están construyendo nuevos cuarteles, pero curiosamente tenemos una menor sensación de seguridad pública. Contamos con más insumos, más recursos humanos, mayor infraestructura, pero extrañamente existe menor sensación de inseguridad en la comunidad, y cada vez más los vecinos deben tomar mayores medidas de resguardo en sus viviendas: cercos, rejas en las ventanas, alarmas, mejor iluminación, incluso cámaras de televigilancia.
Algo se nos está escapando en esta materia. Intentar apuntar el problema de la seguridad con la medida que se propone y pretender –se señaló aquí- que será la panacea y que resolveremos los problemas existentes no será efectivo. Por el contrario, aquí lo único que estamos haciendo es traspasarles a los municipios la creación de un nuevo cargo con un alto grado, el de director de seguridad, que no tiene financiamiento.
Por tanto, para que demos una buena señal sobre el particular, invito a los colegas a debatir el proyecto con mayor profundidad y a no votarlo favorablemente. Ojalá que el Senado lo corrija de manera sustantiva, porque aquí lo único que estamos haciendo, como sucedió con los juzgados de policía local, es traspasar un problema de carácter financiero a los municipios sin los recursos necesarios para ello.
Así, llamo a los diputados a votar en contra el proyecto, a mejorarlo sustantivamente, porque la seguridad de los vecinos consiste no solamente en poner rejas, cercos, alarmas y cámaras de televigilancia en sus viviendas, sino en asegurar que ellos se puedan desplazar por nuestras calles, por nuestros barrios, por nuestras poblaciones a cualquier hora del día, sin que los padres deban esconder a sus hijos a las siete, ocho de la tarde porque los barrios se empiezan a transformar cuando cae la noche. La seguridad ciudadana es un compromiso de todos, pero no se soluciona de esta forma.
He dicho.
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