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- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO CONSTITUIDA EN INVESTIGADORA DE LA GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA NUEVA POLÍTICA HABITACIONAL DEL GOBIERNO.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano constituida en especial investigadora de la génesis y desarrollo de la nueva política habitacional dispuesta por el Supremo Gobierno.
Rinde el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano el diputado señor Pedro Velásquez.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión, sesión 38ª, en 7 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor VELÁSQUEZ (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, constituida en investigadora de la génesis y desarrollo de la nueva política habitacional dispuesta por el Supremo Gobierno, paso a rendir el informe emanado en cumplimiento de la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados.
En los pupitres electrónicos de las señoras diputadas y de los señores diputados se encuentra el informe completo, en el cual se detalla la resolución final adoptada por la Comisión. Por lo tanto, sólo expondré un resumen de dicho documento.
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano se constituyó en investigadora de la génesis y desarrollo de la nueva política habitacional dispuesta por el Gobierno para establecer los fundamentos, objetivos, alcances, ventajas y desventajas de sus contenidos y las previsiones del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo respecto de sus impactos en los potenciales beneficiarios, como en el desarrollo armónico de las ciudades, tanto en sus aspectos urbanísticos como sociales.
La Comisión estuvo integrada por las diputadas señoras Claudia Nogueira ( Presidenta ) y Denise Pascal y por los diputados señores Pedro Browne, René Manuel García , Patricio Hales , Carlos Abel Jarpa , Juan Carlos Latorre , Roberto León , Iván Norambuena , Felipe Salaberry , Orlando Vargas y quien les habla, Pedro Velásquez.
El diputado señor Germán Becker reemplazó al diputado señor René Manuel García ; el diputado señor Carlos Montes reemplazó a la diputada señora Denise Pascal ; el diputado señor Joaquín Tuma reemplazó al diputado señor Patricio Hales , y el diputado señor Felipe Salaberry reemplazó al entonces diputado señor Juan Lobos , que en paz descanse.
Además, asistió el diputado señor Jorge Sabag .
Relación del trabajo efectuado por la Comisión.
Se recibieron las opiniones y observaciones de las siguientes personas: Magdalena Matte , ex ministra de Vivienda y Urbanismo ; Andrés Iacobelli , subsecretario de Vivienda ; Guillermo Rolando Vicente , jefe de la División Política Habitacional ; Juan Pablo González , Germán Codina y Juan Ignacio Correa , asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; David Morales , presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Isla de Maipo ; Patricio García , jefe del Departamento EGIS de la Municipalidad de La Florida ; Jorge Larenas , director del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile; Isabel Brain , coordinadora del Programa ProUrbana, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Gonzalo Cubillos , integrante del Consejo Directivo; Pía Mora , investigadora; Francisco Sabatini , profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Igor Rosenmann , presidente del Comité de Vivienda del Colegio de Arquitectos ; María de la Luz Nieto , experta en política habitacional; Juan Pedro Pinochet , director ejecutivo de la organización Un Techo para Chile; Vicente Burgos , director de Vivienda Definitiva ; Daniel Jadue , arquitecto y sociólogo; José Jara , presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción; Gonzalo Bustos , abogado, asesor de la Cámara Chilena de la Construcción; Paulina Henoch , del Instituto Libertad y Desarrollo; Pablo Trivelli , arquitecto; Luis Eduardo Bresciani , arquitecto; Alexis Parada , de la Federación Nacional de Pobladores, del Movimiento de Pobladores sin Techo (MPST) de Puente Alto y La Pintana ; José Hidalgo , de la Coordinadora Sur de Allegados de La Pintana; Lautaro Guanca y Roxanna Miranda , del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), de Peñalolén, Santiago Centro, Estación Central y Lo Barnechea ; Alberto Vilches , de la Agrupación de Allegados Rigoberto Jara de Quilicura; Millette López , presidenta de la Unión Comunal de Allegados La Florida; Susana Quiroz y Verónica Quiroz , representantes del Proyecto Tinajas; Rafael Soto , presidente del Comité Don Bosco ; Irma Cubillos , Margarita Pino , María José Muñoz y Ana Collao , integrantes de esa misma entidad; Paulina Muñoz , presidenta de la Agrupación de Dirigentes de Condominios de Viviendas Sociales de La Florida; Doris Antillanca y Verónica Bustos , de la Agrupación de Comités Postulantes a Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF).
Con las exposiciones realizadas y los antecedentes aportados en el seno de la Comisión se pudo establecer una base de trabajo teórico sobre la cual se elaboraron las conclusiones y proposiciones que fueron aprobadas por la mayoría absoluta de los diputados participantes en la votación.
Votaron a favor la diputada señora Claudia Nogueira ( Presidenta ) y los diputados señores Pedro Browne, René Manuel García , Romilio Gutiérrez , Joaquín Tuma (en reemplazo del diputado señor Patricio Hales) , Juan Carlos Latorre , Felipe Salaberry y quien habla, Pedro Velásquez.
Se abstuvieron la diputada señora Denise Pascal y el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
Ventajas de la política habitacional.
Se corrige una de las distorsiones que existían en la asignación del subsidio a la localización. Este subsidio fue creado para ampliar las posibilidades de ubicar la vivienda social en comunas más integradas a la ciudad, a través de recursos adicionales que permitieran pagar más por el suelo, lo que, a su vez, contribuiría a combatir la segregación social. Pero este subsidio presentaba una distorsión, ya que no discriminaba entre ciudades; es decir, se aplicaba también en ciudades pequeñas, donde no tenía sentido premiar la localización, porque el suelo es más barato y la segregación no es un problema crítico. Hoy se restringe el uso del monto máximo del subsidio de localización, de 200 UF, a las tres grandes áreas metropolitanas de Chile: Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción, con lo que se corrige esta distorsión.
También se corrigen las distorsiones que existían en la asignación de subsidios a la vivienda usada, la cual se transfería entre parientes directos e indirectos.
Se perfeccionan los proyectos de integración social. Antes, el subsidio de integración social exigía como requisito la presencia en el proyecto habitacional de al menos un 30 por ciento de viviendas del Fondo Solidario de Vivienda I o II. Hoy se explicita que ese 30 por ciento debe pertenecer al sector vulnerable del Fondo Solidario de Vivienda I.
Se amplían las alternativas de postulación y se da mayor énfasis a la postulación colectiva, lo que es positivo toda vez que la creación y mantención de las redes sociales es un activo especialmente valioso para las familias vulnerables.
Se reducen las diferencias entre los postulantes al Fondo Solidario de Vivienda I y al Fondo Solidario de Vivienda II, lo que es un avance, ya que estos últimos, por un escaso margen, acceden a subsidios muy inferiores, lo cual presiona a que todos quieran calificar para el Fondo Solidario de Vivienda I.
Los nuevos subsidios a los grupos emergentes permitirán mejorar el acceso de los grupos medios-bajos a proyectos de mejor estándar. Se propone un esquema más simple y con más alternativas para estos hogares con limitada capacidad de endeudamiento.
Se incrementan los montos de subsidios a zonas rurales, lo que permite no discriminar y reducir los incentivos a la migración desde pueblos a las periferias de las grandes ciudades.
La propuesta presentada por el Ejecutivo incorpora medidas que buscan mejorar la focalización de los programas.
Se crean dos nuevos mecanismos que apuntan a perfeccionar la aprobación de proyectos:
a) La calificación de los proyectos de acuerdo con principios urbanísticos, que antes no existía.
b) Se refuerza la figura del revisor independiente, que debe certificar el cumplimiento de requisitos y normas en la aplicación de los subsidios y postulaciones.
Se premiará la antigüedad de los postulantes en el momento de seleccionar a los beneficiarios.
Se permitirá la aplicación del subsidio no sólo a viviendas nuevas o usadas, sino también para viviendas en construcción.
Se establecen más controles a la especulación con los valores del suelo.
Se propone apoyar, de manera permanente, la obtención de vivienda para sectores medios, específicamente compras de viviendas entre 1.000 y 2.000 UF.
En cuanto a la gestión del suelo por parte del Minvu, se vislumbra como positivo el esfuerzo por asegurar suelo para los grupos más vulnerables, puesto que son los que tienen menos posibilidades de acceder a un suelo bien localizado. Sin embargo, aún no hay detalle de cómo se realizará, qué criterios se utilizarán para la compra de esos sitios, cuál será el monto de dinero que se destinará, etcétera.
Desventajas de la política habitacional.
Existe una aparente contradicción entre esfuerzo y focalización. El principio de focalización se justifica en función de los niveles de vulnerabilidad. A mayor vulnerabilidad, mayor focalización de la ayuda estatal. Por eso, se percibe como una contradicción promover el mayor ahorro de estos grupos vulnerables atribuyéndolo al esfuerzo, porque tácitamente se asume que ellos no ahorran todo lo que podrían, más que entender la falta de ahorro como impedimento real. En último término, la exigencia de más ahorro debiera ir aparejada a una comprobación de una mejora en la calidad de las viviendas.
No queda claro cómo los incentivos perfeccionan la focalización, dado que el máximo de unidades de fomento para el segmento vulnerable es de 750 y las viviendas del segmento emergente comienzan desde las 600 UF. Esto iría en contra de la focalización, ya que parece incentivo para que los emergentes hagan esfuerzos por calificar como vulnerables.
En los segmentos emergentes se tiende a premiar más el ahorro individual que la organización.
No obstante se incentiva la postulación colectiva a través de la entrega de mayor puntaje. No es claro el valor que se le atribuye a este tipo de postulación, puesto que no se respeta la mantención de los grupos, ya que se exige que los proyectos de la nómina de proyectos acojan, al menos, al 50 por ciento del grupo, y el resto deberá buscar otro proyecto; es decir, no habría problema con dividir el grupo respectivo.
En el subsidio de localización, no se discrimina una buena localización al interior de la ciudad, que es una de las distorsiones de este subsidio. Debiese perfeccionarse un nuevo método de cálculo para este subsidio, que permita acceder a terrenos mejor localizados al interior de la ciudad, discriminando localizaciones y evitando la transferencia de gran parte del subsidio a los propietarios de terrenos.
En la tabla de calificación de los proyectos, no se exige el cumplimiento máximo de los puntajes. Por ejemplo, se puede obtener el mínimo puntaje exigido en localización, si a cambio el proyecto obtiene lo máximo en la calificación técnica del diseño de la vivienda, o aspectos energéticos. Esto es negativo, sobre todo tratándose de proyectos que reciban el subsidio de localización, los que deberían cumplir, como mínimo, con todos los requisitos de ese ítem.
La propuesta no incorpora ajustes en materia de condominios sociales.
En relación con el desarrollo armónico de las ciudades en sus aspectos urbanísticos y sociales, se observa una ausencia de una política urbana consistente con esta propuesta de cambios a la política habitacional. La mayor crítica que puede hacerse es que falta mayor integración entre los instrumentos de desarrollo urbano y los aspectos territoriales. Falta intención expresa por integrar planos reguladores, mecanismos de incentivos normativos, programas de inversión urbana y otras políticas de Estado. Es decir, no podemos perder el sentido de creación de barrio presente en las políticas vigentes y los avances que se puedan promover en la misma dirección.
Conclusiones de la Comisión.
Se percibe una falta de debate conceptual más amplio; hay ausencia de discusión respecto del concepto que hay detrás de la llamada “política de la vivienda”, que no queda clara. Falta también una evaluación de la sustentabilidad de las políticas de vivienda y de su relación con otras políticas de superación de la vulnerabilidad.
Consecuente con lo anterior, quizá debió aprovecharse la oportunidad política para extender el análisis, más allá de la política habitacional, a la política a nivel barrial y urbano en general, ya que el perfeccionamiento de la política de vivienda no debiera ir desacoplado de las variables urbanas.
Pudieron haberse abordado otros tópicos también, como el funcionamiento de los mercados de suelo urbano; las diferencias entre demandas regionales y locales específicas; el problema de la segregación social y sus costos asociados; el análisis del aumento de los costos asociados a otras causas, como volumen de oferta de subsidios, crecimiento y competencia de otros usos urbanos por el suelo, crecimiento del ingreso, etcétera.
En términos generales, las modificaciones propuestas no constituyen un cambio radical a la política de vivienda en Chile, sino más bien apuntan a perfeccionar y dar solución a problemas prácticos del sistema actual. Se mantienen básicamente los mismos principios de cantidad, calidad de la vivienda e integración social. La mayoría de los invitados a la Comisión coincidió en este punto.
Abundando en el punto anterior, se valoran los objetivos compartidos y sentido de continuidad de la política de anteriores gobiernos, pero no se mencionan objetivos de eficiencia, recuperación de barrios y creación de comunidad (participación y empoderamiento).
Si bien la política habitacional también debe apoyar a los sectores medios, el foco principal debe mantenerse en los grupos más vulnerables.
Junto con regular de mejor manera la especulación en los precios de los suelos para vivienda social, no se debe eliminar el subsidio que permita asegurar la compra de terreno en zonas con buena conectividad y equipamiento.
Si bien es importante incentivar el esfuerzo compartido de las familias, reflejado en un sistema donde los beneficiarios que ahorren más sean recompensadas con un subsidio más alto, este sistema no debe dejar de lado a las miles de familias que no pueden aportar más de las 10 unidades de fomento mínimas requeridas, de modo de asegurarles un mínimo de calidad, metraje y ubicación.
Junto con el desarrollo de una política habitacional, se deberá trabajar en la formación de una política de desarrollo urbano sostenible y que busque un mayor grado de equidad urbana.
El programa regular de subsidios para este año es insuficiente para satisfacer la demanda histórica de allegados y familias en situación de campamento a lo largo del país. Las modificaciones a la política habitacional se pueden enfrentar con el problema de levantar expectativas, las cuales no serían cubiertas con un programa muy reducido en el número de subsidios.
Propuestas.
-Creación de un modelo de gestión único y estandarizado para el ingreso de cualquier proyecto, incorporando algunos de los elementos que ya se encuentran interiorizados en otros sistemas de revisión del Estado -el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un excelente ejemplo de esta propuesta-.Por ejemplo: a) que incorpore un sistema de ventanilla única permanentemente abierta para el ingreso de proyectos para evitar la superposición de roles al interior de los servicios y multiplicidad de entrada de los proyectos, información y documentos; b) que incorpore un sistema on line como respaldo oficial de los proyectos, documentos, resoluciones, aprobaciones y postulaciones, evitando el papeleo y la pérdida de información en la tramitación; c) que defina responsabilidades y atribuciones específicas y acotadas en la revisión de los proyectos, con estándares técnicos y sociales mínimos previamente normados, validando las aprobaciones de los servicios correspondientes (la Dirección de Obras Municipales para arquitectura, empresas de servicios para los servicios básicos, el Serviu para pavimentación y aguas lluvias, etcétera), y d) simplificar al máximo los procedimientos evitando la excesiva burocracia, especialmente en el decreto supremo N° 174.
-Revisión de normas para que los proyectos ingresados al Serviu cuenten con una normativa que permita al gestor de la iniciativa predecir los criterios con que será revisado su proyecto y reclamar en caso que no se hayan cumplido dichos criterios. La base de este sistema se encuentra en las presentaciones a las direcciones de obras municipales. Al mismo tiempo, la responsabilidad legal establecida para los profesionales externos de la EGIS podría ser complementada desde Serviu para su fiscalización.
-Institucionalizar el Serviu como un organismo fiscalizador de los proyectos presentados y no como un “contralor-revisor” de los mismos. Así, la determinación de incentivos a los funcionarios debiera tener como objetivo estimular la agilidad y el orden en la generación de proyectos, y no el mero cumplimiento de plazos.
-Establecer un funcionario responsable de la coordinación interna del Serviu para cada proyecto. Inicialmente, debe ser un funcionario del Departamento de Fondo Solidario, que coordine el proceso de revisión y aprobación en los distintos departamentos, hasta la generación del certificado de calificación definitiva. Posterior a ello, el proyecto debe coordinarse por el supervisor de obras, quien, a su vez, debe velar por una fluida revisión, aprobación e incorporación de posibles ajustes de proyecto y por un correcto y ejecutivo pago a los contratistas. Ambos funcionarios deben ser evaluados a partir de la agilidad con que los proyectos avancen, salvo que existan falencias normativas.
-En los últimos años, la fiscalización ha sido mucho más exhaustiva en cuanto a lo técnico que a lo social. Con la convicción de que un proyecto de vivienda es un motor a un problema mucho mayor, como lo es la exclusión, es perentorio un mayor control a los planes de habilitación social de cada proyecto.
-Unificar en un solo decreto el Fondo Solidario de Vivienda II y el decreto supremo N° 40.
-El Ministerio deberá estudiar mecanismos para mejorar los espacios comunes, el entorno y la calidad de vida de los residentes de condominios sociales.
-Se deberán buscar alternativas de mayor participación ciudadana, a través de los comités, en los distintos procesos de los proyectos habitacionales. Se debe potenciar la organización comunitaria para los segmentos vulnerables, así como incentivar alternativas de elección para viviendas con deuda.
-Basado en las buenas y malas experiencias de las EGIS al momento de llevar a cabo la política habitacional, se hace necesario estudiar formatos alternativos de aplicación de política habitacional en los casos en que los comités quieran prescindir de una EGIS.
-El Ministerio deberá estudiar la factibilidad de contar con una política de apoyo al arriendo.
-Finalmente, se deberá trabajar en el desarrollo de una política de suelo, principalmente para zonas urbanas con escasez de suelo para vivienda social, de modo de terminar con la segregación social.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En discusión el informe de la Comisión de Vivienda, constituida en Especial Investigadora.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , la Comisión de Vivienda se constituyó en Especial Investigadora, a fin de analizar lo que el Gobierno informa como su política habitacional.
Una de las primeras funciones que cabe a quien asume la conducción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es entregar, en un plazo prudente, los conceptos que, a su juicio, debieran estar presentes en su política habitacional.
Probablemente, el dramático hecho de haber tenido que enfrentar un terremoto justo al inicio de su administración, hizo que el Gobierno postergara una definición clara al respecto. El motivo por el cual se gestó esta Comisión dice relación con que se planteaban opiniones en forma extraoficial, que no se traducían en un texto claro de la política habitacional del actual Gobierno.
Al analizar el informe y recordar los invitados que concurrieron a la Comisión, es necesario hacer presente que, más que una investigación propiamente tal, en ella tuvimos la oportunidad de conocer la opinión de expertos de instituciones ligadas al sector vivienda, sobre la continuidad o los cambios necesarios en las políticas habitacionales de nuestro país. Lo destaco, porque la opinión de los integrantes de la Comisión se vio enriquecida gracias al aporte de dichos especialistas.
A partir de esas exposiciones, en la Comisión surgió la idea de realizar, con el respaldo habitual de la Cámara, un seminario especializado en el cual se aborde la agenda que, como Comisión, consideremos necesario priorizar en materias relacionadas con el sector vivienda, en especial las que dicen relación con una política habitacional deseable para nuestro país.
Quiero destacar que, en general, buscamos consensuar las conclusiones, sin perjuicio de que, en algunas de ellas, se pueda eludir algún punto de vista que recoja, en forma mucho más precisa, el criterio técnico o político que nos merezca el desarrollo de esta política habitacional.
Entre las propuestas, se plantea la necesidad de que el Serviu cumpla algunas tareas de manera distinta a como lo ha hecho tradicionalmente; que no olvide que sus políticas normalmente están impregnadas de un carácter social, cual es permitir el acceso a la vivienda a los sectores tradicionalmente más postergados de nuestra sociedad, y que no establezca en su rol una priorización de lo técnico, sin perjuicio de que es un aspecto que debe estar presente en forma rigurosa en todos los proyectos.
Se plantean una serie de ideas, que esperamos que el Gobierno acoja. Este documento constituye una base interesante para ampliar la discusión respecto de las políticas habitacionales de nuestro país.
Deseo destacar el hecho de que, en general, Chile ha sido exitoso en transformar la vivienda en un derecho, aspecto que, probablemente, no está presente en el resto de los países de América Latina de la manera en lo que está en nuestro país, lo que permite que importantes sectores de la ciudadanía, que no podrían tener acceso a una vivienda a través de sus propios recursos, puedan obtenerla gracias al aporte fundamental que realiza el Estado chileno, que esperamos siga estando presente entre las posibilidades que nuestro país ofrece a sus ciudadanos.
Nuestra Comisión reconoce en las conclusiones de su informe que algunos temas debieron abordarse más detalladamente, como el funcionamiento de los mercados de suelo urbano, aspecto central para el desarrollo de una política de vivienda en nuestro país. Asimismo, las diferencias entre demandas regionales y locales específicas. Chile no tiene una situación única que pueda caracterizar a todas sus ciudades a lo largo del país. En consecuencia, debe existir un rol mucho más afín con las realidades de las regiones. Muchas veces aprobamos disposiciones que no tienen una aplicación razonablemente adecuada en las regiones o en localidades muy específicas.
También plantea la idea de que podríamos haber abordado otros tópicos, como el problema de la segregación social y sus costos asociados, tema central en materia de política habitacional para el futuro.
Asimismo, señala la necesidad de que los integrantes de la Comisión de Vivienda y, eventualmente, el Gobierno, tengamos presente que hay un aumento de costos asociados a otras causas, como el volumen de oferta de subsidios, el crecimiento y la competencia de otros usos urbanos por el suelo, incremento del ingreso, etcétera.
Deseo destacar que, en general, la Comisión de Vivienda cumplió satisfactoriamente el cometido que le planteó la Sala. Finalmente, anuncio la disposición de nuestra bancada para respaldar el informe.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Hemos llegado al término del Orden del Día.
En consecuencia, la discusión del informe en debate queda pendiente para una próxima sesión, dado que hay diputadas y diputados inscritos para hacer uso de la palabra.
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