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El reciente devastador incendio ocurrido en el Parque Nacional Torres de Paine, ha tenido numerosas consecuencias negativas que aún no se pueden vislumbrar en su real magnitud sobre diversos aspectos.
En primer lugar, se ha afectado en forma grave un patrimonio natural de características únicas en el mundo y que se sostiene sobre un equilibrio ecológico que sin duda ha sido definitivamente dañado y alterado.
Además, se ha perjudicado una importante actividad económica del país y sobretodo de la Región de Magallanes, que recibe uno de sus más importantes a través de los ingresos de la imagen internacional del que goza el Parque Nacional Torres del Paine, que atrae la llegada de cientos de miles de turistas de todo el mundo.
Por último, se ha provocado incendio no en cualquier territorio del país, sino que uno de los pocos que gozan de alguna categoría de conservación, de acuerdo a las categorías establecidas por la ley 18.362 que crea el Sistema Nacional de áreas silvestres protegidas del Estado.
En cuanto al delito de incendio de bosques, el Decreto 4363 de 1931 establece que se "prohíbe la roza a fuego, como método de explotación en los terrenos forestales" y que para emplear el fuego en la destrucción de la para vegetación arbórea en suelos fiscales o particulares que se desee habilitar para la actividad agropecuaria, se requerirá de un permiso escrito otorgado por el Gobernador al propietario del predio o a un tercero con autorización del propietario, previo informe del Agrónomo respectivo del Ministerio de Agricultura.
El mismo decreto sanciona el empleo del fuego en contravención lo anteriormente señalado con una multa de hasta doce sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio del departamento de Santiago.
Ahora bien, la ley de bosques continúa con una mayor sanción para el que "rozare a fuego" sin las autorizaciones correspondientes y a consecuencia de ello destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos, ganados, construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros con una sanción de pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio.
Por último, la ley de bosques establece una sanción más dura para aquel que por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego en zonas rurales, o en terrenos urbanos o semi urbanos destinados al uso público, provocare incendio que cauce daño a bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos, ganados, construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros con la pena de prisión en su grado máximo.
Sin embargo, la dureza de dicha sanción se ve fuertemente aminorada puesto que el mismo artículo 18 del Decreto 4363 establece que dicha pena es conmutable por una multa de un décimo de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del departamento de Santiago, por cada día de prisión.
Creemos que el reciente incendio en el Parque Nacional Torres del Paine, puede tener muchos responsables tanto directos como indirectos, sobretodo en lo que dice relación con las medidas de prevención de estos siniestros en áreas protegidas, materia que sin duda deben una urgente revisión y mejoramiento sustancial por parte de las autoridades con competencia.
Sin perjuicio de ello, creemos también que el incendio recientemente ocurrido es una instancia para establecer sanciones más duras y efectivas para todo aquel que resulte responsable de un incendio en un área silvestre protegida, puesto que la actual ley de bosques, pese a establecer en apariencia una dura sanción (pena de prisión en su grado máximo) para el caso de provocar un incendio, al mismo tiempo la hace conmutable por el pago de una multa cuyo monto de ninguna forma servirá para recuperar el patrimonio natural perdido
Es por esto que proponemos mediante este proyecto de ley una modificación a la ley número 18.362 que crea el "Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado", de manera de sancionar con especial dureza a todo aquel que intencionalmente o por mera negligencia provoque un incendio forestal en un área silvestre protegida, sin posibilidad de poder conmutar dicha pena con el pago de una multa.
Además, proponemos establecer una acción civil especial de reparación para que responsable del incendio responda patrimonialmente por el daño causado
Por las razones anteriores es que venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Ley
Artículo Único: Incorpórese el siguiente artículo 28 bis en la ley 18.362 que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Artículo 28 bis El que por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego provocare incendio que cauce daño en un área silvestre protegida por cualquiera de las categorías de manejo señaladas en el artículo 3 de la presente ley sufrirá la pena de prisión en su grado máximo.
Lo dispuesto en el presente artículo, es sin perjuicio de la obligación de indemnizar y reparar los daños causados al patrimonio ambiental.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- José García Ruminot, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
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