REPÚBLICA DE CHILE/CÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 358ªSesión 137ª, en jueves 10 de marzo de 2011(Ordinaria, de 10.23 a 13.18 horas) Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y de los señores Becker Alvear, don Germán, y Moreira Barros, don Iván. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental, el señor Landeros Perkic, don Miguel.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIALÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- ANEXO DE SESIÓN IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.ÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 9 II. Apertura de la sesión 13 III. Actas 13 IV. Cuenta 13 - Envío de proyectos a Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas 13 - Renuncia de la mesa 13 - Despedida de Vicepresidentes de la Cámara de Diputados 13 - Saludo a destacada nadadora nacional 15 V. Orden del Día. - Extensión de plazo de vigencia de franquicias contenidas en el artículo 28 del DFL N° 341, de 1977, y en el artículo 35 de la ley N° 19.420. Primer trámite constitucional 16 - Informe de Comisión Investigadora respecto del programa Orígenes 26 VI. Proyectos de acuerdo. - Solicita adhesión del Estado de Chile al Convenio Internacional sobre Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) 42 - Incorporación de comunas de Alto del Carmen y Cochamó entre receptoras de bonificación trimestral de la ley N° 20.198 44 VII. Incidentes. - Fiscalización de bienes de capital acogidos a los beneficios de la ley N° 19.606. Oficios 46 - Medidas para enfrentar sobrepeso en escolares. Oficio 46 - Medidas para paliar alza de combustibles en la Región de Aysén. Oficio 47 - Agradecimiento al gobierno por medidas en favor de Región del Biobío 47 - Cumplimiento de anuncio sobre incremento de monto de subsidios habitacionales. Oficio 48 - Conexión a internet para todas las escuelas de Chile. Oficio 48 - Felicitaciones a escuela de Alto Cabrero por obtención de primer lugar nacional en prueba Simce de educación física. Oficios 49 - Agradecimiento a Vicepresidente de la Corporación 49 VIII. Anexo de sesión. Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 50 - Antecedentes sobre proyectos aprobados con recursos del FNDR, del Fondo Social Presidente de la República y del FRIL en Región de Atacama. Oficios 50 Pág. - Información sobre incumplimientos de compromisos de compañía Minera Barrick Gold en Región de Atacama. Oficios 50 - Información sobre recursos adeudados a trabajadores bancarios. Oficios 51 - Información relativa a protocolo de entendimiento y cooperación sobre energía nuclear firmado con Francia. Oficio 52 - Aprobación de proyecto en favor de agrupación de comunidades de Agua del Valle de Elqui. Oficios 52 - Antecedentes sobre detención de ciudadano ecuatoriano por Carabineros de Chile. Oficio 53 - Antecedentes sobre actos de administración realizados por municipalidad de Quilicura relativa a vertedero Cerros de Renca. Oficio 53 - Información sobre destino y uso de fondo aprobado en 2010 en favor del Transantiago y de subsidio a regiones. Oficio 54 - Información sobre cumplimiento del artículo 37 de la ley N° 16.752 y recursos entregados a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Oficios 54 - Información sobre postergación de proyectos de mejoramiento y arreglo de caminos rurales de Castro. Oficio 55 - Proyectos financiados durante 2010 con fondo social Presidente de la República. Oficio 55 - Implementación de plan de desarrollo para islas ubicadas al interior del mar de Chiloé. Oficio 55 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.”. (boletín N° 3778-18) 57 2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto que “Permite la introducción de la televisión digital terrestre.”. (boletín N° 6190-19). (596-358) 57 3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, referido al “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines de Procedimiento en Materia de Patentes”, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980, y su Reglamento Anexo, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981.”. (boletín N° 7098-10) 59 4. Oficio del Senado por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 A, de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha designado a don Carlos Fuentes Berríos para ocupar el cargo de contador auditor del Comité de Auditoría Parlamentaria 59Pág. 5. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados. (boletín N° 7194-05) 60 6. Informe sobre la participación de los diputados señores Cristián Campos y Jorge Ulloa en la 2ª Conferencia Preparatoria de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, celebrada entre los días 24 al 28 de enero de 2011, en Cali (Colombia) 79 7. Proyecto iniciado en moción de los señores Diputados Gutiérrez, don Hugo; Alinco; De Urresti; Montes, y de la Diputada señora Pascal, doña Denise, que “Modifica el artículo 12 de la ley N° 20.370, General de Educación, para impedir que el rendimiento académico o la situación socio económica sean motivo de selección escolar.”. (boletín N° 7520-04) 82 8. Proyecto iniciado en moción de los señores Diputados Alinco; Accorsi; Andrade; Espinoza, don Fidel; González; Jiménez; Marinovic; Meza; Vargas, y de la Diputada señora Isasi, doña Marta, que “Establece gratuidad en el transporte de estudiantes en la locomoción colectiva, buses interurbanos y otros medios de transporte, y regula el pase escolar.”. (boletín N° 7521-04) 83 9. Proyecto iniciado en moción de los señores Diputados Gutiérrez, don Hugo; Aguiló; Alinco; De Urresti; Espinoza, don Fidel; Monsalve; Teillier, y de la diputada señora Pacheco, doña Clemira, que “Aumenta las penas para el delito de usurpación de aguas, precisando que los acuíferos están incorporados como objeto de protección penal.”. (boletín N° 7522-07) 86 - Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad: 10. “artículo 38 de la ley N° 18.933.” Rol 1806-10-INA. (5568) 87 11. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1807-10-INA. (5572) 88 12. “artículo 38 de la ley N° 18.933.”. Rol 1769-10-INA. (5585) 88 X. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios - Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica ley N° 19.327, estableciendo la responsabilidad de los dirigentes deportivos, por daños que causen las barras de sus clubes,” sea remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, a fin de que se pronuncie sobre esta iniciativa en primer término, de modo que una vez despachada por dicha instancia legislativa puedan retornar a la Comisión de Constitución para su análisis boletín N° 7509-07. - Oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, por el cual informa que procedió a elegir como Presidenta a la Diputada señora Sabat, doña Marcela. - Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que el proyecto, iniciado en moción, que “Reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y, crea nuevas figuras delictivas aumentando su penalidad.” sea remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, a fin de que se pronuncie sobre ella, en primer término, de modo que una vez despachada por dicha instancia legislativa pueda retornar a la Comisión de Constitución para su análisis. boletín N° 7481-07. - Oficio de la Comisión Especial de Turismo, por el cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Rivas, don Gaspar. - Oficio de la Comisión de Salud, por el cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al Diputado señor Lobos, don Juan. - Oficio de la Comisión de Salud, con el que comunica que estima conveniente remitir al archivo el proyecto, iniciado en moción, que “Posterga la fecha para la calificación de los establecimientos de salud no calificados como de autogestión en red.”. boletín N° 6727-11, previo acuerdo del Senado, por haber perdido oportunidad legislativa. . - Oficio de la Comisión de Salud, por el cual, y de conformidad con lo establecido en el punto 11 de los Acuerdos Reglamentarios, remite al archivo los proyectos señalados en Anexo que se acompaña. . - Oficio de la Comisión de Recursos Naturales, por el cual informa que procedió a elegir como Presidenta a la diputada señora Molina, doña Andrea. - Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia respecto a la citación efectuada al diputado Señor René Alinco Bustos. (Acuerdo N° 46-2011). 2. Comunicaciones - Del jefe de bancada de diputados de Unión Demócrata Independiente, por la que informa que la Diputada señora Zalaquett, doña Mónica, reemplazará al ex Diputado señor Uriarte en la Comisión de Superación de Pobreza, Planificación y Desarrollo Social. - Del Comité de Renovación Nacional, mediante la que informa que fueron elegidos los Diputados señores Cristián Monckeberg como Jefe de Bancada y Pedro Pablo Browne como Subjefe de la misma. - De la Bancada del Partido por la Democracia, mediante la que informa que ha designado al Diputado señor Pepe Auth como Jefe de Bancada y al Diputado señor Marco Antonio Núñez como Subjefe de la misma, a contar del 15 de marzo. Respuestas a oficios sesión 137ª Ministerio de Interior: - Diputada pascal doña Denise, Solicita remitir los informes mensuales de inversión de las transferencias de recursos no incorporados a los presupuestos de las gobernaciones provinciales de Melipilla y Talagante, entre los meses de marzo y diciembre del año en curso; señalar si dichos fondos han sido reintegrados, total o parcialmente; y, de ser el caso, mencionar la razón esgrimida para el respectivo reintegro. (36 al 2098). Ministerio de Educación: - Diputado Díaz don Marcelo, Recaba antecedentes acerca de las denuncias recibidas por esa Cartera durante el año 2009, sobre casos de acosos o matonaje escolar, según los antecedentes que constan en el documento adjunto. (111 al 1392). Ministerio de Bienes Nacionales: - Diputado De Urresti, Solicita se informe sobre la etapa en que se encuentra el proyecto consistente en declarar Parque Nacional el actual Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter, en la provincia de Valdivia (92 al 2340). - Diputada Turres doña Marisol, Solicita se informe el resultado del estudio sobre potencial de energía mareomotriz en Chile, realizado, en 2007, por la consultora inglesa Garrad Hassan & Partners, particularmente lo que dice relación con costos, propuestas y viabilidad (93 al 2406). Ministerio de Trabajo y Previsión Social: - Diputado Espinoza don Fidel, Solicita se investigue la participación que le cupo a la señora Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región de Los Lagos, en el reciente conflicto que terminó con la suspensión de las obras de construcción del nuevo Hospital de Puerto Montt. Y, asimismo, se investigue lo ocurrido con ocasión de la negociación colectiva en la sociedad contractual minera El Toqui, en la que el señor Director Regional del Trabajo de la XI Región, habría solicitado la participación, como mediador, de un funcionario con licencia médica psiquiátrica. (633 al 585). Ministerio de Salud: - Diputada Pascal doña Denise, Solicita informe acerca de los motivos del despido del funcionario encargado de abastecimiento del Hospital de Melipilla, señor José Miguel Tajtaj Prieto (497 al 2314). - Diputada Isasi doña Marta, Alcance de las concesionesde los hospitales públicos, y si ellas se extienden sólo a la construcción de los edificios hospitalarios o, además, incluyen otras áreas. (510 al 868). Ministerio de Planificación y Cooperación: - Diputada Muñoz doña Adriana, Solicita informe respecto del decreto supremo considerado en el inciso cuarto del artículo 4° de la ley N° 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia “Chile Crece Contigo”, cuya importancia radica en que permite identificar el grupo objetivo y el procedimiento de acceso al subsistema, las prestaciones o beneficios sociales que forman parte del mismo, los mecanismos de coordinación entre los organismos públicos que participan en el subsistema y las demás normas necesarias para su funcionamiento (332 al 2278).XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. - Diputado Arenas, Solicita diversos antecedentes relacionados a la Gobernación de la Provincia de Malleco (2535 de 08/03/2011). A ministro del Interior y Seguridad Pública. - Diputado Arenas, Solicita informe respecto de la distribución de canastas familiares, con el logo de la Oficina Nacional de Emergencias, realizada durante abril de 2010, en Angol, y que habrían estado destinadas a los damnificados por el sismo de 27 de febrero de ese año, particularmente acerca del número de canastas familiares que se habrían entregado, y la individualización de sus destinatarios (2536 de 08/03/2011). A ministro del Interior y Seguridad Pública.I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (105)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Alinco Bustos René IND XI 59Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29Araya Guerrero, Pedro PRI II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Auth Stewart, Pepe PPD RM 20Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Browne Urrejola, Pedro RN RM 28Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6Campos Jara, Cristián PPD VIII 43Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Castro González, Juan Luis PS VI 32Cerda García, Eduardo PDC V 10Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Cornejo González, Aldo PDC V 13Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Edwards Silva, José Manuel RN IX 51Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60González Torres, Rodrigo PPD V 14Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26Hernández Hernández, Javier UDI X 55Hoffmann Opazo, María José UDI V 15Isasi Barbieri, Marta IND I 2Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Lemus Aracena, Luis PS IV 9Lobos Krause, Juan UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Macaya Danús, Javier UDI VI 34Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Molina Oliva, Andrea UDI V 10Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Morales Muñoz Celso UDI VII 36Moreira Barros, Iván UDI RM 27Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Pascal Allende, Denise PS RM 31Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rubilar Barahona, Karla RN RM 17Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Sabat Fernández, Marcela RN RM 21Saffirio Espinoza, René PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Sandoval Plaza, David UDI XI 59Santana Tirachini, Alejandro RN X 58Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23Squella Ovalle, Arturo UDI V 12Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28Torres Jeldes, Víctor PDC V 15Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Vallespín López, Patricio PDC X 57Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54Walker Prieto, Matías PDC IV 8 -Por contar con permiso constitucional, no asistió el diputado Patricio Hales Dib.-II. APERTURA DE LA SESIÓN-Se abrió la sesión a las 10.23 horas.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTASLa señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El acta de la sesión 131ª se declara aprobada.El acta de la sesión 132ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.IV. CUENTALa señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.-El señor LANDEROS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en orden a remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas los proyectos de ley que reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, y crea nuevas figuras delictivas aumentando su penalidad y el que modifica la ley N° 19.327, estableciendo la responsabilidad de los dirigentes deportivos por daños que causen las barras de sus clubes, de modo que una vez despachados por dicha instancia legislativa retornen a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Habría acuerdo?Acordado.RENUNCIA DE LA MESA.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde pronunciarse sobre las renuncias presentadas a sus cargos por los miembros de la Mesa. ¿Habría acuerdo para aceptarlas?Acordado. DESPEDIDA DE VICEPRESIDENTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Han solicitado la palabra para dirigirse a la Sala nuestros ahora ex Vicepresidentes.Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.El señor MOREIRA.- Estimada Presidenta, señora Alejandra Sepúlveda; estimados colegas, brevemente, quiero despedirme con unas reflexiones.Se han cumplido los plazos y, tras un año de mi nominación en la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados, es tiempo de volver a mi asiento y también es el momento adecuado para hacer un pequeño balance.Me dirijo a ustedes para agradecer su apoyo y voluntad para encabezar un trabajo que me ha llenado de orgullo y satisfacción. Tal como se los comenté al inicio de mi gestión en la Mesa de la Corporación, mi objetivo fue representar, con equidad y respeto, los principios y valores de cada uno de ustedes, haciendo de la Segunda Vicepresidencia un lugar de encuentros, entendimientos y acuerdos.Desde el 11 de marzo del año pasado hasta hoy, he buscado contribuir al establecimiento del diálogo entre las diversas fuerzas políticas, fomentando la coordinación y las buenas relaciones con el Gobierno del Presidente Piñera, con el fiel objetivo de hacer del Congreso Nacional un lugar donde se construyen las reformas que darán mejores estándares de vida a nuestros ciudadanos y harán de nuestro país un lugar de mayores igualdades y oportunidades.Desde esta testera, desde este modesto cargo, quiero agradecer su constante apoyo. Espero haber contribuido a lograr un trabajo legislativo más ágil, ecuánime y, por sobre todas las cosas, respetuoso. Pero, especialmente, quiero manifestar la importante lección aprendida, pues la conversación diaria con cada uno de ustedes fue y será siempre un aporte enriquecedor de aprendizaje, quedando demostrado que, pese a las diferencias ideológicas que podemos tener, un trato considerado y amable que pone en primer lugar a los ciudadanos de nuestro país siempre tendrá positivos resultados.Con absoluta gratitud y agradecimiento me dirijo también a los funcionarios de nuestra Corporación, pues su colaboración, apoyo y constante dedicación han sido fundamentales en el desempeño de mis funciones.Una última reflexión. Llevó veinte años en política; con mucho de ustedes, cara a cara, en un momento de nuestra historia, fuimos enemigos, pero gracias a la democracia nos transformamos en adversarios políticos. Pero hemos ido mucho más allá, porque hemos sido capaces, unos y otros, de construir una democracia que se fortalece y que después de veinte años nos ha permitido tener una amistad cívica, que no hay que confundir con debilidad.Por eso, consciente de la posición que he tenido sobre algunas materias en el quehacer de estos veinte o treinta años, gracias a la democracia me senté en su lugar, traté de colocarme en sus circunstancias y aprendí. Créanme que ha sido un proceso enriquecedor y he podido llegar a cultivar una amistad cívica con muchos de ustedes. Desde esta testera, quiero agradecerles la oportunidad de colocarme en su lugar y de aprender. Al mismo tiempo, quiero agradecer a todos mis colegas de la Alianza y de mi partido por depositar su confianza en mí. Desde este lugar, traté de darle mayor respeto e importancia a esta testera para que los representara a todos por igual.Un abrazo fraterno, de amistad cívica, a los representantes de la Concertación, del PRI y a los independientes, y un abrazo cariñoso, de amigos, a mis colegas de tantas batallas de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional.Muchas gracias.-Aplausos.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.El señor BECKER.- Señora Presidenta, estimados colegas, amigas y amigos:Hace un año, la Alianza por Chile se preparaba para ser gobierno. Era una tarea distinta que no habíamos ejercido por cerca de cincuenta años. Por su parte, la Concertación se preparaba para ser oposición, que también era una experiencia distinta, un nuevo desafío, por no estar en el oficialismo.Sin lugar a dudas, no fue un comienzo fácil para esta Mesa. A los nuevos roles del oficialismo y de la oposición, de uno y otro conglomerado, se sumó el hecho de que prácticamente todo el estamento administrativo importante, que incluía los roles más significativos de esta Cámara, también sufrió cambios.Hace un año, mi bancada, la de Renovación Nacional, me honró al elegirme para representarla en la Primera Vicepresidencia de esta Cámara, en una Mesa que, entre otras particularidades, por primera vez en veinte años, no la integraba ningún representante de la Concertación.Durante este período se alcanzaron logros muy importantes desde el punto de vista legislativo. Lo vimos ayer en la destacada cuenta pública que dio la Presidenta de la Cámara. Logramos varios récords en cantidad de sesiones, en leyes despachadas, en el trabajo de comisiones, etcétera. Creo que fue muy destacada la labor que tuvieron todos los parlamentarios durante este período.Sin embargo, paradójicamente, ese trabajo no se ve reflejado en la opinión que la ciudadanía tiene de nosotros. En general, la ciudadanía evalúa muy bien a cada uno de los parlamentarios y por eso normalmente los reelige. No obstante, la opinión no es la misma cuando se trata de la Cámara de Diputados o del Congreso Nacional. Ése es un desafío permanente que deben tener las Mesas de esta Cámara y todos los diputados, para tratar de mejorar esa imagen que durante muchos años ha sido muy negativa.En lo particular, como vicepresidente, además del apoyo legislativo que di a la Mesa, me tocó un trabajo administrativo distinto: la reparación y la reconstrucción.Por esas casualidades de la vida, después del sismo de 1985, estuve dedicado a esa tarea, pues reparé la maternidad del Hospital Barros Luco, por lo que tengo alguna experiencia en ese tipo de trabajo. Fue un trabajo importante, porque nuestro edificio de Santiago estaba muy complicado, pues sufrió serios daños. Con el Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales (Idiem), de la Universidad de Chile, realizamos un estudio para hacer un trabajo de reparación distinto, con el fin de que no sólo recuperara la capacidad sísmica que tenía antes del terremoto, sino también para que quedara en mejores condiciones.Espero que durante este año la administración que nos suceda ejecute el proyecto. Todo está listo para comenzar a construir y reconstruir lo que corresponda.Además, estamos reparando este edificio que durante veinte años no había sido tocado. Espero que esté listo para el 21 de Mayo, porque necesitamos que tenga una cara más presentable para cuando asista el Presidente de la República.Quiero aprovechar estos últimos minutos para agradecer a mi bancada, especialmente a algunos diputados -ellos saben de quienes hablo- que me eligieron y me honraron al nombrarme como Vicepresidente de la Cámara, y a todos los que votaron por mí, como los diputados del PRI, los independientes y mis amigos de la Unión Demócrata Independiente.También quiero destacar los excelentes lazos de amistad que se generaron en esta Mesa, tanto con el Vicepresidente Iván Moreira como con la Presidenta Alejandra Sepúlveda. En verdad, no nos conocíamos mucho, a pesar de llevar muchos años en esta Cámara. Ustedes bien saben que cuando uno no se ve en las comisiones y no participa en la misma bancada, son pocos los momentos en que uno tiene contacto personal con los demás diputados. Sin embargo, aprendimos a conocernos y creo que hicimos un trabajo muy unido, por lo que ahora, más que tres diputados, somos tres amigos.Por último, agradezco a todos los colegas parlamentarios, porque cada uno apoyó, de una u otra forma, el trabajo de esta Mesa.Muchas gracias.-Aplausos. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Agradezco las palabras de ambos vicepresidentes.SALUDO A DESTACADA NADADORA NACIONAL.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se encuentra presente en la tribuna de honor la nadadora chilena especialista en la disciplina de aguas abiertas, señora Julieta Núñez, quien el 27 de febrero pasado se convirtió en la primera mujer del mundo en cruzar a nado las gélidas aguas antárticas desde Punta Penford hasta Punta Collins, en el sector de la isla Decepción.La acompaña su equipo técnico, encabezado por el destacado nadador nacional, don Víctor “Tiburón” Contreras.En el nombre de la Cámara de Diputados, los saludo y les doy nuestra más cordial bienvenida. Es un orgullo tenerlos con nosotros, pues constituyen un verdadero ejemplo para nuestros deportistas.-Aplausos.V. ORDEN DEL DÍAEXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE FRANQUICIAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DFL N° 341, DE 1977, Y EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY N° 19.420. Primer trámite constitucional.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que extiende el plazo de vigencia de las franquicias contenidas en el artículo 28 del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, y en el artículo 35 de la ley N° 19.420, con urgencia calificada de discusión inmediata.Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Pablo Lorenzini.Antecedentes:-Mensaje, boletín N! 7433-05, sesión 124ª, en 1 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.-Certificado de la Comisión de Hacienda, sesión 135ª, en 9 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado informante.El señor LORENZINI (de pie).- Señora Presidenta, estamos frente a la información de un proyecto que comienza con una frase histórica de nuestro país: “Arica siempre Arica”. En la Sala están presentes los diputados señores Baltolu y Vargas, que representan a esa zona y conocen muy bien el tema. Parece un proyecto simple que, a mi petición, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, en presencia del ministro del ramo.Esta iniciativa establece la postergación por un año de dos importantes exenciones que llevan a esta zona del norte a postergar, diríamos, una lenta agonía. Sin duda, es muy buena la acción del ministro de Hacienda en términos de calificar la urgencia del proyecto como discusión inmediata, y no me cabe duda de que esta Cámara lo aprobará, tal como lo hizo y recomienda la Comisión de Hacienda, con la participación de los diputados Gastón Von Mühlenbrock (Presidente), Pepe Auth, Enrique Jaramillo, Javier Macaya, Miodrag Marinovic, Carlos Montes, José Miguel Ortiz, Carlos Recondo, Alberto Robles, Ernesto Silva, Alejandro Santana, quien se incorporó a la Comisión como nuevo miembro, y de quien habla. En este caso, se prorroga por un año la vigencia de dos artículos. Uno corresponde al artículo 28 del decreto con fuerza ley N° 341, de 1977, que otorgaba franquicias tributarias en las zonas francas para que las mercaderías elaboradas por empresas industriales instaladas en Arica que estaban acogidas al régimen de zona franca estén exentas de derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros que se generen en la importación de esas mercancías al resto del país. Para aquellas acogidas al artículo 35 de la ley N° 19.420, la denominada “ley Arica”, que es bastante antigua, se establece una franquicia para que las empresas industriales manufactureras que no estén acogidas al régimen de zonas francas, instaladas o que se instalen en Arica, y que desarrollen actividades destinadas a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente a las materias primas extranjeras utilizadas en su elaboración, en la venta de mercancías fuera de la Primera Región -en este caso, la Región Décimo Quinta-, al resto del país, soliciten el reintegro de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros en que hayan incurrido. Es decir, lo que se está haciendo tiene un retraso, y por eso la urgencia del proyecto y la necesidad de aprobarlo en forma unánime. Me imagino que en el Senado tendrá la misma urgencia de discusión inmediata, porque ya estamos en marzo y el beneficio de arancel cero terminó el 31 de diciembre de 2010, y debe ser renovado por este año. Además, tiene la particularidad, absolutamente válida, de tener efecto retroactivo, es decir, al 1 de enero de 2011. De acuerdo con una conversación sostenida con el ministro de Hacienda durante la discusión del proyecto, lo importante es que, por instrucciones del Presidente de la República, durante este año se elaborará un estudio que permitirá adecuar toda una serie de “incentivos” -algunos buenos, otros malos, unos operativos y otros que no operan- que se han entregado a esa zona durante las últimas décadas. Es el caso de una serie de temas, como el centro de exportación, la ley de casinos, la devolución de impuestos a turistas, el duty free, beneficios para los residentes de Arica que se trasladen, zona franca de extensión, etcétera, algunos de los cuales están desactualizados y otros solicitados por los ciudadanos ariqueños y de Parinacota. En ese sentido, hay un compromiso del Presidente de la República y del ministro de Hacienda, que se dejó establecido en las actas, para que en los próximos meses se presenten iniciativas sobre la materia. Incluso, el diputado Vargas me señaló que la idea es que exista una política de Estado para la región. Obviamente, como señaló el ministro, se debe hacer un análisis de la situación con la participación de las fuerzas vivas, de los gremios que representan a las cámaras de comercio, a las asociaciones de industriales y a la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota. Por lo tanto, hay un compromiso. Por ejemplo, los fabricantes de jeans Wrangler o la empresa General Motors, que fabricaba las camionetas LUV, han dejado de existir. Pero, como indicó el diputado Vargas, la empresa Oxford, que fabricará más de 50 mil bicicletas este año, ha recogido esta idea y se quedará y, así, dará posibilidades de trabajo en la región. Se estima que la iniciativa tendrá un costo fiscal de aproximadamente mil millones de pesos o 2 millones de dólares. Sin duda, eso permitirá, al menos, mantener el estancamiento que Arica tiene en este momento, con el compromiso del Gobierno y del Congreso Nacional de que apenas tengamos un proyecto, busquemos, en forma ágil y oportuna, mejores incentivos a la posibilidad de inversiones, empleos y desarrollo de la zona norte del país. Por tales razones, el proyecto fue aprobado en forma unánime en la Comisión. Por ello, solicitamos que esta iniciativa también sea aprobada en la Sala, porque Arica está esperando que los parlamentarios de la zona y de otras regiones le puedan dar una mano para actualizar desde el 1 de enero del año en curso las franquicias que han perdido. Como alguien dijo: “Arica hasta morir”.He dicho.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, el proyecto informado por el diputado Lorenzini en nombre de la Comisión de Hacienda se basa fundamentalmente en un decreto con fuerza de ley de 1977 y en el artículo 35 de la ley N° 19.420, conocida como “Ley Arica”. Eso culminó cuando en el Congreso Nacional aprobamos la ley N° 20.175, que creó la Región Décimo Quinta, de Arica y Parinacota. Quiero recordar que, de acuerdo con la Constitución, es la única región que no tiene posibilidad de elegir senadores hasta este instante.Hemos tramitado rápidamente el proyecto de ley, porque nos hemos dado cuenta, especialmente los integrantes de la Comisión de Hacienda, de que hay muchos diputados que aspiran legítimamente a un cargo de senador, como sucede con los colegas del PPD, con quienes hemos cultivado una hermosa amistad, y de otros representantes de esos distritos, así como del diputado informante de la iniciativa en discusión.Siempre Chile ha establecido privilegios reales y efectivos para las zonas extremas, lo que tiene larga data, ya que provienen del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que se trata de zonas limítrofes con países vecinos, con los cuales no siempre nuestras relaciones han sido óptimas, aunque ahora pasan por un buen momento.Es así como el decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, cuando no había Congreso Nacional, establece una franquicia tributaria consistente en que las mercancías elaboradas por empresas industriales manufactureras instaladas en Arica, acogidas al régimen de zona franca, están exentas de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros que se generen por la importación de las mismas mercancías al resto del país.Por su parte, en el artículo 35 de la ley N° 19.420, conocida como ley Arica, figura una franquicia que permite que las empresas industriales manufactureras que no estén acogidas al régimen de zona franca, instaladas o que se instalen en Arica, y que desarrollen actividades destinadas a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente a las materias primas, partes o piezas extranjeras utilizadas en su elaboración o que en sus procesos productivos provoquen una transformación irreversible de éstas, podrán, cuando vendan esas mercadería fuera de la región, solicitar el reintegro de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros en que hayan incurrido con ocasión de la importación de las materias primas, partes o piezas utilizadas en su elaboración.Debo aclarar que las empresas debían elegir uno de estos dos beneficios, es decir, el del decreto con fuerza de ley o el de la ley, pero no los dos al mismo tiempo. Cuando discutimos la creación de la Región de Arica y Parinacota en la Comisión de Hacienda -la actual ley N° 20.175-, algunos colegas plantearon que sólo debíamos terminar la tramitación de ese proyecto cuando se reformara la Constitución para crear los dos cargos de senadores que la representaran. El tiempo nos dio la razón a quienes manifestamos una posición diferente, porque, como muchos dicen, es mejor hacer las cosas paso a paso.Ahora bien, las franquicias establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 341 y en la ley N° 19.420 estaban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2010. O sea, esas normas expiraron hace más de dos meses, lo que está significando cesantía, inquietud y dificultades para el desarrollo de esa gente que está haciendo patria en ese territorio. Por lo tanto, cuando el Ejecutivo nos planteó el tema, pensamos que era de justicia tramitarlo con urgencia en la Comisión de Hacienda, lo que logramos después de una sesión muy larga, en que escuchamos al ministro de Hacienda y a otros actores, hasta su total tramitación. La iniciativa que prorroga esas dos franquicias por todo el año 2011 fue aprobada en general y en particular por doce de los trece integrantes de la comisión.Se estima que la prórroga de estas franquicias por un año tendrá un costo fiscal equivalente a menores ingresos de aproximadamente mil millones de pesos, es decir, un poco más de 2 millones de dólares, en la partida Tesoro Público. Por lo anterior, es importante que aprobemos el proyecto en general y en particular, con el fin de terminar con su primer trámite constitucional, para dar una señal potente y una buena noticia a esa región.He dicho.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.El señor VARGAS.- Señora Presidenta, quiero partir agradeciendo a los diputados que aprobaron esta iniciativa ayer en la Comisión de Hacienda, que favorece a un grupo de trabajadores ariqueños e industrias que favorecieron el desarrollo de la Región de Arica y Parinacota.Arica fue una ciudad pujante gracias al puerto libre y a la Junta de Adelanto, que pasó de 15 mil a 165 mil habitantes en diez años. Las industrias eran una fuente de trabajo para mucha gente que llegó del sur de Chile a instalarse en la ciudad de Arica.Sin embargo, y aquí repetiré lo dicho por el diputado Lorenzini, hemos visto caer en una lenta agonía a la Región de Arica y Parinacota, desde 1976 en adelante. El decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, destinado a favorecer el desarrollo de Arica, no dio los resultados esperados, al igual como ocurrió con la norma que creó la zona franca. En consecuencia, la prórroga de la vigencia de estas leyes sólo beneficiará a un grupo de 30 a 60 trabajadores, quienes no quedarán cesantes, que laboran en dos pequeñas industrias, la fábrica de bicicletas Oxford y Condensa.Los ariqueños estamos cansados de estos pequeños beneficios que nos hacen vivir algunos veranitos de San Juan. Lo que pedimos claramente al Estado de Chile es que, de una vez por todas, se cree una comisión que elabore una política de Estado, una ley que beneficie realmente a la Región de Arica y Parinacota, que constituye la puerta norte de Chile, donde tenemos una frontera muy extensa con Bolivia y con Perú. Los ariqueños vemos con tristeza que cada vez estamos más lejos del desarrollo y de estar a la par con nuestros vecinos, tanto de Iquique como de Tacna. Éste es un tema recurrente en las conversaciones de los habitantes de esa ciudad, porque vemos que estamos agonizando como región, en circunstancias de que fuimos una zona muy pujante y desarrollada, donde había muchas fuentes de trabajo, las que ya no existen para sostener a las familias de esa región.Por lo tanto, invito a los diputados a aprobar el proyecto, si es posible por unanimidad, y a pedir al Estado de Chile que, de una vez por todas, defina qué quiere para Arica. Por mucho tiempo, la ciudad fue un enclave militar, debido a la situación geopolítica y militar que tenía en la macrorregión andina; pero basta de eso; eso ya pasó, por lo que hoy debemos pensar que Arica, por ser una gran ciudad fronteriza, debe potenciarse como una de las grandes ciudades de la macrorregión andina. Para eso hay mucho espacio, pues tenemos terrenos, agua y electricidad, pero faltan las herramientas para desarrollarnos.Finalmente, reitero mi petición para que todos apoyen el proyecto; todos los ariqueños lo agradecerán.He dicho.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Nino Baltolu.El señor BALTOLU.- Señora Presidenta, en primer lugar, agradezco al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, y al ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, la presentación de este proyecto, con urgencia calificada de discusión inmediata.También agradezco a los miembros de la Comisión de Hacienda y, en especial, a su Presidente, señor Gastón Von Mühlenbrock, por el grado de entendimiento alcanzado para aprobar el proyecto por unanimidad. Efectivamente, el decreto con fuerza de ley N° 341 es de 1977, sobre zonas francas.¿Cuál es la explicación que se debe dar a los parlamentarios que no participan en la Comisión de Hacienda? Es muy fácil. Chile tiene tratados de libre comercio con más de 170 países, es decir, con el 75 por ciento de las personas que habitan en el mundo. ¿De qué situación nos dimos cuenta? En esa época, quien habla era consejero regional y recuerdo que a la Comisión de Hacienda, que visitó Arica, se le señaló que para los ariqueños y para la industria instalada en la ciudad era imposible competir con productos con arancel cero. Vale decir, una camioneta armada en México, ingresa a nuestro país con cero arancel aduanero y una camioneta fabricada en Arica -la LUV de la General Motors, que hoy no existe- tenía que pagar aranceles aduaneros por todas las partes y piezas incorporadas en su proceso productivo. Hoy, la fábrica Oxford, empresa que tiene más de cuarenta años -nació en 1955-, una de las últimas que está quedando de esa época, indudablemente, se ha visto afectada. La iniciativa en discusión corrige una injusticia. Mientras países extranjeros ingresaban a nuestro país con cero arancel, la comunidad ariqueña, sus trabajadores y empresas tenían que pagar los impuestos aduaneros incorporados a su proceso productivo. En ese entonces encontrábamos que eso era injusto. Bueno, en este caso, como en casi todas las cosas, las leyes tienen vigencia por un año.Uno de los errores que siempre se comete en el Ministerio de Hacienda es manifestar que una medida va a costar al erario nacional tantos miles de millones de pesos. Pero la verdad es que si no hay industrias el Estado tampoco percibe ni un solo peso. Por lo tanto, debemos pensar en cómo mejorar la situación de Arica. En ese sentido, el Presidente de la República se ha comprometido con nuestra comunidad con una política de Estado para el desarrollo de las comunidades de Arica y Parinacota. Indudablemente, eso no va a servir si el Gobierno no está al frente de ese proyecto.Agradecemos a los anteriores Presidentes de la República, desde Carlos Ibáñez del Campo hasta Michelle Bachelet, porque nos han entregado algunas herramientas, pero hay que reconocer que éstas se han acabado. Además, no se han comprometido con esas ciudades.Le pedí al Presidente de la República que, más allá de los anuncios presidenciales sobre una política de Estado, debe comprometerse con nuestra comunidad. Es así como lo dijo públicamente, y hoy le vamos a cobrar la palabra de su compromiso con Arica, a fin de sacar adelante a nuestra comunidad.El proyecto extiende la vigencia solamente hasta el 31 de diciembre de 2011. Afortunadamente, su vigencia es retroactiva, a partir del 1° de enero de 2011, por lo que las fábricas que quedan en Arica podrán recuperar los impuestos que pagaron al erario nacional. La primera franquicia exime de derechos que hoy el Estado percibe, aceptando una vez más que no se cancelen.Pido a mis colegas que apoyen a la comunidad ariqueña y voten favorablemente el proyecto, ojalá en forma unánime.He dicho.La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, los años de trabajo en la Comisión de Hacienda plantean interrogantes que no somos capaces de contestar. En Chile, somos ganadores con los tratados de libre comercio, que traen grandes beneficios al exportador e importador, pero también deja damnificados en el camino. Y en estos casos queda demostrado que no estamos preparados para el tremendo avance que se ha logrado en los últimos gobiernos con los tratados de libre comercio y con el acercamiento de Chile con las demás naciones. Sin ser un país desarrollado, prácticamente somos reconocidos como tal en el concierto mundial. Por ejemplo, somos miembro de la OCDE y participamos en muchas otras organizaciones de países que son calificados como desarrollados. Sin embargo, a propósito de este proyecto, quiero traer a colación también la situación del sur de Chile. Que los colegas diputados de Arica no sientan que solamente ellos son los únicos complicados con los tratados de libre comercio o con la situación económica que vive el país. La situación que ha pasado la Región de Arica y Parinacota en los últimos años es de un creciente proceso de desindustrialización, que ha provocado el empobrecimiento de la zona, y de eso no hay duda. Por eso, como forma de incentivar la reactivación de la zona, sucesivos gobiernos han propuesto e implementado estos procesos para fomentar la instalación de nuevas industrias -lo que no ha ocurrido- y negocios que se podrían realizar en la zona norte que, al margen de lo que he comentado, tiene una gran importancia geopolítica. Pero, ¿cómo arreglamos el problema de Arica? Siempre estoy atento a lo que constantemente manifiesta el diputado Orlando Vargas sobre su región: ¿qué se va a hacer con la zona?; cada día son menos habitantes, porque la gente quiere emigrar y las empresas se trasladan a otros lugares. Una iniciativa como ésta es un mínimo paliativo; no es lo que Arica espera. Estamos hablando de una prórroga de un año. En la Comisión de Hacienda hemos dicho que no puede pensarse sólo en medidas por un año, y le hicimos presente al ministro que debemos pensar en una nueva normativa. Lo dijimos durante la discusión del proyecto, que parecía ser de fácil despacho, pero de una tremenda envergadura, por la importancia geopolítica de la región. Por lo tanto, nadie puede oponerse al proyecto si entiende lo que sucede en la zona norte, especialmente por los momentos que hemos vivido con nuestros vecinos, algunos muy difíciles, que la población de esa zona tiene que asumir con mucha seriedad y responsabilidad. En consecuencia, son muy importantes las inversiones que debieran realizarse, debido al constante estado de conflicto que mantenemos con nuestros vecinos. Por esa razón, no constituye ningún problema prorrogar el decreto con fuerza ley N° 341, de 1977, pero -insisto- debemos considerar que las medidas deben ser permanentes y acompañadas de lo que felizmente ya está en estudio -me lo ha comunicado el señor Orlando Vargas-, para que la situación de Arica no se solucione con la prórroga constante de un proyecto que sólo ayuda en algo. Como expresó el diputado José Miguel Ortiz, el proyecto tiene un costo de mil millones de pesos para el Estado. Algunos dicen que eso es la nada misma, porque, indudablemente, esta sola medida no reactiva nada y, sin duda, no es la solución. Debemos apoyar el proyecto, pero también debemos reconocer que tiene un trasfondo diferente. Arica no está bien; se deben hacer esfuerzos para mejorarla.He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta, antes de mi intervención sobre la materia en debate, me sumo a las felicitaciones por su gestión. Creo que usted realmente lo hizo muy bien. Fue un agrado apoyarla y también lo es la perspectiva de seguir trabajando juntos en nuestra Cámara de Diputados durante los próximos tres años. Extiendo mis saludos también a toda la Mesa que trabajo con usted. En segundo término, anuncio que como bancada de Renovación Nacional apoyamos el proyecto de ley. Además, tenemos el especial encargo de las directivas regionales y comunales del partido en Arica y Parinacota de apoyar con fuerza la iniciativa.Brevemente, quiero recordar que se trata de franquicias tributarias de antigua data, contenidas en disposiciones legales que apoyaban a Arica y Parinacota y cuya vigencia expiró, sin que nadie se percatara, el 31 de diciembre del 2010. Por lo tanto, todo ese apoyo a la zona por medio de franquicias tributarias había quedado en el aire. Por eso, ésta es una buena noticia. Recalco la necesidad de que el presente proyecto se tramite con rapidez en nuestra Cámara y en el Senado para que pronto sea ley de la república, porque hace falta. Ahora, es conveniente tener claro que se trata de franquicias importantes, pero no trascendentes. La situación de Arica y Parinacota se ha ido deteriorando. La última gran intervención del Estado en la región data de hace muchos años: el esfuerzo consistente del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en su segundo gobierno, quien hizo una verdadera apuesta, con asignación de recursos y con proyectos de Estado, para impulsar en forma decidida el fortalecimiento y el crecimiento de la Región. Y eso se ha visto como un esfuerzo importante en el tiempo, pero que, por las sucesivas situaciones que se han ido produciendo, ha perdido fuerza.Hoy tenemos una región con la misma importancia geopolítica anterior -una región nueva-, pero sin proyectos trascendentes, estratégicos, nítidos e importantes acordes con su importancia geopolítica. Arica es el puerto chileno más cercano al Canal de Panamá y es la puerta de salida de una inmensa riqueza continental; sin embargo, esas potencialidades no se han aprovechado. Existe un deterioro en los indicadores económicos y sociales de la región. Además, se ha despoblado, sobre todo en el interior, en Parinacota. En el lado opuesto, existe un fuerte impulso de la República del Perú de toda la zona limítrofe, lo cual hace que la comparación entre el progreso, el bienestar de las vecinas ciudades peruanas y el subdesarrollo de Arica sea más odiosa y se vuelva más notoria la necesidad de un impulso al respecto. Por último, cabe destacar que la región no tiene ni siquiera representación senatorial propia. Hemos planteado el tema y, afortunadamente, existen proyectos de ley relacionados con la materia. Arica comparte sus senadores con Iquique, en circunstancias de que se trata de dos regiones distintas y el Senado tiene una representación que le da relevancia a lo regional. Es necesario resolver estas situaciones. El tema del desarrollo está pendiente. El Gobierno del Presidente Piñera se ha comprometido con un gran esfuerzo de apoyo a Arica a través de un plan con objetivos nítidos, con beneficios fiscales mucho más contundentes que los que ahora estamos debatiendo, con desarrollo de obras viales e hídricas, así como también en el ámbito de la salud y de la educación, que transformen a la región en un polo de desarrollo y de inversión de toda una macrorregión sudamericana. Eso está pendiente, pero espero que pronto lo podamos concretar.Recuerdo a sus señorías que esta Cámara aprobó, por unanimidad, un proyecto de acuerdo para pedir al Gobierno, en la misma línea de lo que señalo, un esfuerzo estratégico, consistente y a largo plazo que signifique recursos -que necesariamente deberán ser cuantiosos- para apoyar el desarrollo de Arica y Parinacota.Entre tanto, este proyecto es importante, necesario y urge tramitarlo en forma rápida. Por supuesto, lo vamos a apoyar votando afirmativamente. He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.El señor LORENZINI.- Señor Presidente, la verdad es que en este Congreso pocas veces tenemos la oportunidad de traer a colación a las regiones con motivo de un proyecto como el que debatimos. El diputado Cardemil mencionó -también lo hice cuando rendí el informe- el compromiso que asumió hace algunos meses, en el norte, el Presidente de la República, en el sentido de proponer durante el primer semestre del 2011 un paquete -ahora que están de moda los paquetes, porque se ofrecen paquetes comerciales, paquetes de seguros, paquetes de todo tipo- de medidas completo para la Región de Arica y Parinacota. Espero que esto no quede en promesas, anuncios, artilugios, sino que sea algo real durante los próximos meses. Está aprendiendo el Presidente, y lo felicito por ello. En su momento, dijimos: “Cuando llegue el Presidente, va a cambiar”. Acabo de enterarme de que acogió nuestra petición de hacer una rebaja a los combustibles. También señalamos que los ministros no estaban aquí. Pero llegó el jefe, que está más en contacto con la ciudadanía, y entendió la propuesta unánime que realizó la Cámara de Diputados en el día de ayer. ¡Cuando esta Corporación se pone los pantalones, los Presidentes nos escuchan! Y en el caso de Arica, no queremos -como lo que estamos aprobando hoy- las propinas, las migajas, lo que queda. Esto simplemente implica mantener algo insignificante que sólo da ilusión, a la espera de un verdadero proyecto integral para la región.Además, esperamos que este completo paquete de medidas para Arica en los próximos meses no sea elaborado sólo por los técnicos. En la Concertación tenemos experiencia al respecto -lo menciono aunque algunos se enojen-, porque cuando se reunían y elucubraban los técnicos “salía humito”, pero no por fumar, sino porque le ponían mucha neurona. Pero luego la letra chica, la aplicación real, que afectaba al ciudadano común y normal, así como a los gremios, no tenía nada que ver con la realidad. Si se va a hacer un trabajo para la región, que se haga en forma seria, que contemple las autoridades locales y regionales, a sus gremios, a sus dirigentes, a sus ciudadanos, a sus políticos, para que este proyecto nazca en la región y termine en el centro, pero no al revés, para que no sea un paraguas que estudian técnicos asesores que reciben buena “propina” por el trabajo que hacen, y a veces buenos honorarios, de millones, pero lo realizan sentaditos, al resguardo del jefe, y con buenas lapiceras.¡Queremos que este tipo de proyectos se desarrollen en las regiones! Así como en el caso del terremoto y del tsunami, queremos que la reconstrucción nazca en regiones y no desde el centro, en donde piensan que nos van a enseñar qué es lo que debemos hacer y dónde. Pero cuando uno les dice, por ejemplo, que en tal lugar hay arena movediza, ellos responden: “Ah, no lo sabía”. ¡Es obvio, porque no son de la zona!Entonces, tenemos la oportunidad de hacer no la Ley de Arica 2, 3 ó 4, sino la Ley Arica Bicentenario.Mire lo que pasa con Tacna. En 15 años, ha triplicado su población, sobre todo en el borde fronterizo, porque Perú ha establecido una geopolítica mucho más allá del tema económico empleo-inversión. Considera el borde con Chile un área estratégica. No voy a hablar mucho de eso porque el diputado Tarud, que es experto en Relaciones Exteriores, después me va a decir: “Le falta la diplomacia, diputado”. Los peruanos nos están enseñando. ¿A qué hospitales va la gente de Arica? A los de Tacna, porque les cobran un tercio de lo que piden los nuestros. Ellos subsidian y protegen a su gente, están paraditos; en cambio, nosotros hemos dejado de lado esa zona. Es más, tal vez, a veces, hasta se piensa que Chile sólo llega hasta Iquique.Por lo tanto, aquí hay mucho que hacer. A lo mejor necesitamos lo que decía el diputado Cardemil -creo que va a ser candidato a senador por esa zona, que también conoce- sobre la injusticia que existe respecto de esa región, ya que no tiene senadores. Todas las regiones de Chile cuentan con senadores. Unos ganan más y otros ganan menos; unos trabajan más y otros trabajan menos, pero hay a alguien que golpee la mesa. Esta región no tiene a nadie. ¿Por qué? A lo mejor, están esperando armar el cabildo -le llaman unos-, el cahuín -le llaman otros- de crear otras regiones. Entonces, dos para ti, tres para mí. Eso no tiene nada que ver con el proyecto de ley que hoy espero que se apruebe en esta Sala para que esa región tenga su representación en el Senado. Eso es dar importancia a una región que algún día nos va a demostrar lo que significa. ¡Arica no es propina para nadie! Arica tiene más importancia. Por eso, se agradece la visita que el Presidente de la República hizo allí hace seis o siete meses, y especialmente la del ministro de Hacienda, quien estuvo allí hace dos o tres semanas, he conversado con él y lo veo muy sensibilizado. Ojalá que se cumplan los compromisos tomados en público con los dirigentes, los gremios y la ciudadanía. Aquí no estamos hablando de un Plan Especial o una Ley Arica Bicentenario para el 2012. El compromiso -lo tengo por aquí- fue hacer realidad esto en el primer semestre, como estamos en marzo, ya deberíamos estar estudiándolo. No debe existir duda de que cualquier proyecto de este tipo va a ser mejorado en el Congreso Nacional y será aprobado -igual como ocurrió en la Comisión de Hacienda de la Cámara y me imagino que también será así en el Senado- en forma unánime, porque Arica y Parinacota son parte de este país, de Chile, y nos han dado muchas satisfacciones. No recordemos las palabras de Dittborn, pero necesita un respaldo, un apoyo y, sobre todo, será una de las formas de decir de este nuevo Gobierno que queremos a las regiones, que se están sintiendo un poquitito desplazadas. Pero aquí tenemos una oportunidad de llevarla a cabo junto con la reconstrucción -de lo cual hablábamos ayer con la ministra Matte, que ha estado muy activa-, y de demostrar que no sólo existe Santiago para las multinacionales, las bicicletas Oxford, la General Motors y para la empresa que hace los blue jeans Wrangler. Pueden permanecer en la ciudad y llegar nuevas empresas e industrias a Arica y Parinacota. Además, con los contactos del diputado Cardemil, seguramente se van a instalar áreas de servicio y desde ahí se van a prestar a otros países. No todo debe estar en Santiago. Ayer, la Cámara demostró que se toma una decisión adecuada cuando deja de lado la política, se centra en los ciudadanos y propone un proyecto de acuerdo en forma unánime.Ojalá que antes del 30 de junio como lo anunció el ministro en la Comisión de Hacienda, pudiéramos discutir y votar un paquete integral, un paquete bicentenario que signifique que, de una vez por todas, Arica y Parinacota comiencen el despegue.Usted ya no va a integrar la Mesa, diputado Moreira, va a estar acá abajo, nos gustaría que siguiera donde está, porque con la diputada Sepúlveda y el diputado Becker han hecho un gran trabajo, y si de mí dependiera, habrían permanecido en la Mesa, pero sus acuerdos internos no lo permiten. A veces, la política no deja a los mejores, deciden los pactos. Nos pasaba también en los tiempos de la Concertación.¡Arica, siempre Arica!He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Diputado señor Lorenzini, me conmueven sus palabras, las que, obviamente, me obligan a esforzarme mucho más para tratar de ser un mejor diputado desde mi puesto. Muchas gracias por sus palabras. Obviamente, lo que su señoría ha señalado debería ser así.Tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry.El señor SALABERRY.- Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras de adhesión a la gestión que ha realizado como Segundo Vicepresidente de la Cámara y aprovechar estos breves minutos, luego de escuchar a algunos parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, para intervenir acerca de un proyecto de ley simple, pequeño, pero de enorme significación para Arica y Parinacota.Todos recordamos la discusión parlamentarias de leyes especiales para potenciar y reforzar una región limítrofe, cuyo mundo productivo y económico siempre se veía aquejado por la falta de una política de Estado que le diera incentivos correctos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.Celebro que hoy algunos parlamentarios demuestren un especial interés y afecto por esta región, tan dejada de lado y muchas veces con políticas mal llevadas. Esa región requiere una especial preocupación.En la discusión de las famosas leyes Arica 1 y 2, las autoridades de la época señalaron que se iban a preocupar de lo que hay que hacer. Pero creo que esa preocupación debe dar paso a la ocupación.Por eso, tal como lo recordaba el diputado Cardemil, quien fue autor de un proyecto de acuerdo ratificado por esta Sala y acogido por el Presidente de la República, quien se comprometió con la ciudadanía de Arica y Parinacota a definir una política de Estado para dicha región, principalmente, para tener igualdad de oportunidades no sólo respecto de los incentivos tributarios correctos, sino también en cuanto a una especial ocupación, para que no se dependa siempre de una ley o de que como ahora, luego de dos o tres meses, alguien se acuerde que había un incentivo que terminaba en diciembre de 2010 y se nos convoque para aprobar su prórroga.Ello constituye un pequeño grano de arena para que las empresas continúen invirtiendo en la región y para que otras empresas no tengan que cerrar por falta de incentivos, con lo cual se afecta directamente la generación de empleos.Quiero saludar a los coterráneos de la región que hace poco más de 40 años me vio nacer y donde me crié y a la cual hoy el Congreso Nacional acoge rápidamente el llamado que hace para prorrogar los incentivos tributarios. Espero que la generación de empleo y el desarrollo de la economía sea una ocupación permanente del Estado de Chile.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Señor diputado, muchas gracias por sus palabras en lo personal.Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.El señor secretario va a dar lectura a los pareos.El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Se han registrado los siguientes pareos: el señor Alberto Robles con el señor Javier Macaya; la señora María Antonieta Saa con la señora María Angélica Cristi; el señor Jorge Tarud con el señor Ramón Barros; el señor Pedro Álvarez-Salamanca con el señor Roberto León; el señor Jorge Burgos con la señora Andrea Molina; el señor Guillermo Ceroni con el señor Ignacio Urrutia; el señor Fuad Chahín con la señora Mónica Zalaquett; el señor Patricio Hales con el señor José Antonio Kast; el señor Juan Carlos Latorre con el señor Felipe Ward, y el señor Enrique Accorsi con el señor Miodrag Marinovic.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de ley en los siguientes términos:El señor MOREIRA (Presidente accidental).- En votación general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia de discusión inmediata, que extiende el plazo de vigencia de las franquicias contenidas en el artículo 28 del decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, y en el artículo 35 de la ley N° 19.420.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.Despachado el proyecto.INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA RESPECTO DEL PROGRAMA ORÍGENES.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Corresponde considerar el informe de la Comisión Investigadora del Programa Orígenes respecto del cumplimiento de sus objetivos, la eficacia en la utilización de sus recursos, el catastro de las comunidades beneficiarias y la efectividad de las denuncias efectuadas, relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y, en general, toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor José Manuel Edwards.Antecedentes:-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 128ª, en 19 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Para rendir el informe respectivo, ofrezco la palabra al distinguido y honorable diputado señor José Manuel Edwards.El señor EDWARDS (de pie).- Señor Presidente, ante todo, es un honor para mí ser el último diputado informante de esta legislatura. Mis felicitaciones a su señoría, al señor Germán Becker y a la señora Alejandra Sepúlveda, quien fuera nuestra Presidenta, por la excelente gestión que realizaron.A continuación, paso a informar el trabajo realizado y sus conclusiones en la Comisión Investigadora, respecto del programa Orígenes.La Comisión estuvo encargada de analizar el funcionamiento, entre los años 2006 y 2010, del Programa Orígenes y de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos, la efectividad de las denuncias relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y, en general, toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.Asimismo, dentro de su competencia, se consideró la revisión de todo órgano dependiente de la Conadi para el cumplimiento de las políticas indígenas y rurales, sus respectivos programas, y de los ministerios de Planificación y del Interior y otros organismos que correspondieran.La Comisión celebró 14 sesiones, entre el 28 de julio de 2010 y el 5 de enero de 2011, una de las cuales se realizó en la ciudad de Temuco.Asistieron numerosas autoridades, representantes de diversas organizaciones y entidades vinculadas al tema en cuestión. Asimismo, recibió abundante documentación que está debidamente incorporada en el informe. Lamentablemente, de todos los oficios despachados solicitando antecedentes, sólo fueron respondidos dos, pero ninguno por la Conadi.Es importante destacar que comparecieron ante la Comisión el ex director nacional de la Conadi, señor Francisco Painepán; la coordinadora nacional del Programa Orígenes, señora Karina Doña Molina; el contralor general de la República, señor Ramiro Mendoza, y la jefa y la subjefa de la División de Auditoría Administrativa, señoras Patricia Arriagada y Dorothy Pérez, respectivamente. Por el Banco Interamericano de Desarrollo, asistieron los señores Jaime Sujoy, representante del BID en Chile; el señor Carlos Perafán, especialista del BID en Pueblos Indígenas de la Unidad de Género y Diversidad y jefe de equipo del Programa Orígenes II; el señor Alfonso Etcheverry, abogado del departamento legal; el señor Alfredo Etchegaray, consultor externo, y el señor Francisco Lois, jefe del Área Financiera.Concurrieron también cinco consejeros indígenas, dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Conadi, el ex ministro coordinador de la Política Indígena, señor José Antonio Viera-Gallo; los alcaldes de Curarrehue y Saavedra, y representantes de diversas comunidades mapuches: Pehuenche Neculpán, Huenchuñanco, Rosario Huiscallanca, Andrés Huenchún, Newen Lof Temuco, Joaquín Cheuquelén, Collileufu Chico, Pascual Paillalef, Lleuvul Sandoval de Millahueco, Felipe Nitrihuala, José Silva, Cacique Pailacar, Asociación Choyún Mapu -veo que están en las tribunas y les envío un cariñoso saludo-, Catrianche y Sellao Meliqueo, entre otras. Por estimarlo necesario y previo a la presentación de los antecedentes acumulados relacionados con los hechos que originaron esta investigación, en el informe se hace referencia al marco normativo de la institucionalidad indígena, especialmente la ley N° 19.253, que estableció normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y creó la Conadi, conocida como Ley Indígena.En particular, el Título II de esta ley se refiere al reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas que es, precisamente, una de las materias que han generado mayor controversia.El artículo 20 dispuso la creación del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas. En su letra a) indica que la Conadi podrá otorgar subsidios para la adquisición de tierras para personas, comunidades indígenas o parte de éstas, mediante la modalidad de concursos. Su letra b) dice relación con las entregas directas de tierras indígenas o transferidas, provenientes de títulos de merced o reconocidos por los títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado a favor de los indígenas.Por su parte, el Título IV establece normas relativas al reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas y a su educación. El Título V regula la participación indígena. Establece el deber de los servicios de la administración del Estado y de las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas. Dicha disposición está en consonancia con lo dispuesto en el Convenio N° 169 de la OIT.El Programa Orígenes es financiado con aportes del Estado chileno y con un préstamo multifase del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En su primera fase operó en zonas rurales de las regiones Primera, Segunda, Octava, Novena y Décima. En esta etapa, el organismo responsable de este Programa fue el Ministerio de Planificación. Esta primera fase, que se ejecutó entre 2001 y 2006, se caracterizó por ser una experiencia piloto, donde se implementaron en forma experimental metodologías y modelos. Con posterioridad al año 2007, pasa a la Conadi, que empieza a tener la titularidad de su ejecución.En noviembre de 2006, se procedió a la firma del Convenio de Préstamo entre el BID y el Gobierno de Chile, para el desarrollo de la segunda fase del Programa, cuyo fin fue contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área rural de los pueblos aymara, atacameño, quechua y mapuche. La Segunda Fase se inició en enero de 2007, una vez que la Contraloría tomó razón del contrato de préstamo firmado con el BID, con una duración de cinco años, es decir, hasta 2011. El presupuesto total de este Programa alcanza a los 110 millones de dólares.Como consecuencia de lo expuesto en el informe que los señores diputados tienen en sus pupitres, de los numerosos testimonios y antecedentes recogidos durante el curso de la investigación y, principalmente, del debate habido en su seno, la Comisión expone a sus señorías las conclusiones y proposiciones que versan sobre las materias señaladas en el proyecto de acuerdo que le dio origen.Las conclusiones del informe constan de tres partes. La primera, detalla las irregularidades encontradas, básicamente, en el accionar del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y del Programa Orígenes; la segunda asigna responsabilidades políticas; por último, se entregan recomendaciones de política pública.En primer lugar, se establecen los eventos, acciones u omisiones que, a juicio de la Comisión, son considerados irregulares. La Comisión decidió ordenar dichas irregularidades en cinco subgrupos.El primero se refiere a graves anomalías en el proceso de terminación de beneficiarios del concurso de tierras entregadas al amparo del artículo 20, de la letra a) de la Ley Indígena, y de compras directas, en virtud del artículo 20 la letra b). Se destaca la creación de la figura jurídica declarada ilegal por la Contraloría General de la República de “casos especiales”, que permitió que los beneficios de tierras fueran asignados a personas que no cumplían con los requisitos establecidos en la propia Ley Indígena; la asignación de diez subsidios de tierras a personas que no tenían puntajes suficientes en el décimo concurso, a pesar de que existían 126 personas con mejor puntaje, y, en el noveno concurso, la posible adulteración del registro de beneficiarios, a partir de la omisión de 55 personas de la lista definitiva de beneficiados. La Comisión también cuestionó al ex ministro José Antonio Viera-Gallo, quien firmó un compromiso de adquisición de varios predios, por un total de aproximadamente 10 mil hectáreas, sin que hubiese existido, en muchos casos, contacto previo con los respectivos dueños, y detectó una arbitrariedad en la promesa de recursos comprometidos verbalmente por el citado ex ministro a comunidades en conflicto, para que personas que estaban siendo juzgadas en virtud de la ley Antiterrorista, formaran una ONG y, de esa manera, dejaran de lado la violencia.El segundo subgrupo dice relación con irregularidades por ausencia de rendición de cuentas y entrega de fondos a personas naturales y jurídicas que no habían rendido transferencias anteriores sin ser sometidas a juicios de cuentas. Al 31 de diciembre de 2009, vencido el plazo legal, existían 4.561 millones de pesos por rendir.Debe mencionarse que sucesivos encargados del Programa Orígenes rechazaron esa cifra, arguyendo que ellos otorgaban dos años para rendir los fondos transferidos, regla que no está contenida de ninguna forma en el contrato del BID y contraría la posición de la Contraloría General de la República en cuanto a que “Ningún ministerio, servicio o programa, por sí solos, pueden hacer excepciones a las reglas generales para la rendición de cuentas de los fondos públicos contenidas en el decreto ley N° 1.263, Ley de Administración Financiera de Estado, la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República y el dictamen 759 de la Contraloría.” En tercer lugar, se consideran irregularidades por el no cumplimiento de la normativa de rendición de cuentas, constatándose la existencia de montos duplicados en los estados financieros del Programa Orígenes, y facturas, boletas de honorarios y otros documentos que se utilizaron más de una vez, por un total de 802 millones de pesos; serias irregularidades e incumplimientos en la rendición de cuentas de recursos entregados a consejeros indígenas en los gastos por traslado y en el pago de asesores de los mismos.En cuarto lugar, la Comisión concluyó que la Conadi y el Programa Orígenes utilizan un sistema contable vulnerable, que impide realizar el seguimiento de los recursos y permite alteración de las rendiciones; resultados financieros no conciliados y debilidades contables graves que facilitan irregularidades, entre otros, por la utilización de planillas Excel para llevar los registros y el control de las rendiciones; ausencia marcada de seguimiento de los recursos asignados e incumplimiento de las observaciones de la Contraloría General de la República en todos sus informes relativos a la Conadi y el Programa Orígenes; no implementación de sistema contable y de información SIM II; rendiciones de cuentas, facturas y boletas, sin respaldo, lo que permite que se utilicen como justificación de otros desembolsos.En quinto lugar, la Comisión consideró que existía una marcada desidia del liderazgo de la Conadi y Orígenes en el resguardo de los fondos públicos. Se constataron incumplimientos de servicios prestados por consultoras sin ejecución de las garantías, inexistencia de monitoreo al trabajo de consultoras ni aplicación de multas, desidia ante denuncias formuladas por las comunidades en contra de las consultoras, pago de honorarios sin respaldo y desinformación sobre recursos traspasados a las comunidades, en muchos casos no se comprobó la ejecución de proyectos cancelados, mantención inadecuada de activos, de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas, entrega de fondos a personas no habilitadas para recibir dineros fiscales, e irregularidades relativas al no resguardo de fondos públicos.A lo anterior se debe agregar que se verifican irregularidades por no actuar conforme a políticas en la adquisición de obras y bienes, en la contratación y selección de consultoras, incumplimientos en precios y licitaciones, utilización de información extracontable, control interno y registros insuficientes para verificar transacciones, falsificación de firmas, pagos de servicios de alimentación sin nóminas de beneficiados, 166 construcciones de sedes en terrenos sin acreditación de uso comunitario, entre otras.En segundo lugar, la Comisión aborda las responsabilidades políticas. La Comisión entrega conclusiones sobre responsabilidades políticas por las irregularidades antes presentadas y todas las incluidas en los informes entregados por la Contraloría General de la República relacionados con el Programa Orígenes y la Conadi. Las responsabilidades políticas se centran en los órganos o personas que, pudiendo haber actuado para evitar las irregularidades, no lo hicieron o hubieren actuado favoreciendo dichas irregularidades. La Comisión asignó responsabilidades políticas a los miembros del Consejo de la Conadi y al ex ministro coordinador de Políticas Públicas Indígenas, señor José Antonio Viera-Gallo.Concluyó que el Consejo de la Conadi actuó de manera irresponsable al desfinanciar, conscientemente, la burocracia administrativa del Programa Orígenes, aumentando el fondo de decisión local.Debido a esa decisión, el programa tuvo que asumir un costo de 4.500 millones de pesos, y para hacer ese aporte extraordinario, se desfinanciaron otras líneas de acción, afectando seriamente el manejo administrativo. Esto está ligado a las irregularidades detectadas y crea un problema financiero.Por otra parte, el Consejo de la Conadi afectó la concepción inicial del Programa Orígenes al asignar recursos bajo el “Plan de Fortalecimiento a Consejeros Indígenas”, cuestión que fue exigida por los beneficiarios integrantes de dicho consejo para dar inicio a la Fase II de Orígenes. Los consejeros se negaron a aprobar el reglamento operativo de la Fase II del Programa Orígenes, lo que generó perjuicios a las comunidades beneficiadas y altos costos para el Estado de Chile.Respecto al actuar del ex ministro Coordinador de Políticas Indígenas, José Antonio Viera-Gallo, la Comisión concluye que actuó con irresponsabilidad al contribuir en la generación de expectativas de adquisición de tierras para comunidades por más hectáreas que las razonablemente disponibles y con costos muy altos para el Estado.Esto, a juicio de la Comisión, contribuyó decididamente al aumento de la violencia que se vivió en La Araucanía durante el año 2010. Cabe destacar que en conocimiento de la Comisión obran acuerdos firmados por el ex ministro Viera-Gallo para futuras y potenciales compras de tierras destinadas a 82 comunidades, las que, en su mayoría, son adicionales al grupo de las 115 y de las 308 comunidades incluidas en el “Acuerdo Reconocer”. En tercer lugar y a la luz de la investigación, la Comisión recomienda proposiciones de política pública respecto de la Conadi, el Programa Orígenes y política indígena en general. Estas proposiciones no pretenden ser comprensivas ni cabales, pero se ofrecen a esta Cámara y al Gobierno de Chile para su discusión. En primer lugar, la Comisión propone la creación de una nueva institucionalidad en materia de política indígena, que contenga interacción de múltiples ministerios y servicios; asignación de mayores recursos para fomento productivo, educación, salud intercultural y habilitación de predios ya adquiridos; cuantificación inmediata y con precisión de los títulos de Merced y Comisario quedan por honrar. Este programa debe establecer claramente cuál será la política para aquellos títulos de los cuales cuelgan varias comunidades con personalidad jurídica, sin perjuicio de seguir con los concursos regulares de subsidios de tierras, todo esto según los procedimientos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.Respecto de la Conadi, se debe establecer un control de precios en la compra de tierras, que considere un precio máximo por hectárea dependiendo del tipo, calidad y ubicación del suelo; considerar que tanto el Programa Orígenes como Conadi deben contar con una contabilidad eficiente y transparente, y provocar una profunda reestructuración del Consejo de la Conadi, para impedir la mezcla de presiones políticas de comunidades y grupos identificables con decisiones de tipo técnico. Respecto del Programa Orígenes, la Comisión concluye que no puede ser simplemente eliminado, si no se reemplaza por algún programa que atienda a las 1.098 comunidades que aún no han sido beneficiarias.De seguir el Programa Orígenes, la Comisión concluye que tiene que ser profundamente reestructurado.Se debe otorgar mayor autoridad a la Conadi sobre la ejecución y desarrollo de las actividades del Programa Orígenes, especialmente en lo que se refiere a sistemas de contabilidad, seguimiento, evaluación y plantas directivas.Se debe considerar una mayor flexibilidad en los montos otorgados a los proyectos y mayores recursos para procesar la rendición de cuentas, que deben realizarse siguiendo las normas establecidas por la Contraloría General de la República.Se debe rediseñar o eliminar el sistema actual de consultoras, estudiando una nueva forma de apoyo técnico y administrativo a las comunidades.Finalmente, se debe eliminar derechamente el proyecto denominado “Plan de Fortalecimiento al Rol de los Consejeros Indígenas”, junto con prohibir toda asignación de recursos del Consejo a cualquiera de sus miembros.Por último, la Comisión decidió apoyar a quienes, como consecuencia de las irregularidades detectadas en el undécimo concurso de tierras, se les quitó su beneficio una vez entregado.La Comisión estima que los beneficios en dicho concurso de tierras de la Conadi, constituye un derecho adquirido para esas personas y el Estado debe indemnizarlas.Ésta es una apretada relación de los puntos principales que son abordados en el informe que obra en poder de las señoras diputadas y de los señores diputados, en el cual, además, podrán encontrar el detalle y los fundamentos de lo que aquí he planteado.Por último, agradezco a los diputados, que abordaron con seriedad y responsabilidad el trabajo encomendado en la Comisión, y a todas las personas, autoridades y comunidades que, con su participación y aporte, hicieron posible llevar a cabo esta labor investigativa, que más allá del afán de revelar las irregularidades en el Programa Orígenes y en el funcionamiento de la Conadi, busca superarlas y permitir que se concreten las proposiciones efectuadas a favor de los pueblos originarios y de todas las etnias de Chile.Es cuanto puedo informar.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- En discusión el informe.Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.El señor TUMA.- Señor Presidente, de la tríada de atribuciones esenciales de nuestra Corporación, legislar, representar y fiscalizar, sin duda, la última es la que debe ser desarrollada con mayor dedicación, prolijidad y prudencia. Si se legisla con errores, hay una Cámara revisora que puede enmendar los yerros; si se representa mal a la población, será la ciudadanía la que retire el respaldo al que incumpla su compromiso con el electorado; pero si se fiscaliza mal, el daño a las personas y a las instituciones siempre será irreparable, pues sus efectos se mantienen en el tiempo. Un nombre mancillado injustamente, aunque luego se demuestre su inocencia, siempre mantendrá una duda sobre el honor del afectado. Nunca la exoneración recibe tanta atención y difusión como la inculpación. Nuestra Corporación está llena de decenas de historias como ésta.Lamento decir que, desde sus inicios, en esta Comisión Investigadora no hubo la decisión de fiscalizar actos del Gobierno, como autoriza la Constitución Política, con la finalidad de determinar infracciones legales o constitucionales y discernir responsabilidades políticas subsecuentes. Lo que hubo fue un libreto prediseñado, que buscaba justificar juicios políticos previos de parlamentarios y de las nuevas autoridades del Gobierno en relación a la gestión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Lo que se trató de hacer fue demoler la obra de los gobiernos de la Concertación en materia de políticas públicas de protección, fomento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.El libreto que prepararon queda en evidencia desde la redacción misma del acuerdo que contiene el mandato de la Comisión, pues parte con el análisis del Programa Orígenes en su integridad en relación con su funcionamiento, objetivos, empleo de recursos, definición de comunidades. Luego, sin más, se amplía a una área que no pertenece al Programa Orígenes, sino a una línea permanente de trabajo de la Conadi, como es la gestión del Fondo de Tierras.Pero cuando el libreto es malo, aunque los actores sean de primer orden, la obra siempre será mediocre. En este caso, los actores tampoco eran especialmente buenos. Se pecó de soberbia, de ignorancia, en algunos casos extrema, y lo que es peor, hubo mala fe, pues los temas se fueron mezclando, se establecieron afirmaciones generales y, finalmente, se llegaron a conclusiones que, en algunos casos, rayan en la injuria y la inquina hacia autoridades de la administración anterior.En primer lugar, la Comisión recibió las declaraciones del ahora ex director de la Conadi, señor Francisco Painepán. Les invito a leer sus declaraciones contenidas en el informe. por lo penosas, son de antología. El señor Painepán, representante de la nueva forma de gobernar, demostró toda su ignorancia en relación con la operación de la Conadi. Del Programa Orígenes poco dijo, porque poco sabía. ¡Qué duda cabe! Era sordo, ciego y mudo. Se quejó hasta de los autos que estaban chocados en Temuco, del ausentismo laboral de los funcionarios a su cargo; criticó que la sede central del organismo estuviera en La Araucanía, quería estar en Santiago, ¡si es de allá! Se lamentó de las diferencias de sueldos de los funcionarios, de lo complejo que era para él administrar la Conadi. ¡Si era ferretero! Era tan complejo, que lo despidieron hace algunos meses.Era tan penoso el espectáculo que daba el señor Painepán, que incluso ruborizaba a los colegas del oficialismo. Devolvió más de 40 mil millones de pesos asignados al Fondo de Tierras para el año 2010. Realmente increíble. No dio el ancho, por eso volvió a su ferretería. Ahí estará más tranquilo, y la Administración del Estado más segura.En segundo lugar, expuso la señora Karina Doña Molina, funcionaria nombrada por este Gobierno para administrar el Programa Orígenes. Ella sí conocía el tema. Explicó los alcances del Programa, evaluó lo que se había hecho y sobre todo precisó aspectos de funcionamiento y normativas esenciales, desacreditando -ella es funcionaria de este Gobierno-, la principal acusación de los promotores de esta investigación. Claramente, dijo: no hay dineros públicos perdidos en el Programa Orígenes. Lo que hay es un retraso en procesos de rendición de cuentas que se transfirieron a las comunidades indígenas, pues algunas comunidades no las realizaron en el plazo de los dos años que les dio la propia Conadi o porque la Corporación aún no las ha podido revisar. Se mencionó un caso, uno solo entre miles de comunidades, en el que un lonco se apropió de dineros y su propia comunidad lo denunció.La coordinadora del programa que, insisto, es funcionaria de confianza política de este Gobierno, no del anterior, concluyó que Orígenes era un gran programa de ejecución de políticas públicas participativas, el que, sin embargo, fue destrozado comunicacionalmente. En la página 37 del primer párrafo del Informe disponible en sus pupitres expresa: Se dañó la imagen del mismo, lo que repercute en las comunidades indígenas, independiente de la veracidad o no de los hechos. “Por lo tanto, el Programa tiene un daño innegable y, yo creo, irreversible a nivel comunicacional”.Cuando le consultan cuál es la evaluación del cumplimiento de los objetivos del programa, dijo una verdad del porte de una catedral: No lo sé, porque este Programa aún no termina y todavía no ha sido evaluado. Así de simple. Felicito su seriedad profesional y honestidad. Ella sabe lo que es evaluar un programa público de estas dimensiones. No funciona como algunos colegas del Gobierno, en base a las expresiones tan chilenas como yo creo, yo supongo, a mí me tinca.A mi juicio, otro aspecto esencial de esta investigación fue esclarecido con la participación del contralor general de la República, quien explicó, en primer lugar, la tesis de la Contraloría, que contraviene lo que piensa la Conadi y, por cierto, el Banco Interamericano de Desarrollo, que suministró la mitad del financiamiento, en el sentido, de que los dos años para que las comunidades rindieran cuenta, a su juicio, es un plazo entregado al margen de la ley. Pero, a renglón seguido agrega, que el hecho de que existan 3.900 millones de pesos sin rendir que, insisto, para la Conadi están dentro de plazo de rendición, no significa que el dinero se haya perdido o que alguien se lo haya apropiado.Por eso, el contralor general dice textualmente: “Pero les insisto en que el hecho de que no se haya presentado la rendición de cuentas no puede llevar a concluir necesariamente que se robaron los recursos”.Quiero concluir esta parte, manifestando un asunto esencial, que fue explicado por dos representantes de comunidades indígenas con la sencillez y sabiduría del campesino. Da igual que a los comuneros indígenas les hubieran dado dos años, cinco años o tres meses para hacer las rendiciones. En cualquier caso, las hubiesen hecho tarde y tal vez mal, por una razón muy sencilla, es gente de campo, con poca instrucción, que probablemente no puede siquiera distinguir, en algunos casos, una factura de una cotización.Ésa es la realidad de la vida de los indígenas de las zonas rurales de La Araucanía. La culpa no es de ellos, sino del Estado y de la nación chilena que desde hace 130 años, cuando termina la denominada Pacificación de La Araucanía, los marginalizó, los dejó sin educación y sin futuro. No hay que olvidar que aún tenemos en nuestra región 467 escuelas unidocentes.En definitiva, estos errores y lentitudes, que siguen siendo menores en relación al monto total de los recursos asignados y ejecutados, fueron el costo que estamos pagando por darles dignidad. ¿Y saben por qué les dimos dignidad? Porque en Orígenes, a diferencia de otros programas asistencialistas, fueron las mismas comunidades quienes decidieron en qué se invertirían y cómo se ejecutarían los recursos. ¡A ellos se les entregaron los cheques! ¡Ellos cotizaron! ¡Ellos pagaron sus cuentas! ¡Ellos fueron actores y ejecutores directos de las obras de adelanto que recibieron! ¡Eso, colegas, es dignidad! Y eso no tiene precio, aunque le duela a la Derecha patronal, clientelista y asistencialista.Hay momentos especialmente difíciles e ingratos en el desempeño de este cargo, y cuando estaba trabajando en esta Comisión me correspondió vivir uno de ellos. Fue cuando concurrieron dos funcionarios internacionales, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo a exponer a la Comisión, quienes, por decirlo de la manera más breve y clara, alabaron el Programa Orígenes, por ser participativo, democrático, integral. Alabaron la capacidad de innovación en materia de políticas públicas de Chile y los chilenos, no del gobierno tal o cual, sino de Chile. Mientras exponían, pude constatar las caras largas y, a veces, rabiosas de mis colegas oficialistas. No era lo que ellos querían escuchar, y pese a que los bombardearon con preguntas, buscando un juicio crítico, no lo llegaron a escuchar. Es más, y esto es lo más penoso de todo, nos dicen que este Programa es un ejemplo para futuros programas del BID en América Latina y que, además, están disponibles para aportar más recursos a fin de ejecutar una nueva etapa -pendiente- del Programa en Chile.No se trata de gente ignorante en programas públicos, sino que de especialistas rigurosos y de talla mundial, que nos alaban como país. En cambio, hay diputados chilenos que denigran lo que como chilenos somos capaces de hacer. Si hubiera podido, me retiraba de la Sala. Achaco esta actitud, tal vez, a la inmadurez o a la poca experiencia en asuntos públicos de algunos. No quiero pensar que se pueda ser tan miope y egoísta como para anteponer a los intereses nacionales los intereses subalternos de la pequeña política.Resulta realmente lamentable la forma en que esta Comisión investigó el Fondo de Tierras y Aguas de Conadi. Se buscó transformar las asignaciones en actos reñidos con la ley y la ética pública, se trató de hacer de los consejeros nacionales de la Conadi electos por las comunidades unos pinganillas que usaban y abusaban de sus atribuciones legales y reglamentarias. El tópico de los denominados casos especiales que existen en la Conadi desde que existe el Fondo, fue criminalizado por los diputados de la mayoría oficialista. Tras sendas investigaciones de esta misma Corporación, de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, nunca se ha imputado a nadie por este tema y nunca se han ejercido acciones judiciales, porque irregularidades de índole criminal no ha habido. Lo único que hubo fue un dictamen de la Contraloría General que obligó a dejar sin efecto las asignaciones en casos especiales, lo cual generó un drama a ciento veinte familias indígenas y a tres comunidades, las cuales habiendo recibido los beneficios, fueron objeto de actos revocatorios al margen de la ley, toda vez que se pasaron a llevar derechos adquiridos. Frente a este tema, nada se dijo, ningún esfuerzo se desplegó al momento de formular las conclusiones. Es lógico, acá no se busca ayudar a la gente o apoyar a las comunidades a superar sus problemas; acá se busca ejecutar un concertado plan de demolición de la Conadi y de dañar la imagen del gobierno de la ex Presidenta Bachelet que es, aunque no le guste a algunos, el que más realizó proyectos por los pueblos originarios de nuestro país.Señor Presidente, propongo formalmente en esta Cámara un acuerdo político, unitario y transversal para apoyar a la gente. Propongo que juntos elaboremos un proyecto de ley para sanear estas asignaciones, que fueron despojadas injustamente. Reclamaron ante la Corte de Apelaciones de Temuco ganando, incluso, el recurso por unanimidad, pero que posteriormente perdieron en la Corte Suprema por un tema formal, de plazo, situación absolutamente injusta. Eso es ayudar y comprometerse con el pueblo mapuche y no andar desfigurando la realidad como se ha pretendido en este informe.Finalmente, debo referirme a las conclusiones, que considero incongruentes con el mérito de la investigación y se exceden con creces del mandato de la Comisión. Se votó sin tener todos los antecedentes a la mano, ya que la Conadi nunca respondió los informes requeridos. Nunca llegaron a nuestras manos para saber quiénes son los que compraron los terrenos, quiénes son los que pagaron y cuánto fue el sobreprecio. Ningún informe que fue solicitado llegó a nuestro poder, y lo que es más grave aún, han sido redactadas con la intención clara de provocar daño a la honra de las personas. Me refiero especialmente a la figura del ex Presidente de esta Cámara de Diputados, ex senador, ex ministro y actual magistrado del Tribunal Constitucional, don José Antonio Viera Gallo, cuya trayectoria limpia y brillante ha tratado de ser ensuciada por el desvarío de unos jovenzuelos extremistas y ensimismados. ¡Decir que José Antonio Viera Gallo mintió y engañó a las comunidades y que comprometió al margen de la ley y de la ética recursos públicos es una canallada que no tiene nombre! Todo Chile lo conoce y sabe de su prudencia, de su rectitud y del comportamiento ejemplar con que ha ejercido cada una de las magistraturas que le ha tocado servir en su vida. Se puede disentir, ser adversario político, pero la decencia en el trato al adversario no se puede perder. Acá, lamentablemente, se ha perdido. Estimados colegas, no puedo dejar de mencionar dos hechos que, a mi juicio, demuestran la inconsistencia de esta Comisión Investigadora.El primero dice relación con que la única persona que ha sido recriminada legalmente por hacer uso de los recursos del Programa Orígenes es el propio ex Director de Conadi de este Gobierno, señor Painepán, quien tuvo que devolver los recursos que se le asignaron por parte del Programa Orígenes. Y finalmente, y esto es el ridículo extremo, la tontería hecha gestión parlamentaria: después de destruir el Programa Orígenes y de decir una y mil barbaridades sobre su procedencia, impactos y calidad, los diputados de la UDI y de Renovación Nacional concluyen pidiendo que continúe el Programa Orígenes. Después de denostarlo absolutamente piden que haya un nuevo Programa para las 1.800 comunidades que aún, a lo largo del país, no han podido ser beneficiarias de las distintas líneas de promoción que contenía Orígenes en el ámbito social, productivo y cultural.Señor Presidente, por todo lo dicho, no puedo votar a favor de este informe inconsistente y ridículo. Hago solemnemente un llamado a la cordura y a la seriedad de mis colegas. No podemos seguir desprestigiando a esta casa, a esta Cámara de Diputados que día a día se hace acreedora del repudio público, cuando en ella priman los intereses de la pequeña política por sobre los grandes intereses nacionales.He dicho.-Aplausos. El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.El señor EDWARDS.- Señor Presidente, mi visión es bastante distinta a la del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. No puedo comenzar mis palabras sin expresar mi pesar por toda la información de la cual tomé conocimiento durante el transcurso de esta investigación, además de mi indignación de ver cómo se han implementado y manejado los dineros que, supuestamente, estaban destinados a los pueblos originarios. Aprovecho la oportunidad de expresar mi solidaridad con ellos, más aún cuando se hace notar la poca importancia que se le ha dado a sus demandas durante los años 2006-2010, que es el período de nuestra investigación.Básicamente, voy a fundamentar mi intervención en tres materias. Primero, las irregularidades más importantes; segundo, la irresponsabilidad con la cual actuó el ex ministro señor Viera-Gallo; fundamentar por qué la Comisión considera que sus desproporcionadas promesas de tierras incentivaron la violencia durante 2010 y siguen trayendo consecuencias y, por último, algunas recomendaciones de políticas públicas, después de conocida toda esta investigación e irregularidades.Déjenme comenzar por decir que la totalidad de los concursos de tierras ejecutados durante el período 2006-2010 están siendo investigados por el Ministerio Público. Por ejemplo, el onceavo concurso por la creación de casos especiales. ¿Qué son los casos especiales? Básicamente, saltarse la ley para entregar a dedo los beneficios del Estado. Estamos hablando de subsidios por veinte millones de pesos cada uno. En el décimo concurso pasó algo parecido: fueron menos, sólo diez, y se saltaron a 126 personas que estaban antes. Y en el noveno -los antecedentes los entregamos al Ministerio Público- nos encontramos con que había dos listas de beneficiarios, se quitó una y se cambiaron a 55 personas.Por lo tanto, creemos que ahí hay una posible adulteración de la lista de beneficiarios, sin mencionar que en el noveno concurso se entregaron subsidios a diez personas que vivían en Europa, seguramente con mucha necesidad económica, me imagino.Durante el período de investigación, no quedó ningún concurso de tierras que no esté siendo investigado por la justicia por potenciales irregularidades.Pero, debo decir, además, que estas irregularidades no fueron cometidas por las personas que recibieron los beneficios. Y a todos quienes les quitaron el subsidio, después de haber sido entregados, deben indemnizarlos y pedirles disculpas, porque han sido tratados como delincuentes. Esos montos deben devolverse de una vez por todas, y el Estado -repito- debe indemnizarlos.(Aplausos)En el Programa Orígenes, a su vez, a mediados del año pasado, existían alrededor de 4 mil millones de pesos sin rendirse. No existe ningún cuerpo legal que le permita al Programa Orígenes rendir cuenta en plazos distintos a los que determina la Contraloría, a través de su dictamen Nº 759. ¿Qué pasó con esos recursos? Nos imaginamos que van a ser rendidos en el futuro. No lo sabemos. En concreto, hay 4 mil millones de pesos que no sabemos dónde están y que debieron haber sido rendidos. Esto va más allá de lo que opinan los encargados del Programa Orígenes. Según ellos, tienen un plazo de rendición de cuentas de dos años, porque, al parecer, creen que están por sobre la ley. Esto ha sido observado por la Contraloría y constituye una irregularidad.Más encima, se debe decir que, a diario, y habiendo sido advertido por la Contraloría, en numerosas ocasiones, la Conadi -Programa Orígenes- ha vuelto a hacer transferencias a personas naturales y jurídicas que no habían rendido cuenta con anterioridad. Esa es una evidente irregularidad denunciada por la Contraloría durante años.Déjeme decir, señor Presidente que, en los últimos estados financieros del Programa Orígenes, la Contraloría constató la existencia de montos duplicados. Esto significa que hubo facturas y boletas que se utilizaron dos veces por un monto de 800 millones de pesos. Bueno, ¿es una irregularidad o no? ¿En qué estamos?Estas irregularidades son un problema para los funcionarios de la Conadi. Por la naturaleza de las irregularidades, se deduce que están vinculadas a la determinación de beneficiarios, a los sistemas contables, al uso de planillas Excel, a transferencias de recursos y al desfinanciamiento de ciertas partidas presupuestarias internas. Por lo tanto, queda bastante claro que quienes deben asumir la responsabilidad de las irregularidades son quienes ejercen el liderazgo y no los funcionarios, que son personas decentes y de trabajo.Déjeme recordar, además, que el Programa Orígenes, a diferencia de muchos otros, está cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, todo lo que pasa en el Programa Orígenes no sólo es un descrédito para el Estado frente a todos los chilenos, sino un descrédito para todos quienes participan en el BID de Latinoamérica.Un capítulo aparte merece la actitud y trabajo del ex encargado de Asuntos Indígenas, señor José Antonio Viera-Gallo. Aquí, me voy a detener. Voy a explicar por qué la Comisión, y quien habla, consideran que su comportamiento hizo aumentar decididamente la violencia en La Araucanía.Quiero ser súper claro y enfático en lo que voy a decir. Primero, porque firmó acuerdos con muchas comunidades, prometiendo miles de hectáreas de tierras. Pero las prometió de una manera distinta. No prometió cierta cantidad de hectáreas, sino fundos específicos. ¿Qué hizo el señor Viera-Gallo? Se juntó con ciertas comunidades. Les dijo: “A usted le voy a entregar ese predio”, “a usted, ese fundo”, sin saber, en muchos casos, y sin haber hablado con los dueños de los predios para saber si estaban en venta, o si, de alguna manera, se podían conseguir. Este documento que exhibo, firmado el 24 de noviembre del 2009, a solo semanas de las elecciones, en su primer punto, dice: “nivel prioritario”. Se refiere a compras de predios por el número de hectáreas que se indican durante el primer trimestre del 2010. Y entrega, por ejemplo, los fundos La Romana y Montenegro, a la comunidad Temucuicui; el fundo Huerere y el fundo El Mirador a la comunidad Huerere, y el fundo Chelle a la comunidad de Budi, sin saber si estos predios podían ser adquiridos, con qué tiempo y en qué precio. ¡Dígame, señor Presidente, si esto no es un engaño a las comunidades! El ex ministro se excedió en su poder, prometiendo cosas que él no sabía si podía cumplir. Lo segundo que quiero decir es que cuando se observa este documento y ven la violencia de La Araucanía, se van a dar cuenta de que muchos de los fundos, y gran parte de la violencia que vivimos el año pasado, se originó exactamente en los fundos que prometió el señor José Antonio Viera-Gallo: el 12 de julio hay tomas en el fundo Huerere, con quemas, con violencia; el 5 de septiembre, en el fundo La Romana; el 30 de diciembre y el 5 de mayo en el fundo Montenegro; el 18 de septiembre en el predio El Porvenir. Todos ellos -repito-fueron prometidos por el señor José Antonio Viera-Gallo. La relación entre la violencia y los tres acuerdos del señor Viera-Gallo es demasiado evidente. Eso debe quedar establecido.Nadie dice que los acuerdos crean el conflicto, pero lo que no podemos negar es que el señor Viera-Gallo, justo antes de las elecciones presidenciales, apagó un incendio con bencina.Déjeme decir que, como representante de La Araucanía, lamento sentidamente el trabajo del señor Viera-Gallo, ya que para apaciguar las aguas, justo antes de las elecciones, hizo cualquier cosa. Firmó tres acuerdos, el primero el 24 de noviembre del 2009; el segundo, el 7 de enero -a una semana de la segunda vuelta-, y el tercero, el 14 de enero, a dos días de la segunda vuelta.La Región de La Araucanía no ha recibido ni un solo peso de inversión extranjera desde 2006, y prácticamente nada desde 2000. Y ha sido por años la región más pobre. En mi distrito, La Araucanía costera, tenemos un trece por ciento de analfabetismo. La violencia y la inestabilidad política han ahuyentado la inversión, la creación de empleos, el desarrollo del turismo y la industria. Es una responsabilidad que debemos tener en cuenta.Aprovecho la oportunidad para anunciar que el informe propone una nueva institucionalidad. Otra de las conclusiones se refiere a que la política indígena debe ser intersectorial, y debe existir política indígena en cada uno de los ministerios, porque mapuches y no mapuches, blancos o no, altos o bajos, sean estas personas como sean, tienen necesidades multidimensionales. Y no puede pretenderse atender las necesidades del pueblo mapuche, y de todos los pueblos originarios, con una sola Corporación, que básicamente se dedicó a comprar tierras.El Programa Orígenes todavía no ha podido atender a más de 1.098 comunidades. Pido al Gobierno, formalmente, que no se termine el Programa Orígenes; que exista una fase III de Orígenes, o un programa que asista de manera similar a las 1.098 comunidades que no han sido atendidas.Espero que la aprobación de estas conclusiones conlleve un aporte a la política indígena, y que se lleven a cabo los cambios que se necesitan.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, ese tema es muy profundo, no debe tratarse con ligereza.El problema mapuche tiene su origen, desde hace siglos, en el maltrato tremendo que ha sufrido no sólo de parte de los conquistadores, sino también de parte de representantes de la República de Chile, es decir, de innumerables ciudadanos chilenos.Cuando era niña, vivía en Pitrufquén. Mi padre era notario. Y me acuerdo cómo llegaban personas mapuches, acompañadas de huincas, para cederles sus tierras. Los mapuches llamaban a un fundo “Poco a Poco”, porque habían corrido sus cercos y poco a poco se habían apoderado de sus tierras. Posteriormente, trabajé en la Reforma Agraria, en los asentamientos mapuches, y su historia era de despojos, de abusos. Esto se fue constituyendo. Hay pendiente una tremenda reparación a los pueblos originarios, especialmente al pueblo mapuche.El gobierno de la Concertación, después de la nula acción de la dictadura militar, empezó a reinvindicarlos con el presidente Aylwin. ¿Y qué pasa con los representantes de los dueños de la tierra que no quieren -hasta ahora- reconocer constitucionalmente la calidad de pueblos originarios? Esto se trató múltiples veces en este Hemiciclo, y una y otra vez dijeron no, con la postura de los conquistadores, de los despojadores del pueblo mapuche. Insisten en no reconocer constitucionalmente la existencia de pueblos originarios que tienen todos sus derechos, y no reivindicar y pedir disculpas por los abusos y despojos que se han cometido con dicho pueblo.Logramos, recién en 2008, aprobar el Convenio N° 169 de la OIT, porque todas las veces que lo trajimos a votación a esta Cámara, los votos de la derecha no estaban. Entonces, cuando un joven diputado quiere llevar a juicio una materia tan fundamental como ésta, de la manera tan ligera como lo hace, acusando a un ex ministro de violentista, la verdad es que es irrisorio.El diputado Tuma, en su intervención, ha denunciado la forma en que se llevó a cabo esta investigación, la cual, es cierto, desconoce, por un lado, lo que ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el proveedor de fondo del Programa Orígenes, que ahora distingue y dice que es bueno que este Programa siga, pero, indudablemente, este informe no es un verdadero análisis de la política indígena, sino, simplemente, un informe para atacar, enjuiciar injustamente y de manera absolutamente frívola, acciones de gobierno realmente importantes. Señor Presidente, fíjese que el gobierno de la presidenta Bachelet inspiró y promovió el documento Pacto Social por la Multiculturalidad, que contiene los éxitos que obtuvimos con la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT y su implementación. En virtud de aquello, el Congreso Nacional despachó proyectos de ley destinados a reformar la institucionalidad indígena, creando una Agencia de Desarrollo Indígena que reemplaza a la Conadi y un Consejo de Pueblos Indígenas, órgano de carácter representativo y autónomo. Además, se propuso un proyecto de ley para crear el Ministerio de Asuntos Indígenas -¿cómo que no se ha hecho nada?-; reformas en los procedimientos de la compra de tierras. Se avanzó y, frente a los errores cometidos por la Conadi, se le retiró su atribución de asignar de tierras. En fin, podríamos hablar de otras cosas.Pero, lo indignante de este informe es que sólo se limita a hacer juicios políticos. ¡Qué cosa más increíble, porque lo que hizo el ministro fue proponer y recoger la aspiración de los pueblos indígenas! Ellos quieren los fundos que les quitaron; no otros. ¿Cómo un ministro va a incitar a la violencia por acoger una demanda justa de esos comuneros mapuches que aspiran a la tierra, pero no a la que están en recónditos parajes y que no sirve para nada, sino aquella de la que fueron despojados? Creo que sería un ridículo nacional que esta Cámara acogiera un informe en que se acuse a un ex ministro de la presidenta Bachelet, hoy ministro del Tribunal Constitucional, de violentista y de promover la violencia. No podemos llegar a esa frivolidad.Aquí estamos frente a un informe de una Comisión que ha sido llevado por la pasión juvenil del diputado Edwards, quien desconoce las tradiciones profundas. Le ruego a los colegas de la Derecha que no lo aprueben, porque sería el hazmerreír absoluto y tirar nuestra institucionalidad a un devaneo blando, superfluo, que nos avergonzaría.También hay cosas importantes que ha dicho el diputado Edwards. ¡Pongámonos en la onda propositiva de verdad! Me parece muy importante que se diga que la política indígena tiene que ser transversal, porque hay personas de pueblos originarios en todo el país; en Santiago, en mi distrito, hay muchos mapuches. Hagamos política transversal; así como tenemos el Servicio Nacional de la Mujer que pretende hacer política transversal hacia las mujeres de todos los ministerios. ¡Eso me parece importante! Entonces, al colega Edwards y a los que lo acompañan en este informe mañoso, que ataca de manera injusta y no profunda los verdaderos problemas de la política indígena, que ha sido difícil para la Concertación -ésta también cometió errores-, los invito a sumarse a una acción propositiva, positiva, y no hacer ataques a mansalva y ridículos, a través de una Comisión mañosamente llevada a cabo, que nos van a desprestigiar como Congreso Nacional.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.El señor AUTH.- Gracias, señor Presidente.Evitaré toda referencia al sesgo juvenil que pudiera tener el informe, por la edad del presidente de la Comisión, porque, francamente, no me parece adecuado. Es como si hiciéramos lo mismo con el sesgo femenino si fuera una mujer. Él es un diputado como todos nosotros y tiene virtudes y defectos. Lamentablemente, tendré que concentrarme en algunos defectos, pero que no dicen relación, seguramente, con la edad, sino más bien con su desconocimiento, a mi juicio modesto, de la realidad que debió abordar.En primer lugar, no se reconoce el hecho mayor, cual es la existencia de una deuda histórica que tiene la sociedad con sus pueblos originarios, porque hoy todos somos conscientes de una situación de despojo que vivieron, durante varias generaciones, los pueblos originarios que contribuyeron a construir lo que en la actualidad es nuestro país y que, sin embargo, no han sido valorados ni reivindicados como se merecen. Eso, a partir de 1990, se constituyó en una política, con algunas virtudes, toda vez que ha contribuido a satisfacer algunas demandas y a generar otras expectativas, pero también con muchos defectos. El objetivo de la Comisión investigadora fue investigar y determinar la existencia de irregularidades. De una lectura acabada de su informe, llaman mucho la atención las expresiones de los dos actores que pudieron haber contribuido a establecer la existencia de irregularidades. Me explico. La nueva dirección del Programa Orígenes, nombrada por el gobierno del Presidente Piñera o por el propio Presidente Piñera, es la primera autoridad llamada a establecer si existen o no irregularidades; sin embargo, a la directora del Programa Orígenes -es lo que infiero de sus palabras- descarta la existencia de toda irregularidad. El segundo actor que debió haber testificado por la existencia de irregularidades es el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo dijo el propio diputado señor Edwards. El Banco Interamericano de Desarrollo, después de realizar auditorías periódicas, señaló en la Comisión que el Programa ha funcionado bien. Hace algunos meses escuché al diputado José Manuel Edwards y a otros colegas la expresión de la voluntad de término del Programa Orígenes. Hoy me felicito de escuchar la aseveración clara y categórica para que el Programa Orígenes continúe en el tiempo. Es un programa positivo, con características especiales, toda vez que se contempla la transferencia de recursos a miles de pequeñas iniciativas definidas y realizadas por las propias comunidades. En seguida, el informe establece una correlación entre un supuesto incremento de la violencia política en 2010 y los compromisos que asumió el gobierno, en momentos de crisis, con el objetivo natural de pacificación y no de ganar elecciones, como aparece imputado de manera primaria. Nadie, mediantemente inteligente, puede decir que llegar a un acuerdo y asumir un compromiso con una comunidad el 14 de enero, a dos días de la elección, tiene que ver con la eventual conducta de los electores.El gobierno precedente comprometió la solución después de entregar más de 600 mil hectáreas, desde 1990 hasta principios de 2010. Comparadas con el número de hectáreas entregadas por esta administración y por esta Conadi, hacen pensar que en el gobierno del Presidente Piñera apuesta a terminar con la política de entrega de tierras, en circunstancias de que es absolutamente indispensable continuar con ella. Es necesario que este Congreso reafirme la necesidad de que el Estado y la sociedad chilena continúen pagando la deuda histórica que tienen con sus pueblos originarios. La principal se relaciona con la tierra. Revela desconocimiento quien leyó el informe de la Comisión cuando critica que un ministro se comprometió con las comunidades a entregarles determinadas tierras y no otras. Pero resulta que las comunidades reclaman esas determinadas tierras y no otras, porque son esas tierras las que habitaron sus ancestros. Por lo tanto, lo que hizo el entonces ministro Viera-Gallo fue comprometer al Estado en el intento de resolver la deuda histórica con esas comunidades específicas. Cincuenta y uno de los ciento quince compromisos fueron cumplidos en 2009. Tanto es así que el presupuesto aprobado por el gobierno de la Presidenta Bachelet para 2010 contemplaba -escúchenme bien- 49 mil millones de pesos para continuar saldando la deuda histórica y adquirir esos predios comprometidos. Pues bien, ¿qué hicieron el gobierno del Presidente Piñera y el director de la Conadi, felizmente ahora destituido? Paralizaron por completo el proceso de entrega de tierras. Por eso, este informe no es más que una nube de humo para ocultar el problema mayor, cual es la ausencia más absoluta de una política indígena por parte de este gobierno, que -repito- paralizó el proceso de entrega de tierras. Además, enfocan el problema de manera muy distinta. Mi colega y amigo José Manuel Edwards dice que hay mayor violencia política porque hay más expectativas. Permítanme ser un poco presuntuoso. Soy sociólogo y puedo afirmar que hay mayor violencia política cuando hay desesperanza y no cuando hay diálogo y expectativas. Cuando hay diálogo y exceptivas la gente tiende a definir instrumentos, medios y fines para conseguir objetivos. Cuando el muro está cerrado, cuando no hay entrega de tierras, cuando no hay horizonte de solución de los problemas, allí sí hay violencia política. Las estadísticas así lo evidencian. En 2010 hubo menos violencia política. Desde que se establecieron los compromisos, no hay más violencia política. Así lo indican las estadísticas de manera muy clara. Violencia política habrá si este Gobierno continúa en el tiempo sin definir una política indígena. He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:El señor MOREIRA (Presidente accidental).- En votación el informe de la Comisión Investigadora del Programa Orígenes; el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos; un catastro de las comunidades beneficiarias y determinar la efectividad de las denuncias efectuadas relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y, en general, toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 4 abstenciones.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Rechazado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Walker Prieto Matías.-Se abstuvieron los diputados señores:Gutiérrez Gálvez Hugo; Jiménez Fuentes Tucapel; Lorenzini Basso Pablo; Teillier Del Valle Guillermo.VI. PROYECTOS DE ACUERDOSOLICITA ADHESIÓN DEL ESTADO DE CHILE AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE CIBERDELINCUENCIA (CONVENIO DE BUDAPEST).El señor MOREIRA (Presidente accidental).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 231, de las diputadas señorita Marcela Sabat y señora María Antonieta Saa y de los diputados señores Leopoldo Pérez, Víctor Torres, Pedro Browne, Alejandro Santana y José Manuel Edwards, señala:“La Cámara de Diputados acuerda:“De conformidad a las competencias que le asigna el artículo 32 número 15 de la Constitución Política de la República, se exhorta a S.E. el Presidente de la República para que tome todas las medidas tendientes a que nuestro país adhiera formalmente al Convenio de Budapest, principalmente en lo referente a la puesta en funcionamiento de la comisión interministerial constituida para tal efecto.”El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Marcela Sabat.La señorita SABAT.- Señor Presidente, es innegable que en los últimos años las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la vida social en todos los aspectos. Resulta casi imposible que el derecho vaya a la par de la tecnología, regulando ipso facto cuanto fenómeno violento ocurra respecto del ordenamiento jurídico vigente. Por eso, el convenio europeo sobre ciberdelincuencia, firmado en la ciudad de Budapest, en 2001, obliga a los países adherentes a modificar sus legislaciones internas para dar cabal respuesta frente a los delitos tecnológicos. Los principales puntos de este Convenio son la libertad de expresión, la protección de datos personales, además de la pornografía infantil. Chile, además de ser el cuarto país de América Latina en producción de actividad maliciosa, es uno de los que más genera amenaza hacia la región, según el Informe sobre Amenazas a la Seguridad en Internet, publicado por Symantec. Además, es importante señalar que, consultada la Brigada Investigadora del Ciber Crimen, de la PDI, ésta contestó de manera imperativa la adherencia de nuestro país al convenio sobre ciberdelincuencia.Por lo tanto, solicito a la Sala que vote a favor del proyecto de acuerdo.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.El señor TORRES.- Señor Presidente, quiero respaldar lo planteado por la diputada Marcela Sabat, en términos de solicitar la ratificación del Convenio de Budapest.Como ella indicó, dicho Convenio se firmó en la ciudad de Budapest, en 2001, toda vez que los países que lo han suscrito se comprometieron a hacer cambios a la legislación, tendientes a enfrentar todo lo que esté relacionado con el cibercrimen y los delitos que se realizan a través de internet. Lo importante de dicho convenio es que se tiende a salvaguardar ámbitos o tópicos como, por ejemplo, la libertad de expresión, la protección de datos personales y la pornografía infantil. Chile no está exento de ese tipo de situaciones.Por eso, es tremendamente importante recordar al Ejecutivo que, con fecha 7 de agosto de 2010, se determinó, a través del decreto exento N° 3265, la creación de una comisión interministerial de trabajo, que condujera a coordinar los requerimientos para la adhesión de nuestro país a dicho Convenio. Dicha comisión estaba conformada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Ministerio Público, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de la Agencia Nacional de Inteligencia, de la División Informática del Ministerio del Interior y de la División Jurídica del Ministerio del Interior.Precisamente, por la importancia del proyecto, por el impacto que hoy tiene internet en la ciudadanía y por los cambios tecnológicos que van ocurriendo, es tremendamente necesario que nuestra legislación esté a la altura de las circunstancias y de los requerimientos del país.Por eso, doy mi respaldo al proyecto de acuerdo y solicito a mis colegas que concurran con su voto favorable para su aprobación.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Girardi Lavín Cristina; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Lemus Aracena Luis; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.INCORPORACIÓN DE COMUNAS DE ALTO DEL CARMEN Y COCHAMÓ ENTRE RECEPTORAS DE BONIFICACIÓN TRIMESTRAL DE LA LEY N° 20.198.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 233, de las diputadas señoras Marisol Turres y Carolina Goic y de los diputados señores Giovanni Calderón, David Sandoval, Nino Baltolu, Alejandro Santana, Manuel Rojas, Luis Lemus, Gaspar Rivas y Carlos Vilches, que en su parte dispositiva señala:“La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar a S.E. el Presidente de la República incorporar a las comunas de Alto del Carmen y Cochamó entre las municipalidades que reciben la bonificación trimestral establecida en el artículo 3° de la ley N° 20.198.”El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Para hablar en favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, como uno de los autores del proyecto de acuerdo, quiero explicar su sentido.La ley N° 20.198 introdujo una bonificación especial no imponible para los funcionarios municipales de ciertas comunas de las regiones Primera, Segunda, Undécima, Duodécima y de las provincias de Palena, Isla de Pascua y Valparaíso-Archipiélago Juan Fernández. De manera que para establecer esa bonificación especial, se contempló como criterio el carácter de “zona aislada” de las comunas que componían dicha ley. En el distrito que represento está emplazada la comuna de Alto del Carmen, localidad rural, aislada y altamente dispersa y en la cual el 41 por ciento de sus funcionarios municipales son profesionales. Es decir, más de la mitad de los funcionarios del municipio no son profesionales, debido a la falta de incentivos para llegar a esas zonas aisladas.Una situación similar ocurre con la comuna de Cochamó, de la Décima Región, que hoy se ubica entre las diez primeras localidades más aisladas de Chile. Por su parte, Alto del Carmen es la décimo sexta comuna más aislada del país.Por esa razón, atendida la circunstancia de que carecemos de iniciativa legislativa para modificar materias municipales, de los órganos administrativos, y, además, asignar recursos, solicitamos a su excelencia el Presidente de la República que envíe un proyecto de ley que modifique la ley N° 20.198, incorporando a las comunas de Alto del Carmen y Cochamó entre aquellas cuyos funcionarios pueden recibir ese beneficio.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, ese tema lo he planteado junto con mi colega de distrito, la diputada Marisol Turres, al anterior y al actual gobierno, que esperemos lo consideren. La situación de Cochamó -similar a la planteada por el diputado Calderón respecto de alto del Carmen-, en de absoluto aislamiento. No figura dentro del concepto tradicional de zona extrema, porque no está ubicada exactamente en los límites del país, pero es una zona que tiene un acceso extremadamente dificultoso, y los profesionales que allí laboran están quedando sin este reconocimiento y estímulo que se les entrega a profesionales en otros lugares que reúnen exactamente las mismas condiciones, pero que incluso tienen mejor conectividad.Un estudio realizado en 1999 por una institución absolutamente académica, como es el Instituto de Geografía de la Universidad Católica, identificó a la comuna de Cochamó en el lugar 23° de aislamiento a nivel nacional; es decir, su situación ha ido empeorando.Por lo tanto, es éticamente adecuado que esos funcionarios municipales reciban ese incentivo que se entrega a otros trabajadores que también hacen patria trabajando en zonas tan aisladas.Felicito al diputado Calderón por esta iniciativa e invito a todos los diputados a apoyarla, porque los funcionarios municipales de Cochamó y de Alto del Carmen merecen este reconocimiento.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MOREIRA (Presidente accidental).- No hay quórum.Por lo tanto, se va a repetir la votación.-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MOREIRA (Presidente accidental).- No hay quórum.Por lo tanto, el proyecto será votado por última vez en la próxima sesión ordinaria.-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspxVII. INCIDENTESFISCALIZACIÓN DE BIENES DE CAPITAL ACOGIDOS A LOS BENEFICIOS DE LA LEY N° 19.606. Oficios.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- En Incidentes, corresponde el turno al Comité de la Unión Demócrata Independiente.Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, junto con saludarlo por su retorno a la Cámara, solicito oficiar a la tesorera regional de Aysén y al director del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de controlar a todas las empresas que, acogidas a los beneficios de la ley N° 19.606, ley Austral, hayan adquirido bienes de capital destinados a ser explotados en la Región de Aysén, a fin de que verifiquen que esos equipamientos se encuentren físicamente radicados en la Región de Aysén, especialmente las inversiones orientadas al procesamiento de las industrias pesquera y salmonera de dicha región.Es un tema de especial relevancia, ya que la ley, como los colegas saben, otorga un beneficio tributario a las inversiones de bienes de capital, siempre que dichos bienes estén radicados en la región.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.MEDIDAS PARA ENFRENTAR SOBREPESO EN ESCOLARES. Oficio.El señor SANDOVAL.- En segundo lugar, solicito oficiar al ministro de Educación, debido a los resultados dramáticos de la prueba Simce de educación física.He participado con otros diputados, entre ellos el colega Manuel Rojas, en la promoción de una iniciativa destinada a aumentar las horas de educación física, con el objeto de mejorar las condiciones físicas de los alumnos.Señor Presidente, esa prueba y otros trabajos de investigadores han demostrado claramente que los chilenos somos absolutamente sedentarios. La información que nos proporciona ese estudio es dramática desde todo punto de vista, pues señala que el 90 por ciento de las niñas y los niños de nuestro país están con sobrepeso. Desafortunadamente, este problema tiene connotaciones sociales, pues los miembros de las familias más desposeídas del país tienen mayores niveles de sobrepeso. El 36 por ciento de los niños de educación parvularia -estamos hablando de menores de seis años- ya tiene problemas de sobrepeso.La Organización Mundial de la Salud ha señalado que se requiere realizar actividad física a lo menos tres veces a la semana.Por eso, señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Salud, con el objeto de que se incremente el número de horas de educación física en los establecimientos educacionales. Asimismo, hay que instalar en nuestro país una cultura del deporte, promover la alimentación sana, terminar la tramitación de los proyectos de ley que regulan los rotulados de los contenidos calóricos de los productos alimenticios, ya que es prácticamente necesario hacer cursos de química para interpretar adecuadamente si hacen bien o mal; terminar con los quioscos que venden comida chatarra en los establecimientos educacionales.Señor Presidente, debemos actuar con celeridad ante los hechos informados por la prueba Simce.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.MEDIDAS PARA PALIAR ALZA DE COMBUSTIBLES EN LA REGIÓN DE AYSÉN. Oficio.El señor SANDOVAL.- En tercer lugar, señor Presidente, valoro mucho la medida que adoptó nuestro Presidente de la República, Sebastián Piñera, de enviar un proyecto de ley a la Cámara para mitigar el alza de los combustibles.Sin embargo, señor Presidente, el Gobierno ha señalado que intervendrá cuando el precio del combustible de 93 octanos llegue a 800 pesos.Pues bien, señor Presidente, en mi región el combustible de 93 octanos está a 837 pesos, es decir, ha superado con creces el techo fijado por el Gobierno para intervenir.Por eso, junto con valorar la iniciativa del Presidente de la República, solicito oficiar al ministro de Hacienda, con el objeto de que se considere de manera especial el alza de los combustibles en nuestra Región de Aysén, ya que, debido a su peculiar geografía, el valor de esos productos es el más alto del país -con excepción, quizás, de la provincia de Porvenir, de la Región de Magallanes-, lo que tiene un impacto dramático en la comunidad, pues los fletes tienen una gran incidencia en los costos de los productos básicos, en la pesca artesanal, en el transporte menor y en el transporte de carga.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO POR MEDIDAS EN FAVOR DE REGIÓN DEL BIOBÍO.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Enrique Van Rysselberghe.El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, mañana se celebra el primer aniversario del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.Lo primero que debo señalar es que después de veinte años de gobiernos de la Concertación; después del terremoto más grande del que se tenga registro; después de los saqueos y desórdenes que tuvieron lugar en el centro-sur de Chile, nuestro país ha contado con un nuevo gobierno, que ha liderado un proceso de reconstrucción que, aunque perfectible, es catalogado por la comunidad internacional como digno de ejemplo.Nuestro Gobierno asumió en una situación real y profundamente adversa; sin embargo, ha respondido con rapidez y eficacia, y con proyectos de largo aliento. Asumió cuando en la Región del Biobío, mi región, el 80 por ciento de su capacidad productiva estaba detenida y sus principales empresas paralizadas o en el suelo; cuando la provincia de Arauco estaba virtualmente aislada de Concepción y de Chile, debido al severo daño de los dos puentes sobre el río Biobío; en fin, cuando las caletas, los puertos y los caminos estaban simplemente inutilizables. Al cabo de un año, la Región del Biobío tiene casi todas sus empresas de pie, la provincia de Arauco está nuevamente integrada al país, y los puertos y los caminos se encuentran nuevamente operando.Es importante recordar que en ese entonces, muchos sostenían que íbamos a tener una explosión social de grandes magnitudes porque las empresas no se iban a poner de pie y el Gobierno no sería capaz de hacer que retornara la normalidad a la región. Lo cierto es que la Región del Biobío, mi región, hoy está tan normal que la discusión que tenemos es netamente política.Por todo lo anterior, agradezco al gobierno central en la víspera de su primer aniversario, por todo lo que ha hecho en este primer año de gestión en favor de la Región del Biobío. Asimismo, agradezco al gobierno regional, por conseguir que el nivel central haya hecho todo lo que nos ha permitido que hoy estemos de pie, después de la peor catástrofe que ha sufrido mi tierra en su historia contemporánea.He dicho.CUMPLIMIENTO DE ANUNCIO SOBRE INCREMENTO DE MONTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES. Oficio.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- En el tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.El señor SABAG.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la bancada de la Unión Demócrata Independiente por cederme parte de su tiempo.Señor Presidente, en 2010, el Ministerio de la Vivienda anunció el incremento del monto de todos los subsidios habitacionales del Fondo Solidario, de 330 a 400 UF, y asimismo la eliminación del subsidio de localización y otras medidas. Dicho incremento es la solución para cientos y cientos de comités de vivienda, porque el monto vigente de 330 UF, no les alcanza para cumplir con todas las exigencias.El año pasado, junto con el diputado Ricardo Rincón visitamos a la ministra de Vivienda y le solicitamos esta medida, que ella, posteriormente, anunció. Sin embargo, la medida no se ha implementado, y los representantes de los comités de vivienda de Yumbel, de San Nicolás y de muchas otras comunas me preguntan la razón. Por eso, deseo expresar a la ministra de Vivienda que necesitamos con urgencia su implementación, dado que, como digo, es la solución para cientos de comités de vivienda que han estado esperando por muchos años que se concrete su solución habitacional.Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Vivienda para que, a la brevedad, se implemente dicha política pública, que irá en directo beneficio de cientos y cientos de comités de vivienda que están a la espera de su concreción y la agradecerán.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Rosauro Martínez.CONEXIÓN A INTERNET PARA TODAS LAS ESCUELAS DE CHILE. Oficio.El señor SABAG.- Señor Presidente, en segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Educación en relación con la materia que paso a exponer:El lunes recién pasado asistí a la inauguración del año escolar en la escuela rural de Cerro Parra, en la comuna de Yumbel. El establecimiento tiene alrededor de cuarenta y tres alumnos y, como muchas escuelas del mundo rural, no está conectada a internet.Los recientes hechos en el Medio Oriente demuestran que la conexión a internet es una verdadera revolución que ha permitido que pueblos, regidos durante años por sistemas autoritarios, accedan a la democracia. Por lo tanto, creemos que nadie puede quedarse abajo en materia de desarrollo tecnológico.En consecuencia, pido que el ministro de Educación, señor Joaquín Lavín, estudie la posibilidad de que todas las escuelas de Chile estén conectadas a internet, porque hoy es una necesidad básica para el desarrollo, sobre todo de los sectores más postergados.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Rosauro Martínez.FELICITACIONES A ESCUELA DE ALTO CABRERO POR OBTENCIÓN DE PRIMER LUGAR NACIONAL EN PRUEBA SIMCE DE EDUCACIÓN FÍSICA. Oficios.El señor SABAG.- Señor Presidente, en tercer lugar, destacar el logro de escuela Alto Cabrero, de la comuna de Cabrero, establecimiento que obtuvo el primer lugar nacional en la prueba Simce de educación física a nivel de escuelas municipalizadas. A pesar de las precarias condiciones e instalaciones de la escuela, el profesor Fernando Mendoza ha logrado que sus alumnos obtengan dicho primer lugar a nivel nacional con medidas ingeniosas, como trotar tres veces por semana durante un período de veinte minutos, entre otras. Tras la medición realizada por el Simce a 13 mil 500 alumnos, se ha demostrado que el 40 por ciento de los estudiantes presenta sobrepeso u obesidad. Se trata de un tema que nos debe preocupar.Por lo tanto, pido que se envíe una nota de felicitación al señor director de la escuela de Alto Cabrero, señor Suar Oñate Barrientos; al profesor de educación física, señor Fernando Mendoza Parra y al alcalde de la comuna de Cabrero, señor Hasan Sabag Castillo, por ese gran logro que distingue a la comuna de Cabrero a nivel nacional.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.AGRADECIMIENTO A VICEPRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN.El señor SABAG.- Señor Presidente, por último, agradezco su fructífera labor como segundo Vicepresidente de la Corporación, pues ha desempeñado el cargo en forma honorable, brillante y ha prestigiado a la Cámara.He dicho.El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Señor diputado, agradezco sus expresiones y las de todos los diputados que, en el transcurso de la sesión, se han referido en tan buenos términos a mi labor, lo que me compromete a tratar de ser cada día un mejor parlamentario.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 13.18 horas.TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de SesionesVIII. ANEXO DE SESIÓNCOMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.-Se abrió la sesión a las 13.13 horas.El señor BECKER (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS APROBADOS CON RECURSOS DEL FNDR, DEL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DEL FRIL EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.El señor BECKER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Alberto Robles.El señor ROBLES.- Señor Presidente, un elemento importante para poder ver cómo las distintas reparticiones sociales en regiones están recibiendo sus recursos es tener la información completa de los proyectos que se han ido presentados y de cuáles finalmente han sido aprobados. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior o al ministro de Hacienda, según corresponda, y a la intendenta de la Región de Atacama para que me informen, en la línea total de los proyectos y diferenciados por comunas, qué iniciativas fueron financiadas durante 2010 con el 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el deporte, la cultura y la seguridad ciudadana.También solicito que se me haga llegar un informe completo, por comuna, de los proyectos aprobados y financiados con dineros del Fondo Social Presidente de la República.Asimismo, pido que se me informe qué proyectos fueron aprobados y financiados durante el año 2010 con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Finalmente, pido que se me informe, en la línea de proyectos enunciada, cuántas iniciativas se hallan comprometidas para el año 2011.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS DE COMPAÑÍA MINERA BARRICK GOLD EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.El señor ROBLES.- Señor Presidente, en otro orden de cosas, me voy a referir a un asunto bastante delicado en la Región de Atacama, y quiero tener una respuesta completa al respecto.La empresa Barrick Gold hizo muchos compromisos con la Región y no ha cumplido prácticamente ninguno. Se comprometió no sólo a mantener presencia en la provincia de Huasco, sino también a incorporarse a ella y a su desarrollo productivo en forma real. Lo cierto es que Barrick Gold tiene presencia en la Región de Coquimbo, sigue manteniendo su casa matriz en La Serena y nada ha hecho en Vallenar. Hoy, para más remate, la canción ganadora del Festival de Viña del Mar habla sobre cómo el proyecto minero en Pascua Lama está interactuando en forma inadecuada con los glaciares, con la ciudadanía en su conjunto y con el medio ambiente. Por otra parte, la minera construyó caminos en la comuna de Alto del Carmen y se encuentra utilizándolos, con lo que ha afectado directamente a quienes allí habitan. Me refiero en este caso al señor Roberto Paredes Rojas, agricultor de Alto del Carmen, quien ha visto afectada su propiedad ubicada en la localidad de Las Breas, fundo agrícola Las Torres, por los trabajos desarrollados por Barrick Gold en la ruta C-489 y el sendero peatonal de dicho sector. La compañía no se ha hecho responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la construcción de la mencionada carretera. Las evidencias de tales efectos se encuentran en la propiedad. Se adjuntaron a un dosier fotos que demuestran los daños provocados a la propiedad del referido agricultor, carpeta que se dejó en Vallenar. El señor Paredes ha sostenido reuniones con distintas autoridades, tanto de este gobierno como del anterior, pero la compañía no ha dado muestras de ningún tipo de acercamiento sobre el particular.Por lo expuesto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas para que me informe qué acciones ha tomado sobre la señalada denuncia, y si no lo ha hecho, qué medidas tomará al respecto y por qué no le ha contestado al señor Paredes.De igual modo, solicito oficiar al gobernador provincial de Huasco y a la intendenta de Atacama para que nos digan qué medidas tomarán en contra de la minera Barrick Gold por no cumplir sus compromisos, en este caso, el relativo a la construcción de la ruta C-489, que, como manifesté, afectó a don Roberto Paredes Rojas, en el sector de Las Breas. He dicho El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS ADEUDADOS A TRABAJADORES BANCARIOS. Oficios. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero plantear una consulta a la ministra del Trabajo, concretamente a la directora del Trabajo, y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.En enero de este año, probablemente todos los parlamentarios recibimos una carta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines de Chile en la que se informa de un conjunto de fenómenos vinculados con su realidad laboral, por ejemplo, el rechazo de que fueron objeto en la negociación de un bono bicentenario y la imposibilidad de tener información respecto de las remuneraciones de ejecutivos de bancos, quienes reciben bonos que a veces superan los 700 millones de pesos. Al respecto, es sabido que, a pesar de la crisis económica internacional, este sector de la actividad comercial, económica e industrial es uno de los que siempre está en el top, o sea, en el nivel más elevado en materia de obtención de beneficios.Los dirigentes de dicha Confederación señalan en su carta que, en virtud del artículo 22 del Código del Trabajo, se adeudaría a los miles de trabajadores bancarios sumas millonarias de dinero. Me parece importante establecer con claridad si eso es efectivo, ya que, de ser así, corresponde que las instituciones vinculadas al ejercicio de los derechos laborales tomen las medidas que correspondan.Por lo tanto, pido que se envíe un oficio a la ministra del Trabajo -y, por su intermedio, a la directora del Trabajo-, y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, con el objeto de que se pronuncien respecto de esta afirmación que hacen los dirigentes de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines de Chile sobre la deuda derivada del artículo 22 del Código del Trabajo que afectaría a los miles de trabajadores bancarios, para efectos de que se haga justicia, según corresponda.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención a la presidenta y al secretario de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines de Chile.INFORMACIÓN RELATIVA A PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO Y COOPERACIÓN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR FIRMADO CON FRANCIA. Oficio.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, como es sabido, el ministro de Minería y Energía se encuentra realizando múltiples giras al exterior, entre otros países a Francia, donde firmó un protocolo de cooperación en materia de energía nuclear. Asimismo, el gobierno del Presidente Piñera anunció que algo similar se hará con el gobierno de Estados Unidos de América, con ocasión de la visita que realizará en los próximos días a Chile el Presidente Barack Obama. Sabemos que existe un debate sobre la energía nuclear en Chile, pero esto no se puede hacer de espaldas a los ciudadanos, sino de frente a ellos. En consecuencia, nos parece importante que el contenido de estos protocolos que se están firmando sea conocido por la opinión pública y, en especial, por la Cámara de Diputados, que ejerce la función fiscalizadora.Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Minería y Energía para que remita a la Cámara, a la brevedad posible, el protocolo de entendimiento y cooperación firmado con el gobierno de Francia y también lo que se pretende hacer con otros gobiernos; particularmente, que informe sobre la política de este Gobierno y de las carteras a su cargo en materia de energía nuclear, lo que no sólo preocupa a este parlamentario, sino también a la sociedad civil, que no quiere ver a Chile transformado en un país nuclearizado.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. APROBACIÓN DE PROYECTO EN FAVOR DE AGRUPACIÓN DE COMUNIDADES DE AGUA DEL VALLE DE ELQUI. Oficios.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, pido que se envíe un oficio al director de la Comisión Nacional de Riego para que se tome en cuenta el planteamiento que me hizo llegar una agrupación de comunidades de agua perteneciente a un mismo acueducto distribuidor del valle de Elqui, Región de Coquimbo, que se encuentra sufriendo una de las más duras sequías de nuestra historia.Dicha agrupación está constituida por comunidades de canalistas de Hierro Viejo o Gorroño, Villa o Partera, Molino de Miranda y Molino de Rivera, que en total forman 600 acciones.El 2010, ellos postularon al mejoramiento de un sector denominado Bocatoma Unificada N°10, proyecto que consistía en el revestimiento con hormigón armado de aproximadamente 557 metros y la construcción de 63 metros, con sus respectivas obras anexas, precisamente para rentabilizar los recursos hídricos que se acumulan como consecuencia de las obras de ingeniería que se han hecho en la zona para mejorar la administración de este recurso.El proyecto fue aprobado por la Comisión Nacional de Riego. Sin embargo, como consecuencia de la decisión del gobierno del Presidente Piñera, en orden a redestinar recursos de obras aprobadas a la reconstrucción, durante el 2010 este proyecto no se pudo ejecutar.La agrupación de comunidades de agua volvió a presentar el proyecto y actualmente se encuentra postulando a la Comisión Nacional de Riego desde el 28 de septiembre de 2010. Sus representantes me han pedido gestionar la aprobación de este proyecto, lo que creo es de toda justicia porque, insisto, nuestra región está viviendo una de las más brutales sequías y, por lo tanto, toda obra que ayude a mejorar la administración eficiente de este recurso escaso es fundamental.Por lo tanto, dado que este proyecto había sido aprobado y se postergó debido a la redestinación de recursos a las regiones afectadas por el terremoto, considero de justicia que se apruebe este proyecto, sobre todo ahora que la Región de Coquimbo está viviendo una catástrofe.Por lo tanto, pido los buenos oficios del ministro de Agricultura y del director de la Comisión Nacional de Riego para efectos de que se apruebe a la brevedad posible esta obra tan importante para mi región.He dicho.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.ANTECEDENTES SOBRE DETENCIÓN DE CIUDADANO ECUATORIANO POR CARABINEROS DE CHILE. Oficio.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.El señor SILBER.- Señor Presidente, solicito antecedentes en relación con los graves hechos de que fuimos testigo los chilenos, a propósito de la detención de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, don Freddy Quiñones. En la oportunidad, vimos con sorpresa y de manera inédita cómo un ciudadano fue detenido por un hecho que, desde el punto de vista legal, tiene sólo la naturaleza de una falta y no de un delito; no obstante, por el solo hecho de cruzar la calle con luz roja, fue arrastrado, vejado, esposado y desvestido.En razón de ello, pido que se envíe un oficio al general director de Carabineros de Chile -dado que de parte de dicha institución no hemos visto una actitud proclive a estar de parte de las víctimas, sino nuevamente a hacer una defensa corporativa respecto de este tipo de hechos- para que me informe cuál es la cantidad de chilenos detenidos por concepto de cruzar la calle con luz roja, o de situaciones similares o procedimientos afines en que Carabineros haya tomado ese tipo de decisiones. Asimismo, que remita a esta Corporación -puesto que no hemos escuchado un descargo como corresponde de parte de dicha institución- copia de las cintas de las cámaras de seguridad ubicadas en los sectores aledaños al lugar donde se practicó la detención del ciudadano ecuatoriano, sobre todo porque es uno de los sectores que cuenta con mayor fiscalización y control por parte de Carabineros. Sabemos que ese mismo cruce lo realizaron varios ciudadanos y sólo se detuvo al ciudadano de color.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.ANTECEDENTES SOBRE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN REALIZADOS POR MUNICIPALIDAD DE QUILICURA RELATIVA A VERTEDERO CERROS DE RENCA. Oficio.El señor SILBER.- Señor Presidente, pido que se envíe un oficio al alcalde de la comuna de Quilicura para que haga llegar a esta Cámara todos los antecedentes que dicha corporación de derecho público tiene respecto de los actos de administración ejecutados el pasado año sobre el vertedero Cerros de Renca, a propósito del terremoto ocurrido en febrero de 2010.Existe un decreto emitido por el intendente de Santiago por el cual habilitó el acopio de residuos en dicho relleno, el cual está en proceso de cierre y requiere que se le apliquen restricciones en cuanto a las condiciones sanitarias.En ese orden de ideas, pido que se envíen a esta Cámara todos los actos de administración -sean concesiones o resoluciones administrativas emanadas del concejo, de la Dirección de Obras o del alcalde- donde se dé cuenta de derechos emanados a terceros, si existe registro de la cantidad de camiones que ingresó allí y la cantidad de derechos municipales que fueron pagados por los camiones al momento del ingreso al vertedero a la hora de llevar algún tipo de acopio o material a dicho recinto, como también, si existen visitas por parte de la autoridad sanitaria para fiscalizar las condiciones en las cuales actualmente opera.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE DESTINO Y USO DE FONDO APROBADO EN 2010 EN FAVOR DEL TRANSANTIAGO Y DE SUBSIDIO A REGIONES. Oficio.El señor SILBER.- Señor Presidente, a propósito de las alzas que han sufrido las tarifas del Transantiago, pido que se envíe un oficio al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que informe a esta Cámara sobre lo siguiente: el destino y uso del fondo de 400 millones de dólares que está Cámara aprobó en septiembre de 2010, cómo ha operado el subsidio a regiones y particularmente a las provincias donde no opera el Transantiago, puesto que hemos visto un alza intempestiva en el costo del pasaje; cómo ha operado la serie de compromisos que asumió la autoridad a través del convenio complementario, por ejemplo, los trenes de cercanía, que el Gobierno se comprometió a operar en Quilicura, Lampa y en la zona sur del Gran Santiago.He dicho.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 16.752 Y RECURSOS ENTREGADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. Oficios.El señor SILBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie al director general de Aeronáutica Civil, con el objeto de que me informe si se está dando cumplimiento al artículo 37 de la ley N° 16.752, que fija la organización y funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil. El referido artículo de esta ley fijó un impuesto de 2 por ciento sobre el monto de las facturas que pague la Dirección General de Aeronáutica Civil. Dicho impuesto será retenido y percibido por dicha Dirección General y su producto deberá destinarse a financiar el costo de la atención médica de sus funcionarios.Por eso, quiero que el director general de Aeronáutica Civil me informe si dicho artículo está operando, en qué forma, cuál es el procedimiento utilizado y de cuántos recursos dispuso la institución por ese concepto durante 2009 y 2010.Asimismo, pido que se oficie sobre la misma materia al contralor general de la República, a fin de que me informe sobre el uso de los recursos eventualmente destinados a la Dirección General de Aeronáutica Civil en virtud del artículo señalado. El señor SILBER (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE POSTERGACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y ARREGLO DE CAMINOS RURALES DE CASTRO. Oficio.El señor ASCENCIO.- En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de hacerle presente que los dirigentes de las juntas de vecinos rurales de la comuna de Castro se han estado quejando y han denunciado la postergación de proyectos de mejoramiento y arreglo de caminos rurales, y de asfaltado en algunos de ellos.En particular, el dirigente Eduardo Calixto, miembro de una de dichas organizaciones vecinales, me manifestó su preocupación sobre la materia, debido a lo cual me comprometí a solicitar un informe del Ministerio de Obras Públicas que indique los proyectos que existen en materia de mejoramiento y arreglo de caminos rurales en la comuna de Castro y a qué se debe su postergación.El señor SILBER (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.PROYECTOS FINANCIADOS DURANTE 2010 CON FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Oficio.El señor ASCENCIO.- En tercer lugar, pido que se oficie al ministro del Interior, con el objeto de que me informe sobre todos los proyectos financiados durante 2010 con el Fondo Social Presidente de la República, los montos involucrados, las organizaciones beneficiadas y los nombres de los solicitantes. El señor SILBER (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO PARA ISLAS UBICADAS AL INTERIOR DEL MAR DE CHILOÉ. Oficio.El señor ASCENCIO.- Por último, durante mucho tiempo he estado señalando en la Cámara, tanto durante el gobierno anterior como en el actual, los problemas que enfrentan las comunidades que viven en un importante número de islas al interior del Mar de Chiloé.En las islas de Alao, Apiao, Chaulinec, Linlín, Llingua, Caguache, Meulín, Quenac; en las islas Desertores, en las ubicadas frente a Quemchi, en las islas Mechuque y Tac, en las que están frente a Castro, a Quellón y a Queilén, viven muchas familias que sufren una postergación importante en su vida cotidiana, porque sus problemas de agua, luz, caminos, acceso, educación, salud y rampas son continuos y permanentes, pero el Estado no ha logrado resolverlos.Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior, con el objeto de que el Gobierno implemente un plan especial de desarrollo para las islas ubicadas al interior del Mar de Chiloé.Todo el mundo conoce sus problemas, y es necesario que, de una vez por todas, se elabore un plan de desarrollo que incluya la realización de obras concretas y asignación de recursos que podrían provenir de fondos sectoriales o, incluso, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es necesario implementar una política que vaya en ayuda de las familias que viven en esos lugares tan apartados.Por eso, quiero que el ministro me responda qué posibilidades tienen el Ministerio del Interior, la intendencia de la Región de Los Lagos o los municipios de la región de elaborar un plan de desarrollo para las islas ubicadas al interior del Mar de Chiloé.He dicho.El señor SILBER (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 13.36 horas.TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones.IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:En respuesta a su oficio Nº 9340 de fecha 08 de marzo de 2011, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal (Boletín N° 3778-18).Hago presente mi voluntad para los efectos de que el proyecto aprobado se remita al Tribunal Constitucional, para su consideración. (Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”2. Oficio de S.E. el Presidente de la República“Honorable Cámara de Diputados:AL ARTÍCULO ÚNICO.-1. Al artículo 12°:a) Sustitúyase la letra c), por la siguiente:“c) Realizar, fomentar y encargar estudios en todos los ámbitos relativos a sus funciones y atribuciones. Especialmente, el Consejo deberá considerar estudios sobre la cobertura y la programación transmitida, tanto a nivel nacional como regional, en ámbitos vinculados a la cultura, educación, medioambiente y demás materias de interés general para la formación de los niños, jóvenes y adultos.”b) Para agregar en el último inciso de la letra j), la siguiente frase final, pasando el punto final a ser una coma:“excepto en el caso de que se trate de concesiones de carácter comunitario, en que el Consejo podrá formar comités asesores que escucharán a las organizaciones sociales que así lo requieran para la elaboración del correspondiente informe.”2. Al artículo 13° bis:a) Elimínase, en el primer inciso, luego del primer punto seguido, la frase “Los subsidios podrán otorgarse para financiar el pago de los precios o tarifas que cobren los concesionarios de servicios intermedios a que se refiere el artículo 31° A.”b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “podrán” por la expresión “deberán” y la expresión “operadores” por la expresión “concesionarios”.3. En el artículo 16°: a) Intercálese, en el inciso primero, entre la expresión “del” y la expresión “Consejo”, la frase “de la Fiscalía Nacional Económica y”b) Reemplázase, en el inciso tercero, entre las expresiones “instalaciones” y “hayan”, la frase “de la concesión del servicio intermedio respectivo” por la frase “necesarias para la transmisión”.c) Elimínase, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “correspondan”, la frase “respecto de la concesión de servicios intermedios, para cuya transferencia no resultará entonces necesaria una autorización previa de dicho organismo”.d) Reemplázase, en el inciso quinto, entre las expresiones “naturaleza” y “conforme”, la frase “del servicio” por la frase “de las señales,”.4. En el artículo 22°:a) Para reemplazar el artículo 22°, por el siguiente:“Artículo 22.- Para participar en los concursos públicos a que se refiere el artículo 15, los postulantes deberán someter al Consejo Nacional de Televisión, una solicitud que contendrá, además de los antecedentes establecidos en el inciso primero del artículo 18:a) Individualización completa de la concesión a que se postula, indicando su carácter de generalista, educativa - cultural o comunitaria y su zona de cobertura, indicando si se trata de una concesión nacional, regional o local;b) Un proyecto financiero destinado exclusivamente a la operación de la concesión que se solicita, yc) Un proyecto técnico, debidamente respaldado por un ingeniero de telecomunicaciones en que se especifiquen las modalidades de transmisión a emplear, propias o contratadas a terceros;La información y antecedentes que proporcionen los postulantes a un concurso público, relativos a la identidad de los solicitantes y a los aspectos más relevantes de su postulación, se mantendrán disponibles en el sitio web del Consejo.”5.- En el artículo 27°:a) Elimínese, en el inciso final, luego de la expresión “concesión”, la frase “respectiva de servicio intermedio de telecomunicaciones para la transmisión de las señales” y luego de la expresión “terrestre” eliminase también la frase “a que se refiere el artículo 31° A”.AL SEGUNDO ARTÍCULO TRANSITORIO.-6. Sustitúyese el artículo segundo transitorio, por el siguiente:“Artículo segundo transitorio.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente y para el cumplimiento de las obligaciones que impone, se reservarán las frecuencias necesarias a fin de que se transformen cada una de las actuales concesiones de radiodifusión televisiva, con el objeto de continuar sus transmisiones en UHF, en una nueva concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción con medios propios, en la que se empleará la frecuencia reservada. Esta nueva concesión se otorgará de manera directa por el Consejo previa presentación del proyecto técnico establecido en el Plan de Radiodifusión Televisiva y mediante decreto supremo, a solicitud de interesado y para sus renovaciones posteriores estará su-jeta al derecho preferente que establece el inciso cuarto del artículo 15° de la ley N° 18.838.El régimen de incompatibilidades para la titularidad de concesiones, le resultará plenamente aplicable a las nuevas concesiones reguladas en este artículo, sin perjuicio de la coexistencia de transmisiones que según el artículo precedente, existirá hasta el fin de la transición a la televisión digital. En particular, para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 15°, inciso final del artículo 16° y letra b) del N° 4 del artículo 33°, todos de la ley N° 18.838, la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción que se otorgue directamente por el Consejo conforme con el inciso precedente, se entenderá como otorgada por concurso público.”Dios guarde a V.E., (Fdo.): RODRIGO HINZPETER KIRBERG, Vicepresidente de la República; PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones; ENA VON BAER JAHN, Ministra Secretaria General de Gobierno.”3. Oficio del H. Senado. “Valparaíso, 9 de marzo de 2011. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines de Procedimiento en Materia de Patentes”, y su Reglamento Anexo, correspondiente al Boletín Nº 7.098-10. Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.999, de 14 de septiembre de 2010. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a Vuestra Excelencia.(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”4. Oficio del H. Senado “Valparaíso, 9 de marzo de 2011. Tengo a honra comunicar a Usía que el Senado, en sesión del día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha designado a don Carlos Mauricio Fuentes Berríos para ocupar el cargo de contador auditor del Comité de Auditoría Parlamentaria. Hago presente a Vuestra Excelencia que este acuerdo fue adoptado con el voto favorable de 26 Senadores, de un total de 34 en ejercicio. Dios guarde a Vuestra Excelencia. (Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado; MARIO LABBE ARANEDA, Secretario General del Senado.”5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que regula el tratamiento Tributario de los instrumentos derivados. (boletín Nº 7.194-05).“Honorable Cámara: La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma”, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República.I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente: 1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en dar un tratamiento tributario orgánico a los contratos derivados, proporcionando una mayor certeza a los contribuyentes que operen con dichos instrumentos para neutralizar los diversos riesgos asociados al intercambio de bienes y servicios. 2°) Que el articulado de esta iniciativa contiene disposiciones de quórum simple. 3°) Que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Monckeberg, don Nicolás; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Silva, don Alberto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. 4°) Que Diputado Informante se designó al señor JARAMILLO, don ENRIQUE.-o- Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Felipe Larraín, Ministro de Hacienda; Rodrigo Álvarez, Subsecretario de Hacienda; Julio Pereira, Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos; Gerardo Montes, Jefe de Gabinete del Director del SII; Pablo Correa, Coordinador de Mercado de Capitales y la señora Carolina Fuensalida, Coordinadora de Políticas Tributarias, ambos del Ministerio de Hacienda; Felipe Bravo y José Domingo Peñafiel, Asesores del Ministerio de Hacienda. Concurrieron también los señores Alejandro Alarcón, Gerente General y José Manuel Montes, Fiscal, ambos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., ABIF; Ronald Bown, Presidente; Miguel Canala-Echeverría, Gerente General, y Rodrigo Díaz, Asesor Económico, todos de la Asociación de Exportadores de Chile A.G., ASOEX; José Antonio Martínez, Gerente General, y Gonzalo Ugarte, Gerente de Planificación, ambos de la Bolsa de Comercio de Santiago, BCS, y Javier Mallol, Gerente de Estructuras Financieras del Banco J.P. Morgan. II. ANTECEDENTES GENERALESA. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa En el mensaje se pone énfasis en que la modernización y expansión de los mercados al ámbito internacional ha provocado que sus agentes hayan debido adoptar paulatinamente prácticas destinadas a aumentar su competitividad para aprovechar las nuevas oportunidades de negocios que se les presentan, pero, al mismo tiempo, han debido adoptar mecanismos que les permitan precaver el riesgo de variación de ciertos factores impredecibles e incontrolables, como el tipo de cambio, las tasas de interés o el precio internacional de las mercaderías. En ese contexto, los contratos de derivados financieros surgen como una herramienta apta para neutralizar el efecto de los diversos riesgos asociados al intercambio de bienes y servicios, y se fundamentan en el principio financiero básico de la igualdad, en virtud del cual las empresas deben en todo momento mantener calzados sus activos, específicamente en lo que se refiere a plazos y monedas. La legislación tributaria chilena, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito bancario y de mercado de valores, guarda silencio en materia de regulación de los contratos de derivados, lo cual explica que su tratamiento tributario haya debido ser íntegramente abordado a través de circulares e interpretaciones administrativas del Servicio de Impuestos Internos. Es por esta razón que -según el Ejecutivo-- se hace necesario dar un tratamiento tributario orgánico a los contratos de derivados, de manera de dar certeza a los contribuyentes que utilizan estas herramientas, contribuyendo de paso a modernizar la legislación comercial de Chile y a nivelarla con la de otras economías.B. Contenido del proyecto Se enumeran las figuras de los contratos derivados, a saber, los forwards, futuros, swaps, opciones y combinaciones de aquéllos. También se señala que son derivados aquellos contratos cuyo valor se establezca en función de una o más variables, que determinen el monto de las liquidaciones correspondientes, que sean reconocidos como tales de acuerdo a la ley o a normas dictadas en uso de sus facultades por las Superintendencias de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras, de Pensiones o el Banco Central de Chile. Asimismo, se consideran contratos derivados los que cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo, no requerir de una inversión neta inicial, o que ésta sea inferior a la que se requeriría si se invirtiese directamente en el activo subyacente. Se mencionan los contratos que no se encontrarán regidos por la nueva normativa, incluyendo el préstamo o arrendamiento de valores en operaciones bursátiles de venta corta, stock options, los seguros y aquéllos cuyo valor se establece en función de variables que dependen de fenómenos de la naturaleza, por nombrar algunos. En lo que respecta a la determinación de la fuente de la renta, se establece que para efectos del artículo 10 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se consideran de fuente chilena los resultados percibidos o devengados por contribuyentes domiciliados o residentes en el país, como también por establecimientos permanentes de contribuyentes sin domicilio o residencia en el país, de forma tal que, por el contrario, no se consideran rentas de fuente chilena y no se afectan con impuestos en Chile las rentas que correspondan a contribuyentes no domiciliados ni residentes en el país. Asimismo, se consideran rentas de fuente chilena aquéllas provenientes de derivados que se liquiden mediante la entrega física de acciones o derechos de sociedades constituidas en Chile. Referente a la naturaleza de los ingresos percibidos producto de los derivados, se clasifican en el número 5 del artículo 20 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta para todos los efectos tributarios previstos en esa ley y en el proyecto en informe. También se establece que aquellos contribuyentes que en forma exclusiva reciban rentas afectas a impuesto global complementario o adicional, estarán exentos del impuesto de primera categoría por las rentas de los derivados. Ello, en la medida que además de las primeras rentas, no perciban o se les devenguen otras que se encuentren obligados a acreditar según contabilidad completa. Se permite que los desembolsos incurridos con ocasión de la celebración de un contrato derivado puedan ser deducidos como gasto, cumpliéndose los requisitos generales del artículo 31 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, aun cuando no se relacionen con su giro. Adicionalmente, los contribuyentes a quienes afecta el proyecto de ley deben reconocer los resultados provenientes de derivados sobre base percibida. Esto no se aplica a los contribuyentes del impuesto de primera categoría que declaren su renta efectiva según contabilidad completa, quienes tienen un sistema especial para estos efectos. Tratándose de la deducción de gastos pagados o adeudados al exterior, solamente se permite su deducción como tales en la medida que, cumpliendo con los requisitos generales del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y aun cuando no se relacionen con su giro, los derivados no sean contratados con contrapartes o intermediarios domiciliados en paraísos tributarios, de acuerdo a como se señalan en el artículo 41D de la Ley sobre el Impuesto a la Renta y, en la medida que hayan sido contratados en bolsas de valores nacionales o internacionales debidamente reguladas y fiscalizadas. En el caso de los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, que obtengan en forma exclusiva rentas afectas a dichos impuestos, deben reconocer los resultados sobre base percibida. Se permite a los contribuyentes celebrar contratos con partes relacionadas, en la medida que la operación se realice en condiciones de mercado, y que se cumplan otras condiciones especiales. De no cumplirse éstas, los desembolsos incurridos en el contrato se tratan como gastos rechazados. Se otorga al Servicio de Impuestos Internos la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que señala el proyecto, pudiendo aplicar los impuestos que correspondan a la operación de que se trate, en la medida que se cumplan ciertas condiciones. Los contribuyentes deberán enviar una declaración jurada al Servicio de Impuestos Internos informando de las transacciones de derivados que lleven a cabo debiendo además, mantener un registro de estas mismas transacciones que celebren, el que deberá estar a disposición del Servicio de Impuestos Internos para cuando éste lo requiera. El párrafo segundo del proyecto regula las opciones, aplicándoseles en subsidio las demás disposiciones del proyecto. Además de definirlas, se regula el reconocimiento de los ingresos de las opciones, estableciéndose, al igual que en el caso de los demás derivados, que los contribuyentes a quienes regirá el proyecto deben reconocer sus resultados sobre base percibida, a menos que se trate de contribuyentes del impuesto de primera categoría, obligados a determinar sus rentas efectivas según contabilidad completa, quienes tienen un sistema especial de reconocimiento de resultados.C. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto No existe normativa legal previa sobre la materia.D. Antecedentes presupuestarios y financieros El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 30 de agosto de 2010, señala que el efecto fiscal del proyecto será el resultante de aplicar en la especie normas tributarias sobre las operaciones que se realicen válidamente de acuerdo a las definiciones contenidas en él, una vez que su normativa entre en vigencia. Sin embargo, teniendo presente que con anterioridad al proyecto no existe una base legal definida sobre la materia, no es dable cuantificar un efecto en materia de recaudación tributaria por este concepto y, por lo tanto, no es posible anticipar impacto fiscal para el año 2010. Mediante un informe financiero complementario, de fecha 2 de marzo de 2011, se señala que como consecuencia de las indicaciones N° 610-358 no es esperable una modificación en los efectos indicados en el Informe Financiero anterior sobre la materia, donde se señaló que: “… teniendo presente que con anterioridad al presente proyecto de ley no existe una base legal definida sobre la materia, no es dable cuantificar un efecto en materia de recaudación tributaria por este concepto”. Ello se explica porque, si bien es esperable que como consecuencia de la entrada en vigencia de la ley el mercado de derivados se profundice, no es posible anticipar su efecto en materia de recaudación tributaria dado que, tal como se regulan los ingresos de las operaciones, también se reconocen los gastos asociados a las mismas, lo que en definitiva no permite anticipar impacto fiscal alguno para el año 2011. Sin perjuicio de ello, en el evento de verificarse impacto fiscal para los años siguientes, éstos serán incorporados en el cálculo de ingresos que acompaña las Leyes de Presupuestos respectivas.E. Relación descriptiva del articulado El proyecto de ley consta de un artículo único, que contiene a su vez un cuerpo normativo integrado por 15 artículos permanentes, distribuidos en tres párrafos, y dos artículos transitorios. El Párrafo 1 del proyecto (arts. 1º - 6º) trata de la tributación de los instrumentos derivados en general. El artículo 1º sujeta a los contratos derivados, junto con las operaciones e instrumentos recaídos en ellos, al régimen impositivo establecido en la ley en proyecto y, supletoriamente, a las leyes tributarias generales o especiales, según corresponda, como asimismo, a las regulaciones administrativas emanadas de las autoridades competentes. El artículo 2° enumera los instrumentos derivados que quedarán sujetos a la normativa propuesta, incluyendo entre éstos los forwards, futuros, swaps, opciones y combinaciones de aquéllos, como también los contratos cuyo valor se establezca en función de una o más variables que determinen el monto de las liquidaciones correspondientes y que sean reconocidos como tales de acuerdo a la ley o a normas dictadas por las Superintendencias de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras, de Pensiones o el Banco Central de Chile, y aquéllos que cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo, no requerir de una inversión neta inicial, o que ésta sea inferior a la que se requeriría si se invirtiese directamente en el activo subyacente.El mismo artículo señala los contratos que no se encontrarán regidos por la nueva normativa, incluyendo entre éstos el préstamo o arrendamiento de valores en operaciones bursátiles de venta corta, stock options, seguros y aquéllos cuyo valor se establece en función de variables que dependan de fenómenos de la naturaleza, entre otros. El artículo 3° establece que, para efectos del artículo 10 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se consideran de fuente chilena las rentas provenientes de derivados, percibidas o devengadas por contribuyentes domiciliados o residentes en el país, como también por establecimientos permanentes de contribuyentes sin domicilio o residencia en el país, de forma tal, que por el contrario, no se consideran rentas de fuente chilena y no se afectan con impuestos en Chile las rentas que correspondan a contribuyentes no domiciliados ni residentes en el país. Asimismo, se consideran rentas de fuente chilena aquellas provenientes de derivados que se liquiden mediante la entrega física de acciones o derechos de sociedades constituidas en Chile. El artículo 4° hace aplicables las normas de la ley en proyecto tanto a los contribuyentes del impuesto de primera categoría como a los del impuesto global complementario o adicional, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. Para tales efectos, los ingresos obtenidos de instrumentos derivados se consideran clasificados en el número 5°, del artículo 20, de la referida ley. Por otra parte, se dispone que aquellos contribuyentes que obtengan exclusivamente rentas afectas a impuesto global complementario o adicional, estarán exentos del impuesto de primera categoría por las rentas provenientes de instrumentos derivados, en la medida que además de éstas, no perciban o devenguen otras rentas que se encuentren obligados a acreditar según contabilidad completa. El artículo 5° permite que los desembolsos incurridos con ocasión de la celebración de un contrato derivado puedan ser deducidos como gasto, cumpliéndose los requisitos generales del artículo 31 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, aun cuando no se relacionen con el giro del contribuyente. Para ello, los contribuyentes deberán reconocer los resultados provenientes de derivados (utilidades o pérdidas que se originen como consecuencia de la celebración, contratación, cesión de la posición contractual, liquidación o compensación de dichos instrumentos) sobre base percibida, lo cual no se aplica a los contribuyentes del impuesto de primera categoría que declaren su renta efectiva según contabilidad completa, quienes tienen para estos efectos un sistema especial, en el que pueden optar por el reconocimiento de ingresos y deducción de gastos según corrección monetaria o según el justo valor, en la forma que establece la iniciativa en comento. El artículo 6° permite deducir como gastos pagados o adeudados al exterior los incurridos en operaciones con instrumentos derivados, solamente en la medida en que, cumpliendo con los requisitos generales del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y aun cuando no se relacionen con el giro del contribuyente, los derivados no sean contratados con contrapartes o intermediarios domiciliados en paraísos tributarios, como se describen en el artículo 41 D de la referida ley, y hayan sido contratados en bolsas de valores nacionales o internacionales debidamente reguladas y fiscalizadas en la forma que señala el proyecto. El Párrafo 2 del proyecto (arts. 7º - 10) contiene normas especiales aplicables a las opciones. El artículo 7° define legalmente el contrato de opción como aquel instrumento derivado que, en virtud del pago de un precio o prima, otorga a su poseedor o titular, llamado tomador, el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio determinado y durante un período de tiempo acordado (modalidad americana), o al término de una fecha prefijada (modalidad europea). Para efectos de esta ley, se dispone que la parte que asuma la obligación de perfeccionar la transacción en caso que el tomador ejerza su derecho bajo opción, se denominará lanzador. El artículo 8° regula la forma y oportunidad de reconocimiento de los ingresos provenientes de las opciones, estableciendo, al igual que en el caso de los demás derivados, que los contribuyentes a quienes rija el proyecto de ley deberán reconocer sus resultados sobre base percibida, a menos que se trate de contribuyentes del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obligados a determinar sus rentas efectivas según contabilidad completa, quienes podrán optar entre el método de la letra a) del número 4 del artículo 5° o un sistema especial al efecto, señalado en este artículo. El artículo 9° dispone que, para determinar el régimen tributario aplicable a las ganancias de capital que se originen en la transferencia de opciones, deberá estarse a las reglas que en él se establecen. Dicho régimen será el que corresponda al bien o activo subyacente de acuerdo a las reglas generales establecidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratándose de ingresos originados por las cesiones o transferencias que efectúen los titulares o tomadores de las opciones en bolsas de valores del país. El artículo 10 hace aplicables a las opciones, en forma supletoria, las disposiciones del proyecto contenidas en sus restantes párrafos. El Párrafo 3 de la iniciativa (artículos 11 - 15) contiene disposiciones generales relativas a los instrumentos derivados y su tributación. El artículo 11 permite a los contribuyentes celebrar contratos de derivados con partes relacionadas, en la medida que la operación se realice en condiciones de mercado y que se cumplan otras condiciones especiales. De no cumplirse éstas, los desembolsos incurridos en el contrato se tratan como gastos rechazados. El artículo 12 otorga al Servicio de Impuestos Internos la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que señala la ley en proyecto, pudiendo aplicar los impuestos que correspondan a la operación de que se trate, en la medida que se cumplan ciertas condiciones. El artículo 13 establece que los contribuyentes deberán enviar una declaración jurada al Servicio de Impuestos Internos informando de las transacciones de derivados que lleven a cabo, debiendo además mantener un registro de las transacciones que celebren, el que deberá estar a disposición del mismo Servicio para cuando éste lo requiera. El artículo 14 faculta al Servicio de Impuestos Internos para tasar los precios o valores pactados por las partes en los instrumentos derivados a que se refiere el proyecto, en los casos que señala. El artículo 15 exime a los contribuyentes de la obligación de efectuar pagos provisionales mensuales por las rentas que se generen por concepto de derivados. Finalmente, el artículo primero transitorio hace aplicable la normativa contenida en este proyecto de ley a los derivados y opciones que se celebren, o sean objeto de modificaciones, a contar del primero de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. El artículo segundo transitorio, en tanto, dispone que las disposiciones de la ley en proyecto deberán entenderse incluidas en la normativa tributaria de carácter general, cada vez que se haga referencia a ésta en las leyes actualmente vigentes o en aquéllas que se dicten en el futuro.III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO A. Discusión general El Subsecretario de Hacienda señor Rodrigo Álvarez, se refirió a los fundamentos del proyecto señalando que el mercado de instrumentos derivados facilita la asignación y transacción de riesgos en el mercado financiero y que su correcto funcionamiento permite un mejor control de riesgos en cuanto a tipo de cambio, tasas de interés, precios de materias primas, entre otros, por lo que su regulación resulta esencial para una economía expuesta a volatilidad externa; sin embargo, en Chile la regulación de los instrumentos derivados es limitada. Existe una ausencia de normativa legal y reglamentaria sistemática y uniforme en esta materia. El señor Subsecretario agregó que la falta de certeza legal produce costos de transacción elevados, por cuanto frente a una operación con instrumentos derivados, es necesario realizar un estudio respecto de la posible tributación, en cada caso. Por otra parte, señaló que el desarrollo de este mercado está concentrado en grandes operaciones (emisores) y pocos oferentes (bancos). El señor Álvarez afirmó que la certeza tributaria en esta materia generaría una nueva oportunidad para el mercado de coberturas cambiarias; en efecto, produciría naturalmente un aumento en los actores nacionales y extranjeros. A su vez, un adecuado y sistemático tratamiento tributario generará mayores interesados en ofrecer este tipo de instrumentos, oferentes de cobertura más potentes, el incremento del tamaño y competencia del mercado y, en general, mejores condiciones de oferta. Por otro lado, hoy en día un bajo porcentaje de los pequeños y medianos exportadores realizan operaciones de esta naturaleza para cubrir su riesgo de exposición al tipo de cambio. En este contexto, la certeza tributaria generará mayor cobertura cambiaria para empresas de menor tamaño. En materia de exportadores protegidos a las variaciones al tipo de cambio, el Subsecretario sostuvo que el proyecto contempla alternativas de registro contable a las operaciones de cobertura cambiaria más comunes, por ejemplo, respecto de forward de monedas. Adicionalmente establece una regulación respecto de los contratos de opciones, que resultan bastante beneficiosos y no representan riesgo de crédito para la banca ni de compensación a los usuarios. Actualmente se aprecia un escaso desarrollo del mercado de opciones y futuros en nuestro país. De hecho, actualmente sólo existen cinco bancos que pueden emitir opciones y los contratos respecto al total de derivados representan menos del 1%. Por otra parte, las transacciones de opciones en Bolsa son nulas. En otro orden de ideas, el señor Subsecretario hizo presente que la tendencia mundial en la regulación de instrumentos derivados corresponde a un ordenamiento con directrices generales, ya que el dinamismo, complejidad y diversidad de estos mercados, conlleva una rápida obsolescencia de una regulación taxativa. El señor Pablo Correa agregó que este proyecto fue elaborado en base a anteproyectos anteriores, incluido uno redactado en el período de Andrés Velasco como Ministro de Hacienda. A su vez, el proyecto ha contado con la colaboración de las tres Superintendencias vinculadas al sector financiero y la división de operaciones y política financiera del Banco Central. El señor Julio Pereira expresó su satisfacción con el proyecto, porque eleva a rango legal el tratamiento tributario de los instrumentos derivados, otorgando certeza a los contribuyentes que hasta ahora determinaban su renta imponible en base a interpretaciones administrativas del SII, lo que si bien puede llegar a constituir derecho adquirido para aquel contribuyente que ha obrado de buena fe (artículo 26 del Código Tributario), ciertamente no ofrece el mismo grado de certeza que la ley. Mencionó que la iniciativa se ha trabajado muy de la mano del Ministerio de Hacienda, pero independientemente de ello, el SII tuvo muchas reuniones con los agentes del mercado (bancos e instituciones financieras, auditores y asesores de pequeñas y medianas empresas que tenían riesgos cambiarios y querían hallar una solución legal al problema de exposición a ellos). En ese sentido, el proyecto reúne un gran número de inquietudes y las simplifica. Refiriéndose al contenido del proyecto, destacó -en primer lugar- que en él se define claramente cuál es la fuente de la renta proveniente de los derivados, en armonía con lo que dispone el artículo 3º de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), que señala que son rentas de fuente chilena las obtenidas por contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, pero que incluye también determinados establecimientos permanentes de contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país, como puede ser una agencia de una sociedad extranjera que desarrolla actividades u obtiene bienes que reportan renta en Chile. Observa, además, que el inciso segundo del artículo 3º del proyecto considera asimismo de fuente chilena las que procedan de derivados que se liquiden mediante la entrega física de acciones o derechos, lo cual viene a reforzar también lo dispuesto en los artículos 10 y siguientes de la LIR en cuanto a que, por ejemplo, el mayor valor de enajenación de las acciones de una sociedad chilena es una renta de fuente nacional porque dicha sociedad ha sido constituida de acuerdo a la ley chilena. Lo mismo sucede con los derechos de las sociedades de personas constituidas en Chile. Luego, tanto el inciso primero como el segundo reafirman el principio consagrado al efecto en la LIR. A contrario sensu, las rentas de derivados percibidas o devengadas por personas sin domicilio ni residencia en Chile no están afectas a los impuestos establecidos en la LIR porque escapan al principio que en ella se establece. Además, existe un problema relacionado con la capacidad de fiscalizar las operaciones de derivados efectuadas diariamente en todas las bolsas internacionales. Por eso interesa gravar sólo a los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile o aquellos contratos que se liquiden mediante la entrega de acciones o derechos en el país. En cuanto al ámbito de aplicación del proyecto, señala que éste incluye todos los impuestos de la LIR, sólo que en los casos del Global Complementario y Adicional se tributa sobre base percibida, mientras que, tratándose de contribuyentes de primera categoría que determinan su renta efectiva según contabilidad completa, se tributa sobre base devengada (salvo quienes obtengan exclusivamente rentas de capitales mobiliarios). Por otra parte, en lo relativo a la determinación de las rentas de primera categoría, el proyecto respeta el proceso de corrección monetaria previsto en el artículo 41 de la LIR, pero al mismo tiempo otorga al contribuyente la opción de reconocer ingresos y deducir gastos según el concepto de valor justo, propio de las normas IFRS, lo cual significa que la valorización del activo (instrumento derivado) se hará de acuerdo al precio que éste tenga en el mercado. Finalmente, destacó que la iniciativa establece normas de control específicas, pero que descansan en dos principios tributarios ampliamente reconocidos, como son la tasación y la determinación de precios de transferencia, que incluye los conceptos de parte relacionada y justo valor de mercado, y la información que deben entregar los contribuyentes que celebren contratos derivados a través de declaraciones juradas. Por todo ello, a juicio del Director Nacional del SII, el proyecto en comento es una excelente iniciativa, que implica un gran avance. El señor Gerardo Montes explicó que las opciones tienen un tratamiento diverso en el proyecto porque son instrumentos que tienen características particulares. Ellas otorgan el derecho a comprar (o vender) un activo y, en consecuencia, el proyecto se hace cargo de esa situación reflejando los distintos estados en que se podría encontrar la opción para efectos tributarios. Una posibilidad es que el contribuyente decida no ejercer el derecho de compra que le confiere el contrato, en cuyo caso habrá incurrido en un gasto. Otra es que el contribuyente decida comprar el activo subyacente, traspasando el costo original del contrato al producto. Y una tercera posibilidad es que el contribuyente decida vender la opción, cediendo a un tercero el derecho a comprar el activo subyacente, en cuyo caso habrá que distinguir si la cesión se hizo en bolsa, constituyendo lo percibido ingreso no renta si se cumplen ciertos requisitos, o fuera de bolsa, siendo entonces renta ordinaria lo pagado al cedente. El señor Correa, respondiendo a una consulta sobre el carry trade, insistió en que los datos de que dispone el Ministerio de Hacienda, generados por el Banco Central de Chile, demuestran que tres de las afirmaciones hechas por la Asociación de Exportadores no son del todo correctas: Primero, que no hay discriminación entre pequeñas y grandes empresas en la adquisición de coberturas cambiarias. El precio es estándar y va entre 1,5 y 2 por ciento del valor del contrato, independientemente del tamaño de la empresa. Segundo, que menos del 5 por ciento de las operaciones con derivados son de corto plazo y pueden considerase especulativas. Y tercero, que las operaciones de carry trade no se realizan en Chile. Por lo general, ellas se hacen en forma no compensada entre bancos fuera del mercado de origen y dicen relación con condiciones de tasa y de tipo de cambio, actuales y futuras, que esos bancos obtienen en otros centros financieros con respecto a la posición. Los contratos derivados de que trata el proyecto, en cambio, tienen como contraparte un contribuyente domiciliado en Chile que tiene como correlato una actividad real. Pero aun si nos centráramos en los especuladores financieros, según datos generados por la Comisión de Estabilidad Financiera del G-20, que ha hecho un seguimiento de las operaciones de carry trade en nueve mercados emergentes desde el año 2006 a la fecha, midiendo lo que ellos llaman carry to risk, que es un retorno ponderado por riesgo para entrar a una actividad especulativa, se puede apreciar claramente que el peso chileno -entre las nueve monedas que más se transan fuera de sus mercados de origen- es la octava menos atractiva, siendo las más requeridas para efectuar carry trade el real brasileño o la rupia india. No hay por tanto ninguna evidencia de que se estén efectuando actividades especulativas en Chile en contra del dólar. Respondiendo a diversas consultas e inquietudes de los señores Diputados, el señor Pereira reiteró que, en su opinión, el proyecto contempla normas que permiten un adecuado control en la determinación de las rentas provenientes de instrumentos derivados. Primero, mediante la información que el propio contribuyente debe entregar al SII a través de una declaración jurada. Más aún, el artículo 13 del proyecto refuerza la obligatoriedad haciendo aplicable una sanción contemplada en el propio Código Tributario. El segundo pilar de este mecanismo de fiscalización se relaciona con la figura de la tasación, que más allá de la facultad general que contempla el artículo 64 del Código Tributario, que se basa en el concepto de valores notoriamente diferentes a los de mercado, se vale también del concepto de precios de transferencia. Muchas operaciones de derivados son entre partes relacionadas y, por tanto, este punto de control resulta muy importante. Sobre la posible discriminación arbitraria que el proyecto establecería entre los contribuyentes al exigir a algunos tributar por sus rentas percibidas y a otros por las devengadas, advierte el Director del SII que la LIR siempre ha hecho la misma distinción, sin que nadie haya objetado su constitucionalidad. En cuanto a la aplicación del concepto de valor justo a otras situaciones, como pudiera ser la tasación de los bienes raíces afectados por el terremoto de febrero de 2010, recuerda que la Ley sobre Impuesto Territorial y el mismo Código Tributario, cuando establece procedimientos especiales de tasación, contemplan la posibilidad de que el contribuyente solicite la retasación de un inmueble cuyo valor fiscal no corresponda al de mercado. El señor Pereira explicó que las utilidades que se obtengan producto de la enajenación o de la liquidación de instrumentos derivados constituyen renta ordinaria, por lo que una empresa filial de otra no domiciliada en Chile va a tener una carga impositiva total de 35%, menos el crédito por el impuesto de primera categoría efectivamente pagado. En tal sentido, el contribuyente va a tener claridad sobre la forma en que tributan sus utilidades. Agregó que en estos casos no hay obligación de efectuar pagos provisionales mensuales (PPM) porque se entiende que la generalidad de los instrumentos derivados está destinada a cubrir pasivos, dejando sujetos a las reglas generales a los especuladores. El problema para el SII hasta ahora es que debía efectuar un análisis bastante subjetivo y complejo de cuándo se estaba frente a una protección de pasivos propios o a una actividad especulativa. En cambio, al definir en el proyecto cómo deben tratarse las utilidades o pérdidas provenientes de un contrato derivado se hace mucho más fácil su fiscalización. Con respecto a los contribuyentes no domiciliados en Chile, aclaró que, si se trata de las casas matrices de empresas que tienen filiales o sucursales en el país, sí están afectos a impuestos porque la naturaleza jurídica de sus utilidades es renta ordinaria y, por tanto, tributan integradamente: primero, en primera categoría y, al momento de remesar las utilidades al exterior, se aplica el impuesto adicional menos el crédito. Por su parte, el contribuyente no domiciliado que enajena un derivado a otro no domiciliado, no está gravado según la LIR vigente. Pero, si ese derivado tiene como activo subyacente acciones o derechos de sociedades constituidas en Chile, sí tributa porque lo que se enajena en definitiva es el derecho de adquirir o vender un bien situado en Chile. Para terminar, el Director del SII señaló que el proyecto no debiera generar incertidumbre para el contribuyente que busca proteger pasivos propios y añade que en tal caso la recaudación fiscal tampoco debiera experimentar diferencias, ya que el derivado para cobertura no debería generar utilidad o pérdida. En cambio, el especulador que obtenga utilidad quedará sujeto al régimen tributario general. El señor Felipe Larraín hizo presente que el Ejecutivo recibió y analizó oportunamente las propuestas de Asoex, acogiendo algunas de ellas y desechando otras. Puntualizó que tales propuestas se pueden agrupar en tres categorías, siendo una de ellas las que establecen exenciones tributarias para incentivar el uso de coberturas. Pero, para tal efecto, lo que el Gobierno propone es clarificar la situación impositiva de los instrumentos derivados, a fin de que exista certidumbre jurídica para cualquier operador que quiera usarlos no sólo para cubrirse del riesgo cambiario, sino también de otras fluctuaciones de precios relevantes que puedan afectar sus productos. Al respecto, se establece como principio general que el gasto incurrido en este tipo de instrumentos (la prima) puede ser imputado como gasto para efectos tributarios, lo cual constituye un incentivo para su uso. Por otra parte, los ingresos producidos, de existir, son tratados como cualquier otro ingreso. Así, por ejemplo, si un exportador tiene una opción de venta de dólares a $580 y el precio de mercado es $570 a la fecha de ejercicio de la opción, obtendrá una ganancia de 10 pesos por dólar. Pero si la prima le costó 5 pesos por unidad, el beneficio neto será de 5 pesos por dólar y sobre eso deberá tributar. Además, la forma de tratar las ganancias de capital en este tipo de operaciones es la misma que se aplica al activo subyacente. Por ejemplo, si hubiera una ganancia de capital derivada de una opción de venta de acciones, y el mayor valor derivado de la venta de estas acciones estuviera exento de impuestos, aquélla también quedará exenta. Por tanto, el Ejecutivo ha contemplado un régimen impositivo neutro desde el punto de vista fiscal, pero con la ventaja de que se reconocen como gasto los costos asociados al uso de derivados. En lo relativo a la exención establecida a favor de los extranjeros, advirtió que esto no es más que una reiteración de la regla general vigente, que dice relación con la dificultad práctica de fijar la residencia, el lugar donde se ubica el activo subyacente (sic). El Ministro de Hacienda reitera la dificultad de anticipar el impacto fiscal que pudiera provocar el proyecto en debate; sin embargo, asevera que su efecto tributario neto debiera ser cercano a cero en el largo plazo, puesto que, en un mercado perfecto, con mucha volatilidad, el costo asociado a una opción debiera ser similar -en valor esperado- al beneficio que se obtenga de ella. Sin perjuicio de lo expresado, se compromete a informar a la Comisión sobre el eventual impacto fiscal que pueda producir la iniciativa en comento, cuando ello ocurra. B. Discusión particular Los Diputados señores Jaramillo, Lorenzini y Robles formularon indicaciones al proyecto, del siguiente tenor: Al artículo 4º, para incorporar el siguiente inciso cuarto: “Las empresas Pymes que usen derivados financieros con fines de cobertura quedan exentas del pago de tributo por este concepto.”. Al artículo 5º, para incorporar en su numeral 4 la siguiente letra c): “c) Las empresas que usen derivados financieros con fines de cobertura y que deseen incluir los gastos de la póliza en su contabilidad, quedan obligadas a valorar los ingresos cubiertos en moneda extranjera al valor especificado en el contrato de derivados.”. Al mismo artículo 5º, para incorporar un nuevo numeral 6 del tenor siguiente: “La categorización de la finalidad del uso del derivado, debe ser hecha por la SBIF con el mismo criterio que utiliza hoy para categorizar el uso de estos instrumentos, a saber: “para negociación” y “para cobertura”.”. Al artículo 6º, para incorporar el siguiente inciso final: “En todo caso, en lo que se refiere a las operaciones de derivados en el exterior, es obligación de la SVS elaborar la lista de brokers autorizados.”. Las tres primeras indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión, por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. La cuarta fue retirada por su autor. Sin perjuicio de ello, el Subsecretario de Hacienda se comprometió a buscar una fórmula que permita asegurar que las Pymes van a operar con los más reputados brokers de aquellos países que autorice la SVS para contratar derivados. El Ejecutivo formuló a su vez sendas indicaciones, del siguiente tenor:AL ARTÍCULO 2° - Para reemplazar, en la letra b) del N° 4, la coma (,) por un punto y coma (;) e incorporar la siguiente frase final: “, salvo lo dispuesto en la letra a), N° 1 del artículo 9º de la presente ley en relación a las opciones de suscripción preferente a favor de los accionistas;”.AL ARTÍCULO 5° - Para introducir las siguientes modificaciones: a) En el número 4, letra a), se sustituye el texto a continuación de los dos puntos (:), por el siguiente: “Al momento de la celebración o adquisición del contrato de derivado, los contribuyentes que opten por esta alternativa, deberán contabilizar y valorizar los derechos y obligaciones que de él emanan en la misma forma que deben contabilizarse y valorizarse los activos subyacentes de conformidad al respectivo contrato. Tales derechos u obligaciones deberán ser corregidos monetariamente, al término de cada ejercicio, en la misma forma que deben ser corregidos los activos subyacentes, de acuerdo al artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Las diferencias positivas o negativas que se produzcan a consecuencia de la valorización señalada en los párrafos anteriores, constituirán una utilidad o pérdida del ejercicio, según corresponda. En caso de cederse o liquidarse un contrato derivado los resultados que procedan de tal cesión o liquidación, en su caso, deberán considerarse como utilidad o pérdida en dicho ejercicio, entendido ésta como la diferencia entre la valoración efectuada de conformidad a los párrafos anteriores y el valor de cesión o liquidación según corresponda.”. b) En el inciso segundo del literal iii) de la letra b) del número 4, se sustituye la frase “justo o razonable del derivado a la fecha de la cesión o liquidación”, por la frase “de liquidación o de cesión del mismo, según corresponda”. La señora Carolina Fuensalida explicó que la primera indicación tiene por objeto aclarar, tratándose de instrumentos cuyo valor esté vinculado a las acciones de la entidad emisora, como sucede con los derechos de suscripción, que si las acciones son suscritas por los socios del propio emisor, los contratos respectivos se van a regir por la ley en proyecto, al igual que las opciones transadas en el mercado y adquiridas por terceros. Con respecto a la segunda indicación, señaló que ella acoge una inquietud manifestada por ciertos agentes del mercado, en el sentido de que podía ser conveniente regular expresamente lo que sucedería en caso de liquidarse o cederse un contrato derivado, porque si bien las normas sobre corrección monetaria lo subentienden, los contribuyentes no tienen la certeza de que la interpretación tributaria apunte en igual sentido y suele criticarse al SII por legislar sobre estas materias en vez de limitarse a interpretar la ley. Puestos en votación separadamente los artículos 2º y 5º, con las indicaciones del Ejecutivo, fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados señores Auth, Godoy, Jaramillo, Lorenzini, Macaya, Monckeberg don Nicolás, Ortiz, Recondo, Robles, Silva y Von Mühlenbrock. Puesto en votación el resto del articulado del proyecto, fue aprobado también por la unanimidad de los Diputados señores Auth, Godoy, Jaramillo, Lorenzini, Macaya, Monckeberg don Nicolás, Ortiz, Recondo, Robles, Silva y Von Mühlenbrock.IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN Ninguno.V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD Ninguno.VI. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES Las indicaciones de los Diputados señores Jaramillo, Lorenzini y Robles a los artículos 4° y 5° del proyecto. Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.VII. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:“PROYECTO DE LEY “Artículo único.- Apruébase la siguiente ley que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados:1. TRIBUTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS EN GENERAL Artículo 1°.- Régimen impositivo de los derivados.- Los contratos definidos como derivados en el artículo siguiente, se sujetarán, junto con las operaciones e instrumentos que recaigan sobre ellos, al régimen tributario establecido en la presente ley. En lo no previsto en esta ley, se aplicarán, respecto de dichos contratos, las disposiciones de las leyes tributarias generales o especiales, según corresponda, así como las regulaciones emanadas de las autoridades competentes. Artículo 2°.- Definiciones y precisiones.- Para los efectos de esta ley, se considerarán como derivados: 1. Los forwards, futuros, swaps y opciones, y combinaciones de cualquiera de éstos. 2. Los demás contratos cuyo valor se establezca en función de una o más variables que determinen el monto de la o las liquidaciones correspondientes, y que sean reconocidos o regulados como tales de acuerdo a normas legales o aquellas normas dictadas, en uso de sus atribuciones, por la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Pensiones o el Banco Central de Chile. 3. Adicionalmente, se considerarán como derivados aquellos contratos no incluidos expresamente en los números anteriores que, independientemente de su denominación, reúnan los siguientes requisitos copulativos al momento de su celebración: a) Que su valor se establezca en función de una o más variables que determinen el monto de la o las liquidaciones correspondientes, como por ejemplo una tasa de interés, el precio de otro instrumento financiero, el precio de una materia prima, un tipo de cambio, un índice o tasas de variación de precios, una calificación o índice de crédito u otra, siempre que la variable respectiva no sea específica a una de las partes del contrato; b) Que no requieran de una inversión inicial o ésta sea significativamente inferior que la que se requeriría para una inversión directa en el activo subyacente respectivo, o para celebrar otros tipos de contratos u operaciones que se esperaría que respondan de forma similar ante cambios en las variables de mercado, y c) Que su liquidación se realice en una fecha futura previamente determinada o determinable. 4. Aun en el caso de cumplir los requisitos señalados precedentemente, no quedarán regidos por la presente ley, entre otros: a) Los contratos de préstamo o arrendamiento de valores que se realicen en operaciones bursátiles de venta corta; b) Los instrumentos emitidos por una entidad cuando su valor esté vinculado al de sus propias acciones, tales como los derechos de suscripción y las opciones de compra emitidas para ser suscritas por sus empleados, salvo lo dispuesto en la letra a) N° 1 del artículo 9° de la presente ley, en relación a las opciones de suscripción preferente a favor de los accionistas; c) Los contratos de seguro de aquellos regidos por el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931; d) Los contratos cuyo valor se establezca en función de variables que dependan de fenómenos de la naturaleza, tales como ambientales, climáticas, geológicas u otras similares; e) Los contratos de compraventa de activos financieros que requieren de la entrega del activo dentro de los plazos establecidos por la regulación de los mercados en que se opera; f) Los contratos de suministro o derecho a futuro de servicios o activos físicos tales como energía, inmuebles e insumos, o de intangibles, tales como marcas y licencias; g) Los compromisos para la obtención o concesión futura de préstamos a la tasa de mercado vigente al momento de materializarse la operación, y h) Las garantías financieras, tales como avales o cartas de crédito, que obligan a efectuar determinados pagos ante el incumplimiento del deudor. Artículo 3°.- Fuente de la renta de los derivados.- Para los efectos de esta ley y de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las rentas provenientes de derivados, incluyendo las primas de emisión, se considerarán como rentas de fuente chilena, cuando sean percibidas o devengadas por contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, o por contribuyentes del artículo 58 número 1° de la referida ley. Asimismo, se considerarán rentas de fuente chilena las que procedan de derivados que se liquiden mediante la entrega física de acciones o derechos de sociedades constituidas en Chile. En consecuencia, y con la salvedad establecida en el inciso precedente, las rentas de derivados percibidas o devengadas por personas o entidades sin domicilio ni residencia en el país, no estarán afectas a ninguno de los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Artículo 4°.- Ámbito de aplicación.- Las normas de la presente ley se aplicarán tanto a los contribuyentes del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta como a los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, en cuanto les resulten aplicables. Los ingresos obtenidos de los derivados a que se refiere esta ley, se considerarán clasificados en el número 5°, del artículo 20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para todos los efectos tributarios previstos en dicha ley y en el presente texto legal. Los contribuyentes afectos a los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, estarán exentos del impuesto de primera categoría, en lo que se refiere a las rentas de esta ley, y no se les requerirá acreditarlas mediante contabilidad completa, en la medida que, además de dichas rentas, no perciban o se les devenguen otras que se encuentren obligados a acreditar mediante contabilidad completa. Artículo 5°.- Reconocimiento de los ingresos y deducción de los gastos.- Las utilidades o pérdidas correspondientes a derivados, se reconocerán de acuerdo a las reglas y definiciones siguientes: 1. Por utilidades o pérdidas se entenderán todos aquellos resultados que se originen como consecuencia de la celebración, contratación, cesión de la posición contractual, liquidación o compensación de los respectivos derivados. 2. Los desembolsos consistentes en comisiones, primas u otros causados por los derivados, podrán ser deducidos en la determinación de la renta líquida, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y aun cuando no correspondan al giro del contribuyente. 3. Los contribuyentes regidos por esta ley deberán reconocer los resultados provenientes de derivados sobre base percibida, a excepción de los señalados en el número siguiente. 4. Los contribuyentes que declaren sus rentas efectivas en la primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta según contabilidad completa, podrán optar por aplicar alguno de los siguientes métodos: a) Reconocimiento de ingresos y deducción de los gastos según corrección monetaria: Al momento de la celebración o adquisición del contrato de derivado, los contribuyentes que opten por esta alternativa, deberán contabilizar y valorizar los derechos y obligaciones que de él emanan en la misma forma que deben contabilizarse y valorizarse los activos subyacentes de conformidad al respectivo contrato. Tales derechos u obligaciones deberán ser corregidos monetariamente, al término de cada ejercicio, en la misma forma que deben ser corregidos los activos subyacentes, de acuerdo al artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Las diferencias positivas o negativas que se produzcan a consecuencia de la valorización señalada en los párrafos anteriores, constituirán utilidad o pérdida del ejercicio, según corresponda. En caso de cederse o liquidarse un contrato derivado, los resultados que procedan de tal cesión o liquidación, en su caso, deberán considerarse como utilidad o pérdida en dicho ejercicio, entendidos éstos como la diferencia entre la valoración efectuada de conformidad a los párrafos anteriores y el valor de cesión o liquidación, según corresponda. b) Reconocimiento de ingresos y deducción de los gastos según el justo valor: i. Al cierre de cada ejercicio, los contratos de derivados se valorizarán a valor justo o razonable a dicha fecha. Para estos efectos, se entenderá por valor justo o razonable la cantidad por la que pueda ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre compradores y vendedores interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. En consecuencia, el derivado debe reflejar el valor que el contribuyente recibiría o pagaría al transarlo en el mercado, sin incluir los costos de venta o transferencia. ii. Las diferencias positivas o negativas que se produzcan a consecuencia de la valorización señalada en la letra anterior, constituirán una utilidad o pérdida del ejercicio, según corresponda. iii. Los resultados que procedan de la cesión o liquidación, en su caso, de un derivado, valorizado en la forma establecida en el punto i. anterior, a la fecha de la cesión o liquidación, deberán considerarse como utilidad o pérdida, en caso de haberse efectuado dicha cesión o liquidación antes del cierre del ejercicio en el que se contrató, según corresponda. En caso de efectuarse la cesión o liquidación con posterioridad al cierre del último ejercicio, los resultados que procedan de comparar el valor del derivado a la fecha de dicho cierre en relación al valor de liquidación o de cesión del mismo, según corresponda, deberá considerarse como utilidad o pérdida del ejercicio en que se efectuó la cesión o liquidación. 5. Los contribuyentes deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste indique, mediante declaración jurada, acerca del sistema de reconocimiento de resultados por el que opten en conformidad con el número 4 de este artículo. Una vez elegido el sistema, deberán permanecer en él durante al menos dos años calendarios consecutivos, salvo que el Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución fundada, autorice a un contribuyente a permanecer por un plazo de un año calendario. Artículo 6°.- Deducción de gastos en el caso de pagos al exterior.- Los montos pagados o adeudados al extranjero por contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, respecto de los derivados celebrados o ejecutados con personas domiciliadas o residentes en el extranjero, sólo serán deducibles como gastos para los efectos previstos en esta ley y en la Ley sobre Impuesto a la Renta, en la medida que se cumpla copulativamente con las siguientes condiciones, además de las generales establecidas en el artículo 31 de dicha ley que les sean aplicables: 1. Que los derivados no sean contratados con contrapartes o intermediarios establecidos, domiciliados o residentes en países o territorios que, a la fecha de celebración o realización de la respectiva operación, estén incluidos en la lista a que se refiere el número 2 del artículo 41 D de la Ley sobre Impuesto a la Renta, salvo que dicho país o territorio suscriba con Chile un acuerdo que permita el intercambio de información relevante para los efectos de aplicar las disposiciones tributarias, que se encuentre vigente; 2. Que los respectivos derivados hayan sido: a) Contratados en bolsas de valores nacionales reconocidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, o en bolsas extranjeras afiliadas a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (International Organization of Securities Commissions, IOSCO), o con la intervención de agentes o corredores autorizados en mercados organizados, siempre que unos y otros se encuentren sujetos al control o supervigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros o de algún organismo de similar competencia a dicha superintendencia en su respectiva jurisdicción, y que este órgano, a su vez, constituya un miembro afiliado a la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o b) Contratados fuera de bolsas de valores, en conformidad a (i) modelos de contratos contenidos en acuerdos marco elaborados por asociaciones privadas o públicas extranjeras o internacionales, de carácter financiero o bancarias, y que se utilicen en forma habitual en operaciones financieras con derivados en los mercados internacionales señalados, o (ii) mediante confirmaciones que hagan referencia a tales modelos de contratos. Siempre que se cumplan los requisitos precedentes, se aceptará la deducción de los gastos a que se refiere este artículo, aún cuando no correspondan al giro del contribuyente. A requerimiento del Servicio de Impuestos Internos, el contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de cualquiera de las circunstancias establecidas en los números anteriores. En el caso de lo dispuesto en el número 2, la acreditación deberá efectuarse mediante certificado emitido por la respectiva bolsa, agente o corredor, o mediante el certificado de una empresa de auditoría externa registrada ante la Superintendencia de Valores y Seguros en conformidad a lo establecido en la ley N° 18.045. Esta certificación no será necesaria respecto de los modelos de contratos que hayan sido reconocidos por alguna de las autoridades nacionales a que se refiere el artículo 2° de la presente ley. No se aceptará la deducción como gastos de las cantidades pagadas o adeudadas que no cumplan con las condiciones señaladas en este artículo, las que quedarán sujetas a lo previsto en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.2. NORMAS ESPECIALES APLICABLES A LAS OPCIONES Artículo 7°.- Definición de opción.- Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero de esta ley, para sus efectos y los de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se entenderá por opción aquel instrumento derivado que en virtud del pago de un precio o prima otorga a su poseedor o titular, que para efectos de esta ley se denominará tomador, el derecho, pero no la obligación, para comprar o vender un activo a un precio determinado y durante un período de tiempo acordado, o al término de una fecha prefijada. La parte que asume la obligación de perfeccionar la transacción en caso que el tomador ejerza su derecho bajo opción, se denominará lanzador para efectos de esta ley. Artículo 8°.- Momento y forma de reconocimiento de los ingresos de las opciones.- Los ingresos que por concepto de pagos, derechos, primas u otros, se produzcan, se reconocerán de acuerdo a las reglas siguientes: 1. Los tomadores de opciones regidos por esta ley deberán reconocer los resultados provenientes de opciones sobre base percibida, a excepción de los señalados en el número siguiente. 2. Los tomadores de opciones regidos por esta ley, que declaren sus rentas efectivas en la primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta según contabilidad completa, podrán optar por aplicar el método establecido en la letra a) del número 4 del artículo 5°, o aplicar las siguientes reglas: a) Si el tomador de una opción no la ejerciere ni la cediere, el precio de la misma y los gastos de su adquisición sólo podrán ser deducidos de la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría, en la medida que la respectiva operación cumpla copulativamente con las condiciones establecidas en el número 2 del artículo 5° y artículo 6° de esta ley, según corresponda. En los demás casos, no se permitirá la referida deducción y se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. b) En tanto que el tomador mantenga la opción vigente, al cierre de cada ejercicio, el respectivo contrato se valorizará a valor justo o razonable a dicha fecha. Para estos efectos, se entenderá por valor justo o razonable lo señalado en el artículo 5°, número 4, letra b), punto i. Las diferencias que se produzcan a consecuencia de la valorización señalada, constituirán utilidad o pérdida del ejercicio, según corresponda. c) Si el tomador de una opción la ejerciere, se considerará como valor de adquisición del activo subyacente el precio de ejercicio estipulado en el respectivo contrato, más los desembolsos incurridos en la celebración del mismo, en la medida que no hayan sido previamente deducidos de acuerdo a la letra anterior. Para todos los efectos tributarios, el valor señalado en esta letra se tendrá como el costo de adquisición del activo adquirido producto del ejercicio de la opción. 3. Los ingresos que por razón de pagos, derechos, primas u otros conceptos se produzcan para el lanzador, se reconocerán como utilidad al momento de la celebración del respectivo contrato. Artículo 9°.- Régimen tributario de las ganancias de capital originadas en la transferencia de opciones.- Para determinar el régimen aplicable a las ganancias de capital que se originen en la transferencia de opciones, deberá estarse a las siguientes reglas: 1. El régimen tributario aplicable a los ingresos originados por las cesiones o transferencias que efectúen los titulares o tomadores de las opciones en bolsas de valores del país, será el que corresponda al bien o activo subyacente de acuerdo a las reglas generales establecidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para estos efectos, el valor de adquisición estará constituido por los desembolsos incurridos en la celebración del respectivo contrato, considerando lo dispuesto en el artículo anterior. En caso que el bien o activo subyacente corresponda a alguno de los instrumentos de oferta pública o valores a que se refiere el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el mayor valor obtenido en la enajenación de la opción estará sujeto a las disposiciones previstas en dicha norma, siempre que: a) La opción haya sido adquirida en una bolsa de valores del país o directamente del emisor, en el caso de haberse adquirido la opción a consecuencia del derecho de opción preferente para la suscripción de acciones a que se refiere el artículo 25 de la ley N° 18.046; b) La enajenación de la opción se realice en una bolsa de valores del país, y c) Los instrumentos de oferta pública o valores a que se refiera la opción tengan presencia bursátil tanto a la fecha de adquisición de la opción como a la fecha de su enajenación. 2. Si el tomador de una opción la cediere fuera de una bolsa de valores, se considerará como utilidad o pérdida la diferencia entre el valor de cesión y los desembolsos incurridos en la celebración del respectivo contrato, considerando lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 10.- Normas supletorias para las opciones.- En todo lo no previsto en el presente párrafo, las opciones se regirán, en forma supletoria, por las disposiciones contenidas en los párrafos anterior y siguiente.3. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 11.- Contratos con partes relacionadas.- Los contribuyentes regidos por la presente ley, podrán celebrar o ejecutar operaciones con instrumentos derivados, con una contraparte relacionada en los términos establecidos en las disposiciones de la ley N° 18.045, bajo condición de que: 1. Pueda acreditarse, en la forma y condiciones que determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, que la transacción en cuestión se ha realizado a sus precios o valores normales de mercado, esto es, de acuerdo a los que se hubiesen pactado entre partes independientes en operaciones y condiciones similares, y 2. Que, además, la respectiva operación se lleve a cabo en los términos establecidos en el número 2 del artículo 6°. En caso de no cumplirse estas condiciones, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 6°. Artículo 12.- Norma de control.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 y siguientes del Código Tributario, el Servicio de Impuestos Internos verificará el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en esta ley. Para estos efectos, y cuando una o un conjunto de transacciones con derivados sea similar a otra transacción u operación, dicho Servicio podrá aplicar los impuestos que correspondan a dichas transacciones. Para que esto proceda, el Servicio deberá establecer, de manera fundada, que la respectiva operación no ha obedecido a una legítima razón de negocios y que existen razones fundadas para determinar que mediante su celebración se ha pretendido como único propósito encubrir un retiro de utilidades tributables o un crédito que debió tributar de acuerdo a las disposiciones de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. En estos casos, el Servicio de Impuestos Internos, previa citación del contribuyente, practicará las liquidaciones o resoluciones que procedan, las que deberán indicar en forma precisa la causal, circunstancias y razones en que se fundan, teniendo el contribuyente afectado el derecho a reclamar en contra de la totalidad o de alguna de las partidas o elementos de dicha liquidación o resolución, según las reglas generales, y mientras se encuentre pendiente la decisión de las mismas no se devengarán los intereses moratorios que establece el Código Tributario. Artículo 13.- Normas de fiscalización.- Los contribuyentes que celebren derivados deberán presentar anualmente, en la forma y plazo que el Servicio de Impuestos Internos establezca mediante resolución, una declaración jurada informando de sus operaciones de derivados. Tratándose de operaciones ejecutadas a través de intermediarios, la obligación establecida en el presente inciso pesará sobre éstos. Si el contribuyente se negare a formular esta declaración, o si la presentada fuere maliciosamente incompleta o falsa, se sancionará en la forma prevista en el inciso primero del artículo 97, números 4° ó 5°, según corresponda, del Código Tributario. Adicionalmente, los contribuyentes deberán mantener un registro de las operaciones de derivados que realicen, el que deberá contener la información y tendrá las características que el Servicio de Impuestos Internos determine mediante resolución, manteniendo tanto dicho registro como la documentación que dé cuenta de dichas transacciones a disposición del Servicio de Impuestos Internos para cuando éste lo requiera. En el caso de operaciones de derivados llevadas a cabo a través de intermediarios, la obligación establecida en este inciso pesará sobre éstos. Artículo 14.- Facultades de tasación.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el Servicio de Impuestos Internos, sin necesidad de citación previa, podrá tasar los precios o valores pactados por las partes en los derivados a que se refiere esta ley, en los casos en que sean notoriamente inferiores o superiores a los corrientes en plaza o de los que normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación. Artículo 15.- Pagos provisionales mensuales.- Los contribuyentes regidos por la presente ley no se encontrarán obligados a efectuar pagos provisionales mensuales por las rentas que se generen por concepto de derivados.“ARTICULOS TRANSITORIOS Artículo primero transitorio.- Lo dispuesto en esta ley regirá respecto de los derivados y opciones que se celebren, o sean objeto de modificaciones, a contar del primero de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Artículo segundo transitorio.- Las leyes actualmente en vigencia o que se dicten en el futuro que hagan referencia a la normativa tributaria en general, se entenderá que también hacen referencia a las disposiciones de la presente ley.”. Tratado y acordado en sesiones de fechas 5 de octubre de 2010; 18 de enero; 1 y 2 de marzo de 2011, con la asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón (Presidente); Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo (Walker, don Matías); Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Monckeberg, don Nicolás; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Silva, don Ernesto, según consta en las actas respectivas. También asistió el Diputado señor Santana, don Alejandro. Sala de la Comisión, a 9 de marzo de 2011.(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión.”6. Informe sobre la participación de los diputados señores Cristián Campos y Jorge Ulloa en la 2ª Conferencia Preparatoria de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, celebrada entre los días 24 al 28 de enero de 2011, en Cali (Colombia) “Segunda Sesión de la Conferencia Preparatoria para el establecimiento de la Comisión de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. Efectuada en Cali entre el 24 y 28 de enero de 2011, presidida por el neozelandés William Mansfield. A ella concurrieron 21 países: Australia, Belice, Corea, Chile, China, Colombia, Islas Cook, Cuba, Reino de Dinamarca en representación de Islas Faroe, Ecuador, Estados Unidos, Unión Europea, Fiji, Francia, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Federación Rusa, Vanuatu, Venezuela, China Taipei. Observadores: Agencia pesquera del foro de Islas del Pacífico, Deep Sea Conservation Coalition, Cedepesca, Greenpeace International, Worl Wildlife Found. La delegación de Chile fue presidida por el Subsecretario de Pesca Pablo Galilea e integrada por el director de DIMA embajador José Luis Balmaceda, y entre otros funcionarios públicos María Alicia Baltierra, Cristián Laborda, !talo Campodonico, Karen Muchnik, Alejandro Covarrubias y como asesor Andrés Couve; los diputados Jorge Ulloa y Cristián Campos; por la Armada el nuevo director de DIRECTEMAR Contra Almirante Guillermo Silva y capitán Juan Gajardo; por el sector privado el presidente de Sonapesca Rodrigo Sarquis; por Asipes Luis Felipe Moncada; por Asipnor Francisco Mujica y José Cañón; por Anapesca Albert Arias, por Inpesca Aquiles Sepúlveda. 1. Objetivos buscados en esta reunión. Los objetivos definidos por Chile en las semanas previas a la sesión fueron obtener la revisión de la Medida Interina acordada en Auckland el 2009, basándose en el categórico informe del grupo científico reunido en octubre de 2010 en Viña del Mar y por tanto el establecimiento de una cuota global de captura para todo el Pacífico Sur; la asignación de esta por países para evitar la carrera olímpica y que esta fuera por historia, buscando los años más favorables para Chile; el que se establecieran medidas de fiscalización y verificación mas exhaustivas; y prohibir el trasbordo de pesca en alta mar. 2. Preparación de la sesión y manejo de esta por el negociador. La preparación de esta sesión es la más seria efectuada por un negociador durante el transcurso de la negociación de la ORP. Lo que se manifiesta en las reuniones efectuadas por el embajador José Luis Balmaceda en las semanas anteriores a Cali para lo cual viajó a Europa, EEUU y Perú, así como las sostenidas durante la semana inmediatamente anterior con el presidente de la conferencia y jefes de delegaciones que pasaron por Santiago y en Cali mismo el domingo 23. En el curso de la reunión además exhibió iniciativa, manejo expedito con las delegaciones, dando seriedad a la postura nacional. Su estrecha vinculación con el Subsecretario de Pesca y su equipo técnico, que trabajó activamente, así como con el sector privado, le permitió entender las líneas centrales de lo que estaba en juego y asumir la postura nacional. Sin embargo, para los efectos de los objetivos buscados le tocó enfrentar problemas que no eran de su responsabilidad, como la fijación por nuestro país de una cuota para el 2011 inferior al 50% recomendado por el Grupo Científico y una mala declaración de un miembro de la delegación que quiso justificarla por razones de carácter social y económico, que no había ninguna disposición a aceptar, como era patente por las posiciones de las delegaciones en el plenario. Lo que repetía, además, el distanciamiento de la recomendación científica que Chile mostró durante el desarrollo de la sesión anterior en Auckland, en noviembre de 2009, que tan malos resultados le trajo en el establecimiento de las Medidas Interinas, así como en el alejamiento a su respecto por aliados como Nueva Zelandia. 3. Resultados. Las Medidas Interinas reemplazan las del 2009 y en lo relevante, revisan las Medidas Interinas del 2007. Son voluntarias. Se harán efectivas a partir del 1° de febrero de 2011 rigiendo hasta que la ORP entre en vigencia y se adopten por ella medidas de conservación y administración. Podrán sin embargo ser revisadas en la Tercera Sesión de la Conferencia Preparatoria para el establecimiento de la ORP a efectuarse a partir del 30 de enero de 2012 en Chile, tomando en cuenta la actualización de la evaluación del stock propuesta para realizarse por el Grupo Científico el 2011. Evaluación que deberá estar disponible para los participantes al menos dos meses antes de la Tercera Sesión. En un análisis más detallado: a) Establecimiento de una cuota global de captura (TAC) para el 2011 en el área de distribución del jurel. TAC para el 2012. Se estableció que para el año 2011 cada participante limitará las capturas de sus naves al 60% de las efectuadas el año 2010 reportadas a la Secretaría Interina. Se agrega que los participantes en principio deberán limitar el 2012 sus capturas al 40% de las capturas registradas el 2010, a menos que la evaluación del stock a realizarse el 2011 lleve a decidir algo distinto. La disminución se efectuará sobre una cifra de capturas de 750.000 toneladas. b) Asignación por país. Queda establecida al limitar cada país las capturas al 60% de las reportadas a la secretaría interina el 2010. Se ha seguido un criterio de capturas históricas. Se evitaría así la carrera olímpica. Chile no pudo defender la inclusión del 2009 y debió ceder 2 puntos de su historia para que se aceptara el 40%. c) Medidas de control y fiscalización. Se estableció un párrafo que indica que la Secretaría Interina deberá verificar el reporte anual de capturas proporcionado por los participantes, incluyendo información lance a lance de los arrastreros y viaje a viaje para las naves cerqueras. La verificación y no simple anotación de lo informado, es un avance. La Secretaría Interina deberá informar a los participantes el resultado de la verificación y las posibles discrepancias encontradas. Se hizo una excepción con la Federación Rusa a la que no se aplicará este párrafo para sus capturas del 2010. Se mantuvo el párrafo que indica los participantes deben verificar la presencia de sus embarcaciones a través de registros de VMS e informes de captura. Existen varias medidas bajo el subtítulo Recolección de Data y reportes, entre ellas el que las capturas mensuales deben ser enviadas por todos los participantes a la Secretaría Interina, dentro de los 30 días siguientes al fin de mes, la que se hará circular a todos los participantes trimestralmente, que deberemos cumplir. Se mantuvo el párrafo que establece que todos los participantes deben asegurar una cobertura de observadores científicos en el 10% de los viajes de las naves bajo su bandera. d) Acceso a puertos. Se estableció un párrafo indicando que los estados del puerto participantes, sujetos a sus leyes nacionales, facilitarán el acceso a sus puertos a naves pesqueras, de abastecimiento y transporte, en un análisis caso a caso, de acuerdo a los requerimientos establecidos en estas Medidas Interinas. Se agrega que nada en este párrafo afectará los derechos, jurisdicción y deberes de los participantes bajo el derecho internacional, en particular el ejercicio de su soberanía sobre sus puertos en su territorio, incluyendo su derecho a denegar la entrada así como a establecer medidas más exigentes como estado del puerto que las que establecen estas Medidas Interinas. e) Limitación del GT, Tabla 1. Se mantuvo el párrafo que limita el arqueo bruto, GT, de de las embarcaciones de los países participantes, a aquellas que hayan pescado activamente en 2007 o 2008 o 2009 en el área de la convención, pudiendo sustituirlas sin exceder el GT de la tabla 1. Esta tabla, incluida en el párrafo Medidas de Administración del Esfuerzo en las MI adoptadas el 2009, tenía como propósito el que los participantes no excedieran a partir del 1° de enero de 2010 los GT en ellos indicados. Producto de las presiones efectuadas por Rusia, el último día de la reunión de Cali se aceptó que el GT de la Federación Rusa aumentara de 23.253 a 74.470 GT, incorporando el barco procesador Lafayette. Este tema fue cuestionado por Francia y puede sea impugnado. Consenso: Las delegaciones de Cuba, Corea, Islas Faroe y Venezuela no dieron el consenso. Además, sorpresivamente, China no dio el consenso y quedó de comunicar a la Secretaría Interina lo que decidan. (Fdo.): CRISTIÁN CAMPOS JARA, diputado de la República; JORGE ULLOA AGUILLÓN, diputado de la República”.7. Moción de los señores diputados Gutiérrez, don Hugo; Alinco, De Urresti, Montes, y de la diputada señora Pascal, doña Denise.Modifica articulo 12 de la ley N° 20.370, General de Educación, para impedir que el rendimiento académico o la situación socio económica, sean motivo de selección escolar. (Boletín N° 7520-04)“Vistos:Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando:1° Que el mensaje Presidencial de la Ley 20.370, General de Educación:“Reconoce que es acertado el reclamo social en contra de la desigualdad, y que esta, la ley, debe reparar y superar una situación de inequidad social. “Debemos hacernos cargo de las brechas significativas en la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos”.Se tiene que tener especial consideración en garantizar el derecho a la educación. La calidad del conjunto de la educación solo se consigue cuando ésta se convierte en un derecho de todos” Se garantizaba la libertad de enseñanza; entendida ésta en una acepción más amplia de la considerada hasta la fecha. Se reconoce el derecho a una educación de calidad, regulando el deber del Estado de velar por ésta, debiendo establecer las condiciones para ello y verificando permanentemente su cumplimiento”2. Que la ley 20.370, en relación al derecho a la educación, en su artículo 3º, dispone que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación. Luego el artículo 4º indica que la educación es un derecho de todas las personas y el artículo 10, prescribe que los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente.3. En cuanto al rol del Estado en educación, establece en el artículo 4º que la educación es un derecho de todas las personas. 4. Que la Ley General de Educación tuvo como fuente el clamor social originado por un legítimo movimiento estudiantil secundario que reclamó justamente por la segregación social que les afectaba en el sistema educativo y la mala calidad de su experiencia educativa. 5. Que la Unesco expresa: “El artículo 12 no resguarda el derecho a la no discriminación. Este derecho debería abarcar toda la educación obligatoria, lo que incluye la enseñanza media. Acota que la selección por mérito académico en la Declaración Universal de Derechos Humanos, solo se contempla para la educación superior y que, en la mayoría de los países, para la educación secundaria post-obligatoria”.6. Que la Ley General de Educación contiene evidentes contradicciones que deslegitiman sus principios fundantes y que burlan el sentir social, en particular de la generación joven secundaria que motivó su implementación. Parte de estas contradicciones se presentan en uno de sus artículos, en particular el artículo Nº 12, que garantiza la no discriminación de estudiantes sólo hasta 6º año de educación básica, en establecimientos educativos financiados con recursos del Estado, dejando en total indefensión de todos sus derechos y garantías, en esta materia, a estudiantes desde 7º año básico a 4º año de enseñanza media.7. Lo anteriormente indicado, afecta negativamente la libertad de enseñanza al privar a familias y padres de estudiantes con menores rendimientos académicos, de la posibilidad de elegir liceos con financiamiento del Estado con mejores condiciones de inversión académicas y profesionales para que estudien sus hijos. Por lo tanto,Los diputados patrocinantes y los demás adherentes que suscriben, vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,PROYECTO DE LEYArtículo único: modificase el artículo 12 de la Ley 20.370, General de Educación, de la siguiente manera: Se reemplaza la frase “sexto año de la educación general básica” por “cuarto año de enseñanza media”.8. Moción de los señores diputados Alinco, Accorsi, Andrade, Espinoza, don Fidel; González, Jiménez, Marinovic, Meza, Vargas, y de la diputada señora Isasi, doña Marta.Establece gratuidad en el transporte de estudiantes en la locomoción colectiva, buses interurbanos, y otros medios de transporte, y regula el pase escolar. (Boletín N° 7521-04)“En los últimos 10 años, hemos visto como cada cierto tiempo surgen diversos problemas y escándalos vinculados al pase escolar. Durante el año 2001, una fuerte crisis se genero dada una serie de irregularidades en el otorgamiento y administración de los pases escolares por parte del entonces Consejo Superior de Transporte Terrestre, entidad privada de carácter gremial, la cual incumplió un sin número de compromisos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Transportes, y con los principales afectados, los estudiantes. Fue en esa ocasión en que nos enteramos por la prensa de hechos tan vergonzosos como los denominados “raspe pases”, que eran verdaderos pases reciclados, la entrega indiscriminada del pase escolar a quienes no tenían la categoría de estudiantes, etc. Todo lo cual tras una gran movilización estudiantil llevo al Gobierno de ese entonces a tomar la determinación de recuperar, para el Estado, la administración y otorgamiento del pase escolar.Desde entonces constantes son las criticas y demandas del mundo estudiantil respecto al pase escolar, así durante el año 2006 la denominada “Revolución Pingüina”, logro, entre muchas otras cosas, la extensión horaria del pase escolar a los 7 días de la semana y durante las 24 horas, extensión que el Gobierno se comprometió se haría durante los 365 días del año. Sin embargo esto último nunca se materializó y el Gobierno opto por restringir el uso del pase escolar durante el periodo de enero y febrero.Por otra parte, tenemos el caso del transporte interprovincial, que prácticamente es tierra de nadie, donde muchas veces no se respeta el pase escolar, o simplemente se establecen discriminaciones odiosas y arbitrarias contra los estudiantes.Este año, el problema del pase escolar se vuelve a hacer presente con el anuncio de sectores del gremio microbusero de no aceptar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) que otorga el Ministerio de Educación, a través de Junta Nacional de Apoyo Escolar y Becas (JUNAEB), lo cual mantiene hoy en alerta a los estudiantes frente a una nueva “batalla” por defender el derecho al pase escolar.Toda esta serie de irregularidades y anomalías, que vienen manifestándose por más de 10 años, dan cuenta de la urgente necesidad de regular por ley, y de manera clara y precisa el instituto de la tarifa y el pase escolar, como asimismo los sistemas de administración de este beneficio.Por otra parte, hay que señalar que la Constitución Política ha establecido la obligatoriedad y gratuidad de la Educación Media, por lo que resulta coherente, establecer los medios que permitan acceder a tales derechos y obligaciones.Actualmente la normativa que regula estas materias está contenida en el Reglamento del Pase Escolar, establecido mediante el decreto supremo N°20 de 1982, del Ministerio de Transportes, que dado su tenor y en consideración al sin numero de conflictos producidos de manera constante y permanente a lo largo de los años, es posible establecer que dicha norma resulta insuficiente e inadecuada para regular las complejas relaciones jurídicas e institutos legales que se encuentran en juego, porque no establece el principio jurídico fundante que establece derechos para los estudiantes en el transporte, que no es otro que el concepto de carga publica.Por todo lo dicho, es que proponemos esta moción, que pretende llenar los vacios normativos existentes, para lo cual consideramos de gran relevancia dejar asentado que el principio que conllevan el pase escolar y la tarifa gratuita que proponemos, es una carga publica para los transportistas que efectúan un servicio público de traslado colectivo de pasajeros. Esta carga goza de legitimidad jurídica y ética, ya que los empresarios del transporte desarrollan una actividad de servicio público, y se entienden estas como aquellas iniciativas privadas licitas, que por su importancia social se encuentran sujetas a un régimen especial de restricciones impuestas por la autoridad, la que va desde inscripción en registros especiales, regímenes de fiscalización especiales, e incluso el establecimiento de ciertas cargas personales, como esta. Por otra parte esta carga goza de especial legitimidad, toda vez que constituye una contraprestación mínima de los transportistas a la sociedad, ya que estos utilizan para su explotación comercial y lucro un bien nacional de uso público, como son las vías urbanas e interurbanas, cuya construcción, conservación y seguridad está a cargo del Estado, y por tanto su costo es de cargo de todos los contribuyentes.Así mismo cabe señalar que en nuestro derecho constitucional el concepto de carga pública está reconocido en nuestro texto constitucional, y ha sido debidamente precisado por nuestra doctrina constitucional. El profesor Enrique Evans definió las cargas públicas como “todas las prestaciones de carácter personal y todas las obligaciones de carácter patrimonial que no sean jurídicamente tributos, que la ley impone a la generalidad de las personas para el cumplimiento de determinados fines, ética y jurídicamente lícitos, queridos por el legislador”Así nuestra Constitución Política en su Artículo 19 N°20, permite de manera expresa la imposición de cargas, personales o reales por la vía legal. La norma citada es reforzada por el número 22 del artículo 19 de nuestra carta fundamental que establece que “solo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras”Debemos señalar que creemos que las cargas públicas deben ser aplicadas de manera justa y racional, con apego al principio de igualdad ante la ley, lo cual buscamos hacer en esta moción, asumiendo como límite de la potestad pública de establecer cargas el respeto a las normas que garantizan la libertad de empresa y el derecho de propiedad, teniendo especial atención en este último, el que consideramos debe ser interpretado siempre a la luz de la doctrina de la función social de la propiedad, como se prevé en el articulo 19 N°24, y que legitima en vistas del interés general de la población la imposición de limitaciones.Es por todo lo expresado, que nuestra propuesta busca establecer la gratuidad del transporte de estudiantes como carga pública, y entregar la confección y administración de los pases escolares al Ministerio de Educación. Esta administración pública que proponemos encuentra su justificación en las experiencias negativas que han existido con la administración privada, a cargo de asociaciones gremiales, los buenos resultados que ha tenido la administración en manos del Ministerio de Educación, en los últimos años, y porque consideramos que no corresponde que los empresarios utilicen el cobro del derecho al pase escolar como un medio para resarcirse de los “posibles daños” pecuniarios que según ellos se producen por transportar estudiantes con tarifas gratuitas, lo cual no corresponde pues estamos frente a una imposición legitima de la autoridad, constitucionalmente posible y por ende jurídica y éticamente legitima.Por todo lo ya expresado, vengo en presentar el siguiente:“PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE GRATUIDAD EN EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA, BUSES INTERURBANOS, Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE Y REGULA EL PASE ESTUDIANTILArticulo 1° Los estudiantes de enseñanza media sean de establecimientos públicos, particulares pagados o subvencionados, los estudiantes de educación superior, de Universidades públicas y privadas, Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica, reconocidos por el Estado, gozaran del derecho a transportarse gratuitamente en los servicios públicos de locomoción colectiva.Articulo 2° Los empresarios del transporte, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores. La infracción a esta obligación será sancionada con multa a beneficio fiscal de 10 a 100 Unidades Tributarias Mensuales y será competente para conocer de estas infracciones al Juzgado de Policía Local de la Comuna en que se hubiere producido la infracción.Artículo 3° Para poder gozar del beneficio establecido en el artículo 1° de esta ley, los estudiantes deberán portar y exhibir al conductor un Pase Estudiantil, otorgado por el Estado, de conformidad a esta ley.Articulo 4° El Pase Estudiantil es un documento público, personal e intransferible que acredita la calidad de estudiante regular de enseñanza básica, media y superior, y que permite el traslado de los estudiantes, en los medios de transporte público de pasajeros, incluidos microbuses, taxibuses, y Buses Interurbanos. El Pase Estudiantil será exigible a los estudiantes desde el quinto año de enseñanza básica.La facilitación indebida, enmienda o adulteración del Pase Estudiantil será sancionada de acuerdo a las normas legales vigentes.Articulo 5° El Pase Estudiantil deberá indicar el nivel de enseñanza, ya sea básica, media o superior.El Pase Estudiantil regirá de lunes a domingo las 24 horas del día los 365 días del año.Los pases que expiren en determinado año escolar podrán ser utilizados hasta el 31 de mayo del año siguiente a su expedición.Artículo 6° Un Reglamento Regulara la forma o procedimientos para la Confección, administración y entrega del Pase Estudiantil.9. Moción de los señores diputados Gutiérrez, don Hugo; Aguiló, Alinco, De Urresti, Espinoza, don Fidel; Monsalve, Teillier, y de la diputada señora Pacheco, doña Clemira.Aumenta las penas para el delito de usurpación de aguas, precisando que los acuíferos están incorporados como objeto de protección penal. (boletín N° 7522-07) “Vistos:Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando:1. Que el delito se usurpación de aguas está previsto y sancionado en el artículo 459 del Código Penal con las penas de presidio menor en su grado mínimo -de 61 a 540 días- y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, lo que resulta irrisorio, por ejemplo, si se compara con el hurto de energía eléctrica que puede llegar a la pena de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años). Es igualmente baja la pena si se compara con los delitos de hurto o las defraudaciones, todos tipos que se sancionan de conformidad al valor de lo hurtado o defraudado.2. Este ilícito es especialmente grave en sectores que dependen del agua como la Primera Región, donde hay localidades que se han construido al alero de los pocos recursos hídricos existentes, afectando el derecho de propiedad de pequeños agricultores y empresarios turísticos que ven fuertemente dañada su empresa por la escasez de agua, lo que se agudiza por estas extracciones al margen de la ley.3. Es evidente que en parte importante del norte de Chile existe escasez de agua y una sobreexplotación de los acuíferos existentes provocando no sólo un perjuicio a la población que depende de estos recursos hídricos, sino que -además- al ecosistema al usar agua sin ninguna regulación y en forma completamente ilegal de los depósitos subterráneos, lo que puede llevar a una sequía total de bastos sectores de nuestro territorio nacional. Las penas son tan bajas que muchos individuos prefieren correr el riesgo a ser sancionados que detener la explotación ilegal para obtener utilidades ilegales. Esta dramática situación lleva a estos diputados a sostener que es urgente adecuar la legislación penal en relación a la usurpación de aguas a la realidad actual, estableciendo penas adecuadas y proporcionales a la gravedad del delito. Por lo tanto,Los diputados patrocinantes y los demás adherentes que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,PROYECTO DE LEYArtículo único: modificase el artículo 459 del Código Penal, de la siguiente manera.1) Se reemplaza la palabra “mínimo” por la frase “medio a mayor en su grado mínimo”2) Se reemplazan las palabras “once a veinte” por los guarismos “20 a 200”3) Se agrega el siguiente inciso final “El juez al aplicar la pena deberá tener en especial consideración el volumen de agua sustraído, el daño efectivamente provocado por la usurpación a los derechos legítimamente constituidos y la afectación al medio ambiente”.10. Oficio del Tribunal Constitucional “Santiago 2 de marzo de 2011. Oficio Nº 5.568 Remite sentencia.Excelentísima señoraPresidenta de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 1 de marzo de 2011 en el proceso Rol Nº 1.806-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 3101-2010, recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Saluda atentamente a V.E. (Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORAPRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOSDOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENESPRESENTE.”11. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago 2 de marzo de 2011. Oficio Nº 5.572 Remite sentencia.Excelentísima señoraPresidenta de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 1 de marzo de 2011 en el proceso Rol Nº 1.807-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 3922-2010, recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Saluda atentamente a V.E. (Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORAPRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOSDOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENESPRESENTE.”12. Oficio del Tribunal Constitucional “Santiago, 3 de marzo de 2011. Oficio Nº 5.585 Remite sentencia.Excelentísima señoraPresidenta de la Cámara de Diputados: Remito a V.E: copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 3 de marzo de 2011 en los autos Rol Nº1.769-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en la causa sobre reclamo deducido en contra de Isapre Banmédica S.A. ante la Superintendencia de Salud, en calidad de Tribunal Arbitral, ingreso Nº 7108-2010. Dios guarde a V.E. (Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORAPRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOSDOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENESPRESENTE.”