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- rdf:value = " La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta , el proyecto informado por el diputado Lorenzini en nombre de la Comisión de Hacienda se basa fundamentalmente en un decreto con fuerza de ley de 1977 y en el artículo 35 de la ley N° 19.420, conocida como “Ley Arica”. Eso culminó cuando en el Congreso Nacional aprobamos la ley N° 20.175, que creó la Región Décimo Quinta, de Arica y Parinacota.
Quiero recordar que, de acuerdo con la Constitución, es la única región que no tiene posibilidad de elegir senadores hasta este instante.
Hemos tramitado rápidamente el proyecto de ley, porque nos hemos dado cuenta, especialmente los integrantes de la Comisión de Hacienda, de que hay muchos diputados que aspiran legítimamente a un cargo de senador, como sucede con los colegas del PPD, con quienes hemos cultivado una hermosa amistad, y de otros representantes de esos distritos, así como del diputado informante de la iniciativa en discusión.
Siempre Chile ha establecido privilegios reales y efectivos para las zonas extremas, lo que tiene larga data, ya que provienen del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que se trata de zonas limítrofes con países vecinos, con los cuales no siempre nuestras relaciones han sido óptimas, aunque ahora pasan por un buen momento.
Es así como el decreto con fuerza de ley N° 341, de 1977, cuando no había Congreso Nacional, establece una franquicia tributaria consistente en que las mercancías elaboradas por empresas industriales manufactureras instaladas en Arica, acogidas al régimen de zona franca, están exentas de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros que se generen por la importación de las mismas mercancías al resto del país.
Por su parte, en el artículo 35 de la ley N° 19.420, conocida como ley Arica, figura una franquicia que permite que las empresas industriales manufactureras que no estén acogidas al régimen de zona franca, instaladas o que se instalen en Arica, y que desarrollen actividades destinadas a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente a las materias primas, partes o piezas extranjeras utilizadas en su elaboración o que en sus procesos productivos provoquen una transformación irreversible de éstas, podrán, cuando vendan esas mercadería fuera de la región, solicitar el reintegro de los derechos, tasas y demás gravámenes aduaneros en que hayan incurrido con ocasión de la importación de las materias primas, partes o piezas utilizadas en su elaboración.
Debo aclarar que las empresas debían elegir uno de estos dos beneficios, es decir, el del decreto con fuerza de ley o el de la ley, pero no los dos al mismo tiempo.
Cuando discutimos la creación de la Región de Arica y Parinacota en la Comisión de Hacienda -la actual ley N° 20.175-, algunos colegas plantearon que sólo debíamos terminar la tramitación de ese proyecto cuando se reformara la Constitución para crear los dos cargos de senadores que la representaran. El tiempo nos dio la razón a quienes manifestamos una posición diferente, porque, como muchos dicen, es mejor hacer las cosas paso a paso.
Ahora bien, las franquicias establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 341 y en la ley N° 19.420 estaban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2010. O sea, esas normas expiraron hace más de dos meses, lo que está significando cesantía, inquietud y dificultades para el desarrollo de esa gente que está haciendo patria en ese territorio.
Por lo tanto, cuando el Ejecutivo nos planteó el tema, pensamos que era de justicia tramitarlo con urgencia en la Comisión de Hacienda, lo que logramos después de una sesión muy larga, en que escuchamos al ministro de Hacienda y a otros actores, hasta su total tramitación. La iniciativa que prorroga esas dos franquicias por todo el año 2011 fue aprobada en general y en particular por doce de los trece integrantes de la comisión.
Se estima que la prórroga de estas franquicias por un año tendrá un costo fiscal equivalente a menores ingresos de aproximadamente mil millones de pesos, es decir, un poco más de 2 millones de dólares, en la partida Tesoro Público.
Por lo anterior, es importante que aprobemos el proyecto en general y en particular, con el fin de terminar con su primer trámite constitucional, para dar una señal potente y una buena noticia a esa región.
He dicho.
"
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