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El señor LEAY.-
Señor Presidente , en principio, en todos los sectores políticos y sociales del país se coincidió en la necesidad de reformar la ley orgánica municipal.
La reforma se puede analizar desde varios tópicos: desde el sistema electoral, que ya se vio en el Congreso Nacional, pasando por los temas de fondo que dicen relación con la institucionalidad municipal, como su autonomía, las facultades fiscalizadoras del concejo y de la Contraloría General de la República, el mejoramiento de la eficiencia, la mayor participación ciudadana, la parte de financiamiento que mencionó el Diputado señor Orpis . Estas materias, en su conjunto, son parte del proceso de modernización de las municipalidades, lo cual, para llevarlo a cabo, debe abordarse en su totalidad.
Se debe producir una reforma integral. Para ello, a mi juicio, se deben considerar tres premisas claras:
Primero, la voluntad real de desconcentración. No es posible pretender tener gobiernos locales autónomos y eficientes si no existe una voluntad clara del nivel central de descentralizar. A mi juicio, el Gobierno debe desprenderse de facultades, atribuciones y recursos para traspasarlos a los gobiernos comunales.
Lamentablemente, diría que en esta materia el proyecto no avanza en nada. Seguirán existiendo problemas con los ministerios y con distintos servicios públicos; seguirá habiendo duplicidad en las funciones; habrá burocracia en los trámites y, por lo tanto, esto seguirá generando ineficiencias e irresponsabilidades.
No me parece serio, desde esta perspectiva de desconcentración, que desde el nivel central, pasando por este Parlamento, se sigan entregando funciones a los municipios y rigidizaciones de contratos, como es el caso del Estatuto Docente y otros, y no se les proporcionen los recursos. Ello va en deterioro de sus recursos y, en consecuencia, de una capacidad de gestión más fecunda.
Entonces, una segunda premisa sería que no basta con entregar más poder a los gobiernos locales y premunirlos de nuevas atribuciones, sino que se requiere que todas las facultades deben estar orientadas claramente a servir a la comunidad y, para ello, debemos ser eficientes.
En esta materia se requiere establecer una estructura que permita desarrollar en los municipios una labor en forma oportuna, contar con resultados adecuados y, a su vez, que las acciones estén en sintonía con lo que la comunidad verdaderamente desea.
Para lograr esta eficiencia, a mi juicio, es importante señalar tres aspectos.
En primer lugar, el tema de control y fiscalización de la gestión.
En esta materia, considero que el proyecto avanza. Es cierto que se mejora la fiscalización a través de las nuevas facultades que se otorgarán a los concejales y la posibilidad de contratar una auditoría externa para evaluar la ejecución programática y presupuestaria del municipio por parte del concejo; se establece también la posibilidad de que éste pueda evaluar directamente la gestión del alcalde; como resultado de una indicación aprobada en la Comisión de Hacienda, se permite que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar las corporaciones y las fundaciones que reciben recursos de los municipios; se fortalece la unidad de control y también se avanza en una tarea importante de fiscalización de la comunidad.
Por lo tanto, en los análisis del primer informe, en materia de control y fiscalización, tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la de Hacienda, se han recogido y madurado en forma correcta algunas proposiciones.
En segundo lugar, está la gobernabilidad y la flexibilidad de los municipios.
Respecto de la gobernabilidad, el proyecto define claramente los roles y delimita responsabilidades. Al concejo, como órgano fiscalizador y al que debe fijar grandes políticas; al alcalde , en su rol de ejecutor y de administrador.
Sí genera algunas dudas respecto de la flexibilidad. Concuerdo en que se ha avanzado en términos de que hoy se permite la existencia de una asociación con municipios -lo cual me parece importante-, y también en que se flexibilizan las plantas de personal, por lo cual debe hacerse con respeto al actual funcionario municipal y a la carrera funcionaria.
Es negativo que en materia de flexibilización los cargos directivos duren seis años y que una persona que ha ganado un concurso público en el municipio hoy, de nuevo tenga que concursar.
Me parece poco serio que al personal, aun cuando se desee crear una institucionalidad municipal global, más que darle un incentivo para seguir una carrera de servicio público, se le coloque cortapisas y genere inestabilidad.
No digamos que un profesional va a trabajar en el servicio municipal o público por beneficio económico, pues tenemos claro que las rentas municipales son muy bajas y que en el sector privado obtiene mejores rentas. Pero hay una vocación de servicio y a esa persona hay que apoyarla, incentivarla y no crearle inestabilidad, como pretende el proyecto.
Quiero decirlo claramente: tengo dudas sobre lo que en esta materia se persigue. Lamentablemente, el Gobierno y la Concertación, en general, desde la perspectiva del personal, cuando llega a un municipio, lo consideran como el botín del partido ganador, y no ven con seriedad la función municipal. Para pagar favores políticos, ojalá pudieran tener a todos los empleados en calidad de personal de confianza, con el objeto de contratar a quienes ellos deseen.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Le queda un minuto, señor Diputado .
El señor LEAY.-
Señor Presidente , el acuerdo del Comité fue que distribuiríamos diez minutos entre los parlamentarios de la UDI, lo cual nos iba a permitir hablar un poco más a unos y menos a otros.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Señor Diputado , han usado de la palabra los Diputados Orpis , Correa y Su Señoría. La señora Matthei nos ha dicho que no estaba inscrita, de manera que Su Señoría es el último Diputado de la UDI inscrito.
Puede redondear sus ideas.
El señor LEAY.-
Señor Presidente , desde esta perspectiva, debemos fijar los criterios de una institucionalidad y no mirar a los municipios como el botín del partido ganador: hay que dar estabilidad en el empleo a los funcionarios. Es cosa de hablar con cualquier funcionario o con la Asociación de Empleados Municipales para conocer el clima de inestabilidad creado, que nada aporta a mejorar la calidad y el objetivo del municipio, que es servir a la comunidad.
Y en estas políticas de personal -aunque quizás muchas de estas materias no tienen que ver con el proyecto- es imperioso considerar un mejoramiento del nivel de remuneraciones del personal municipal. Es necesario crear incentivos que estimulen el buen desempeño: bonos de productividad, cursos de capacitación, etcétera, situación que hoy, a mi juicio, no se considera aun cuando ha sido planteada claramente por la Asociación de Empleados Municipales.
Por último, una tercera premisa básica para lograr una reforma integral a la ley orgánica municipal se refiere a la participación ciudadana.
Creo que en este proyecto, por primera vez, se están dando algunos espacios para que cada ciudadano participe activamente en lo que es el quehacer del municipio. En esa perspectiva, son importantes las audiencias públicas del concejo, la oficina de reclamos, aunque hay que profundizar mayormente estas materias en el segundo informe.
Asimismo, hay que mejorar la difusión de la cuenta pública. Es importante avanzar en lo concerniente a consultas y plebiscitos, porque es valioso que la comunidad haga oír su voz en cuanto a qué proyectos de inversión quiere, cuál es su visión global del plan de desarrollo comunal y del plan regulador de la comuna. Considero muy positivo para quienes dirigen un municipio tener una visión global del pensamiento de la gente.
En definitiva, cuando hablemos de modernización no nos centremos sólo en lo electoral y lo económico. Es importante que de parte del Gobierno central exista voluntad para desconcentrar, lo mismo que de los gestores de la función municipal, para mejorarla y permitir la participación de la comunidad.
He dicho.
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