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El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Esta sesión se motivó en una presentación suscrita por 43 honorables diputados y diputadas, con el objeto de abordar el tratamiento de las elevadas tasas de interés y las diferencias francamente incomprensibles que se están aplicando a los créditos de consumo.
A esta sesión ha sido citado el ministro de Hacienda , don Felipe Larraín Bascuñán. Asimismo, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se ha invitado al presidente del Banco Central , don José De Gregorio Rebeco. También se ha autorizado el ingreso a la Sala del gerente de la División de Política Financiera, don Kevin Cowan Logan; del fiscal, don Miguel Ángel Nacrur Gazali, y del gerente asesor de Comunicaciones, don Luis Álvarez Vallejos.
El tiempo previo de quince minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. En primer lugar, hará uso de la palabra, por ocho minutos, el diputado don Pablo Lorenzini; luego intervendrá, por siete minutos, el diputado don Fuad Chahín.
Pido el asentimiento para que ingrese a la Sala el señor Fernando Coulon, asesor informático del presidente del Banco Central.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI (de pie).- Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central y a sus asesores.
El presidente del Banco Central planteó un debate al expresar que, a pesar de que en los créditos a grandes empresas y letras hipotecarias las tasas son razonables, en los créditos de consumo las tasas son muy elevadas.
Pero no se quedó solo en esa apreciación. El consejero del Banco Central, señor Enrique Marshall , afirmó que la banca chilena es bastante comparable con la de países más avanzados, pero en los créditos de consumo las tasas de interés son más altas. Luego señala: “Ahora, una rentabilidad que permanece alta durante mucho tiempo comienza a poner de manifiesto que hay imperfecciones.”. Y agrega: “Si el grueso de la población percibiese que hay avances importantes en las prestaciones, que los servicios que se prestan son cada vez a tasas más bajas, creo que las utilidades de la banca no serían un tema.”.
Por último, un economista de alto nivel -lo conoce muy bien el ministro de Hacienda -, que preside la Comisión de Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera, don Jorge Desormeaux , enfatizaba que “hoy es raro que una entidad sea sólo un banco. Normalmente, tiene una compañía de seguros o una AFP asociada. Eso genera una enorme presión sobre la regulación que tiene Chile.”. El periodista le pregunta: “¿En qué sentido?” Y él responde: “La regulación no está preparada para supervisar conglomerados financieros. Chile regula según el estatus jurídico de cada entidad. La Superintendencia de Bancos sólo tiene atribuciones sobre los bancos, pero no sobre compañías de seguros ni AFP. Cada parte del conglomerado es supervisado por órganos distintos. Eso da espacios a inconsistencias, a que existan normas que aplique un supervisor y no otro, y a que se puedan dar arbitrajes regulatorios, es decir, que alguien aproveche el regulador más débil para concentrar ahí el riesgo.”.
Por último, el ex superintendente de Valores y Seguros, don Guillermo Larraín -estoy citando a miembros conspicuos de los gobiernos anteriores y del actual-, expresó que “el sistema financiero no está mal regulado, pero tiene problemas que hay que enfrentar, precisamente, porque afecta a demasiadas personas y empresas.”. Y después agrega que tampoco nos hemos hecho cargo de los problemas de protección del consumidor.
¿Qué decían hace algunos días los representantes de los bancos en la Comisión de Hacienda, que preside el diputado Godoy ? Que los préstamos sólo representan un 13 por ciento de los créditos.
La gran mayoría de los créditos se otorgan a las grandes multinacionales, que forman parte de los conglomerados que pertenecen a ellos mismos. Sin embargo, afectan al 53 por ciento de los chilenos que tiene tarjetas de crédito y ha pedido créditos de consumo. Los bancos dicen que corresponde sólo a un 3 por ciento de sus utilidades, pero eso equivale a cientos millones de dólares este trimestre y a miles de millones de dólares el año pasado. ¿Sólo un 3 por ciento viene de esos créditos? ¿Debemos creer que las utilidades provienen de los créditos a las multinacionales, que son a tasas del 5 y 6 por ciento? ¡Por favor!
Con los diputados Rincón, Chahín y otros, hemos presentado un proyecto de ley para eliminar el anatocismo, lo que se cobra desde el año 74, que es interés sobre interés. ¡Hay que evaluar el tema de la tasa máxima convencional! Según estudios del Sernac Financiero -que lo ha hecho muy bien-, hoy la banca se maneja con tasas cercanas al 48 por ciento.
Por lo tanto, a esos jóvenes que en estos días están pagando créditos hay que abrirles otras posibilidades, como son las cajas de compensación; de lo contrario, van a terminar pagando sus cuotas durante treinta años. Por lo tanto, hay que reformar la institución regulatoria; hay que potenciar a las fiscalías para que tengan profesionales del mismo nivel de los que se encuentran en las compañías que van a fiscalizar y supervisar; no como la Superintendencia de Bancos, que recibe la plata de los propios supervisados, porque eso no tiene sentido alguno.
El año pasado, los créditos de consumo aumentaron en 13 por ciento. ¿Qué nos dijo la Superintendencia? Debo aclarar que todas son cifras oficiales y declaraciones que están grabadas en nuestras comisiones. El superintendente nos dijo que el año pasado hubo 10 mil reclamos contra los distintos bancos, básicamente, por créditos, tarjetas de crédito y cuentas corrientes, principalmente por cobro de intereses y comisiones. ¿Acaso nuestra regulación bancaria es permisiva? ¿Es fácil pesquisar y justificar los cobros realizados? Ustedes son parlamentarios y estoy seguro de que también les ha costado manejar el tema. ¿Puede alguien cerrar fácilmente una cuenta corriente o devolver una tarjeta de crédito?
Esto es lo que queremos hacer hoy, partiendo por lo que dijo el presidente del Banco Central , que me parece muy bien: poner en debate, como lo hemos hecho en las comisiones de Hacienda y de Economía, la competitividad de la banca y que todos los emisores de créditos, sean tarjetas u otro tipo, estén regulados, y no como ocurre hoy en que un sector está regulado y el otro está muy poco supervisado.
Existen distorsiones en este sector y tenemos disponibles todos los estudios sobre la materia; el Sernac ha estado a la altura de las circunstancias y la Fiscalía Nacional Económica también ha aportado lo suyo. Pero, ¿hemos estudiado en detalle la industria del crédito?
Éste es un tema ciudadano; no político. Uno de los proyectos de acuerdo que se presentaron está firmado por diputados de Gobierno y de Oposición. Aquí no estamos hablando en contra de este Gobierno ni del anterior; nos estamos refiriendo a un problema ciudadano que afecta al 53 por ciento de chilenos que no entienden ni saben por qué la banca, que ganó 3 mil millones de dólares en un año en que hubo un terremoto, les cobra en 12, 24 ó 36 cuotas, como lo comprobó el Sernac, a veces más del doble del monto del crédito inicial.
Éste es el tema que hoy queremos poner en discusión. No pretendemos desestabilizar el sistema financiero, como dicen algunos textos bien asesorados por quienes tienen interés en que este problema subyazga debajo de los pupitres. Nadie -y menos nosotros- pretende desestabilizar el sistema económico ni eliminar las entidades crediticias; tampoco queremos que no obtengan utilidades. Lo único que deseamos es proteger al consumidor, para que tome sus decisiones con información y conocimiento. Sólo pretendemos que se le cobre lo justo y razonable.
Lo que estamos haciendo en esta sesión especial, junto al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda , es analizar qué debemos hacer. Éste es un tema técnico, para especialistas. ¿Qué debemos aglutinar, cómo caminamos para tener efectivamente, en los próximos meses, las adecuaciones regulatorias y los proyectos de ley necesarios a fin de que la banca, las instituciones crediticias, el retail -que está al margen de cualquier regulación- y las demás entidades crediticias tengan utilidades razonables? Los ciudadanos deben saber lo que están pagando y discernir qué crédito van a solicitar, pero no sobre la base de determinadas tasas de interés a 12, 24 ó 36 meses, más todos los costos adicionales: seguros de sobrevivencia, de invalidez, etcétera. Ahora, hasta a las personas divorciadas les están cobrando en forma extraordinaria, porque, según dicen, tienen mayor riesgo. Debemos tener claro todo esto. Los consumidores deben ser bien atendidos, como se lo merecen, y deben pagar lo justo y razonable.
Hoy, ello no está ocurriendo y, precisamente, lo que pretende la Cámara de Diputados, junto con sus autoridades económicas nacionales, es buscar la forma de controlar y de hacer más equitativo el sistema crediticio.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN (de pie).- Señor Presidente , ante todo, doy la bienvenida a nuestros invitados y agradezco la colaboración que nos brindaron los doctores Antonino y Franco Parisi para hacer esta presentación.
Como lo dijo el diputado Lorenzini , en Chile los bancos obtienen utilidades récord. En 2010, tal como lo muestra la primera proyección, superaron los 3.300 millones de dólares. Las ganancias crecen más de cinco veces de enero a diciembre de 2010. Asimismo, la banca chilena obtuvo las mayores utilidades en América Latina en 2010.
¿Qué ocurre? Tal como se ha manifestado, las tasas corrientes anuales son extremadamente altas. A marzo de 2011, las tasas de las líneas de crédito llegan al 36,82 por ciento; las de los créditos de consumo, al 24,34 por ciento, y las de las tarjetas de crédito, al 45,95 por ciento.
¿Cuál es el flujo del dinero? ¿De quién es el dinero? En la imagen proyectada, los parlamentarios y quienes nos ven a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados estamos representados en color azul -las personas-, que les entregamos parte de nuestro sueldo a las AFP, las que, a su vez, les prestan dinero a los bancos, mediante bonos, a tasas del 6 por ciento anual. Después, las instituciones financieras nos prestan nuestro propio dinero a tasas del 45 por ciento anual. ¡Negocio redondo para los bancos, pero pésimo negocio para las personas!
¿Cuál es la propuesta del Gobierno? Los créditos universales. Por lo demás, el reglamento contemplado en el artículo 7° de la ley del mercado de capitales demoró mucho tiempo en dictarse: un año. Por cierto, es un avance, pero claramente insuficiente; mejora la información disponible para los consumidores, pero no soluciona el problema, por lo que es, como dije, absolutamente insuficiente.
¿Por qué es insuficiente? Porque hoy se cometen abusos en las tasas que se cobran a las personas y a los pequeños empresarios, fundamentalmente a los jóvenes y a quienes no tienen capacidad negociadora. Es lo que ocurre con las líneas de crédito y con las tarjetas de crédito, especialmente cuando no se pagan dentro del mes, situación que afecta al 90 por ciento de las chilenas y los chilenos, a quienes se les aplica la tasa máxima convencional.
Esto es aún más grave en el caso de las tarjetas del retail y de los bancos “de segunda categoría”. En el siguiente cuadro podemos ver las tasas que aplican.
Si analizamos el trabajo realizado por los economistas Montero y Tarziján, podemos observar que los más afectados con esto son los grupos más desprotegidos, que no tienen acceso al crédito en los bancos tradicionales. Por ejemplo, podemos ver que en el grupo D, el 82 por ciento tiene tarjetas sólo de casas comerciales; es decir, se está castigando con las tasas de interés más altas a los más pobres y a la clase media, quienes tienen menor capacidad negociadora y menor acceso al crédito.
¿Qué es la tasa máxima convencional que existe en Chile? Es el límite de interés, que recibe el nombre de interés máximo convencional, y sirve para indicar que el interés no puede exceder del 50 por ciento del interés corriente que rige al momento de la convención, ya sea que se pacte una tasa fija o variable. Pero esto adolece de un problema de definición, porque el interés corriente es el promedio de las colocaciones; es decir, son las propias instituciones financieras las que ponen el límite, porque, si suben las tasas de interés, sube también el interés corriente y, por lo tanto, el máximo convencional, que no puede exceder el 50 por ciento sobre esa tasa. Esta ley data de 1929, y su última modificación se realizó en 1981. Por eso, es necesario revisar en forma urgente la ley N° 18.010.
¿Cuál es nuestra propuesta? Recalcular la tasa máxima convencional, a partir de la fórmula que desarrollaron Markowitz y Sharpe y que les significó ganar el Premio Nobel de Economía , en 1990. La fórmula expresa que la tasa de retorno exigida sobre los activos es función de la tasa libre de riesgo, el premio por riesgo del mercado y el riesgo. Nuestros cálculos indican que el riesgo de la gente no supera más de tres veces al del promedio de mercado. En resumen, la ecuación de Markowitz y Sharpe dice que la tasa máxima convencional no debiera ser superior al 26 por ciento.
¿Qué queremos señalar al ministro ? Algunos dicen que si tenemos una tasa máxima convencional baja, no se les podrá dar crédito a las personas riesgosas. Pero si les damos crédito caro a esas personas, lo que estamos haciendo es convertirlas en más riesgosas. Entonces, hay que darles créditos más baratos.
Los indicadores de riesgo del sistema financiero no justifican una tasa máxima convencional de los niveles que tenemos hoy, que está cerca del 50 por ciento, pero que, a veces, supera el 70 por ciento. No hay nada que justifique esto; es aquí donde radican las altas utilidades de los bancos: líneas de crédito y tarjetas de crédito. Nos parece que esto es un abuso y un escándalo que debemos detener ahora, en forma urgente.
También hay otros problemas que debemos abordar, como, por ejemplo, la falta de competencia. Es fundamental, sobre todo, en el mercado de personas, que está altamente concentrado, generar más mecanismos de competencia. En la actualidad, aunque una persona tenga la posibilidad de cotizar y lograr una mejor alternativa, no tiene posibilidad alguna de hacerlo porque sufre un verdadero secuestro financiero por parte de los bancos: no puede cerrar su cuenta corriente ni su tarjeta de crédito ni puede anular un PAC. Es decir, está en una situación de inmovilidad que favorece a los grandes bancos, razón por la cual éstos prestan el dinero más caro a las personas.
Por eso, tenemos que analizar qué está sucediendo y por qué existen barreras para la competencia real en el mercado de las personas, materia que hemos trabajado con mucha fuerza con el diputado Vallespín en la Comisión de Economía, coordinados con el diputado Lorenzini , de la Comisión de Hacienda, y con el diputado Rincón y otros colegas.
Sin duda, es importante mejorar el acceso a la información, pero no sólo a la cantidad de información, sino también a la calidad de ella. Un paso importante es el crédito universal, pero, como ya dije, es absolutamente insuficiente.
Debemos abordar el tema de la tasa máxima convencional y discutirla seriamente, para que no sólo se preste plata, sino que se haga en condiciones justas; también debemos abordar otras alternativas de financiamiento.
Por ejemplo, en Singapur, los cotizantes pueden prestarse hasta el 5 por ciento de sus fondos de jubilación, en una primera etapa, y después hasta el 10 por ciento. En lugar de recibir el 6 por ciento cuando las AFP prestan ese dinero a los bancos, que después es prestado a los clientes, con un interés de 45 por ciento, sería positivo que ese interés vaya a mejorar su fondo de jubilación. Entonces, hagamos lo que está haciendo Singapur, donde se puedan autoprestar los fondos de jubilación, para que, en lugar de que esos intereses se los lleve la banca o las casas comerciales, beneficien a los propios cotizantes, para tener una jubilación más digna.
Seamos creativos y aliviemos la carga a la clase media y a los sectores más pobres.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Ha terminado el tiempo previo.
Recabo nuevamente el asentimiento de la Sala para que ingrese a ella don Fernando Coulon, asesor informático del Presidente del Banco Central.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el Presidente del Banco Central, don José De Gregorio.
El señor DE GREGORIO [ presidente del Banco Central ] (de pie).- Señor Presidente , agradezco la invitación a participar en este debate sobre las tasas de créditos de consumo.
La discusión sobre el nivel de tasas de interés de créditos de consumo ha cobrado especial importancia en las últimas semanas. En junio del año pasado, en el marco de una discusión más general sobre el endeudamiento de los hogares, planteamos este tema en el informe de estabilidad financiera que prepara el banco.
El 8 de abril recién pasado, expuse este tema en el Simposio de la Banca, organizado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, donde fui invitado a presentar mi visión sobre los desafíos de la banca. Abordé temas relacionados con el desarrollo y regulación financiera, pero también me referí al alto nivel de las tasas de interés de los créditos de consumo, lo que, a mi juicio, requiere una explicación rigurosa.
Para entender la sensibilidad de la opinión pública frente a este tipo de antecedentes, se pueden revisar dos simples datos.
Primero, a diciembre de 2010, había 2,8 millones de personas con créditos de consumo en cuotas; segundo, según la Encuesta Financiera Hogares del 2007, que levanta el Banco Central, el 48 por ciento de los hogares en Chile tiene algún tipo de deuda de consumo.
La importancia del tema también indica la necesidad de avanzar en una discusión que permita profundizar el análisis de esta dimensión del funcionamiento del sistema financiero.
A abril, la tasa de interés anual promedio en operaciones de consumo, medida por la tasa de interés corriente para montos inferiores a 200 unidades de fomento, fue de 32,9 por ciento.
La pregunta que cabe es: ¿Cuál o cuáles son los factores que determinan que el nivel de tasa de interés cobrada en Chile para los créditos de consumo sea tan superior al que se cobra en otro tipo de operaciones? La principal inquietud es que en relación con lo observado en otras economías, el spread -es decir, la diferencia entre lo que cuesta a los bancos de la plaza endeudarse y la tasa a la que prestan- es relativamente alto en el segmento de créditos de consumo, y eso fue lo que reportamos en nuestro informe de estabilidad financiera del año pasado y es lo que podemos ver en el gráfico que está a disposición de los señores diputados.
No sucede lo mismo en el segmento de créditos comerciales, cuyos spreads son menores, incluso a los de varias economías desarrolladas. El promedio de los créditos comerciales es en torno al 8 por ciento anual.
Una explicación muy citada para este hecho suele ser la insuficiencia de competencia entre los oferentes bancarios de estos créditos. Sin embargo, estudios recientes no encuentran evidencia significativa de falta de competencia en este sector, donde, además, como se señalaba en las intervenciones precedentes, hay una diversidad de oferentes no bancarios.
También es difícil compatibilizar problemas de competencia en este segmento con los bajos spread, que, como ya mencioné, se aprecian en los segmentos de créditos comerciales e hipotecarios. No obstante, no se puede descartar la existencia de fricciones o distorsiones en el mercado financiero en el ámbito de los créditos de consumo, que limiten un adecuado proceso de fijación de estas tasas.
A pesar de que las instituciones puedan competir intensamente por conseguir clientes en algunos segmentos de la población, el mercado pudiera no estar funcionando adecuadamente. Ello podría responder a problemas de información, de movilidad de clientes, de regulación.
Tampoco podemos ignorar que, en Chile, el aumento en el nivel de bancarización observado en nuestro país durante la última década podría verse traducido en algún incremento en las tasas de interés promedio, especialmente si se considera que aquellos clientes que actualmente están fuera de la banca pagan, en promedio, tasas de interés mayores a las bancarias, tal como reportaba el diputado Chahín.
De hecho, el proceso de bancarización consiste, precisamente, en el acceso al sistema bancario de clientes con menor historial crediticio y que pertenecen a categorías con mayor riesgo de pago.
En el análisis de los posibles problemas de competencia en el otorgamiento de créditos de consumo, también es necesario considerar la volatilidad que el ciclo económico impone en los resultados de este segmento. Si bien el negocio de créditos de consumo es comparativamente más rentable en las fases ascendentes del ciclo, en las fases descendentes tienden a observarse fuertes reducciones de los ingresos y aumentos de los costos.
Durante 2008 y 2009, los resultados de la banca especializada en el nicho de los créditos de consumo se redujeron a cero e, incluso, alcanzaron cifras negativas por algunos trimestres, como se puede ver en la tabla que se muestra. Por el contrario, los bancos con portafolios más diversificados, sortearon la crisis con menores efectos sobre sus resultados. La banca con mayor exposición a segmentos más sensibles al ciclo también muestra una recuperación más lenta de su actividad, lo que se puede apreciar en el gráfico proyectado. Vemos que la banca tradicional está aumentando los créditos de consumo, pero también la banca de retail y las divisiones de consumo.
No hay que olvidar que el bancario es un sector regulado y sujeto a estándares bastante estrictos en lo que se refiere a gestión de carteras de crédito. Ello también puede tener algún efecto sobre los spread que cobran los bancos, porque deben estar preparados para constituir provisiones y efectuar castigos contra resultados cuando las condiciones cíclicas así lo exijan.
Para el Banco Central -esto también ha sido parte de la discusión-, el nivel de tasas de interés es de especial importancia, en parte porque es un elemento relevante del mecanismo de transmisión de la política monetaria. El banco influye en las condiciones de demanda de la economía, afectando las condiciones de financiamiento de corto plazo y, a través de ésta, a toda la estructura de tasas de interés. Entonces, es importante dimensionar cómo nuestras decisiones de política monetaria afectan las condiciones de crédito de la economía en general.
Las estimaciones muestran -tal como lo dije hace poco más de un año en esta Cámara- que el grado de traspaso de cambio en la tasa de política monetaria es relativamente alto. Cuando la política monetaria se hace más restrictiva, las tasas suben, y cuando se hace más expansiva, las tasas bajan. También estos resultados se comparan favorablemente con el de muchas otras economías.
Sin embargo, es importante notar que, dada la magnitud del diferencial entre el nivel de la tasa de política monetaria y la tasa que cobran los bancos por los créditos de consumo, resulta evidente que hay factores que van mucho más allá de nuestra tasa.
En segundo lugar, el Banco Central, aparte de su objetivo de control inflacionario, tiene un mandato constitucional de velar por el normal funcionamiento del sistema de pagos interno y externo, y entendemos que este mandato de estabilidad financiera se extiende más allá de evitar y mitigar los riesgos de crisis financieras e incluye una preocupación por el adecuado funcionamiento del sistema financiero. Parte de este adecuado funcionamiento es el acceso a diversos productos financieros por parte de hogares y empresas, y por eso al Banco Central le preocupa el financiamiento de los créditos de consumo.
Similar a lo sucedido en varias economías, en Chile el endeudamiento de los hogares ha crecido en forma importante. En el período 2000-2010, promedió un incremento real de 12 por ciento, lo que es reflejo de un marcado proceso de bancarización y del desarrollo de proveedores de crédito no bancario, como las casas comerciales.
Coherente con ello, no existe evidencia de que haya restricciones significativas en el acceso al nivel de crédito en los hogares si, como he señalado, hay tasas relativamente altas.
Como fruto de este proceso de bancarización, el nivel de deudas de los hogares chilenos está por encima de algunas otras economías emergentes, como vemos en el gráfico que se muestra. Hay que enfatizar que ello no es una señal de riesgo financiero, pues depende de la capacidad de pago de los deudores.
En todo caso, se estima que este mayor acceso a servicios financieros por parte de los hogares no ha afectado el riesgo crediticio del sistema. Los indicadores de cartera vencida y provisiones de la banca se han mantenido estables. Los aumentos del período 2008-2009 fueron relativamente acotados y de una magnitud muy similar a los observados durante la crisis asiática.
La estabilidad de los indicadores de riesgo de crédito de los hogares también es coherente con la información que nosotros recopilamos en nuestra Encuesta Financiera de Hogares.
En suma, el desarrollo financiero de los servicios orientados a los hogares ha sido favorable. Pese a los altos niveles de las tasas, se ha ampliado el acceso al crédito. Por lo mismo, es necesario contar con un diagnóstico certero sobre los determinantes del nivel de las tasas de interés, de modo que ello no afecte innecesariamente esta dinámica favorable de desarrollo financiero. Este análisis debe ser preciso en explicar cuáles son los factores determinantes en las tasas de crédito de consumo y en qué medida responden a ellos. Esto es importante para diseñar políticas públicas.
Entre estos determinantes destacan, entre otros, el riesgo de cambios en el costo del fondeo, debido al proceso de transformación de plazo de los bancos, el nivel de aversión al riesgo de la banca, los costos fijos y variables de administración, la calidad de los colaterales.
El riesgo de crédito asociado a la heterogeneidad en el comportamiento de pago de los clientes y la dificultad en la identificación del historial crediticio de algunos demandantes de créditos también constituyen un factor de importancia.
Sólo en la medida en que identifiquemos qué posibles distorsiones en el sistema llevan a niveles de tasas por sobre las que resultarían de estos determinantes, se podrán diseñar medidas efectivas para corregir dichas distorsiones. En el intertanto, es posible avanzar con medidas que pueden contribuir a un mejor funcionamiento de este mercado y que, al mismo tiempo, difícilmente pueden perjudicar la profundización financiera o la estabilidad del sistema.
Ejemplos de esta medida son cambios que lleven a más información sobre la deuda de los consumidores con los adecuados resguardos a la privacidad, permitiendo a las instituciones financieras recompensar a los buenos pagadores y, de paso, facilitar la movilidad entre instituciones.
Otro grupo de medidas podría orientarse hacia cambios que permitan reducir los costos o trabas administrativas para que los clientes puedan cambiarse de banco, algo que ya se señaló en las intervenciones que me precedieron. Estos cambios deben ser conducentes a mejorar la educación financiera del público y a aumentar y simplificar la información a la cual tienen acceso los consumidores, facilitando la comparación de oferentes.
En cuanto a la ley y reglamentación sobre créditos universales, contemplado en el artículo 7° de la ley N° 20.448, es un avance en esta última dirección. Establece la obligatoriedad de ofrecer créditos hipotecarios de consumo y con tarjeta de crédito estandarizados y, por tanto, comparables a todas las instituciones que ofrecen dichos productos.
La mayor comprensión del consumidor respecto del producto financiero que le ofrecen se facilita con la obligatoriedad de informar, de un modo claro y visible, la estructura de intereses y comisiones de créditos, los gastos asociados a los seguros con que deben contar mientras se mantengan vigentes las respectivas obligaciones.
En particular -esto es muy importante, y lo tienen muchos países que han avanzado en el desarrollo financiero, sobre todo en materia de consumidores-, destaca la obligatoriedad de entregar al consumidor el costo anual equivalente del crédito. Esta medida resume en una tasa anual la totalidad de costos a cargo del consumidor por otorgamiento del servicio normal de la deuda.
También es relevante hacer notar que existen propuestas que podrían, eventualmente, significar riesgos relevantes para la profundización financiera. Por ello, creo que no es conveniente avanzar en su adopción sin, primero, contar con un adecuado diagnóstico de las causas detrás de las altas tasas. En esta categoría caen iniciativas que busquen introducir mayores controles de precios, como, por ejemplo, la incorporación de reducciones arbitrarias de las tasas máximas convencionales.
Este tipo de acciones podrían llevar a que los clientes de menores ingresos dejen de ser atendidos por la banca y tiendan a quedar cautivos de entidades financieras no reguladas o, peor aun, que funcionen al margen de la ley. Eso los expondría no sólo a tasas de interés aun más altas, sino también a otro tipo de abusos.
Cabe recordar que la legislación actual no establece máximos fijos, sino que los define como máximos móviles en función del promedio de las tasas de interés del mercado, confiriendo a la Superintendencia atribuciones para determinar metodologías de cálculo.
Desde la perspectiva del Banco Central, la protección de los clientes financieros se enmarca dentro de su preocupación más general sobre la estabilidad financiera. Se requiere un esfuerzo continuo por parte de los reguladores y supervisores competentes. Sin embargo, no se puede olvidar que la solvencia de la banca también es un bien social relevante de preservar.
En este sentido es legítimo e importante debatir sobre resguardos al cliente deudor, pero sin dejar de lado los resguardos al cliente depositante.
Muchas gracias.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Para iniciar el debate, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , hoy no puedo dejar de referirme a esta delicada situación detectada en algunas instituciones financieras que está afectando a miles de chilenas y chilenos.
El último estudio del Servicio Nacional del Consumidor sobre créditos de consumo señaló que las personas pueden pagar entre 86 mil pesos y 475 mil pesos por un préstamo de 500 mil pesos, solicitado a 36 meses. Es decir, según el estudio, el consumidor podría terminar pagando casi el doble de lo que pidió si accede al crédito en las condiciones menos favorables.
Actualmente, existen actores muy heterogéneos en el mercado crediticio, que incluye a bancos, financieras y cooperativas, más la incorporación de las casas comerciales y las cajas de compensación, en especial en los créditos de consumo. Si bien esto genera competencia, también complejiza la búsqueda de la mejor opción de crédito debido a la deficiente y poco clara información con que cuentan actualmente los consumidores.
A lo anterior se suma el hecho de que los costos de cambio, una vez que se entra en un contrato de crédito, también son altos, lo que reduce la movilidad de los consumidores y la competencia en el sistema.
Por lo mismo, es clave contar con una adecuada regulación que garantice que el precio final a pagar por un crédito se dé a conocer en forma clara y transparente antes de su contratación.
No podemos permitir que miles de chilenos se vean perjudicados, sobre todo nuestra clase media, que es la más necesitada de crédito, pero, lamentablemente, poco informada al respecto.
Esta situación también afecta a la pequeña y mediana empresa, aumentando su endeudamiento y paralizando el emprendimiento, tan necesario para el desarrollo económico del país.
Las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central, pertenecientes al distrito que represento, reflejan a la clase media. En ellas vive un importante número de comerciantes y microempresarios que, día a día, se esfuerzan por salir adelante, pero que no pueden acceder a buenos créditos porque ese mercado se ha tornado demasiado complicado, lleno de incomprensibles fórmulas para determinar el valor final de la deuda.
La generalidad del público no tiene los conocimientos técnicos para comprender fácilmente el costo final de los productos ni, a veces, el tiempo para revisar y saber a ciencia cierta a lo que realmente se obliga. Son ellos, por sobre todo, los que se merecen una respuesta y una información más clara.
En esa perspectiva, también es destacable la entrada en vigencia del Reglamento sobre Créditos Universales, publicado recientemente en el Diario Oficial, por cuanto representa un avance en la protección de los derechos de los consumidores de productos financieros.
En una economía de mercado se precisan, para que funcione adecuadamente, entre otras, variables de información, lo que es vital para que el consumidor pueda tomar mejores decisiones y, en definitiva, aprovechar las virtudes del modelo.
La creación del concepto de “créditos universales” y del indicador “carga anual equivalente” permitirá, a través de la estandarización del producto y de sus costos asociados, como seguros, comisiones y costos legales, mejorar las posibilidades de créditos a los consumidores por la vía de facilitar la comparación del costo real de un crédito entre distintos oferentes.
En todo caso, todo ello no puede dejarnos conformes. Por eso, se hace imperioso determinar otras medidas en pos de generar un mercado competitivo, eliminando las barreras de salida aún existentes, para el beneficio real de los consumidores.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , la bancada de la Democracia Cristiana, como también las del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, Partido Radical Social Demócrata y, según hemos escuchado a sus tres parlamentarios, del Partido Comunista han planteado con intensidad la necesidad de perfeccionar nuestra legislación, a fin de que haya mayor respeto por los derechos de los consumidores. Son demasiados los abusos y cláusulas leoninas que las empresas imponen, en una relación asimétrica con los ciudadanos y consumidores.
Acabamos de conocer un informe del Sernac que revela que los costos de un crédito de consumo, en especial los de 500 mil pesos o de 1 millón de pesos, llegan hasta un 453 por ciento de interés, pagaderos en 36 meses, según sean los costos adicionales que cobran las instituciones intermediarias como bancos, compañías de seguros o cajas de compensación.
Hace algunos días, el ministro de Hacienda dio a conocer oficialmente el Reglamento de Créditos Universales y, además, con mucha honestidad, planteó que venía de la presidencia de Michelle Bachelet y del entonces ministro de Hacienda Andrés Velasco , lo que considero importante para mantener una relación cívica en nuestro país.
Ello constituye un avance, porque esta iniciativa estandariza la información mínima en contratos y estados de cuenta, y los seguros y tipos de comisiones que se pueden cobrar en estos créditos, y estandariza los productos a ofrecer.
Pero el Gobierno debe invertir en difundir esta normativa en las asociaciones de consumidores y en la comunidad en general, para convertir a los 10 millones de chilenas y chilenos de consumidores de créditos en demandantes activos y exigentes para que se cumpla esta nueva norma legal.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero expresar al ministro de Hacienda que estamos disponibles para analizar, en el momento en que usted lo estime conveniente, si es necesario autorizar un gasto especial para que esa difusión se haga en forma masiva. Hay muchos chilenos que no tienen acceso a la información y al conocimiento de la ley que se tramitó en el propio Congreso Nacional. Así podremos terminar con los actuales abusos.
Nos preocupa que a contar del próximo año -es decir, de 2012- se deben comenzar a pagar los créditos de casi 300 mil estudiantes universitarios y de Centros de Formación Técnica que han accedido al crédito con aval del Estado.
Un informe de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica señala que los deudores universitarios pagarán casi el doble de la carrera cuando terminen de pagar su crédito en veinte años. Al respecto, por ser parlamentario desde el 11 de marzo de 1990, quiero recordar que el espíritu de los legisladores fue abrir oportunidades para que los hijos de la clase media accedieran a una carrera universitaria en condiciones razonables y no que terminaran cancelando el doble al final de los veinte años de pago del crédito.
El crédito con aval del Estado debía buscar condiciones ventajosas y bajos costos e intereses, pero pareciera que eso no fue parte de las decisiones de la banca. Ésta es una bomba de tiempo social que debemos desactivar.
Por eso, en esta sesión planteamos al Gobierno que estamos disponibles para que ingrese un proyecto de ley que permita perfeccionar y mejorar el crédito con aval del Estado.
Un millón trescientos mil deudores hipotecarios, al tener una segunda hipoteca y garantía general sobre todos los créditos atados a la banca, se encuentran en un cautiverio financiero. ¿Qué nos puede plantear el señor ministro de Hacienda al respecto?
Estamos disponibles, como siempre lo hemos hecho en el servicio público, para hacer el bien común y para perfeccionar la normativa deficiente.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en primer lugar, aprovecho la oportunidad para saludar al señor ministro de Hacienda y al señor presidente del Banco Central .
Desde la interrupción del orden constitucional tras el golpe de Estado de 1973, Chile ha transitado hacia el establecimiento de una economía de libre mercado, cuyos pilares esenciales son la libertad de emprendimiento económico, la protección del derecho de propiedad en todas sus formas y la libertad contractual.
El liberalismo económico que inspira nuestro modelo de desarrollo, que es consagrado y asegurado a través del denominado orden público económico en nuestra Carta Fundamental, no es posible que subsista en la medida en que el Estado no se reserve para sí un rol regulador.
Existe un insumo normativo -por denominarlo de alguna manera-, que sólo puede ser provisto por el Estado, que permite que el liberalismo no degenere en libertinaje económico, en un laissez faire que trae aparejado caos y abusos de los más poderosos y que finalmente deriva en que el modelo se hace insostenible en el tiempo. La crisis financiera de los años 80 fue, precisamente, ejemplo de esto último.
Hoy, existe la legítima preocupación de los usuarios del sistema financiero por las condiciones generales de contratación con la banca. No es sólo un problema de precio del dinero, sino también un inconveniente sobre las condiciones en que se accede a él y sobre la capacidad de los sujetos para adoptar decisiones económicas racionales.
El primer problema se visualiza cuando pensamos en cómo se encuentran los usuarios con la banca y en qué momento contratan. ¿Existe un equilibrio en esa contratación? Por ejemplo, cuando se trata de créditos, en Chile existe la práctica de que se contrata con quien esté dispuesto a otorgar el crédito; no con quien ofrezca el mejor crédito en cuanto a tasas de interés o condiciones de pago.
Las personas tampoco tienen la información disponible para adoptar decisiones, toda vez que no conocen la información que reciben sobre el costo real de las operaciones, considerando intereses, reajustes, comisiones, seguros de desgravamen o de cesantía. A lo más, saben un estimativo del precio de la cuota, pero no existe un modelo que permita comparar las ofertas existentes en el mercado en un tiempo determinado.
Por otra parte, para los clientes de la banca tampoco existe claridad respecto de las tasas y condiciones, pues éstas no son establecidas con criterios objetivos y no son de aplicación general.
En Estados Unidos, que nadie podría catalogar como un país socialista, las tasas y condiciones se fijan en pizarra, pues se prohíbe la discriminación arbitraria. En Chile, según la historia comercial, el origen social o el arbitrio del amiguismo, los ejecutivos de plataformas comerciales en los bancos otorgan una u otra tasa de interés a sus clientes.
Con respecto a esta situación, nos parece indispensable que el Estado regule, a través de la elaboración de información diaria en una página web, y se señale cuáles son las tasas y comisiones comprometidas por las distintas instituciones financieras, con vigencia obligatoria semanal, quincenal o mensual, de manera que los usuarios puedan demandar dichos servicios financieros acorde a una información transparente y comprometida, generando así una verdadera competencia, lo que permitirá bajar los costos de los créditos.
Otro aspecto no menor es la forma en que la gente se transforma en clientes cautivos, pues en el caso de las operaciones de mayor significación económica, como es el ejemplo del crédito hipotecario, tan esencial para las familias chilenas, la hipoteca conferida no tiene un sistema que permita su movilidad de un banco a otro, de manera que, frente a una mejor tasa de otro banco, hay que incurrir en trámites largos y onerosos para levantar una hipoteca y subscribir otra nueva.
Otro hecho que llama la atención, y que es menester sacar a la luz, es que Chile tenga un banco estatal, pero que no pueda recurrir a él para enfrentar este tipo de problemas del mercado bancario. Con el correr de los años, el Banco del Estado pasó de ser un banco de fomento comercial, industrial y agrícola a uno comercial más. Renunció a su posición de ser un regulador de los precios del mercado del crédito. Hoy, este banco debiera entrar fuertemente en el mercado del crédito de consumo, para permitir tasas más competitivas.
Se nos ha dicho, por dos décadas, que lo importante es que gane dinero para que éste pueda ser reinvertido por la vía del crédito a las pymes. Yo digo que eso es falso, precisamente, porque es el único banco que presta dinero a pequeños emprendedores después de un año de funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, si uno tiene una pyme con siete u ocho meses de funcionamiento, el Banco del Estado no le presta dinero hasta que cumpla, como mínimo, un año de funcionamiento. Naturalmente, eso es no fomentar las pymes.
Por último, no puedo dejar de mencionar un aspecto que ya he hecho presente a las autoridades del sector económico y al propio ministro de Educación , economista de gran prestigio.
En Chile no existe educación financiera. Nuestros jóvenes de enseñanza media, incluso universitarios, no saben qué es una tarjeta de crédito, un cheque, una línea de crédito, un leaseback o un leasing.
En consecuencia, cuando ya desarrollan actividades económicas remuneradas, no están en condiciones de sentarse a negociar en equilibrio frente a un ejecutivo de cuentas de un banco.
Requerimos que los alumnos de tercero y cuarto medios tengan educación financiera y que no sólo se les enseñen fundamentos de la economía política, sino también economía a nivel micro, para que conozcan cuáles serán los desafíos que deberán enfrentar en su vida cotidiana.
En estos días, la Asociación de Bancos ha elegido un nuevo presidente. Se han dado cuenta de que, con el correr de los años, su industria muestra niveles de deterioro enormes en cuanto a su prestigio. La gente sencilla y de clase media está enojada con la banca. Y no es para menos, pues cada día ven cómo son objeto de verdaderas trampas: cobros abusivos, contrataciones forzosas de productos financieros que no necesitan ni desean, tasas de inte-reses elevadas, cargos de seguros, obligaciones de pago de comisiones por sobregiros no pactados, etcétera. El sobregiro no pactado es una vergüenza, porque el contratante no está en equilibrio con el banco.
Si se busca la explicación de las utilidades de la banca, sin duda la encontrarán en este estado de cosas, en un mercado que sigue siendo desregulado y que está plagado de abusos, de abusadores y de víctimas.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central, quien hizo una exposición que ha sido muy importante para el debate.
Esta discusión se ha generado, en gran medida, gracias al aporte del presidente del Banco Central y de nuestro Gobierno.
El rol que ha cumplido el Sernac ha sido muy relevante, porque le ha dado a la ciudadanía la capacidad, de manera científica, de poner importantes temas sobre la mesa.
La forma que tiene la familia chilena de acceder a una mejor calidad de vida y de educar a sus hijos, en gran medida, tiene relación con lo que hoy estamos analizando. Por eso, esta materia es tan importante para la gente de clase media.
No sé si el problema de fondo es cuánto gana la banca. Para mí, el tema substancial es si tales utilidades la ganan de manera justa y si a las personas les están cobrando lo que corresponde. Ahí está el desafío del regulador: hacer un cambio de fondo, porque hemos encontrado muchos abusos.
Hemos tenido un debate muy largo. La Comisión de Hacienda -por ello entrego mi agradecimiento a todos sus miembros, de los distintos sectores políticos- ha tenido la voluntad de discutir estos temas con gran altura de miras, anteponiendo siempre el interés de la ciudadanía.
Hemos avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero tenemos el gran desafío de avanzar en cuanto a los derechos de los ciudadanos, de los consumidores. Ésa es una de las razones por las cuales se nos convoca a esta sesión, sobre todo porque -hay que decirlo con todas sus letras- hemos detectado grandes abusos en contra de las personas por parte de las instituciones financieras. Esto ha ocurrido pese a la intervención del Sernac.
Quiero ser muy enfático: siempre se pensó que este Gobierno no iba a intervenir o iba a trabajar para un determinado sector de la economía o de la ciudadanía. Pero la verdad es que parte de la nueva forma de gobernar consiste justamente en trabajar para quienes más lo necesitan. Eso hemos visto por parte del Poder Ejecutivo .
En la Comisión de Hacienda acabamos de aprobar un proyecto de ley que tiene que ver con lo que estamos conversando, en el que se exigirá a los bancos licitar al menor precio los seguros obligatorios de los créditos hipotecarios, lo cual irá en ayuda de la gente de clase media. Dentro de los cálculos que se hacían, una familia que pide 2 mil UF -es decir, más de 40 millones de pesos-, porque aspira a tener su casa propia, por ejemplo, en el sector El Belloto de nuestra región, va a tener un ahorro de entre 900 mil y 1 millón 900 mil pesos. Por lo tanto, ese proyecto va a la vena de lo que necesita hoy nuestra gente de clase media.
¿Qué nos queda por hacer? Siento que tenemos una tremenda oportunidad para enfrentar estos abusos, y no unilateralmente por un sector u otro, sino de manera conjunta. Ahora viene el desafío de considerar muchas de las propuestas que han planteado mis colegas. De hecho, escuché una muy importante.
El presidente del Banco Central planteó que existen muchos actores y, por lo tanto, hay competencia. Es verdad que hay muchos bancos y existe competencia, pero muchas veces las personas no pueden acceder a los beneficios de esa competencia. Y no lo pueden hacer, porque, cuando el banco de al lado ofrece una mejor tasa, no podemos acceder a ella porque no podemos movernos rápidamente desde nuestro banco al otro.
Han surgido varias ideas, como tener un formulario único que nos permita cerrar nuestros productos dentro de una institución y, al mismo tiempo, en el caso de los créditos hipotecarios, que son los que más amarran, porque son a largo plazo, explorar la posibilidad de que haya una administración de garantías. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre actualmente, si quiero movilizar mi garantía o un crédito de un banco a otro, prácticamente necesito invertir 900 mil pesos para moverme de un banco a otro. Obviamente, ésa es una barrera para que se produzca el cambio y aprovechar la competencia. Por lo tanto, tenemos mucho camino por avanzar.
El presidente del Banco Central planteó la necesidad de contar con más información y tener un consolidado respecto de la deuda de las personas. Pero no solamente tener un consolidado para saber si las personas eran buenas o malas pagadoras, para incorporarlas o no al sistema crediticio formal, sino también para obligar a la banca a que asuma eso como un menor riesgo y, por lo tanto, lo entienda como una disminución en las tasas que hoy cobra. Es importante que pongamos mucho énfasis en ese tema.
También se planteó la necesidad de acceder a información fácil de entender, porque cuando se hace un análisis respecto de qué institución está entregando las mejores condiciones, no solamente se debe considerar la tasa, sino también las cuotas, el número de ellas y las comisiones que se cobran. Lamentablemente, la ciudadanía no tiene información a la vista y, por lo tanto, no accede a los mejores beneficios. El Gobierno ha ido avanzando de manera muy importante en ese aspecto.
Lo que debiéramos lograr es que todo esté incorporado en la tasa, porque si eso se alcanza la competencia será enorme y todos los ciudadanos podrán entender la información fácilmente.
Al mismo tiempo, en el futuro, los bancos podrían, como ciertas cooperativas o cajas de préstamos, hacer descuentos por planilla. Si eso se pudiera hacer, también se reduce el riesgo y, por lo tanto, deberían cobrarse menores tasas de interés.
En síntesis, este debate ha permitido poner sobre la mesa una serie de propuestas que pueden ser muy positivas para que los ciudadanos puedan tener menores costos y mejores productos.
En conjunto con los diputados Lorenzini , Jaramillo , Ortiz , Montes, Macaya , Silva y otros hemos ido conociendo a los actores de esta industria y nos hemos ido dando cuenta de que debemos intentar perfeccionar los reguladores.
Siento que es compleja la independencia del superintendente de Bancos. El peso que se pone sobre una persona es muy grande, por lo que podríamos pensar, por ejemplo, al igual que el Banco Central, que cuenta con un cuerpo colegiado que responde a distintas visiones, en poder compartir los esfuerzos y riesgos que significa la toma de decisiones.
Por lo tanto, tenemos que seguir en el camino de que estos reguladores tengan mayor información, más gente que trabaje en ellos, que puedan tomar decisiones más objetivas y, al mismo tiempo, también, agregar recursos.
Conversamos con el fiscal nacional económico, quien nos planteó que, ante la colusión de las farmacias, los gastos en que había tenido que incurrir fueron enormes, por lo que se necesitan más recursos. Además, nos manifestó que para ellos era muy difícil introducirse en temas específicos de la banca. ¿Cómo vamos a contar con la asesoría de una persona con experiencia en la banca si se la contrata en una oportunidad y con baja remuneración? Es muy difícil, porque si una persona elabora un informe negativo respecto de un determinado banco, es difícil que vuelva incorporarse a ese sector y trabajar tranquilamente.
Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor respecto de las instituciones que están regulando esta industria, porque ésta tiene un poder económico muy importante.
Pero no sólo quiero aludir -por decirlo de alguna manera- al lado A de la moneda, sino también al B y reconocer el importante aporte que ha hecho la banca al país. Después de lo ocurrido en los Estados Unidos, la banca en el mundo tuvo problemas muy serios, pero la banca en Chile no los tuvo. Ésa es la solvencia de la cual tanto se habla, y sobre la cual también habló muy bien el presidente del Banco Central , por la importancia que tiene.
Por lo tanto, debemos tratar de lograr, no solamente en esta discusión, sino que en todo lo que hagamos hacia el futuro, un equilibrio entre la solvencia y la entrega de buenos productos a bajos precios para nuestros ciudadanos. Eso representa para mí tener un trato justo con la ciudadanía, el cual tenemos que ir construyendo. En ese camino, creo que todos estaremos dispuestos a avanzar.
Advierto en todos mis colegas la intención de avanzar y de analizar los temas de manera muy profunda. Aquí se ha hablado sobre las máximas convencionales, pero en la universidad siempre me dijeron que fijar precios era malo y, además, cuando dichos precios se establecen por ocurrencias particulares, el tema es aun más complejo.
Por consiguiente, no debemos perder el norte del debate. Lo que queremos es que la gran mayoría de los chilenos pueda acceder a la banca, puesto que al pedir recursos a prestamistas, por el lado, se pagan tasas mucho mayores, se corren más riesgos y se tiene problemas mucho más grandes que los que tienen hoy quienes acceden al mercado formal.
Por lo tanto, hace falta desarrollar un debate muy profundo acerca de la tasa máxima convencional y no solamente dejarnos llevar por algunas ideas en particular.
Para finalizar, quiero simplemente plantear la voluntad de la bancada de Renovación Nacional de seguir trabajando para lograr un trato justo entre las instituciones financieras y los ciudadanos, de manera de eliminar los abusos que todos hemos visto en las ventas atadas, en los créditos hipotecarios y en otras materias sobre las cuales nos quedan algunas dudas. Por ejemplo, gente de la banca nos expresó que en las tasas de interés estaban involucrados los costos operacionales y que cuando cobran la comisión de mantención en la cuenta corriente también cobran permanentemente costos asociados con la operación.
Sin duda, nos queda mucho por avanzar.
Agradezco al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central su asistencia a esta sesión y su participación en un debate que nos parece muy importante para la gente de clase media y de esfuerzo del país.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , en primer lugar, me alegro de no haber estudiado economía, sino medicina veterinaria, como el diputado Bertolino , por las complicaciones que presenta el tema que estamos debatiendo, que tiene relación son distintos factores y con las diferentes sensibilidades políticas. Pero hay una especialidad que sí manejamos la mayoría de los parlamentarios: estar permanentemente en terreno y visualizar las complicaciones que existen en relación con los créditos de consumo.
Sé que para el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central puede ser una tremenda lata asistir a estas sesiones y escuchar a los diputados -me lo imagino, por los codazos que se dan-, pero, lamentablemente, tienen la obligación de escucharnos.
Permítanme decir algo que es de todos los días, relacionado con la renegociación y los créditos hipotecarios, sobre todo, de los deudores habitacionales. Tanto el anterior gobierno como éste propusieron renegociar a través de la condonación del 50 ó 60 por ciento del crédito habitacional. Pero a esa renegociación sólo podían acceder los deudores habitacionales que estuvieran al día en sus pagos y por ello, lamentablemente, miles de deudores tuvieron que solicitar créditos de consumo. No sé si muchos de los diputados y el ministro de Hacienda saben -reitero- que para acceder a la renegociación planteada por el gobierno los deudores habitacionales tienen que estar al día, y para ello el Banco del Estado está ofreciendo créditos de consumo a diez y a quince años. Existe la obligatoriedad para que los deudores hipotecarios tomen ese crédito; de lo contrario, no pueden obtener el 50 ó 60 por ciento de condonación de sus créditos hipotecarios.
Entonces, en primer lugar, pido al gobierno que revise esa política respecto del Banco del Estado, en cuanto a si es posible efectuar la renegociación, pero no mediante un crédito de consumo, cuyo costo es elevadísimo para los deudores habitacionales. Además, existe una doble lectura. Es cierto que hasta diciembre no va a haber remates por créditos hipotecarios; pero existe la posibilidad de que haya remates por los créditos de consumo que no están siendo pagados por esos deudores.
En segundo lugar, le quiero pedir al ministro de Hacienda -no sé si se acordará el ministro , pero él me pedía muchas cosas cuando quien habla era presidenta de esta Cámara, como colocar algunos proyectos en primer lugar o buscar soluciones para diferentes cuestiones- que estudie lo que ocurre con el subsidio habitacional. Al final, ¿quién lo recibe? ¿La banca? ¿Las constructoras? ¿Quién? Al final, uno se da cuenta de que se paga hasta siete u ocho veces el valor de las viviendas y, lamentablemente, no se aprecia el impacto del subsidio habitacional cuando corresponde hacer efectivo el pago del crédito hipotecario.
Pido que, si es posible, se efectúen esos dos estudios, pero lo que más me interesa es que el crédito hipotecario no sea renegociado previa adquisición de un crédito de consumo del Banco del Estado.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , esta sesión surge de un encuentro realizado el 8 de abril, en que el presidente del Banco Central señaló, al final de su comentario, lo siguiente: “en más de alguna vez, exponiendo sobre la solidez del sistema financiero, me han preguntado por qué, si todo se ve funcionando bien, las tasas de créditos de consumo son tan altas. ¿Y saben qué les digo? Que no tengo explicaciones convincentes...”.
Se trató de una reunión a que lo invitó la Asociación de Bancos, en Zapallar. Creo que no lo van a invitar más, porque eso generó un tema importante que siempre está en el debate: la calidad de los productos que entrega la banca. Respecto de la banca en Chile, por supuesto, no todo está mal, como se quiere pintar. Tenemos un sistema bancario sólido que aprendió de los errores de la crisis de 1982, que da garantías de estabilidad y que funciona bien, pero que no da el paso siguiente, que no pasa a ser 2.0, lo que implica responder no solamente al sistema, sino también a los consumidores. Y hoy esto es más necesario que nunca, toda vez que los créditos, especialmente los de consumo, ya no son un privilegio de unos pocos. De hecho, 53 por ciento de las personas del primer quintil tiene algún tipo de deuda de consumo.
Hay que analizar los temas en detalle, para ver qué no está funcionando. Me da un poco de temor escuchar que hay que encargar estudios y hacer diagnósticos. Los diagnósticos están casi todos hechos, o al menos varios. El último fue un estudio encargado por la Fiscalía Nacional Económica a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que se titula “Competencia en servicios bancarios a personas”. Si uno lo lee, cree que está ante un estudio de la Asociación de Bancos, porque muestra una realidad, con algunas críticas, y señala que es un mercado perfectamente competitivo, que tiene algunos aspectos que hay que mejorar. Dice, por ejemplo, que hay que establecer un protocolo para el cierre de cuenta corriente; que hay que crear un sistema de administración de garantías y que hay que establecer una comparación estandarizada del costo del crédito, etcétera. Pero son situaciones o correcciones que no van al fondo del sistema, sino que mejoran ciertos aspectos de información que, por supuesto, son necesarios, pero que no lograrán entregar tasas más competitivas a los chilenos.
Entre los mecanismos que es necesario estudiar se encuentra, primero, el relacionado con las altas tasas, que dice mucho con la poca información que tienen los chilenos al momento de compararlas. En otras economías existe lo que se llama TAE, la tasa anual equivalente, un concepto que aglutina el costo total o final del crédito. Esa TAE sirve para comparar. Entiendo que España tiene una TAE para créditos de consumos y otra para créditos hipotecarios. Es un mecanismo eficiente. Nosotros presentamos un proyecto de ley para establecerla en Chile. Se aprobó en la Comisión de Economía de esta Cámara, pero nunca logramos que fuera impulsado más allá, porque los gobiernos nunca han querido darle la urgencia que requiere. Pero ahí tenemos un mecanismo claro, que es mucho más eficiente y práctico que el sistema de crédito universal.
También tenemos ciertas prácticas del sistema bancario que son francamente vergonzosas, como, por ejemplo, la entrega de productos no solicitados. Los bancos tienen la práctica de hacernos firmar pagarés en blanco o de tratar de concretar aumentos de líneas de crédito u ofrecer créditos de consumo por teléfono. A uno le dicen que lo están grabando y, por lo tanto, el solo consentimiento grabado sirve para perfeccionar el contrato. Las tarjetas de crédito llegan preaprobadas a las casas. También están las técnicas de endeudamiento irresponsable. Muchas veces, más que con un análisis de riesgo en la entrega del crédito, juegan con un sistema de probabilidades de endeudar a la mayor cantidad de gente posible y así tratar de suplir los problemas que pueden producirse por la insolvencia. Esto genera técnicas sumamente perniciosas, no solamente de los bancos sino que, principalmente -para ser justos-, de los oferentes no bancarios.
También se originan situaciones que forman parte del sistema bancario, que quizás no tienen relación directa con la tasa, pero que sí manifiestan tremendas injusticias. Es el caso de las sociedades de apoyo al giro bancario, verdaderos monopolios, que prestan servicios fundamentales y esenciales y que tienen sistemas de cobros que no se condicen con ninguna medida razonable. Por ejemplo, en las operaciones con tarjetas de crédito, la tasa máxima a cobrar puede ser de 2,95 y cuando se paga con Redbanc o tarjeta de débito, puede ser de 2,50. ¿Cuál es la diferencia o qué justifica que esos cobros sean prácticamente iguales cuando pido un crédito a cuando trabajo con plata propia? No hay respuestas. Por eso, es necesario profundizar en estos temas fundamentales.
Otro ejemplo es lo que se conoce como la tasa TAB, la tasa activa bancaria, que informa la propia Asociación de Bancos, que es un ponderado de los costos de la banca. Por lo tanto, los tres principales bancos de Chile, que tienen más del 60 por ciento del mercado, influyen de manera determinante en la fijación de la tasa TAB. ¿Cómo es posible que nadie haya investigado o verificado la realidad de esa información que se entrega y publica, toda vez que la tasa TAB es de gran importancia para fijar, por ejemplo, los intereses flexibles en los créditos hipotecarios?
Quizás el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda no conocen el ejemplo que voy a mencionar, porque son de otra generación. Me voy a referir a Matrix, una película muy interesante en que las máquinas, enemigas de los seres humanos, intervienen las mentes de los humanos para hacerles creer una realidad social virtual que no existe que, en el fondo, no les permite ver lo que en realidad sucede: que están tratando de absorber la energía de los seres humanos mientras los mantienen entretenidos en esa realidad virtual que no existe.
Actualmente, la banca es una especie de Matrix; todo funciona en el papel. El informe Competencia en Servicios Bancarios a Personas nos habla de un sistema social muy bueno, con algunas perfecciones que se deben hacer; entre tanto, absorben la energía crediticia de todos los chilenos sin que se den prácticamente cuenta, hasta que al final -igual que en Matrix- ocurren problemas gigantescos. Entonces, en el sistema bancario tenemos un verdadero Matrix .
Si queremos entrar de lleno en el tema, tenemos que buscar las causas de fondo, más allá de las aparentes, y en tal sentido, no puede descartarse la posibilidad de que exista colusión, prácticas reñidas con la libre competencia, más aún cuando son tres bancos los que controlan cerca del 60 por ciento del mercado bancario. Esos tres bancos tienen una influencia total, lo que se aprecia en la participación que tienen en Trasnbank, en Redbanc, en los créditos y para ponderar la TAB, la tasa activa bancaria, que sirve para fijar gran parte de los intereses flexibles de los créditos hipotecarios.
Por eso, hay que avanzar más allá de la buena fe. Tenemos que investigar qué hay detrás de esa verdadera Matrix . Estoy seguro de que vamos a encontrar prácticas reñidas con la libre competencia y que, amparándose en un prestigio institucional de la banca, absorben en forma irregular esa energía tan importante, como en la trilogía de la película que he mencionado.
Por lo tanto, más allá de estudios, es necesario mostrar voluntad política de investigar qué pasa detrás de los mesones de los bancos, principalmente de los tres más importantes de Chile.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tienen la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , luego de escuchar a mi colega, no puedo menos que felicitarlo e invitarlo a apoyar el proyecto de ley que prohíbe el anatocismo en Chile. De paso, hago un reconocimiento público a todos los parlamentarios, como el diputado Pablo Lorenzini , que nos están ayudando en ello, o el diputado Joaquín Godoy , que se ha comprometido -le creo- a ayudarnos a impulsar ese proyecto de ley.
En Chile, hasta el año 1974, el anatocismo estuvo prohibido. Andrés Bello era sabio, porque tenía muy claro que las cosas tenían un precio y que el dinero tenía precio, y eso se llama interés. Pero así como el interés es el precio del dinero, no lo es el interés sobre interés, ni menos la capitalización de los intereses a los 30 días de mora. Eso simplemente es un abuso legalizado, y quien crea que solamente el spread es la causa de las grandes ganancias en los bancos o las comisiones, simplemente se equivoca.
Hay que poner todos los elementos sobre la mesa, y qué bueno que el presidente del Banco Central gatillara esta discusión, que por cierto estaba subsumida y, de una u otra forma, hace tiempo se venía dando, porque no es primera vez que tratamos de prohibir nuevamente el anatocismo. Ya lo intentó el senador Tuma y no tuvo ninguna posibilidad de hacerlo en pretéritos gobiernos. Éste no es un problema sólo del actual gobierno, sino que atraviesa a toda nuestra sociedad, tal vez al estilo de la película Matrix , que muy bien graficó el diputado Arenas .
Pero la larga lista de injusticias legalizadas que favorecen a la banca no para en los simples spread. Uno es el anatocismo, por cierto. Fíjense que en los países que lo permiten, ello ocurre después de un año de mora. Hay países que lo prohíben categóricamente en materia civil; sólo lo permiten en materia comercial.
También están los contratos de adhesión leoninos, las cláusulas abusivas, cláusulas de aceleración con diez días de retraso. ¡Diez días de mora permiten cláusulas de aceleración en contratos suscritos permanentemente por los deudores hipotecarios! Y deben estar en los contratos que, incluso, más de alguno de los presentes ha firmado. Hay prohibiciones de enajenar inconstitucionales, que se suscriben en los contratos hipotecarios.
Además, hay procedimientos ejecutivos especiales, únicos y de privilegio para los bancos, que no existen para otros acreedores.
Asimismo, tenemos los seguros por el valor del crédito y no por el valor de la propiedad que garantiza el crédito. O sea, se exige una garantía, que vale para garantizar el crédito. Como el crédito generalmente es menor que la garantía, los seguros se toman por el valor del crédito y no por el valor de la garantía. ¡Más injusticias legalizadas! La lista es larga.
Mandatos comerciales irrevocables, sin obligación de rendir cuentas. ¿Cuánto se pagó en la notaría? ¿Cuánto se pagó en el Conservador? ¿Cuánto costaron los estudios de títulos? No existe ninguna obligación de rendir cuentas. ¿Cuánto tiempo se demora el banco en pagarle a la otra persona con cargo al crédito que se tomó?
No existe competencia. Tres instituciones controlan el 70 por ciento del mercado financiero. El problema no es de tasa máxima convencional, sino de tabla, de tasa de fondo, que la fijan ellos en virtud del promedio ponderado de sus operaciones. ¡Qué decir de la ley reservada del cobre y los montos, que son de todos los chilenos, que se prestan a cuatro o cinco bancos para que le presten platas a los propios chilenos! ¡Qué bueno que estemos comenzando a develar este tema a través de esta Corporación!
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar al ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central y a los profesionales que los acompañan.
Hace unas semanas, el presidente del Banco Central nos sorprendió al afirmar que no tenía una explicación convincente para justificar por qué las tasas de interés de los créditos de consumo son tan altas. No deja de ser paradójico que una denuncia efectuada de manera reiterada sea ahora constatada por una de las máximas autoridades económicas del país: el presidente del Banco Central . Nadie, salvo la propia banca, que mantuvo sus explicaciones de siempre, salió a desmentir al señor José De Gregorio . Comento este hecho público y notorio, porque es lo que hoy día nos convoca: las tasas de interés y los bancos.
Me alegro mucho de que esta idea haya nacido en la Comisión de Hacienda, que brillantemente preside nuestro colega Joaquín Godoy . Todos concordamos con él en que era necesario analizar este tema cuanto antes. Se trata de un hecho político y público por el cual la ciudadanía nos miraba de reojo, como diciendo: “Aquellos que hemos elegido nada dicen”.
Creo que la crisis mundial que vivimos el 2009 nos da un ejemplo importante de cuánto ganaron los bancos en esa época. En Chile, aproximadamente 2.500 millones de dólares. Posteriormente, en el año del terremoto, los bancos obtuvieron 3.380 millones de dólares en utilidades, lo que representa un crecimiento de un 26,22 por ciento respecto del año anterior. Sin duda, algo no está bien.
De las utilidades millonarias con tasas de interés inexplicablemente altas, debemos sacar conclusiones. A quienes entendemos el dos más dos, nos preocupa. Pero no podemos quedarnos, una vez más, en el diagnóstico; es indispensable pasar a la acción. Se nos dice que éste no es un fenómeno nuevo, pero, en los hechos, los créditos de consumo crecen, los oferentes se dispersan, las tasas se disparan y los consumidores no tienen información clara, lo que les dificulta percibir e internalizar el verdadero valor del crédito.
Sin duda, no podemos seguir haciendo estudios para intentar encontrar explicaciones. En el Congreso Nacional se recurre mucho a la creación de comisiones, pero, con la economía que rige al país, no podemos seguir encontrando explicaciones en que el estudio realizado no estuvo bien.
¿Cómo abordar el tema, según algunas explicaciones de profesionales consultados y conversaciones llevadas a cabo? Un primer gran paso, a lo mejor, es generar información útil para que el consumidor compare y tome la mejor decisión, porque, como señaló el director del Sernac , lo que reina en este mercado es el “confusopolio”, es decir, competencia por confusión. Es muy difícil que sin información exista competencia. En esta senda, valoro que, hace unos días, tras una larga espera, el Ejecutivo dictara el reglamento que regula la ley de mercado de capitales III, impulsada por la anterior administración y aceptada y complementada por el actual Gobierno, particularmente el Ministerio de Hacienda, que crea el crédito universal para facilitar la comparabilidad de productos. Gran proyecto, aunque muy complejo.
Sin embargo, para que esa medida sea realmente efectiva, se requiere también implementar la tasa anual equivalente del crédito. Este aspecto no está contenido en el reglamento recientemente aprobado. ¿Por qué no se ha hecho?
Reitero algunas interrogantes al Presidente del Banco Central . ¿Por qué la percepción de la banca es tan distinta respecto a las tasas de interés? Porque ella señala que la tasa es la mitad de la que plantea el Banco Central. ¿Por qué hay tanta diferencia en las medidas de las tasas que plantea la autoridad, el 30 por ciento, y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, el 17 por ciento?
Obviamente, partir de un punto tan distinto hace la diferencia para diagnosticar si las tasas de los créditos de consumo son excesivamente altas y no responden simplemente al riesgo de los clientes y al costo del financiamiento. ¿Cuál es el margen real que están recibiendo los bancos?
También quiero consultar si la diferencia en las medidas se debe a que no estarían incluidas las comisiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las tasas de las tarjetas de crédito versus créditos de consumo?
Respecto del mecanismo de trasmisión de la tasa de política monetaria a la tasas de mercado, especialmente las de créditos de consumo, se ve que el traspaso es inmediato y/o completo. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre subir la tasa de política monetaria versus bajarla? Es decir, hay asimetría en el traspaso de tasas. Ésa es una consulta que para mí es fundamental y me gustaría que fuera respondida.
Este tema es bastante ácido, porque la ciudadanía está reclamando. A lo mejor, sin esa preocupación, estaríamos legislando e interviniendo respecto de otros temas. Este tema es fundamental en la historia que hoy estamos viviendo. Gracias a una buena conducción de Hacienda y a la política económica del Gobierno, tenemos que aprovechar el sistema para que Chile entero reciba el provecho.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , cualquier deudor de clase media o pymes nos va asegurar que las tasas de interés que están cobrando los bancos, así como los intermediarios financieros, en general, son tan abusivas que lindan con la usura, concepto repudiado moralmente a lo largo de siglos en el mundo entero.
En el caso chileno, fue la dictadura la que primero permitió la usura, al eliminar los límites legales máximos que se podían cobrar. Los gobiernos posteriores y el actual han dejado en libertad a las instituciones crediticias para cobrar el máximo posible, fomentando así las enormes e increíbles ganancias de los bancos, las más altas del continente, según se ha dicho.
Además, el Banco Central y la Superintendencia no pueden seguir evitando el hacerse cargo de los otros abusos que se comenten a diario, entre los que se encuentran el establecimiento de comisiones arbitrarias por toda clase de mínimas operaciones que deben realizar los usuarios en los bancos y que debieran fiscalizarse, para eliminar las que no se justifican o, al menos, reducirlas.
Los abusos con las tarjetas de crédito, que emiten no sólo bancos sino también multitiendas y supermercados, también son irritantes para millones de chilenos, los cuales son inducidos a utilizarlas, ya sea por medio de propaganda engañosa o por la necesidad imperiosa de comprar a plazo, ya que no pueden hacerlo al contado.
Cabe preguntarse: ¿por qué es tan caro el crédito para las pymes y los usuarios de clase media? ¿Por qué no se pueden bajar las tasas de interés? ¿Por qué no son iguales para las pymes y las grandes empresas? Son preguntas que muchas veces nos han formulado en la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pero la verdad es que no tenemos una respuesta. Incluso, nos preguntamos qué papel juega el Banco del Estado en todo esto. Además, se consultó si había colusión en el sistema bancario y financiero. Es posible que así sea. Por eso -repito-, ¿qué función cumple el Banco del Estado? Porque si su papel ayudara a bajar las tasas de interés, podría ayudar también a romper la colusión que se denuncia.
¿Por qué cuando el Banco Central sube las tasas de inmediato toda la banca también sube el interés a los usuarios? ¿Y por qué cuando el Banco Central bajas las tasas el traspaso al usuario se demora tanto o es el mínimo? ¿Se puede hacer algo para remediar esa situación? ¿El Banco Central, un organismo autónomo, tiene autoridad para intervenir en ese contexto? Nosotros pensamos que debiera tenerla. Mientras los cálculos se siguen haciendo sólo para mantener funcionando la macroeconomía del país y defender los intereses de unos pocos y no para fomentar el desarrollo armónico de la economía ni terminar con las desigualdades sociales y económicas, los deudores hipotecarios, las pymes, los estudiantes y los consumidores en general seguirán pagando duros sobreprecios por no poder comprar al contado, cancelando intereses sobre intereses cuando caen en mora.
Por eso, es necesario legislar para poner fin a una situación respecto de la cual nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , según lo indica la citación, el objeto de esta sesión es abordar el tratamiento de las elevadas tasas de interés y las diferencias francamente incomprensibles que se están aplicando a los créditos de consumo.
Lo primero que llama la atención es el empleo de adjetivos para calificar la situación del mercado de los créditos de consumo, sugiriendo o insinuando algún tipo de irregularidad en su funcionamiento.
Lo cierto es que en éste como en tantos otros temas que nos corresponde analizar, la perplejidad proviene más del natural desconocimiento de las complejidades de la materia que de siniestras o malignas intenciones que muchas veces se atribuyen a sus protagonistas: los bancos y las instituciones financieras.
Además de las citadas declaraciones del Presidente del Banco Central , el hecho que gatilló la realización de esta sesión especial fue la publicación de un estudio comparativo realizado por el Sernac el 17 de marzo último, en el que se analizaron las tasas de interés de los créditos de consumo de 500 mil, 1 millón y 3 millones de pesos, con plazos de 24 y 36 meses, que abarcó 23 bancos, 5 cajas de compensación, 9 compañías de seguros de vida y 5 cooperativas de ahorro. Como se ha planteado, dicho estudio demostró que, por ejemplo, un mismo crédito de 500 mil pesos, a un plazo de 36 meses, podía presentar diferencias de hasta 453 por ciento en el costo final para el consumidor. En este contexto, entre todas las instituciones que están habilitadas para otorgar créditos en Chile, los bancos son los que presentan mayores diferencias en el costo, pero también son los que ofrecen los menores costos.
Al adentrarse más en dicho estudio, nos damos cuenta de que las francamente incomprensibles diferencias en el costo de los créditos de consumo comienzan a hacerse un poco más comprensibles. ¿Por qué puede haber tanta diferencia entre un banco y otro o entre distintas instituciones financieras en el costo de un crédito? ¿Es malo que existan tales diferencias? ¿Justifican esas diferencias algún tipo de intervención del Estado en el mercado del dinero?
Vamos por partes. A mi juicio, la primera pregunta que debemos responder aparece implícita en el objeto de esta sesión: ¿Es malo, en sí mismo, que existan diferencias en el costo de los créditos de consumo? Para una persona entendida en la materia, la respuesta sería bastante obvia, pero para un ciudadano común, cuya relación con el sistema financiero está mediatizada por un mensaje fuertemente demonizador de esta actividad, probablemente la respuesta no sea tan clara.
Digámoslo de otra forma. Cuando hace unos años se descubrió que las principales cadenas de farmacias se coludían para fijar los precios -altos, por cierto- de algunos medicamentos, el escándalo fue mayúsculo y no hubo dos voces sobre la materia. Usando las palabras de quienes solicitaron esta sesión, era francamente incomprensible que un medicamento tuviera prácticamente el mismo precio en todas las farmacias y, además, la excesiva concentración del mercado farmacéutico era inaceptable y justificaba todo tipo de medidas sancionatorias, las cuales, por cierto, se adoptaron oportunamente con todo el rigor de la ley; en otras palabras, el sistema funcionó.
El clamor ahora es porque resultan francamente incomprensibles las diferencias -o los niveles de dispersión, como dicen los especialistas- en los costos de los créditos de consumo. Pues bien, no tienen nada de incomprensible. En cualquier mercado medianamente competitivo el precio de un bien es diferente según una diversidad de factores que dependen de cada mercado. Por ejemplo, un tomate de la zona central de Chile, con ciertas características de sabor o tamaño, no vale lo mismo que uno de la zona norte, que tiene características diferentes. Eso lo sabe cualquiera persona que vaya a comprar a una feria o a la vega del sector poniente de Santiago . Lo mismo ocurre con los créditos, pues su costo depende de múltiples factores, entre los cuales el más relevante es, sin duda, el riesgo o, mejor dicho, la capacidad de pago de quien lo solicita. A mayor riesgo, mayor costo del crédito, dice la más básica teoría económica. Hasta aquí las francamente incomprensibles diferencias. De paso, con eso respondo a la primera pregunta: ¿por qué pueden llegar a producir esas diferencias de costos? Pero esas explicaciones son, a todas luces, palabras al viento para cualquier chileno de clase media que se vea ahogado por las cuotas de créditos hipotecarios, automotrices, de casas comerciales o de tarjetas de crédito. El problema no radica en las diferencias en los costos, sino que, como ha planteado el presidente del Banco Central , en los altos intereses que cobran ciertas instituciones por el mismo crédito que otras ofrecen a costos significativamente inferiores.
Entonces, el problema es técnico: el alto grado de traspaso de tasas que se observa en Chile comparado internacionalmente. ¿Es esto ilegal? ¿Es ilegal que una determinada institución financiera cobre altos costos para otorgar un crédito? No, al menos a la luz del informe del Sernac. Si bien las grandes diferencias se producen por los altos costos de ciertas instituciones, incluso éstas se mueven dentro de lo que se denomina “interés máximo convencional”, que es el mayor interés que pueden cobrar legalmente, que es fijado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Es decir, la propia ley, a través de un mecanismo que ella misma establece, dispone el máximo interés que se puede cobrar por un préstamo de dinero, aunque -dicho sea de paso- el interés no es el único elemento que determina el costo de un crédito.
Por lo tanto, en buen chileno, ese mismo consumidor que pagó 453 veces más por un crédito, podría haber pagado un 453 por ciento menos, si lo hubiera tomado en la institución que cobraba menos. En consecuencia, se trata de un problema de información y educación financiera. Pero como tomar un crédito no es lo mismo que ir al supermercado, el rol del regulador resulta insustituible. Aquí es donde el Estado, en ejercicio de su función reguladora y fiscalizadora, debe intervenir y poner a disposición de las personas toda y la más clara información posible para tomar una decisión tan trascendental como es endeudarse. Digámoslo con todas sus letras: lo que sí resulta difícil de explicar es que los niveles de rentabilidad sobre el capital y las reservas de los bancos superen el 15 por ciento durante los últimos diez años, en momentos en que la economía del país crecía a tasas inferiores al 3 por ciento.
Entonces, ¿por dónde van las soluciones? Como se ha dicho, van por facilitar la movilidad de los deudores, reducir las asimetrías en la información y, sobre todo, en la celebración de los contratos, pero también por el reporte de información positiva de las personas y no sólo de sus incumplimientos, muchas veces forzados por el propio sistema que los asfixia. En ese sentido, la propia OCDE ha señalado: “Los ciudadanos siempre han estado expuestos a riesgos financieros, pero sin duda en los últimos años éstos se han incrementado y son más difíciles de gestionar. Sistemas financieros cada vez más complejos e interconectados hacen que las familias y los individuos se vean obligados a asumir nuevas responsabilidades a la hora de tomar decisiones sobre sus finanzas y, en consecuencia, en la gestión de los riesgos asociados a estas decisiones.”.
En un mundo y en una materia de suyo tan compleja como ésta es fundamental que todos quienes participamos en los distintos niveles de toma de decisiones actuemos responsablemente, equilibrando dos valores fundamentales en todo sistema de convivencia: la justicia y la seguridad.
En lo que ahora nos convoca, esto significa justicia en el costo de los créditos, que no siempre surge con la naturalidad deseada y requiere algún tipo de regulación, y seguridad en el pago de esos créditos, que evite que la especulación y la avaricia nos arrastre a una crisis de confianza como la que vivió el mundo entero hace apenas unos años con ocasión de los llamados créditos subprime y cuyos efectos se sienten hasta el día de hoy, incluso en las economías más desarrolladas.
En una sola palabra, lo que la ciudadanía exige a todos los actores que influyen en sus vidas es responsabilidad. Sepamos asumirla hasta en el más mínimo detalle. No sea que la propia ciudadanía nos represente la irresponsabilidad de no abordar estos debates en su debida profundidad.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , lo más grave de estas altas tasas de interés son las diferencias incomprensibles que existen entre ellas. Por ejemplo, en cuanto a tarjetas de crédito de una misma persona y emitidas por un mismo banco se paga el siguiente interés mensual: la tarjeta Master Black paga 0,75 por ciento mensual; la tarjeta Master corriente, 2,01 por ciento mensual; la tarjeta Visa, 3,54 por ciento mensual; la tarjeta Diners , 4,09 mensual. ¡Una misma persona en el mismo banco!
Quizás si el ministro de Hacienda revisa sus tarjetas de crédito puede apreciar esas diferencias.
Los sectores medios y bajos son los más castigados, que para mantenerse tienen que pagar y consumir sólo lo que liberan de intereses y de pago de capital que les cargan a sus cuentas. Las empresas y los sectores de altos ingresos jamás pagarán un interés del 50 por ciento mensual, porque quebrarían en un año.
¿Por qué, entonces, señor ministro , los sectores de más bajos ingresos tienen que pagar por sus créditos de consumo o por cuentas de casas comerciales un interés de alrededor del 50 por ciento? Las cifras y los datos que he dado demuestran el desorden absoluto en las cobranzas de un mismo banco para un mismo cliente.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , me siento cohibido para hablar de economía y finanzas frente a tan conspicuos economistas, Ph.D. y doctores en la materia, pero la economía no es algo que se dé en una esfera autónoma de la sociedad, sino que simplemente es uno más de sus componentes.
Me alegra mucho el hecho de que el tema que nos convoca, que es abordar el tratamiento de las elevadas tasas de interés y las diferencias francamente incomprensibles que se están aplicando a los créditos de consumo, provenga de las palabras de don José De Gregorio , presidente del Banco Central . Creo que habla de lo que ha sido su trayectoria social, política y como economista. Estamos hablando de un tema que afecta a una gran mayoría de la población, que no está precisamente en una situación de privilegio frente al sistema financiero y bancario.
Tengo una explicación sobre por qué ocurre esto, que quiero ofrecer al señor De Gregorio . Ocurre por algo que tal vez no sale en los textos de economía, que se llama codicia, que ha arruinado a decenas de países cuando se ha sobrepuesto a cualquiera otra consideración.
Con el diputado Díaz hemos presentado un proyecto para terminar con el abuso del cobro de intereses sobre intereses, y espero que el ministro de Hacienda encargue a sus asesores -no se lo pido a él porque entiendo que es una persona muy ocupada- que lo estudien para evaluar si el Gobierno se anima a ayudarnos y le ponga alguna urgencia para tramitarlo.
En la actualidad, el negocio no es vender bienes, ni siquiera vender servicios. El negocio es vender dinero. Cuando usted va a una tienda de retail y dice que va a pagar en efectivo, se desaparecen todos los vendedores, porque sólo le quieren vender si usted usa la tarjeta de crédito de esa tienda o de otra. Les da lo mismo que uno se lleve un abrigo, un par de zapatos o lo que sea, pero tiene que llevárselo con el enganche del crédito, para quedar endeudado por muchísimo tiempo.
Lo mismo pasa con las cooperativas, que han pasado a ser un pingüe negocio, ya que su afán no es proveer de casas baratas, sino que ganar intereses, vender dinero. Así los chilenos quedamos enredados en un sistema de cobranzas tortuoso, que nos despierta los sábados y domingos a las 8 de la mañana para que en lugar de dedicarlos a la familia, al descanso y al relajo, piense cómo pagará esas deudas. Así es como vivimos. Si no pagamos, vamos al Dicom. Tenemos una especie de nueva y moderna esclavitud, más delicada, sin azotes, sin cadenas; pero no por ello menos esclavizante.
Se ha sostenido que el sistema bancario es el que menos abusa y tiene que protegerse cobrando altos intereses porque la mayor parte de la población chilena sería muy riesgosa, puesto que la mayor parte es la que debe pagar y soportar esa diversidad de altos intereses y las inexplicables diferencias en los créditos de consumo. Pero me pregunto: ¿qué riesgo corren los bancos?
El señor Marfán , director del Banco Central , con el cual yo pensaba que tenía cierta afinidad doctrinaria, nos ha explicado que el alto spread que caracteriza a la banca chilena se debe a la posibilidad de democratizar, popularizar y extender el acceso al crédito.
¿Y cuál es el riesgo que corre el banco en circunstancias de que la plata que presta es la que le pusieron en custodia los propios chilenos, por la que les pagan muy poco, pero que cuando los bancos la prestan cobran muy altos intereses?
Creo que todavía vivimos en un buen país, que probablemente tiene posibilidades de prosperar, aunque creo que se le está acabando la cuerda, porque hemos entrado en una situación acomodaticia, poco innovadora, donde simplemente se hace más de lo mismo.
No quiero pecar de alarmista, pero deben pensar en cuando se acabe este ciclo de relativa paz y alegría, porque se va a acabar, por lo que recomiendo a todos los presentes que hagan el esfuerzo de ir a los colegios y hablen con los estudiantes de tercero y cuarto medio, ya que se podrán dar cuenta de que no están dormidos, sino que están alertas y siguiendo lo que está pasando con una bronca tremenda. Cuando se acabe ese ciclo, los economistas van a decir: “No soy responsable de lo que sucedió; yo sólo manejé la economía”. Sí, pero manejaron la economía de tal manera que provocó la ira de lo que algún día llegará y que llega siempre a todas partes de la manera más inesperada.
Durante la Revolución Francesa, quienes tenían ira y estaban indignados fueron tras la cabeza de los reyes; quienes se indignen con la red de la matriz del sistema financiero, expuesta brillantemente por el diputado Arenas, no van a ir tras la cabeza de los reyes, sino tal vez tras la cabeza de los bancos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristian Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, las cosas a veces por sabidas se callan, y por calladas, se olvidan.
Nosotros tenemos -está presente el presidente del Banco Central ; lamentablemente, en este momento no está el ministro de Hacienda - un conjunto de principios en nuestra legislación y, fundamentalmente, en nuestra Constitución Política que hace necesario reaccionar frente a determinadas situaciones, y creo que éste es el caso del Banco Central.
En primer lugar, el artículo 1° de la Constitución Política de la República establece que la persona humana y su dignidad son fundamentales para el Estado y que se debe promover su bienestar.
En cuanto a la propiedad, señala la función social del dominio como una limitación a la propiedad, señalando, entre otras cosas, los intereses generales de la nación.
En el artículo 19, número 21°, se establece el derecho de toda persona a desarrollar una actividad económica, pero el Constituyente también puso limitaciones. Eso significa que debemos tener presentes los principios económicos, sobre todo quienes defendemos la libertad económica. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables y, además, establecer la función social de dominio como un imperativo categórico para todos los actores del sistema económico. Traigo a colación lo anterior, porque es bueno no solamente decir palabras sino también actuar frente a una clase media que se ve absolutamente desprotegida cuando va a requerir dinero del sistema bancario o sistemas afines y encuentra tasas de interés tan altas que llegan, según estudios del Sernac, al 415 por ciento, lo que realmente es impresionante e injusto socialmente.
Por eso, solicito que las autoridades del sector económico, del Banco del Central o del Gobierno, hagan un estudio acucioso de la ley N° 18.010, que desde 1981 rige el sistema. Sin embargo, ha pasado un largo tiempo, por lo que se hace necesario perfeccionarla.
Uno de los temas que se deben revisar es la eliminación del anatocismo. Desde ya adhiero a la iniciativa que se está tramitando en la Cámara de Diputados en ese sentido. Efectivamente, no me explico el anatocismo y como no hay historia respecto de la ley N° 18.010. La verdad es que, como muy bien decía el diputado Rincón , debemos prohibir el interés sobre intereses. Ésa es una primera medida que debiera adoptar el Banco Central.
Lo segundo dice relación precisamente con la función social del dominio. Nunca me olvidaré de una experiencia juvenil, cuando escuché a don Jorge Alessandri decir que conocía a sus amigos banqueros y por eso había hecho una ley general de bancos, cuando era ministro de Hacienda , muy especial y que tenía muchas cortapisas.
En virtud de los principios señalados y especialmente respecto de la función social de dominio, es deber de la autoridad requerir de la banca, en forma indicativa y respetuosa, por qué está sucediendo esto y por qué ganan más utilidades de la que deben. Ya tienen una utilidad justa, pero el sistema bancario hoy tiene una gran utilidad, que a veces puede ser desmesurada.
En razón de los principios enunciados, solicito a las autoridades presentes las medidas que he señalado.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , ¿qué pasa con el ministro de Hacienda , que está citado a esta sesión y que, sin embargo, sin mediar razón, no está presente en la Sala?
(Hablan varios señores diputados a la vez)
Espero que regrese a la Sala en el marco de mi intervención.
Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, nadie está por debilitar el sistema financiero del país. Tener un sistema financiero sólido y solvente es un bien jurídico que tenemos que proteger. Pero hoy no sólo tenemos un sistema financiero sólido y solvente, sino demasiado robusto, hipertrofiado, que ha terminado afectando nuestro nivel de competitividad. Chile ha disminuido en el ranking internacional de competitividad por el alto costo del crédito. Es el momento adecuado para abordar el tema, porque tiene que ver justamente con la posibilidad de resolver ciertos aspectos estructurales que afectan las posibilidades de disminuir la desigualdad en nuestro país.
Curiosamente, un banquero me dijo un día que Chile no resiste ser un país de diez dueños y 17 millones de empleados. ¡Y tiene toda la razón! Aquí tenemos un país con diez dueños, debido a la concentración económica que existe, y 17 millones de verdaderos esclavos del sistema financiero, que para acceder a un crédito en un banco o en una casa comercial, en una situación apremiante, tienen que aceptar una tasa máxima convencional impagable. Y si tiene una mejor opción en el banco que está al lado, tampoco tiene la posibilidad de cambiarse, por las ventas atadas o conjuntas, por las barreras de salida de los bancos, por la falta de competencia entre los mismos bancos con las empresas de apoyo al giro bancario que, en definitiva, hacen que una persona trabaje para pagar y siente que trabaja, pero no surge.
Sin embargo, tenemos un sistema en que no quienes producen, no las personas de esfuerzos, sino aquellos que administran el capital de otros, son los que tienen utilidades realmente extraordinarias en el país. De alguna manera, eso está amenazando las bases del modelo de desarrollo. Por eso, es importante mejorar la calidad de la información a los consumidores y la competencia, y para ello la Fiscalía Nacional Económica tiene que tener una voz clara y, además, una actitud de investigar en profundidad cuáles son las barreras para una real competencia en el sector bancario, especialmente en el mercado de las personas.
Pero también se debe discutir el tema de las tasas de interés. Es necesario bajar la tasa de interés convencional.
Necesitamos instituciones creíbles, serias y legitimadas. Nuestra Superintendencia de Bancos, después del espectáculo del cambio de la normativa que regulaba las ventas atadas o conjuntas, carece -escuche, ministro - de toda legitimidad y credibilidad para ser garante del buen funcionamiento del sistema financiero. Es el momento para que usted tome medidas al respecto; de lo contrario, vamos a continuar por esta senda de desigualdad y de injusticia social que amenaza nuestro desarrollo como país.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , si estuviera sentado en mi casa y escuchara los discursos del presidente del Banco Central , del ministro y de todos mis colegas que han hablado, diría: “¡Por Dios que saben de economía y están interiorizados de lo que está pasando en el país respecto de los intereses! ¡Pero no he escuchado ninguna palabra sobre la solución!”. No quiero que nos vayamos de aquí sólo después de haber sacado los trapos al sol de la banca, sino escuchar una solución. ¿Qué va a hacer el Banco Central y el ministro de Hacienda para parar los intereses realmente usureros?
Aun más, algunos están equivocados cuando dicen que hay tarjetas de créditos que tienen interés de 1 por ciento, porque hay tarjetas que tienen cero por ciento de interés y le dan veinticuatro meses para comprar un auto o un bien y no le cobran un solo peso. Entonces, me gustaría saber cuál es el negocio. A los que más tienen no le cobran intereses, pero a los que tienen poquito les sacan la “ñoña”, que tienen que trabajar para pagar los intereses. Si estuviera en mi casa y escuchara todo lo que se dice aquí, diría que son fantásticos, fabulosos, estos tipos, pero no escucho ninguna solución.
Al señor De Gregorio , presidente del Banco Central , por su intermedio, señor Presidente , le quiero decir que si está pagando un crédito en un banco y quiere liquidarlo, porque se ganó la lotería o vendió un bien, le sacan los ojos por no tenerlo acordado con el banco. En consecuencia, Chile es el único país en el que, cuando la gente quiere pagar al banco, le sacan los ojos para que no pague. Eso no lo entiende nadie. Los mejores negocios son cuando se usa la tarjeta de crédito, cuando pide el saldo corriente, porque cobran todo. Incluso, el Banco del Estado de Chile hoy se ha transformado en el mayor competidor de la banca privada. O sea, si seguimos hablando estos temas, vamos a estar toda la vida en eso.
Por ello, pido al señor ministro y al presidente del Banco Central que antes del cierre de la sesión, que ya ha durado varias horas, nos digan cuáles serán las soluciones que se implementarán. Por último, digan que todas las tarjetas de crédito y todas las empresas del retail se encuentran dentro del margen de interés que pueden cobrar, entre el 0 y el 3 por ciento, y, por lo tanto, esos señores están dentro de la ley.
Cuando observo los balances de los bancos y las utilidades que tienen -disculpen la expresión-, me da diarrea. Realmente, duele la guata ver las cifras que ganan. ¿A cuenta de quién? De los trabajadores y de la gente que necesita los créditos para subsistir.
En consecuencia, debemos hacer una modificación drástica respecto de los intereses de los créditos y de las tarjetas de crédito.
A los jóvenes les mandan tarjetas de crédito a la casa. Y cuando optan a un trabajo se dan cuenta de que se encuentran en Dicom porque no pagaron la tarjeta.
Pido al señor ministro y al señor presidente del Banco Central que pongan un poquito más de cortapisas en esta materia y vean cómo se pueden hacer mejor las cosas.
Finalmente, me gustaría que ambas autoridades nos dijeran cuál será la solución para que esta situación no siga ocurriendo. Ya no necesitamos más discursos, porque todos sabemos lo que está pasando, pero nadie en esta Sala tiene a la mano una solución a este problema largamente sentido por todos los usuarios de tarjetas de crédito y de los bancos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , saludo a las autoridades presentes y les doy las gracias por venir a escucharnos y a compartir un problema que afecta a todos los chilenos, especialmente de la clase media, que muchas veces debe recurrir, a lo largo de su vida, a créditos bancarios para solucionar dificultades que, incluso, van más allá de lo coyuntural, ya que pueden relacionarse con la salud de algún integrante de la familia o la educación de sus hijos y no sólo con el consumo, palabra que se utiliza regularmente.
¿Por qué es importante que la Cámara de Diputados aborde esta materia? Porque no podemos ser simples espectadores de un problema que en muchas ocasiones tiene ribetes casi de usura y porque la publicidad que invita a endeudarse es demasiado potente, pero a la vez poco clara, en cuanto a intereses se refiere.
Eso sí, quiero destacar que tenemos un Gobierno que como nunca antes se está preocupando de los consumidores a través de la acción fiscalizadora e informativa del Sernac, la dictación de normativas, además del envío el proyecto del Sernac Financiero, que mejorará las relaciones entre los usuarios y el sistema financiero.
El Gobierno está siendo muy proactivo en esto, no sólo en cuanto en materia bancaria, sino también respecto de las tarjetas de crédito de las multitiendas, cuyo principal negocio, más que vender productos, incluidos los de primera necesidad, es prestar dinero.
Si no es posible abordar seriamente esta materia vía decretos supremos o simples reglamentos, entonces se debería legislar con un articulado firme y claro, estableciendo los límites en las tasas de interés que fijan las instituciones privadas, tanto bancos como multitiendas, teniendo como base el interés que determina el Banco Central.
Asimismo, debiera normarse en forma mucho más estricta la publicidad de los créditos, yendo más allá de frases como “la tasa más baja del mercado”. Debería ser bastante más clara la entrega de información de lo que se terminará pagando por el dinero que se pide prestado o por los artículos que se compren.
Otro asunto que veo con preocupación son las ofertas especiales sólo para aquellos que tienen tarjeta de crédito de determinada institución, ya que me parece discriminatorio, porque no todas las personas son sujetos de crédito ni pueden poseer dichas tarjetas. Tal discriminación no debiera ser aceptada, por lo que este tipo de ofertones debería evitarse.
En síntesis, el tema es relevante. Las altas tasas de interés son agobiantes para la clase media y la información antes de obtener un crédito es insuficiente y tendenciosa.
Tenemos que legislar al respecto y, para ello, debemos solicitar el apoyo del Gobierno, que a través de sus actos, día a día, nos demuestra que de verdad está preocupado por la clase media.
También quiero hacer una consulta anexa, que siempre me ha preocupado. Veo que en todos los países desarrollados quiebra una cierta cantidad de bancos. Pero en Chile no quiebra ninguno. Mi explicación simple, de un ser humano que a lo mejor no tiene la perspectiva suficiente ni toda la información que posee el Banco Central, es que aquí no quiebra nadie.
Entonces, creo que el Estado les está asegurando el negocio a los bancos e intentando ser menos eficiente de lo que debiera ser, exigiéndole a todas las áreas productivas, menos a las entidades bancarias.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señores diputados, el ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín, me ha solicitado hacer uso de la palabra.
Señor ministro , tiene la palabra.
El señor LARRAÍN ( ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , quiero responder algunas de las inquietudes que se han planteado, en particular las que hablan de ir más allá del diagnóstico, y explicar en cinco puntos qué medidas concretas estamos tomando desde el Gobierno para disminuir el costo de los créditos, especialmente para la gran clase media chilena, pero también para los sectores populares.
Tendré el privilegio de asistir a la sesión de mañana de esta Cámara, en que se debatirá y votará el proyecto de ley que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, que hemos llamado “MKB para la clase media”, que fue aprobado en forma unánime por la Comisión de Hacienda de esta Corporación.
Ese proyecto, que entre otras cosas propone medidas de fomento al ahorro y de eliminación de doble tributación, establece la obligación a las entidades que otorguen créditos hipotecarios de licitar los seguros asociados a estas operaciones y escoger la oferta de menor costo, con lo que se beneficiará a un universo cercano al millón 250 mil personas, que son los tenedores de créditos hipotecarios en Chile.
Hemos detectado -ésta es una de las razones de ser de este proyecto- que las comisiones que se cobran por recaudación de la prima de tales créditos pueden llegar a representar entre el 30 y el 50 por ciento del total del costo del crédito, considerando en conjunto la prima y la comisión.
Por lo tanto, se trata de un proyecto muy importante para quienes hoy tienen un crédito hipotecario y para el flujo de alrededor de 40 mil personas que anualmente toman este tipo de préstamos. En total, estamos hablando del orden de un millón 300 mil chilenos, un gran universo de personas de clase media.
Como señalé, la referida iniciativa fue analizada in extenso en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y mañana será discutido y votado en esta Sala.
En segundo lugar, me referiré al Reglamento del Crédito Universal, publicado la semana pasada, que ha sido mencionado por algunos diputados.
Lo que hace este Reglamento es fomentar la competencia, la transparencia; estandarizar los contratos de crédito y los productos en los tres tipos de créditos más utilizados en nuestro país: el de consumo, la tarjeta de crédito y el hipotecario, de manera que todos los oferentes de crédito -no solamente los bancos, sino también las cooperativas, las cajas de compensación y otros- deberán poner, en algún lugar visible para el público, el costo de un producto estándar, sin perjuicio de que ellos puedan, a su vez, ofrecer otro tipo de cosas.
Y no sólo eso. Acabo de ver un proyecto de acuerdo, que se me ha hecho llegar, referido a la carga anual equivalente, de manera que los consumidores puedan detectar el costo anual del crédito. Es lo mismo que sucede cuando, por ejemplo, se va al supermercado y se compra un paquete de carne. La etiqueta informa que pesa 785 gramos, pero, además, precisa el costo del producto por kilo. Es decir, queremos estandarizar los créditos de modo que los consumidores puedan escoger, y de esa manera fomentar la transparencia y la competencia del sistema financiero.
Este Reglamento ha recibido bastantes opiniones favorables de parte de ustedes, pero también se ha hecho una crítica al respecto, que quiero responder. En algunos casos, se ha dicho que es inaceptable el período de tiempo que ha transcurrido entre la publicación de la ley y la publicación del reglamento.
Quiero informar a los honorables diputados, por intermedio de la Mesa, los períodos de tiempo que transcurrieron en dos temas muy similares. En primer lugar, el proyecto de ley denominado MK3 ingresó al Congreso Nacional el 2 de septiembre de 2009, pero, respetando un acuerdo al cual llegamos, el actual Gobierno lo continuó impulsando porque compartía los elementos que planteaba, y fue aprobado en agosto y publicado el 13 de agosto del 2010. Posteriormente, el reglamento fue enviado a la Contraloría el 20 de enero de 2011 y fue publicado el 27 de abril. Es decir, entre la publicación de la ley y la publicación del reglamento transcurrieron ocho meses. Ese plazo fue criticado porque se consideró excesivo.
Sin embargo, quiero decir a los honorables diputados que el proyecto de ley que reforma el mercado de capitales conocido como MK2, que ustedes deben recordar, porque se aprobó en esta Cámara, entró al Congreso Nacional el 2003 y fue publicada el 5 de junio de 2007. Es decir, se tomó un período de alrededor de 4 años entre el momento en que ingresó al Congreso y el día en que fue publicado. Posteriormente, la Contraloría tomó razón del reglamento, de la prenda sin desplazamiento que venía en el MK2, el 13 de octubre de 2010, gracias a una gestión que realizó el actual Gobierno, de manera que la publicación del reglamento se realizó el 23 de octubre de 2010.
Si se sacan las cuentas, hubo una demora de 3 años y 4 meses entre la publicación de la ley del MK2 y la publicación del reglamento. Sin embargo, respecto del MK3 hubo una demora de 8 meses entre la publicación de la ley y la publicación del reglamento.
No me queda más que concluir que desde el MK2 al MK3, gracias a las gestiones realizadas por el actual Gobierno, hemos avanzado notablemente en los tiempos, que se han acortado en forma muy significativa. Creo que es importante poner este antecedente en conocimiento de los señores diputados.
El tercer punto que me gustaría resaltar, que hemos destacado en una actividad con el gerente general del Banco del Estado durante la semana pasada, es la bancarización que está ocurriendo en los sectores más populares a través de la Cuenta RUT.
La semana pasada, se llegó a 3 millones, 300 mil Cuentas RUT. Quiero poner en consideración de esta Cámara que alrededor de la mitad de los tenedores de Cuenta RUT no tiene otro producto financiero; que el 73 por ciento tiene rentas inferiores a los 200 mil pesos; que el 30 por ciento vive en localidades rurales o zonas geográficamente apartadas; que el 47 por ciento son mujeres, lo que constituye una tasa muchísimo mayor que la que existe en bancarización de mujeres en otros productos financieros.
En definitiva, a través de un instrumento financiero que otorga muchos beneficios a quienes lo tienen, como es la Cuenta RUT, estamos bancarizando y permitiendo que millones de chilenos tengan acceso a los mercados financieros. Aproximadamente, el 20 por ciento de los chilenos tiene una Cuenta RUT del Banco del Estado.
Además, la semana pasada, el Gobierno, por intermedio del ministro de Hacienda, le puso una meta al gerente del Banco del Estado: que a final de año se llegue a 4 millones de Cuentas RUT, que fue aceptada -en realidad, no tuvo otra opción- por el gerente.
En cuarto lugar, nos hemos comprometido -va a ocurrir en las próximas semanas- a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre información comercial, porque estamos convencidos de que, junto con la información negativa que hoy se tiene al respecto, también debe fluir la información positiva. Una persona debe tener considerado dentro de su historial no sólo los momentos en que no ha podido cumplir con una deuda y se ha atrasado en sus obligaciones, sino también la parte positiva de su historia. La incorporación de esa información va a permitir un acceso más masivo al crédito, más información y tasas de interés más bajas para los usuarios.
El quinto punto, que también ha sido mencionado durante el debate, se refiere a los reguladores y a su autonomía. Hace poco anunciamos los resultados del informe de la Comisión Desormeaux -lo hemos puesto a disposición de todos en el sitio web del Ministerio de Hacienda-, que estudió la regulación y supervisión de nuestro sistema financiero, lo que, como ocurre con toda comisión asesora, no significa que lo vayamos a aceptar en su totalidad, pero ya hemos tomado dos puntos de este informe que vamos a someter a trámite legislativo en los próximos meses, para lograr dos objetivos: Primero, establecer un Consejo de Estabilidad Financiera que logre coordinar mejor a las distintas entidades que están involucradas en el mercado financiero, coordinar a los reguladores, hacer frente a posibles situaciones de riesgo sistémico y mejorar la supervisión de conglomerados.
Y segundo -lo que nos parece muy importante-, evolucionar desde los actuales sistemas de las superintendencias de Bancos y de Valores y Seguros hacia esquemas de comisiones de Bancos y de Valores y Seguros, que sean entidades con mayores niveles de autonomía y con entes colegiados que los dirijan, que puede ser un directorio o un consejo colegiado, en lugar de que sea una sola persona, como ocurre en la actualidad.
Nuestro sistema de regulación y supervisión financiera funciona bien, pero creemos que puede funcionar mejor y nos estamos poniendo los mejores estándares del mundo, de acuerdo a los últimos criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la cual Chile pertenece como uno de los pocos países en desarrollo. Sobre esa base, vamos a mejorar también la regulación de nuestro sistema financiero.
Muchas gracias.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Cerrado el debate.
El señor Secretario dará lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 321, de los señores Lorenzini, Godoy, Chahín, Cornejo, Marinovic, Von Mühlenbrock, Montes, Teillier, García y Auth, que en su parte dispositiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Manifestar su preocupación frente al comportamiento del sistema bancario y las altas tasas de interés que este sistema está cobrando a los ciudadanos por los créditos de consumo.
Solicitar formalmente al Banco Central estudiar la situación con particular preocupación, tomando las acciones que estén a su alcance para evitar esta situación.
Requerir de la Fiscalía Nacional Económica evaluar las condiciones de competencia y llevar adelante las investigaciones que resultaren pertinentes.
Solicitar a los señores ministros de Hacienda y de Economía tomar las medidas necesarias para terminar con el abuso que se observa en las tasas de interés de los créditos de consumo.
Solicita al Gobierno evalúe continuar con los proyectos que tienden a la eliminación de cláusulas abusivas que permita a los ciudadanos poder estar en igualdad de condiciones con las instituciones financieras, especialmente un proyecto que modifique la vigente ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero.”.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Silva Méndez Ernesto; Turres Figueroa Marisol.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 322, de los señores Rincón, Lorenzini, Cerda, Latorre, Ortiz, de la señora Goic, doña Carolina; y de los señores Vallespín, León, Chahín y Walker, que en su parte dispositiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República medidas para enfrentar las elevadas tasas de interés, otorgando patrocinio a diversos proyectos de ley que buscan eliminar el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, reponiendo una norma que hasta el año 1974 prohibía el anatocismo en Chile, y que se lleven a efecto todos los esfuerzos necesarios para que se termine con los intereses usureros que cobran las grandes empresas de consumo.”.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; DíazDíaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pido que se agregue mi voto favorable, que no quedó consignado.
El señor ARAYA ( Presidente accidental ).- Se agregará su voto, señor diputado .
El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 323, de los señores Arenas, Calderón, Baltolu, Macaya, Silva; de las señoras Zalaquett, doña Mónica; Cristi, doña María Angélica, y Molina, doña Andrea, y señores Morales, Von Mühlenbrock y Hernández, que en su parte dispositiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Que el Ministerio de Hacienda realice un estudio relativo a determinar las causas de fondo que originan el cobro de altas tasas de interés en los créditos de consumo.
2. Que califique con suma urgencia el proyecto de ley que establece la Tasa Anual Equivalente (TAE), como el único medio eficaz para establecer transparencia en el costo inicial del crédito, y el proyecto de ley de regulación de costos de las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias. Ambas iniciativas se encuentran en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
3. Que el Ministerio de Hacienda haga una revisión profunda de la legislación de las sociedades de apoyo al giro, a fin de poder detectar todas aquellas normas que posibilitan prácticas atentatorias contra la libre competencia en dicho mercado.”.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , hubo un error en mi votación.
Pido que se corrija y se considere como favorable.
El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Así se hará, señor diputado .
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/638711/seccion/akn638711-ds1
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/638711