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El señor MELERRO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , como dijo el diputado Fidel Espinoza , el proyecto de ley que nos ocupa representa un avance, pero es insuficiente. Lo dicho por la diputada señora Cristina Girardi tiene mucho sentido, y lamento que no haya sido acogido en su oportunidad.
Luego de largos años de discutir esta materia, la industria, que percibió que esta vez iba en serio la posibilidad de dictar una ley que regule la instalación de antenas de telefonía móvil en Chile, inició dos planes: por una parte, efectuó un lobby intenso, feroz, para exponer y filtrar en la legislación los intereses de los distintos actores, es decir, de aquellos que iban a estar en el mercado y de los otros que aspiran a ingresar a él. Pero, también, con una fuerza inusitada y, a mi juicio, brutal, realizó una ofensiva de instalación de antenas de telefonía celular a fin de evitar las consecuencias de la normativa que estamos próximos a votar. Lo anterior significó una irrupción masiva de conflictos entre las empresas de telefonía celular, propietarias de las antenas que pretendían ser instaladas, y los vecinos que, sin ninguna herramienta legal, sin ninguna facultad, sin ningún derecho, podían precaver las consecuencias negativas que, desde el punto de vista estético, urbano y de salud traerían aparejadas esas instalaciones. Incluso, existe un detrimento del valor patrimonial de las viviendas y de sus barrios.
La comuna de La Serena, distrito Nº 7, que represento, no fue la excepción. Muchas veces las demandas se dirigían contra los alcaldes. Sin embargo, sabemos que no son los alcaldes quienes deben decidir la instalación de antenas en sectores privados.
Lamento que no hubiésemos encontrado eco en el necesario procedimiento de establecer una moratoria mientras se despacha este proyecto de ley para evitar la ofensiva a que he hecho alusión. No tengo las cifras acá. A lo mejor, el ministro nos puede decir la fecha de ingreso de la indicación del Gobierno al proyecto y cuántas antenas de celulares se han instalado a esa fecha. Me imagino que se trata de un número muy considerable. Probablemente, representa un aumento representativo. Creo que es consecuencia de la precariedad de la legislación pasada.
Sin embargo, insisto, por más que representa un avance, sigue siendo una iniciativa insuficiente.
Espero que el proyecto vaya a Comisión Mixta y pueda ser reparado. No queda plasmado de de manera clara e inequívoca en las modificaciones del Senado el carácter retroactivo de la colocalización. Creo que se siguen protegiendo los intereses de la industria. En la práctica, el proyecto de ley no garantiza lo que los ciudadanos quieren: un servicio de calidad y evitar la instalación y proliferación de antenas en sus barrios y calles.
Por lo tanto, si hay una infraestructura que puede ser utilizada para satisfacer las necesidades del conjunto de las industrias del mercado, que se utilice, sin que ello signifique un aumento del número de antenas. Para eso la colocalización es fundamental.
Tengo dudas sobre si efectivamente el Senado dejó establecido con claridad que el procedimiento debe ser retroactivo. Además, creo que hay debilidades desde el punto de vista de las facultades de los ciudadanos para emitir juicios. Me parece insuficiente preguntarle a la junta de vecinos su opinión y que ésta sea un elemento más, como cualquier otro, como las mediciones arquitectónicas que tendrán que hacerse, o el informe que emita la Dirección de Obras, a fin de tomar una decisión sobre la materia. Al respecto, debe haber mayor fortaleza para considerar la opinión de los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren antenas. Si ello es así, entonces no tengamos antenas. El país es de los ciudadanos, no de las empresas de telefonía celular.
Aunque resulte paradójico, he ayudado a muchas comunidades a tomar contacto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para favorecer la instalación de antenas en zonas rurales y apartadas; pero la razón es sencilla: esas comunidades no cuentan con ningún otro mecanismo para obtener comunicación. Por ejemplo, en Huanta, comuna de Vicuña, que es la localidad más cordillerana de la zona, celebramos la instalación de una antena de telefonía celular, porque era el único medio de comunicación disponible. En ese caso, hubo una demanda ciudadana.
Con todo -repito-, la consideración de la opinión de los ciudadanos como procedimiento de autorización para instalar una antena celular resulta insuficiente. A lo mejor, debimos haber exigido un elevado quórum para que se rechazara la instalación de una antena. A mi juicio, básicamente se trata de una opinión consultiva sin mayor valor.
Me parece preocupante que se establezca, por ejemplo, que si alguien quiere solicitar una medición del efecto electromagnético de una determinada antena, tenga que hacerlo a su costa, o sea, a costa de un ciudadano de un sector popular. Así las cosas, no existe ninguna posibilidad de llevar a cabo ese procedimiento. No me imagino a un habitante de Andacollo, Vicuña , La Serena o Coquimbo financiando el costo de una medición electromagnética. Debe existir algún mecanismo en el que la empresa se haga cargo de hacer los estudios periódicos, de manera de entregar, con cierta rutina, los informes sobre el estado de emisión electromagnética. Eso es parte de un rotulado de conocimiento público, o derechamente el Estado tiene que subsidiar, cumplidos ciertos requisitos, la posibilidad de que los ciudadanos comunes y corrientes puedan pagar esos estudios, a fin de que cuenten con la tranquilidad de que las antenas instaladas en las cercanías de sus domicilios no tienen consecuencias negativas para la salud.
Son cosas que debemos corregir, porque debemos combinar de manera adecuada dos cosas: por una parte, el desarrollo tecnológico y la necesidad de favorecer y mejorar la conectividad de las comunicaciones. Las empresas tienen todavía mucho que hacer. Lo vimos con ocasión del apagón del fin de semana pasado, cuando se cayó la red de telefonía móvil y era imposible comunicarse, a pesar de las promesas ofrecidas durante los apagones anteriores. Lo fundamental, y, a mi juicio, medular, es la protección de la salud y los intereses ciudadanos, razón por la cual estamos sentados los ciento veinte diputadas y diputados en la Sala.
Señor Presidente , estas cuestiones pueden ser resueltas. La Comisión Mixta lo permite. Vamos a aprobar aquellas normas que nos parece que representan un avance, y vamos a rechazar las que deben ir a la Comisión Mixta, a fin de mejorar este proyecto, teniendo como corazón de nuestra preocupación el interés de los ciudadanos, que es la razón por la que estamos aquí.
He dicho.
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