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El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , como cuestión previa, aclaro que no tengo ninguna pretensión de demonizar a quienes apoyen este proyecto. La discusión es legítima y entiendo que el apoyo de la Comisión es transversal, pero me parece que el proyecto da cuenta de un tema que debemos mirar con más profundidad.
Creo que nos debatimos entre San Miguel y los cajeros automáticos.
Me explico. Hace algún tiempo, leí un libro patrocinado por el Consejo General del Poder Judicial español sobre las penas y las alternativas a la prisión, y de ahí recuerdo una frase dura, pero real, que decía que quien haya visitado los patios de, al menos, tres o cuatro prisiones, sabe perfectamente de lo que hablamos. La cárcel es el espacio institucional que recibe el fracaso social, la pobreza, la marginación, la ausencia de educación no violenta, igualitaria, la enfermedad mental, las toxicomanías, las consecuencias de una sociedad consumista de gratificación inmediata.
Mutatis mutandis, sin duda, la aseveración es perfectamente aplicable a nuestra realidad. La pregunta esencial e ineludible es la siguiente: ¿Qué hacemos como sociedad para revertir la situación descrita? La respuesta honesta, a mi juicio, es poco o, a veces, nada.
El Gobierno, por medio de su ministro de Justicia , planteó algunas medidas que denominó “el uso racional de la cárcel”. De ello surge, tácitamente, que hasta la fecha ha existido un uso irracional de la misma, concepto o lectura que comparto. Llama poderosamente la atención de que sea este gobierno el que ponga este tema en la agenda pública; el mismo que, cuando fue Oposición y cuando hizo campaña, estableció como elemento central de su propaganda la cárcel como eje fundamental de sus políticas de seguridad pública. Recuérdense los eslóganes: “Se acabó el recreo a los delincuentes” o “Pondremos candado a la puerta giratoria”.
¿Qué ocurrió para justificar este giro? A mi juicio, sucedieron varios hechos, pero el más dramático y doloroso que recuerde la triste historia carcelaria de Chile fue el incendio de la cárcel de San Miguel y los ochenta y un chilenos que allí murieron como consecuencia del hacinamiento, de la imprevisión y también, según parece, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, de la negligencia de quienes debían cuidarlos. Allí está la causa basal del debate actual.
Recuérdese que, pocos meses antes del dramático 8 de diciembre, la Iglesia Católica había propuesto un indulto general y la respuesta casi unánime fue un portazo sonoro.
Con posterioridad al incendio de la cárcel de San Miguel, el director de Gendarmería señaló que los recursos fiscales no eran suficientes para una alimentación digna de los presos. De esa manera justificaba el uso de balones de gas para que los reos se prepararan su propia comida. Tal déficit no fue objeto de discusión alguna durante la tramitación del presupuesto del 2011, ni de parte del Ejecutivo ni de los parlamentarios, incluido quien habla.
Creo que el cambio de política propuesto por el Ministerio de Justicia es positivo y valorable, más allá de lo que antes sostenían -no hace tanto- quienes hoy son gobierno.
Por cierto, la Oposición debe concurrir a un gran acuerdo nacional sobre esta materia y dejar atrás cualquier tentación de sacar partido político al trecho gigantesco que hay entre el discurso propagandístico de ayer y la dura realidad de hoy. Este gobierno, al contrario de los anteriores, encontrará una oposición dispuesta a construir un sistema distinto. Tengo la convicción de que eso ocurrirá. Más allá de la discusión del detalle jurídico, medidas como el perfeccionamiento de Gendarmería, la construcción de nuevas cárceles más humanas, el fortalecimiento de penas alternativas a la prisión, el fortalecimiento de las medidas de reinserción y rehabilitación, y la modificación de la legislación para lograr el uso racional de los recintos carcelarios, debieran ser la base sólida de un acuerdo de largo alcance.
Desgraciadamente, hoy, el gobierno nos trae, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, una señal en la dirección exactamente opuesta al uso racional de la cárcel. En efecto, nos anuncia y nos envía, con una simpleza ramplona, a mi juicio, un proyecto de aumento de penas. Nos dice que el crecimiento del robo de cajeros automáticos se combatirá con un aumento sustancial de las penas. Repetimos la historia de ayer: antes fue el robo hormiga en los supermercados y la modificación del Código Procesal Penal en materia de medidas cautelares.
La tarea de bajar el delito de robos de dispensadores de dinero tiene que ver con una menor impunidad sobre la base de exigir a nuestras policías prevención, inteligencia, viveza; exigir a los bancos -¡que por Dios que tienen utilidades!- medidas de seguridad, ubicación racional de los cajeros automáticos. ¡No habrá país en el mundo con más cajeros automáticos por habitante! ¡Es un absurdo! Las máquinas están a disposición de quienes las quieren robar. No están protegidas, porque no gastan recursos en seguridad, no obstante que reciben mucho de parte de todos los chilenos.
Por lo demás, con algunas de estas medidas, hace algunos años, bajó el delito, lo que demuestra lo que estoy diciendo. No se puede implementar políticas de uso racional de las cárceles y, paralelamente, crear condiciones para llenarlas.
A ponerse de acuerdo y a guardar este proyecto.
He dicho.
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