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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, sé que no es popular hablar a favor de un
proyecto de ley que se tiende a calificar como que favorece a la banca; pero, como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, voy a fundamentar por qué voté a favor de la iniciativa en dicha instancia y lo volveré a hacer hoy.
Lo que se tiene que decidir hoy es si nos parece razonable o no que el delito de robo con fuerza de un cajero automático o dispensador de dinero tenga una pena que parta en 541 días. Si eso les parece razonable, deben votar en contra el proyecto; si no les parece razonable -como a mí, que creo que la pena debe partir en tres años y un día- deben votar a favor la iniciativa.
Comparto muchas de las críticas que se han hecho respecto de la política del Gobierno en contra del crimen, y así lo hice ver en mi intervención de la semana pasada en la Cámara de Diputados. Además, comparto muchos de los argumentos señalados por los diputados Jorge Burgos y Felipe Harboe , en el sentido de que la banca tuvo utilidades por más de 3.300 millones de dólares el año pasado, y que, por tanto, es la principal responsable de aplicar medidas de seguridad y de anclaje de los dispensadores de dinero para que no ocurran estos violentos delitos que vemos con frecuencia en los medios de comunicación, que, muchas veces, como dijo el diputado Letelier , van acompañados de violencia en contra de las personas y de las cosas.
Señor Presidente , no respaldé el proyecto para favorecer a la banca, sino a las personas, a los usuarios de los cajeros automáticos. Por suerte, cada día a más trabajadores se les paga su salario, por ejemplo, a través de depósitos en cuentas corrientes o en la cuenta RUT del Banco del Estado, lo que les permite administrar sus recursos de manera más segura, pues van retirando su dinero en la medida en que lo necesitan.
Por otra parte, señor Presidente , estoy pensando en muchas localidades rurales o alejadas de los grandes centros urbanos, que cuentan con cajeros automáticos gracias a los esfuerzos y a las gestiones que han realizado sus autoridades, alcaldes y parlamentarios ante el Banco del Estado; porque, hay que decirlo, a la mayoría de la banca no le interesa tener dispensadores de dinero en lugares apartados geográficamente, como Tongoy, sectores rurales de Ovalle o Río Hurtado, en los que dichos aparatos entregan un servicio público muy necesario para dichas comunidades, el que se ve alterado cuando se producen esos robos con violencia. Por eso, entiendo la pertinencia del proyecto de ley.
Sin embargo, no entiendo las urgencias del Gobierno. He sido muy crítico respecto de la sequía legislativa que tenemos en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas respecto de proyectos del Ejecutivo. En este período legislativo, hemos recibido muy pocos proyectos del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, en circunstancias de que se anunció que esta sería su principal prioridad. Tal vez eso explica las cifras que están a disposición de toda la población, que establecen que la aprobación de la gestión del Gobierno en materia de seguridad ciudadana alcanza solo el 22 por ciento, que los índices de victimización aumentaron en 10,8 por ciento en el último trimestre; que el índice de victimización de Paz Ciudadana-Adimark en relación con regiones aumento en más de cinco puntos, etcétera.
Por lo tanto, esperamos una respuesta mucho más prolija del Ejecutivo en cuanto a tramitación de iniciativas legislativas en materia de seguridad ciudadana. En ese sentido, es justificable el desconcierto de algunos señores diputados respecto de las prioridades del Gobierno en su agenda legislativa.
Hemos criticado el doble estándar del Gobierno. Por una parte se vertieron determinados eslóganes durante el período de campaña presidencial, como el fin de la fiesta de los delincuentes, que se iba a terminar la delincuencia, etcétera, y, por otra, ha presentado un proyecto de ley de rebajas de pena, acogiendo un llamado de las iglesias, especialmente de los obispos de la Iglesia Católica.
Pero no porque el Gobierno haya sido poco serio y poco prolijo en el combate de la delincuencia, nosotros debemos caer en la misma falta de seriedad. A mi juicio, es absolutamente razonable que un robo con fuerza de un cajero automático o de un dispensador de dinero, sobre todo en lugares apartados, tenga una pena que parta en los tres años un día, no en 541 días.
Por las razones expresadas, voy a apoyar el proyecto.
He dicho.
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