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El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde continuar el debate recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con urgencia calificada de suma.
Hago presente que, reglamentariamente, los señores diputados tienen derecho a dos discursos de cinco minutos cada uno.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 7689-09, se inició en la sesión 68ª, en 10 de agosto de 2011, de la legislatura 359ª.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , muchas veces nos preguntan en qué se diferencian las posturas de los diputados de Izquierda y de Centro de los diputados de Derecha, porque, en materias de defensa o de la policía, o en el combate a la delincuencia, se supone que existiría un gran acuerdo y no habría distinción.
Sin embargo, este proyecto puede ser paradigmático en marcar las diferencias.
La moción tiene una mirada sesgada de carácter derechista, pro empresarial, contrario a la protección de las personas, a las que coloca en segundo lugar; en el primero se pone la defensa de los grandes intereses empresariales, pero pidiéndonos el apoyo desde el Estado.
Lo anterior lo digo con respeto, porque marca una diferencia. Ésta es una Cámara política. Nos eligieron por tener una mane-
ra distinta de mirar el país y de cómo resolver los problemas.
¿Quién diría que respecto de la discusión de proyecto sobre por qué se roban los cajeros automáticos, podría haber una diferencia tan precisa?
En medio del debate público y de las noticias, debo señalar que me parece un hecho grave el robo a los cajeros automáticos. Es peligroso y dañino para el país que haya asaltos; malo que haya delincuencia; malo que los delincuentes ganen tanta plata con el asalto a los cajeros automáticos.
Un gobierno que después de un año y tanto, no ha podido cumplir su promesa de detener los índices de delincuencia, con rapidez, celeridad e ingenio, le dice a los grandes bancos, a los que tienen las más gigantescas utilidades en la sociedad chilena: vamos a enviar hacer un proyecto de ley especial para protegerles los cajeros automáticos. No digo que no deban protegerse, sino que para esto sí que hay celeridad; pero no para enfrentar la delincuencia que afecta a los hogares, a las familias, a las personas. Para esto no ha habido eficiencia. Podríamos decir ¡enhorabuena! si valiera la pena la eficiencia. Pero, habría preferido un gobierno que expresara a la banca que revisara sus utilidades y las comparara con las de cualquiera otra empresa, no pymes, de las grandes, de manera que protegiera los cajeros automáticos con esos recursos; que instalara las alarmas adecuadas, que tuviera mejor vigilancia y, desde el punto de vista constructivo, considerara la materialidad y los refuerzos para colocar cajeros automáticos, de manera que no se les pueda amarrar con una cadena, tirarlos con un vehículo y llevárselos.
Sin embargo, el gobierno manda un proyecto de ley para aumentar las penas. Entonces, pido a la honorable Sala -por su intermedio, señor Presidente - que revise la intervención del diputado Felipe Harboe , porque es brillante la argumentación que entrega en contra de esta iniciativa. Ejerce liderazgo con capacidad legislativa, de abogado, de jurista, entendido en lo penal. Yo no entiendo nada en ese ámbito, pero tengo capacidad de ser representante ciudadano. El diputado Harboe , en el informe -que los colegas tienen en sus manos-, entrega un resumen y no es exagerado decir que lo que expresa, para oponerse al proyecto, es como para que nos sumemos a él.
Si se aprobara esta iniciativa, ¿cuál va a ser la proporción que va a haber entre asaltos a un cajero automático o a una casa? Si vamos a aumentar las sanciones para castigar al que se roba un cajero automático, podría ocurrir que delincuentes que cometen ilícitos en contra de las familias, casas o personas desvalidas que no tienen el poder de los bancos, van a terminar siendo sancionados de la misma forma o, incluso, con penas menores que aquellos que roban cajeros automáticos. O sea, si yo soy delincuente y tengo que elegir por las penas aplicables, podría terminar diciendo que es mejor que me pillen asaltando una casa, a una familia, a una ciudadana o a un desvalido en la calle, en vez de robar un cajero automático de propiedad de una gran empresa bancaria, que gana miles de millones de pesos y tiene capacidad para protegerse y vigilar sus bienes.
Este proyecto de ley, al final, no es serio. El diputado Harboe dijo, en la Comisión, como señala textualmente el informe, con mucha precisión -en términos que yo no podría hacerlo- lo siguiente: “Una política seria del delito debe partir por establecer penas proporcionales a los bienes jurídicos dañados o puestos en peligro y no parece ir en este sentido aumentar las penas, con el fin de dar protección a máquinas que son propiedad de la banca privada, sobre todo considerando que en estos delitos no está en peligro -de la misma manera que en otros delitos- la vida o integridad física de las personas.”.
Claro, puede haber peligro a la integridad de las personas, pero no hay ninguna comparación con lo que significa el peligro para una familia que es asaltada.
Entonces, observo que aquí es donde se revela con claridad la diferencia de la postura política. Este Gobierno, con entusiasmo, dice: ¿Dónde están mis grandes socios? ¿Quiénes son? ¿La modesta familia que, en su seno, es objeto de un asalto con violencia, o la banca que yo adoro, que me ha apoyado siempre, me ayuda, me financia las campañas; que me celebra lo que hago? ¡El cajero automático es a quien tengo que proteger sobremanera! No a las señoras desvalidas que andan en la calle y que las asaltan, no a la Juanita, a quien le fueron a pedir su voto; sino que a aquellos a los que financiaron y apoyaron.
Este proyecto de ley lo votaré en contra. Ojalá me pusieran tres botones rojos -deberían ser tres negras, como en la universidad- para poder votarlo tres veces en contra. Respecto de una iniciativa de esta especie hay que decir tres veces no. Tiene un sesgo derechista pro empresarial destructivo, dañino. Lo señalado, no desde la mirada del jurista, porque no lo soy, sino desde la del político que ha sido mandatado para ser representante ciudadano y, frente a un proyecto de esta especie, lo único que puedo manifestar es no.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , en la sesión en la que comenzó la discusión del proyecto, también escuché con mucha atención las intervenciones de algunos diputados, en particular la del diputado Harboe , ya citada por el diputado Hales , respecto a cómo se acercó al análisis de este proyecto.
Represento a la Región de La Araucanía, a la provincia de Malleco, donde la proliferación de cajeros automáticos en pequeñas comunas, como en Los Sauces, en Purén y en otras, ha sido muy beneficiosa, porque los ciudadanos comunes y corrientes están ahora ante la presencia de una entidad financiera que antes les estaba vedada, lo que les ha significado mucho alivio y mejoras. No cabe duda de eso. Por ejemplo, antes debían hacer largos operativos para ir a pagar, en un día determinado, con todos los problemas de seguridad que ello implicaba. Hoy está más cerca el servicio financiero, de manera que estoy muy lejos de no valorar la expansión de la red de cajeros automáticos a lo largo y ancho del país y, particularmente, en las comunas más pequeñas.
No obstante, no puedo sino estar plenamente de acuerdo con lo señalado por el diputado señor Hales , en cuanto a qué está detrás o en el fondo de un proyecto de esta naturaleza. Me sorprende que a él le sorprenda, porque, dada su experiencia y conocimiento de la política, no debería sorprenderle que exista esta relación tan directa, que ha denunciado, entre un proyecto que busca proteger los intereses de un grupo financiero de los más beneficiados con el modelo que tenemos. ¡Indigna! Irrita que la industria de la banca, que obtiene una de las mayores utilidades del país, nos venga a pedir un subsidio -porque eso es-, ¡un subsidio!, mientras castiga a la inmensa mayoría de los chilenos a través de las altas tasas de interés y una serie de otros cargos que cobra. Desde el punto de vista internacional, además, tenemos algunas de las tasas de interés más altas del mundo que explican, en gran medida, la irritación que mucha de nuestra población tiene en la actualidad, porque todos, en una u otra medida, nos sentimos afectados.
Hace un par de semanas, hubo una reunión para tratar asuntos de Capitán Pastene y Lumaco, dos comunidades pequeñas que tienen asignado, en un caso, nueve carabineros, y, en el otro, once que por el sistema de turnos que tienen, funcionarios salientes de servicios de 12 horas, sumados a los que están con permiso o con licencia, al final de cuentas para una localidad se cuenta con cuatro. Es decir, faltan efectivos policiales para prevenir la ocurrencia de delitos, que han aumentado significativamente, entre otros, el abigeato, el robo con fuerza, etcétera. Se han hecho esfuerzos para tener más dotación policial y hemos oficiado al General Director para que la dotación de Carabineros sea asignada con otros ojos, porque destinar personal según la cantidad de habitantes puede ser muy bueno, pero para una ciudad poblada como Santiago, no para las comunas que represento, que son de alta ruralidad. Entonces, allí debería aplicarse otro criterio.
Hice este paréntesis para insistir en la necesidad de más fuerzas policiales, pero al servicio de la ciudadanía, que lo está pasando pésimo, para defender al ciudadano común y corriente, que le roban en su casa. Si a esto le agregamos que ha aumentado el índice de sensación de victimización, según reflejan estudios recientes, no necesitamos que se planteen con urgencia proyectos de este tipo.
Endurecer las penas es un error. ¿Quién ha realizado un estudio serio para determinar que el aumento de penas es una herramienta que incide en la disminución de este tipo de delitos? Veo que se está dando una constante en esta materia. Cada vez que se produce un hecho puntual, se envía un proyecto, como si con ellos se fueran a resolver los problemas. Esto pasa por un trabajo que el Gobierno se comprometió a hacer mejor. Si la idea central de su compromiso con la gente a la que le pidió el apoyo fue la seguridad ciudadana, debo advertirle que ha fracasado, según todos los datos. Parece ser que la explicación del fracaso estaría en que “otra cosa es con guitarra”, como dicen en mi zona. Recuerdo en mi región a un senador de la República , un paladín de más mano dura, del fin de la puerta giratoria, etcétera; sin embargo, hoy día está calladito, no puede decir nada y -supongo- debe estar pensando: qué equivocado estábamos.
Y otra gran sorpresa. Aquellos que ayer querían meter más gente a las cáceles, hoy día nos mandan un proyecto de indulto para varios miles de presos. ¡Cómo nos cambia la vida! ¡Cómo nos damos una vuelta carnero! ¡Increíble!
El señor BAUER.- ¡Sólo el burro no cambia de opinión!
El señor VENEGAS.- Sí, sólo el burro no cambia de opinión. Tiene razón. Por eso, debieron haber cambiado un poco antes, cuando les dijimos que la solución no era llenar las cárceles. Con el endurecimiento de las penas suponen que van a resolver los problemas, pero así no van a evitar el robo de los cajeros automáticos, porque no están respondiendo adecuadamente la pregunta, que podría ser por qué se roban los cajeros automáticos. Pienso que cuando estructuremos bien la pregunta, probablemente podremos construir una respuesta más inteligente.
A mi juicio, por esta vía no se puede subsidiar -es lo que estamos haciendo con el proyecto- a una de las empresas con mayor rentabilidad económica, la banca, y desproteger a la ciudadanía, que es lo que me importa.
Perdónenme, pero me irrita la pobreza de las respuestas que se dan a problemas mayores. Les recuerdo el actuar del ministro del Interior , que para hacer frente a las movilizaciones sociales, envía un proyecto que da risa: prohibir la concurrencia de personas con máscaras o antifaces a esas movilizaciones. ¡Esa es una torpeza! ¡Perdónenme! ¡Cómo va a impedir eso! ¡Cómo lo va a prohibir! Eso es no estar leyendo nada, no estar entendiendo nada de la complejidad que hay detrás de esas movilizaciones.
Por cierto, condeno las acciones de violencia, pero no se puede pretender que con un proyecto de esta naturaleza se resuelvan las cosas. ¿No habrán quedado estresados los señores que hicieron ese tremendo esfuerzo intelectual? Deberían darles licencia, porque el parto intelectual debe haber sido enorme. ¡Y después nos sorprendemos cuando la ciudadanía valora poco a la clase política! Preocupémonos de lo que corresponde, por ejemplo, de que en mi zona hay mucho contingente, pero que en la lógica de este proyecto, está destinado a proteger los intereses de las grandes empresas transnacionales. ¿Cuántos carabineros protegen fundos, de acuerdo con medidas de protección o cautelares? Sin embargo, por años la población sigue con los mismos problemas.
Por eso, también tengo una opinión bastante negativa del proyecto en debate.
He dicho.
El señor HALES.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor HALES.- Señor Presidente , estoy obligado a concurrir a la sesión de la Comisión de Reconstrucción. Lo señalo, porque puede que algún diputado replique algunas de mis palabras y piense que me ausento porque no quiero escucharlo.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Señor diputado, la Mesa ha tomado nota de las razones de su salida de la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , a raíz de este proyecto, una vez más se encuentran las dos maneras de mirar el fenómeno de la delincuencia, sus causas, el cómo abordarlo y el cómo resolverlo.
Una mirada es reconocerlo como un fenómeno social, que tiene su origen en un error de la organización de la sociedad y que, en consecuencia, su solución no sólo es de carácter judicial, policial, legislativo o carcelario, sino que requiere una mirada más omnicomprensiva, que se haga cargo del conjunto de los factores que inciden en que el fenómeno se instale en la sociedad.
La otra mirada es la vieja matriz, que siempre se hace presente en este Hemiciclo, en las bancadas del frente, que dice que es una especie de perversión, porque alguien nació intrínsecamente malo y que, para limitar sus efectos perniciosos en la sociedad, hay que endurecer las leyes, aumentar la dotación policial, aumentar las cárceles, aumentar los jueces, en suma, aumentar la represión.
Hace poco tiempo, por el ímpetu de algunos parlamentarios, a uno se refirió el diputado Venegas , esa matriz ideológica logró ser impuesta al conjunto del sistema político. ¿Cuál es el resultado? Tenemos 51 mil reos en establecimientos con capacidad carcelaria para albergar 35 mil internos. Ya conocimos lo que ocurrió. Una Comisión creada por esta Corporación investigó la tragedia sucedida en la cárcel de San Miguel, ocasión en que fallecieron 81 reos. Este hecho, golpeó la conciencia nacional y llevó al Gobierno a hablar, a través del ex ministro de Justicia , de una política tendiente a usar la cárcel de manera inteligente.
Y es así que se propuso al Congreso considerar un proyecto de ley, que la Derecha se negó a votar la semana pasada, que busca que los presos que cometieron delitos menos graves terminen sus penas fuera de la cárcel.
Cuando se nos ha informado que ésta es la política predominante o hegemónica del Gobierno y que es el punto de vista que impulsará de aquí en adelante, nos llega este proyecto que va en la dirección contraria y que, además, está mal elaborado, pues tiene graves dificultades en relación con los niveles de las penas que se aplican a otros delitos de la misma naturaleza, en particular, los que se refieren a asaltos en sitios despoblados.
Por esta misma razón y para ayudar al Gobierno a encontrar la brújula y un centro que le permita organizarse por lo menos en esta materia y no seguir con este pa’tras pa’delante, que lo caracteriza en todas las áreas, vamos a votar en contra de la iniciativa. Además, porque nos parece abusivo que en el desconcierto del Gobierno, una vez más se cargue a los chilenos a través de los impuestos para financiar más policías, más cárceles, más jueces, más leyes endurecidas, en circunstancias de que se está protegiendo a un sector o a una industria que, según el último balance, obtuvo 3.300 millones de dólares de utilidad en el semestre.
La seguridad de las instalaciones bancarias la deben pagar los bancos, ya que ellos no se instalan en carpas o en rucas. ¡Qué hagan la inversión que corresponde a la naturaleza del negocio que manejan! ¡El resto es una frescura!
Reitero, votaremos en contra del proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , hago un llamado a tratar estos temas con seriedad; creo que tenemos suficiente con que se hable del sistema a propósito de cualquier iniciativa de ley.
El diputado Venegas ha ironizado y ha llamando a tratar el tema con seriedad. Estoy repitiendo una frase textual de él. Sin embargo, habla de la sensación de victimización. Es decir, no entiende la diferencia entre victimización y sensación de inseguridad, que todos los técnicos conocen.
Luego señaló que el Gobierno ha fracasado en la lucha contra el delito.
Pido al señor Venegas y a todos los diputados de la Oposición que lean con atención la encuesta -que está a disposición de ustedes- Adimark-Paz Ciudadana, que dio lugar a una sesión especial de la Cámara, que demuestra que son más los chilenos que no han sido víctimas de delitos que los que lo han sido en el último año.
Los diputados Schilling y Venegas se han manifestado en contra de aumentar la pena de los delitos, cosa que me parece de la mayor racionalidad. Efectivamente, ése no es el camino para solucionar el problema delictivo. Por intermedio del señor Presidente , pregunto, ¿cómo votarán ellos y sus bancadas el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados de la Concertación, que acabamos de analizar en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que aumenta las penas que se aplican al delito de robo de autos, porque los vehículos que se roban no son precisamente los del pueblo, los que tienen diez o quince años de uso o los de la señora del almacén de la esquina? Me imagino que presentaron esa iniciativa porque a alguno de ellos le afectó un delito de esa naturaleza.
El señor ANDRADE.- Lo votaremos en contra.
El señor CALDERÓN.- Muy bien, diputado Andrade. Efectivamente, hay que votarlo en contra, porque el camino de elevar las penas no constituye la solución al problema de la delincuencia.
El proyecto en discusión no tiene ningún problema técnico, como aquí se ha denunciado, porque no aumenta las penas. ¡Por favor, leamos bien el proyecto! Sólo agrega un inciso segundo al artículo 443 del Código Penal, que sanciona el robo en lugares de uso público. La iniciativa sólo especifica una determinada forma de conducta delictiva, que hoy tiene otro tratamiento.
Por lo tanto, no hablemos de aumento de pena ni de que estamos legislando para los ricos, ya que lo que se pretende proteger es la seguridad de las personas, que es la que se ve afectada por los robos de cajeros automáticos, y no el dinero de los bancos.
Ya que existe tanto espíritu democratizante o para una democracia directa, preguntemos a la ciudadanía si quiere que sigan los robos de cajeros automáticos.
A mi juicio, llegó el momento de tratar este tema desde el punto de vista técnico y de manera coherente.
El diputado Schilling nos acusa de instalar una política represiva y de que siempre aumentamos las penas de los delitos. Quiero decir al diputado Schilling , por intermedio del señor Presidente , que hay un informe de la Comisión de Modernización de las Cárceles, formada por el gobierno de su Presidenta Bachelet , según el cual se dictaron 21 leyes con posterioridad a la reforma procesal penal, presentadas por su gobierno y por parlamentarios de la Concertación. No lo digo yo, sino el informe de esa comisión.
Entonces, pido coherencia. Algunos olvidan quiénes han aumentado las penas y aplicado esa política represiva.
Antes de ser parlamentario, participé en una comisión de estudio. El gobierno de la Presidenta Bachelet estudiaba un proyecto para castigar con más penas los delitos cometidos por encapuchados. ¿Lo van a negar ahora? Cuando se producían marchas y protestas en sus gobiernos, ¿cuál era la posición de la Concertación al respecto?
Por eso pido que seamos coherentes y que tratemos el tema con seriedad de una vez por todas.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .- Señor Presidente , los argumentos del diputado Giovanni Calderón me ahorran muchas consideraciones que iba a plantar en la discusión. No obstante, destacaré varios temas y aspectos relacionados con el proyecto de ley.
En primer lugar, todos sabemos que las personas expresan que los problemas de seguridad ciudadana y la delincuencia están entre sus prioridades -quizás la primera-, por lo que ha formado parte del debate, no solamente ahora, sino también en las campañas presidenciales, durante las cuales tomó mayor importancia, sobre todo con las propuestas y los planteamientos de los candidatos, los cuales eran motivados por los requerimientos de la ciudadanía.
Todos sabemos que el tema de la seguridad ciudadana es un trabajo de largo aliento. Hay años o meses muy buenos, que pueden estar marcados por diferentes circunstancias, como lo hemos conversado. Por ejemplo, el año pasado hubo una baja importantísima en los índices de victimización, tal como lo señaló la encuesta Enusc. También sabemos que varias razones motivaron esa baja. Unos hablaron de que se debió al terremoto; otros, que sólo se dio en algunas regiones y no en otras; otros, que la respuesta tenía razones estacionales. Sin duda, hubo una baja importante en los niveles de victimización, que se revirtió en estos primeros meses, y las razones también están a la vista. Hay un sinnúmero de especulaciones y de motivos para justificar alzas o disminuciones. Pero más allá de las cifras en uno u otro sentido, todos coincidimos en que es un tema que se tiene que trabajar con largo aliento y que no es de efecto inmediato.
Precisamente, es allí donde entra el proyecto de ley que el Gobierno ha presentado y que dice relación con el mal llamado aumento de las penas por robo de cajeros automáticos, porque, como dijo el diputado Calderón , aquí no se están aumentando las penas por ese delito.
Todos sabemos que los cajeros automáticos generan una serie de beneficios a la ciudadanía. Se ha tratado de instalar la idea de que esto beneficiaría y protegería a los bancos, etcétera. Los cajeros automáticos entregan una serie de beneficios a la ciudadanía, sobre todo a las personas que viven en sectores más alejados. Hemos visto que hay un sinnúmero de localidades o comunas donde, por ejemplo, no llegan los bancos privados y sólo tiene sucursal el Banco del Estado.
Sin embargo, la destrucción del cajero automático de una localidad tiene una serie de consecuencias que afectan a las personas que acceden a su uso; por ejemplo, deben trasladarse muchísimos kilómetros para retirar el dinero de su pensión, de alguna cuenta vista, de ahorro o cuenta corriente. Por lo tanto, el tema va mucho más allá de la discusión sobre proteger o no a los bancos, como antojadizamente se ha afirmado por algunos diputados de la Oposición. Claramente, cuando se instala este tipo de temas, no se dice nada sobre la otra cara de la moneda, sino lo que les acomoda.
Escuché a un diputado señalar que en este sector de la Cámara, más cargado a la Derecha, se instala la idea de que las personas nacen intrínsecamente malas y que no tienen ninguna posibilidad de rehabilitación. ¡Qué discurso más añejo y antojadizo! Sin ir más lejos, sería muy fácil decir que lo intrínsecamente perverso es el marxismo, porque así se instaló en la discusión en algún minuto y hubo muchos que lo plantearon alguna vez. ¡Qué antojadizo sería si lo hiciera! Pero no lo hago, aunque se ha planteado. Entonces, hay que plantear los discursos en su total lógica.
El proyecto tiene su fundamentación. Actualmente, el robo de cajeros automáticos no está tipificado. Simplemente, se accede a diferentes figuras, como lo han planteado algunos parlamentarios: una es el hurto, cuyas sanciones van desde 3 años y un día a 5 años, incluso pueden llegar a 61 y 540 días, dependiendo de la cantidad sustraída.
Otra fórmula para sancionar el robo de cajero automático es la figura del robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, que, desde el punto de vista del piso, también implica penas muy bajas, porque parte en 541 días. Y lo que hace el proyecto de ley es asociarlo a otro delito -se ha mencionado antes- establecido en el artículo 443, relativo al robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público. A esa tipificación se ha asociado este delito.
Además, se ha planteado una serie de argumentos más, como, por ejemplo, que esto va en contra de la política carcelaria que ha implementado el Gobierno. Todos condenamos y lamentamos el incendio en la cárcel de San Miguel -así lo consignamos en el informe de la Comisión Investigadora- y expresamos que ese tipo de situaciones no se puede repetir. Sería muy fácil argumentar que ese tipo de situaciones se produce porque, en política carcelaria y en materia de rehabilitación, no se ha hecho nada en los últimos años; pero no es ése el motivo ni el argumento de lo que planteamos.
Actualmente, en cuanto a política carcelaria, el Gobierno se ha esforzado para que las cárceles no estén tan repletas de gente y este proyecto no va en contra de esa medida. Precisamente, la iniciativa del Gobierno que se está analizando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, busca que se reduzca el número de personas que cumplen penas de privación de libertad por delitos menores, de multas.
Pero respecto de los delitos considerados en este proyecto, la pena que se establece sí tiene que cumplir un efecto disuasivo importante, y lo que busca el Gobierno es aumentar el piso y no el techo, que sigue siendo el mismo.
Por último, me interesa destacar dos aspectos. Primero, si buscamos una mayor proporcionalidad en las penas que rigen en el país, tenemos que desarrollar la discusión de fondo, cual es discutir un nuevo Código Penal, tema que se ha venido planteando desde hace bastante tiempo. Recuerdo que en la legislatura anterior, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el entonces ministro de Justicia , del Partido Radical Social Demócrata, don Isidro Solís , nos manifestó que se estaba estudiando un proyecto de nuevo Código Penal para enviar al Congreso Nacional al final del período anterior. Pero nunca pasó nada.
Entonces, si vamos a discutir la proporcionalidad real de las penas y que haya una coordinación y concordancia entre los diferentes delitos y las penas que se les asignan, debemos discutir a fondo una legislación completa en la materia, pero, por ahora, hay que buscar soluciones. Y según lo que se ha planteado en esta Sala, pareciera que las soluciones que lleva adelante el Gobierno van solamente en la línea de aumentar el piso, pero eso no es así. Existe una serie de temas que ha visto la Comisión y no solamente dicen relación con el endurecimiento de las penas, sino también con el entintado de billetes, el blindaje, con cajeros nuevos y una agenda de trabajo que se lleva adelante con los bancos. Entonces, no se trata sólo de endurecer las penas, sino que hay un trabajo coordinado y compartido.
De hecho, en el artículo segundo de este mismo proyecto de ley, se establece que “las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública…”. Esa modificación se incorporó a solicitud de diputados de la Oposición, para dar una señal a los bancos de que se están endureciendo las penas pero, al mismo tiempo, les exigimos la implementación de medidas de seguridad que vayan en la misma línea de lo que está haciendo el Gobierno a través de este proyecto de ley. Ellos también tienen responsabilidad. Lógicamente, también se hace un llamado de atención a los bancos, porque si hoy sólo algunos bancos o instituciones financieras tienen, por ejemplo, el sistema de entintado de billetes, no sirve de mucho si otros no lo tienen, porque los delincuentes sabrán cuáles son los bancos que sí han incorporado el sistema y, por lo tanto, robarán los cajeros automáticos de los bancos que no tienen incorporado el sistema de entintado de billetes. Por eso, esta futura ley también dará facultades al Ejecutivo para que las normas que dicten en materia de seguridad también afecten a los bancos en estos temas, porque es la única manera de llevar adelante una política relativamente racional y que tenga algún efecto hacia el futuro. No se trata sólo del endurecimiento de la pena, sino también de un compromiso, en este caso graficado en el artículo segundo del proyecto de ley, que incluye a las instituciones bancarias o financieras en las medidas de seguridad que el Gobierno disponga.
Por lo tanto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional apoyará el proyecto. Espero que pronto sea ley, porque se dan señales importantes para disuadir a las personas que cometen delitos y que producen un efecto dañino en la ciudadanía.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, como lo han dicho otros colegas parlamentarios, éste es un proyecto de ley que, a todas luces, se ordena y busca su centralidad en la defensa de los intereses de los grandes bancos.
La institución bancaria es, quizás, el símbolo más propio del actual modelo económico que, por la vía de la actividad esencialmente especulativa, ha logrado las tasas de rentabilidad más altas que tenga algún sector de la economía en el país.
Hoy, se pone en debate cómo seguir protegiendo sus intereses y no cómo exigir a los bancos que inviertan en seguridad sin trasladar esa carga a los clientes, para que sus sistemas den las garantías de seguridad básica que, desde el punto de vista de la actividad bancaria, debiera tener ese servicio. Sin embargo, en la perspectiva del Gobierno, es más fácil ejercer siempre el mecanismo de la represión para el control de la convivencia en la sociedad.
A pesar de que algunos ven fantasmas en cada movimiento que se levanta para reclamar sus legítimos derechos; a pesar de que alcanzan máxima masividad, desde el punto de vista de su comparación histórica; aunque tienen argumentaciones ineludibles, desde el punto de vista de su justeza y urgencia, igual hay parlamentarios que ven en esos movimientos una conspiración que instigan algunos por la vía de pagar activistas en la perspectiva de desestabilizar a un gobierno, sin tomar nota de que es el Gobierno el que está dando la pauta para ir perdiendo credibilidad y respeto en la ciudadanía en general.
En este caso concreto, nada se dice de las víctimas reales, que son los usuarios del sistema. Por sobre la persona está la máquina que instala tal o cual banco.
¿Por qué los bancos no invierten para crear las garantías que se requiere en un sistema de este tipo? No se toma nota de que, por lo demás, cada vez que se arranca un cajero no es el banco el que se hace cargo de ese costo, porque existen primas y seguros comprometidos, y eso se traslada de nuevo a las personas, como costo de operación.
Éste es uno de los proyectos que evidencian con mayor claridad la prioridad que tienen el Gobierno y su gente al ordenar la convivencia que debiera darse a nivel de sociedad.
¿Por qué no se va al fondo de problema? ¿Por qué se siguen explicando los delitos como hechos aislados que obedecen sólo a la perversión de alguna mente en particular? Porque se siguen mirando los delitos como hechos desvinculados de la necesidad, de un cuadro general de inequidad y de una distribución de la riqueza que es casi una provocación para mucha gente, nuestra bancada votará en contra de este proyecto, ya que no estamos dispuestos a seguir legislando en favor de los grandes privilegiados del modelo, en particular las grandes cadenas bancarias que lo único que han hecho es llenar a sus usuarios de tasas de interés para luego conseguir que sea el Estado quien se haga cargo cuando ellas tienen un revés.
Corresponde que sean los mismos bancos los que tomen las medidas de protección de los cajeros automáticos; a ellos hay que exigirles su resguardo y no seguir trasladando los costos que ello involucra a la sociedad en su conjunto, puesto que eso es continuar ordenando la vida en función de los grandes grupos económicos, de las grandes tasas de interés especulativas, que es lo que rige y permite las tasas de rentabilidad que hoy tienen las instituciones bancarias.
Por las razones expuestas, reitero que vamos a votar en contra de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto de ley que ha tenido diferentes visiones, tanto de parte del Oficialismo como de la Oposición.
Me quedo con la intervención que realizó la semana pasada el diputado Felipe Harboe , cuando iniciamos la discusión, porque los fundamentos allí esgrimidos fueron bastante categóricos para expresar, al menos, nuestra preocupación en materias tan importantes como la delincuencia y la seguridad ciudadana en nuestro país.
Asimismo, discrepo absolutamente de las palabras del diputado Calderón, a través de las cuales pide seriedad a los parlamentarios que tenemos una visión diferente del tema que nos ocupa.
Creo que la seriedad -así, por su intermedio, señor Presidente , le respondo en forma directa al diputado Calderón - no sólo debe darse respecto de materias como la que debatimos, cuando tratamos proyectos sobre seguridad ciudadana, que tienen relación con los derechos de las personas.
Muchas veces, el diputado Calderón , que en su intervención apeló a nuestra falta de seriedad por tener una visión distinta, ha violentado preceptos elementales sobre los derechos de las personas en el mismo Congreso Nacional.
Por lo tanto, creo que para hablar con el tono que él utilizó hay que mostrar un poco de ética. Él sabe perfectamente por qué lo planteo.
En cuanto al proyecto en cuestión, nadie puede discutir, independientemente de las posiciones, que el Gobierno ha fracasado en lo que fue su bastión de propaganda fundamental para llegar a conducir los destinos de este país: el tema de la delincuencia.
Hace un par de semanas, el propio Presidente de la República literalmente lo planteó así: la delincuencia no la puede eliminar un gobierno determinado. Pero el gobierno que él preside utilizó el tema de la delincuencia como el gran caballito de batalla para ganar las elecciones presidenciales hace dos años.
Y, claro, como lo he señalado en otras oportunidades en esta misma Sala, ello se hizo porque las encuestas en aquel entonces marcaban que los chilenos querían tener mayor seguridad y que los delitos cometidos contra la propiedad privada y contra las personas tuvieran mayores sanciones. Y en aquella oportunidad, el entonces candidato, ahora Presidente , utilizando su conocida y clásica estrategia e inteligencia empresarial, mandó a confeccionar miles y miles de letreros que inundaron las 341 comunas de Chile para señalar que aquí se acababa la fiesta de los delincuentes.
Muchos de los diputados de las bancadas de enfrente aparecieron en la foto con los brazos abiertos, al lado del candidato, con una leyenda que decía que la batalla contra la delincuencia sería el eje central de este gobierno.
Y esa promesa de campaña, gracias a la cual miles de chilenos votaron a favor del actual Presidente , ha fracasado. Y hoy las personas sienten que la puerta giratoria de la delincuencia no se ha trabado en lo absoluto, sino que se ha abierto, que continúan los problemas que denunciaba la coalición que entonces era Oposición y que ahora apoya al Gobierno.
Por lo tanto, la inseguridad ciudadana es uno de los temas más latentes en la actualidad, cuestión que se puede apreciar hasta en las comunas más pequeñas de nuestras regiones.
En otras oportunidades me he referido a lo que pasa, por ejemplo, en Puerto Varas, donde la gente sale a trabajar y los delincuentes aprovechan la ocasión para entrar a robar a sus casas. Esto sucede en Puyehue, en Purranque, comunas en las que antes era muy difícil encontrar delitos de este tipo o de alta connotación.
Entonces, quiero ratificar lo que han planteado algunos colegas.
La pregunta que nos debemos hacer no es la que señala el diputado Calderón , que decía que había que preguntarles a los chilenos si les agrada o no el robo de cajeros automáticos. Ésa no es la pregunta que corresponde. Los chilenos repudian cualquier tipo de robo o cualquier expresión de delincuencia. La pregunta que cabe es otra: ¿Qué prefieren los chilenos?
Tanto el diputado Cristián Monckeberg como el propio diputado Calderón manifestaron que el proyecto no sube las penas, pero -hay que decirlo- sí aumenta los pisos de las penas. Por ejemplo, en la actualidad, el robo de un cajero automático se penaliza con 541 días a cinco años. Mediante esta iniciativa, se aumenta el piso de la pena a tres años y un día, el cual es mucho más elevado que el existente. Desde nuestro punto de vista, eso puede ser más peligroso, puesto que un delincuente podría preferir, por ejemplo, cometer robo por sorpresa en lugar de robar cajeros automáticos. Incluso puede darse la paradoja -la idea también se ha planteado con fuerza- de que el delincuente, al constatar que otros delitos tienen una condena más baja, al final, en lugar de robar los cajeros automáticos, opte por robarle a la persona que retira dinero del cajero.
Por lo tanto, ésa es la pregunta que debemos plantearnos.
Encuentro realmente ridícula la aseveración del diputado en el sentido de que aquí hay diputados de la Oposición que están promocionando el robo de autos. La verdad es totalmente distinta.
Personas de clase media, incluso gente modesta, se endeuda por seis u ocho años para comprar un automóvil, pero de la noche a la mañana se ve enfrentada al robo de éste y, más encima, no puede contratar un seguro.
Entonces, es muy diferente vincular el robo de cajeros automáticos con el robo de un auto particular, que ha sido comprado con esfuerzo. No es cierto lo que el diputado señala en cuanto a que en Chile solamente se roban los autos de lujo; también se roban autos o camionetas compradas para trabajar. Entonces, estamos hablando de cosas totalmente diferentes, y no es posible vincular un proyecto con otro.
Hoy, lo que hace la iniciativa que debatimos -lo digo con todas sus letras- es proteger a los grandes bancos. Y lo único que pedimos nosotros es que sean esas mismas instituciones quienes deban adoptar medidas para autoprotegerse. ¿Cómo hacerlo? Utilizando los diversos mecanismos que emplean los bancos en el resto del mundo para evitar los robos de sus cajeros automáticos, entre ellos, el sistema de entintado de billetes. Algunos dicen que eso es caro. Bueno, los bancos tendrán que implementarlo. ¿O ustedes creen que cuando se roban un cajero el banco pierde algún peso? No pierde nada porque esos recursos están asegurados. Digamos las cosas por su nombre.
Voy a votar en contra del proyecto, porque tengo la convicción de que no es un aporte fundamental en relación con los temas por los cuales la ciudadanía le dio la confianza a este Gobierno, que era implementar leyes en beneficio de las personas y no de la banca privada, como ocurre en este caso.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , esta discusión me recuerda cuando, años atrás, la gente pedía a gritos que le pusieran un teléfono en su población. Se accedió a ello y al final se los robaron todos. Frente a ello, ¿qué hizo la compañía? Optó por retirarlos. Hoy eso no es problema, porque están los teléfonos celulares.
Ahora, habría que preguntarse qué pasa-ría si los bancos deciden retirar los cajeros automáticos que nosotros mismos pedimos para los pueblos chicos que no tienen bancos, lo que les ocasionaba tremendos problemas. Seguramente los retirarían, aun cuando pierdan plata. Es una suposición, pero pienso en esa posibilidad, después de escuchar las teorías que se han planteado durante el debate. Es decir, cuando se produzca un robo, la policía tendría que preguntar a la persona si tiene seguro. Si la persona le dice que sí, entonces le tendrían que decir que no van a investigar el robo porque va a pagar el seguro. Bajo ese predicamento, para qué vamos a tener policías. Es mejor contratar un seguro y al final saldrá mucho más barato. Pero ése no es el tema.
El punto está en si hoy queremos tener más orden y aumentar las penas a las personas que roban. Tengo la convicción más profunda de que toda persona, cualquiera sea su situación socioeconómica, tiene derecho a que sus bienes sean protegidos, porque a todos les cuesta obtenerlos, ya sea el auto, un teléfono, un televisor, etcétera.
Es indudable que detrás de los bancos hay un negocio, pero el problema está en que el robo de cajeros automáticos conlleva también el robo de un vehículo, que puede ser la camioneta -de la cual hablaba el diputado Fidel Espinoza - que la víctima ocupaba para realizar su trabajo. Entonces, es una cadena de nunca acabar.
Creo que aquí ha faltado ponerse de acuerdo en una cosa: ¿realmente queremos terminar con la delincuencia o no? ¡Ésa es la pregunta que nos debemos plantear! A la luz de los discursos de algunos colegas, pareciera que se alegran cuando aumenta la delincuencia y la cantidad robos. Por lo que han señalado, me da la impresión de que se alegran de ello porque así insisten en que ha fracasado el Gobierno del Presidente Piñera. Si eso fuera así, sería un fracaso de toda la sociedad chilena, a la cual le ha ganado la delincuencia, que está conformada por un puñado de antisociales que no constituyen más de 3 por ciento, lo que resulta inconcebible.
Por otra parte, el Gobierno ha señalado que los encapuchados no podrán participar en las marchas. En su oportunidad, la Presidenta Bachelet mandó un proyecto en ese sentido y, como Oposición, consideramos darle apoyo si ella lo estaba pidiendo como una ayuda para identificar a las personas que hacen desórdenes, pero ahora se dice que son focos aislados y que no producen ningún da��o, ya que sólo asaltaron dos o tres edificios, cuando en Santiago hay miles. Entonces, se minimiza el tema y se dice que eso no tiene tanta importancia. Déjenlos tranquilo. Algunos también afirman que debemos retirar a la policía del resguardo de las marchas y dejemos que la gente se exprese; no pongamos a nadie a resguardar el orden y la seguridad y que los manifestantes vayan por donde quieran. ¿Para qué vamos a reprimir a la pobre gente que se quiere expresar y manifestar? Se insiste en que hay que dejarlos que se expresen y que hagan lo que quieran. Les garantizo que los mismos que están gritando hoy van a preguntar por qué sacaron a los policías de la calle y no protegieron los bienes de las personas que fueron asaltadas por los vándalos. Es increíble. La semana pasada apreciamos la violencia verbal que se generaba y la forma en que atacaban a un carabinero que se había metido a la caseta de entrada al Congreso Nacional, pero no oímos ni una sola palabra en contra de la gente que tiraba piedras al edificio del Congreso Nacional, que rompieron vehículos y quemaron autos. ¡Ninguna palabra! Entonces, habría que preguntarse si seguimos en la misma idea de que el delincuente tiene todos los derechos y las personas honradas no tienen ninguno. Eso es lo que tenemos que corregir. Si se aumentan las penas, no se hace contra el buen ciudadano ni contra el que va a sacar su dinero de un cajero automático o va a depositar, sino a quienes cometen el delito, que es lo lógico. Para mí, eso no debiera tener discusión. La discusión que aquí se debiera dar es respecto a aumentar o bajar las penas y no rechazar de plano la iniciativa porque se trata de un banco. Eso no es posible.
Sinceramente, si hay algo que me produce comezón, son los balances de los bancos Eso lo digo de verdad y así lo he sostenido siempre. Quizás parecerá curioso, pero no ganan la plata con los intereses. Algunos dirán que me he vuelto loco, pero es verdad lo que digo. La ganancia la obtienen por lo que cobran por los cajeros automáticos, por lo que cobran por las tarjetas, por responder por el saldo de una cuenta, cuando cobran dos pesos por no sé qué servicio, cargos fijos por un sinnúmero cosas. Eso les genera más ganancia que lo que cobran en intereses.
Quiero precisar que no estoy protegiendo a las instituciones bancarias, sino a esa gente que peleó durante muchos años para que les pusieran un cajero automático. Por ejemplo, en Villarrica y Pucón, comunas que represento en esta Cámara. En el verano se produce un verdadero caos cuando se acaba el dinero de los cajeros automáticos; incluso, los bancos han tenido que instalar más cajeros automáticos. Entonces, debemos reconocer que también entregan un servicio.
Por ello, debemos llegar a un acuerdo. Primero, analicemos qué queremos proteger y hacia dónde queremos llevar esta iniciativa. Pero no nos podemos alegrar cuando aumenta la delincuencia, sino cuando no tengamos más personas en las cárceles o cuando en las cárceles no se reprima y las personas tengan derecho a una reivindicación, que es lo que todos queremos.
Entonces, cuando aquí se promociona la propia puerta giratoria -de la cual tanto se ha hablado- y cuando se votó para que salieran en libertad tres mil seiscientos presos, es necesario aclarar que se trata de personas condenadas que tenían penas menores. Nunca se dejó en libertad a un preso que estaba condenado por delitos mayores. Cuando se produjo el fatídico incendio en la cárcel de San Miguel, entre las ochenta y una personas que murieron había una que estaba presa por haber robado un celular, a quien habían condenado a sesenta días; otro, porque había robado un billete o rayado un auto y tenía sesenta días de cárcel, lo cual generalmente se hace con pena remitida. Es ahí donde se tiene que corregir el problema.
Por eso, al analizar lo que hoy estamos debatiendo, creo que el problema no son los bancos, sino que hay que poner freno a la delincuencia, porque para nadie es agradable que se produzca. No obstante, les debo decir que más culpables son, en forma encubierta, quienes amparan la delincuencia al no apoyar el aumento de las penas. Eso sí que es grave, porque los delincuentes saben que es más barato robar un par de millones de pesos y estar un año preso y salir libres, que estar trabajando afuera. Por eso, hay mucha gente que roba radios de auto, espejos y autos, o sea, prefiere delinquir que seguir trabajando, porque es mucho más barato, ya que las penas que se establecen en el Código Penal son sumamente bajas.
Entonces, estamos en la disyuntiva de elegir si queremos un país con menos delincuencia, no necesariamente con más represión, porque no se reprime a la persona de bien y de trabajo, sino a la persona que ha hecho del robo un modo de vida. Ése es el tema de fondo que tenemos que atacar. Cuántas veces a ustedes mismos les han robado la cartera, el celular o la billetera y ponen el grito en el cielo y lanzan todos los epítetos posibles, pero cuando se trata de aprobar un proyecto de ley para protegerse de eso, dicen que no y que esas personas son unos pobrecitos.
Por eso, debemos tener claridad en lo que vamos a aprobar. Creo que el proyecto de ley favorece a la gente de bien y que toda pena contra el delincuente va a significar mayores beneficios para las personas que están trabajando y que quieren tener un mejor pasar. Además, es muy raro que los robos se aclaren de inmediato, incluso hay otros barrios en donde nunca se aclaran.
Debemos poner atención en las antenas telefónicas, porque los que a veces se oponen a su instalación -no me refiero a un barrio específico- son los mismos que después irán a reclamar cuando no exista cobertura.
Hoy, cuando el país está a punto de quedar sin electricidad, me gustaría saber qué pasará cuando una persona quiera formar un comité de vivienda para construir mil, 2 mil, 3 mil o 5 mil casas en Santiago y le digan que no hay disponibilidad suficiente para dotarlas de energía eléctrica.
Tenemos problemas muy importantes que solucionar, y ello -perdónenme que se los diga- no es tarea de la Oposición ni del Gobierno, sino de todo el país, de las personas que lo dirigen, de la gente que quiere un Chile mejor y más solidario, de los que estamos en política para hacer el bien y ver la forma de contribuir a solucionar los problemas, y no para ponernos trabas entre nosotros mismos.
A algunos les podrá extrañar, pero creo que la práctica de las ofensas tienen que ir quedando en el pasado, porque debemos enfrentar una etapa mucho más difícil: la del entendimiento. Cuando un país madura, después viene la época del entendimiento. Esperamos que esto ocurra luego y que todos juntos podamos sacar a Chile adelante, para que tengamos un país, Dios mediante, con menos delincuencia, porque eliminarla de cuajo es algo imposible. Pero hagamos un esfuerzo para tener un Chile mejor.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, con su venia voy a ceder mi tiempo a la colega María Antonieta Saa para que intervenga en mi lugar, porque ella ha dicho que estamos discutiendo este proyecto con altura de miras, pero que nos estamos equivocando en nuestros argumentos.
Por eso, prefiero que intervenga la colega María Antonieta Saa .
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del diputado Enrique Jaramillo, tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , agradezco al diputado Enrique Jaramillo que me haya cedido su tiempo.
Lo que está en discusión no es que unos estén por combatir la delincuencia y otros no; creo que todos estamos de acuerdo en que hay que combatirla, aunque, a veces, no coincidimos en los métodos usados para hacerlo, o nos preocupamos por la forma ligera en que se plantean. Recuerdo que cuando el actual Presidente de la República era candidato decía que los delincuentes debían prepararse, porque al día siguiente de asumir iban a ser castigados. Pero después se dio cuenta de que el problema era mucho más complejo de lo que pensaba.
En todo caso, nadie debe poner en duda que estamos en contra de la delincuencia; sostener lo contrario no es conveniente y, además, constituye una falacia, si consideramos que todos los colegas tenemos el mismo interés. En lo que nos diferenciamos es respecto de los métodos en los cuales debe ponerse el énfasis.
Lo que yo critico es que no se le ha dado la importancia debida a la prevención, no obstante que está relacionada con todo el problema. Por ejemplo, ¿qué pasa con los desertores escolares, que es uno de los problemas que los estudiantes nos están haciendo ver con tanta crudeza y profundidad? Cuando un niño deja de asistir a su colegio, ¿qué hace?, ¿en qué ocupa su tiempo?, ¿qué puede hacer en un barrio periférico de la ciudad? ¡Nada! Por ejemplo, los municipios de mi distrito no tienen ni un solo programa para jóvenes y niños; absolutamente ninguno.
Todos sabemos que cuando los jóvenes egresan de cuarto medio, un tercio de ellos entra a trabajar; otro tercio, a estudiar; pero, ¿qué pasa con el tercer tercio de jóvenes? Se quedan en la casa, y después de dos o cuatro meses, no saben qué hacer. Entonces, salen a la calle, se juntan con sus amigos y, muchas veces, terminan haciendo cosas que no debieran. Por otra parte, es imposible que sus familias les planteen alternativas; sencillamente, no tienen alternativa alguna.
Entonces, ¿por qué también no ponemos el énfasis en ese aspecto? ¿Qué vemos que hace el Gobierno? Que pone el énfasis en el castigo y en las penas, lo que hace que las cárceles se llenen; pero no se avanza en la prevención, no se invita a los municipios a desarrollar programas para jóvenes que, en realidad, costarían muy poco. Por ejemplo, la comuna de Huechuraba tiene un presupuesto de más de 18 mil millones de pesos al año, lo que es mucha plata. Sin embargo, no hay ni un solo programa para jóvenes.
¿Qué le preocupa a la alcaldesa de Huechuraba ? Instalar una especie de gran globo, con doce cámaras que vigilen a la población. Ese globo costó 192 millones de pesos y su único objetivo es vigilar todo lo que pasa en la población. Pero -como digo- no hay ni un solo programa de capacitación para jóvenes. ¿Por qué la alcaldesa no invierte los recursos en ese objetivo?
Lo mismo ocurre en Renca, donde se pagan 90 millones de pesos para contratar un artista que vaya a entretener a la gente; pero no existe ni un programa para los jóvenes de la comuna. En los últimos días, en la población San Genaro y en una población cercana al cerro, ocurrieron dos homicidios terribles, espantosos.
En Conchalí tampoco hay ni un solo programa para jóvenes, y por eso una patota de adolescentes desocupados se agarra a balazos con otra pandilla y, al final, matan a una señora que se encontraba cocinando en un quinto piso. ¡Córtenla! La preocupación por la delincuencia también debe pasar por la prevención.
¿Qué se pretende con este proyecto? El Presidente de la República ha dicho que en la vida todo cuesta, que nada es gratis. Entonces, no me extraña que el endiosamiento de la propiedad privada lleve a que las autoridades se preocupen más de vigilar los billetes de los cajeros automáticos que de resguardar la seguridad de las personas.
El colega Felipe Harboe dijo que la pena que se aplicará a los asaltantes de cajeros automáticos será mayor que la que se aplicará a quienes cometan asaltos en la calle. ¿Qué pensará un delincuente avezado? Obviamente, que le conviene más asaltar personas en la calle que robar un cajero automático, porque el primer delito tiene una pena menor.
Eso es lo que estamos discutiendo aquí; no que no nos interese la delincuencia. Simplemente, tenemos una visión distinta, pero seria. Recalco esto último, porque cada vez que los parlamentarios de Derecha dicen algo, engolan la voz para decir: “Seamos serios; discutamos esto con seriedad”. Lo dicen los colegas a los que estoy mirando, que siempre hablan de seriedad. “Seamos serios”, dice el colega Cardemil , cada vez que habla.
Entonces, seamos serios. ¿Por qué robar un cajero automático debe tener una pena mayor que asaltar a una persona en la calle? ¿Qué vale más: una persona o la plata de un cajero automático? Sobre esto debemos discutir, pero aquí se comprueba que tenemos una escala de valores distinta. Creo que muchos colegas de las bancadas de enfrente tienen la misma escala de valores que yo; pero ¡exprésenlo a través de políticas públicas! Hoy, estamos discutiendo una política pública de protección a los bancos, que se llenan los bolsillos con los intereses que cobran, por ejemplo, por los créditos universitarios y los créditos de consumo. ¡Cuánta plata ganan! En algún momento hice alusión a las cobranzas que hacen los bancos en los juicios civiles. ¿Acaso lo hacen para recuperar el dinero? No, lo hacen para cobrar los seguros. Hay miles y miles de causas en los juzgados civiles sobre cobro de deudas que, en realidad, son incobrables. Pero eso no les importa; lo único que les interesa es hacer la demanda para poder cobrar los seguros.
De manera que no debemos legislar al servicio de los bancos, porque ellos tienen recursos para proteger sus cajeros automáticos. Que busquen otras alternativas, como otro tipo de puertas, cajeros con imanes que no puedan ser sacados, etcétera; pero, que no nos hagan legislar para proteger los cajeros automáticos y las utilidades de los bancos. De eso estamos hablando, y con toda seriedad. Es una lástima que no pueda engolar la voz, porque soy como soy. Pero les pido a mis queridos colegas, con toda seriedad, que no aprobemos este proyecto, porque tergiversa grandes valores. No podemos hacerlo y seguir desprestigiando a la clase política con estas medidas, que ya tiene una imagen bastante deteriorada. La gente ya no nos cree, y menos nos va a creer si protegemos más a los cajeros automáticos que a las personas.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , me resulta tan sorprendente ver cómo han aumentado los robos en los cajeros automáticos y cómo los delincuentes buscan cada vez formas más novedosas para delinquir, como el hecho de que en esta Sala no estemos de acuerdo en buscar una solución efectiva a este mal que afecta a todos los chilenos.
Como dijeron los diputados García y Calderón: basta de colores políticos, estamos ante una realidad que necesita una solución urgente y el proyecto apunta en esa dirección.
Según información entregada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 63 por ciento de los robos a cajeros automáticos se hace utilizando la técnica del vehículo vaquero, mediante la cual se utilizan vehículos para lacear y arrancar cajeros, pudiendo llevarse con ellos hasta 60 millones de pesos.
A través de esta metodología, se cometen dos delitos: el robo del auto a través del cual se arrancará el cajero y el robo del mismo cajero. Esto sucede, en gran parte, porque el costo de hacerlo -es decir, la pena asociada al delito- es demasiado baja.
Desde esa perspectiva, resulta de gran relevancia aumentar la pena asociada al delito. No podemos olvidar que actualmente el servicio que prestan los cajeros automáticos o dispensadores de dinero es muy importante para la población, pues ellos permiten acceso igualitario a recursos financieros de manera expedita, que hasta hoy era segura.
Además, ello permite que los ciudadanos no se vean en la necesidad de andar trayendo consigo grandes sumas de dinero, ni tampoco tenerlo en sus casas. Eso incentivaría aún más el robo domiciliario.
Asimismo, permite tener acceso al dinero sin limitaciones de horario de funcionamiento de los bancos ni por la existencia de una sucursal en la comuna o ciudad.
Finalmente, los cajeros cumplen el objetivo de acercar a los bancos y sus servicios a la gente, lo que debemos cuidar, porque la gente requiere hoy, en pleno siglo XXI, de esos servicios.
Porque es necesario cuidar aquellas cosas que nos facilitan la vida, creo fundamental aumentar la pena a la que se puede exponer el delincuente para desincentivar la comisión de ese delito, el cual no sólo perjudica al dueño del cajero y del dinero allí contenido, sino también a las miles de personas que se sirven de él.
Además, no podemos olvidar que, en algunas ocasiones, esos robos se producen en lugares con concurrencia de público, y aun cuando se realicen de noche, cuando están deshabitados, hay un perjuicio a los trabajadores de esos lugares y al público que concurre a ellos. ¿No debemos protegerlos a ellos también?
Por otra parte, es fundamental que los bancos implementen las medidas necesarias para desincentivar esos delitos; ellos son los primeros responsables en impedir que sucedan, y en esta tarea deben ser proactivos, implementando tecnologías de punta para evitar la comisión de esos ilícitos. Así, una medida que no puede esperar más es el entintado de los billetes, lo que los inutiliza después de cometido el delito.
Los bancos son los principales afectados por estos hechos, al igual que la ciudadanía. Desde esa perspectiva, debiesen ser agentes en evitar que esos robos sigan sucediendo.
Nosotros, como legisladores, debemos velar por proteger a quienes se ven afectados en el día a día por estos delitos: las personas que se sirven de los cajeros automáticos para efectuar giros, depósitos y otros servicios que éstos ofrecen. Sin embargo, junto con el mejoramiento de la legislación vigente, es necesario revisar el actuar del Ministerio Público y de los tribunales de justicia. Hacer más eficaz el combate contra la delincuencia no sólo requiere de leyes mejores y penas más altas, sino también que los demás actores tengan las herramientas para la persecución y sanción del delito.
Finalmente, no podemos seguir permitiendo que estos hechos violentos afecten la tranquilidad de las personas y les impidan acceder de manera segura a los servicios a través de esos dispositivos.
El proyecto da una importante señal de que no vamos a permitir que la delincuencia nos impida realizar nuestra vida con tranquilidad y en normal desarrollo. No vamos a permitir que por figuras delictuales superadas por la realidad algunas personas vean en el delito una oportunidad de obtener ganancias a bajo costo. Estos delitos no se producen sólo contra los bancos, sino también contra todos los que queremos vivir en paz.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , difícilmente podríamos encontrar un tema más rentable que hablar en contra del sistema bancario; es el equivalente a un diputado en una manifestación estudiantil; ambos son altamente rentables.
Estamos discutiendo un proyecto del Ejecutivo que aumenta el piso de la pena establecida en caso de que se trate de expendedores de dinero.
Aquí se ha hecho profusa mención a lo que implica para los bancos la comisión de ese tipo de delitos; sin embargo, quiero llevar la discusión a un tema que se ha abordado muy tangencialmente y que se relaciona con las circunstancias del entorno cuando se comete ese tipo de delitos; es decir, la forma cómo se afecta la seguridad de las personas a partir de la comisión de un delito de robo a un expendedor de dinero o cajero automático.
Tengo la impresión de que, desde el punto de vista patrimonial, este tipo de delitos, en particular, no representa un grave perjuicio para el sistema bancario; pudiera representarlo, tal vez, más para las compañías de seguros que para las instituciones financieras.
Tampoco creo que el fracaso del Gobierno en materia de seguridad ciudadana y de combate a la delincuencia sea un argumento al cual debamos echar mano, porque ésa es una circunstancia de la cual debiéramos estar preocupados cada uno de nosotros. El fracaso en el combate a la delincuencia, sin lugar a dudas, es el fracaso de la sociedad chilena frente a una minoría que viola las normas y que pone en grave riesgo la seguridad de la población.
Ha habido aquí también una propuesta del Gobierno, a partir de una indicación, que establece que las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza tendrán que dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior. Hubiera sido deseable que esas normas hubieran quedado consagradas en este mismo proyecto, pero la técnica legislativa del Gobierno optó por un camino diferente y se supone que incorporará esas normas en otro proyecto, más asociado a la seguridad privada que a la seguridad ciudadana.
Espero que el proyecto en análisis se apruebe, porque nadie puede, razonablemente, apostar al fracaso del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, y espero que la iniciativa constituya una señal, particularmente para los ciudadanos que han sufrido en carne propia las consecuencias de delitos de esta naturaleza. No me preocupa salvaguardar ni proteger el patrimonio de los bancos, sino lo que ocurre en el entorno cuando se comete este tipo de delitos, y por ello concurriré con mi voto favorable al proyecto.
Sin embargo, no puedo sino lamentar la forma cómo se ha esbozado una suerte de asociación entre el movimiento social que se está produciendo en estos momentos en nuestro país y la delincuencia. Eso, lisa y llanamente, no se puede permitir. Expreso mi profunda incomodidad, disconformidad y molestia por el intento de criminalizar, tangencial y solapadamente, el movimiento social al vincularlo, de manera irracional, con la delincuencia.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero compartir algo que decía el diputado Giovanni Calderón . No se trata de un aumento de la pena, sino de la elevación del piso de la pena, que pasa de 541 días a tres años y un día. Es decir, se aumenta sustantivamente el piso de la pena y, en la práctica, constituye un aumento de la pena, porque hoy, si no hay agravantes, se aplica el piso mínimo. Es lo que ocurre en la mayor parte de las condenas por este tipo de delitos. De este modo, la pena mínima a aplicar será de tres años y un día. De hecho, hoy, si hay irreprochable conducta anterior, la pena que se aplica es de 61 días, porque se rebaja la pena en un grado.
Si bien, formalmente, no hay un aumento de la pena, en la práctica elevará la penalidad con la que hoy los tribunales sancionan el robo de cajeros automáticos.
A mi juicio, ésa es una línea equivocada, que no conduce a parte alguna, que es parte de la filosofía con la que se ha venido enfrentando los temas de seguridad ciudadana, que no han resuelto absolutamente nada y que nos convierte en el tercer país de América Latina con la mayor población carcelaria de la región.
No parece irrelevante ni casual que quienes nos anteceden hayan sido dos antiguas colonias penales. Es decir, Chile es el país de América Latina, proporcionalmente, con la mayor población penal.
El fenómeno de la delincuencia no se corregirá ni se acabará con este tipo de política. Está demostrado que no sirve para nada. Además, es otra muestra más que grafica la desproporción de las penas en nuestro ordenamiento penal, porque, de aprobarse este proyecto de ley, es más grave el delito de robo de un cajero automático que el robo por sorpresa. O sea, se va a condenar y a sancionar con una penalidad mayor un atentado contra un bien que un atentado en el que puede estar en riesgo la integridad física de una persona.
Eso parece ser una norma común en nuestro Código Penal, pues termina castigando más severamente los atentados contra la propiedad que los atentados contra las personas, lo que no parece razonable, ni expresivo, ni demostrativo de un Código Penal de una sociedad que fija de manera sana sus prioridades, a menos que nos inte-rese mucho más proteger un cajero automático que a una persona víctima de un robo por sorpresa.
Digamos las cosas como son. Si se aprueba este proyecto de ley, será más grave robar un cajero a las dos de la mañana que un robo por sorpresa, en el que está en riesgo la integridad de las personas. Ésa será la consecuencia de su aprobación.
Otra cuestión importante es el tema al que se refirió la diputada Mónica Zalaquett , tal vez con la mejor de las intenciones. Las estadísticas han demostrado que es completamente falaz pensar en que la elevación de las penas inhibe la comisión de los delitos, porque no ha ocurrido. Todas las estadísticas demuestran exactamente lo contrario. No hay efecto preventivo como consecuencia del aumento de las penas.
Cuando fuimos convocados por el entonces ministro de Justicia , Felipe Bulnes , a una reunión con él y con el ministro del Interior , en la que se dio a conocer la propuesta de reforma carcelaria, que representa un giro copernicano en la filosofía en materia de prevención y combate de la delincuencia de quienes nos gobiernan, se lo representamos a ambos. La respuesta que recibimos, que ha permitido que muchos de nosotros votemos a favor esos proyectos -de hecho, hoy son objeto de debate y fueron aprobados en general la semana pasada en la Comisión de Constitución de la Cámara-, fue que eso representaba un cambio radical en esa filosofía; que se había entendido que la política de trincheras en materia de combate de la delincuencia y el lema de “cárcel para todos”, son un completo fracaso; que fue necesario que asumiera un gobierno de Derecha para que se dieran cuenta de que no importa cuántas veces se repita eso, pues no resuelve los problemas. Porque el delincuente, para ser bien honesto, con suerte leerá esta futura ley. Los delitos contra los cajeros automáticos no bajarán porque aumentemos las penas. Si quieren, impongamos incluso las penas del infierno, y los delitos contra los cajeros automáticos van a seguir sucediendo.
La solución no va por la vía de aumentar las penas. Entonces, reitero, no hay efecto preventivo como consecuencia del aumento de las penas.
A mi juicio, es un error, algo que no logro entender -a menos que haya dos almas en este Gobierno, que es bastante menos que en este Gobierno existan dos almas, lo que es bastante probable- que, por una parte, estemos discutiendo una reforma carcelaria que cambia completamente la mirada, que trata de usar racionalmente la cárcel, la pena privativa de libertad como sanción para la comisión de un delito, y, por la otra, se presente a tramitación este proyecto, que, en la práctica, busca meter más gente en la cárcel.
Luego, parece razonable la pregunta que formulo el diputado Cristián Monckeberg en la Comisión, quien se abstuvo en la votación del proyecto de su Gobierno, en cuanto a por qué no analizar lo que pasó con los indultos del jubileo antes de votar.
Esta iniciativa representa un problema para mí, porque queda en evidencia que es completamente contraria al proyecto de reforma carcelaria planteado por el Gobierno, para hacer un mejor uso y más racional de la cárcel, que cuenta con el respaldo de la Concertación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La iniciativa en discusión hace exactamente lo contrario.
El Gobierno debe tomar una opción, definir el camino que pretende seguir.
Llama poderosamente la atención que fueran invitados a la Comisión sólo representantes del Ejecutivo y de la Asociación de Bancos. No concurrió ningún abogado penalista para expresar lo que ocurre en la práctica y las consecuencias de esta decisión desde el punto de vista de la política criminal.
Hago presente que, de aprobarse este proyecto de ley, la decisión apuntará exactamente en la dirección contraria a la que se propone en el proyecto de reforma carcelaria que este Gobierno defendió la semana pasada en la Comisión de Constitución, que cuenta con los votos de la Concertación, de la Oposición, para sacarlo adelante.
Lamento que no estén acá los ministros del Interior y de Justicia , que no haya autoridad de Gobierno alguna que se haga cargo de responder estas inquietudes. Para quienes estamos debatiendo dicha buena iniciativa de reforma carcelaria presentada por el Ejecutivo , el proyecto en estudio nos plantea serias dudas en cuanto a si forma parte de la misma estrategia, si es una concesión para avanzar en esa estrategia o si, simplemente, representa el descontrol completo, tras haberse dado cuenta de que las promesas de campaña se diluyeron, porque no existe país con delincuencia cero, como bien dijo el Gobierno. Pero al parecer se dio cuenta ahora, que asumió la responsabilidad de Estado, de que la delincuencia y su combate se enfrentan global e integralmente, o no se resuelven; de que se enfrentan como lógica de Estado y no en el combate de trincheras, o no se resuelven; pero, sobre todas las cosas, de que el lema “cárcel para todos” no sirve, porque no lleva a ninguna parte, sólo conduce a que se repita el incendio de la cárcel de San Miguel.
El informe de la Comisión investigadora del incendio de la cárcel de San Miguel fue unánime en los contenidos sustantivos respecto de las reformas que se deben hacer; entre otras cosas, desalienta este tipo de medidas.
Lo sensato es que este proyecto no siga su curso. Los bancos deben adoptar las medidas necesarias para evitar los robos de cajeros automáticos, tal como lo hicieron a comienzos de la década de los 90, cuando se dieron cuenta de que el robo a sus sucursales se convertía en un delito habitual y, por lo tanto, establecieron nuevas medidas de seguridad, como la instalación de vidrios protectores, que impedían el contacto directo entre quienes tenían acceso al dinero y quienes intentan robarlo. No se implantaron medidas policiales.
De aprobarse, esta iniciativa significará distraer recursos públicos para que Carabineros se dedique al patrullaje nocturno de los bancos. ¿Quién pagará eso? ¿Los bancos? No, lo pagaremos todos los chilenos con nuestros impuestos. O sea, por la falta de diligencia de uno de los sectores de la industria que obtiene más utilidades, en lugar de atender desafíos en materia de seguridad ciudadana que existen y preocupan, distraerán recursos públicos con este otro objetivo.
Nuestra invitación es que los representantes del Gobierno concurran mañana, cuando vence el plazo de la urgencia, y respondan estas dudas; que definan cuál es su política; la de cárceles para todos o la de reforma carcelaria que propuso el ministro Bulnes y que cuenta con un amplio y transversal respaldo en el Senado y, probablemente, también en esta Cámara; que nos digan si les parece razonable que el robo por sorpresa tenga una penalidad inferior, si es más importante proteger un cajero automático en la soledad de la noche que a una persona que, eventualmente, puede ser víctima de un atentado o robo. Esos son los dilemas planteados.
Por esa razón, vamos a rechazar el proyecto, pues va en el sentido contrario al verdadero camino para derrotar la delincuencia.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .- Señor Presidente , quiero aclarar que el lema de “cárcel para todos”, sólo existe en la imaginación de algunos parlamentarios de Oposición. El Presidente Piñera y los parlamentarios de la Alianza por Chile jamás hemos planteado que el objetivo de la política criminal sea cárcel para todos.
El Presidente de la República fue muy claro en su planteamiento que, por lo demás, forma parte de su programa de Gobierno. Dijo que hay que tener una mano dura, firme y enérgica para prevenir y reprimir la delincuencia -somos partidarios de que esa mano se mantenga-, y otra mano acogedora para avanzar en materia de rehabilitación y de trato humano a los presos, porque también hay que respetar los derechos humanos de quienes están privados de libertad. Ese es el objetivo del programa de Gobierno.
Entonces, lo mínimo que, en un estado racional de las cosas, los parlamentarios y el Congreso Nacional pueden ofrecer es evaluar el programa, la performance presidencial y lo que se está haciendo en materia de prevención y sanción de la delincuencia, a la luz de los objetivos exactos, realistas y concretos que el Gobierno ha hecho, no de eslóganes y frases que se han inventado.
En lo que respecta a la materia en estudio, lo obvio está a la vista. Por lo tanto, no se necesita que venga el ministro del Interior o el de Justicia a explicar lo que todos sabemos. La mano acogedora y rehabilitadora aparece en el programa que impulsó el ministro Bulnes en materia de combate del hacinamiento carcelario, problema que, por lo demás, heredamos tras los veinte años de gobiernos de la Concertación, pues no la inventamos nosotros.
Debemos hacer lo que corresponde: que las personas que estén cumpliendo penas de reclusión nocturna u otras medidas alternativas, que han probado tener buena conducta, puedan cumplir sus condenas bajo un régimen de libertad individual bien controlado. De esa forma, podrán salir de la situación de estadística de estar en la cárcel cuatro mil o cinco mil chilenos que, perfectamente, pueden cumplir sus condenas en un régimen de libertad, sin que signifiquen un peligro para la sociedad, con una ley que efectivamente controle las medidas alternativas de libertad, que fue otro problema heredado de la Concertación. Esa es la mano acogedora, que está enhebrando y haciendo bien las cosas.
En cuanto a la mano enérgica, que vamos a seguir exigiendo, está en iniciativas como la que conocemos hoy; en aumentar los pisos de las penas asignadas a delitos que presuponen un alto riesgo público, como los asaltos a cajeros automáticos. Para que la Concertación lo tenga bien claro, aprovecho la oportunidad de informar a sus representantes que se aproxima la tramitación de varias iniciativas de ley, que llevan esperando mucho tiempo, en materia de sanciones más duras para los encapuchados que, con sus tropelías y barbarie, siembran el terror y el pánico, y afectan la integridad física y la propiedad de muchos chilenos a los cuales represento en la Cámara de Diputados. Me refiero a votantes por Santiago, comuna especialmente afectada por este tipo de desmanes.
Por lo tanto, pido calma y tranquilidad a algunos diputados que, al parecer, más que tener interés en entregar argumentos racionales en esta materia, más bien tienen el afán de pegar al Gobierno palos por boga y palos porque no boga, de incursionar en una práctica que causó tantos problemas históricos en Chile, cual es negar la sal y el agua.
Nuestra bancada, junto con muchos otros parlamentarios responsables de Izquierda, de Derecha y de Centro, respaldará al Gobierno en todo lo que diga relación con políticas públicas en materia energética, con la mano firme para prevenir y combatir la delincuencia, y con la mano acogedora, especialmente para los jóvenes. La idea es avanzar en una serie de iniciativas que están detenidas desde hace muchos años. Esa es la manera como se construye, se cumplen los compromisos y se responde una demanda en materia de seguridad pública que, espero, pese sobre cada uno de los diputados y diputadas que van a votar, cuando tengan que presionar el botón rojo o verde respecto de este buen proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
Hago presente a la Sala que, respecto de este proyecto de ley, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, sólo restan las intervenciones de cinco señores diputados. Por lo tanto, si existiera acuerdo de la Sala para insertar sus intervenciones en el boletín de sesiones, el proyecto se podría votar y despachar hoy.
¿Habría acuerdo?
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , quiero intervenir en la Sala sobre esta materia.
El señor MELERO (Presidente).- Muy bien, señor diputado.
¿Habría unanimidad para el diputado señor Hugo Gutiérrez pueda intervenir y luego votar?
No hay acuerdo.
En consecuencia, la discusión y votación del proyecto quedan pendientes para una próxima sesión.
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