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El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .- Señor Presidente , los argumentos del diputado Giovanni Calderón me ahorran muchas consideraciones que iba a plantar en la discusión. No obstante, destacaré varios temas y aspectos relacionados con el proyecto de ley.
En primer lugar, todos sabemos que las personas expresan que los problemas de seguridad ciudadana y la delincuencia están entre sus prioridades -quizás la primera-, por lo que ha formado parte del debate, no solamente ahora, sino también en las campañas presidenciales, durante las cuales tomó mayor importancia, sobre todo con las propuestas y los planteamientos de los candidatos, los cuales eran motivados por los requerimientos de la ciudadanía.
Todos sabemos que el tema de la seguridad ciudadana es un trabajo de largo aliento. Hay años o meses muy buenos, que pueden estar marcados por diferentes circunstancias, como lo hemos conversado. Por ejemplo, el año pasado hubo una baja importantísima en los índices de victimización, tal como lo señaló la encuesta Enusc. También sabemos que varias razones motivaron esa baja. Unos hablaron de que se debió al terremoto; otros, que sólo se dio en algunas regiones y no en otras; otros, que la respuesta tenía razones estacionales. Sin duda, hubo una baja importante en los niveles de victimización, que se revirtió en estos primeros meses, y las razones también están a la vista. Hay un sinnúmero de especulaciones y de motivos para justificar alzas o disminuciones. Pero más allá de las cifras en uno u otro sentido, todos coincidimos en que es un tema que se tiene que trabajar con largo aliento y que no es de efecto inmediato.
Precisamente, es allí donde entra el proyecto de ley que el Gobierno ha presentado y que dice relación con el mal llamado aumento de las penas por robo de cajeros automáticos, porque, como dijo el diputado Calderón , aquí no se están aumentando las penas por ese delito.
Todos sabemos que los cajeros automáticos generan una serie de beneficios a la ciudadanía. Se ha tratado de instalar la idea de que esto beneficiaría y protegería a los bancos, etcétera. Los cajeros automáticos entregan una serie de beneficios a la ciudadanía, sobre todo a las personas que viven en sectores más alejados. Hemos visto que hay un sinnúmero de localidades o comunas donde, por ejemplo, no llegan los bancos privados y sólo tiene sucursal el Banco del Estado.
Sin embargo, la destrucción del cajero automático de una localidad tiene una serie de consecuencias que afectan a las personas que acceden a su uso; por ejemplo, deben trasladarse muchísimos kilómetros para retirar el dinero de su pensión, de alguna cuenta vista, de ahorro o cuenta corriente. Por lo tanto, el tema va mucho más allá de la discusión sobre proteger o no a los bancos, como antojadizamente se ha afirmado por algunos diputados de la Oposición. Claramente, cuando se instala este tipo de temas, no se dice nada sobre la otra cara de la moneda, sino lo que les acomoda.
Escuché a un diputado señalar que en este sector de la Cámara, más cargado a la Derecha, se instala la idea de que las personas nacen intrínsecamente malas y que no tienen ninguna posibilidad de rehabilitación. ¡Qué discurso más añejo y antojadizo! Sin ir más lejos, sería muy fácil decir que lo intrínsecamente perverso es el marxismo, porque así se instaló en la discusión en algún minuto y hubo muchos que lo plantearon alguna vez. ¡Qué antojadizo sería si lo hiciera! Pero no lo hago, aunque se ha planteado. Entonces, hay que plantear los discursos en su total lógica.
El proyecto tiene su fundamentación. Actualmente, el robo de cajeros automáticos no está tipificado. Simplemente, se accede a diferentes figuras, como lo han planteado algunos parlamentarios: una es el hurto, cuyas sanciones van desde 3 años y un día a 5 años, incluso pueden llegar a 61 y 540 días, dependiendo de la cantidad sustraída.
Otra fórmula para sancionar el robo de cajero automático es la figura del robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, que, desde el punto de vista del piso, también implica penas muy bajas, porque parte en 541 días. Y lo que hace el proyecto de ley es asociarlo a otro delito -se ha mencionado antes- establecido en el artículo 443, relativo al robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público. A esa tipificación se ha asociado este delito.
Además, se ha planteado una serie de argumentos más, como, por ejemplo, que esto va en contra de la política carcelaria que ha implementado el Gobierno. Todos condenamos y lamentamos el incendio en la cárcel de San Miguel -así lo consignamos en el informe de la Comisión Investigadora- y expresamos que ese tipo de situaciones no se puede repetir. Sería muy fácil argumentar que ese tipo de situaciones se produce porque, en política carcelaria y en materia de rehabilitación, no se ha hecho nada en los últimos años; pero no es ése el motivo ni el argumento de lo que planteamos.
Actualmente, en cuanto a política carcelaria, el Gobierno se ha esforzado para que las cárceles no estén tan repletas de gente y este proyecto no va en contra de esa medida. Precisamente, la iniciativa del Gobierno que se está analizando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, busca que se reduzca el número de personas que cumplen penas de privación de libertad por delitos menores, de multas.
Pero respecto de los delitos considerados en este proyecto, la pena que se establece sí tiene que cumplir un efecto disuasivo importante, y lo que busca el Gobierno es aumentar el piso y no el techo, que sigue siendo el mismo.
Por último, me interesa destacar dos aspectos. Primero, si buscamos una mayor proporcionalidad en las penas que rigen en el país, tenemos que desarrollar la discusión de fondo, cual es discutir un nuevo Código Penal, tema que se ha venido planteando desde hace bastante tiempo. Recuerdo que en la legislatura anterior, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el entonces ministro de Justicia , del Partido Radical Social Demócrata, don Isidro Solís , nos manifestó que se estaba estudiando un proyecto de nuevo Código Penal para enviar al Congreso Nacional al final del período anterior. Pero nunca pasó nada.
Entonces, si vamos a discutir la proporcionalidad real de las penas y que haya una coordinación y concordancia entre los diferentes delitos y las penas que se les asignan, debemos discutir a fondo una legislación completa en la materia, pero, por ahora, hay que buscar soluciones. Y según lo que se ha planteado en esta Sala, pareciera que las soluciones que lleva adelante el Gobierno van solamente en la línea de aumentar el piso, pero eso no es así. Existe una serie de temas que ha visto la Comisión y no solamente dicen relación con el endurecimiento de las penas, sino también con el entintado de billetes, el blindaje, con cajeros nuevos y una agenda de trabajo que se lleva adelante con los bancos. Entonces, no se trata sólo de endurecer las penas, sino que hay un trabajo coordinado y compartido.
De hecho, en el artículo segundo de este mismo proyecto de ley, se establece que “las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública…”. Esa modificación se incorporó a solicitud de diputados de la Oposición, para dar una señal a los bancos de que se están endureciendo las penas pero, al mismo tiempo, les exigimos la implementación de medidas de seguridad que vayan en la misma línea de lo que está haciendo el Gobierno a través de este proyecto de ley. Ellos también tienen responsabilidad. Lógicamente, también se hace un llamado de atención a los bancos, porque si hoy sólo algunos bancos o instituciones financieras tienen, por ejemplo, el sistema de entintado de billetes, no sirve de mucho si otros no lo tienen, porque los delincuentes sabrán cuáles son los bancos que sí han incorporado el sistema y, por lo tanto, robarán los cajeros automáticos de los bancos que no tienen incorporado el sistema de entintado de billetes. Por eso, esta futura ley también dará facultades al Ejecutivo para que las normas que dicten en materia de seguridad también afecten a los bancos en estos temas, porque es la única manera de llevar adelante una política relativamente racional y que tenga algún efecto hacia el futuro. No se trata sólo del endurecimiento de la pena, sino también de un compromiso, en este caso graficado en el artículo segundo del proyecto de ley, que incluye a las instituciones bancarias o financieras en las medidas de seguridad que el Gobierno disponga.
Por lo tanto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional apoyará el proyecto. Espero que pronto sea ley, porque se dan señales importantes para disuadir a las personas que cometen delitos y que producen un efecto dañino en la ciudadanía.
He dicho.
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