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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero compartir algo que decía el diputado Giovanni Calderón . No se trata de un aumento de la pena, sino de la elevación del piso de la pena, que pasa de 541 días a tres años y un día. Es decir, se aumenta sustantivamente el piso de la pena y, en la práctica, constituye un aumento de la pena, porque hoy, si no hay agravantes, se aplica el piso mínimo. Es lo que ocurre en la mayor parte de las condenas por este tipo de delitos. De este modo, la pena mínima a aplicar será de tres años y un día. De hecho, hoy, si hay irreprochable conducta anterior, la pena que se aplica es de 61 días, porque se rebaja la pena en un grado.
Si bien, formalmente, no hay un aumento de la pena, en la práctica elevará la penalidad con la que hoy los tribunales sancionan el robo de cajeros automáticos.
A mi juicio, ésa es una línea equivocada, que no conduce a parte alguna, que es parte de la filosofía con la que se ha venido enfrentando los temas de seguridad ciudadana, que no han resuelto absolutamente nada y que nos convierte en el tercer país de América Latina con la mayor población carcelaria de la región.
No parece irrelevante ni casual que quienes nos anteceden hayan sido dos antiguas colonias penales. Es decir, Chile es el país de América Latina, proporcionalmente, con la mayor población penal.
El fenómeno de la delincuencia no se corregirá ni se acabará con este tipo de política. Está demostrado que no sirve para nada. Además, es otra muestra más que grafica la desproporción de las penas en nuestro ordenamiento penal, porque, de aprobarse este proyecto de ley, es más grave el delito de robo de un cajero automático que el robo por sorpresa. O sea, se va a condenar y a sancionar con una penalidad mayor un atentado contra un bien que un atentado en el que puede estar en riesgo la integridad física de una persona.
Eso parece ser una norma común en nuestro Código Penal, pues termina castigando más severamente los atentados contra la propiedad que los atentados contra las personas, lo que no parece razonable, ni expresivo, ni demostrativo de un Código Penal de una sociedad que fija de manera sana sus prioridades, a menos que nos inte-rese mucho más proteger un cajero automático que a una persona víctima de un robo por sorpresa.
Digamos las cosas como son. Si se aprueba este proyecto de ley, será más grave robar un cajero a las dos de la mañana que un robo por sorpresa, en el que está en riesgo la integridad de las personas. Ésa será la consecuencia de su aprobación.
Otra cuestión importante es el tema al que se refirió la diputada Mónica Zalaquett , tal vez con la mejor de las intenciones. Las estadísticas han demostrado que es completamente falaz pensar en que la elevación de las penas inhibe la comisión de los delitos, porque no ha ocurrido. Todas las estadísticas demuestran exactamente lo contrario. No hay efecto preventivo como consecuencia del aumento de las penas.
Cuando fuimos convocados por el entonces ministro de Justicia , Felipe Bulnes , a una reunión con él y con el ministro del Interior , en la que se dio a conocer la propuesta de reforma carcelaria, que representa un giro copernicano en la filosofía en materia de prevención y combate de la delincuencia de quienes nos gobiernan, se lo representamos a ambos. La respuesta que recibimos, que ha permitido que muchos de nosotros votemos a favor esos proyectos -de hecho, hoy son objeto de debate y fueron aprobados en general la semana pasada en la Comisión de Constitución de la Cámara-, fue que eso representaba un cambio radical en esa filosofía; que se había entendido que la política de trincheras en materia de combate de la delincuencia y el lema de “cárcel para todos”, son un completo fracaso; que fue necesario que asumiera un gobierno de Derecha para que se dieran cuenta de que no importa cuántas veces se repita eso, pues no resuelve los problemas. Porque el delincuente, para ser bien honesto, con suerte leerá esta futura ley. Los delitos contra los cajeros automáticos no bajarán porque aumentemos las penas. Si quieren, impongamos incluso las penas del infierno, y los delitos contra los cajeros automáticos van a seguir sucediendo.
La solución no va por la vía de aumentar las penas. Entonces, reitero, no hay efecto preventivo como consecuencia del aumento de las penas.
A mi juicio, es un error, algo que no logro entender -a menos que haya dos almas en este Gobierno, que es bastante menos que en este Gobierno existan dos almas, lo que es bastante probable- que, por una parte, estemos discutiendo una reforma carcelaria que cambia completamente la mirada, que trata de usar racionalmente la cárcel, la pena privativa de libertad como sanción para la comisión de un delito, y, por la otra, se presente a tramitación este proyecto, que, en la práctica, busca meter más gente en la cárcel.
Luego, parece razonable la pregunta que formulo el diputado Cristián Monckeberg en la Comisión, quien se abstuvo en la votación del proyecto de su Gobierno, en cuanto a por qué no analizar lo que pasó con los indultos del jubileo antes de votar.
Esta iniciativa representa un problema para mí, porque queda en evidencia que es completamente contraria al proyecto de reforma carcelaria planteado por el Gobierno, para hacer un mejor uso y más racional de la cárcel, que cuenta con el respaldo de la Concertación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La iniciativa en discusión hace exactamente lo contrario.
El Gobierno debe tomar una opción, definir el camino que pretende seguir.
Llama poderosamente la atención que fueran invitados a la Comisión sólo representantes del Ejecutivo y de la Asociación de Bancos. No concurrió ningún abogado penalista para expresar lo que ocurre en la práctica y las consecuencias de esta decisión desde el punto de vista de la política criminal.
Hago presente que, de aprobarse este proyecto de ley, la decisión apuntará exactamente en la dirección contraria a la que se propone en el proyecto de reforma carcelaria que este Gobierno defendió la semana pasada en la Comisión de Constitución, que cuenta con los votos de la Concertación, de la Oposición, para sacarlo adelante.
Lamento que no estén acá los ministros del Interior y de Justicia , que no haya autoridad de Gobierno alguna que se haga cargo de responder estas inquietudes. Para quienes estamos debatiendo dicha buena iniciativa de reforma carcelaria presentada por el Ejecutivo , el proyecto en estudio nos plantea serias dudas en cuanto a si forma parte de la misma estrategia, si es una concesión para avanzar en esa estrategia o si, simplemente, representa el descontrol completo, tras haberse dado cuenta de que las promesas de campaña se diluyeron, porque no existe país con delincuencia cero, como bien dijo el Gobierno. Pero al parecer se dio cuenta ahora, que asumió la responsabilidad de Estado, de que la delincuencia y su combate se enfrentan global e integralmente, o no se resuelven; de que se enfrentan como lógica de Estado y no en el combate de trincheras, o no se resuelven; pero, sobre todas las cosas, de que el lema “cárcel para todos” no sirve, porque no lleva a ninguna parte, sólo conduce a que se repita el incendio de la cárcel de San Miguel.
El informe de la Comisión investigadora del incendio de la cárcel de San Miguel fue unánime en los contenidos sustantivos respecto de las reformas que se deben hacer; entre otras cosas, desalienta este tipo de medidas.
Lo sensato es que este proyecto no siga su curso. Los bancos deben adoptar las medidas necesarias para evitar los robos de cajeros automáticos, tal como lo hicieron a comienzos de la década de los 90, cuando se dieron cuenta de que el robo a sus sucursales se convertía en un delito habitual y, por lo tanto, establecieron nuevas medidas de seguridad, como la instalación de vidrios protectores, que impedían el contacto directo entre quienes tenían acceso al dinero y quienes intentan robarlo. No se implantaron medidas policiales.
De aprobarse, esta iniciativa significará distraer recursos públicos para que Carabineros se dedique al patrullaje nocturno de los bancos. ¿Quién pagará eso? ¿Los bancos? No, lo pagaremos todos los chilenos con nuestros impuestos. O sea, por la falta de diligencia de uno de los sectores de la industria que obtiene más utilidades, en lugar de atender desafíos en materia de seguridad ciudadana que existen y preocupan, distraerán recursos públicos con este otro objetivo.
Nuestra invitación es que los representantes del Gobierno concurran mañana, cuando vence el plazo de la urgencia, y respondan estas dudas; que definan cuál es su política; la de cárceles para todos o la de reforma carcelaria que propuso el ministro Bulnes y que cuenta con un amplio y transversal respaldo en el Senado y, probablemente, también en esta Cámara; que nos digan si les parece razonable que el robo por sorpresa tenga una penalidad inferior, si es más importante proteger un cajero automático en la soledad de la noche que a una persona que, eventualmente, puede ser víctima de un atentado o robo. Esos son los dilemas planteados.
Por esa razón, vamos a rechazar el proyecto, pues va en el sentido contrario al verdadero camino para derrotar la delincuencia.
He dicho.
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