REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 25ª, en martes 19 de mayo de 2015 (Ordinaria, de 11.08 a 14.16 horas) Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio; Vallespín López, don Patricio, y señora Pascal Allende, doña Denise. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL I.- ASISTENCIA11 II.- APERTURA DE LA SESIÓN15 III.- ACTAS15 IV.- CUENTA15 ACUERDOS DE LOS COMITÉS15 MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE JÓVENES ASESINADOS EN VALPARAÍSO16 V.- ORDEN DEL DÍA16 MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9369-03)16 VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA89 1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9124-14)89 2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9891-05)90 3.- SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS (BOLETÍN Nº 8026-11 (2) (S)91 4.- SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE APLICA LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (BOLETÍN N° 6829-01).95 5.- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS PROCESOS DE COMPRA DE TIERRAS POR PARTE DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO (CONADI), ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2013.127 6.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL N° 2800-15-INC215 7.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL N° 2800-15-INC216 VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.-Comunicaciones: -Del diputado señor Walker por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 14 de mayo de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Castro por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 14 de mayo de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Hasbún por la cual solicita permiso, sin goce de sueldo, para ausentarse por razones personales a las sesiones de los días 13 y 14 de mayo de 2015, de conformidad con lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo 42 del Reglamento de la Corporación. -De la diputada señora Sabat y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Fuenzalida, Gahona; García; Monckeberg, don Nicolás; Morales, Paulsen; Pérez, don Leopoldo; Santana y Urrutia, don Ignacio, por la cual solicitan la remoción de la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Lorena Fries Monleón. -Del diputado señor Jarpa por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 19 de mayo, por impedimento grave. -Del diputado señor Arriagada por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 19 de mayo, por actividades propias de la labor parlamentaria. 2. Notas: -De la diputada señora Turres por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 14 de mayo de 2015, para dirigirse a Argentina. -De la diputada señora Girardi por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 3 de junio de 2015, para dirigirse a Cuba. -De la diputada señora Provoste por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 25 de mayo de 2015, para dirigirse a Estados Unidos. Respuestas a Oficios Contraloría General de la República -Diputado Rincón, Informe sobre la posibilidad de revisar el proceso de concurso público que definió a la persona que ocupa el cargo de Director Regional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, remitiendo los parámetros que fueron aplicados en dicho concurso. (37577 al 7921). (37577 al 7921). Ministerio de Interior -Diputado Rathgeb, Informe sobre la residencia en el país del señor Cesar Augusto Domínguez Castro, quien espera desde hace dos años respuesta a su situación. (540 al 7756). (540 al 7756). Ministerio de Relaciones Exteriores -Proyecto de Resolución 251, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República liderra en el seno del Consejo de Seguridad una propuesta que considere la incorporación de la membresía plena de Palestina a Naciones Unidas. (5404). 5404. Ministerio de Hacienda -Diputado Ward, Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la información detallada en la petición adjunta. (071 al 7320). (071 al 7320). -Proyecto de Resolución 299, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la creación del Ministerio del Adulto Mayor y una pronta solución que afecta a personas de la tercera edad que tienen créditos pendientes con cajas de compensación. (1350). 1350. -Diputado Rocafull, Oficinas de Protección de Derechos (OPD) existentes en las comunas del país. (151 al 6933). (151 al 6933). Ministerio de Defensa Nacional -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (533 al 8252). (533 al 8252). Ministerio de Bienes Nacionales -Diputado Squella, Informe sobre la contratación de la consultora Eugenio San Román por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, y el estado de tramitación del expediente N° 611766 a nombre de la señora Nelly Emperatriz Rojas Daza de la comuna de La Calera. (352 al 7928). (352 al 7928). Ministerio de Trabajo Y Previsión Social -Diputado Silva, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el plan de modernización del Metro de Santiago e instalación de ascensores en las estaciones El Golf y Alcántara. (13109 al 8558). (13109 al 8558). -Diputado Silva, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con mejoras al servicio de transporte público Transantiago, especialmente en línea numero D11. (13109 al 8569). (13109 al 8569). -Diputado Squella, Informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, sobre el estado de tramitación actual de la jubilación por causal de vejez, respecto de la señora Ximena del Carmen Scheel Zambrano. (32632 al 5278). (32632 al 5278). Ministerio de Salud -Diputado Berger, Informar sobre el plan preventivo y de contingencia para reforzar la atención primaria y de urgencia en la Región de Los Ríos, con el propósito de enfrentar de buena forma las denominadas “enfermedades de invierno”; y, además, respecto de las acciones que emprenderá en Ministerio de Salud, a través de sus reparticiones en esa región, para abordar las emergencias sanitarias que eventualmente ocurrirán en el invierno, en el sector Beneficencia - Bertolotto, en Valdivia, a causa de las inundaciones. (1244 al 8110). (1244 al 8110). -Diputado Robles, Operativos de salud que se han efectuado en su territorio jurisdiccional durante los últimos 5 años. (1429 al 7349). (1429 al 7349). -Diputado Espinosa don Marcos, Informar sobre el plan de cierre del vertedero municipal de Tocopilla, y respecto del plan de contingencia para solucionar el actual problema sanitario (plagas de animales y malos olores) que afecta a aproximadamente quinientas familias que residen en las cercanía de lugar. (686 al 8068). (686 al 8068). Ministerio de Minería -Diputado Ward, Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la información detallada en la petición adjunta. (001 al 7320). (001 al 7320). -Diputado Ward, Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la información detallada en la petición adjunta. (049 al 7320). (049 al 7320). Ministerio de Vivienda Y Urbanismo -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (363 al 8394). (363 al 8394). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Diputado Rocafull, Informar sobre las medidas de fiscalización y control adoptadas respecto de los vehículos de carga provenientes de Bolivia, sea fiscalizando el cumplimiento de las condiciones mecánicas de estos camiones como la emisión de contaminantes y, asimismo, respecto del mecanismo que la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Arica y Parinacota utiliza para fiscalizar que los conductores de dichos vehículos no excedan el número de horas de manejo permitidas en nuestro país. (224 al 7222). (224 al 7222). -Diputado Flores, Informar respecto de si los proyectos inmobiliarios que interrumpen el normal tránsito por el camino entre Valdivia y Corral tienen la autorización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de la Dirección de Vialidad, y de la municipalidad de Valdivia. (3154 al 7745). (3154 al 7745). -Diputado Flores, Informar respecto de las razones por las que se limitó, a un día de la semana, la detención en el Hospital Base de Valdivia del bus de acercamiento con pacientes provenientes de los sectores rurales de las comunas de la Región de Los Ríos. (3309 al 7744). (3309 al 7744). -Diputado Silva, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el plan de modernización del Metro de Santiago e instalación de ascensores en las estaciones El Golf y Alcántara. (3526 al 8556). (3526 al 8556). -Proyecto de Resolución 193, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República estudiar la modificación del D.S. N°55 (3453). 3453. -Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre los beneficios sociales a que tiene derecho la señora Yolanda Callteagirone Zamora., según su puntaje en la Ficha de Protección Social y el grupo etario a que pertenece. (1277 al 7113). (1277 al 7113). -Proyecto de Resolución 218, “Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la creación de una Subsecretaría del Adulto Mayor.” (1347). 1347. -Proyecto de Resolución 216, “Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la implementación de un seguro complementario de salud para adultos mayores.” (1348). 1348. -Proyecto de Resolución 299, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la creación del Ministerio del Adulto Mayor y una pronta solución que afecta a personas de la tercera edad que tienen créditos pendientes con cajas de compensación. (1350). 1350. -Diputado Edwards, Informe sobre el plan de descontaminación de invierno que se llevara a cabo en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. (163 al 7931). (163 al 7931). Empresas del Estado -Diputada Cicardini doña Daniella, Informar sobre las medidas adoptadas por la Empresa Nacional de Minería para apoyar a los trabajadores de la Fundición Hernán Videla Lira, a consecuencias de la catástrofe climática que afectó recientemente a la Región de Atacama; y, además, gestione el incremento de la ayuda a esos trabajadores con la adopción de otras medidas, tales como préstamos con bajos intereses, aumento del bono por zona que se entrega mediante convenio colectivo, entrega de ayuda económica o bonos directamente por la Enami (y no con fondos del bienestar), y su integración al denominado Bono Atacama aprobado recientemente por el Congreso Nacional. (085 al 8598). (085 al 8598). -Diputado Verdugo, Diputado Santana, Cumplimiento por la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S. A. de la normativa contenida en el artículo 28 de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. (195 al 8188). (195 al 8188). Servicios -Diputada Álvarez doña Jenny, Informar sobre antecedentes respecto de la magnitud y extensión de los incendios forestales que afectaron a distintas comunas y localidades de la provincia de Chiloé y Palena durante febrero del año en curso y, asimismo, informe el número de hectáreas afectadas, especialmente cuántas corresponden a bosque nativo y plantaciones forestales, la duración de cada incendio, el número de brigadistas comprometidos y la cantidad de helicópteros utilizados en cada uno de ellos. (282 al 7143). (282 al 7143). -Diputado Ward, Diputada Nogueira doña Claudia, Diputado Coloma, Reclamos presentados ante ese Servicio, por los clientes del Banco de Estado de Chile y que sean usuarios de la Cuenta RUT, por el cobro por giro de dinero. (9480 al 5859). (9480 al 5859). Varios -Diputado Jackson, Información detallada en la petición adjunta, relacionada con el proceso de postulación al Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa y la utilización del Índice de Vulnerabilidad por Establecimiento, elaborado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. (151 al 5680). (151 al 5680). -Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre el crédito otorgado por la Caja de Compensación Los Andes a la señora Demófila de las Mercedes Acevedo, en particular respecto de los intereses pactados. (30117 al 7110). (30117 al 7110). -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la apelación presentada por la señora Edila de las Mercedes Pérez Silva de la comuna de San Vicente, ante el rechazo de sus licencias médicas. (30427 al 8550). (30427 al 8550). -Diputado Arriagada, Transmitir su disconformidad con las limitaciones que posee el beneficio dispuesto para de los adultos mayores que tienen deudas con las cajas de compensación de asignación familiar. (30440 al 971). (30440 al 971). Municipalidades -Diputado Lavín, Informe sobre la situación contractual del señor Marcelo Torres con la Municipalidad de Cerro Navia. (1206 al 7595). (1206 al 7595). -Diputado Urrutia don Osvaldo, Perjuicios ocasionados en su territorio, tanto a bienes privados como públicos, por el desastre natural que lo afectó en el mes de marzo recién pasado, en infraestructura sanitaria, vial, equipamiento urbano y viviendas siniestradas, precisando la naturaleza de los daños y el monto estimado de las reparaciones o reconstrucciones. (178 al 8055). (178 al 8055). VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. -Diputado Urrutia don Ignacio, Posibilidad de asignar recursos para asfaltar el camino de 5 kilómetros que une las localidades de El Tránsito y Los Copihues, ruta L-555, en la comuna de Longaví, provincia de Linares, Región del Maule, disponiendo su reparación mientras se evalúa la solución definitiva. (8659 de 08/05/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputada Núñez doña Paulina, Tenga bien disponer una auditoria a la Universidad de Antofagasta, en relación al programa Incubadora Regional de Negocios sede Antofagasta y a la Corporación para el Desarrollo de la Innovación y el Emprendimiento de la Región de Antofagasta. (8751 de 14/05/2015). A contralor (s) general de la República. -Diputada Núñez doña Paulina, Remita a esta cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la colaboración que existe entre la Corporación de Fomento de la Producción y la Corporación para el Desarrollo de la Innovación y el Emprendimiento en la Región de Antofagasta. (8752 de 14/05/2015). A empresas del Estado. -Diputada Hernando doña Marcela, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el cumplimiento de los acuerdos suscritos por la Empresa Nacional de Minería y la Asociación Minera de Talca, con fecha de 18 de diciembre del año 2014. (8753 de 14/05/2015). A Ministerio de Minería. -Diputada Hernando doña Marcela, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el cumplimiento de los acuerdos suscritos por la Empresa Nacional de Minería y la Asociación Minera de Talca, con fecha de 18 de diciembre del año 2014. (8754 de 14/05/2015). A vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería. -Diputada Hernando doña Marcela, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la regulación de la formación de profesionales Quiroprácticos en el país y el ejercicio de la actividad en el sector privado. (8755 de 14/05/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Farías, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la necesidad de solucionar el problema que ocasiona a los vecinos de la calle Uno Sur, pasaje 9 Poniente de la comuna de La Granja, la existencia de un árbol de grandes dimensiones cuyas raíces habrían dañado de manera considerable la acera. (8756 de 14/05/2015). A alcalde de la Municipalidad de la Granja. -Diputado Farías, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la necesidad de solucionar el problema que ocasiona a los vecinos del pasaje Quinchamalí, de la comuna de La Granja, la existencia de un árbol de grandes dimensiones en la vía pública cuyas ramas habrían dañado de manera considerable el tendido eléctrico. (8757 de 14/05/2015). A alcalde de la Municipalidad de La Granja. -Diputado Farías, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la necesidad de reparar las aceras de calle Copihues, entre Comercio y Pedro Alarcón, las cuales se encuentran en un deplorable estado. (8759 de 14/05/2015). A alcalde de la Municipalidad de San Joaquín. -Diputado Farías, Informe a esta Cámara si los establecimientos comerciales ubicados en el pasaje Dos Poniente, cuentan con la debida autorización municipal para ocupar la vía pública. (8760 de 14/05/2015). A alcalde de la Municipalidad de La Granja. -Diputado Soto, Remita a esta Cámara todos los antecedentes disponibles en relación con el beneficio de abono de tiempo por gracia, del exonerado político señor Nelson del Carmen Donoso Galleguillos. (8761 de 14/05/2015). A servicios. -Diputado Tarud, Reiterar el oficio N°3857de esta Corporación, de fecha 21 de Agosto del año 2014. (8762 de 14/05/2015). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. -Diputado Rathgeb, Informe a esta Cámara sobre eventuales irregularidades en la ejecución del programa Chile Indígena. (8763 de 14/05/2015). A director nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena. -Diputado Fuenzalida, Informe a esta cámara sobre la posibilidad de disponer una investigación sumaria a objeto de aclarar la aparición, en un asalto a mano armada del revólver de Famae con número de serie 7967, cuya acta de destrucción está fechada del día 12 de Abril del año 2004. (8786 de 15/05/2015). A Ministerio de Defensa Nacional. -Diputada Hoffmann doña María José, Remita a esta cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la tramitación de la pensión de gracia a los trabajadores portuarios de la comuna de San Antonio, en el marco del proceso de licitación de los terminales portuarios del año 2012. (8800 de 15/05/2015). A ministro del Interior y Seguridad Pública. -Diputada Hoffmann doña María José, Remita a esta cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la tramitación de la pensión de gracia de los trabajadores portuarios de la comuna de San Antonio, en el marco del proceso de licitación de los terminales portuarios del año 2012. (8801 de 15/05/2015). A Ministerio de Interior. -Diputada Hoffmann doña María José, Informe a esta Cámara sobre los terrenos fiscales existentes en la comuna de El Tabo que cuentan con urbanización y puedan ser entregados en comodato a la junta de vecinos Las Golondrinas de la comuna de San Antonio. (8802 de 15/05/2015). A Ministerio de Bienes Nacionales. -Diputado Squella, Informe a esta Cámara sobre el estado de tramitación del informe requerido por la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de Valparaíso, de fecha 22 de enero del año 2015, a través del oficio N°001090, con ocasión de la petición formulada por el señor Raúl Berrios Llanos. (8803 de 15/05/2015). A director regional de Agua de Valparaíso. -Diputada Cicardini doña Daniella, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con las reiteradas denuncias sobre supuestos cobros indebidos por parte de Aguas Chañar, empresa encargada de administrar las concesiones de servicios sanitarios vigentes en la Región de Atacama. (8804 de 15/05/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputada Hernando doña Marcela, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la situación sanitaria de los campamentos que se han instalado en el último año en la ciudad de Antofagasta. (8806 de 15/05/2015). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta. -Diputado García don René Manuel, Diputado Becker, Diputado Edwards, Diputado Rathgeb, Diputado Paulsen, Se sirva evaluar la gravedad que representan las críticas vertidas por el señor Intendente de la Región de La Araucanía frente a la cobertura que otorga a sus actividades el equipo regional de Televisión Nacional de Chile y su contenido, informando si podría constituir una afectación a la autonomía legal del canal, dando cuenta a S.E. la Presidenta de la República. (8807 de 15/05/2015). A Empresas del Estado. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Lavín León, Joaquín Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y el ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña. -No estuvieron presentes por encontrarse: -Con permiso constitucional: Los diputados señores Felipe Kast Sommerhoff e Issa Kort Garriga. -Con licencia médica: El diputado señor José Pérez Arriagada. -Con impedimento grave: El diputado señor Carlos Jarpa Wevar.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.08 horas. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- El acta de la sesión 17ª se declara aprobada. El acta de la sesión 18ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Vallespín, don Patricio, Primer Vicepresidente, y con la asistencia de la diputada señorita Karol Cariola y de los diputados señores Barros, Browne, Chávez, Flores, González, Monsalve, Rathgeb, Rincón y Santana, acordaron por unanimidad lo siguiente: 1.- Trasladar al primer lugar de la Tabla del Orden del Día de la sesión de hoy el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y limitar el uso de la palabra a una intervención de cinco minutos por diputado. El plazo para renovar indicaciones o solicitar votaciones divididas vence a las 12.00 horas de hoy. 2.- Limitar el uso de la palabra para los efectos del debate de los proyectos de acuerdo del Orden del Día de la sesión de hoy relativos al proyecto “Túnel Internacional Paso Las Leñas”, el primero; al proyecto “Túnel de Baja Altura-Ferrocarril Trasandino Central”, el segundo, y al proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, el tercero, a intervenciones de cinco minutos por diputado en cada uno de ellos. 3.- Suspender los tiempos de Proyectos de Acuerdo y de Resolución, y de Incidentes de la sesión ordinaria de hoy. 4.- Guardar un minuto de silencio, al inicio de la sesión de hoy, en recuerdo de los jóvenes asesinados en Valparaíso. MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE JÓVENES ASESINADOS EN VALPARAÍSO El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- A solicitud del Partido Comunista de Chile y con el acuerdo unánime de los Comités Parlamentarios, se guardará un minuto de silencio en recuerdo de los jóvenes Exequiel Borvarán y Diego Guzmán, asesinados en Valparaíso la semana recién pasada. Invito a todos a ponerse de pie. -Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio. V. ORDEN DEL DÍA MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9369-03) El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités, para el tratamiento de esta iniciativa se limitará el uso de la palabra a cinco minutos por diputado. El plazo para renovar indicaciones o solicitar votaciones divididas vence a las 12.00 horas de hoy. Diputados informantes de las comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo; de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, son los señores Daniel Farcas, Fuad Chahin y Marcelo Schilling, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, sesión 28ª de la legislatura 362ª, en 3 de junio de 2014. Documentos de la cuenta N° 2. -Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 93ª de la legislatura 362ª, en 18 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 16. -Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 22ª de la presente legislatura, en 12 de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 8. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 24ª de la presente legislatura, en 24 de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9. El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En reemplazo del diputado informante, rinde el informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, el diputado señor Joaquín Tuma. El señor TUMA (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar sobre el proyecto de ley que perfecciona la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que incorpora a la institucionalidad que los rige elementos que la modernicen, para hacerla más ágil y eficiente, a fin de generar una mayor competitividad y confianza de la ciudadanía en los mercados. A la comisión asistió un total de 27 invitados, cuyos comentarios y observaciones se consignan en el informe de la comisión, los que significaron aportes importantes para perfeccionar la iniciativa. En el mensaje se hace presente que a casi dos décadas de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la institucionalidad chilena ha experimentado importantes avances en la materia y ha contribuido a trazar una senda hacia mercados más transparentes y confiables, con consumidores exigentes, informados y que demandan el cumplimiento de sus derechos. En ese contexto, un rol relevante le ha cabido al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que, en virtud de la ley, tiene la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones de aquella y demás normas que dicen relación con el consumidor, difundir sus derechos y deberes, y efectuar acciones de información y educación de los mismos. No obstante los avances, se puede constatar que el sistema carece de herramientas disuasorias suficientes y de formas eficaces de resolver conflictos que afectan a una gran cantidad de chilenos, especialmente en el ámbito de sus intereses individuales. En la articulación de una institucionalidad moderna de protección de los derechos de los consumidores, además de fortalecer las capacidades del Estado, es fundamental potenciar a la sociedad civil para que tenga la capacidad real de cumplir con su rol, en forma independiente del gobierno y del sector privado. En esta materia, la ley le ha asignado un papel fundamental a las asociaciones de consumidores, que cumplen la misión de proteger, informar y educar a los consumidores, así como asumir la representación y defensa de los derechos de sus afiliados y de los consumidores que así lo soliciten. Respecto de dichas asociaciones, hoy pesan rigideces regulatorias que amenazan su viabilidad financiera y restringen el cumplimiento de sus funciones. Se propone la introducción de modificaciones que tienen por objeto generar los incentivos adecuados a fin de que los conflictos que afectan a una gran cantidad de ciudadanos en el tráfico económico se resuelvan dentro de plazos razonables. Una mejor protección de los derechos de los consumidores es un tema gravitante para el presente y el futuro de Chile. Los mercados necesitan de reglas claras y de organismos que las ejecuten eficazmente, a fin de generar confianza en la ciudadanía y, además, reprimir severamente a quienes, quebrantando dicha confianza, cometan abusos que afectan a cada uno de los chilenos. Contenido del proyecto Conforme al relato del mensaje, el proyecto presentado al Congreso Nacional dota al Sernac de facultades que le permitan cumplir su cometido de manera eficaz, en línea con lo que ocurre con otros órganos de la Administración que protegen los derechos ciudadanos a nivel transversal en los mercados, como la Fiscalía Nacional Económica, y con aquellos que actúan en mercados regulados, como es el caso de las diversas superintendencias, confiriéndole facultades para fiscalizar, sancionar, interpretar la ley y dictar normas de carácter general. El proyecto le confiere al Sernac la facultad de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y de toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores por parte de proveedores a cuyas actividades les sea aplicable la ley. En el ámbito del interés individual del consumidor, se establece un procedimiento administrativo sancionatorio que es resuelto por el director regional del Sernac respectivo, con todos los derechos y garantías de un debido proceso administrativo. Cabe precisar que el proyecto establece mecanismos de impugnación que constituyen un contrapeso adecuado a las nuevas atribuciones sancionatorias del Sernac. En el proyecto se establece una tramitación breve y sumaria, y se prevé un mecanismo para que el consumidor afectado pueda ejercer ante el mismo juez de letras en lo civil las acciones indemnizatorias que correspondan. Con el fin de otorgar certeza tanto a proveedores como consumidores, el proyecto le confiere al Sernac la facultad de aplicar e interpretar administrativamente la normativa de protección de los derechos de los consumidores que le corresponde vigilar. Para los efectos de dictar normas de alcance menor a la ley, que complementen la normativa de protección de los derechos de los consumidores, al Sernac se le asigna la facultad de dictar normas e instrucciones de carácter general que serán obligatorias para los proveedores. Por otra parte, en el ámbito del interés colectivo o difuso de los consumidores, se preserva y perfecciona la facultad del Sernac de llevar a cabo mediaciones colectivas, con anterioridad al ejercicio de las acciones judiciales destinadas a proteger dichos intereses. Finalmente, con el objeto de dotar de mayor independencia al director nacional del Sernac, se propone una reforma al estatuto que lo rige en materia de nombramiento y remoción, siendo incluso más riguroso que el que hoy rige para el fiscal nacional económico. El proyecto original reemplazaba la competencia de los juzgados de policía local para resolver las infracciones e indemnizaciones en materia de conflictos de interés individual. Las denuncias por infracciones serán resueltas por el Sernac, en tanto que las acciones de indemnización de perjuicios serán resueltas por los tribunales ordinarios de justicia, en particular por los juzgados de letras en lo civil. Con la finalidad de garantizar la necesaria asistencia jurídica y representación judicial a los consumidores afectados, el proyecto prevé un mecanismo de financiamiento para que las asociaciones de consumidores cumplan un rol relevante en ese contexto. Por otra parte, con el objeto de conferir a las asociaciones de consumidores un rol mucho más activo, tanto en la representación del interés individual como del interés colectivo o difuso de los consumidores ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas, el proyecto contempla que el Estado, a través del fondo concursable contemplado en la ley, asignará recursos a las asociaciones de consumidores que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. Finalmente, para fiscalizar adecuadamente a las asociaciones de consumidores, se propone una reforma al decreto ley N° 2.757, que establece normas sobre asociaciones gremiales, señalándose que aquellas estarán sometidas a reglas especiales sobre financiamiento, contabilidad y transparencia. Tomando en consideración la entidad de los bienes jurídicos protegidos en cada caso y la experiencia práctica recogida en las casi dos décadas de aplicación de la ley, se propone un aumento en los montos de las multas contempladas en ella. El alza en los montos de las multas, sumado a las mayores facultades con que contará el Sernac, especialmente las de fiscalización, están llamadas a constituir un relevante incremento en la capacidad disuasiva del sistema. Asimismo, se efectúa un ajuste de los parámetros a partir de los cuales se determina el monto de las multas. Con el objeto de reparar íntegramente los daños causados a los consumidores, se ha estimado que resulta necesario eliminar la restricción que contempla el Nº 2 del artículo 51 de la ley, de modo que sí procedan las indemnizaciones que reparen el daño moral causado por una infracción al interés colectivo o difuso de los consumidores. Por último, el consumidor podrá utilizar la prueba que emane del procedimiento administrativo sancionatorio llevado a cabo por el Sernac en su acción indemnizatoria, resultando beneficiado, ya que no tendrá que soportar todo el costo de probar los hechos constitutivos de la infracción. Con la finalidad de corregir el efecto adverso a la protección de los derechos de los consumidores que produce el acotado plazo de seis meses de prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional contemplado en el artículo 26 de la ley, se propone aumentarlo a dos años. Asimismo, se contempla aclarar el momento desde el cual se comienza a contar el plazo de prescripción extintiva de las acciones, estableciéndose que el plazo de dos años se computará desde que la infracción “haya cesado” y no desde que “se haya incurrido en la infracción respectiva”, como lo establece la ley vigente. Debate en la comisión El señor Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, Fomento y Turismo, planteó que la defensa de los consumidores permitirá una mejor sociedad y democracia. De ahí esta propuesta de reforma a la institucionalidad protectora de los derechos del consumidor, con la cual se busca asegurar relaciones más equitativas entre los diversos actores sociales y lograr que la confianza sea la base más sólida de nuestras relaciones cívicas, políticas y comerciales, introduciendo para ello un cambio sustancial que asegure que los derechos consagrados de las personas sean respetados en cualquier circunstancia, además de fomentar la confianza y eficiencia en los mercados. Chile cuenta hoy con dos pilares para generar confianza y eficiencia en los mercados, cuales son la Ley de Defensa de la Libre Competencia -decreto ley Nº N° 211, de 1973- y la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores -ley N° 19.496, de 1997-. En ambas materias hay camino por avanzar, aunque en libre competencia nuestra institucionalidad está en un estado de evolución bastante superior. En cambio, la institucionalidad de protección de los derechos de los consumidores debe ser modernizada, para respaldar efectivamente a nuestros ciudadanos frente a los abusos de que son víctimas en todos los mercados. A modo de diagnóstico, el señor ministro señaló que la institucionalidad vigente presenta las siguientes características: 1) Sernac con facultades débiles. 2) Bajo poder de disuasión del sistema. 3) Diseño institucional que genera indefensión en el consumidor. 4) Desconfianza de un rol más activo de la sociedad civil, concretado en las asociaciones de consumidores. 5) Existencia de obstáculos jurídicos que impiden una protección efectiva de los derechos de los consumidores. En particular, se propone fortalecer institucionalmente al Sernac, asignándole nuevas funciones en los distintos ámbitos de competencia. Esta asignación de nuevas funciones lleva aparejada una mayor dotación de personal y cobertura territorial. Por otra parte, para que el nuevo sistema de protección sea más disuasivo, se contempla un incremento sustancial del monto de las multas. Asimismo, el proyecto elimina la ficción consistente en considerar varias infracciones como una sola en los contratos financieros de adhesión, lo que permitió a Cencosud pagar solo 3,8 millones de dólares por concepto de multas, después de haber sido condenada a pagar alrededor de 70 millones dólares en restituciones e indemnizaciones. Además, en aquellos casos de reincidencia y cuando el tribunal declare que la infracción ha producido un riesgo elevado para los consumidores, podrá aumentar en 25 por ciento la indemnización determinada en la sentencia. En materia de fortalecimiento de las asociaciones de consumidores, la iniciativa propone importantes medidas. Finalmente, se contempla la remoción de ciertos obstáculos jurídicos que impiden una protección efectiva de los consumidores. Al terminar su exposición, el señor ministro detalló que la ley en proyecto entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial, salvo las facultades sancionatorias del Sernac y las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia, en el ámbito del interés individual del consumidor, que entrarán en vigor de acuerdo al siguiente cronograma: a) En las regiones de Antofagasta, de Valparaíso y de Magallanes y de la Antártica Chilena, desde el 1 de enero de 2017; b) En las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Atacama, de Coquimbo, de O'Higgins, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, desde el 1 de julio de 2017, y c) En las regiones Metropolitana de Santiago, del Maule y de Aysén, desde el 1 de enero de 2018. Concluido el análisis general de la iniciativa, el señor Luis Felipe Céspedes anunció la presentación de varias indicaciones al proyecto en debate, que apuntan básicamente a: 1. Precisar los alcances de los mecanismos considerados en la institucionalidad. 2. Fortalecer los mecanismos de respuesta oportuna y efectiva para los consumidores afectados. 3. Establecer normas que permitan diferenciar entre los proveedores según su tamaño. 4. Asegurar el adecuado funcionamiento de las asociaciones de consumidores. 5. Establecer los resguardos necesarios para el correcto ejercicio de las nuevas atribuciones con que contará el Sernac. En lo que respecta al primer objetivo, se busca mejorar los procedimientos de mediación colectiva en los siguientes aspectos: Con el objeto de generar los incentivos adecuados para que tales procedimientos sean una herramienta idónea para solucionar conflictos que afecten a un gran número de consumidores, se precisa que los proveedores no deberán reconocer los hechos denunciados. Asimismo, el acuerdo que se alcanzare en la mediación producirá efectos respecto de todos los consumidores potencialmente afectados. En esta línea, se implementarán mecanismos de información para que los consumidores puedan ejercer adecuadamente sus derechos y decidir si acceden o no al acuerdo alcanzado en la mediación. Asimismo, bajo el convencimiento de que el sistema requiere que se disipe cualquier duda respecto del cómputo de los plazos de prescripción, se propone señalar expresamente en la ley que las acciones civiles indemnizatorias prescriben en conformidad a las reglas generales del Código Civil y de las leyes especiales. También se propone que el efecto de la intervención administrativa del Sernac sobre la prescripción sea la suspensión de esta, en lugar de su interrupción. Por otra parte, con el propósito de entregar absoluta certeza respecto del ejercicio de cada una de las atribuciones que se le otorgan al Sernac, se propone aclarar que las facultades de dictar normas e instrucciones de carácter general e interpretar administrativamente la normativa corresponden exclusivamente al director nacional del servicio. Además, se propone que la dictación de normas e instrucciones por parte del Sernac deba efectuarse a través de un procedimiento previo de consulta pública y, en caso de que tales normas e instrucciones incidan en sectores regulados, se establece que, en el marco de la consulta pública, deberá oficiarse obligatoriamente a la superintendencia o autoridad respectiva, a fin de que emita su opinión técnica en relación con la propuesta. Adicionalmente, se propone que dicha atribución esté sometida a un mecanismo de control de legalidad específico por parte de la corte de apelaciones respectiva. En cuanto a la responsabilidad solidaria de los representantes de los proveedores, se propone limitarla solo a los casos en que estos intervengan personalmente en la infracción. De esta forma, se equipara el estándar para este tipo de responsabilidad a la regla que ya existe en materia de libre competencia. En lo que atañe al ejercicio de la facultad sancionatoria, se propone una regla que evite que al infractor se le puedan imponer dos o más sanciones administrativas por los mismos hechos y fundamentos jurídicos, y, en caso de que el infractor pudiese ser sancionado por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, con arreglo a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y a otras leyes, se establece que, de las sanciones posibles, se le impondrá únicamente la de mayor gravedad. En materia regulatoria, con el objeto de fomentar la coordinación entre las distintas autoridades reguladoras sectoriales y el Sernac, se propondrá un diseño que permita un diálogo regulatorio entre ellas. Esta instancia de coordinación debe tener por objeto resolver preventivamente eventuales conflictos de competencia entre agencias; coordinar su proceder en el ejercicio de sus atribuciones de dictación de normativa e interpretación, y recomendar al Presidente de la República los cambios legales o reglamentarios que resulten pertinentes. Con respecto al segundo objetivo, se propone instaurar una instancia de conciliación obligatoria con las siguientes características: En caso de que el proveedor no responda o de que no se genere un acuerdo, el Sernac deberá convocar a una audiencia obligatoria de conciliación a la cual deberán comparecer personalmente el consumidor y el proveedor. El procedimiento estará a cargo de las oficinas regionales y provinciales con que cuenta el Sernac a lo largo de Chile y de los municipios en aquellas comunas en que no existan tales oficinas. El procedimiento se desarrollará en una audiencia breve y desformalizada, en la que consumidor y proveedor intentarán arribar a un acuerdo. Una vez cumplidas las estipulaciones del acuerdo por parte del proveedor, se extinguirán las acciones del denunciante para perseguir su responsabilidad contravencional y civil. En el evento de que la conciliación no prospere y el consumidor inste por su denuncia, se comenzará la instrucción de un procedimiento sancionatorio por parte del Sernac. Por otra parte, con el objeto de dotar de mayor celeridad a la solución entregada por los juzgados de policía local, se propone incorporar un nuevo procedimiento especial, el cual será concentrado, de rápida tramitación, y asegurará de forma adecuada el derecho a defensa de los proveedores. En lo que atañe a la imposición de sanciones, a efectos de hacer más eficiente el procedimiento, se propone que, dependiendo de la cuantía del caso, el consumidor pueda decidir si concurre al Sernac o si ejerce sus acciones ante los juzgados de policía local. Aquí cabe distinguir dos hipótesis: En los casos que involucren una cuantía de hasta 30 UTM -1,2 millones de pesos, aproximadamente-, el Sernac tendrá competencia exclusiva para resolver las denuncias de los consumidores. En los casos que involucren una cuantía mayor a 30 UTM, el consumidor podrá elegir si denuncia ante el Sernac o si lo hace ante los juzgados de policía local. Dicha decisión debiera depender de si el consumidor cuenta o no con la prueba necesaria para justificar su acción. En todo caso, el Sernac tendrá siempre la facultad de sancionar a los proveedores infractores si los consumidores así lo quisieren. Adicionalmente, con el propósito de hacer más expeditos los procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Sernac, se propone suprimir el recurso jerárquico ante el director nacional en contra de las resoluciones de los directores regionales, sin perjuicio de que estas sean siempre susceptibles del recurso de reposición administrativa. Además, se propone aclarar que para presentar la reclamación de ilegalidad no es necesario agotar la vía administrativa, y el afectado podrá recurrir inmediatamente a los tribunales de justicia. Tratándose de juicios colectivos, a fin de que los consumidores accedan a soluciones rápidas y efectivas, se propone incorporar una preferencia especial para la vista y fallo de los recursos que se interpongan contra las sentencias dictadas en ellos. En procura del tercer objetivo, se busca resguardar a las empresas de menor tamaño de la imposición de multas desmesuradas, ya que, en el marco de la discusión legislativa se ha constatado la preocupación respecto de los efectos que pudiera producir para las empresas de menor tamaño la imposición de multas de mayor envergadura. Recogiendo estas apreciaciones, en adición al establecimiento expreso en la ley de las capacitaciones como medida alternativa para este tipo de empresas, se propone incorporar el tamaño de la empresa dentro de los criterios que deberán ser considerados para determinar las multas, a base de lo dispuesto en la ley N° 20.416, que distingue entre mediana, pequeña y microempresa. Asimismo, se propone eliminar el único caso en que se contempla un monto mínimo de la multa -5 UTM-, cual es el de las infracciones por omisiones en la rotulación, con lo cual se asegurará la consistencia del sistema de multas de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Por último, dentro de las medidas correctivas que podrá imponer la resolución del director regional, se propone incorporar expresamente capacitaciones para los infractores que sean empresas de menor tamaño y que incurran por primera vez en una infracción. Para asegurar el adecuado funcionamiento de las asociaciones de consumidores, se propone aclarar la oportunidad en que el Sernac podrá dar inicio a los procedimientos de mediación colectiva. Así, a partir del momento en que una asociación de consumidores presente una demanda colectiva, el Sernac no podrá iniciar este tipo de procedimientos. Por otra parte, teniendo en cuenta que una de las preocupaciones más relevantes esgrimidas por las asociaciones de consumidores durante la tramitación legislativa ha apuntado a las limitaciones de contratación contempladas respecto de estas en el proyecto, se propone flexibilizar la limitación antes referida, permitiendo a las asociaciones de consumidores la celebración de contratos con sus miembros fundadores, directores o socios. La regla que se propone al efecto es que las asociaciones de consumidores no podrán constituirse u operar con la principal finalidad de redistribuir sus fondos a favor de dichas personas. Finalmente, con el objeto de establecer los resguardos necesarios para el correcto ejercicio de las nuevas atribuciones del Sernac, se propone que los juzgados de policía local sigan conociendo de las acciones indemnizatorias de los consumidores, además de las reclamaciones contra las resoluciones que impongan sanciones. Con el fin de compatibilizar el ejercicio de las distintas facultades otorgadas al Sernac, con la debida imparcialidad exigible a la hora de imponer sanciones, se procederá a dividir sus funciones de acuerdo al siguiente mecanismo: Se propone establecer un sistema efectivo de “murallas chinas”, siguiendo los estándares más exigentes que nuestro Congreso Nacional ha aprobado a propósito de la Superintendencia del Medio Ambiente. Las funciones de fiscalizar, instruir procedimientos sancionatorios, sancionar, interpretar administrativamente la normativa vigente y dictar normas e instrucciones generales, efectuar mediaciones colectivas y presentar demandas para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores estarán a cargo de unidades diferentes e independientes entre sí. En consecuencia, los funcionarios que estén a cargo de realizar labores de fiscalización no podrán asumir como responsables de la instrucción de procedimientos sancionatorios. Del mismo modo, los directores regionales no podrán intervenir en funciones de fiscalización, ni participar en la instrucción de procedimientos sancionatorios en relación a hechos respecto de los cuales pudieran después aplicar sanciones. Los funcionarios que infrinjan los deberes asociados a esta división estricta de funciones incurrirán en una infracción grave a sus derechos estatutarios. Por último, el director nacional y los directores regionales del Sernac no podrán ser candidatos a cargos de elección popular hasta un año después de haber cesado en el cargo respectivo. El detalle de la discusión particular y acuerdos logrados se encuentra en el capítulo pertinente del informe de la comisión. Tratado y acordado en diversas sesiones, con la asistencia de los diputados señores Chahin, don Fuad; Bellolio, don Jaime; Edwards, don José Manuel; Espejo, don Sergio; Chávez, don Marcelo; Farcas, don Daniel; señora Fernández, doña Maya; señores Jarpa, don Carlos Abel; Espinosa, don Marcos; Meza, don Fernando; Kast, don Felipe; Berger, don Bernardo; Lavín, don Joaquín; Núñez, don Daniel; Poblete, don Roberto; Tuma, don Joaquín, y Van Rysselberghe, don Enrique. Además, concurrieron los diputados señores Pilowsky, don Jaime; Soto, don Leonardo, y Vallespín, don Patricio. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco (Presidente).- Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado señor Leonardo Soto. El señor SOTO (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. La idea matriz o fundamental de este proyecto de ley consiste en perfeccionar la ley N° 19.496 mediante la incorporación a la institucionalidad que rige la protección de los derechos de los consumidores de elementos que la modernicen, para hacerla más ágil y eficiente, a fin de generar una mayor competitividad y confianza de la ciudadanía en los mercados. Cabe hacer presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, corresponde a esta comisión analizar el texto propuesto por la Comisión de Economía, Fomento, Mipymes, Protección de los Consumidores y Turismo, y formular las modificaciones o enmiendas que estime pertinentes. En ese sentido, el detalle de las mismas es el siguiente: 1.- Se precisa de mejor manera el concepto de indemnización por vía punitiva por cada día sin suministro de un servicio previamente contratado, señalando su monto, fórmula de cálculo y de pago. 2.- Se establece que el plazo para ejercer las acciones que persigan la responsabilidad contravencional se suspenderá por la intervención del Servicio Nacional del Consumidor y se señalan los requisitos formales para ello. 3.- En los procesos de denuncia por publicidad falsa, se dispone que, si el denunciado no concurre a la audiencia y el tribunal acoge la denuncia, la resolución dictada en ellos será inapelable. 4.- Se establece el requisito de acreditar el daño para los efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan con motivo de denuncias y acciones hechas en virtud de esta ley. 5.- Se precisa de mejor manera el procedimiento aplicable al conocimiento de las acciones destinadas a obtener la indemnización de perjuicios por infracción a esta ley y la competencia para conocer de ellas corresponderá a los juzgados de policía local. En este procedimiento destaca la incorporación de la llamada “carga dinámica de la prueba”, ya que el tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes en el litigio. 6.- Se consagra el derecho del consumidor que no cuente con medios para costear su defensa, a ser asistido por la Corporación de Asistencia Judicial o por cualquier institución pública o privada que desarrolle programas de asistencia judicial gratuita. 7.- Se contempla solo de manera excepcional la notificación personal al proveedor, su representante legal o administrador, de la resolución que da inicio al procedimiento por infracciones a esta ley. Por regla general, será por carta certificada o por correo electrónico. 8.- Se suprime la posibilidad de suspender la vista de la causa en segunda instancia cuando se dedujeren recursos en contra de la sentencia definitiva en los procesos iniciados por infracción a esta ley. 9.- Se incorpora una disposición transitoria que fija la entrada en vigencia de la norma que establece la asistencia jurídica gratuita de las corporaciones de asistencia judicial a los consumidores que no cuenten con medios para costear su defensa. 10.- Finalmente, se introducen modificaciones formales, cuyo detalle figura en el informe que se encuentra a disposición de los señores diputados. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor SCHILLING (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, y de conformidad con el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, sobre el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con urgencia calificada de discusión inmediata. La Comisión de Economía consideró que son de competencia de la Comisión de Hacienda los números 6), 7); 8), letras a), b), d); 9), 11), 16), 33), artículo 54 Ñ; 34), 38), 39), 40), letra a), párrafo sexto; letra e), párrafo tercero; letra u), letra i), del artículo primero permanente, y los artículos primero, quinto, séptimo y octavo transitorios. Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento compartió el mismo criterio solo respecto del número 40), letra a), párrafo sexto; letra e), párrafo tercero, del artículo primero permanente, y los artículos primero, quinto, séptimo y octavo transitorios. Es decir, excluyó del conocimiento de la Comisión de Hacienda las normas referidas a multas y agregó a la competencia el artículo décimo primero transitorio, nuevo. La Comisión de Hacienda, de conformidad con el artículo 302, inciso cuarto, del Reglamento, conoció en definitiva de todas las normas señaladas por las comisiones técnicas. Dado que el proyecto se informó, además, por la Comisión de Constitución, en la cual se realizaron indicaciones al texto aprobado por la Comisión de Economía, comenzaré por las normas de competencia que no fueron objeto de enmiendas por la Comisión de Constitución. Artículo primero: número 6), que modifica el artículo 17 K; 7), que modifica el artículo 23; 8), letras a) y b), que modifican el artículo 24; 9), letras a) y b), que modifican el artículo 25; 11), que modifica el artículo 29; 16), que modifica el artículo 29; 34), que modifica el artículo 55 D; 38) y 39), que modifican los artículos 56 H y 57, respectivamente, y 40), letra a), párrafo sexto; letra e), párrafo 3°, y letra u), letra i), que modifican el artículo 58, todos artículos de ley N° 19.496. En todos estos casos, el proyecto eleva notablemente el valor de las multas por infracciones a la Ley que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el propósito de fortalecer la capacidad sancionatoria del Sernac y desincentivar el incumplimiento de las normas de dicha ley. Por su parte, los artículos quinto, séptimo y octavo transitorios regulan la delegación a la Presidenta de la República para la dictación del decreto con fuerza de ley que regule, entre otras materias, la planta del personal del Servicio Nacional del Consumidor, el porcentaje de Alta Dirección Pública y la imputación al gasto del proyecto de ley, respectivamente. Normas objeto de indicaciones de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: El número 8), letra d), del artículo 1°, que modifica el artículo 24 de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, enmendando las normas del procedimiento para la aplicación de multas de dicha ley, fue objeto de indicaciones por dicha comisión, para efectuar una corrección formal al encabezado del literal. La letra c) del número 9) del artículo 1°, que perfecciona el artículo 25 de la ley N° 19.496, modificando el procedimiento de compensación punitiva al consumidor por la suspensión o interrupción del suministro, fue objeto de una enmienda para alterar los topes de dicha compensación. El artículo 54 Ñ del Párrafo 4°, incorporado por el número 33) del artículo primero, que regula el deber de reserva de la información secreta comercial de terceros ajenos al procedimiento de mediación, fue objeto de una indicación para establecer que dicha reserva no puede ser, sino que debe ser decretada por el servicio, y se elimina la palabra “significativamente”, de modo que la revelación del secreto comercial simplemente afecte, sin que sea “significativamente”, el desenvolvimiento competitivo de su titular. El artículo primero transitorio regula la entrada en vigencia en general de las modificaciones del proyecto -un año desde su publicación en el Diario Oficial- y exceptúa de esta una serie de artículos cuya vigencia se regula a través de un cronograma regional. Además, este artículo fue objeto de una indicación mediante la cual se propone que la modificación contemplada en la oración final del inciso primero del artículo 50 C -asistencia jurídica gratuita- quede sometida al plazo de vigencia especial que se regula a través del artículo décimo primero transitorio, nuevo. Finalmente, el artículo décimo primero transitorio, nuevo, incorporado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, fija el plazo de vigencia de la oración final del artículo 50 C, según el cual la asistencia jurídica gratuita de las corporaciones de asistencia judicial entrará en vigencia una vez que esté en funcionamiento el servicio público de asistencia judicial, que sucederá a las actuales corporaciones. Votación de las normas Cabe destacar que los diputados señores Lorenzini y Jaramillo presentaron una indicación al artículo octavo transitorio, que agrega la palabra “presupuestario”, para precisar que la imputación al gasto se realizará dentro del primer año presupuestario de vigencia de la ley. En cuanto al procedimiento, se acordó someter a una sola votación todas las normas de competencia de la comisión, en conjunto con las indicaciones efectuadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y la indicación parlamentaria al artículo octavo transitorio, con excepción de la letra a) del artículo primero transitorio, respecto de la cual el señor Lorenzini solicitó votación separada. Las primeras fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la comisión, y la letra a) del artículo primero transitorio, por la mayoría de estos. En consecuencia, en consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos, la comisión aprobó el articulado sometido a su consideración en los términos propuestos por ambas comisiones técnicas, con la salvedad de la indicación parlamentaria al artículo octavo transitorio, por lo cual recomienda a la Sala su aprobación. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión de proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas. El señor FARCAS.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a las madres invitadas a esta honorable Cámara, así como a los clubes de adulto mayor “Otoño Florido” y “Tejedoras de Sueño”, de Renca. Es un honor y un privilegio recibirlos en este hemiciclo. El proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, es, sin duda, un tema pendiente y una deuda que el Congreso Nacional tenía con la sociedad. Era necesario fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor, mediante la entrega de herramientas especiales y específicas para que desarrolle de mejor forma su labor, en el entendido de que dicho fortalecimiento institucional debe estar dado no solo por esas mejores herramientas y la entrega de más recursos, sino también por facultades que le permitan disuadir la ocurrencia de abusos, que lamentablemente ocurren a lo largo y ancho de Chile. En tal sentido, fue muy importante la discusión que se dio en la Comisión de Economía -destaco la labor del ministro de Economía, Fomento y Turismo, y del director del Sernac- en función de contar con un Sernac que dé cuenta efectivamente de las necesidades actuales, en que el consumo de bienes y servicios está afecto a una oferta cada vez más competitiva, pero no a una regulación de calidad, pertinencia y oportunidad en que ellos se entregan. Este nuevo cuerpo legal, que sanciona tanto a proveedores como a quienes expenden productos de mala forma, pero que favorece a quienes se ven afectados por ese tipo de prácticas, es muy importante por cuanto, entre otras cosas, dará carácter obligatorio a medidas que hoy son voluntarias. Para ello, entregará al Sernac elementos disuasivos efectivos. Por ejemplo, tengo la convicción de que el incremento de las multas, tema que se discutió extensamente, obedece a la necesidad de evitar las arbitrariedades y perjuicios que se cometen contra los consumidores, que hoy son de cotidiana ocurrencia en las transacciones comerciales en nuestro país. Además, establece certezas referidas a la protección de los consumidores, mediante un reglamento que facultará al director nacional para dictar instrucciones generales y adoptar resguardos técnicos necesarios para evitar inconsistencias o contradicciones con otras regulaciones, y también mediante la entrega de atribuciones que hoy no tiene. Asimismo, el proyecto se encamina a evitar la judicialización de los procesos, para lo cual dota al Sernac de facultades para dirimir de manera efectiva y rápida los casos que conozca. En cuanto a las demandas colectivas, tengo la convicción, después de participar en la discusión del proyecto, de que hay una tarea pendiente en ese sentido. Por ello, el proyecto establece normas que cautelan el interés colectivo. Por otra parte, es esencial el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores. En ese ámbito, quiero hacer un sentido homenaje a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), con Hernán Calderón como presidente; a la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), y a las demás asociaciones de consumidores que con mucho esfuerzo, con dedicación y, a veces, con un alto sacrificio, han llevado a cabo una tarea encomiable. Con la presente iniciativa se les reconocerá un rol más importante y más significativo. Felicito a la Cámara de Diputados por perfeccionar la ley que rige los derechos de los consumidores. Espero que el proyecto salde la deuda sobre el particular y que las pocas materias que quedaron pendientes se resuelvan en un futuro próximo. He dicho. El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, antes de referirme al proyecto en tabla, quiero expresar mi molestia por el uso desmedido que el Ejecutivo hace de la calificación de “discusión inmediata” para el despacho de los proyectos de ley. Sabemos que el gobierno de la Nueva Mayoría está atravesando por una crisis importante. Como todos los chilenos conocemos, no hay muchos logros que mostrar y es necesario que el próximo 21 de Mayo la Presidenta dé cuenta de algún avance en la agenda legislativa. Sin embargo, estar obligados a votar, durante la presente semana, ocho proyectos cuya urgencia ha sido calificada de “discusión inmediata”, demuestra que la noble intención del nuevo equipo de La Moneda de fortalecer el diálogo no es más que una declaración para algún titular de prensa. En política, el primer lugar en el que se debe buscar el diálogo es el Congreso Nacional. Sin embargo, como lo indica con su actitud, el Ejecutivo quiere que nos convirtamos en un mero buzón de las iniciativas que envía, para que estas tengan una rápida aprobación, sin el análisis adecuado y sin debate profundo. Dicho lo anterior, procederé a referirme al proyecto de ley que modifica el Servicio Nacional del Consumidor. Sin duda, el Sernac se ha convertido en un organismo fundamental en la vida de todos los chilenos. Con casi veinte años de existencia, ha demostrado ser un servicio cercano, que la gente valora, pero que a estas alturas requiere ser fortalecido. Por ello, durante la pasada campaña presidencial, el fortalecimiento del Sernac fue un eje fundamental de los contenidos programáticos de los candidatos presidenciales de la Alianza, lo que demuestra el real compromiso de la Unión Demócrata Independiente con las ideas matrices del proyecto. Sin embargo, tengo ciertos reparos. El proyecto intenta concentrar en un solo órgano las potestades fiscalizadoras, normativas y sancionatorias. Ese solo hecho debería preocuparnos y llevarnos a concentrar nuestra mayor atención en la regulación que estamos creando. Muchos sostienen que dicho modelo existe en nuestro ordenamiento jurídico a propósito de las superintendencias, por lo cual no se estaría innovando en la materia. Lo anterior es efectivo. Tenemos experiencias positivas que deben mantenerse. No obstante la similitud orgánica con tales instituciones, no hay que dejarse llevar por las apariencias. Si bien las superintendencias concentran las tres potestades mencionadas, tienen una particularidad: su ámbito de acción es restringido. Es decir, cada superintendencia tiene competencias para actuar en un mercado en particular. Por ejemplo, la de Valores y Seguros, la de Servicios Sanitarios, la de Bancos e Instituciones Financieras. En el caso del Sernac no estamos ante el mismo supuesto de hecho, pues no existe un solo mercado de proveedores y consumidores. Podemos identificar la calidad de consumidor como más o menos homogénea; pero tratándose de los proveedores, estamos ante una universalidad que trasciende distintos mercados. En consecuencia, intentar ajustar el traje de la superintendencia al nuevo Sernac podría generar efectos muy indeseados. Las normas que dictan las superintendencias tienen un destinatario concreto, llamado en doctrina “administrado cualificado”. Se trata de los proveedores de bienes y servicios del mercado respectivo, sean empresas sanitarias, bancos o empresas de distribución eléctrica. En cambio, en materia de consumo, el proveedor no puede ser identificado de dicha manera, debido a la diversidad de rubros que existen en materia de prestadores de bienes y servicios. Por ello, establecer una facultad normativa dirigida a un universo tan heterogéneo, me genera dudas respecto de la eficacia de la misma y, por cierto, me hace pensar en las diversas arbitrariedades a que podría dar lugar. En definitiva, y pese a estar muy de acuerdo en fortalecer el Sernac -es necesario-, expreso mis dudas para que sean atendidas por la respectiva comisión técnica del Senado, de modo que esta iniciativa nos permita contar con un servicio moderno, que cumpla con el fin para el que fue creado, pero con respeto a los derechos de todos los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. He dicho. El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, este proyecto constituye uno de los compromisos del programa de gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet. Y lo está cumpliendo. Lo señalo para que quede claro lo que significa cumplir los compromisos legislativos. Quienes defienden la ley vigente no consideran la escasa capacidad disuasiva del sistema ni los altos costos de transacción que los consumidores deben asumir al momento de hacer valer sus derechos. Tales costos suelen superar el monto de los daños sufridos. Por ello, en muchos casos no existen los incentivos adecuados para perseguir el cumplimiento de la ley. Las débiles facultades de investigación con que hoy cuenta el Sernac, su rol de mediador, el bajo monto de las multas y la necesidad de los consumidores de comparecer siempre ante los juzgados de policía local para hacer valer sus derechos, configuran una institucionalidad débil, que no asegura el respeto de los derechos de los consumidores en su órbita individual. Las deficiencias descritas han llevado a que se instale en el ambiente una importante sensación de abuso y de desprotección, lo que resulta particularmente relevante si se considera que todos los ciudadanos somos consumidores. De acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios Públicos de septiembre a octubre del 2013, es decir, la realizada en el gobierno anterior, la propuesta de proteger de mejor forma los derechos de los consumidores alcanzó 86 por ciento de apoyo. En consecuencia, se convirtió en la iniciativa de política pública con el mayor nivel de valoración de las comprendidas en dicho estudio. Asimismo, según el estudio de percepción institucional realizado por el Sernac en 2014, es decir, durante este, mi gobierno, el 98,3 por ciento de los encuestados que conocían el proyecto de ley manifestó estar de acuerdo con que se fortalezca el Sernac y se le entreguen más atribuciones. Frente a todas las referidas falencias, el proyecto de ley propone un fortalecimiento institucional, a fin de brindar una protección eficaz, eficiente y oportuna de los derechos de los consumidores. Con ese objetivo, incorpora herramientas suficientes para disuadir la ocurrencia de abuso e incentiva el estricto apego a la ley por los proveedores. Dichas herramientas se complementan con mecanismos de mediación y conciliación, que propician los acuerdos entre proveedores y consumidores. En general, quienes no están dispuestos a cumplir a priori con determinada normativa, proceden, en gran medida, dependiendo de dos variables: la magnitud de la sanción que se aplica ante el incumplimiento de la ley y la probabilidad de que la sanción sea efectivamente aplicada. En la actualidad, el sistema de protección de los derechos de los consumidores contempla multas excesivamente bajas, a lo cual se suma la escasa probabilidad de aplicación efectiva de una sanción, por las casi nulas atribuciones fiscalizadoras con que cuenta el Sernac. ¿Qué dispone el proyecto? Aumenta las facultades de fiscalización del Sernac. En causas de interés individual, mejora su facultad de mediación y de conciliación, y establece un procedimiento administrativo sancionatorio que será resuelto por el director regional del Sernac. También confiere al Sernac las facultades interpretativa y normativa, regula las mediaciones colectivas y fortalece a las asociaciones de consumidores. Por último, como el diputado más antiguo de la Comisión de Hacienda, que estudió en profundidad la materia, debo señalar que la iniciativa aumenta el presupuesto del Servicio de 8.662 millones de pesos a 24.553 millones de pesos en régimen, y consagra un aumento de su dotación de 296 a 714 funcionarios. De los 418 nuevos funcionarios, el 87 por ciento se destinará a las direcciones regionales. Por lo expuesto, anuncio que apoyaremos con mucha fuerza este proyecto de ley, que va en beneficio de la gente. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Roberto Poblete. El señor POBLETE.- Señor Presidente, este proyecto de ley, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y el decreto ley N° 2.757, de 1979, que establece normas sobre asociaciones gremiales, con el fin de que las asociaciones de consumidores se vigoricen, va en la línea de modernizar las instituciones ligadas al derecho del consumidor, rama jurídica que está presente todos los días para nuestros compatriotas. Comprar un pantalón, pagar una cuenta de celular, asistir a un concierto, echar bencina al auto, realizar la compra del mes en el supermercado, ver una obra de teatro o pagar el colegio de nuestros hijos son actos de consumo diario para miles de chilenos. Todos ellos son actos jurídicos regidos no solo por el derecho común, sino más bien específicamente tipificados por la ley del consumidor. Por ello, requieren no solo de una ley, sino también de toda una institucionalidad que les dé soporte, y de órganos jurisdiccionales que conozcan de los conflictos que nacen entre proveedores y consumidores. Esta nueva rama del derecho, que tanto auge ha tenido en los últimos veinte años, es que lo hoy estamos intentando mejorar ostensiblemente. El sistema que actualmente administra el Sernac carece de herramientas disuasorias suficientes y de formas eficaces de resolver conflictos que afectan a una gran cantidad de chilenos. Por ello, esta reforma se enmarca en el programa de gobierno para los primeros cien días. El compromiso del envío en ese plazo de este proyecto de ley para fortalecer al Sernac, a fin de que tenga atribuciones reales y efectivas, no solo es una promesa cumplida, sino que además significa ponerle dientes a un león que no los tenía, es darle atribuciones a un órgano que contaba con escasas posibilidades y medios para fiscalizar. Este proyecto, sin duda, representa un tremendo avance. En la Comisión de Economía analizamos cómo este proyecto se encarga de fortalecer las asociaciones de consumidores, que cumplen la misión de representar y defender los derechos de sus afiliados y de los consumidores que así lo soliciten, además de proteger, informar y educar a los consumidores. En síntesis, el núcleo del proyecto consiste en procurar una protección de los derechos de los consumidores más moderna, ágil y eficiente. El fortalecimiento del Sernac, por la vía de dotarlo de mayores facultades para fiscalizar, sancionar, interpretar la ley y dictar normas de carácter general, lo convierten en un real órgano de protección y lo aproximan a una autonomía inédita hasta hoy. Además, se otorgan al Sernac facultades realmente importantes, de carácter preventivo, para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y de toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores respecto de los proveedores, a cuyas actividades les sea aplicable la ley. La negativa de estos a dar cumplimiento a los requerimientos durante las acciones de fiscalización será castigada con una multa de hasta 3.000 unidades tributarias mensuales, según las recientes modificaciones de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento al proyecto. A nuestro juicio, donde se da un salto importante es en la incorporación de un procedimiento administrativo sancionatorio, que es resuelto por el director regional del Sernac respectivo, con todos los derechos y garantías de un debido proceso administrativo. Este procedimiento podrá terminar en la aplicación de multas y otras medidas que tengan por objeto prevenir o corregir la infracción cometida. Para el cumplimiento inmediato de las resoluciones del Servicio que impongan sanciones en dinero, y para agilizar los procedimientos, si el proveedor sancionado paga la multa en un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la resolución, se le reducirá 25 por ciento el monto a pagar. Finalmente, junto a todo lo anterior, por primera vez se dará al Sernac la facultad para interpretar la ley del consumidor. Tendrá, por fin, la autoridad de aplicar e interpretar administrativamente la normativa de protección de los consumidores que le corresponde vigilar. Todo lo anterior hace vislumbrar un inmenso salto cualitativo en materia de patrocinio y de tutela a los consumidores, que llega en un momento en que las redes de consumo y la dependencia crediticia de millones de chilenos respecto del retail y de grandes conglomerados económicos aconsejan decididamente fortalecer la barrera de protección que hay entre la ciudadanía y el inmenso poder económico de los grupos que tienen en sus manos la provisión de servicios y la venta de productos. Con mucha convicción, anuncio que votaremos a favor el proyecto de ley. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, la relación entre proveedores y consumidores está en la base de la constitución de toda sociedad, desde que se inició el trueque hasta que se encontró una moneda de intercambio común. Dicha relación debe estar basada en la confianza, por lo que cuando se abusa o se transgreden las normas que la rigen, se desvaloriza el conjunto de la economía. Por ello, establecer una regulación para evitar aquello es tan importante no solo para los consumidores, sino también para el funcionamiento general de la economía. El Congreso Nacional aprobó, en 1997, el proyecto que se convirtió en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que fue perfeccionada en 2004. Posteriormente, durante la administración del Presidente Sebastián Piñera, tuvimos la ocasión de discutir y de aprobar el proyecto que ese gobierno llamó el “Sernac financiero”. Sin embargo, muchos de nosotros le dijimos en esa oportunidad al Presidente Piñera que en lugar de extender el ámbito de competencias del Sernac, lo que había que hacer era dotarlo de instrumentos adecuados para hacer efectivo el cumplimiento de la ley, es decir, para que ella no quedara convertida en letra muerta. Ese es el objetivo del proyecto: convertir al Sernac en un organismo capaz de exigir el cumplimiento efectivo de la ley, que es el principal problema que enfrentamos hoy. Junto con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, y con el director nacional del Sernac nos reunimos en la comuna de Cerrillos con un grupo de mujeres, quienes nos formularon preguntas sobre el derecho básico de un consumidor. Todos saben que cuando un consumidor está insatisfecho con un producto, por razones fundadas, tiene derecho, durante los tres primeros meses de efectuada la compra, a elegir entre tres alternativas: la devolución del producto, que le reparen el producto o que le cambien el producto. Cuando el proveedor no acepta ninguna de esas alternativas y el consumidor reclama ante el Sernac, este organismo solo puede representar el reclamo ante ese proveedor, pero sin instrumentos para hacer cumplir la ley. Por ello, el proyecto dota al Servicio Nacional del Consumidor de instrumentos que le permitirán hacer cumplir la ley, es decir, lo dota de dientes para morder donde haya que morder. Con ese objetivo, establece un proceso de conciliación voluntario, sobre la base de la respuesta del proveedor. Si este no responde o no se genera un acuerdo, el Sernac deberá convocar a una audiencia obligatoria de conciliación. Si el consumidor aún no está satisfecho con la respuesta del proveedor, el Sernac podrá instruir un procedimiento administrativo que culmine con multas, las que crecen considerablemente para desalentar la conducta transgresora de la ley y la tentación de abusar. En la actualidad, más de la mitad de los proveedores responde satisfactoriamente a las solicitudes y reclamos que recibe del Sernac; sin embargo, del resto de los casos, solo una pequeña fracción de los consumidores insatisfechos por la respuesta del proveedor concurre al juzgado de policía local. Con esta futura ley, todos los consumidores insatisfechos con la respuesta del proveedor podrán solicitar un procedimiento administrativo en el que se podrán aplicar sanciones, como multas claras e indemnizaciones por el perjuicio ocasionado por el mal servicio entregado. Esta iniciativa es muy importante porque incrementará la confianza ciudadana y la competitividad del sistema. Nunca más se debe tolerar a proveedores que compitan por ser quien abusa más y quien engaña más a los consumidores. La competencia debe consistir, por la buena ley, en entregar el mejor producto y el mejor servicio. De eso se trata este proyecto: dientes para el Sernac y justicia para la ciudadanía. He dicho. El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto de ley, en primer trámite constitucional, cuyo objeto es fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor y perfeccionar la normativa sobre protección de los derechos de los consumidores. En múltiples ocasiones he intervenido en esta sala para denunciar lo que llamo “el país de los abusos: Chile”. En nuestro querido territorio aparecen gigantescos consorcios, verdaderos pulpos que abusan de la confianza y, a veces, de la ignorancia de algunos de nuestros ciudadanos. Ejemplo de ello es el aumento del precio de los pasajes en los buses interprovinciales. Cada vez que hay un fin de semana largo, las empresas de buses interprovinciales duplican y triplican el precio de los pasajes. La excusa que dan para ello es inaceptable: señalan que ellas subsidian los pasajes todo el año y que cobran su verdadero valor solo en los fines de semana largos, como el de Semana Santa, el de Fiestas Patrias o el de fin de año. Lo propio ocurre con los pasajes aéreos. Las cajas de compensación, que en realidad son cajas de descompensación, ofrecen préstamos a los pobres adultos mayores, a quienes cazan los días del pago de sus miserables pensiones. Dichos préstamos, por 300.000, 400.000 o 500.000 pesos, son pactados a un plazo de siete años, con intereses leoninos, lo que provoca que esas cifras se transformen en una deuda de dos millones de pesos. En forma análoga, las tarjetas del retail, de los bancos y de tiendas, como Falabella, Ripley, Paris, también presentan una serie de irregularidades. Los recibos del agua incorporan cobros por uso de alcantarillado, que las empresas sanitarias no han construido, y por el tratamiento de aguas servidas, que muchas veces es más caro que el consumo del agua potable. En resumidas cuentas, tenemos un país donde los bancos y las grandes empresas abusan con mucha frecuencia de los indefensos, de los adultos mayores y de la gente sencilla y necesitada. El proyecto viene a poner remedio, en parte, a esa situación. Se trata de una buena iniciativa, pues fortalecerá al Sernac y le entregará facultades amplias para fiscalizar. También busca entregar una solución a la afectación patrimonial de los consumidores y producir una disuasión efectiva en los frescos que abusan de la gente, al subir el monto de las multas que se aplicarán. Asimismo, contempla un aumento del presupuesto del servicio, de 8.600 millones de pesos a más de 24.000 millones de pesos en régimen. Además, aumentará la dotación de 296 a 714 funcionarios, la mayoría de los cuales se destinarán a las direcciones regionales. Finalmente, el proyecto incorpora la asistencia jurídica a los consumidores cuando entablen acciones ante los juzgados de policía local, la indemnización por daño moral en las demandas colectivas, y fortalece a las asociaciones de consumidores, las que hasta hoy han dado la lucha en forma solitaria. Es necesario que los funcionarios del Sernac, los de hoy y los de mañana, reciban toda la capacitación necesaria para defender en forma efectiva a los consumidores. La idea es otorgar a la ciudadanía la seguridad de que contará con una institución sólida y firme, que la defenderá de los abusos. De esa forma, estos irán disminuyendo. Una de las cosas que tiene cansada a la gente es precisamente la situación de abusos, que con esta iniciativa estamos tratando de enmendar. Por lo expuesto, anuncio que la bancada del Partido Radical apoyará esta iniciativa en su primer trámite constitucional, y hará lo mismo cuando regrese del Senado. De esta manera, solucionaremos en parte un problema que produce sentimientos de disgusto, de amargura y de tristeza en mucha gente que ve traicionada sus intenciones por algunos que no tienen escrúpulos en meterle la mano al bolsillo, como sucede hoy. Votaremos a favor este proyecto, pues busca fortalecer al Sernac, defender a los consumidores y controlar y fiscalizar a los poderosos, lo que tanta falta hace en nuestro Chile de hoy. He dicho. El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier. El señor TEILLIER.- Señor Presidente, el proyecto que hoy discutimos constituye un gran avance en la lucha contra los abusos en que incurren quienes no tienen mayores escrúpulos en maximizar sus utilidades a costa de los consumidores. Esa conducta, que afecta a todos los chilenos, amerita que sea tratada como lo que realmente es: abuso, sin dobles lecturas. Mucho se habla de la delincuencia, de la puerta giratoria, de la desigualdad y de la inseguridad, pero olvidamos a los otros delincuentes, que atacan el bolsillo de todos los chilenos y chilenas, y desafían los fundamentos del sistema económico que ellos mismos defienden. En Chile no hay ciudadanos de primera y de segunda categorías, como por mucho tiempo algunos han pretendido. La sanción efectiva de los abusos que se cometen en contra de los consumidores y consumidoras, por sobre todas las cosas, es una decisión de mucha justicia. El proyecto de ley incorpora herramientas adecuadas para desincentivar que las empresas infrinjan la ley y ocasionen perjuicio a los consumidores. El incremento de las multas, que ahora serán reales y no solo simbólicas, forzará a aquellas a tomar los resguardos necesarios para actuar siempre de conformidad con la ley. Por otro lado, el hecho de que el proyecto incorpore procedimientos más eficientes, en virtud de los cuales el Sernac estará a cargo de fiscalizar y asumirá un rol activo en la recopilación de los antecedentes necesarios para sancionar, incrementará la posibilidad de que los casos terminen en resolución condenatoria. Ello implicará que las empresas deban poner más de su parte para el correcto resguardo de los derechos de los consumidores, el cumplimiento de la ley y el buen funcionamiento del sistema. Como todos sabemos, uno de los problemas más importantes que tenemos en Chile es la excesiva concentración que presentan nuestros mercados. Gran parte de los productos y servicios que consumimos son ofrecidos por dos o tres empresas. Así las cosas, en muchos casos los consumidores no tienen posibilidad de cambiar fácilmente de proveedor cuando los productos y servicios no cumplen con los estándares mínimos que, en el papel, garantiza la ley. Esta circunstancia se ve agravada si se considera que hoy los consumidores y consumidoras no cuentan con un sistema de protección efectivo de sus derechos. Esta deficiencia en nuestro ordenamiento jurídico no tiene parangón con ningún otro país de la región ni con las naciones más desarrolladas, lo que hace más preocupantes las consecuencias asociadas a la excesiva concentración de los mercados chilenos. Con esta iniciativa y con el proyecto de ley que criminaliza la colusión, el gobierno de la Presidenta Bachelet entrega una clara señal a la ciudadanía, en el sentido de que en Chile no hay espacio para el fraude, no hay cabida para quienes se acostumbraron a traicionar las bases de nuestras instituciones y la confianza de nuestros consumidores y consumidoras. En nuestro país debemos poner fin a la dictadura del abuso. Nadie debe olvidar que la gran mayoría de chilenos y chilenas pertenece, a la vez, a tres categorías: trabajadores, consumidores y ciudadanos. Es precisamente a ellos a quienes representamos en esta Corporación y quienes nos exigen, por todos los medios, que les entreguemos la protección adecuada en su rol de trabajadores y consumidores, de acuerdo con las expectativas que nos demanda el Chile del mañana: un Chile más humano, más inclusivo y, por sobre todas las cosas, más justo. Por lo expuesto, anuncio que la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana votará a favor este proyecto de ley. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Joaquín Lavín. El señor LAVÍN.- Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que es necesario contar con un Sernac más fuerte. En ese sentido, esta iniciativa constituye un esfuerzo bien intencionado de avanzar en la protección de los derechos de los consumidores. Si bien es un valioso aporte en cuanto a la modernización y el fortalecimiento de su institucionalidad, creo que tiene varios puntos bastante discutibles. Al tratar este proyecto en la Comisión de Economía, los diputados de la UDI y de la Alianza, en general, fijamos una posición común: nuestra preocupación principal es mejorar la protección de los consumidores. En ese aspecto, creo que estábamos en sintonía con el gobierno, pero las diferencias que tenemos están en cómo hacerlo. Desde el principio de la discusión hasta hoy no hemos logrado acuerdo en varios temas sobre el particular. A mi parecer, el gobierno decidió dar excesivas facultades a un servicio público, el Sernac, en el sentido de aumentar sus facultades para fiscalizar, otorgarle atribuciones para resolver controversias entre consumidores y proveedores, y dotarlo de una potestad normativa que le permitirá fiscalizar, dictar normas, interpretar y resolver. Es decir, lo que hoy hacen la Superintendencia de Valores y Seguros, y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con esta iniciativa también podrá hacerlo el Sernac, pero sin ser superintendencia y sin contar con los contrapesos que tienen dichas instituciones. Otro punto que nos preocupa bastante es la facultad de conocer los reclamos de los consumidores cuando los montos sean inferiores a 25 UTM, que se entrega exclusivamente al Sernac y no a los juzgados de policía local. Si se busca favorecer a los consumidores, se debería fortalecer a los juzgados de policía local, que son los organismos que tienen experiencia en estos temas, por la vía de agilizar sus procedimientos y de disponer de asistencia judicial para quienes la necesiten. La propuesta de separar las competencias por cuantía involucrada no solo es engorrosa, sino que parece solo responder a una obstinación de que el Sernac muestre los dientes. Esta es una las medidas que no se entienden. Por otro lado, el proyecto de ley contiene puntos valorables, como el perfeccionamiento que hace de las mediaciones colectivas, en orden a buscar acuerdos para reparar en el menor tiempo posible el daño a los consumidores y así evitar juicios innecesarios. También me parece adecuado que la iniciativa potencie a las asociaciones de consumidores, sin perjuicio de que debe avanzarse en mayor transparencia y fiscalización, con el fin de evitar el mal uso de los fondos públicos. En definitiva, se trata de un proyecto de ley muy importante, pero que pudo quedar mucho mejor, pues se optó por dar mucho poder al Sernac y poco poder a los consumidores. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, como Nueva Mayoría, al asumir el gobierno teníamos la tarea de enfrentar la desigualdad y terminar con los abusos. En el ámbito del consumo, claramente existen abusos. Es por eso que durante el gobierno del Presidente Piñera, junto con los diputados Fuad Chahin y Ricardo Rincón, establecimos y lideramos una agenda contra los abusos. Nos reunimos con el ministro de Hacienda de la época para transmitirle nuestra propuesta, pero consideró que no era una agenda importante. ¡Qué bueno que llegó este gobierno para transformar la preocupación por los consumidores en un tema importante de la agenda para el país! Para enfrentar el abuso hacia los consumidores se requiere de una institucionalidad que proteja sus derechos con garras y dientes. La actual es una especie de pistola de agua: tiene poca fuerza para defender a los consumidores. Por eso es tan importante este proyecto de ley, pues busca avanzar hacia la protección de los derechos de los consumidores de forma moderna, ágil y eficiente, con una institución que de verdad proteja. La iniciativa propone la introducción de modificaciones fundamentales, que tienen por objeto generar incentivos adecuados, a fin de que los conflictos que afectan a una gran cantidad de ciudadanos en el intercambio de bienes y servicios se resuelvan dentro de plazos razonables y con mejores garantías hacia los consumidores. Por eso es tan importante contar con un Sernac fortalecido, con garras y dientes, como lo dijimos cuando el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes, presentó este proyecto de ley. La iniciativa cambia el rol del Sernac, pues le confiere facultades para fiscalizar, sancionar, interpretar la ley y dictar normas e instrucciones de carácter general, que serán obligatorias para los proveedores y que redundarán, por tanto, en beneficio directo para los consumidores. En el ámbito del interés colectivo o difuso de los consumidores, se preserva y perfecciona la facultad del Sernac de llevar a cabo mediaciones colectivas con anterioridad al ejercicio de las acciones judiciales destinadas a proteger dichos intereses. La facultad fiscalizadora del Sernac, que se verá acrecentada con la iniciativa, será otro instrumento a disposición de la defensa de los consumidores. Se establecen sanciones ejemplarizadoras, mediante el incremento significativo de los montos de las multas que se impondrán por abuso en contra de los consumidores. En consecuencia, no será bicoca, no será trivial, no será fácil abusar de los consumidores. Por eso es tan importante el aumento de sanciones. Un mercado solo puede funcionar adecuadamente cuando hay consumidores con mayores derechos y organizaciones de consumidores empoderadas. En ese sentido, el proyecto fortalece las asociaciones de consumidores como medio para protegerse de los abusos de los proveedores y de los prestadores de servicios. Con organizaciones de consumidores fortalecidas, defenderemos mejor los derechos individuales de los consumidores. La iniciativa contempla incentivos importantes para ello. Para finalizar, quiero referirme a una materia fundamental: el proyecto contempla la reparación íntegra de los daños causados a los consumidores como concepto o idea fundamental. El principio de la reparación integral es considerado una de las directrices que funda nuestro sistema civil indemnizatorio. Sin embargo, en materia de derechos de los consumidores tenía falencias. Por ello, el derecho a ser resarcido por los daños es fundamental. El proyecto avanza fuertemente en esa línea, toda vez que promueve la reparación integral y busca garantizar tanto al consumidor como a la sociedad, de manera integral, que la infracción no se repetirá, ya que dota al sistema de una capacidad disuasoria que reducirá el incentivo de las empresas a infringir los derechos de los consumidores. Desde otro punto de vista, la posibilidad de obtener una indemnización que cubra todos los daños sufridos incentivará a los consumidores a hacer valer sus derechos y a perseguir el cumplimiento de la ley. Gracias a este proyecto de ley, el consumidor se convertirá en un aliado del Estado en la defensa de sus derechos. Con los diputados Chahin y Rincón -reitero- hemos liderado la agenda contra los abusos a los consumidores por proveedores y prestadores de servicios. Por lo tanto, con mucha convicción y entusiasmo, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana aprobará este proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señor Presidente, en esta iniciativa veo un esfuerzo real por avanzar en la protección de los consumidores, tras un largo trabajo de investigación en el que, según tengo información, ha habido un número importante de opiniones técnicas. Cabe resaltar ciertos aspectos positivos de la iniciativa; por ejemplo, que regule las mediaciones colectivas como un mecanismo para obtener compensaciones de manera ágil y directa para los consumidores. También destaco que establezca expresamente los plazos de prescripción de las acciones infraccional y civil indemnizatoria en forma general. Asimismo, destaco que disponga el aumento de los montos de las multas a aplicar como una forma de deterrence para que se cumpla la ley. No obstante lo positivo de las disposiciones antes señaladas, considero que el proyecto presenta ciertas debilidades. Entre ellas, no visualizo de qué forma se puede aprovechar la instancia de este proyecto para hacer extensivo el ámbito de competencia del Servicio Nacional del Consumidor a aquellos mercados sometidos al control de alguna de las superintendencias, como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la de Servicios Sanitarios, o del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de la Subsecretaria de Telecomunicaciones y de otras entidades, respecto de las cuales se ha entendido que la competencia del Sernac es residual, en circunstancias de que debería ser la principal, al estar en juego los intereses de los consumidores. Por otro lado, creo propicia esta oportunidad para que se entregue al Sernac las atribuciones para representar colectivamente a los consumidores en la persecución de las conductas anticompetitivas, como una forma de protección integral de los derechos de los consumidores. Además, echo de menos que se modifique o regule, en forma definitiva, el procedimiento para la sustanciación de las acciones colectivas, las cuales permitieron, según tuve antecedentes, frenar problemáticas como los grandes abusos del BancoEstado, de La Polar, de la Universidad del Mar, de Cencosud, de las farmacias, entre otros. Otra problemática muy importante es la de incluir en esta iniciativa una solución en materia de prueba, ya que, generalmente, la información en probatoria la tienen los proveedores, y el Sernac no sabe cuántos son los afectados. Por ello, creo muy importante que se establezcan incentivos para que las empresas estén obligadas a proporcionar esa información, ya sea prejudicialmente o durante el juicio, con mecanismos más eficientes y más disuasivos que los contemplados en el Código Civil para quienes se nieguen a exhibir un documento. En cuanto al otorgamiento de nuevas facultades al Sernac, creo cuestionable el hecho de que el servicio sea casi un mediador y a la vez un persecutor, lo que será complementado con atribuciones para dictar normas generales, interpretar las leyes e imponer sanciones. A este legislador le parece poco adecuado que el servicio pueda ejercer facultades normativas e interpretativas junto con la función de persecutor o litigante, porque podría utilizar las primeras para obtener ventaja en las segundas; es decir, sería juez y parte. Ello me parece totalmente atentatorio contra los principios jurídicos e, incluso, contra las garantías constitucionales. Por lo tanto, es imperioso separar su carácter de legitimado activo, para perseguir las responsabilidades correspondientes, de la potestad normativa Por otro lado, objeto el cambio de competencia de los jueces de policía local a los jueces civiles, porque, en la práctica, los juicios sumarios no son de corta duración, como su nombre lo sugiere, y nunca tardan menos de cuatro o cinco años, mientras que en los juzgados de policía local duran entre seis meses y un año. Asimismo, las notificaciones en los juicios civiles resultan muy onerosas para los consumidores, situación que no se produce en los juzgados de policía local. Además, en las regiones hay menos juzgados civiles. Es todo cuanto puedo señalar respecto del proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la mayoría de los comentarios de los diputados informantes han sido muy profundos, más aún los de los distinguidos colegas que han hecho uso de la palabra. Este proyecto nace de un reclamo nacional, que, sin duda, nos exige legislar de mejor manera para proteger a los consumidores y para terminar con el daño que se les hace por algunos malos proveedores y empresarios. Está claro que a la legislación vigente le falta claridad respecto de los procedimientos de mediación, lo que ha impedido que estos sean utilizados con mayor frecuencia. Por ello, se propone un fortalecimiento institucional para proteger de manera oportuna los derechos de los consumidores. El complemento que se hará entre los mecanismos de mediación y de conciliación permitirá llegar a un mejor acuerdo entre proveedores y consumidores. De acuerdo con la iniciativa, el Sernac podrá sancionar directamente a los proveedores que infrinjan la ley en todos los casos en que la cuantía de lo reclamado no supere las 25 unidades tributarias mensuales -aproximadamente un millón de pesos-. En las causas de cuantía mayor a 25 UTM, los consumidores podrán elegir entre esta alternativa de sanción por el Sernac y demandar ante los juzgados de policía local. Es decir, el proyecto no elimina la actuación de los juzgados de policía local en estas causas, sino que les confiere otras alternativas de participación un poco más eficaces. El proyecto dispone un incremento general de las multas para sancionar y evitar los constantes abusos. El establecimiento de multas mayores seguramente tendrá un efecto diferente en la conducta de los proveedores. Respecto del funcionamiento del Sernac en regiones, que es lo que más me interesa por ser un diputado que representa un distrito de región, el proyecto aumenta el presupuesto del Sernac de 8.000 millones de pesos a 24.000 millones de pesos en régimen. Asimismo, consagra un aumento de la dotación de 296 a 714 funcionarios. Ello implica que habrá 418 nuevos empleados, de los cuales 360 serán destinados a las direcciones regionales, lo que permitirá al servicio entregar una mejor respuesta a la ciudadanía. El nuevo diseño institucional y el aumento de funcionarios y de recursos se traducirán en un importante despliegue territorial del Sernac en las regiones. ¡Bien por las regiones! Se crearán nuevas oficinas provinciales y comunales. Por lo tanto, no me queda más que decir que este gobierno ha entendido lo que durante mucho tiempo estábamos reclamando: la defensa de los consumidores y el término, aunque sea en cierta medida, de los abusos que malos empresarios y proveedores de este país acostumbraban cometer en contra de los consumidores, lo que hacía de esa práctica un delito. Por lo expuesto, anuncio que aprobaré con mucha fuerza este proyecto que beneficia a los consumidores del país. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. El señor SOTO.- Señora Presidenta, el Sernac es un servicio que actualmente se preocupa de los consumidores. Sin embargo, en términos concretos, se preocupa, pero no protege verdaderamente a los consumidores. Esto no se debe a la incapacidad de sus funcionarios ni a la de su director de turno. La incapacidad está dada en que la ley que creó este servicio no le entregó las facultades de mediación, de fiscalización y sancionatorias necesarias para proteger a los consumidores. Basta señalar que actualmente el 10 por ciento de las denuncias que recibe al año el Sernac son archivadas, porque ni siquiera son contestadas por las empresas denunciadas por abuso. En consecuencia, quedan sin sanción alguna. Hoy aspiramos a aprobar este proyecto que realmente fortalece y crea un nuevo Servicio Nacional del Consumidor, dotándolo de herramientas modernas, ágiles y eficientes, a fin de proteger verdaderamente a los consumidores. Las mejoras concretas del proyecto, en el ámbito que nos tocó analizar en la Comisión de Constitución, dicen relación con las nuevas facultades para fiscalizar, sancionar y dictar normas de carácter general con que contará el Sernac, que tienen como finalidad crear una institución mucho más fuerte, eficaz y con reglas claras para su funcionamiento y, sobre todo, para la defensa de los consumidores. El rol de esta institución será modificado sustantivamente. Se pasará de una agencia con facultades débiles, que básicamente informa a la ciudadanía y media en los conflictos de consumo entre proveedores y consumidores, a una agencia que protegerá activamente los derechos de todos los consumidores. El proyecto también contempla aumentar los recursos humanos destinados a la fiscalización y defensa contra los abusos. Asimismo, para asegurar la independencia de la agencia, se propone un nuevo estatuto de nombramiento y remoción para el cargo de director nacional del Sernac. Cabe señalar que dentro de las facultades sancionatorias y su impugnación, tema que preocupaba a muchos parlamentarios en la comisión, se contemplan mecanismos de impugnación adecuados, como contrapeso a las nuevas atribuciones sancionatorias de la agencia. Específicamente, en contra de las resoluciones procede siempre el recurso de ilegalidad ante el juzgado de policía local competente. Adicionalmente, se permite que el consumidor afectado pueda ejercer ante el mismo juzgado de policía local las acciones indemnizatorias que correspondan, caso en que el juez resolverá en una sola sentencia, en un procedimiento breve y concentrado, tanto la reclamación en contra de la resolución del Sernac como los daños sufridos por el consumidor. Si el monto de la indemnización demandada supera las 25 UTM, cuestión que califica el propio consumidor, procederá el recurso de apelación en contra de la sentencia del juez de policía local que resuelva la reclamación y, en su caso, la acción indemnizatoria. Respecto de este último aspecto y en honor al tiempo, quiero detenerme en dos materias que fueron incorporadas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que tengo el honor de presidir. La primera se relaciona con la implementación de medidas que garanticen una adecuada asistencia jurídica para los consumidores, quienes, por expresa disposición legal, ahora sí contarán con asistencia jurídica gratuita por parte de la Corporación de Asistencia Judicial o del organismo que la suceda en el futuro. Ya nunca más los consumidores estarán solos ante el juez de policía local, sin que nadie los defienda, enfrentados a veces a equipos de abogados de las grandes empresas del retail. En el entretanto, para no dejar en la indefensión a los consumidores que no pueden costear la asistencia letrada por sí mismos, se regula expresamente la forma en que ella se financiará y el contenido de los convenios que suscriban los ministerios de Economía y de Justicia para el traspaso de los fondos respectivos a las corporaciones. En segundo lugar -ello también fue creado por la instancia-, se aprobó de manera unánime una indicación ingresada por el Ejecutivo y sugerida por la Comisión de Constitución, que innova en nuestro sistema probatorio, por medio de la cual se faculta al juez -dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de la mayor o menor posibilidad de conseguir la prueba- para que exija que la prueba para resolver el juicio sea aportada por aquella parte que esté en mejores condiciones para hacerlo. Se trata de la denominada “carga dinámica de la prueba”, que, en palabras del distinguido profesor Raúl Tavolari, se inscribe dentro del llamado “principio de facilidad de la prueba”, con arreglo al cual se debe colocar la prueba respectiva en la cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla. Actualmente, se les exige a los consumidores la necesidad de probar todo lo que se está reclamando, lo que se opone, por supuesto, a los principios de la ley del consumidor. En consecuencia, la norma respectiva le permitirá al juez dar un plazo probatorio y pedir que el que está en mejores condiciones pruebe las materias necesarias para fallar. Por último, detrás de esta reforma hay una mirada de Estado que busca proteger a los ciudadanos de los abusos de los poderosos. En su programa de gobierno, la Presidenta Bachelet comprometió la protección de los derechos de los consumidores. Hoy damos un paso para cumplir con este compromiso presidencial. ¡Bachelet cumple! He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric. El señor BORIC.- Señora Presidenta, junto con el diputado Giorgio Jackson y la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra -nos iba a acompañar además la diputada Camila Vallejo, quien también apoya esta causa-, fuimos a ver el caso de Fernando Díaz, estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quien por falta de recursos tuvo que solicitar el crédito “Superestudio” del Banco Santander. Fernando pagó religiosamente su deuda de 150.000 pesos mensuales durante el tiempo que estudió. Una vez egresado de la carrera -aún no estaba titulado, y, por tanto, sin posibilidades de trabajar en lo que había estudiado-, el banco le dijo que tenía que pagar el total de la deuda. ¡Y cuál fue su sorpresa cuando se enteró de que debía 15 millones de pesos, en circunstancias de que había pedido un crédito por 6 millones! ¿Quién actúa a favor del consumidor en esas circunstancias? Esperamos que la regulación que hoy aprobaremos pueda evitar que se sigan repitiendo casos no solo como el mencionado -ojalá los estudiantes no deban pedir más créditos para estudiar; por eso, vamos a pelear por la gratuidad de la educación-, sino también otros que dan cuenta de abusos, en los que la voracidad de algunos bancos se pone por sobre cualquier tipo de criterio ético, económico o moral. Queremos que ello se termine. No obstante creer que este es un buen proyecto, tengo la siguiente preocupación: El artículo 2° bis de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, dispone: “No obstante lo prescrito en el artículo anterior -aquel establece el marco de aplicación de la ley-, las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales,”. ¿Cuál es el problema? Que hoy tenemos muchas leyes especiales que regulan áreas específicas de la economía, que no tienen por objeto proteger al consumidor, sino que más bien han sido utilizadas como excusa por parte de empresas, en miles de juicios, para impedir, en sectores determinados, la aplicación de la Ley que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. En consecuencia, el artículo 2° bis se viene a constituir como una suerte de inmunidad para sectores específicos de la economía, lo que no es aceptable desde ningún punto de vista. Además, según declararon algunos abogados, como Mauricio Tapia, Francisco Agüero, quienes fueron a exponer a la Comisión de Economía, no existe un sistema en el mundo que contemple una regla de esa naturaleza. Por lo tanto, si bien estamos prontos a despachar el proyecto -espero que se vote favorablemente-, ojalá el gobierno se allane a que en la tramitación que resta se derogue el artículo 2° bis para que todos los consumidores estén protegidos por la ley, que es un avance, y no se aplique solo la regla general incluso respecto de aquellas actividades afectas a leyes especiales, porque como lo mencioné, en ningún caso la regulación especial puede ser garantía de impunidad ni permitir que se burle el espíritu de la ley en proyecto que hoy aprobaremos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, en Chile existe una deuda pendiente para con los consumidores. Las débiles facultades de investigación con que cuenta el Sernac, el bajo monto de las multas y la necesidad de los consumidores de comparecer siempre ante los juzgados de policía local para hacer valer sus derechos, configuran una institucionalidad débil que no asegura el respeto de los derechos de los consumidores. Sin embargo, el presente proyecto, que eleva los recursos de dicho organismo de 15 millones de dólares a cerca de 60 millones de dólares y que aumenta el número de funcionarios de 296 a más de 700, sin duda marcará un antes y un después en la atención a los problemas que tienen los consumidores al comprar un servicio o un producto. Hoy es prácticamente imposible que un consumidor individual pueda enfrentarse judicialmente a poderosas empresas que cuentan con tremendos bufetes de abogados. Sencillamente, ese consumidor no está en igualdad de condiciones frente al sistema judicial. Por ello es necesario el apoyo del Estado. En el ámbito del interés colectivo, la falta de claridad en los procedimientos de mediación ha impedido que dicha instancia sea utilizada con mayor frecuencia. Asimismo, en materia de demandas colectivas, la ley prohíbe la indemnización por daño moral, impidiendo con ello la total indemnidad de las víctimas. El proyecto de ley en discusión propone un fortalecimiento institucional a fin de brindar una protección eficaz, eficiente y oportuna de los derechos de los consumidores, incorporando herramientas suficientes para disuadir la ocurrencia de abusos e incentivando el estricto apego a la ley de parte de los proveedores. La iniciativa eleva efectivamente las atribuciones del organismo para fiscalizar y multar, y, además, para dirimir a nivel administrativo todas las causas de cuantía menor a 25 unidades tributarias mensuales, es decir, 1.087.000 pesos. Los juzgados de policía local realizan esa labor hasta hoy. No hay duda de que existe bastante consenso sobre la necesidad de seguir avanzando en el perfeccionamiento de políticas públicas en el ámbito de los consumidores. A nivel nacional, los reclamos ingresados por infracción a la ley del consumidor crecieron, en promedio, 18,9 por ciento desde 2008 a 2013, y los más afectados por los abusos de las empresas denunciadas son los más vulnerables. El acceso a la justicia debe ser para todos. Valoro que el proyecto entregue al Sernac más facultades fiscalizadoras, pues al dotarlo de las herramientas necesarias para fiscalizar el cumplimiento de la ley podrá adoptar medidas preventivas, es decir, antes de que se produzcan daños a los consumidores. Asimismo, la iniciativa incrementa las facultades sancionatorias del Sernac ante infracciones que afecten el interés individual de los consumidores. También propone incorporar una instancia obligatoria de conciliación, la cual se suma al procedimiento de mediación individual que hoy comprende la ley. Ambos mecanismos propiciarán que la gran mayoría de los casos se solucionen rápidamente, a través de acuerdos. De igual forma, se otorgarán mayores recursos para las regiones. El nuevo diseño institucional implica un cambio importante en el despliegue territorial del Sernac, pues contempla nuevas oficinas provinciales y municipales, con profesionales especializados a cargo de las conciliaciones. Es tremendamente importante que exista asistencia jurídica en juicio. En ese sentido, el proyecto establece que los consumidores que no cuenten con medios para costear su defensa en tribunales serán asistidos por la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente o por cualquier institución pública o privada que desarrolle programas de asistencia judicial gratuita. Otro punto relevante en la materia es el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores. Se reconoce el importante rol que cumplen tales organizaciones en el sistema de protección de los derechos de los consumidores. El objetivo es permitir que dichas asociaciones tengan viabilidad financiera. El mensaje contempla la posibilidad de que esas organizaciones ejecuten y celebren actos, contratos civiles y mercantiles para que cumplan sus objetivos y destinen los frutos de dichos actos y contratos al financiamiento de sus propias actividades. Así, se aumentarán los fondos concursables para las asociaciones de consumidores, que hoy ascienden a 360 millones de pesos anuales, a cerca de 740 millones de pesos. También se incrementarán las multas y se considerará el tamaño de la empresa para los efectos de determinar sus montos o la entidad de alguna medida impuesta. Ello, porque debemos cuidar a la pequeña y mediana empresas, que entregan cerca del 80 por ciento de los puestos de trabajo en nuestro país. Por lo expuesto, anuncio que, sin ninguna duda, la bancada Radical apoyará este proyecto de ley. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, en primer lugar, la iniciativa en discusión nos hace pensar en cómo estamos haciendo las leyes. Un proyecto que pasó seis meses en la Comisión de Economía, algunas semanas en la de Constitución y dos días en la de Hacienda; que contiene temas tan relevantes para los consumidores, que se trata con urgencia de “discusión inmediata” y respecto del cual los diputados tenemos solo cinco minutos para explicar nuestras posiciones, porque el gobierno de la Nueva Mayoría necesita hacer un discurso pasado mañana diciendo que se aprobó, creo que le hace muy mal a hacer las leyes bien. Es lo mismo que pasó con el proyecto de ley “Ricarte Soto”. A pesar de que la izquierda tiene mayoría para hacer lo que estime adecuado, espero que se preocupe de hacer cosas buenas para el país y que no pase “la aplanadora”, sin discutirlas a fondo. Quiero abordar algunos puntos relativos al proyecto. Primero, en una mirada general, me pregunto si esta iniciativa fortalece a los consumidores o al Sernac. Al revisarla en sus aspectos principales, vemos que la inspiración era fortalecer y apoyar a los consumidores. Pero lo que está pasando en la práctica es que el proyecto fortalece no a los consumidores, sino al Sernac como organismo. ¿Por qué? Porque lo transforma en un aparato enorme, lleno de facultades: de perseguir, de sancionar; pero muchas de ellas no van esencialmente en beneficio del consumidor. El proyecto vulnera el principio de separación de los poderes del Estado en muchas de sus normas, porque vuelve décadas atrás; es como una remembranza; nuevamente se concentran en un organismo muchas facultades, tales como investigar, sancionar, dictar normas, que deberían estar en distintas instituciones. ¿Qué se hace acá? Se trata de vulnerar la idea de separar roles, y se concentran en uno. Si me preguntan cuál es mi visión al respecto, debo decir que, de verdad, creo que en esta materia hay un formato institucional añejo, cuestión que pongo de manifiesto con el siguiente ejemplo: el director nacional del Sernac, que será muy autónomo -tan autónomo, que podrá ser removido solo por causas fundadas-, ahora tendrá facultades para dictar normas, sancionar, fiscalizar. ¿Qué se logró con esto? Meterle al director un organismo técnico asesor para la dictación de normas. En un país moderno, de futuro, uno no quiere que en una sola persona se reúna tal nivel de facultades, porque no es bueno para el funcionamiento de una institución. Eso es un error en este proyecto. Por tanto, ahí hay una institucionalidad antigua; sobre todo cuando existen otras más modernas, como la que se ha estado trabajando para la creación de la Comisión de Valores y Seguros. En esta materia, que es volver décadas atrás, con una mirada muy añeja, lo que se hace es no beneficiar al consumidor. Porque, ¿adónde van a parar las multas, que en el proyecto se aumentan en porcentajes enormes? Al fisco. Insisto en que este proyecto se construyó para fortalecer al Sernac, no tanto al consumidor. En algunas materias se ha fundamentado que todos podrán dormir tranquilos porque aquí habrá una especie de separación -en la discusión del proyecto en comisiones se habló de “murallas chinas”- para garantizar la autonomía de ciertos funcionarios. En la comisión le pregunté al ministro quién evaluará a la persona que debe instruir un sumario en una región. “El director regional del Sernac”, me dijo. Se acabó la “muralla china”. ¿Quién evaluará al director regional? El director nacional. Se acabó. No es verdad que exista ese nivel de autonomía. No funcionará así. Por tanto, el diseño y los supuestos resguardos planteados no funcionarán en la forma propuesta. Durante el debate se ha hecho una gran argumentación en cuanto a que estemos tranquilos en el sentido de que el Sernac será imparcial. No, Presidente: yo quiero un Sernac parcial, jugado por los consumidores, que los defienda a diario; no quiero un Sernac neutro. Pero para que se la juegue por los consumidores no se lo puede transformar para que al mismo tiempo sea defensor de los consumidores y juez de los procesos en que los defiende. Eso está mal diseñado; la premura dada por el 21 de Mayo hará que hoy saquemos corriendo este proyecto. Sin embargo, esto tiene que cambiar, porque con la institucionalidad propuesta los consumidores no están siendo beneficiados. El daño moral, tal como aparece concebido en el proyecto, es una preocupación muy especial, pues no se define en la forma adecuada. Me parece un error determinar masivamente la existencia de daño moral, ya que es tan distinto para cada individuo. En cuanto a la institucionalidad, el Sernac interactúa con otros órganos fiscalizadores, como las superintendencias y otras instituciones, pero el proyecto no resuelve cómo se priorizará la labor de cada cual. Por lo expuesto, insisto nuevamente en que esta iniciativa, más que beneficiar a los consumidores, como se había pensado, favorecerá a una institución: el Sernac. Eso hay que corregirlo en las próximas etapas de su tramitación legislativa. He dicho. EL señor AUTH.- Señor Presidente, después de lo que acabamos de escuchar, esperamos que el diputado Silva no vote a favor el proyecto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, quiero hacer algunas aclaraciones, porque creo que el colega Silva incurre en un error; no creo que en él haya mala intención. Lo señalo, porque este proyecto no estuvo semanas, sino meses en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y como sé que el diputado Silva es bien intencionado, hago el aserto, porque “nobleza obliga”. Además, no puede ser que banalicemos el debate diciendo que si el proyecto estuvo mucho tiempo en una comisión, es porque se está legislando a media máquina; que si estuvo poco, es porque estamos apresurados; que si hay hartos proyectos, es porque queremos despachar leyes antes del 21 de Mayo; que si no hay muchos, es porque tenemos sequía legislativa. Vayamos al fondo, analicemos la iniciativa, discutamos ideas. Eso es democracia. Corporación de Asistencia Judicial: un mérito de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que ya había anticipado la Comisión de Economía, pero que se cierra en dicha instancia. Se permite a las personas de escasos recursos, haciendo uso del privilegio de pobreza, contar con la asistencia judicial de la mencionada institución. El proyecto refuerza de buena manera todo lo relativo a la defensa de los derechos de los consumidores, y va armando una apropiada arquitectura institucional desde el Estado para que ello se materialice -¡ojo!- no solo de la mano con el Sernac, sino también, por ejemplo, de la Corporación de Asistencia Judicial, independientemente de que esta requerirá una modernización, un aggiornamento, que aún se encuentra pendiente. Sin embargo, es clave tener dónde materializar el privilegio de pobreza. Eso no estaba; ahora está. Es un buen punto. Quiero dejar sentado que presentamos una indicación -espero la unanimidad de la Sala para que se trate-, porque en el procedimiento de nombramiento del director nacional del Sernac se altera el quórum tradicional. Con el nuevo quórum, que es de cuatro quintos, lo que va a pasar o puede pasar es que terminemos sin director nacional, pues es posible que en el Consejo de Alta Dirección Pública no se alcance esa mayoría. Como nobleza obliga, debo manifestar que en la Comisión de Hacienda el primer diputado en plantear eso fue precisamente el colega Silva. En mi intervención en la instancia recogí sus palabras; porque, ¿sabe qué, señor Presidente?: en esto hubo unanimidad transversal en la comisión. Además, considero procedente, porque no se trata más que de un problema de quorum, que todos los parlamentarios pueden firmar la indicación, pues, nobleza obliga, no es de mi autoría. Por lo tanto, se podrá firmar transversalmente la indicación, comenzando por el primer colega que en Hacienda hizo el planteamiento, el diputado Silva, y por los diputados de la Nueva Mayoría que compartieron ese criterio, incluido el Presidente de la Comisión, diputado Pepe Auth, quien planteó el punto respecto de la necesidad de que el Ejecutivo reviera el asunto, y acreditó con cifras concretas cómo este podía derechamente paralizar el nombramiento del director a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Entonces, creo que hay que tratar esa indicación, que es muy corta y precisa. Así solucionaremos un problema que no tenemos por qué dejar pendiente para el Senado. La regulación de la planta. En esta materia, pido desagregar la votación del artículo quinto transitorio. Lo he dicho con anterioridad: no soy como aquellos diputados que cuando están en el gobierno cambian las posturas que tenían cuando eran opositores. Siempre he sostenido que si el Congreso Nacional tiene pocas facultades, como es lo que dice, no debe desprenderse de ellas. Entonces, si nuevamente vamos a delegar facultades, esta vez para establecer la nueva planta de funcionarios del Sernac, pido votación separada del artículo pertinente, porque me abstendré. El Congreso Nacional es el lugar donde deben tratarse íntegramente las futuras leyes. Si otros opinan lo contrario, perfecto; pero reitero que me voy a abstener en la votación de la norma propuesta. En consecuencia, reitero mi petición en orden a desagregar de la votación el artículo quinto transitorio. El Consejo Técnico. La designación de sus miembros a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) no me convence para nada. No creo que debamos llevar hasta los consejos técnicos a la ADP. Este sistema se creó para la gestión, ejecución, administración, dirección de órganos del gobierno central, pero no para consejos técnicos cuyas decisiones además no tienen carácter vinculante. Ojo con eso. Por lo tanto, pido votación separada de la norma planteada en tal sentido. Ciertamente, la propuesta va en la línea correcta, por cuanto permite vincular al director nacional del Sernac con la capacidad para dictar normas e instrucciones de carácter general, previo pronunciamiento del Consejo Técnico. Pero el nombramiento de los miembros de dicho órgano mediante el Sistema de ADP, en lo personal, no me satisface para nada. Por otra parte, considero que el estatuto especial para las pymes no está suficientemente garantizado en términos de las multas. Desde ese punto de vista, hago presente mis reparos para que este asunto sea visto en el Senado, porque, de lo contrario, por la vía de las multas vamos a terminar afectando a las pymes. Por último, lamento que no se aprobara mi propuesta de invertir la carga de la prueba, porque daba verdaderas garantías para los consumidores del país. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo. El señor MELO.- Señor Presidente, el destacado jurista y filósofo italiano Luigi Ferrajoli ha dedicado una parte sustantiva de su obra a la reflexión acerca de cuáles son los criterios que nos permiten, como cuerpo social, elevar ciertos derechos a la categoría de fundamentales. En contraposición con lo que ha sido la antigua disputa entre moral y derecho entre ius naturalistas y positivistas, que se han limitado a debatir sobre las fuentes de validez de una norma fundamental, Ferrajoli propone recurrir a criterios axiológicos. Así, constatando que los criterios o valores jurídicos universalmente aceptados a través de la historia han sido la igualdad, la libertad, la solidaridad y la dignidad de la persona humana, Ferrajoli sostiene que estos se expresarán en la forma de derechos fundamentales si y solo si consagran y garantizan de manera explícita y exigible la igualdad, la democracia, la paz y, especialmente, la tutela del más débil. En este sentido, para quienes consideramos, al igual que las Naciones Unidas, la mayor parte de los países de la OCDE y, por cierto, la mayoría de los tratadistas, que los derechos del consumidor son derechos humanos y fundamentales, la regulación de la materia debe inspirarse y fundarse en tres criterios: Primero, en su respeto fundamental para el mantenimiento de la paz social. Segundo, en que su cumplimiento corrige la desigualdad que, inevitablemente, se tiende a imponer en un mercado desregulado. Tercero, en que siempre deben representar una clara expresión de la defensa del más débil frente al poder del más fuerte en el mercado. En tal sentido, quiero manifestar mi particular satisfacción por el contenido final de la reforma que hoy debatimos, que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor. Represento una zona del país donde los ciudadanos se han visto particularmente expuestos a las peores expresiones del mercado, que ha actuado de manera salvaje, libre de las ataduras de la razón, la solidaridad y la justicia. Los sectores de ingresos medios y bajos de este país, que representan más del 80 por ciento de la población, por décadas han sido presas de los abusos que realizan los proveedores de dinero plástico, inventando comisiones y cobros, o simplemente cambiando en forma unilateral las condiciones de contrato. Los servicios que se les proveen a dichos sectores, generalmente por empresas que fueron públicas hasta que el latrocinio y la estafa adquirieron el carácter de fuentes creadoras de derecho en este país, pueden ser y son interrumpidos, alterados o sencillamente cancelados sin que medie explicación alguna, mucho menos una indemnización. Finalmente, para el caso de que pudieran instalar un reclamo, este aparece condenado a un naufragio en medio de una tormenta perfecta que componen las escasas atribuciones del Sernac, la imposibilidad de acceder a asesoría letrada, las enormes dificultades para acreditar lo alegado. De manera increíble, los humildes consumidores o alguna asociación de consumidores son quienes, careciendo muchas veces de abogados, deben probar los hechos en un contexto en el que las pruebas del abuso solo pueden ser provistas por el acusado del incumplimiento. Considero que “los dientes” -ellos han generado mucho temor en sectores particulares de la sociedad- que se le otorgan al Sernac para interpretar normas y disponer, en su caso, del auxilio de la fuerza pública; la garantía de que las personas dispondrán de un abogado gratuito y especializado que defienda sus derechos, y la inversión de la carga de la prueba, haciendo recaer el peso de la prueba sobre quien esté en mejor disposición para proveerla, constituyen un avance sustantivo y estructural para reconocer en la ley, con garantías explícitas y exigibles, que los derechos del consumidor, sobre todo en el tipo de sociedad en que vivimos, son derechos humanos fundamentales. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards. El señor EDWARDS.- Señor Presidente, muchos consideramos que se tiene que fortalecer el Sernac, pues lo que hoy tenemos es muy poco. De hecho, hemos realizado algunas pruebas como consumidores, y la verdad es que resulta difícil lograr que ese servicio finalmente funcione y se respeten los derechos de los consumidores. Insisto en que no es suficiente lo que tenemos hoy; pero dado que son muchos los aspectos del proyecto que sí apoyamos, anuncio que votaré a favor en general la iniciativa. Debemos considerar otros elementos. Tal como lo manifestó el diputado Ernesto Silva, cada vez que se produce una diferencia que signifique apoyar o al Sernac o al consumidor, este proyecto siempre gira hacia el fortalecimiento de la institución, incluso si ello redunda en la pérdida de posibilidades para la defensa y el respeto de los derechos del consumidor. Daré algunos ejemplos sobre el particular. El proyecto señala que los consumidores estarán obligados a recurrir al Sernac, sin que puedan elegir, por ejemplo, acudir -como ocurre hoy- al juzgado de policía local que corresponda a su domicilio, respecto de todo reclamo cuya cuantía sea menor a 25 UTM. Al respecto, uno se pregunta por qué no le damos al consumidor al menos la posibilidad de escoger. ¿Qué pasará con el reclamante de una comuna alejada, como la de Teodoro Schmidt? ¿Adónde hay un Sernac en esa comuna? ¿Por qué ese consumidor no puede denunciar en el juzgado de policía local respectivo? Entonces, uno ve que detrás de esto el objetivo final es fortalecer al Sernac, es decir, que esta institución tenga que atender obligadamente a los consumidores, incluso si eso afecta los derechos de estos. La verdad es que esa disposición propuesta no tiene ninguna razón de ser. Ojalá se pueda eliminar en el segundo trámite constitucional para que los consumidores tengan la posibilidad de escoger dónde ir: al juzgado de policía local o al Sernac. Con el proyecto tal como está hoy eso no es factible, lo que constituye una demostración de que cuando hay que elegir entre fortalecer al Sernac y defender al consumidor, se opta por fortalecer la institución, que no es exactamente lo mismo que defender al consumidor. Asimismo, en la iniciativa se aumentan todas y cada una de las multas, algunas de manera meteórica. En lo personal, voté a favor el incremento de muchas multas. Pero las multas serán a beneficio del fisco, no para reparar a los consumidores. Entonces, quizás la pregunta es: ¿Por qué no bajar las multas y subir las reparaciones al consumidor? Nuevamente, cuando hay que elegir, se prefiere agrandar el Estado, fortalecer al Sernac, dejando al consumidor en segundo lugar. Otro aspecto que llama mucho la atención es que en el ámbito del interés colectivo o difuso, las multas se aplicarán no solo por el hecho, sino también por cada uno de los consumidores afectados. Por lo tanto, si alguien tiene una multa muy grande por un hecho, por una conducta abusiva y la multiplica por 500.000 o 600.000 personas, ella será infinita. A dichas multas se les puso el tope de 30 por ciento de las ventas obtenidas por el infractor durante el período en que la infracción se haya prolongado; pero la verdad es que con eso se está diciendo que el funcionario del Sernac tiene en sus manos el poder para, si quiere, hacer quebrar a determinada empresa. Compañías con utilidades de 30 por ciento es algo jamás visto, pues estas son mucho menores. Entonces, si a una empresa se le quita de una vez el 30 por ciento de sus ventas, lo que en realidad se está haciendo es darle la potestad a un funcionario para, de manera discrecional, si le cae mal el infractor, literalmente hacerla quebrar. Eso no es lo que queremos, sino que en esta materia se tengan las facultades que corresponden; pero en la forma en que ello se plantea podría incluso generar corrupción, porque las empresas entenderán que van a tener que, por decirlo de alguna manera, ser muy “amigas” del funcionario que deba cursarles la multa. El proyecto sí avanza; sin embargo, cuando se produce una diferencia que signifique apoyar o al Sernac (platas para el fisco) o al consumidor, esta siempre se define por la institución. Por eso creemos que el foco está mal puesto; el foco debería ser la protección de los derechos de los consumidores y no el agrandar una burocracia porque sí, porque se trata de una institución del Estado: el Sernac. El nuevo Sernac va a fiscalizar, sancionar, solicitar el cumplimiento forzoso de contratos, mediar, interpretar y dictar normas. Al respecto, me encantaría saber en qué Estado de derecho existe un superpoder -según la información de que dispongo, este es único- como el que se le dará al Sernac, el cual no solo dictará normas, sino que también las interpretará, fiscalizará y sancionará. Creemos en un Estado de derecho en el que se separan los poderes y en el que, al menos, quien dicta la norma no es el mismo que hace justicia. Entonces, creo que esta mezcolanza de poderes va absolutamente en contra de lo que entendemos como Estado de derecho. Por último, anuncio que votaremos a favor en general el proyecto. Sin embargo, creo que su objetivo principal deberían ser los consumidores y no el fortalecimiento per se del Sernac, que es la visión tan errónea de la iniciativa, lo cual espero que en el segundo trámite constitucional se pueda corregir. He dicho. El señor NÚÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio. El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, la primera pregunta que debemos hacernos es por qué necesitamos un Sernac. Si el mercado fuera perfecto, es decir, si el libre intercambio entre personas no tuviera nunca un problema, esa institución no sería necesaria. Pero como sabemos, la realidad dista mucho de la perfección: nos muestra que hay asimetrías de información; que es necesario que exista un intermediario, como puede ser el Sernac, para proteger los derechos de los consumidores en múltiples ocasiones. Cuando el mercado funciona bien, no es necesario el Sernac; por tanto, no estamos hablando de las situaciones en que el mercado funciona bien, sino precisamente de aquellas en que no lo hace. Entonces, la pregunta es qué institucionalidad debemos crear para proteger a los consumidores, sin correr el riesgo de perjudicar -como aquí se ha dicho- al consumidor en vez de protegerlo. Lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es bastante inédito. En un primer momento, cuando vimos la iniciativa tal como ingresó, se trataba de una supersuperintendencia, con todos los poderes que tenían otras superintendencias, pero además con facultades privativas de los tribunales y otras que no poseen otras instituciones. Por si fuera poco, también podía disponer de lo que hacían otras superintendencias, por lo que se violaba el principio de especialidad. En esto quiero agradecer al ministro de Economía y a su equipo, porque estuvieron dispuestos a avanzar en el fortalecimiento del Sernac, para que, como se manifestó, tenga “dientes”, pero también control. Porque un “león con dientes”, pero fuera de control no nos sirve, pues terminará por perjudicar a quienes supuestamente quiere ayudar. En eso se avanzó bastante. A pesar de que, evidentemente, había diferencias ideológicas relevantes en la comisión, llegamos al entendimiento de que el Sernac debía ser una institución con peso, pero a la vez con contrapeso. Les agradezco a quienes cooperaron en la Comisión de Economía para lograr avanzar hasta ese punto. Asimismo, se logró acuerdo respecto de una serie de aspectos procesales. El presidente de la Comisión de Economía, aquí presente, a pesar de nuestras diferencias, también ayudó a que pudiéramos lograr aquello. Posteriormente, la iniciativa pasó a la Comisión de Constitución, en la cual se pudo avanzar en una serie de asuntos procesales; otros aún se encuentran pendientes. Anuncio que votaremos a favor en general el proyecto, porque creemos que avanza en la protección de los derechos de los consumidores. Sin embargo, consideramos que existen algunos elementos que si no quedan bien entrelazados, perjudicarán la iniciativa. Uno de esos elementos, que constituye una innovación, son las llamadas “murallas chinas”. El Sernac tendrá la facultad de dictar e interpretar normas, de fiscalizar su aplicación, y además podrá hacerse parte en demandas colectivas. Con ello se traspasan una serie de poderes a una institucionalidad, lo que, si no queda bien separado, podría transformarse en un problema. Como señalamos, mitad en broma, mitad en serio, puede que haya una “muralla china” en Santiago, pero que a la altura de Rancagua se transforme en un cerco, y un poco más al sur, en un alambre de púas, para luego desaparecer totalmente. Por lo tanto, esa innovación que queremos hacer en materia institucional debe ser muy bien pensada. Insisto en que se ha avanzado mucho en las comisiones de Economía y de Constitución, pero, sin duda, falta una nueva revisión en el Senado. Por otro lado, existen ciertos aspectos que considero bastante adecuados. Uno de ellos se relaciona con la facultad de sancionar. La discusión inicial en la Comisión de Economía fue si los juzgados de policía local eran los que exclusivamente debían conocer de las denuncias por infracciones a la ley. De hecho, representantes del Instituto de Jueces de Policía Local de Chile manifestaron que no querían que les quitaran esa competencia. Una manera de hacer esta institucionalidad era fortalecer los juzgados de policía local y, al mismo tiempo, permitir que las personas contaran con una especie de defensor público, una corporación de asistencia judicial, alguna entidad que les permitiera acudir a abogados para que las representaran ante esos tribunales y no existieran esas diferencias tan grandes entre la empresa, que cuenta con sus propios abogados, y quienes no los tienen. Ello, sin descuidar una realidad, cual es que en la inmensa mayoría de las pymes quien debe ir al juzgado de policía local es el que está tras el mesón, porque no hay una oficina de abogados que lo atienda. Entonces, está bien que exista esa facultad de sancionar, pero deber haber un contrapeso. La facultad de dictar las normas y, al mismo tiempo, de interpretarlas tiene que contar con un comité -se creó- que tenga peso real para que no exista la discrecionalidad de una autoridad. Por lo demás, estamos creando otras institucionalidades que no son unipersonales, sino colegiadas. Nos interesa avanzar precisamente hacia eso a los efectos -insisto- de evitar la discrecionalidad de una sola persona. Hay otros puntos respecto de los cuales pedimos votación separada, porque los votaremos en contra. Sin embargo, la mayor parte de este proyecto nos parece positiva para los consumidores y para la institucionalidad de Chile. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, este proyecto incorpora en su base la preocupación por que el mayor número de casos posible se solucione y así evitar el abuso. En nuestra opinión, el debate que ha antecedido a esta -esperamos que así ocurra- aprobación pone de manifiesto la preocupación de ciertos sectores de equilibrar las fuerzas entre la ciudadanía, que algunos pretenden tildar más bien como “consumidores”, y los proveedores. Si bien la iniciativa ha contado con un apoyo transversal en el marco de su tramitación en las comisiones de Economía, de Constitución y de Hacienda, existen algunas voces que se han mostrado críticas a su contenido, intentado hacer ver que en algunos aspectos ella situaría a los ciudadanos en una posición contraria a los proveedores, incentivando la beligerancia entre unos y otros. Se trata de las mismas opiniones que han pretendido hacer entender que este proyecto generará algo así como una industria del litigio, como si la adecuada defensa del cumplimiento de la letra de la ley, la misma que ha sido refrendada por esta Corporación, pudiera envolver algo sospechoso o indeseable. ¡Nada más alejado de la realidad! Con esta iniciativa se busca evitar los abusos, y, por tanto, ordenar y potenciar los incentivos que permitirán un mayor nivel de cumplimiento. El proyecto se ocupa de generar instancias adecuadas de acuerdo entre consumidores -o ciudadanos, como prefiero llamarlos- y proveedores. Así las cosas, en el supuesto de que la denuncia tenga mérito, la solución menos costosa para el proveedor será siempre responder satisfactoriamente al ciudadano afectado, restableciendo el orden de cosas al momento previo de la eventual infracción. Para disminuir la excesiva judicialización de los casos que afecten el interés colectivo, la iniciativa propone profesionalizar y regular la mediación colectiva, la duración de los procedimientos, los mecanismos de publicidad para informar a todos los interesados y las formas de asegurar la participación de las asociaciones de consumidores, que han sido fundamentales para evitar los abusos en nuestra sociedad. Además, se contempla la creación de una unidad independiente y especializada dentro del Sernac, a cargo de llevar adelante este tipo de procedimientos. La mediación colectiva se iniciará, a partir de este proyecto de ley, de oficio o a petición de los interesados, y será notificada al proveedor o proveedores involucrados. El plazo máximo de este procedimiento de mediación colectiva será de tres meses, el cual podrá ser prorrogado por una vez, hasta por tres meses, por resolución fundada. Durante dicho término, los ciudadanos afectados que no estén de acuerdo con la solución alcanzada, para los efectos de no quedar sujetos a esta, deberán hacer presente su disconformidad al servicio. En el ámbito del interés individual, asumiendo la necesidad de que los ciudadanos encuentren una respuesta efectiva lo antes posible, se propone incorporar una instancia obligatoria de conciliación con el objeto de promover acuerdos entre ciudadanos y proveedores, a través de lo cual se espera que se resuelva la gran mayoría de los casos. Este procedimiento se desarrollará una vez que la mediación, que hoy contempla la ley, no llegue a buen término para el ciudadano, y estarán a su cargo las oficinas del Sernac a lo largo de todo el país, en regiones y en provincias, y en los municipios, en el caso de las comunas en las que no existan tales oficinas. Me parece interesante que hoy la discusión se manifieste con claridad respecto de aquellos que no quieren dotar de mayores atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor. Para apoyar a los ciudadanos debemos tener un Estado fortalecido y, para eso, nos parece muy importante que el proyecto busque fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor, confiriéndole facultades para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la normativa de protección de los derechos de los ciudadanos. Por eso, vamos a apoyar con entusiasmo el proyecto de ley. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Felipe de Mussy. El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, ya se ha dicho mucho de parte de diferentes sectores. También nosotros creemos que es importante avanzar en un proyecto de este tipo. Hay que seguir defendiendo a los consumidores, especialmente frente a los abusos que se han venido dando desde hace mucho tiempo y, en particular, desde los monopolios, tanto privados como gubernamentales. Recuerdo que cuando era pequeño -hoy tengo 32 años- se usaba el concepto de que el cliente siempre tiene la razón. Desgraciadamente, por diversos motivos, eso ya no se estila en Chile, aunque, claramente, debiera volver a instaurarse, no solo a través de leyes y proyectos de este tipo, sino también a través de la cultura. Debemos ser justos y objetivos al reconocer que este proyecto, desgraciadamente, convierte al Sernac en un superservicio: fiscalizará, dictará normas y resolverá en causas que aleguen cuantías de más de 25 unidades tributarias mensuales, alrededor de un millón de pesos. De alguna manera, el Sernac se asemejará a una superintendencia. Habrá un superservicio que estará a cargo de una persona elegida por el sistema de la Alta Dirección Pública, que todos sabemos que no funciona. Por lo mismo, el propio gobierno se comprometió a enviar un proyecto con el objeto de modificarlo ¿Qué dice la OCDE? Que este tipo de instituciones deberían ser agencias regulatorias o superintendencias que ojalá cuenten con un órgano colegiado, ni siquiera a cargo de un superintendente. Señor Presidente, usted mismo, junto con otros 82 diputados, votaron a favor, en enero de 2014, el proyecto de ley que modifica la Superintendencia de Valores y Seguros y que la transforma en una comisión de valores. Ello significó un cambio en su gobierno corporativo. De una u otra manera, la gran pregunta, después de 11 meses de discusión, es si realmente se hicieron bien las cosas en relación con esta materia. Creo que se pudo haber tenido un Sernac más estructurado, tal como lo sugiere la OCDE, no un servicio convertido, como decía el colega Bellolio, en un león con muchos dientes, pero sin control. Además, sabemos que es un servicio que puede ser muy utilizado como plataforma política. ¡Digamos las cosas como son! Cuando avanzamos en proyectos que favorecen claramente a los consumidores, a fin de que no existan más abusos, para defenderlos de los monopolios, para que volvamos a decir que el cliente tiene la razón, debe hacerse de mejor forma. Por otra parte, se quita la opción al consumidor de llevar su causa al juzgado de policía local, lo cual merma su posibilidad de elección, independientemente de si la gran mayoría ve que el Sernac funciona más rápido y mejor y termine yendo a ese servicio. En resumen, se crea un superservicio, que debiera ser una superintendencia o, incluso, un órgano colegiado. Segundo, se le quita la facultad de elección al consumidor para definir qué camino seguirá para resarcir el abuso cometido por alguna empresa o proveedor. Con todo, creemos que es un buen proyecto, pues avanza en cuestiones positivas; sin embargo, podría haber sido bastante mejor. Lo vamos a apoyar como partido, pero -repito- hay puntos importantes que se podrían haber mejorado, los que -no me cabe duda de ello- todo el espectro político hubiese votado favorablemente. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, valoro la disposición del gobierno, no solo en cuanto a impulsar una agenda de protección de los consumidores, sino también por construir acuerdos. El diputado Bellolio reconoce que hubo voluntad de acuerdo, de entendimiento, y desmiente de paso lo que señaló su colega de partido, el diputado Silva, y también el diputado Edwards, en cuanto a que aquí habría funcionado la aplanadora. El tema que abordamos es tremendamente sensible. Vivimos en una economía altamente concentrada, con asimetría de información entre los proveedores y los consumidores, y con una gran desigualdad de poder. ¿Qué genera ese cóctel? La oportunidad de abusar de los consumidores. Lo hemos visto en los casos BancoEstado, Cencosud, colusión de farmacias y La Polar. Fue justamente debido al caso La Polar, ocurrido en 2010, que se creó una comisión investigadora, donde concurrimos prácticamente en forma unánime a despachar un informe que, entre otras medidas, planteaba la necesidad de fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor y dotarlo de facultades sancionatorias, normativas y fiscalizadoras. ¿Qué hizo el gobierno de la época entre 2010 y 2014? ¿Qué nos ofreció el gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia de protección de los derechos de los consumidores? Una gran mentira, una gran farsa: el Sernac Financiero. Una oficina dentro del Sernac, pero sin nuevas facultades, donde los derechos de los consumidores nacían de la posibilidad de obtener un sello Sernac distintivo, que las instituciones financieras podían solicitar de manera voluntaria. Me pregunto cuántas instituciones financieras han obtenido el sello Sernac para dar vida a la gran reforma que nos prometió, con letra chica, el gobierno anterior. ¡Ninguna! Ninguna institución financiera ha obtenido el sello Sernac. Por lo tanto -repito-, el Sernac financiero fue una mentira, una farsa, como lo denunciamos oportunamente. ¿Qué ha hecho este gobierno? Recoger las propuestas a las que arribó la Comisión Investigadora de La Polar, entre otras, dotar al Servicio Nacional del Consumidor de facultades que le permitan defender a los más vulnerables y corregir la asimetría que existe en esta materia, permitiendo sancionar directamente, sin tener que concurrir necesariamente a los tribunales de justicia; fiscalizar en terreno cuando se infringen los derechos de los consumidores, y permitir al Sernac que dicte normas e interprete la ley. Algunos señalan que el consumidor no puede recurrir al juzgado de policía local de manera directa si la cuantía en discusión es inferior a 25 UTM; sin embargo, basta que en su demanda plantee una cuantía mayor y podrá llegar directamente a los tribunales. Si no cuenta con pruebas, lo más probable es que tenga que pasar por el Sernac. Además, este proyecto de ley trata de evitar la judicialización, pues lo que incentiva, a través del fortalecimiento de la regulación de la mediación colectiva y del llamado a conciliación obligatorio de las causas individuales, es la no iniciación de procedimientos administrativos y que los proveedores, inmediatamente, puedan dar respuesta oportuna, eficiente y completa a los consumidores. Es más, el diputado Edwards, pecando de desconocimiento y de mala fe, dice que siempre se busca aplicar la multa en lugar de proteger a los consumidores. Sin embargo, este proyecto de ley dice exactamente lo contrario. Si se satisface a los consumidores ni siquiera se iniciará el procedimiento administrativo que corresponda. Si se indemniza a los consumidores, se puede eliminar o rebajar la multa, pues lo que se busca es responder a los consumidores y no necesariamente aplicar la sanción. El diputado Edwards también dijo, mañosamente, que un funcionario del Sernac podría llevar a la quiebra a una empresa, porque hoy se regula algo que es evidente: que en los casos de interés difuso o colectivo, cada consumidor afectado genera una infracción en sí misma; pero se olvida de que no se innova en materia de demandas colectivas, porque no es el Sernac el que tiene competencia en esta materia, sino los tribunales civiles. Por lo tanto, no será un funcionario, sino un juez de la república el que establecerá esa sanción. Se nos ha dicho que este proyecto es inconstitucional; pero resulta que el Tribunal Constitucional ha sido uniforme en señalar que no es problema que un órgano administrativo concentre estas facultades; lo importante es que tenga control jurisdiccional de sus actos, y aquí se establece una acción de reclamación ante los tribunales de justicia respecto de las cuestiones de forma y de fondo. Por lo tanto, esta es una buena noticia para los consumidores, pues terminarán o disminuirán los abusos. Mil excusas podrá haber, pero hoy tenemos la oportunidad de decir claramente, con nuestro voto, quiénes están por los que abusan y quiénes estamos por los consumidores. ¡Felicito al gobierno por este proyecto! He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella. El señor SQUELLA.- Señor Presidente, este es el clásico ejemplo de una buena intención muy mal ejecutada. Creo que no hay nadie en esta Sala que no comparta la necesidad de dotar de mayores atribuciones de fiscalización al Sernac y que no comparta el hecho de que hay que fortalecer la defensa de los consumidores. Sin embargo, en el hecho de pasar de ese principio al contenido de este proyecto de ley, francamente, hay mucha distancia. En Chile no existe sector político o académico alguno que, con base, no celebre lo que se generó a partir de la reforma procesal penal. ¿Cuál era el eje de lo que se hizo en ese entonces? Era, precisamente, separar las facultades de investigar de las de ejercer jurisdicción, es decir, juzgar. Y acá estamos volviendo atrás. Han transcurrido casi quince años y -repito- estamos volviendo atrás, pues se concentra en un servicio, que ni siquiera tiene rango constitucional, una gran cantidad de atribuciones, lo que no corresponde. Estamos hablando de la capacidad de fiscalizar, de mediar, de sancionar, es decir, de ejercer jurisdicción, de interpretar las normas, y de dictar adicionalmente normas en un mismo servicio del Estado. Reitero, eso no corresponde. ¿Con qué autonomía, con qué autoridad va a ejercer jurisdicción un servicio -las personas que están detrás de ese servicio- que, al mismo tiempo, tiene la atribución de decir a las partes que forman el juicio cuáles fueron las bases de una amigable composición? ¿Cómo yo, señor juez juzgador, en una etapa previa, le puedo decir a las partes cuál creo que debe ser la solución, entregándole a cada una algo de lo solicitado? ¿Cómo podría verdaderamente aplicar justicia si ya me pronuncié al respecto? Ese va a ser uno de los problemas que hay que resolver. Yo espero que en los próximos trámites legislativos efectivamente encontremos una solución para no ponernos colorados cuando se promulgue una ley mal planteada y mal ejecutada. Se ha planteado una serie de dificultades. Por ejemplo, ¿por qué eliminar las atribuciones de los juzgados de policía local y entregar el conocimiento pleno -o prácticamente pleno- de las infracciones de ley al Sernac. El proyecto plantea que todas las causas cuya cuantía sea inferior a 25 UTM las resolverá únicamente el Sernac. ¿Por qué no darle una alternativa a los consumidores si se dice que la iniciativa es en beneficio de ellos? ¿Qué va a pasar en los lugares donde no existen oficinas del Sernac? Nos contestan: “En esos lugares se van a celebrar convenios con las municipalidades”. ¡Seguramente en los municipios no van a existir “murallas chinas”! Dudo de que algún día se firmen convenios con todas las municipalidades del país. Creo, firmemente, que se le está diciendo a buena parte de los ciudadanos que viven en sectores alejados que no van a tener acceso a la justicia en materia de derechos del consumidor. Repito, el proyecto de ley establece que todo litigio que considere cuantías por debajo de 25 UTM será conocido en única instancia. Con ello estamos consolidando el hecho de que ciertas personas, en materia de defensa de sus derechos como consumidores, no van a tener acceso a la justicia. Eso no me parece razonable. La iniciativa también incluye la posibilidad de indemnizar por daño moral en acciones colectivas. Eso es aberrante, tal como quedó de manifiesto en tratamientos de iniciativas de ley anteriores, ocasión en que la inmensa mayoría de los profesores de derecho civil se pronunció en contra de esa materia. ¿Cómo se puede considerar que sufren el mismo daño moral dos pasajeros de un bus que sufre un accidente, no obstante que uno, simplemente, no llegó a la hora a su trabajo, y el otro no llegó a tiempo al funeral de su madre? Eso es, en la práctica, lo que implica igualar o pretender igualar los daños morales que se generen en las personas al agruparlas. Eso no corresponde, pero lo permitimos en esta iniciativa. Son muchos los puntos que justifican pronunciarnos en contra del contenido del proyecto. Con todo, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se perfeccionó el articulado y se puso algo de prudencia y sensatez a la iniciativa; sin embargo, ello no es suficiente. Espero que en el posterior trámite constitucional se siga avanzando para contar con una legislación que proteja adecuadamente al consumidor y no incline la balanza de los abusos hacia un lado, en este caso, hacia el Estado. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez. El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, han transcurrido veinte años desde la creación del Servicio Nacional del Consumidor, tiempo en el cual nuestra sociedad ha evolucionado significativamente. Hoy, los chilenos y chilenas se encuentran más empoderados y, con justa razón, demandan más del Estado y de sus instituciones. Adecuar nuestra legislación a los nuevos tiempos permite tener mayores niveles de respuesta a las demandas de nuestra sociedad. Así, el mensaje enviado por el Ejecutivo en 2014 viene en otorgar una mayor protección a los derechos de los consumidores. Como diputado, he levantado mi voz y me he puesto siempre del lado de los consumidores. Ese ha sido mi compromiso. Prueba de lo anterior es el proyecto de ley que hemos presentado, junto con varios diputados de la Democracia Cristiana, y que tiene por objeto, por ejemplo, terminar con los abusos cometidos por las empresas que administran estacionamientos, las que, por décadas, han sacado provecho a costa de la poca regulación existente en la materia. Sin embargo, esta iniciativa ha tenido una fuerte presión y lobby de dichas empresas, que intenta distorsionar la idea original de dicho proyecto. El proyecto en debate es el resultado del análisis del momento que vive la protección de los derechos de los consumidores. Dicho análisis arrojó que los instrumentos actuales no establecen estándares suficientes para el cumplimiento legal de sus obligaciones por parte de los proveedores. Esto se debe principalmente a que el Sernac tiene escasas facultades. En la actualidad, no puede fiscalizar, sancionar, dictar ni interpretar normas. El procedimiento sancionatorio es costoso para el consumidor, además de tener una tramitación engorrosa. Las reparaciones obtenidas pocas veces son las adecuadas o las que espera el consumidor. Las multas son bajas y no existe una mirada sistémica acerca de esta situación. El proyecto se hace cargo de esa realidad y propone una nueva institucionalidad, al dotar al Sernac de facultades fiscalizadoras, sancionatorias, interpretativas y normativas, con el objeto de comprobar y constatar las infracciones a los derechos de los consumidores, a través de las denuncias efectuadas. Asimismo, ese servicio podrá adoptar medidas preventivas en relación con los eventuales daños que se provoquen a los consumidores. En caso de que el proveedor no colabore y se oponga a la fiscalización, se contempla la posibilidad de proceder con el auxilio de la fuerza pública, previa notificación a los juzgados de policía local competentes. Asimismo, la negativa de dar cumplimiento a los requerimientos solicitados durante las acciones de fiscalización será castigada con multas de hasta 3.000 UTM. Otro de los aspectos innovadores es que el proyecto pretende dotar al director nacional de la facultad para interpretar la ley y dictar normativas de carácter general. Se duplicará la dotación de funcionarios, con el objeto de proceder a una efectiva separación de funciones, entre las que destacan la sanción de normativas, la representación del interés difuso o colectivo, la fiscalización y la mediación, las cuales dependerán de subdirecciones distintas. Se crearán nuevas oficinas provinciales y comunales y se fortalecerán los convenios de interoperabilidad con las municipalidades, de manera de expandir la cobertura a las soluciones que los consumidores necesitan. Por otra parte, constituirá un salto cuantitativo en la defensa de los derechos de los consumidores la posibilidad de que las asociaciones de consumidores ejecuten y celebren actos y contratos civiles y mercantiles para cumplir sus objetivos, y destinen los frutos de dichos actos y contratos al financiamiento de sus actividades propias, derogando, además, la prohibición que les afectaba en cuanto a desarrollar actividades lucrativas, las cuales a esta fecha solo pueden limitarse al financiamiento o recuperación de costos. En buenas cuentas, lo que se pretende con este proyecto es contar con un Sernac que pueda proteger eficazmente a la gente, como una buena armadura, y no como sucede en la actualidad, que se presenta indefensa. Se ha mencionado que se busca fortalecer este servicio público para sobreproteger a los consumidores. ¡Qué dicotomía más falsa! Para proteger a los consumidores necesitamos de una institucionalidad robusta que lo pueda hacer por ellos. Finalmente, es nuestro deber y nuestra obligación legislar de manera eficiente, seria y responsable, para proteger a los ciudadanos de los abusos arbitrarios que comete un sinnúmero de empresas. Ello nos permitirá seguir avanzando por un camino que solo tiene como norte garantizar el respeto a todo tipo de derechos, en especial, a los derechos de los consumidores. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. Los diputados que no alcanzaron a hacer uso de la palabra, pueden solicitar insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones. Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con la salvedad de los números 20); 26), artículo 50 O; 40), letra e), párrafo sexto, letra o) y letra u), literal ii), todos del artículo 1° permanente, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación general los números 20); 26), artículo 50 O; 40), letra e), párrafo sexto, letra o) y letra u), literal ii), todos del artículo 1° permanente, que requieren para su aprobación del voto favorable de 66 señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a una indicación presentada por los diputados señores Rincón, Chahin y Auth, que requiere de la unanimidad de la Sala para ser sometida a votación. El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación de los diputados Rincón, Chahin y Auth tiene por objeto reemplazar, en el número 41) del artículo 1°, en lo que dice relación con el inciso primero del artículo 59, la expresión “cuatro quintos” por “tres quintos”, con el objeto de que el director nacional sea nombrado por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta por el Consejo de la Alta Dirección Pública, con el voto favorable de tres quintos de sus miembros, no de cuatro quintos, como aparece en el texto de la Comisión de Economía. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- ¿Habría unanimidad de la Sala para votar la indicación? No hay unanimidad. Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, se trata de una propuesta que hizo el diputado Ernesto Silva. Lamento que no haya firmado la indicación. Como la indicación no se votará, el Senado deberá modificar el número correspondiente, por cuanto con el quórum existente no se va a poder nombrar a ningún director nacional del servicio. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señor diputado, sus palabras quedarán en el Boletín de Sesiones para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la salvedad de los números 9), letra c); 10), 12), 13), 19), 20), 22), 23), 26), 31), 33) y 40) del artículo 1° permanente; del artículo primero transitorio, que fue objeto de indicaciones de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; del nuevo artículo décimo primero transitorio, incorporado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y del artículo octavo transitorio, que fue objeto de una indicación en la Comisión de Hacienda. Se exceptúan también de esta votación los siguientes artículos, por haberse pedido votación separada: letra d) del número 8), número 14), número 15), letra b) del número 28), todos del artículo 1°. A continuación, votaremos los artículos señalados precedentemente. Corresponde votar la letra d) del número 8) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Economía, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 17 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Becker Alvear Germán; Coloma Alamos Juan Antonio; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Urrutia Paulina; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; De Mussy Hiriart Felipe; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Paulsen Kehr Diego; Rubilar Barahona Karla; Sandoval Plaza David; Trisotti Martínez Renzo; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar la letra c) del número 9) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 113 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 10) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 12) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 13) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 14) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Economía, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 38 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 15) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Economía, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 40 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Becker Alvear Germán; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 19) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 20) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que requiere para su aprobación del voto favorable de 66 señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe, -Se abstuvieron los diputados señores: Browne Urrejola Pedro; Godoy Ibáñez Joaquín; Rathgeb Schifferli Jorge; Rubilar Barahona Karla; Sandoval Plaza David. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 22) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 113 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 23) del artículo 1, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el artículo 50 O contenido en el número 26) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que requiere para su aprobación del voto favorable de 66 señoras diputadas y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Browne Urrejola Pedro; Godoy Ibáñez Joaquín; Rathgeb Schifferli Jorge; Rubilar Barahona Karla. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el resto del número 26) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Silva Méndez Ernesto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar la letra b) del número 28) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Browne Urrejola Pedro; Godoy Ibáñez Joaquín; Rubilar Barahona Karla. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 31) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 33) del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Silva Méndez Ernesto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el número 40), con excepción de las letras d), e), o) y u), letra ii), del artículo 1°, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar la letra d) del número 40) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Browne Urrejola Pedro; Godoy Ibáñez Joaquín; Rubilar Barahona Karla. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar la letra e), con excepción del párrafo sexto del número 40) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Economía, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos; por la negativa 0, voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Silva Méndez Ernesto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar la letra e), párrafo sexto, del número 40) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Economía, que requiere para su aprobación del voto favorable de 66 señoras diputadas y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa 40, votos. Hubo 3 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Godoy Ibáñez Joaquín; Rathgeb Schifferli Jorge; Rubilar Barahona Karla. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar la letra o) y la letra u) letra ii), del número 40) del artículo 1°, en los términos propuestos por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, que requieren para su aprobación del voto favorable de 66 señoras diputadas y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos; por la negativa 0, voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Silva Méndez Ernesto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el artículo primero transitorio, con la modificación propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el artículo octavo transitorio, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Finalmente, corresponde votar el nuevo artículo décimo primero transitorio, propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos; por la negativa 0, voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Silva Méndez Ernesto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Despachado el proyecto. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.16 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 5. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS PROCESOS DE COMPRA DE TIERRAS POR PARTE DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO (CONADI), ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2013. “Honorable Cámara: La Comision Especial Investigadora de los procesos de compra de tierras por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), entre los años 2011 y 2013, en virtud de la solicitud formulada por cincuenta y ocho señores Diputados y que fuera sancionada favorablemente en la sesión de 02 de julio de 2014, pasa a emitir el presente informe a la H. Cámara de Diputados acerca del cometido que ella ha desarrollado. I. INTRODUCCIÓN. 1.- Origen de la Comisión. En sesión celebrada el 02 de julio de 2014, esta H. Cámara aprobó la solicitud formulada por cincuenta y ocho señores Diputados del siguiente tenor: “La Fiscalía Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, a cargo del abogado don Rodrigo Andrés Bustos Pacheco, ha iniciado un proceso de análisis e investigación de la compra de tierras para personas indígenas, comunidades indígenas o parte de éstas; compras que se fundaron en los Arts. 20 letra a) y letra b) de la Ley 19.253, correspondiente al período 2011 al 2013. Concluido dicho proceso de análisis e investigación, que en una primera etapa consideró una muestra aleatoria de 15 casos, arribó a conclusiones. Del punto de vista administrativo: se pudo detectar que en dichas Carpetas existen evidencias de faltas a la Ley Indígena N° 19.253, al Estatuto Administrativo contenido en la Ley 18.834; a la Ley de Probidad Administrativa N° 19.653; a la Ley de Compras Públicas N°19.886; a la Ley de Bases de Administración del Estado N°18.575; al Decreto Supremo N° 395 del Ministerio del Desarrollo Social (Ex-Mideplan); y a distintos Dictámenes e Informes de Auditoría de la Contraloría Regional de la República. Del punto de vista penal: se observa que en dichas Carpetas existe evidencia de hechos y de documentos que pudiera estimarse, tipificarían algunos Delitos contra el Fisco, como los siguientes: Delito de Fraude al Fisco, contemplado en el Artículo 239 del Código Penal; Delito de Negociación Incompatible, contemplado en el Artículo 240 del Código Penal; y el delito de Tráfico de Influencias, contemplado en el Artículo 240 Bis del Código Penal. Se informa a usted que todos los hechos detectados por la Fiscalía de Conadi ya fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público de la Región de la Araucanía, los cuales, atendida la gravedad que revisten, fueron instalados para su investigación en la Fiscalía de Alta Complejidad de esa Región. 2. Según información entregada por la Fiscalía de Conadi se podría establecer la existencia de un “modus operandi”, para defraudar al Fisco, lo que es agravante de los hechos detectados, puesto que en su aplicación existirían muchas personas, algunos incluso podrían ser de alta responsabilidad política del gobierno anterior. 3. De otra parte, los montos de los recursos del Estado comprometidos con solo estas gestiones irregulares de las Ex Autoridades de Conadi, y que se reitera corresponden solo a una muestra aleatoria de 15 Carpetas, ascenderían a los 10.000 millones de pesos (20 millones de dólares aproximadamente). Por lo anterior, los suscritos reiteramos la solicitud para que la Cámara de Diputados acuerde crear una Comisión Especial Investigadora de la Compra de Tierras, hechas durante los años 2011 y 2013, por el Ex Director Nacional de Conadi, don Jorge Retamal Rubio; y por el Ex Sub Director Nacional Sur de Conadí, Sr. Germán Ríquelme Teuber; asimismo se investigue la participación que le pudiere corresponder al Ex Intendente de ia Región de la Araucanía Sr. Andrés Molina Magofke, y de los apoyos dados por él al Ex Director Nacional de Conadi, en tanto fue su hombre de confianza; deí, Ex Gobernador de Malleco Sr. Eric Baumann, Ex Encargado de negociar los predios que compraba Conadi, cuando este era funcionario de dicha repartición; del Sr. Juan Eugenio Mendoza Hen, funcionario de confianza del Sr Retamal que en todas las negociaciones de compra de tierras, actuaba en representación del Ex Intendente de la Araucanía. Que en general se pueda recabar toda información necesaria al efecto y determine las responsabilidades involucradas, recibiendo para tales efectos en primera etapa, al Director Nacional de la Conadi Sr. Alberto Pizarro Chañilao y al Fiscal Nacional del mismo organismo Sr. Rodrigo Bustos Pacheco, quienes deberán entregar antecedentes de dicha investigación, citando o invitando a posterior según la comisión lo determine, a otras personas, y luego, remita sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran y para evitar en el futuro su nueva ocurrencia. La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 180 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.”. 2.- Integración de la Comisión. La Comisión se constituyó el día 23 de julio de 2014, bajo la presidencia accidental del Diputado señor René Manuel García García, y fue integrada además por sus otros miembros permanentes, Diputada señora Marisol Turres Figueroa; y Diputados señores Pedro Browne Urrejola; Felipe De Mussy Hiriart; Hugo Gutiérrez Gálvez; Javier Hernández Hernández; Felipe Kast Sommerhoff; Fernando Meza Moncada; Roberto Poblete Zapata; Luis Rocafull López; Rene Saffirio Espinoza; Joaquín Tuma Zedán; y, Mario Venegas Cárdenas. Una vez constituida, la Comisión procedió a elegir, de forma unánime, al señor Fernando Meza Moncada como su Presidente titular. A continuación, se abocó a la elaboración de un programa de trabajo, el que se formuló, en definitiva, considerando la solicitud de constitución como Comisión Investigadora aprobada por la Corporación, según la cual el ámbito de su competencia se encontraba delimitado por el tenor literal de dicha presentación. 3.- Trabajo desarrollado. a) Sesiones y asistencia. La Comisión celebró sesiones ordinarias los días miércoles de cada semana, destinando un total de 10 sesiones desde que comenzó su trabajo. El total de trabajo ascendió a 18 horas con quince minutos, con un promedio de duración de cada sesión de 1 hora cuarenta minutos, aproximadamente. b) Personas invitadas. En el marco del plan de trabajo ya citado, la Comisión invitó a diversas personas y entidades vinculadas al tema en cuestión y que podían aportar mayores antecedentes al conocimiento del problema. Para tal efecto, contó con la asistencia de los señores Alberto Pizarro Chañilao, Director Nacional de Conadi; Rodrigo Bustos Pacheco, Fiscal de Conadi; Rodrigo Francois Hernández, funcionario de Conadi; Sergio Garrido Herrera, Jefe Nacional de Tierras de Conadi; Jorge Retamal Rubio, ex Director de Conadi; señora Sandra Marín Cheuquelaf; señor Carlos Herrera Insunza; señor Sergio Valenzuela Gaete, Presidenta, Tesorero y Director, respectivamente, de la Asociación de Funcionarios de Conadi; señor Yuri Coliqueo Jarpa, Funcionario de la Unidad de Tierras de la Subdirección Sur de Conadi; señora Marta Nuyado Ancapichun,. Abogada de la Subdirección Sur de Conadi; señor José Antonio Viera Gallo Quesney, ex Ministro Secretario General de la Presidencia; señor Eduardo Lavado Valdés, Director General de Gestiones Consultores Ltda.; señor Yuri Coliqueo Jarpa, funcionario de la Unidad de Tierras de la Subdirección Sur de la Conadi; señor Francisco Huenchumilla Jaramillo, Intendente de la Araucanía; Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República, quienes concurrieron a sus sesiones en el orden indicado y entregaron sus valiosos testimonios que se consignan en este informe y proporcionaron los antecedentes y documentos que sirvieron de base para elaborar sus conclusiones. c) Documentos solicitados por la Comisión. Con la intención de recabar el máximo de documentos y antecedentes que pudieran servir para un mejor conocimiento de la materia objeto de la investigación, los señores Diputados integrantes de la Comisión oficiaron: 1.- A la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, a fin de que remitiera la nómina de “veedores internos” que la Unidad de Asuntos Indígenas de SEGPRES designó en Conadi entre los años 2011 y 2013 con la especificación de las competencias que tenían dichos funcionarios y sus atribuciones respecto a la fijación de precios en las compras de tierras. 2.- Al Director Nacional de Conadi a fin de que remitiera los siguientes antecedentes: a) Copia de escritura o nómina de todas las compras de tierras efectuadas entre el 1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013. En caso de no adjuntarse escritura, mención del nombre del vendedor, comunidad a la cual se transfirió la propiedad, precio, forma de pago y Notaría en la cual se suscribió la correspondiente escritura de compraventa. b) Forma de pago de las propiedades compradas y comisiones que, eventualmente, pudieron haberse pagado a intermediarios formales o informales. c) Nómina de las tasaciones efectuadas por Conadi para determinar el precio de las referidas compras de tierras. d) Justificación de las eventuales diferencias de precios entre dichas tasaciones y el precio final pagado al vendedor. e) Eventuales instrucciones dejadas en Notaría en relación con dichas compras de tierras al momento de suscribirse los respectivos contratos de compraventa. f) Ocupación efectiva de los predios adquiridos por parte de las comunidades beneficiadas. II. ANTECEDENTES GENERALES. 1.- Consideraciones preliminares. En el año 1993 se dictó en Chile la ley N° 19.253, que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conocida habitualmente como Ley Indígena. Esta norma tuvo como principal objetivo reconocer a los indígenas y etnias de Chile, y generar las condiciones y la institucionalidad necesarias para que pudieran desarrollarse, de acuerdo a sus costumbres y estilos de vida. El artículo 1° de la Ley Indígena establece, en su inciso tercero, el deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, de “respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”. En cumplimiento de este deber, es que, dentro de ese mismo cuerpo legal, se establecen una serie de herramientas destinadas a las finalidades antes mencionadas. En este sentido, se establecen dos fondos: uno, el fondo para tierras y aguas indígenas, destinado a otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, Comunidades Indígenas o una parte de éstas, financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras y para financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso. El segundo, es el Fondo de Desarrollo Indígena, cuyo objeto, conforme con el artículo 23 de la ley, es el financiamiento de programas especiales dirigidos al desarrollo de las personas y comunidades indígenas, mediante planes especiales de crédito, sistemas de capitalización y otorgamiento de subsidios en beneficio de las Comunidades Indígenas e indígenas individuales. Además de estas líneas de acción, el Título IV de la Ley Indígena establece normas relativas al reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas y sobre la educación indígena y, en el Título V se regula la participación indígena, estableciendo, en su artículo 34, el deber de los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas. Dicha disposición está en consonancia con lo dispuesto por el Convenio N° 169 de la OIT. 2.- Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En el marco antes descrito, se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, que tiene como finalidad, conforme con el artículo 39 de la Ley Indígena, ser el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en \a vida nacional. Se trata de un servicio público dirigido a conducir la relación del Estado con los indígenas, y encargado tanto de aplicar como de implementar la ley indígena. 3.- Consejo Nacional. La Dirección Superior de la Conadi, conforme con el artículo 40 de la Ley Indígena, le corresponde al Consejo Nacional cuyas funciones se refieren a la definición de las políticas, planes y programas relativos a materias de indígenas, que deben ser desarrollados por la propia Conadi, como así también sugerir planes y programas a desarrollar por otros organismos del Estado y proponer reformas legales, reglamentarias y administrativas relativas a los indígenas o que les afecten directa o indirectamente. 4.- Director Nacional. En el plano administrativo, el Director Nacional de la Conadi, conforme con el artículo 44 de la Ley, es el Jefe Superior del Servicio, correspondiéndole la representación judicial y extrajudicial del servicio como así también la organización interna del mismo. En su calidad de representante de la Conadi, le corresponde además suscribir toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales. De las demás funciones que la ley le entrega, cabe destacar que es el Director el encargado de: la ejecución del presupuesto, informar al Consejo sobre la marcha de las actividades de la Corporación y someter a su consideración los planes y proyectos específicos. 5.- Subdirecciones Nacionales. El artículo 38 de la ley dispone que existen dos subdirecciones nacionales: una en la ciudad de Temuco para la VIII, IX, X y XIV Región, y otra en la ciudad de Iquique para las regiones I, II y XV Región. El artículo 45 de dicha norma establece que las Subdirecciones Nacionales son las encargadas de orientar y ejecutar, descentralizadamente, la acción de la Conadi en favor de las personas, agrupaciones y Comunidades Indígenas dentro de su respectivo ámbito. Están a cargo de un Subdirector Nacional que será asesorado por un Consejo Indígena. Los Subdirectores Nacionales ejercen similares funciones que el Director Nacional, requiriendo, eso sí, en algunas actuaciones, contar con la ratificación del Director Nacional. 6.- Consejo Indígena. Los Consejos Indígenas, establecidos en el artículo 46 de la Ley Indígena, en tanto, son órganos de participación y consulta, y sus integrantes no reciben remuneración por el ejercicio de esta función y es presidido por el respectivo Subdirector. Los Consejeros son nombrados mediante resolución del respectivo Subdirector Nacional. Su duración, los requisitos para ser consejeros, las causas de cesación en el cargo, las fórmulas de reemplazo y las demás normas de funcionamiento son establecidas mediante un reglamento expedido por el Presidente de la República. Las funciones específicas de estos Consejos, conforme con ese mismo artículo 46 son: a) Analizar las acciones, planes y programas que la Corporación ejecute en su jurisdicción. b) Hacer las sugerencias que estime conveniente, en especial, aquellas destinadas a coordinar la acción de los órganos del Estado en función del desarrollo indígena. c) Sugerir mecanismos de participación de los indígenas. d) Dar su opinión sobre todas aquellas materias que sean sometidas a su conocimiento. 7.- Patrimonio de la Conadi. Conforme con el artículo 50 de la Ley Indígena, el patrimonio de la Conadi se compone por: a) Los recursos que le asigne anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación y todo otro que se le asigne en conformidad a la ley. b) Los aportes reembolsables y no reembolsables de la cooperación internacional. c) Los bienes muebles o inmuebles que reciba o adquiera a cualquier título y los frutos de tales bienes. d) Las herencias, legados y donaciones que reciba. e) Todo otro bien o aporte que le sea asignado por ley. III. OPINIONES RECIBIDAS. Vuestra Comisión, en el marco de su cometido, recibió los testimonios de las autoridades y personas invitadas, las que constan textualmente en este Informe, sin perjuicio de la versión taquigráfica del debate habido en la sesión correspondiente, que se acompañan in extenso en documento anexo a este Informe, conjuntamente con los antecedentes y documentos que hicieron entrega durante sus intervenciones, y que quedan a disposición de las señoras y señores Diputados en la Secretaría de la misma. En su sesión de fecha 13 de agosto de 2014, la Comisión recibió al Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), señor Alberto Pizarro Chañilao y el fiscal de la Corporación, señor Rodrigo Bustos Pacheco. El señor Pizarro, manifestó textualmente lo siguiente: “Señor Presidente, lo que nos convoca tiene relación con un proceso que inicié en abril, una vez que asumí como director de la Conadi. Como ustedes pueden imaginar, cuando uno asume un cargo necesita estar claro de cómo encuentra el servicio. En esa oportunidad, con nuestro equipo empezamos a hacer revisión de los procedimientos, de todo lo que estaba pendiente y, también, en virtud de que habían salido declaraciones a través de la prensa que informaban que había muchos procesos de compra de tierras que estaban en proceso, que estaban prontos a cerrarse, nos dimos la tarea de revisar todas las carpetas que estaban en esa situación y todos los procedimientos pendientes que había, como las licitaciones y una serie de cosas que, para la fecha en que nos encontrábamos -abril-, muchas de ellas estaban en curso. Una vez que comenzamos la revisión, nos encontramos con algunas sorpresas. Muchas de esas carpetas -incluso las que estaban en notaría- no contaban con toda la documentación necesaria para efectuar la compra. No había estudios de títulos. Por ejemplo, había un caso en que los terrenos estaban embargados y se estaba haciendo el trámite, pero había otros en que no existían tasaciones. Eso nos hizo ahondar en todo el procedimiento. Fueron pasando las semanas, fuimos recopilando información y, después de un tiempo, aparece una denuncia en la prensa -creo que en abril- respecto de la Contraloría, lo que nos dio luces de que había algo más que un mero desorden administrativo. Hasta ese momento solo era desorden administrativo, cosas que no estaban suficientemente claras, no estaba la documentación requerida. Insisto, esto nos llevó a ahondar un poco más en la situación. A esto se suma que nos percatamos de que nuestros computadores, los de todos los directivos, habían sido formateados -entendemos que el Estado es uno, independiente de los cambios de gobierno y de dirección, pero la información es pública y debe mantenerse-, lo que nos hizo pensar que algo estaba ocurriendo. No es normal que se formateen los computadores de una institución que debe tener la información disponible. Todo eso nos llevó, después de un tiempo y luego de descubrir esto, que hiciéramos la denuncia por sabotaje informático ante el Ministerio Publico, durante mayo. Como Director y Jefe de Servicio, es mi obligación resguardar el uso de los recursos públicos. Ese es el espíritu de haber iniciado todo este proceso. Como Conadi, nos encontramos en un proceso de cambio de ciclo, de veinte años, y estamos prontos a iniciar un proceso de consulta para tener un futuro ministerio. Entonces, la idea, es transparentar cómo ha sido el proceso, en particular de adquisición de tierras y otros más, para que, una vez que se haga este cambio institucional, se puedan sentar bases sólidas y transparentes para la futura institucionalidad. Ese es el espíritu que nos compromete a llevar a cabo esta tarea y, para eso, el fiscal, junto con su equipo jurídico, ha recopilado mucha información para dar cuenta de ello. Seguramente, ustedes han escuchado que la Conadi, a través del tiempo, ha sido bastante vilipendiada, lo que ha resentido a los funcionarios, según me lo han manifestado. Les he aclarado que este no es un asunto en contra de los funcionarios, sino que se trata de algo que hay que transparentar y, si hay personas involucradas, hay que identificarlas, para desligar a la institución. 99 por ciento de las personas que allí trabajan, son probas y honestas. Hay situaciones puntuales que hemos podido identificar. Insisto, ese es el espíritu que nos mueve y para eso estamos trabajando. Además del proceso de adquisición de tierras, también hemos revisado otros, que tienen que ver con licitaciones y otras situaciones, que nos pareció necesario revisar. Nos dimos ese trabajo -y se nos criticó por eso- de revisar la implementación del Programa Chile Indígena, justamente, con la idea de resguardar el uso de los recursos públicos. Los detalles técnicos los dejaré a cargo del fiscal nacional de Conadi, don Rodrigo Bustos, para que entregue mayores detalles”. A continuación, el señor Bustos, Fiscal de Conadi señalo lo siguiente: “Señor Presidente, previamente debo hacer mención a un tema técnico. La denuncia que formularon el director nacional y este fiscal, se hizo ante el Ministerio Público. El artículo 182 del Código Procesal Penal establece que las actuaciones en materia de investigación que esté llevando el Ministerio Público deben ser secretas. En ese contexto, y en virtud de una coordinación con el Ministerio Público y con el fin de realizar una adecuada y eficaz investigación de este organismo, le solicito al presidente de la Comisión que, si lo estima y cuenta con la venia de todos los honorables diputados, parte de esta información se trate con carácter de secreta. Sin perjuicio de ello, haré entrega de manera formal de una copia de la presentación, la que contiene los antecedentes que se pusieron al tenor de Ministerio Público, con los detalles de la investigación realizada por esta fiscalía. Solo quiero hacer una breve exposición, sin perjuicio de resolver sus inquietudes y hacer la precisión, en su momento, de materializar algunos detalles con reserva de información. ¿Por qué y de dónde surge esta investigación? Hemos colocado el concepto “irregularidad” porque, desde el punto de vista administrativo, cuando asumimos el 8 de abril, el director y yo, en calidad de fiscal, se nos encargó ver el estado de la institución. ¿Cómo había sido recibida? ¿Cuáles habían sido las cantidades de actividades administrativas que estaban pendientes? Todo ello, por necesidad y requerimiento de algunas comunidades que nos estaban exigiendo que los procesos de compra se efectuaran de manera rápida, a través de esta reivindicación de tierras. Llamaba mucho la atención que existía mucha información que no estaba transparentada o al menos el director no la tenía en sus manos. Se hizo alguna averiguación respecto de las situaciones puntuales de compraventa. A través de un diario regional, el Austral de la Araucanía, a finales de abril se hizo una denuncia por un sobreprecio de compraventa en la comunidad Aniñir. En esta supuesta compraventa -se señalaba- había sobreprecio, es decir, se había pagado un mayor precio que el que correspondía. La fuente y la motivación estaban dados por medio del informe N° 13 de la Contraloría Regional que hacía observaciones sobre irregularidades de una denuncia específica sobre el tipo de compraventa. Ocurridos los hechos y atendida la información, que es de público conocimiento, el director me encarga analizar la información en detalle, porque también el Ministerio Público estaba requiriendo dicha información. Nos encontramos con que esta compraventa no se efectuó por falta de procesos administrativos. Revisando las carpetas paralelas de algunas de ellas, no existía mucha información de compraventas que ya existían en notarías; es decir, no existía la carpeta del acto administrativo. Toda compraventa tiene una historia, es decir, tiene una carpeta del procedimiento administrativo: inicio, requerimientos, correos electrónicos y, principalmente, los actos jurídicos que dan sustento a una compraventa. Desde ese punto de vista, nos encontramos que en el requerimiento de la información de esos días, las fuentes de información no existían. Cuando se solicitaban los documentos de las carpetas, no aparecían ni las carpetas ni los documentos específicos. Por lo tanto, solicité la información en respaldo digital. Nuestra sorpresa fue grande cuando nos informaron que en muchos de los computadores se había eliminado la información; muchos correos electrónicos se habían borrado, principalmente los de algunos jefes de unidades operativas, directores y jefes de servicio. Frente a esta situación grave -la ley establece la figura delictual del “sabotaje informático”-, el mismo día de la toma conocimiento procedimos, de forma inmediata, se hizo la denuncia por medio de un correo electrónico al fiscal Alberto Chiffelle. Es de público conocimiento que se incautaron computadores de Conadi por sabotaje, según el diario Austral del 14 de mayo de 2014. Posteriormente se genera la búsqueda de mayor información para hacer una recopilación para el Ministerio Público. Pudimos ver qué pasaba con algunas de las compraventas que se habían efectuado. De un universo, al azar, encontramos diez carpetas de tierras y, en cinco de las que nos proporcionaron rápidamente en este periodo de 10 días, pudimos observar que existían ciertas inconsistencias -utilizo cierto lenguaje porque será esta Comisión o en su defecto el Ministerio Público quienes van a determinar-. Visualizamos seis situaciones de compras públicas. Las licitaciones que se tomaron en consideración, muchas son campañas de difusión, coordinación logística y proceso de consulta, por valores y montos de 70, 96 y 120 millones. Las empresas que son analizadas están con las observaciones que tratamos de determinar. El cuadro resumen recoge todo lo encontrado en los informes. ¿Qué observaciones podemos determinar? El proceso de compras públicas tiene etapas que parten con la definición o requerimientos de base de un contrato. En los cinco informes que aportamos tuvimos la sospecha y el hallazgo que faltaba claridad de antecedentes para la adecuada evaluación económica. Quiero hacer presente que son observaciones con menor o mayor gravedad, que ustedes determinarán. En algunos casos fueron faltas de diligencia o malas redacciones. Desde el requerimiento base del contrato encontramos que falta definición sobre productos y plazos requeridos. Tiene una consecuencia importante porque en el pago mismo -si se determinaba o no la existencia de estos productos- o existían observaciones de funcionarios de menor rango o, en su defecto, no existen antecedentes que pudieran justificar el proceso de la compra o el producto determinado que decían las bases. También nos llamaba la atención, como hallazgo, la falta de garantías por anticipo. En muchas de estas compras públicas, el proceso no estaba garantizado como exigen las normas y las bases que determinan garantías para la ejecución y del proceso mismo de término. Cuando se analizó la segunda fase, selección de mecanismos de compra, encontramos que existían convenios marco, licitaciones de tipo público y trato de carácter directo, lo que no es extraño. Pero lo que sí extrañaba era que en el tercer ítem, que es cuando se hacía el llamado y recepción de las ofertas, determinamos y encontramos en los informes la falta de publicación oportuna de las resoluciones, cosa que generaba una transgresión a un principio básico de igualdad entre los oferentes y el incumplimiento, también grave, de plazos de adjudicación. ¿Qué llamó la atención acerca de este tema? Cuando determinábamos y observábamos ítems específicos, había falta de calificación de conflicto de interés en la comisión evaluadora. Por ejemplo, personas que no contaban con los requisitos legales para pertenecer a dicha comisión, funcionarios que eran a honorarios, que tampoco estaban considerados en las bases, lo cual generaba absoluta irregularidad desde el punto de vista administrativo. Cada uno de esos hechos están detallados en la denuncia respectiva. Pero lo que es más complejo, cuando se habla de la recepción del producto, lo que más nos llama la atención y que es donde los hallazgos fueron para nosotros evidentes, es que no existía entrega o hay una entrega parcial de productos. ¿En qué ejemplos podemos evidenciar esto? Muchas veces, cuando en el proceso administrativo se da cumplimiento y se acompaña la factura o la boleta respectiva, es deber del funcionario público determinar el origen, fuente y existencia real de esa factura y de la existencia de esa obligación que se ve comprometida en las bases, situación que a veces solo encontramos con fotografías o solo encontramos alguna lista de personas, o derechamente no encontramos ningún producto y se daban órdenes de pago, lo cual era tremendamente llamativo porque, desde el punto de vista de una auditoría, eso hubiese saltado inmediatamente. Nos llamó mucho la atención como primera lectura. Respecto del seguimiento de compra encontramos otros temas. Por ejemplo, quiero destacar la duplicidad en pagos por el mismo producto. Muchas veces se facturaba respecto de la misma situación. Una mesa de diálogo con el pueblo indígena se realizaba con los mismos actores, en el mismo día, y se facturaba por la misma situación dos veces. Desde ese punto de vista, quiero ir al conjunto normativo, que es lo que van a tener ustedes posiblemente, de los articulados que nos subsumían en eventuales irregularidades. Como rol de esta fiscalía, en mi calidad de fiscal nacional, si bien no somos los que podemos imputar delitos en este caso, sí podemos evidenciar que pudiesen existir eventuales irregularidades que podrían revestir carácter de delito, y siendo esta una obligación de cualquier funcionario público en cuanto a denunciarlas, estimamos que existían algunos tipos de figuras que se configuraban dentro de la figura del fraude al Fisco, en el artículo 239, negociación incompatible. Y finalmente, el tráfico de influencias, es decir, normas que estaban sustentadas desde el punto de vista penal que pudiesen, en el orden que el Ministerio Público determine, sostenerse. En la exposición, esto ya es materia objeto de esta Comisión. Me refiero al proceso de compraventa de tierras, con el fin de reivindicar aquellas tierras ancestrales de pueblos originarios. Aquí solo quiero expresar algo muy sintético en cuanto a cómo se explica esta figura especial. Más adelante voy a pedir, señor Presidente, que me dé la posibilidad de expresarme bajo el secreto de la sesión, con el objeto de dar nombres específicos o algunas líneas especiales para entender mejor esta situación. Como decía, desde el punto de vista genérico, en el proceso de regulación de compraventa de tierras existe la normativa de la Ley Indígena, la 19.253, que establece dos articulados muy potentes: el artículo 20 A y 20 B, que son los que nos habilita el proceso de compraventas para estos procesos de reivindicación. Hay un decreto supremo, el N° 395, que establece también el procedimiento adecuado para proceder a la compra. Lamentablemente, ni la ley ni el decreto nos dicen exactamente a los funcionarios públicos en específico, a los que van a operar derechamente en el proceso de compra, cómo deben hacerlo, paso por paso. Entonces, desde ese punto de vista, existió y existe una figura técnica jurídica a través de una resolución exenta, la N° 878, la que establece, desde 2003, una fórmula -buena o mala-, que nos permitía determinar un proceso. Esta resolución de 2003 establecía un procedimiento más o menos transparente, en que se generaba a través de un informe jurídico administrativo para los procesos de compra, un informe de tasación predial, es decir, institucional, con un informe topográfico para determinar una decisión, y una discusión sobre el precio para adquirir esta propiedad. Pero la Contraloría General de la República, en su dictamen 61.011, de 27 de septiembre de 2011, a petición de una denuncia específica, de don Munir Ricardo Riadi Amar, dentro de los parámetros que esta resolución N° 878 -y quiero ser específico en ello-, expresa: en relación con la norma descrita en el párrafo anterior, el director nacional de la Conadi dictó una resolución exenta, la N° 878, que vino a detallar el procedimiento para la concreción de compras de tierra, estableciendo requisitos e instancias adicionales a las ya dispuestas en el decreto N° 395, de 1993, antes citado, lo cual vulnera el ámbito de la potestad reglamentaria sobre la materia que tiene el Presidente de la República. Más adelante, en párrafo seguido, dice: por tal razón corresponde anotar que la referida resolución N° 878, de 2003, no se encuentra ajustada a derecho, de manera que este servicio deberá proceder a arbitra las medidas necesarias para regularizar la situación antes indicada. ¿Cuáles fueron las medidas que se establecieron para proceder y dar cumplimiento a ese dictamen? El director nacional de la época, señor Jorge Retamal Rubio, en su resolución exenta N° 1.847, de 21 de octubre de 2011, deja sin efecto la resolución N° 878 y otras resoluciones específicamente exentas. Por tanto, cuando deja sin efecto la resolución N° 878, y no existe ningún otro instrumento jurídico que permita determinar el procedimiento, técnica y jurídicamente hablando, lo que ocurre es que la decisión administrativa, la potestad de decisión o el proceso propiamente tal recae en la autoridad máxima y este es el jefe de servicio, vale decir, el director nacional, quien deberá determinar exactamente qué predio se comprará y por qué razones. Por esta resolución exenta N° 1.847 no existe un informe jurídico administrativo, que es el que explicaba la necesidad y justificaba, técnicamente hablando, el proceso de compra, que es un informe jurídico administrativo que venía en el decreto supremo N° 395. Desde ese punto de vista, las propiedades que pudimos observar fueron las que se encuentran detalladas en esa lámina, en la que pueden determinar la superficie principalmente en que están determinados los lotes y la tasación institucional. Desde el punto de vista técnico, para poder determinar una discusión sobre la adjudicación de un precio y la compraventa de este, Conadi tiene que saber técnicamente qué está comprando. Para esto están los topógrafos, las personas que miden y que señalan de cuánto podría ser el valor. Técnicamente hablando, es una tasación. La tasación institucional que correspondía dice relación con los valores que se encuentran en esa columna que, por ejemplo, en el primer caso primero es de mil 300 millones de pesos y fracción. Sin embargo, nos encontramos que en la carpeta del proceso administrativo está el acto administrativo de autorización de compra -por el cual se compró- por mil 800 millones de pesos. Por lo tanto, hay un diferencial o un sobreprecio de 500 millones de pesos que, técnicamente hablando, hay que justificar.”. El señor Pizarro, Director Nacional de Conadi, precisó a continuación que, “en ningún caso el objetivo de la investigación es seguir enlodando la imagen de la Conadi, sino identificar de manera clara que estos hechos puntuales que han ocurrido en ciertos momentos de la institución. Es importante, porque la Conadi está en un proceso de cierre de ciclo. Estamos a las puertas de un iniciar proceso de consulta para contar con una nueva institucionalidad, con un ministerio. Por lo mismo es muy importante impulsar y transparentar el funcionamiento de la Corporación en este crucial momento. No podemos dar el paso a un ministerio sin transparentar todos los procedimientos utilizados; no solo la compra de tierras, sino también las licitaciones y todos aquellos que procedimientos que ha llevado a cabo la Corporación, para estar acorde con el desafío de apoyar a nuestros pueblos indígenas. El fiscal señaló que yo, como director de la Conadi, como funcionario público, estoy obligado, en caso que detecte una posible irregularidad, a denunciarlo. No podía quedarme callado. Tenía que empezar a investigar. Lo que se hizo, fue entregar los antecedentes al Ministerio Público para que definiera si estos hechos eran constitutivos de delito. En paralelo, también se están realizando sumarios que tienen relación con lo administrativo. Se ha mencionado mucho al señor Garrido, de tierras. Efectivamente, él sigue trabajando en la Corporación, porque la única forma de poder destituir a un funcionario. Además, son solo presunciones, no se está condenando a nadie. Hay que tener mucho cuidado. Se está iniciando un proceso de investigación para saber qué ocurrió en realidad. Yo no podría decir que el señor Garrido esté involucrado. La única forma para dejar de trabajar en la Corporación es que un sumario determine que hubo un problema y procede su destitución. Pero eso no ha ocurrido hasta el momento. El tema va por otro lado. El audio fue muy claro; se nombraron a algunas personas. La idea es develar qué ocurrió realmente. Cuando se derogó la resolución exenta N° 878, se abrió la puerta para la discrecionalidad. Este es el problema de fondo. Además, en esas carpetas no existen los respaldos necesarios para justificar la diferencia entre una tasación. La resolución 878 sí contaba con una serie requerimientos, que eran bastante claros y que, en virtud de la derogación, que no se cumplieron; requerimientos que son básicos. Hay una serie de procedimientos. Por ejemplo, la mensura -que es básica- no se estaba realizando una vez que se derogó el 878. ¿Cómo puedo saber entonces que ese terreno que se está comprando, que dice que son 200 hectáreas, efectivamente sea de 200? Hay un trámite que es central y que no se estaba realizando. No había tasación, no había estudios de colindancia, lo que generó una serie de conflictos. Acá nos hemos estado abocando al uso de los recursos públicos, pero también se generaron muchos conflictos, porque no se hacían estudios de colindancia, estudios sociales, de habitabilidad y de productividad, para asegurar que esos terrenos fueran un aporte para el desarrollo de las comunidades. Si tuviéramos este procedimiento claro, nos aseguraríamos de que los terrenos fueran los más adecuados para esa comunidad y que se pagara un justo precio por ellos”. Respecto de los aspectos más jurídicos y técnicos voy a dejar al fiscal que se refiera a cada uno de ellos.”. El señor Bustos retomó su exposición señalando: “Señor Presidente, solo voy a entregar algunas ideas. Sin perjuicio de ello, puedo ahondar en la información que puedan requerir los honorables diputados. Respecto de la inquietud planteado por un diputado, en cuanto a que se pagó 13 veces más de lo debido por un predio en Traiguén. Esto dice relación con que ese sobreprecio tiene una justificación en la carpeta administrativa. Es más, cuando uno revisa esta carpeta se encuentra con que existen informes ante los tribunales de justicia y reconocimiento de parte de un receptor judicial e informe de la policía, que señalan que había peligro de muerte de menores de edad indígenas y mujeres que amenazaron con quemarse a lo bonzo por un supuesto desalojo de una propiedad. Todos los antecedentes están justificados extensamente en el informe jurídico administrativo, que es el que justifica la compraventa. Por otra parte, dando respuesta a la pregunta de si existían corredores de propiedades, hay una nómina. Quiero adelantar que también he quedado impactado con la información de este audio, porque genera fundamento, certeza y seriedad de nuestra denuncia. Hemos señalado que aquí había actos irregulares. Es lo que quisimos hacer como hallazgos y estos hallazgos ponerlos en antecedentes. Los antecedentes que tomamos y encontramos en hallazgo en los detalles -hice la prevención en su oportunidad- lamentablemente ya fueron entregados a la entidad competente, que es el Ministerio Público, el cual, en virtud del artículo ya mencionado, debe reservar esa información. Por tanto, el detalle de las carpetas, el informe específico y los documentos están en poder del fiscal de alta complejidad de Temuco. Por otra parte, se señala un eventual error. La información puede citar que sean menos hectáreas, pero lo que conocemos es lo que consta en el documento como hallazgo y, por tanto, eso nos genera las dudas para presentar las denuncias. No corresponde, técnicamente hablando, que el director y el fiscal procedan a realizar un acto de investigación de esta naturaleza -tampoco tenemos los recursos para hacerlo- con preguntas con los propietarios, porque eso es objeto de un sumario administrativo, que fue iniciado y que, por tanto, es privativo y excluyente de la Contraloría. Por eso, estos antecedentes en detalle los lleva la Contraloría. Pero son hallazgos dados de una auditoría, que se hace en todos los servicios públicos, como estos que están en evidencia. Por otra parte, se establece que en este procedimiento hay un aumento de un porcentaje, se habla de un 20 por ciento. Al respecto, quiero hacer una aclaración técnica muy específica, y que dice relación con que cualquier valor, más allá del justo precio determinado y acordado con el vendedor, si hay un mayor valor que está determinado en eso y no hay una justificación detrás, es lo que aparece irregular. Lo que puede tener un mayor valor o sobreprecio, como ha sido catalogado, siempre y cuando sea justificado, como es el caso de Marihuen o en otros casos que existieron y van a existir, por situaciones especiales. Por ello, hay que ahondar en los articulados respectivos de la ley. Desde ese punto de vista, la justificación tiene que ser técnica y sociocultural y debe existir, que es lo principal. Nosotros no encontramos esa justificación y por eso ese hallazgo lo pusimos en evidencia. En cuanto a por qué don Sergio Garrido sigue siendo funcionario de la Conadi, es porque estamos estableciendo principio de inocencia en este tema. Solo somos una entidad denunciante y, desde ese punto de vista, serán otros órganos los que deberán distinguir los grados de responsabilidad.”. En su sesión de fecha 20 de agosto de 2014, la Comisión recibió a los señores Rodrigo Francois Hernández y Sergio Garrido Herrera. El señor Garrido manifestó textualmente lo siguiente: “Señor Presidente, tengo preparada una presentación. Mi nombre es Sergio Garrido Herrera. Soy jefe nacional del Fondo de Tierras y Aguas indígenas de la Conadi. En la lámina se encuentra parte de mi currículo. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca, titulado en 1995. Entre 1995 y 1996 participé en el programa Servicio País de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, desempeñándome principalmente en la Región del Biobío, Provincia de Biobío. Entre 1997 y 2003 ingreso al Fosis como agente de desarrollo local (coordinador de proyectos), también en la Provincia de Biobío. En mayo de 2003 me incorporo a la Corporación como profesional a contrata, grado 9, del Departamento de Aguas y Tierras de la Conadi, hasta julio de 2010. Mi labor principal fue la de encargado nacional de los programas de riego y aguas de la Dirección Nacional de la Conadi. En julio de 2010 y hasta diciembre de 2013, me desempeño como jefe nacional (suplente) del Fondo Nacional de Tierras y Aguas, en distintas modalidades de contrata (suplente, contrata, planta suplente. Ocupé distintos rangos del escalafón. En enero de 2014, después de haber postulado cuatro veces al concurso de este cargo, el exdirector de la Conadi, señor Jorge Retamal Rubio, me nombra jefe nacional titular del Fondo de Tierras y Aguas. Mi función principal es dirigir y administrar los procesos técnicos referidos a la ejecución presupuestaria del Fondo de Tierras y Aguas con todos sus programas, derechos de aguas, riego, concurso de tierras, aplicación artículo 20 letra b), derechos reales de uso, goce, etcétera. En julio de 2010, cuando asumo esa jefatura, se me entrega la Política de Tierras del ministro Felipe Kast, para hacerme cargo de dos funciones: 12° Concurso de Tierras, que el mismo ministro de la época dice que se va a hacer en agosto de ese año, y revisar todos los proceso del artículo 20, b) que estaban pendientes al 11 de marzo de 2010. Esa era la política tierras del ministro Kast, que hoy es diputado y que en la sesión pasada de la Comisión se planteaba cuál había sido mi rol. Él, como ministro, le encarga al director nacional de la Conadi, Francisco Painepan, que se haga cargo de esto y, don Francisco, me pide que me haga cargo de todo este proceso. En la Política de Tierras de 2010 se señalaba: “Adicionalmente, se han detectado graves irregularidades en la compra y entrega de tierras (sumarios internos con diferentes sanciones, funcionarios de Conadi destituidos, procesos criminales para determinar responsabilidades, comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados). Por otra parte, la utilización indiscriminada del mecanismo de compra directa de tierras ha significado decisiones discrecionales de Conadi respecto al precio y otras condiciones de compra y presiones ilegítimas sobre propietarios para forzarlos a vender sus tierras”. Estamos hablando de la situación en 2010. Sin nos vamos a 2011 y 2013 y a la actual Comisión, creo que no hay mucha diferencia entre lo que se decía en su momento y lo que se dice actualmente. Esa es la política que me encargan. En la presentación está el artículo de prensa de ese momento, que la hace el exministro. También quiero presentar el procedimiento de compras que ha efectuado la Conadi, desde 2010 (cuando asumo como jefe) a la fecha. Desde julio de 2010 a enero de 2011 nos guiamos por la Política de Tierras del exministro Felipe Kast. En enero de 2011 asume como director nacional de la Conadi el señor Jorge Retamal. Se da término a una comisión de tierras porque, efectivamente, por la política mencionada, cada una de estas compras iba a ser revisada por una comisión formada por distintos representantes de los ministerios de Hacienda, de Agricultura y de Planificación. Cuando asume el exdirector, se termina esta comisión y los procesos continúan según lo normado en la Resolución 878 de 2003, exceptuando la tasación de estos predios. Se toma la decisión que estas tasaciones sean de origen interno y que no se externalicen a profesionales ajenos a la Conadi. El dictamen 61.011 -mencionado en la sesión pasada- con fecha del 27 de septiembre de 2011 señala que la resolución 878 no se encuentra ajustada a derecho, de manera que ese servicio deberá proceder a arbitrar las medidas necesarias para regularizar la situación antes indicada. Es así que el director nacional de la época, a través de la Resolución N° 1847, de octubre del 2011, dejó sin efecto esta resolución y establece que en conformidad a los artículos 20, letra b) y 44, letra h), ambos de la ley N° 19.253, en relación con el artículo 6° del decreto N° 395, de 1993, corresponde al director nacional de la Conadi resolver el financiamiento para la adquisición, con cargo al Fondo para Tierras y Aguas Indígenas. Acá hay una copia de la resolución y otra de lo resuelto. Es el director Nacional de la Conadi quien firma esta resolución, la que es elaborada por la fiscalía de la Corporación. En los pies de firma se puede ver que esta jefatura no participa. Esta resolución, para nuestro departamento y para las demás unidades operativas que están ejecutando el artículo 20, letra b), constituye una instrucción, de la cual nos hacemos cargo. También quiero dar cuenta de otra situación, que tiene que ver con el organigrama del artículo 20, letra b). Aquí hay un director nacional, como se observa en esta lámina. Existe a nivel de la dirección nacional la unidad de fiscalía, el departamento de administración y finanzas; el departamento de Tierras y Aguas y luego están las unidades operativas que ejecutan el programa: la subdirección nacional Temuco y las direcciones regionales de Cañete, Osorno y Valdivia, que son las unidades que ejecutan el artículo 20, letra b). Estas unidades, con sus equipos profesionales, son los encargados de elaborar y ejecutar todos los estudios relacionados con el proceso de compra. En esta lámina vemos el procedimiento que llevamos a cabo hasta marzo de 2010, cuando se deroga la resolución N° 878. El ordenamiento, tal como se establece ahí, era el siguiente: Hay una solicitud por parte de una comunidad, que manifiesta que tiene un problema relacionado con el artículo 20, letra b). La Conadi resuelve, a través de una resolución o de un informe jurídico administrativo, que expresa que para el problema que presenta la comunidad es aplicable el artículo 20, letra b). Esa era la llamada famosa “aplicabilidad”. Una vez que la comunidad tiene la aplicabilidad se le solicita que presente, a través de un acta o de una carta por parte de la directiva, el predio que ellos quieren que se les compre. Una vez que presentan estos predios, hay una serie de estudios de colindancia, estudios de título, de mensura, informe agronómico, de sustentabilidad, una valoración comercial y todos esos estudios son elaborados por cada una de las unidades operativas correspondientes, que ya mencioné: subdirección nacional Temuco, de Cañete, Osorno y Valdivia, cuando hay compra a través de este artículo. Una vez que se dispone de todos estos antecedentes y estudios recibíamos una carta oferta por parte del propietario. Había un análisis de la oferta, considerando todos los estudios técnicos que se tenía a la vista, los promedios para invertir por hectárea, por familia y por socio, la ubicación del predio respecto de la comunidad, entre otros elementos que se analizan para llegar a actualizar o a aceptar la oferta por parte del propietario. Había el apoyo directo de la gente de la Segpres contratada para que nos colaborara en llegar a acuerdo con el propietario. Una vez que teníamos el acuerdo, la carta oferta, y se llegaba a esa empresa que queríamos concretar a través de la compra, se le solicitaba un acta a la comunidad en que aceptaban la modalidad de compra bajo copropiedad o comunitaria, con un poder del 50 más 1, según los estatutos de la comunidad. Con todo esto, más la documentación legal del inmueble, se procede a escriturar y viene la concreción, es decir, se dicta la resolución por parte del Director Nacional que aprueba la compra, la dictación de la resolución que ordena pago y gira cheque; la firma de escritura por parte de la comunidad, Director Nacional y Vendedor y la inscripción del inmueble a nombre de los copropietarios o comunidad. Aquí, y tal como lo establece la ley, se paga una vez que el predio esté inscrito a nombre de la comunidad. Ese es el procedimiento. Algunos puntos importantes que, como dije, apuntan a que: cada uno de los informes o estudios es elaborado por los funcionarios y profesionales de cada una de las unidades operativas con presupuesto para esta línea programática, es: dirección regional de Cañete; subdirección regional de Temuco; dirección regional de Valdivia y dirección regional de Osorno. Entonces, ¿cuál era mi función como jefatura? Verificar que cuando llega la carpeta de compra estén todos estos informes que la sustentan porque uno, como jefe del fondo, tiene que verificar que esté la mensura, que esté la tasación, que esté el estudio de título, los informes de colindancia y eso es lo que hago. No quiero que se piense que el jefe de Tierras está a cargo de todos estos estudios. Por eso hay profesionales que los elaboran. Se verifica que sea el topógrafo el que hace el plano. Uno hace un acto de fe que es el plano que se hizo y está ok. No soy topógrafo o, por ejemplo, si un estudio de título viene y el abogado me dice que el predio está apto para adquirirse no lo puedo objetar porque es el abogado quien me lo dice. Ese es nuestro rol como jefatura: verificar que estos estudios estén realizados. Otro punto importante es que se nombra a un asesor en temas de tierra de dependencia directa del Ministerio Secretaría de la Presidencia, de la Segpres y, más adelante, como parte del Ministerio de Desarrollo Social. Como asesor en los temas de tierras la función es colaborar en la adquisición de los predios demandados por las comunidades priorizadas a través de este artículo y, además, también se contrata -tanto en la administración anterior como en las otras- una serie de asesores que uno puede compartir. Hablo de que el director nacional llega con asesores en distintas temáticas. Eso es así y es real en cada una de las administraciones que ha tenido la Conadi por historia. Siempre el Director Nacional tiene su grupo de asesores que son los de su confianza y con quienes comparte todos estos temas. Es importante también hablar respecto del valor pagado. No existe norma que regule lo que se debe pagar por hectárea. No existe norma de la ley ni del decreto N° 395 ni en algún instructivo interno de la Conadi hasta marzo de 2010 en que se dijera cuánto se podía pagar por hectárea, hasta qué valor, cuánto porcentaje más allá de la tasación, cuánto invertir por familia, cuánto invertir por comunidad demandante. Eso no está y es una crítica la que hacemos al respecto. Es cierto que está la facultad del director, pero para pagar un precio por algo y para ver cuánto es lo que vamos a invertir por una comunidad y para cuántas familias, eso no está reglamentado. En definitiva, tanto para resguardar los recursos públicos como para dar respuesta a las comunidades, el Director Nacional es quien, por facultad entregada por la ley y anotado en el dictamen de Contraloría, resuelve el financiamiento para la adquisición de los inmuebles, previo informe jurídico administrativo, tal como lo establece el Decreto Supremo 395.”. Agregó que: “lo primero que quiero mostrar a la Comisión es una denuncia que hice en 2012 respecto de una situación de cohecho que ocurrió en parte de nuestra tierra para informar que se me acercaron dos pseudocorredores de propiedades, informales totalmente. Ahí están los nombres de las personas. Esta denuncia la hice en 12 de julio de 2012. Presenté la denuncia al director, al fiscal y al subdirector de la época. Finalmente. Hice la denuncia, y voy a dejar en la Comisión también la declaración que yo hago a la Policía de Investigaciones es la que paso a detallar en lo principal: El sábado 7 de julio, de 2012, en horas de la tarde, recibí un llamado telefónico a mi celular institucional de un señor que, identificándose como corredor de propiedades, me indicó que tenía un mandato para negociar un predio para la Conadi a nombre del propietario. Como era sábado, lo cité para el lunes. Ese día, alrededor del mediodía, llegaron dos personas a mi oficina. Dos pseudos corredores de propiedades, los señores Miguel Briones y Nivaldo Carrasco, los cuales, en nombre del propietario, señor Raúl Quintas, me hicieron una oferta, para apurar la compra de un predio, de 100 millones de pesos. Hice esa denuncia y la ratifiqué -ahí está lo que entregué a la Policía de Investigaciones- y aquí tengo el oficio del señor Cristián Crisosto, fiscal adjunto de Temuco, quien me dice: Junto con saludarle y por medio de la presente, informo a usted que con fecha 23 de agosto de 2012 -es decir, un mes después de que hice la denuncia- se ha tomado la decisión de archivar provisionalmente los antecedentes referidos a la causa señalada en antecedentes, en relación a la denuncia formulada por usted, por la eventual comisión del delito de cohecho activo. Particularmente, no existen indicios suficientes para formalizar la investigación respecto de los denunciados, por cuanto solo consta su declaración en calidad de denunciantes, lo cual, si bien, refiere hechos de extrema gravedad, no permite efectuar una imputación de cargos suficientemente fundada, con los antecedentes con que se cuenta actualmente. De recibir nuevos y mejores antecedentes, esta investigación podría reabrirse. Ante lo que me ocurrió, nunca más traté con corredores de propiedades. ¡Nunca más! No recibo a corredores de propiedades en mi oficina. De hecho, los que han ido, incluso algunos han mandado cartas, porque tienen mandato, no los recibo. A Rodrigo también le consta que, por lo mismo, yo no hablo con corredores de propiedades. En el fondo, el fiscal me dice que yo tendría que haber seguido buscando antecedentes. ¡Pero si yo los entregué! Y fue lo que a mí me sucedió en mi oficina. Como dije, esta es una situación bastante compleja, porque había elementos, estaban las personas; luego hablé con la comunidad, que también estaba en esta situación. Ellos me dijeron una cosa; hablé con el propietario y me dijo otra; finalmente, todo quedó en nada. En su tiempo, hice la denuncia, noticia que salió en la prensa; pero finalmente todo quedó en nada. Es decir, en 2012, tomamos algunas acciones. De hecho, ellos tenían otros predios que estaban negociando con la Conadi. Nuestra instrucción fue que todos esos predios que se estaban negociando por estas dos personas y otras más, porque era un grupo de personas, se desecharan. Son corredores informales, entonces, no sé si también están detrás de otros predios, porque hay un grupo -no se logró comprobar- de personas que está trabajando bajo cuerda en todo este tema. Por lo mismo -y esto consta-, yo no trabajo con corredores de propiedades; al menos, que efectivamente lleguen con un mandato por escritura pública de un propietario. Es la única forma que yo los pueda atender o negociar con ellos la compra de un predio. Hay propietarios que, como no quieren figurar, entregan un mandato. En 2012 hicimos un ejercicio y aparecieron alrededor de 25 corredores de propiedades dando vueltas en la Conadi. Ese es un antecedente que quiero dejar en esta Comisión.”. Por su parte, el señor Francois manifestó textualmente lo siguiente: “Señor Presidente, fui contratado primeramente por la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas que, hasta diciembre de 2012, era dependiente de la Segpres. Luego pasamos a ser parte de Mideplan, como profesional encargado del tema de tierras en la Región de La Araucanía. Dentro de mis funciones estaba, según contrato, coordinar la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas con los organismos correspondientes la política de tierras y su implementación; contraparte de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas ante el Fondo de Tierras y Aguas de Conadi; coordinación, trabajo y asesoría a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en la entrega de tierras indígenas con apoyo productivo en el marco de los nuevos lineamientos gubernamentales al respecto; coordinación con la Dirección Nacional de Conadi y sus respectivas unidades operativas para el correcto desempeño de sus funciones; evaluación de informes de tasación de Conadi en expedientes de compra de predios de dicha Corporación y apoyar al asesor especial y a la unidad en labores específicas de su competencia y otras materias que él lo solicite, incluyendo apoyo en terreno. En resumen, y siendo muy específico, mi función era -tal como lo presentó Sergio Garrido en su exposición- era de apoyo a la Unidad de Tierras de la Conadi. Era, de alguna forma, el vigilante de los procesos de tasación. Las tasaciones llegaban a mis manos, las revisaba. Soy técnico agrícola de la Universidad Católica de Temuco. Tengo conocimientos y por algo estoy aquí. Muchas veces llegaban tasaciones a mis manos, las revisaba, veía que estuvieran acordes, y cuando tenía alguna duda o sin tenerla, lisa y llanamente, iba a los predios y revisaba que fueran efectivamente lo que el papel y la tasación estaban diciendo. En algunas oportunidades me reunía con los propietarios para informarles de la tasación y conversar acerca de aquello y revisaba sus cartas de oferta. En resumen era eso. No hay más que comentar al respecto. Más que a la compra, sí se hacían reparos, en algunas oportunidades, por ejemplo, a las tasaciones. Si es que había algún error en las tasaciones encontraba, si se había evaluado mal; pero una vez que ya había pasado ese proceso, no había mucho que hacer.”. Precisó, a continuación los antecedentes de “cuatro casos de los 10 que fueron presentado en fiscalía, con sus cartas de ofertas originales y sus tasaciones, señalando “Tengo un resumen que voy a leer rápidamente. Respecto del caso Nº2, en la comunidad Santiago Calfual, que se le adquirió el predio El Laguito, lote 4, y La Huacha, de 501,36 hectáreas, el precio solicitado -voy a hablar por hectárea y el precio total- fueron 3 millones y medio por hectárea -me refiero a precio solicitado por el propietario-, lo que da un total de mil 754 millones de pesos. La tasación fue de 2 millones 184 mil 940 pesos, lo que da una tasación de 1 millón 95 mil 440 pesos. Precio final pagado 2 millones 400 mil pesos por hectárea, lo que da un total de mil 264 millones de pesos. Es decir, un 9,84 por ciento sobre tasación, y un 45,8 por ciento bajo precio solicitado. Puedo dejar estos antecedentes, donde los 4 casos son exactamente iguales. Los precios solicitados, y por una norma de negocios, siempre son mayores a lo que al final se acuerda y las tasaciones reflejan -y tal como lo decía Sergio, yo las llamó tasaciones Conadi- que son tasaciones fiscales que tienen un componente distinto del componente comercial de la tierra. ¿Cómo un agricultor o un empresario agrícola define cuánto es lo que cuesta una hectárea? Es lo que me rinde o lo que me puede producir. Una hectárea -voy hablar sobre algo técnico y probablemente no todos me van a entender- de tierra que tenga 20 partes por millón de fósforo y que tenga un PH de acidez de 5,5 por ciento, vale un disparate en La Araucanía y en cualquier parte de Chile. Hoy, esa hectárea en La Araucanía cuesta 6, 6 y medio y hasta 7. Entonces, esa misma hectárea, para la Conadi cuesta lo que vale el suelo, y si es clase 3, cuesta 4 millones y de ahí para bajo. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que aquí hay sobreprecios, digo: a ver, sobreprecios de qué. ¿Del valor comercial o del valor tasación Conadi? Claro, si hablamos de tasación Conadi, es imposible que a valores tasación Conadi, Conadi pueda comprar predios; de lo contrario, nunca podríamos haber avanzado. Se los planteo, para que se entienda qué es lo que nosotros y, en general, todos los funcionarios de Conadi -no hablo solo por mí, sino que también quiero representar a todos los funcionarios de la Conadi que han sido, de alguna forma, tocados en esta investigación y en las denuncias hechas (…) Y aquí creo ser irresponsable de parte del fiscal Bustos y del director Pizarro, porque hablar de sobreprecios sin tener fundamentos, yo lo encuentro grave. En otras palabras, venir a esta Comisión sin traer las cartas de ofertas originales, que demuestran que los propietarios tienen una expectativa de un valor, en realidad, es irresponsable y enloda, tal cual lo dijo el diputado señor Kast, a la institución y a las personas que con mucho esfuerzo trabajan día a día allí y los que, de alguna forma, también tuvimos la oportunidad de colaborar con nuestro país.”. En su sesión de fecha 3 de septiembre de 2014, la Comisión recibió al señor Jorge Retamal Rubio, ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien expuso textualmente lo siguiente: “Señor Presidente, gracias por la invitación. Mi espíritu es colaborar en la investigación. Me he puesto a disposición del Ministerio Público. No he sido llamado, pero créame que tengo la mejor disposición para aclarar cada uno de los temas. Asimismo, y considerando que cada invitado tuvo su espacio, además de contestar sus preguntas, quiero contar con algunos minutos para exponer, pues es importante conversar sobre la institucionalidad que había y la actual. Quiero referirme a cinco temas que han sido abordados en la prensa: los cinco predios en Traiguén, los 10 mil millones de fraude al fisco, el sabotaje informático, los cincuenta sumarios y, finalmente, los corredores. Por lo tanto, me gustaría tener espacio para intervenir. La resolución exenta N° 878, que vino a regular el procedimiento de compra, a través del artículo 20, letra b), no se ajusta a derecho. Fue una denuncia de un particular en 2011. El dictamen de la Contraloría General de la República N° 61.011 es súper importante, pues manifiesta lo siguiente: “La Resolución Exenta N° 878, de 2003, no se encuentra ajustada a derecho”. Además, señala que el procedimiento, para los efectos de cumplir el objetivo del artículo 20 letra b), está en el decreto supremo N° 395. Se consigna lo que sigue: “No obstante, en el año 2003 y en relación con la norma descrita en el párrafo anterior, el Director Nacional de la Conadi dictó la resolución exenta N° 878, que vino a detallar el procedimiento para la concreción de compra de tierras estableciendo requisitos e instancias adicionales a las ya dispuestas en el decreto N° 395, de 1993, antes citado, lo cual vulnera el ámbito de la potestad reglamentaria que sobre la materia tiene el Presidente de la República”. El peor daño que se le hizo a la Conadi fue utilizar la resolución N° 878, pues aparte de establecer un procedimiento adicional al decreto N° 395, otorgó la posibilidad de que la Conadi diera aplicabilidades en forma indiscriminada. En 2009 aquello no solo generó el listado de las 115 y de las 308, sino que se otorgaron 124 aplicabilidades, y eso es muy grave. Como pueden observar en este documento, en promedio la Conadi otorgó un orden de 30 aplicabilidades a las comunidades desde 2000 a 2004. En 2005, con fines electorales, se otorgaron 66; y con fines electorales, por razones de Estado, no por desmedro con respecto a los títulos de merced, se otorgaron 124. En consecuencia, la resolución N° 878 no fue una invención, como se ha estado diciendo, que este director dejó sin procedimiento. Lo dice la Contraloría. Dice que basta con el decreto supremo N° 395. Por lo tanto, estos fueron requisitos adicionales que sirvieron para generar falsas expectativas en el pueblo mapuche en 2009. Por ello, quiero dejar muy claro que no es que el artículo 20, letra b), haya quedado sin un procedimiento de compra. El informe jurídico, así como todo lo que establece el decreto supremo N° 395, quedó tal cual. Lo que hizo este director, a través de la resolución N° 1.847, fue dejar sin efecto la resolución anterior, por recomendaciones de la Contraloría.”. Ante diversas consultas de los señores Diputados, el señor Retamal expresó: “Quiero insistir en un punto, que se me dé en algún momento de estas dos horas la opción de explicar las cinco cosas por las cuales he sido acusado injustamente, todas las cuales son falsas. Reitero que este director no funcionaba solo, existe una institucionalidad que incluye una fiscalía y una unidad jurídica, hay consultas que se realizan. La resolución 878 sirvió para otorgar aplicabilidades indiscriminadamente en el país. No puede ser que a raíz del 878 hayan quedado 553 comunidades en lista de espera, sabiendo que se podía cumplir solo a 23. Eso significó hipotecar por más de 25 años el tiempo de espera a comunidades que no tenían certeza jurídica de por qué se tenía que comprar. Solo por razones de Estado, o para acallar a una comunidad que presionaba más, se otorgaba la aplicabilidad. Por lo tanto, el 878 sirvió para generar un mundo de expectativas a partir de las cuales se hicieron graves compromisos en 2009. Respecto de quién asesoró a este director, la unidad Jurídica de la Conadi; existía una fiscalía. Pero hay que recordar lo que ocurrió en 2009 y con qué nos encontramos. Hubo un ministro de Estado, el 24 de noviembre de 2009, que firmó 53 compromisos, aparte de las 115 que estaban en el Pacto Re-Conocer, aparte de las 308, aparte de las comunidades que estaban priorizadas por el Consejo de la Conadi y por las comunidades, que se llamaban Acuerdos Especiales, y pido que se fijen en el compromiso que hizo el ministro Viera-Gallo el 24 de noviembre de 2009: Nivel prioritario, es decir, compra de predios con el número de hectáreas que se indican durante el primer trimestre del año 2010. No estaban en lista priorizada alguna, se sabía que existían las 115, las 308, los Acuerdos Especiales y los del Consejo, e incorpora 53 comunidades más. Insisto en la respuesta. Tenía un equipo jurídico importante, se hizo el informe correspondiente, y el señor Garrido no puede oponerse a algo que dijo la Contraloría, donde indica que no se ajusta a derecho y que ni siquiera el Presidente de la República podía cambiar eso. Está bien, a lo mejor lo que se quiso hacer fue no derogarlo en ese minuto, pero los infinitos problemas ocasionados por el manejo de expectativas, y reitero, a través de la resolución exenta N° 878, causaron un daño a la Conadi y a la credibilidad del Estado por parte de las comunidades. Las comunidades le perdieron la confianza. Me pregunta por el 878, y es de 1 de septiembre de 2003, entonces tengo que remitirme al pasado. Se otorgan en forma indiscriminada, por razones de Estado y no por títulos de merced, para pagar paz social, saltándose la fila y a una comunidad que llevaba 15 años esperando. Esto fue provocado por la resolución 878, a pesar de que la ley Indígena señala en su artículo 20, letra b), que son problemas de tierra provenientes de títulos de merced. Por lo tanto, no es que este director haya querido derogarlo en forma indiscriminada, sino que hubo un informe de la unidad Jurídica, que era la Fiscalía Nacional de Conadi. Hay un error en la interpretación que se le ha dado a esto, porque el decreto supremo N° 395 señala: El Director, previo informe jurídico administrativo sobre cada una de las solicitudes, resolverá sobre la base de los siguientes criterios prioritarios: número de personas; gravedad de las situaciones; antigüedad del problema. Ese es el procedimiento que establece la ley Indígena N° 19.253 y el decreto supremo N° 395. El apartado c) define que decidido por el director de la Conadi el financiamiento respectivo -yo genero una resolución, eso establece el procedimiento, para ver si están o no los fondos-, éste será comunicado a las personas o comunidades beneficiadas y en todos los instrumentos en los cuales se ponga término a las controversias. Por lo tanto, esta es la facultad que otorga la ley y el decreto supremo. Lo que dice la Contraloría es que estos fueron requisitos adicionales que no se ajustan a derecho. En cuanto a la competencia del jefe nacional del Fondo de Tierras y Aguas, él es ingeniero agrónomo y no es la unidad Jurídica, no está relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social ni con las fiscalías correspondientes. Es decir, acá hay materias de otras competencias dentro de la institución. Por lo tanto, si él tenía esa aprensión, es válida, pero no necesariamente fue lo que se realizó. Esto se hizo de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Todas las compras se hicieron con informe jurídico. Quiero explicarlo a la opinión pública: es como si este director compraba y firmaba los cheques. Pero hay una unidad operativa. En la sesión anterior, el encargado de Tierras les explicó muy bien el procedimiento del 20 b), porque hay confusiones al respecto, porque pasaba por la unidad operativa, la que tenía su departamento de Tierras, su departamento Jurídico, después iba a la dirección nacional, que pasaba por el departamento de Tierras, por el jefe de Tierras, luego por la Fiscalía y llegaba hasta el director nacional en el 20 b), donde se firmaba. Por lo tanto, es imposible que ocurriera sin informe jurídico. Hay que entender que la Conadi tiene alrededor de 80 mil millones de pesos, de los cuales, 40 mil son para compra de tierras. Llegué el 24 de enero de 2011 para ejecutar el presupuesto, en el ciento por ciento, de 2011, 2012 y 2013. Por lo tanto, obviamente que debía estar monitoreando la gestión del Fondo de Tierras para cumplir con mi ejecución, que era parte de mi gestión. Es decir, fue la razón por la que llegué, y puede leer en los medios de comunicación que esa fue una de mis primeras frases, que llegué al ciento por ciento. ¿Cómo monitoreábamos que se ejecutara? El país está divido en la Región de Biobío, que compra tierras; las Regiones de la Araucanía, de los Ríos y de Los Lagos. Junto a la jefa de administración íbamos monitoreando periódicamente, porque debía rendir cuentas al Parlamento; debía venir a la Comisión mixta. Por lo tanto, me interesaba mucho la ejecución presupuestaria del Fondo de Tierras para cumplir con el centenar de comunidades que estaban en lista de espera. Es un tema de gestión, pero nunca tuve el acceso para negociar directamente con los propietarios. En los tres años hablé con tres propietarios de tierras, y se los puedo nombrar. El encargado nacional de Tierras era el responsable del Fondo. Por supuesto, yo conversaba con los directores de las distintas direcciones regionales o con el subdirector nacional para ver los avances, pero desde el punto de vista de los números. Es necesario recordar que no solo teníamos el Fondo de Tierras, sino que también existía un fondo de desarrollo y uno de cultura. Todas mis firmas, todas las resoluciones de compra, a través del 20 b), van firmadas por el director nacional de la Conadi, previa firma de las unidades operativas, de la unidad de Tierras, de la unidad nacional, de la fiscalía y del directorio. Por lo tanto, el director ponía la firma al final. Ese era el acto administrativo de compra. Pero quiero dejar claro también que no participaba de los procesos de negociación ni del acceso a los propietarios, y menos a los corredores de propiedades. Eso quiero que quede muy claro.”. Respecto al ofrecimiento de “coimas” al señor Garrido manifestó lo siguiente: “El 19 de julio de 2012, en conjunto con el fiscal, señor Fernando Sáenz, acompañamos a Sergio Garrido al enterarnos que dos corredores de propiedades le ofrecieron 100 millones de pesos para que se agilizara la compra. Personalmente, estuve en el Ministerio Público, y así lo puede ver en los distintos medios de esa fecha. Si se va a la época de esa denuncia, en todas mis presentaciones, en forma pública, hablaba del círculo mafioso que se producía entre los corredores, los tasadores, los funcionarios, propietarios y dirigentes de comunidades. Por lo tanto, la única denuncia seria que hubo fue esta, pero siempre existían rumores. Lo que exigíamos era una denuncia fundada, y fue la que ocurrió con el señor Garrido. El acto administrativo se fija en que no aceptamos a ningún corredor de propiedades que rondara a la Conadi, y se le exigió al propietario, antes de negociar, una carta oferta. Si el propietario nombraba como representante a un corredor, y lo hacía en una notaría, lo podía hacer un corredor, pero exigimos que fuera de esa forma para evitar que llegaran los corredores de propiedades informales a la Conadi. Respecto de quien tomaba la decisión de compra señaló: “Los predios se negociaban y pasaban todos por la unidad operativa, por lo tanto, venían todas las visaciones administrativas y jurídicas antes de que yo firmara. En consecuencia, yo no decidía si un predio se compraba o no. Reitero el procedimiento. Primero, la unidad operativa tiene su departamento de Tierras y su departamento Jurídico. Cada unidad operativa en el país, y hablamos de que las que compraban tierras eran Cañete, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y también Punta Arenas. Después, pasaba por la unidad nacional de Tierras, donde se fijaba que toda la documentación, informe jurídico, toda la parte técnica. Luego, pasaba por la fiscalía y, finalmente, el director firmaba lo que venía. Pero si se compraba este predio o este otro, no era resolución del director. Tenía la facultad de rechazar, así lo establece la ley, pero nunca la ejercí. En el informe 237 de Contraloría está solo lo que corresponde a Tierras. Quiero leer lo que pasaba con las tasaciones. Dice: “El Estudio de Tasación encomendado por Conadi, que consta en antecedentes de las carpetas examinadas, adolece de errores, los que dicen relación con omisión de patrimonio en la valorización, errores en la suma de los valores, equivocación en la valorización de los lotes, incorporación al informe de fotografías de un predio vecino,...”. O sea, no eran las que estaban. Por lo tanto, lo que se hizo con los tasadores fue incorporar a funcionarios que hicieran la tasación dentro de la institución. Estoy hablando del artículo 20, letra b. Preguntado sobre si ¿Se debe derogar el artículo 20, letra b, de la ley Indígena por haber cumplido su objetivo? El señor expresó: “Lo que debe ocurrir es que se terminen las reclamaciones respecto de títulos de merced, y una vez terminado ese proceso debería quedar finalizado, porque el espíritu de la ley fue por las 511 hectáreas que se otorgaron en los títulos de merced. Por lo tanto, eso es lo que debería ocurrir”. Siento mucha tristeza de cómo se ha empañado a la Conadi y se enlodado a un equipo y mi imagen. Soy ingeniero civil industrial de Temuco, hijo de un profesor de la región y quiero decir que se ha jugado y se ha mentido descaradamente con cada una de las cosas. Se partió en abril, con titulares en los medios, diciendo que se habían comprado cinco predios en Traiguén y que se habían pagado más de 150 millones de pesos en sobreprecios. El informe 36 de la Contraloría nunca señaló que se habían comprado. Se tomó ese informe para indicar que se habían pagado cinco predios. Quiero decir que nunca se compraron esos cinco predios en Traiguén y que no se pagaron esos sobreprecios. Lo que me parece extraño es que las actuales autoridades, habiendo tenido conocimiento del Conservador de Bienes Raíces de todos los procesos administrativos de compra de Tierras, no lo desmintieran públicamente, dejando la imagen que se habían pagado en los cinco predios este sobreprecio. Insisto, no se compró ni se pagó sobreprecio por los cinco predios. Esa noticia fue titular en varios medios durante tres días. Después, se dijo que había habido 10 mil millones en sobreprecios. Aquí hay un show político y se están mezclando conceptos graves. Hablaron de fraude al fisco, dijeron que se robaron 10 mil millones de pesos. Fueron 9.400 en precio de compra, no de sobreprecios. Al día siguiente ya se dijo que eran 1.500, y después nadie lo aclaró. Ya no eran 10 mil millones, sino 9.400 millones de pesos que se pagaron por 10 predios. Dijeron que se pagó sobreprecio ¿Qué es el sobreprecio? Sobreprecio era lo que se pagaba de 2009 hacia atrás, cuando el propietario llegaba a un acuerdo, porque la Conadi podía pagar 10 por ciento más. Actualmente, con la carta oferta del propietario se paga lo que él demanda. Distinto es pagar más de lo que en la tasación o en el avalúo fiscal existe. Efectivamente, se pagó más. ¿Cuánto más? El predio que más se nombra es en Lautaro. ¿Sabe cuánto se pagó? 4 millones de pesos la hectárea en Lautaro, la zona más rica y triguera de Chile. Ese es el escándalo, porque se pagó un poco más de 30 por ciento sobre la tasación. ¿Sabe por qué se pagó más? Fue política de nuestro Gobierno no comprar predios alternativos y evitar que la comunidad de Freire se llevara a Cunco. Entonces, empezamos a devolver el predio lo más cerca de su título de merced, y ese predio, por el que se pagó 4 millones en Lautaro, corresponde a un título de merced para la comunidad. Por eso, cuando se dijo el otro día, “no hay fundamentos, el director no tenía fundamentos para comprar”, perdón, pero se compró a 4 millones de pesos la hectárea en Lautaro y se estaba devolviendo el título de merced. La misma gente que nos acusa en forma irresponsable, el 13 de mayo de 2014 -este documento se lo puedo entregar al señor Secretario y al Presidente-, o sea, ahora, en esta gestión, con las autoridades actuales, emitieron la circular 22, que establece que los beneficiarios no podrán, en ningún caso, pagar más del 10 por ciento sobre el precio de la tasación. Es decir, esta administración esta autorizando. Pero aquí viene un escándalo más grande todavía. El 4 de agosto de 2014, la misma administración modifica la circular 22 y establece la circular 51 -parece que no les estaba dando el precio-, que dice: Cualquier precio que sea el valor de tasación no podrá en ningún caso exceder el 20 por ciento. Estamos hablando de las mismas personas que están denunciando. Les dejo los dos documentos. Este nuevo documento no fue aprobado en el Consejo Nacional de la Conadi, y cualquier cosa que se haga con Tierras debe pasar por la Mesa de Tierras, tal como lo hicimos nosotros con el listado que dejamos de 169 comunidades. La misma gente que nos acusó que en el predio de Lautaro se pagó más de 4 millones, en la resolución 754, de 9 de mayo de 2014, el estudio de tasación en Cañete fue de un valor de 5.480.000 millones, y se pagó 6.508.000, un 30 por ciento más. Nos acusan de que pagamos en Lautaro 4 millones y los estamos comparando con los 5 millones de tasación de Coronel ¡No hay coherencia! En Lautaro, que es la zona triguera más importante del país, en un predio se pagó 4 millones, que es lo que se está cuestionando, el famoso sobreprecio. Esta administración pagó en Cañete 6 millones y medio, y la tasación, según el estudio, era de 5 millones. Es decir, pagaron 30 por ciento más de la tasación. Hijuela N° 1, La Guinga, e Hijuela N° 2, La Guinga. Les puedo dejar el informe y la tasación, y también la resolución de 9 de mayo de 2014. Comencé con el tema de los cinco predios; después, con el de los 10 mil millones. El tercer tema es respecto del sabotaje informático. Se dice que se robaron las carpetas y los sistemas de compra. Toda compra queda registrada en el Conservador de Bienes Raíces. Además, la Conadi no tenía un sistema informatizado para registrar las compras. Y es responsabilidad del departamento de Tierras, y así lo aclaró el encargado nacional de Tierras. ¡Qué tiene que ver el director nacional de la Conadi con la pérdida de las carpetas! Y él reconoció que las carpetas estaban. El cuarto tema. Se dijo que existían 50 sumarios. En la Conadi nacional, de los 420 funcionarios, alrededor de 55 son de Tierras. En la administración, en la que estuve hasta el 10 de marzo, dejamos 13 sumarios, 2 de los cuales eran por Tierras. No eran 50. ¡Mentira de nuevo! Quinto tema, y es triste y grave mezclar las cosas. Se dijo que hicimos una denuncia, pero la administración no hizo ninguna respecto de los corredores de propiedades. Hay una denuncia de cohecho que hice yo, junto con Sergio Garrido y con el fiscal, el 18 o el 19 de julio de 2012; está la nota de prensa. Lo que está ocurriendo hoy con los corredores, referente al audio, eso de que había dos corredores que hablaban, es un problema entre corredores, pero no hay una denuncia de esta administración. Después podemos ahondar en eso. Se habló también de una factura de 19 millones de pesos, por un almuerzo, pero eso fue sacado de contexto. Quiero recordar lo que estaba pasando. En 2008 se ratifica el Convenio N° 169 y en 2009 se establece el decreto N° 124, de Mideplan, que no se ajustó a una consulta. El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en 2010, entró impulsando, pedido por todas las organizaciones representativas, la derogación del decreto N° 124. ¿Qué es lo que ocurrió con esa factura? Ese fue el proceso de consulta. Hubo más de 120 talleres. Esto se sacó de contexto, porque era un anticipo de un proceso, que eran más de 120 talleres, en los había que trasladar a las comunidades mapuches y darles servicio de alimentación. ¿Por qué se hizo ese proceso de consulta? Porque durante tres años tuvimos que hacer la consulta previa y establecer un procedimiento para derogar el decreto N° 124 y establecer el famoso decreto N° 66. Dicho sea de paso, hoy partió la consulta del Ministerio de Asuntos Indígenas, aplicando este decreto. He hablado de los cinco temas. Les expliqué el tema de los cinco predios; los 10 mil millones, que se dice que es fraude al fisco, pero no tiene nada que ver y estamos confundiendo; el sabotaje informático; los sumarios administrativos y el tema de los corredores de propiedades. También agregué el tema de la factura de los 19 millones, que también ha sido materia de opinión y de mala información. Nosotros compramos 51 mil hectáreas, en los cuatro años. En el 2010 se compró menos, porque el informe N° 237 fue muy lapidario. Es decir, el Gobierno entró con un informe en el que había más de 480 observaciones, muchas de las cuales eran de tasaciones sobre tierras con precios que iban a 400. Un predio se compró en 700 millones y a la Conadi se le vende en 3 mil millones, después de 10 meses. El precio promedio fue de 2,3 millones de pesos por hectárea. Eso, a valor corregido, porque tampoco podemos comparar valores del año 94, representa un 23 por ciento menos de lo que se compraba, y lo único que se buscó, deseo señalarlo con todas sus letras, porque es muy importante, fue intentar no dividir más a la comunidad. No puedo decir que el ciento por ciento de nuestras compras se adquirió en el lugar donde estaba asentada la comunidad, porque a veces era imposible. Pero se buscó siempre, a partir del año 2012, que los predios se compraran donde originalmente había existido la comunidad. Si no era el mismo lote, en la misma comuna, y si no era en la misma comuna, en la misma provincia, pero evitar trasladar comunidades, por ejemplo, de Freire llevarla hasta Puerto Saavedra. Quiero agregar algo importante. Hasta el 2009 se hablaba solo de tierras. Nosotros, además de entregar las 51 mil hectáreas, incorporamos el concepto de desarrollo productivo, porque no sacábamos nada con entregar tierras sin desarrollo productivo. Por lo tanto, ese fue nuestro sello, y me alegro mucho que hoy se siga hablando del desarrollo productivo, pues las tierras son importantes con esa entrega.”. En la sesión celebrada el 24 de septiembre de 2014, la Comisión recibió a la presidenta nacional de Anfuco, señora Sandra Marín; los directores de Anfuco, señores Manuel Maragaño, Sergio Valenzuela y Carlos Herrera; y la funcionaria de la Subdirección Sur de Conadi, abogada señora Marta Nuyado. La señora Marín, doña Sandra, (Presidenta Nacional de Anfuco) declaró textualmente lo siguiente: “Antes de referirnos a la consulta del período 2010-2013, queremos señalar que nuestra organización agrupa a trabajadores de Arica a Punta Arenas, considerando también Isla de Pascua. Como asociación somos una organización proactiva a la gestión institucional de la Conadi. Nuestro compromiso está con los trabajadores y con los pueblos originarios, porque a ellos nos debemos. En 2010 dejamos manifestado en algún documento que no se ejecutó el total del Fondo de Tierras; solo el 12 por ciento. Los programas que se ejecutaron tenían que ver con temas de riego y de aguas. Ese presupuesto nunca ha sido devuelto a la corporación. Fueron 33.000 millones los que se devolvieron y, por lo tanto, hay un costo para las comunidades y pueblos originarios del país. Al haberse anulado una resolución que dictaba las normas y los procedimientos, quedaron aristas abiertas al proceso de compra de tierras. Las autoridades a cargo de la corporación son las personas que la dirigen y tienen la responsabilidad para poder gestionar los recursos de la Conadi y que los trabajadores solamente somos los ejecutores de las políticas públicas que emanan de los gobiernos de turno. Desde este punto de vista, en algunos medios hemos señalado que los eventuales responsables, habiendo anulado una resolución que normaba un procedimiento de compra, son los directores o directivos de la Corporación porque ellos tienen la autoridad y el mandato para una ejecución. Los trabajadores solo ejecutamos y, a través de normas o instrucciones verbales -porque no fueron escritas- se hace una ejecución. Señalo esto porque cuando escuchamos la intervención del anterior director nacional, quien estuvo hace una semana, dijo que firmaba, pero que los trabajadores éramos los responsables. Se instruye y no determinamos qué predio se compra, no buscamos el predio y no somos parte de los procesos de toma de decisiones. Este proceso ha sido triste para nosotros por lo cuestionados que estamos como trabajadores de la administración pública y no es la primera vez que nos vemos enfrentados a estos escenarios. Cuando se señala que el 99 por ciento corresponde a funcionarios honorables y que no hay trabajadores involucrados, igualmente se deja un 1 por ciento que está en la mira de la opinión pública. En ese sentido nos hemos visto expuestos, en las salidas que hacen particularmente los trabajadores del Fondo de Tierras. Se asume que somos parte de ese 1 por ciento y, lamentablemente, no hemos sido bien recibidos por la opinión pública. Nuestra presencia en la Comisión Investigadora obedece a una invitación por parte de ustedes, cosa que se agradece, ya que es primera vez que un directorio nacional concurre para representar a nivel nacional a los trabajadores de la Corporación. Llevo en la Corporación 20 años. Partí el 5 de mayo de 1994, cuando todavía no estaba instalada la planta. Llegué en condición de honorarios y después pasé a contrata. Fui parte del proceso de organización y colaboramos desde la parte administrativa en pos de la Corporación. Hace 20 años que conozco la historia de la Conadi, a los directores que han pasado, a las jefaturas, y los momentos críticos que hemos tenido como corporación. Esta Corporación nace con 88 funcionarios, con un porcentaje alto, en la medida en que transcurrieron los años, de trabajadores a honorarios. La primera vez que se reguló el tema de los honorarios pudieron pasar 150 personas a contrata y, en 2009, 106 a contrata. En la actualidad somos 447 funcionarios a nivel nacional. Como servidores públicos tenemos la supervigilancia de la Contraloría, la que ha sido parte del proceso de avance de la Conadi en estos 20 años. No tengo claridad en cuanto a los sumarios. No conocemos de ello, a no ser que un funcionario se nos acerque y nos indique que está en ese proceso sumario. Cuando hemos solicitado la información, solo contamos con datos numéricos o en qué proceso está, vale decir, si está cerrado o se encuentra en proceso, pero la información es un tema que cada uno conoce, en la medida en que se le ordena algún sumario.”. Por su parte, el señor Herrera señaló textualmente lo siguiente: “Señor Presidente, mi nombre es Carlos Herrera. Trabajo en el Fondo de Tierras de la dirección nacional. Ingresé a la Corporación en agosto de 2008, como apoyo del programa artículo N° 20, letra b). Existe una diferencia entre lo que me correspondía hacer el proceso de negociación antes de 2010 en. Creo que todos ustedes han escuchado que existía un proceso que estaba normado por la resolución N° 878, en que se establecían cada uno de los pasos, por ejemplo, desde que una comunidad decía que tenía un problema de tierras. Se iniciaban los estudios para establecer si, efectivamente, existía algún antecedente que respaldara su demanda y, si así era, el fiscal dictaba una resolución de aplicabilidad. Con todos los antecedentes se procedía a seguir el proceso para llegar a una compra que culminaba por una comisión negociadora, compuesta por funcionarios con responsabilidad administrativa, quienes se reunían en las dependencias de la oficina de la comunidad con la que se iba a negociar. Por ejemplo, si se trataba de una comunidad de Temuco, se constituía una comisión en Temuco y quedaban registros y actas de todo el proceso. Antes de entrar a negociar existían las actas de prenegociación. Se conversaba con el propietario y se establecía la voluntad, es decir, si efectivamente quería vender el predio y, posteriormente, se establecía un valor respecto de sus aspiraciones. Muchas veces se podía llegar a acuerdo o llegar a un acercamiento de acuerdo al valor de tasación y otras veces no. Con la anulación de la resolución N° 878 se genera ruido o problemas entre los funcionarios porque teníamos un procedimiento que nos indicaba cada uno de los pasos y sabíamos qué es lo que había que hacer. Al anularse la resolución queda en la nebulosa el proceso, por lo que muchos colegas de muchas oficinas empiezan a consultar qué se iba a hacer ahora. Se siguió operando en la lógica de la resolución; muchas veces gracias al esfuerzo de los funcionarios para organizar y tener un orden dentro del proceso. Al director nacional se le dan muchas facultades respecto de cómo fijar los precios al final de la negociación porque queda toda la atribución en sus manos, quien puede decidir o no decidir cuál es el valor a pagar. También en el Fondo de Tierras me corresponde preparar las glosas presupuestarias para luego informar. Ahí se encuentra claramente expresado cuál es el avalúo fiscal, el valor de tasación y el valor finalmente pagado. Lo que le corresponde a los funcionarios es generar toda la información y llegar hasta el valor de tasación. Quien toma la decisión final de compra es la autoridad. Como comenté en algún momento, puede ser que se justifique pagar el valor comercial por algún predio, pero debe haber fundamentaciones y argumentos. Siempre tenemos esta discusión, por ejemplo, no es lo mismo cuando se habla de los predios alternativos de uno que es reivindicación de la comunidad, o sea, que es parte del título de merced, que tiene otro significado y puede trascender al valor comercial. Respecto de eventuales irregularidades, es difícil decir a ciencia cierta si las hubo porque no existen evidencias, sino rumores. Como corporación debemos informar a la comisión de presupuesto cómo va el proceso de compra. Dentro de esa información, va el valor de avalúo fiscal, de tasación y de compra. Las comisiones negociadoras tienen la facultad de negociar el valor de tasación hasta un 10 por ciento por sobre el valor, de esa forma, tener cierta holgura para llegar a algún acuerdo. Sobre ese valor, la comisión no tiene ninguna facultad. Quién sí tiene la facultad de decir que se puede pagar más es el director nacional. Por consiguiente, los funcionarios podemos llegar hasta los valores que arrojan los estudios; el resto es atribución del director.”. A su turno, el señor Valenzuela expresó lo siguiente: “Señor Presidente, me desempeño en la Subdirección Nacional Temuco hace ocho años. A modo de precisión, nosotros reconocemos que, como tal, tenemos responsabilidad sobre los actos que desarrollamos. Nadie discute eso, y dentro de la administración pública hay normativas establecidas bajo esa norma. El diputado René Saffirio fue muy claro respecto de que existe una cadena de procesos que se van realizando. Cada uno es responsable del acto en sus distintas instancias, pero finalmente, quien toma la decisión de la compra total, es el director nacional. Para armar la carpeta administrativa, operamos distintos técnicos y funcionarios en el proceso de desarrollo de las actividades; quien hace la tasación, quien hace el informe agronómico, quien hace la mensura, cada uno desempeña sus distintos roles, y hasta ahí llega esa función. En el fondo, los funcionarios entregamos los antecedentes o la carpeta administrativa con toda la documentación, pero quien toma, finalmente, la decisión, con todos los antecedentes en la mesa, es el director nacional. En ese sentido, los funcionarios nunca vamos a desconocer la responsabilidad que nos cabe. Por otro lado, efectivamente, nosotros no estamos nombrados por contrato, sino por una resolución de nombramiento, de la cual nos llega una copia, pero nunca firmamos nada. Ahora, como tal, reconocemos nuestras responsabilidades, y eso lo tenemos más que claro.”. Por su parte el señor Maragaño manifestó lo siguiente: “Señor Presidente, antes de 2010, la carpeta administrativa llegaba hasta el momento llamado la prenegociación, en la que solamente se manifestaba la voluntad de la persona, del vendedor de ese campo, para decir el precio. Lo ponía en la mesa y en la carpeta administrativa. Posteriormente, como proceso de la resolución Nº 878, se mandaba a tasar el campo que había ofrecido la persona. De acuerdo con esa tasación existía una negociación, respecto de la cual se hacía una relación con la variación de precios y si estaba relacionado con la tasación.”. Frente a la pregunta de si conoce al señor Anyelo Sanhueza, el señor Valenzuela señaló “al igual que la figura del señor Erich Baumann, se nos aparece de repente en la subdirección y siempre rodeado por muchas comunidades. Puedo dar fe que me encontré con él muchas veces en los pasillos de la dirección nacional, en el segundo y cuarto piso. De hecho, después de la creación del área Ercilla, los funcionarios nos enteramos que llegó el señor Anyelo Sanhueza. Antes de la creación del ADI Ercilla, siempre se tuvo la figura de él como un corredor de propiedades. Al tiempo, posterior a la creación del ADI Ercilla, comienza a rumorearse que el señor Anyelo Sanhueza se desempeñaba como funcionario en el ADI Ercilla. No tengo la certeza si fue contratado o no, pero en la subdirección se comentaba mucho la figura del señor Anyelo Sanhueza y de su rol dentro del ADI Ercilla, de donde entraba y salía. De lo que puedo dar fe es que siempre lo vi con muchas comunidades llegando a la oficina del subdirector como a la dirección nacional. En resumen, su figura fue más que verlo instalado y después oírlo sonar muy fuerte a partir de la creación del ADI Ercilla, donde se decía que era funcionario de la Conadi. Tenía oficina en Victoria y Ercilla. Había un grupo de funcionarios que se desempeñó en el ADI Ercilla.”. Finalmente, la señora Nuyado manifestó lo siguiente: “Muy buenas tardes, señor Presidente y honorables diputados. Quiero partir haciendo una exposición y luego aclarar algunas cosas. Quiero referirme al procedimiento que ha utilizado la Conadi dentro del proceso de compra de Tierras del 20 b), en específico, que es el proceso que más conozco por el desempeño que me ha correspondido realizar como funcionaria. Debo aclarar que, en mi calidad de abogada, siempre he sido profesional de apoyo, sobre todo durante los años 2011 a 2013, período al que se refiere la investigación. Me interesa señalar que la Conadi de 2003 a 2011 tenía un procedimiento establecido y normado, bueno o malo, pero era claro, y todos los funcionarios sabíamos las etapas de cada uno de estos procesos y cuáles eran las funciones de cada uno. Luego, en 2011, como la Comisión ha tenido conocimiento, se dejó sin efecto este procedimiento, por tanto, pasamos a una etapa en que más que la discrecionalidad, opera la voluntad de las autoridades y de las jefaturas en la toma de decisiones respecto de cómo avanzar en el proceso, en cuanto a los procedimientos a aplicar. De acuerdo con los antecedentes que tengo, en mi calidad de funcionaria y como profesional de apoyo, hay que tener claro que dentro del servicio público existe una estructura jerárquica. Si bien el procedimiento se deja sin efecto, sigue estando la estructura jerárquica del servicio público, que es jerarquizado y disciplinario. Por tanto, aquí están los niveles de las jefaturas, los cargos de confianza, los cargos directivos, los encargados de las unidades operativas, en este caso la Unidad de Tierras; el jefe de la Unidad Operativa y, finalmente, dentro de esa estructura, estamos los profesionales de apoyo. Volviendo al tema del procedimiento, quiero aclarar que desde el 8 de marzo de 2011 tengo un correo electrónico en el cual el jefe del Fondo de Tierras invita a todos los funcionarios de la unidad a trabajar en una jornada institucional para modificar la resolución 878. De ahí se comienza a trabajar la posibilidad de modificar la resolución 878, la que finalmente se deja sin efecto en octubre del mismo año. Recorriendo un poco la historia, encontré algunos antecedentes donde se hacen propuestas para hacer estas modificaciones, considerando que desde 2010 hay una nueva administración que quiere hacer algunas modificaciones, y en base a eso hace algunas propuestas para mejorar este procedimiento que establecía la resolución 878. El jefe del Fondo o las jefaturas actuales podrán decir qué resultó de esa jornada institucional. Como institución teníamos, y tenemos todavía, las políticas de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Este documento -las políticas de tierras- fue aprobado por el Consejo Nacional de la Conadi el 27 de agosto de 1999. Dichas políticas de tierras no han sido modificadas hasta ahora. Lo que se modificó fue el manual de procedimiento, que es la Resolución Nº 878, pero la normativa de fondo, la que orienta el ser o la existencia del Fondo de Tierras, o como se deben trabajar las políticas indígenas en la Conadi, se ha mantenido hasta ahora. El documento establece el fundamento de las políticas de tierras, el mecanismo de soluciones a los problemas de tierras, los tipos de problemas de tierras, el Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi y los problemas que generaba el mecanismo que tenía la Conadi en esos años. Además, están establecidos los principios sobre los cuales se va a trabajar a futuro. Reitero, estas políticas fueron aprobadas en 1999 por el Consejo Nacional de la Conadi. Como les indicaba, este documento, que al final de la sesión se los voy a dejar -no sé si han tenido acceso a él- a fin de que puedan revisarlo, es el pilar donde se sustenta el Fondo de Tierras de la Conadi. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la ley, el artículo 20, de la Ley Indígena, es bastante ambiguo y hay que interpretarlo. Establece que habrá un reglamento tanto para el 20 a) como para el 20 b). Dice: El Presidente de la República en un reglamento establecerá el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígena. Este es el decreto Nº 395, el que, además, es complementario al artículo 20 de la Ley Indígena. Además de eso, el Consejo de la Conadi, siendo la Conadi una corporación, que tiene un director nacional y un consejo nacional, aprobaron este otro documento donde se establece cuáles son los tipos de problemas de tierras, para acreditar cuándo estamos ante una pérdida territorial, cuándo una comunidad indígena puede acreditar su pérdida territorial, lo que se conoce como la aplicabilidad. Desde que fui designada en la unidad de Tierras, como abogada profesional de apoyo, me correspondió redactar varios informes para establecer si esa comunidad tenía o no pérdida territorial, y para ello nos basamos en el documento de las políticas de tierras, porque finalmente el abogado concluye que si la comunidad lograba acreditar la pérdida territorial, había que preguntarse de qué clase de pérdida se trataba, y en el documento Políticas de Tierras están los tipos a), b), c) y d). Entonces, ¿cuándo se entiende que una comunidad tiene pérdidas? Todo esto está presente hasta hoy. Reitero, este documento no ha sido modificado, porque quien tenía que modificarlo era el consejo. Está la ley, el reglamento y tenemos las políticas de tierras, porque estamos hablando de 1999, año en que comenzó a operar el Fondo de Tierras. Es obvio que va mejorando con el tiempo, porque la ley parte en 1993. Después de este documento de políticas de tierras el mecanismo, que fue aprobado por la resolución Nº 878, es el Manual de Procedimientos, el que regula el manual para la aplicación de procedimiento para la compra de tierras a través de Programa Subsidio, artículo 20, letra b), del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Conadi, que establece la etapa de la aplicabilidad, donde la comunidad tiene que acreditar la pérdida territorial; en seguida, la viabilidad, cuando se presenta el predio y si este es posible de compra; luego, establece la factibilidad de la compra, posterior a los estudios que se hacen al predio; finalmente, está la etapa de la concreción, cuando se ha llegado a acuerdo de precios y se concreta a través de la escritura pública de compraventa y las inscripciones correspondientes. El manual regula todo esto. Se modifica este manual por la Resolución exenta Nº 1.689, de 26 de noviembre de 2008. Aquí hay una pequeña modificación a la 878. Además de la 878, está la resolución Nº 1.141, de 9 de diciembre de 2005, que es el manual para la Aplicación de Procedimiento para la Compra de Sitios de Significación Cultural, a través del programa, artículo 20, letra b), del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, porque a través del artículo 20, letra b), no tan solo se compran predios productivos para que se desarrollen las familias de las comunidades indígenas, sino también sitios ceremoniales. Es el mismo procedimiento que para la compra de los predios productivos. Al principio, cuando me integré a este equipo, lo hicimos tres funcionarios de la institución: Yuri González, de la Dirección Nacional; yo en mi calidad de abogada en la Unidad de Tierras me destinaron a esta comisión de servicio, y a otro funcionario, que era topógrafo de la Dirección Regional de Cañete. Dentro de ese equipo estaba don Anyelo Sanhueza. Era parte del equipo. Nunca me preocupé de saber de dónde venía contratado, pero era parte del equipo. Más adelante -actualmente soy la encargada de la Unidad Jurídica de la Subdirección-, y dentro de este contexto, conocí un convenio que tenía la subdirección de la Conadi con la Gobernación de Malleco y, dentro de ese convenio estaba la contratación de don Anyelo Sanhueza, así como también la contratación del Lonco Curinao, como asesor. Lo que pasa es que ahí se da una figura distinta. Yo hablaba con don Anyelo dentro de la formalidad, pero me entregaban las carpetas cuando habían finalizado los procesos de negociación, porque como abogada profesional de apoyo me entregan las carpetas cuando están todos los elementos para hacer la escritura pública. No participo en el proceso de negociación, en ninguna parte. Solo hago el pre estudio de título, como abogada, que es uno de los elementos para concretar la escritura. El coordinador, que era don Yuri González, concretaba el proceso, y a mí me correspondía después redactar la escritura pública, pero era una vez que el proceso estaba concluido. Ahí me entregaban la carpeta y redactaba la escritura pública. La estructura es la siguiente. La unidad operativa hace los estudios técnicos. Ingresan la carpeta a la unidad operativa; esa carpeta, una vez que está con todos los antecedentes completos, se va a la Dirección Nacional, y ahí se decide la negociación. Una vez que procedían a la negociación quien la hacía era el jefe de Fondo de Tierras, o sea, hasta ahí llega la carpeta. Todavía no llega al director de la Conadi. Una vez que se llega a una negociación positiva vuelve la carpeta al encargado de la unidad de Tierras de la subdirección, y cuando viene con la aprobación positiva, a través de un memorándum la entregan al abogado para que redacte la propuesta de escritura, la propuesta de resolución y realice el estudio de título definitivo, porque dentro del proceso, antes hay un pre estudio de título. Entonces, el abogado participa en el pre estudio de título, que es solo con los documentos legales. Es el primer informe que se hace. Una vez que la comunidad ingresa el predio, la carta del propietario que dice que sí quiere vender y adjunta los documentos legales, se hace el primer pre estudio de título. Luego, sigue el resto de los informes técnicos. Luego, esa carpeta, como les decía, se va a la Dirección Nacional, al jefe del Fondo de Tierras y se produce la negociación. Vuelve a la Unidad Operativa. En ese momento, me entregan la carpeta para hacer la propuesta. Una vez que hago la propuesta se la devuelvo al encargado de la Unidad de Tierras y Aguas, quien después la vuelve derivar a la Dirección Nacional, ahora con las propuestas, con toda la estructura. Quien hace el primer control es el jefe del Fondo de Tierras. Una vez que pasa ese control, va a la Fiscalía de la Dirección Nacional, la cual, finalmente, es la que revisa todo el proceso y lo aprueba, si es que lo aprueba, porque a veces las carpetas vuelven con observaciones que la Unidad Operativa debe subsanar. Por lo tanto, es la Fiscalía la que finalmente hace el control de legalidad, tras lo cual pasa a la firma del director.”. Respecto de quién decidía el precio, la señora NUYADO señaló “Lo acordaban en la Dirección Nacional, entre el jefe del Fondo y las personas que estaban encargadas de negociar. Ellos definían el precio. En base a los pocos antecedentes que tuve en ese tiempo, el señor Baumann era como asesor en materia de tierras del director. De hecho, cuando se empezó a tratar de modificar el procedimiento de la resolución 878, el señor Baumann ya estaba en el equipo del director. Hablamos del 8 de marzo de 2011. Él participa ahí como asesor en materia de tierras y se relacionaba -al menos en la Subdirección, cuando yo era profesional de apoyo de ese equipo- con la encargada de la Unidad de Tierras, que en ese momento era la señora Ana María Rodríguez. Él siempre estaba en la oficina de ella y se relacionaba con ella o con el subdirector, y de ahí hacia arriba en la jerarquía, nunca hacia abajo con nosotros, que éramos el resto de los profesionales de apoyo. Don Eric Baumann tuvo esa figura, hasta que fue nombrado gobernador. Luego, siendo gobernador, me correspondió reunirme solo en una ocasión con el señor Baumann, en la gobernación de Malleco, cuando estábamos viendo la compra de los predios del proyecto de parcelación Chiguaihue, para unas comunidades de Ercilla. Aquella fue la única oportunidad en que estuve en una reunión con él, pero estaba ejerciendo como gobernador. Ahora, en el caso del señor Urban, la situación es distinta. En ese momento me encargaron que me relacionara con la comunidad y con los vendedores, porque como se trataba de un proceso que venía de la administración anterior, en mi calidad de abogada me pidieron que hiciera el cierre del proceso. Por lo tanto, tuve que comunicarme con ambos. Había que realizar algunos estudios. Por ejemplo, el estudio de título no estaba terminado, y me correspondió terminarlo. O sea, había una propuesta de escritura, pero nunca estuvo firmada la resolución que aprobaba el financiamiento. La nueva administración debió firmar la resolución que aprueba el financiamiento, la escrituración y todo el proceso que sigue de inscripción. Mi participación en el caso Luchsinger se produjo porque en 2009 había tres predios en proceso de compra por parte de la Conadi. Se compraron dos y quedó una promesa de compraventa que se debía concretar, puesto que había una medida prejudicial. Por lo tanto, no se podía terminar la compra total mientras no se alzara esa medida prejudicial que afectaba a uno de los predios de Luchsinger. Por lo tanto, para el 2010 quedó la obligación de la Conadi de concretar esa compraventa, porque había una promesa. Como a fines de mayo de 2010 pasé a formar parte del equipo de Tierras, en esa calidad me correspondió concretar el proceso basado en la promesa de compraventa. Finalmente, la comunidad no firmó la escritura de compraventa, a raíz de otras situaciones.”. En su sesión de fecha 8 de octubre de 2014, la Comisión recibió al ex Ministro de la Secretaría General de la República, el señor José Antonio Viera-Gallo Quesney y al Director General de Gestiona Consultores Limitada, señor Eduardo Lavado. El señor Viera-Gallo manifestó lo siguiente: “Señor Presidente, con mucho gusto concurro nuevamente a la Cámara. La primera vez asistí a una Comisión Investigadora sobre el proyecto Orígenes, de la Conadi. Me tocó asumir la responsabilidad por encargo de la Presidenta Bachelet, en su primer Gobierno. Si mal no recuerdo, debió haber sido en los últimos 8 o 9 meses de su mandato. La situación en La Araucanía era extremadamente difícil. No creo que sea del caso hacer un balance, pero sin duda que habíamos llegado a grados de conflictibilidad bastante altos, incluso, hubo muertos. Entonces, la Presidenta estimó que había que relevar el tema. Antes de que yo asumiera, el Gobierno había hecho suyo un documento de política indígena, el cual considero válido hasta el día de hoy, denominado Reconocer -se puede encontrar en su página web-, y ese fue como el marco dentro del cual tuve que ejercer mi mandato. Coordinar la política indígena supone muchos temas. Aquí nos vamos a referir solo a uno de ellos, como es el problema de las tierras que, sin duda, es esencial. En primer lugar, encontré que había una promesa incumplida del Estado chileno en materia de tierras, razón por la cual encargamos un estudio a la Universidad de Concepción, al grupo EULA, para ver hasta qué punto se producía la superposición de títulos tradicionales de dominio de las comunidades indígenas con los títulos de los propietarios actuales, y eso se hizo comuna por comuna. Ese estudio se le entregó al nuevo Gobierno, en este caso al señor Cristián Larroulet, quien me sucedió en el cargo, el cual da un mapa geo referencial completo de dónde se producen las dificultades de la superposición de tierras. Además, no es casualidad que al menos, en algunos casos, haya mayor conflictividad indígena en aquellos lugares en que se ha incumplido más la promesa de hacer efectivos esos títulos de dominio. Esa promesa la hicieron todos los parlamentarios chilenos, y todas las fuerzas políticas votaron la ley Indígena en el Parlamento durante el gobierno del Presidente Aylwin. Entonces, encontré que el Gobierno de la Presidenta Bachelet se había comprometido a entregar tierras a 115 comunidades que habían seguido el procedimiento normal y tenían la exigibilidad. Detrás de esas 115, había más o menos otras 300 que estaban en proceso de lograr el reconocimiento de sus títulos ancestrales. Sin embargo, era evidente que la fórmula que el gobierno había usado, no solo el de la Presidenta Bachelet, sino de todos los gobiernos anteriores, para hacer efectivo estos títulos de dominio, no era la más adecuada. Eso lo decían los parlamentarios y todo el mundo. En consecuencia, lo primero que hicimos fue intervenir a la Conadi. Se destituyó a un grupo importante de cargos medios y se intervino el Fondo de Tierras y Aguas. Además, se creó un sistema -dentro de los marcos posibles, porque no podíamos hacer grandes cambios legales- que pretendía ser más objetivo y más eficiente en la adjudicación de tierras a las comunidades que llevaban demasiado tiempo esperando. Uno de los graves problemas es que el Estado chileno nunca ha puesto dinero suficiente para cumplir la promesa que hizo de la ley Indígena y, en consecuencia, las comunidades se cansan, se aburren, y eso lo saben ustedes mejor que yo. Cuánta gente de las comunidades me planteaba y mostraba, por ejemplo, documentos firmados por la ministra Alejandra Krauss y me decían: Esto me lo prometieron. Sí, efectivamente, lo prometió, porque era su minuto, etcétera, pero después pasaban los gobiernos y nada se cumplía. La otra medida que adoptamos fue quitarle la facultad al Consejo de la Conadi para decidir las tierras, porque era un foco de corrupción, o más bien de clientelismo. El que llegaba ahí, favorecía a uno, a otro, a sus grupos, etcétera. Por lo tanto, se radicó esa facultad en el director de la Conadi, señor Álvaro Marifil. La tercera medida, y en este aspecto probablemente vamos a tener alguna discrepancia con algunos de ustedes, como saben la ley Indígena en su artículo 20 tiene dos métodos para adjudicar las tierras. Desde el primer día fui un convencido de que la letra a), que permite entregar las tierras a título individual, es el foco del clientelismo, de la arbitrariedad y de la discrecionalidad. Además, eso no tiene fin, es decir, no hay horizonte que pueda resolver el problema, porque según la Universidad de Concepción -la Conadi ya antes de mi llegada se rige por eso- cada familia tiene derecho a alrededor de 12,7 hectáreas, si mal no recuerdo. Por lo tanto, como no se puede entregar 12,7 hectáreas a todos los indígenas mapuches, no hay posibilidad de cumplir. Además, no hay criterios objetivos, pues ese beneficio no se entrega como el subsidio habitacional. Apenas llegué, la Contraloría anuló todas las entregas que últimamente se habían hecho usando el artículo 20, letra a), porque había estas arbitrariedades. Por eso, lo primero que hice fue suspender cualquier entrega del 20, letra a), es decir, dispuse que no se entregara, durante lo que faltaba del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, a título individual. La idea era concentrarse en el 20, letra b), el que sí tiene un horizonte, o sea, tiene un límite que son los títulos tradicionales de dominio que, además, fueron cuantificados por la Universidad de Concepción, como lo indiqué. Junto con lo anterior, encargamos una auditoría completa de la Conadi. Voy a dejar acá un pendrive que encontré, revisando los papeles para concurrir a la Comisión, que tiene todas las recomendaciones de una auditoría externa en relación con las transformaciones que la Conadi debe sufrir para que no sea, como ha dicho el intendente Francisco Huenchumilla -no sé si con o sin razón, pero me merece fe que él lo diga-, pasto de favores políticos. Aquello pudo haber ocurrido ahora, antes, o anteayer. Es como un síndrome que acompaña a la institución. Como consecuencia de eso llegué al convencimiento de que había que cambiar la institucionalidad indígena. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto para crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, que lleva en sí mismo la transformación de la Conadi en una corporación de desarrollo, que no tiene un consejo democráticamente elegido en su dirección, sino que es un servicio normal. Y aparte se presentó otro proyecto para crear el Consejo de Pueblos Indígenas. Desgraciadamente, ambos proyectos no avanzaron, pues no hubo consenso o acuerdo. Cuando le entregué la Secretaría General de la Presidencia a Cristián Larroulet, insistí mucho en estos puntos, y a estas alturas puedo decirlo, tuve una larga reunión con el Presidente Piñera. Cuando Sebastián Piñera fue electo me solicitó sostener una reunión para hablar sobre asuntos de Estado y me pareció lógico transmitirle mi experiencia. Por más de una hora puse especial énfasis -estoy convencido hasta hoy- de que uno de los principales desafíos del país es el tema indígena. Siento que no tuve ningún éxito, y no me refiero a él como persona, sino que me refiero al país. Es decir, el tema indígena no fue motivo de campaña, no estuvo en las prioridades y nadie lo menciona cuando se habla de los gastos. Los parlamentarios presentes, que conocen bien la región, se dan cuenta del drama que encierra el tema. Quizás es uno de los méritos de Huenchumilla, pero todavía al Estado le cuesta asumir esta tarea, en contraposición con lo que ocurre en Canadá. Hoy vi en El Mercurio, en la sección Economía y Negocios, un artículo en el que el encargado de la política indígena de Canadá da una visión clara de cómo ese país enfrenta con coraje y audacia el tema indígena. Dicho eso, ¿qué pasó con la política de tierras? No les voy a hablar sobre las pérdidas de las tierras desde la pacificación de La Araucanía, lo que pasó con la reforma agraria, lo que después se devolvió, etcétera, pero no cabe duda de que la entrega de tierras era muy lenta. Por eso, me puse como objetivo acelerar al máximo la entrega de las tierras en los pocos meses que faltaban del gobierno anterior. Lamentablemente, solo entregamos a 60 o 70 comunidades de las 115. ¿Por qué no se entregó más? Primero, porque los funcionarios de la Conadi se declararon en huelga durante dos meses, porque habíamos intervenido y destituido gente, y estábamos poniendo el dedo en la llaga en algunos problemas de corrupción. Segundo, porque estábamos trabajando rápido. En aquel período, una de las medidas positivas implementadas fue digitalizar todos los archivos de los expedientes de reclamo de tierras. Cuando llegamos eso era cualquier cosa; no eran archivos de un Estado moderno. Felizmente, hoy están todos digitalizados. Para hablar las cosas con franqueza, tuvimos dos inconvenientes. Uno, la huelga de la Conadi; dos, que no contamos con todos los recursos necesarios. En la ley de Presupuestos de esa época -no sé cómo será ahora- Hacienda calculó el precio de la tierra a lo que consideraron el “precio del mercado”, y todos saben que por el sistema, bastante poco transparente que la ley contempla para la entrega de las tierras, el precio no es el del mercado; es otro precio, más alto. Entonces, los recursos no alcanzaron y, por tanto, dejamos al nuevo gobierno alrededor de 70 comunidades pendientes, a las cuales debíamos haberles entregado tierras, pero no se pudo. Además, había más de 300 comunidades que estaban en proceso de aplicabilidad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando hay esta lista de tierras no significa que se entrega en determinado orden, es decir, a la primera, a la segunda, a la tercera, sino que se van entregando aleatoriamente, según cada caso se pueda resolver. Por lo tanto, de las 115, algunas, 60 o 70 iban saliendo, y las otras eran bastante difíciles, se ingresaban con aplicabilidad al listado de las otras 300. Algunas de ellas correspondían a situaciones extremadamente conflictivas. Recuerdo muy bien haber hablado dos veces con el señor Urban y su abogado, el señor Tenorio, cuyo nombre es difícil de olvidar, y casi llegamos a un acuerdo. Desgraciadamente, ese acuerdo no se pudo cerrar en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera. Me alegre mucho, porque es un foco de conflicto menos. Era bastante descorazonador recibir a algunos dueños de predios que decían, por favor, compre la tierra, y no tener el dinero para hacerlo, a pesar de que eso hubiera solucionado problemas. A eso se suma una mala práctica de las comunidades indígenas, que se subdividen, con lo cual en vez de reclamar el mismo título una vez, lo reclaman... Creo que es urgente poner un límite y que no se puedan subdividir más, de lo contrario será imposible llevar adelante la política. Les voy a dejar un cuadro que muestra lo que se fue haciendo en cada provincia, y es impresionante, porque la demanda satisfecha, por ejemplo, en la provincia de Arauco, hasta el 2010, era solo del 18,8 por ciento. Entonces, no hay que extrañarse que en la provincia de Arauco el conflicto sea muy grande. En Cautín es solo del 21 por ciento, y en otras partes es más. A mí juicio, aquí lo que falta es que los gobiernos prioricen un cambio en los métodos de entrega de la tierra y que al mismo tiempo, se avance con seriedad. He leído con mucha satisfacción la propuesta del senador Espina, quién además habló conmigo. Creo que ha hecho una evolución importante, al igual que en su época el diputado Arenas, que partió con una actitud muy contraria y luego se interiorizó bastante del tema y hoy tiene una visión mucho más amplia. Ojala se formara un concepto común en las fuerzas políticas que permitiera avanzar en esta materia rápidamente, rediseñando el sistema de la política indígena, pero para eso es indispensable aprobar la creación del ministerio y la reestructuración completa de la Conadi. Hubo algunas denuncias de corrupción, a partir de las cuales se realizaron los correspondientes sumarios. Tengo dos a la mano, que le entrego al Presidente, que son una muestra de las situaciones irregulares. Recuerdo otras, pero desgraciadamente no tengo los papeles. Se hicieron sumarios, algunas terminaron con destituciones, pero ese es el pan de cada día, porque el sistema, las reglas, no son las adecuadas. En consecuencia, cualquiera que se haga cargo de este tema, aunque tenga buena voluntad, fuerza y coraje, debe actuar a través de una burocracia muy complicada. Además, el trato conflictivo con las comunidades puede dar origen a dificultades, incluso a irregularidades. En esto hay que mirar el cuadro general y por eso planteamos este cambio de la institucionalidad, que debería ir acompañado de un cambio de las reglas del juego de cómo se entregan las políticas indígenas. Sobre lo que dijo el diputado, en el sentido que se habían dejado 500 con aplicabilidad, no tengo ese dato, puedo estar equivocado, pero creo que eran aproximadamente 115 con aplicabilidad y 300 y tantas que estaban en proceso de tenerlo. No había ninguna facultad para el ministro que le permitiera darles aplicabilidad, pues hay todo un procedimiento que seguir, hay papeles, y es un proceso bastante más complejo. Eran comunidades que estaban en proceso de aplicabilidad y, seguramente, eran situaciones muy conflictivas. Recuerdo una muy conflictiva en Galvarino, pero no estoy seguro de que sea exactamente esa. Y cuando digo que eran situaciones muy conflictivas es que eran muy conflictivas. No estoy exagerando. Ahí se dice que si esas comunidades tienen la aplicabilidad, van a ser incorporadas en los anuncios que se harían. Hay una cosa con la que no estuve muy de acuerdo, pero uno es solo un ministro dentro de un gobierno, y es que cuando se habló de 115, curiosamente se expresó que ese compromiso se iba a cumplir entre el 2009 y el 2010, y me pareció raro que un gobierno tomara compromisos respecto de su sucesor. Hubiera preferido que simplemente se hubiera dicho, vamos a cumplir con lo que alcancemos durante el mandato del actual gobierno. Como el mandato de la Presidenta llegaba hasta marzo, entonces se decía que íbamos a cumplir una parte hasta marzo, y el resto lo haría el gobierno siguiente. Por eso se hizo un anuncio en enero, diciendo que se habían cumplido 60 o 70, y el resto se haría en 2010, cosa que por lo demás el gobierno de Sebastián Piñera hizo, o sea, cumplió esos compromisos. No tengo reparo alguno en eso, pues los cumplió. Tengo otras discrepancias respecto de un punto, sobre todo porque el primer director de la Conadi, no el segundo, que tuvo un desempeño mucho más acertado, puso el énfasis en el artículo 20, letra a), cosa que considero un gravísimo error. Bueno, cada uno tiene su opinión, y puedo estar muy equivocado. Después, el gobierno del Presidente Piñera lo modificó, cuando cambio al director de la Conadi. Los gobiernos no han aprendido de sus propias experiencias; creo que como país se ha avanzado algo, pero no con la rapidez que este desafío exige para Chile. ¿Qué pasaba? Esto dependía a un consejo, el cual dependía del Mideplan, pero los temas indígenas eran de tal gravedad que todos terminaban en mi oficina. Entonces, el ministro del Mideplan era completamente incapaz de resolver el problema. O sea, o terminaban en Interior, porque estaban a los balazos, como pasa hoy, o en la Segpres. Lo que el gobierno siempre quiso, que el tema indígena no entrara a La Moneda, era completamente imposible. O sea, el tema indígena copaba la agenda de La Moneda. Al respecto, creo que la solución es crear un ministerio, pequeño, no con muchos funcionarios, porque las comunidades tienen que sentir que hay una entidad responsable exclusivamente de los temas de ellos. No alguien que se ocupa de los discapacitados, de los pobres y, además, de los indígenas. Como ese ministerio no existe, aunque este Gobierno no lo quiera, ni el de Sebastián Piñera, ni el anterior, ni el otro, esto termina en La Moneda. Por algo el subsecretario estaba ayer en Temuco. Entonces, como la situación se hizo muy difícil con la muerte de Mendoza Collio, porque ya había muerto Matías Catrileo, el panorama era muy complicado. Recuerden que antes hubo un delegado presidencial, Rodrigo Egaña, que tuvo el gran merito de hacer el documento Reconocer, un muy buen documento, que habría que mantener como un punto firme. Sin embargo, el propio delegado presidencial fue superado y se creó un conflicto muy fuerte entre las empresas que querían invertir en la zona y las comunidades. Al final, usando ese artículo especial de la Constitución se nombró a un ministro coordinador. Obviamente, este debía tener una unidad que se ocupara del tema. Ahí se creó la Unidad de Asuntos Indígenas, aunque la operatividad propiamente tal se hacía a través de la Conadi. Pero todo eso es anómalo. Aquí lo lógico es que el Estado chileno tenga un ministerio que cuente con un servicio que se ocupe de la materia; que ese sea el canal. Lo otro que hay es el Gabinete de Coordinación Ministerial de Asuntos Indígenas, que existía antes de que yo fuera nombrado. Sin embargo, esos gabinetes, a los que van doce ministros, todos más o menos aburridos, con otras preocupaciones, no sirven. Por ejemplo, veo con preocupación que el intendente Huenchumilla, por quien siento una gran admiración y con quien tengo una gran amistad, no tenga, a nivel de Gobierno central, un interlocutor que vaya más allá del orden público. Está bien que sea así, hay que tenerlo, pero yo me coordinaba permanentemente con el ministro Pérez Yoma. No es que yo era el bueno que iba para allá y él era el malo que reprimía. No, éramos un equipo. Comprendo que el Gobierno actual esté en la obligación de consultar, pero como ni el de Bachelet ni el de Piñera han logrado establecer un mecanismo de consulta legitimado por las comunidades, me da miedo que se empantanen estos proyectos en discusiones eternas sobre cómo aplicar el convenio N° 169, bien o mal, cuando es obvio que el Estado chileno debe tener un ministerio. Tanto es así, que hubo una Comisión, presidida por el senador Letelier, que iba a modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado para que hubiera un sistema de consultas indígenas del Parlamento, pero eso no ha funcionado. Felizmente, esta Cámara tiene una Comisión de Asuntos Indígenas, o tenía. El Senado no la tiene. Es extremadamente difícil modificar la ley. Creo que lo que hay que hacer es una orden práctica, como lo hice yo: no aplicar, no usar eso. El estudio del EULA se le entregó al gobierno anterior, y lo pueden solicitar por oficio. Es un documento público, además lo puede solicitar cualquier ciudadano, por ley de acceso a la información pública. Esa demanda está identificada en las provincias de Arauco, Malleco, Cautín y Valdivia. Iba a haber una segunda etapa, que no sé si el gobierno de Sebastián Piñera continuó, para identificarla en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé. En las provincias que señalé, Arauco, Malleco, Cautín y Valdivia, la superficie total de predios demandados era aproximadamente 140 mil hectáreas, pero solamente en esas cuatro. Falta todavía Osorno, Llanquihue y Chiloé. Esto está georreferenciado por comunas, es decir, en EULA -lo recuerdo muy bien- dice comuna equis, se superpone con colores y muestra las tierras en conflicto. Ahora, creo que por vía administrativa -hacer cambios legales es muy difícil- se puede impedir la subdivisión de las comunidades. Decir simplemente que hay un título, y ese título ya fue cubierto, ya se le entregó a la comunidad, y se da vuelta la página, y así sucesivamente. Porque si se acepta la subdivisión, no tiene fin. Lo que es muy importante es el concepto, porque si vamos por 12,7 hectáreas por familia, por la letra A, eso sí que no tiene fin, porque obviamente si yo fuera de origen indígena y viviera en Santiago, también aplicaría. ¿Por qué no? Y todo el mundo aplicaría. Lo peor de un problema no es que sea tan grave, sino cuando no se ve el horizonte para salir del infierno, si no se ve la forma de resolverlo. Porque si dicen que se van a demorar 10, 15 o 20 años en resolverlo, pero van a salir de eso, la gente hace sacrificios, se esfuerza. Esto es como un círculo vicioso, que da vueltas y vueltas, pasan los gobiernos y la situación se va deteriorando cada vez más. Si es verdad lo que dicen el intendente y el subsecretario, y pienso que es así, y al problema indígena se suma un desarrollo mayor del germen de crimen organizado por contrabando de madera, entonces estamos hablando de temas mayores.”. Por su parte el señor Lavado, expuso lo siguiente: “Señor Presidente y señores diputados, les agradezco esta gentil invitación que me hace cumplir con mi deber cívico. Me siento honrado de estar aquí con gente que he trabajado en La Araucanía y que nos ha ayudado a hacer cosas que van en beneficio de los pueblos indígenas. Mi empresa se dedica a la gestión del conocimiento, mal llamadas consultoras. Nos dedicamos a los temas de competitividad. Soy doctor en economía, doctorado en el País Vasco en los temas de competitividad y responsabilidad social. Vivo en La Araucanía, comuna Padre las Casas, en una comunidad indígena, y conozco la realidad de los pueblos indígenas ya que trabajo con ellos desde hace doce años, cuando el Presidente Aylwin nos invitó, junto con mi socio señor Jorge Maldonado, no siendo de su sector político, a colaborar en los temas de asuntos indígenas. Llegó a mi oficina y me sentí muy alagado. A partir de ese momento -estaba dedicado a la economía- vuelco todo mi conocimiento hacia la competitividad, que se aboca a cómo superar las brechas y las desigualdades que existen, y cómo entregar herramientas para que tanto las comunidades como los pequeños empresarios puedan salir adelante y mejorar su calidad de vida. En ese marco llevo trabajando diez años en temas de asuntos indígenas y competitividad. Mi empresa ha ejecutado más de 1.200 proyectos en Chile y en el extranjero, y trabajaba hasta el año pasado con 24 profesionales. Hoy estoy con dos o tres, trabajando en temas de asuntos indígenas. Me tocó evaluar el Programa Orígenes en todo Chile, una evaluación muy negativa, que significó la decisión de cortar el programa y reformularlo. Propuse el acuerdo que hizo Conadi con la Corporación de Desarrollo Indígena de México, que lleva más de 80 años trabajando en los temas indígenas, y tienen mucho que enseñarnos respecto de los 20 años que lleva Conadi. En esa gestión trabajé con don Álvaro Marifil, también con mi socio. Hubo intercambios, ferias. Inventamos muchos proyectos para estimular el emprendimiento, en fin. He hecho una larga lista de proyectos en beneficio de las comunidades. Respecto del emprendimiento, le quiero agradecer al diputado Saffirio, cuando era rector de la Universidad Mayor, que nos colaboró en algunas de las iniciativas cuando no teníamos dinero, solo ganas y empeño de hacer las cosas. Nos facilitó salas, porque esto lo construimos todos. El diputado Venegas nos ha acompañado en los premios de Capital Semilla y Emprendimiento Digital, en Malleco. No soy de Malleco. Me casé con una temuquense y vivo hace veinte años en La Araucanía. Les quiero decir que las cosas que se han planteado aquí son como el ADN de la situación. La identidad indígena, lejos de pluriculturalidad y todo, es un patrimonio nacional, y en la medida que ese patrimonio no se ponga en valor nunca va a tener el mérito ni nuestros indígenas podrán sentirse reconocidos, respetados y valorados en su diferencia. Señor Presidente, fuimos con su hermano y un grupo de alcaldes -viajo casi todos los años a Europa- y pasamos por el País Vasco, porque tiene la economía más competitiva del mundo, siendo un país diferente y con características muy similares a las nuestras. En este tipo de proyectos he trabajado, pero lamentablemente hay gente que cree que si uno piensa distinto a él se convierte en enemigo. En los últimos años me tocó pelear por el Plan Araucanía 7. Soy doctor en economía, con tesis doctoral en competitividad. En esta materia se encuentra también Manfred Max-Neef, en Valdivia; el doctor Luis Martínez, en Santiago, y quien habla, en La Araucanía. Hice ver que el Plan Araucanía 7 era una falsa, era mentirle a la gente, y no validé ese programa, porque saltar del quinceavo lugar del ranquin de competitividad al séptimo es una mentira, es una locura. Esto se lo hice presente a mi amigo Carlos Isaac, seremi de Economía de la zona, a mi examigo Jorge Retamal, director de Conadi, compañero en el MBA, y les hice ver que no me podía comprometer ni firmar algo que no era verdad. Bueno, eso me costó caro. Pasaron los años y se terminó el gobierno, y les pregunto en qué lugar del ranquin estamos. En el quince. Aquí hay un largo expediente de oficios, cartas, recibos, documentos, porque algo que tenemos en la empresa, y de haberme formado con los jesuitas, es el rigor. En todos los proyectos que mi empresa ha ejecutado, en distintos ámbitos, desde la Presidencia de la República hasta hoy con la Fundación Dialoga, lo que hago en Malleco -hoy estoy haciendo el plan de sostenibilidad de Malleco para los próximos 10 años-, trabajamos con profesionales de elite, porque mi único patrimonio es el rigor profesional con que hago las cosas. No presenté un reclamo como tal. Esto fue de la siguiente manera. Mi empresa estaba ejecutando dos proyectos con Conadi, como lo ha hecho históricamente, de los miles que ha realizado con Sercotec, Corfo, etcétera, y pasó lo siguiente. En algún momento de la ejecución de estos proyectos se acerca un funcionario de Conadi a hablar conmigo porque habían desarrollado un Campeonato de Palín, que había salido en la televisión y en otros medios de comunicación. Resulta que venía el ministro y necesitaban 8 millones de pesos. Me dice: Usted está comprometido con nosotros, siempre nos ha colaborado, está comprometido con los pueblos indígenas. Mucha gente me conoce y sabe que lo tengo en mi alma y espero por muchos años seguir haciéndolo, aunque me hayan vetado. Les manifesté que no contaba con 8 millones de pesos para darles y salvar la situación de que venía el ministro. Le dije: Ya que es tan urgente esto, le voy a pasar 1 millón de pesos. Le pasé 1 millón de pesos para el Campeonato de Palín, con los recibos. Le dije, por último vayan y compren los caballos para el evento. Él venía de parte del director de la Conadi, que es el señor Jorge Retamal. Fuimos compañeros en el MBA. Estuvo por un tiempo haciendo conmigo algunas cosas en el tema de responsabilidad social. Si se me pregunta si denuncié, más que denuncia, le escribo al director de la Conadi diciéndole: No obstante de la dificultad experimentada de los proyectos que le hago, como le consta, nuestra empresa ha estado disponible para colaborar en todo lo requerido por la Conadi y como muestra de ello es que accedimos a participar en el dinero requerido para financiar el Campeonato de Palín que organiza esa corporación. Lamentablemente, no contaba con los recursos para anticipar el total del monto pedido, pero si hubiese contado con ello, usted bien sabe que lo hubiese hecho. Por último, informo y aclaro a usted que no participé en la licitación de dicho programa para evitarme un nuevo problema, ya que el proyecto había comenzado a ejecutarse meses atrás e, inclusive, había salido en diferentes medios de comunicación local. Esa es la causa real por la cual no quise participar y no otra que le pueden haber informado torcidamente. Señor Presidente, aquí está la copia del documento ingresado en la Oficina de Partes a la Conadi. Él no hizo un sumario ni nada, porque obviamente. Aquí están las otras cartas donde pedía audiencia, en más de quince oportunidades, a él, al fiscal y a todas las autoridades de la Conadi para que vieran la irregularidad de esto. Es más, señor Presidente, me cobraron boletas de garantía de proyectos vencidos. El fiscal de Alta Complejidad y no podía creerlo. Y borraron todas las pruebas y todos los antecedentes, y hay otros juicios por eso. Y resulta que decían que nosotros no habíamos entregado los informes. Producto de una reunión que tuve con las autoridades regionales, el actual seremi de Desarrollo Social -alumno mío en la universidad- me dice: Qué pasa con Gestiona, Eduardo, que no está haciendo nada, que es la consultora más importante en el sur de Chile. Le dije: Cómo voy a venir a molestarte con esto. Pero no puede ser, tienes que hablarlo con el subdirector, me indicó. Fui a hablar con el subdirector y resulta que todas las carpetas e informes que entrega mi empresa son con este estándar, el logo de Gestiona y con todas las imágenes corporativas, y el subdirector recién se da por enterado del tema y me manda hablar con la jefa del Departamento de Desarrollo. Mientras la espero, en el mueble de ella estaban todas las carpetas, los informes finales y financieros, y de eso hay testigos. En definitiva, me ocultaron la información; no me pagaron. Hice la denuncia a la Contraloría, que me encontró toda la razón, pero me dijo que de litigio tenía que ir a los tribunales. Ingresé la demanda en tribunales y hace veinte días ordenaron el embargo de la subdirección de la Conadi para pagarme los saldos que no cancelaron. Por eso que va el fiscal de la Conadi para hablar conmigo, y me cita el fiscal de Alta Complejidad, pero yo no había hecho nada. En total son 100 millones, aproximadamente. He comprado caballos para las comunidades, para ayudarlas, porque no hay plata. Vivo en Maquehue, me siento parte de las comunidades y si puedo hacerlo, feliz ayudo. Creo que el enojo no fue tanto por el dinero, sino porque no participé en la licitación, y no lo hice porque era participar en algo que ya estaba viciado. Entonces, me devolvieron la plata. No sé quién se ganó la licitación o cómo lo hicieron, porque no es mi tema. La molestia llegó a tal punto que incluso respecto de proyectos que estaban cerrados, vencidos, ellos me hicieron un decreto cerrándolos anticipadamente. Por ejemplo, respecto de un proyecto que terminaba el 30 de mayo, ellos en noviembre lo cierran anticipadamente. Aquí tengo los decretos firmados, porque la orden fue bajarme la cortina. Hay resoluciones basadas en no ha lugar, en nada, la Contraloría y todo, al punto que el Segundo Juzgado Civil de Temuco ordenó el embargo de Conadi si no pagaba. ¡Es una cosa absurda! Imagínense que una boleta de garantía de fiel cumplimiento vencía el 30 de mayo. Ellos la mandaron a HDI Seguros el 30 de noviembre y me hicieron efectiva la póliza de un proyecto que estaba terminado, con los informes financieros y de operaciones entregados, y me dicen que no los entregué y no cumplí. Ahora, gracias a Dios, con absoluta transparencia, el subdirector se dio cuenta de que lo que hicieron fue ocultarme información para no pagarme y provocarme un daño millonario. Quiero decirles qué significaron los 100 millones. Tenía mi casa pagada y para seguir trabajando y hacer las cosas, volví a hipotecar mi casa en el Banco BCI y pedí un crédito hipotecario para pagar las deudas que no pude pagar, producto de todo lo que no me cancelaron. Con Andrés Molina tuve otro problema. Es otra situación de irregularidades; todas informadas. Al intendente Huenchumilla le informé por escrito de estas irregularidades; a su abogado, etcétera. Con Andrés Molina pasó lo siguiente. Mi empresa, en 2011, hizo un convenio con la Empresa Valnalón, que es la empresa de educación para el emprendimiento más importante del mundo. Producto de que un compañero del doctorado estaba allá, hicimos un convenio y les pedí traer a Chile su proyecto educativo de emprendimiento, pero con la condición de que partiéramos por La Araucanía. Desarrollamos ese proyecto en varias comunas de la región y fue un éxito; se finalizó en la plaza, con 5 mil alumnos, entre padres y apoderados. Fue elegido entre las diez iniciativas más innovadores de Chile en educación técnico-profesional, porque a los niños les entregamos herramientas para emprender y para el autoempleo, cosa que cuando no tengan trabajo, se las arreglen, y en ese proyecto me ayudó su hermano, señor Presidente, en Gorbea. Lo hicimos en Lastarria y en Gorbea, dentro de las comunas que recuerdo. Producto del éxito, Andrés Molina, terminada la ceremonia de la plaza, dijo que era brillante y que había que repetirlo, y le ordena al señor José Luis Velasco, director de Corfo, repetir el proyecto. Iniciamos el proyecto y en marzo se hizo su lanzamiento, con la venia de ellos; me corrigieron el proyecto y contraté a la gente para ejecutarlo. Eran seis profesores, los once municipios. Este proyecto iba a contemplar a 1.800 alumnos. Me dijo: Se va a demorar la tramitación del pago, pero no te preocupes porque yo te voy a pagar. Listo. Yo confío porque trabajo con el Estado. Hice el lanzamiento del proyecto con ellos y el 25 de mayo me llega un correo de José Luis Velasco, y me dice que el proyecto no se va a aprobar porque no se puede financiar dos años seguidos el mismo proyecto, con la misma línea de financiamiento. Le contesté y le dije que no me dijera esto ahora. Vinieron los españoles, se hizo el lanzamiento y tengo todo pagado. Claro, José Luis Velasco puede ser un buen hombre, pero cuando ponen a un profesor a administrar la chequera de la región y no sabe la diferencia entre la UF y la UTM, por eso estamos como estamos. Con todo respeto. Es mi sector político. Se decía que este era el gobierno de los mejores, pero ahí está la evidencia de que no lo era. Y se lo hice ver. Le dije: ¡Cómo me hace esto ahora! ¿Qué hago? ¿Despido a la gente? ¿Cierro el proyecto? ¿Llevo a las 8 mil personas a la plaza para decirles que se acabó el proyecto? En ese momento, Andrés Molina, me dijo, Eduardo, no te preocupes, yo te voy a pagar. Financia tú el proyecto y yo veré la fórmula en que te voy a pagar. Le dije, bueno, tengo a los españoles aquí, quiero que nos reunamos. Hicimos todo eso y yo seguí trabajando en el proyecto. Bueno, mi socio me retó, que cómo era posible que confiara. Faltaban cinco días para que terminara el gobierno y mientras tanto yo seguía reuniéndome con él, con Jefferson Adaro, sí, le vamos a pagar. No te preocupes, Eduardo. No pares el proyecto, porque parar él significaba un escándalo político. Le informo por oficio todo lo que estaba pasando, le decía: Tengo que pagar, mi crédito vence en diciembre. Para ese proyecto había pedido 50 millones al Banco BCI y los ejecutivos lo saben. ¡Todos saben! Dos días antes de entregar el gobierno le pone un correo a mi mujer, porque no me dio la cara. Le dijo que por favor lo llame, porque son excompañeros del Colegio Alemán, para decirme que lo siente mucho, que no me va a poder pagar; que lo siente en el alma, pero no consiguió la plata, lo que ahondó mi situación financiera. Entonces, ahí está el vínculo que existe entre ellos de bajarme la cortina. Aunque así sea, insisto que le mintieron a La Araucanía con el Plan Araucanía 7, pues fue un invento que no mejoró en competitividad en nuestro gobierno. Al contrario, quedamos peor, y me acuerdo de las peleas del diputado García cuando decía esto y parecía que estuviera solo contra el mundo. Como soy un hombre técnico y trabajo en mi empresa no participo de los temas políticos. Sin embargo, le envié un informe casi de 60 páginas, haciéndole ver el asunto técnicamente. A la larga, fui perjudicado en plata, pero tuve que despedir a veinte personas. Tengo dos pisos en el edifico Nueva Araucanía, los pisos 10 y 11, que tienen una capacidad para 26 profesionales que allí trabajaban. Entonces, les digo que están entregando tierras a los indígenas de Maquehue, gente de mi comunidad, pero se la entregan en Curacautín, y resulta que allí no vive nadie; y para vivir en las mismas ranchas que Maquehue. Les digo, Jorge Retamal, Andrés Molina y Carlos Isaac, si quieren ser competitivos, ¿cómo están entregando terrenos productivos y transformándolos en improductivos? Porque si al menos les entregaran tierras, capacitación, tecnología y capital de trabajo, entonces ahí sí que estarían haciendo un proceso de transformación para ser más competitivos. Quiero contarles una anécdota al respecto. Fui jefe de gabinete del presidente del Banco Central, quien decía, una cosa es sacar bencina para irse a la casa y otra cosa es comprarse una casa con bencina. ¿Por qué estoy aquí? Porque mi tema es La Araucanía y si no hay dinero, ¡no importa! He trabajado por años en comisiones de temas indígenas, y con Jorge hemos hecho proyectos extraordinarios en beneficio de ellos. Hoy, junto a Fundación Dialoga, estamos trabajando con diez municipalidades y con los mapuches urbanos de Santiago, que son los pobres de los pobres. Entonces, si puedo colaborar técnicamente, cuenten conmigo y con mi empresa. Acabo de escribir el último libro sobre responsabilidad social empresarial”. En su sesión de fecha 15 de octubre de 2015, la Comisión recibió al señor Yury Coliqueo Jarpa, funcionario de la Unidad de Tierras de la Subdirección Sur de Conadi, quien expuso textualmente lo siguiente: “Señor Presidente, traje una presentación. De acuerdo con el tiempo que me asignen puedo ajustarla para mostrar algunos antecedentes. En ella está bastante claro lo que quiero exponer. La idea es exhibir algunos de los antecedentes de que dispongo y dejarles una copia. En la primera imagen de la presentación pueden ver mis datos personales. Soy profesional mapuche, ingeniero agrónomo. El 20 de agosto de 2008 ingresé a la Conadi a través de un concurso público. A partir de esa fecha me he desempeñado como profesional de apoyo de la Unidad de Tierras y Aguas de la Subdirección Nacional Sur de Temuco. Mis principales acciones: atención de público, a los dirigentes de las comunidades, respuestas de cartas, consultas y otros, coordinación en los procesos de compra con los propietarios o representantes de los mismos para el correcto progreso del proceso técnico-administrativo que desarrollamos con cada predio; coordinación de la visita a terreno, confección de informe agronómico y la valorización del predio, que desde hace un tiempo realizamos en conjunto con otros colegas. Respecto de algunos antecedentes que tienen relación con el proceso de compra, la letra b) del artículo 20 de la Ley Indígena crea un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, por el cual nuestra corporación Conadi ha funcionado. Ahí se describen, y ustedes deben manejarlo con claridad, cuáles son las indicaciones de ese articulado. El artículo 6° del Decreto Supremo N° 395, de 1993, establece el procedimiento que se va a desarrollar en el proceso de compra, en relación con la ley 19.253, artículo 20 letra b). También se señala que, en tal caso, el director nacional, previo informe jurídico-administrativo sobre cada una de las solicitudes, resolverá la compra de la propiedad sobre la base de: el número de personas o comunidades, la gravedad de las situaciones sociales -para un alto número de familias o para toda una comunidad- y la antigüedad del problema. Ahí queda establecida esa condición. Para ustedes debe ser conocida la Resolución Exenta N° 878 de 2003, El Manual para la Aplicación del Procedimiento para la Compra de Tierras, donde se establecían, paso a paso, cada una de las etapas que llevaba este proceso de compra: primero se establecía aplicabilidad, en que las comunidades entregan antecedentes, su demanda territorial y, si aplicaban, pasaban a la siguiente etapa, que era la viabilidad, factibilidad y concreción de la compra. En el caso de la viabilidad, donde he estado más involucrado, es la presentación del o los predios, el estudio de títulos, el estudio agronómico, la aceptación del predio por la Comunidad y el Informe de Colindancia, regulado por el Memorándum Nº 495, de 2007. En la etapa de factibilidad, principalmente se consideraba una prenegociación, el informe de mensura y tasaciones, y se consideraba el proceso de negociación. La Comisión estaba integrada por el subdirector- en este caso subdirector sur de Conadi-, el encargado de ULTA (Unidad local de Tierras y Aguas), el jefe del Departamento de Tierras; un asesor técnico, que idealmente es la persona que hace una presentación y que había visitado la propiedad y conocía las características del predio, y también existía un ministro de fe, que era un abogado de la unidad o quien se designara. En el proceso de concreción, había una Resolución que aprobaba la compra. Se considera la firma de la Escritura, la entrega material del predio, la inscripción de la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces y la inscripción en el Registro Público de Tierras como predio indígena. Por lo general, se compran predios que no son indígenas, los que pasan a ser indígenas y en esa condición, no pagan impuesto territorial. También debo mencionar que, a través de un dictamen de la Contraloría General de la República de 2011, se revisó el procedimiento de la Resolución N° 878 y se indicó que vulneraba el ámbito de la potestad reglamentaria que, sobre la materia, tiene el Presidente de la República a través del Decreto N° 395. Posteriormente, producto de lo anterior, hay una Resolución Exenta de 2011, que deja sin efecto la Resolución Exenta N° 878 y eso marca, desde esa fecha, un antes y un después en los procesos de compra que llevaba Conadi. Hemos trabajado sin un procedimiento administrativo formal en los procesos de compra para el artículo 20 letra b). Como consecuencia de lo anterior, con fecha 13 abril de 2012, se hizo una licitación para la contratación de tasadores que fue declarada desierta y se instruyó vía correo electrónico que los profesionales con más “expertise” en el tema eran los que iban a empezar a trabajar en relación con la evaluación de las propiedades en cuanto a la valorización de los predios. Hay un organigrama que, incluso, está en la página web institucional: a la cabeza está el director nacional. En esta institución jerarquizada y subordinada se establece cómo funciona el organigrama institucional. El artículo 7° de la ley 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinario. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta su superior jerárquico. Como mencioné al principio, dentro de mis obligaciones, principalmente, ha estado la de ser un profesional de apoyo. Hay también un organigrama diferente, donde arriba está la Dirección Nacional, que es donde se toman las decisiones. En el caso particular del proceso de compras, la revisión de las carpetas se hace en la fiscalía y el Fondo de Tierras y Aguas, que es donde se desarrollaba la negociación. El director, como indiqué antes, a través de una resolución, aprobaba finalmente la compra del predio y en la Dirección se hace un trabajo más técnico. Existen profesionales que van a terreno y desarrollan ese trabajo, ya sea con los predios u otros. Ahí es donde está la subdirección, dirigida por el subdirector nacional; un jefe de la Unidad de Tierras y Aguas, y bajo esa tutela están los profesionales de apoyo que hacen una serie de informes que se utilizan como insumos para la decisión final de compra, el informe jurídico de colindancia, el de mensura, el informe agronómico de sustentabilidad y el informe de valorización o de tasación. En el tema jerárquico, con la Resolución N° 878, estaban: el subdirector, el gabinete, la Unidad de Tierras, los encargados de programas a, b, c y d y los profesionales de apoyo, quienes confeccionaban los informes técnicos. Para avanzar y tratar de terminar mi exposición, quiero dejar un poco claro qué ocurría con la Resolución N° 878 y sin ella. Como mencioné al principio, en el proceso de compras, para definir la negociación, se generaba una Comisión. En cambio, sin la Resolución N° 878, esa Comisión no estaba presente y había una persona encargada de negociar los predios. Un propietario ingresaba una oferta final y aparecía la Resolución que aprobaba la compra. Desapareció esa Comisión que estaba integrada por el subdirector, encargado de la ULTA, el jefe del Departamento de Tierras, un asesor y un ministro de fe. También tengo algunas consideraciones del trabajo técnico, que tiene que ver con la evaluación de los predios. Nosotros evaluamos las características externas e internas de la propiedad. Externas son las que tienen que ver con su cercanía con centros poblados, accesos, carreteras, cercanías con colegios y otros. Los parámetros propios del predio son: suelo, construcciones, derechos de agua, cercos, existencia de bosques exóticos o nativos u otros que sea necesario valorar. En ese caso, valoramos el suelo más todo lo que está sobre él y eso nos permite obtener el valor final de la propiedad, por lo cual debería entregar un valor y con ese valor negociar la propiedad. También, producto del trabajo de las comisiones, en forma trimestral se emite un informe desde nuestra institución a la Comisión Mixta de Presupuestos, donde se indican detalladamente las compras, lo precios, las superficies, el valor de la tasación y el valor de la venta final. Un ejemplo, que quizás ustedes conocen, es la compra de los predios Bonanza y Quitralcura, en 2012, a la comunidad Marileo, de una superficie de 430,92 hectáreas. En el valor de la tasación se consideraba el valor de suelo, de vuelo; es un predio con características forestales, la valoración externa la hizo la Conadi y un profesional realizó la valorización interna de suelos. También se valoró el cercado. Esos tres componentes otorgaron el valor de la tasación que se utilizó en ese momento: valor final de compra de 1.800 millones de pesos; la variación entre la tasación y la compra fue de 38,46 por ciento. Cuando se deroga la 878, coincide también con dejar nulo un proceso de licitación de tasadores. Antes de esa fecha había tasadores externos que evaluaban las propiedades, y los profesionales internos de la Conadi se dedicaban a revisar que ese informe estuviese acorde con la realidad del predio; también recorríamos la propiedad y con eso revisábamos esos informes, si estaban evaluadas una serie de construcciones -nosotros las habíamos visto-, si se había evaluado un bosque, teníamos la credibilidad de si servía o no. Quiero dejar claro que somos responsables de ese informe que elaboramos, así como el profesional que elabora la mensura que determina la superficie de la propiedad, el que elabora el informe jurídico, otro el informe de colindancia, todos incluidos dentro de la carpeta. Es lo que hacemos en la subdirección, donde yo trabajaba a partir de 2008. Posteriormente, la carpeta se la llevábamos al encargado de la unidad, mi jefe superior jerárquico, y él la derivaba a la división nacional, donde era evaluada. Es donde se desarrollaba la negociación, en un período con una comisión negociadora y en otro período sin comisión negociadora y donde el director nacional, a través de una resolución, aprobaba la compra. En cuanto al método hacemos una comparación de precio donde se enmarca la propiedad, principalmente a través de la comparación de valores referenciales que está en el Conservador de Bienes Raíces. De acuerdo a las condiciones de la propiedad, de la cercanía o lejanía con los otros poblados. Más que la negociación, mi participación era en las etapas preliminares de evaluación de la propiedad. Cuando la comunidad, con aplicabilidad ingresaba, a través de acta, cuáles eran los predios a evaluar, ya se había determinado qué carpeta la iba a desarrollar un tasador o un profesional de apoyo y otro llevaba otra comunidad y de acuerdo a ello se calendarizaban las visitas a terreno y se evaluaba la propiedad. La comunidad con aplicabilidad había señalado que era de su interés que se evaluara y que había pasado por la aprobación de la comunidad, a través de un acta que indicaba que la comunidad ya había aceptado trabajar con ese predio y tenía la intención de que la Conadi le comprara esa propiedad, porque ese predio reunía características que le iban a servir a la comunidad. Desde el momento en que he estado trabajando, las comunidades con las que he trabajado, son aquellas que tienen aplicabilidad. Uno de los requisitos que evalúa la fiscalía cuando recibe la carpeta es que -obviamente- el certificado tenga la resolución de aplicabilidad, que permite que nuestra institución pueda adquirir e invertir recursos públicos en esa comunidad. El informe de colindancia debería arrojar posibles conflictos territoriales. Hay una profesional a cargo de elaborar ese informe y en el cual nos basamos para dar continuidad. Si hay un posible conflicto que indique ese informe, nosotros detenemos el proceso y le indicamos a la comunidad que tiene que buscar otro predio. Hoy eso es una complicación, porque la oferta de predios para adquirir es baja en comparación a la demanda y muchos predios, como usted bien señala, colindan con alguna comunidad, lo que a futuro podría generar un conflicto. Eso es lo que debe indicar el informe de colindancia para evitar que continuemos con el proceso de compra. Lo que puedo indicar es que había un procedimiento de compra, que era la 878 que es bastante clara. Posteriormente, y es la situación en que nos encontramos hoy, no hay procedimiento. Eso es lo que deberíamos preocuparnos de construir hacia adelante, para que todas estas observaciones que ustedes señalan, estén incluidas en ese procedimiento y no se cometan errores. Hasta la derogación del 878 había tasadores externos. Posteriormente a la derogación del 878, y ahí mencionaba una fecha, comenzamos a evaluar predios -esto fue en 2012 o 2013- y en ese momento éramos dos o tres colegas que evaluábamos predios y nos distribuíamos equitativamente las propiedades. Si se compraban 30 predios, nosotros además de ver esos 30 veíamos otros, porque no solamente evaluábamos los predios que se compraban. Hubo predios que se evaluaron en los que no se llegó a acuerdo respecto al valor, y que no se pudieron comprar. Entonces, si se compraron 30 se deben haber evaluado 60. Cuando había tres colegas, un tercio, cuando habíamos dos, la mitad. Señor Presidente, quiero señalar que trataba de hacer las cosas de la forma más profesional posible. Ahora, si se pagaba 10, 20 o más por ciento sobre ese valor, no era mi responsabilidad. Solo indicaba y trataba de reflejar en mi informe lo que yo veía en el momento de evaluar el predio y eso informaba a mi jefe superior. Puedo indicar que si la instrucción era evaluar un predio, lo hacíamos, pero como he señalado, bajo cierto procedimiento. Si las primeras etapas eran salvadas y el estudio jurídico y de colindancia determinaba que había que continuar, entonces, continuábamos y obviamente el paso siguiente era medir y evaluar el predio. De hecho, cada profesional, cuando entrega su informe lo hace mediante memorándum interno, donde queda establecida la fecha y el número del cual se entrega. Ahí se adjunta a una carpeta y, una vez todos los informes en esta, se entregaba al encargado de la unidad, que la derivaba a quien correspondía para que siguiera el paso siguiente. Señor Presidente, como no hay un procedimiento que determine hasta qué porcentaje se podía elevar ese valor, lo que contribuía dentro de mi trabajo era determinar el valor. Si se pagaba equis porcentaje sobre él, no era mi responsabilidad. El trabajo técnico era de la Subdirección y la decisión final de compra se determinaba en la Dirección Nacional. Quien aprobaba el valor final era el director, a través de una resolución exenta. Es factible que haya ocurrido que la tasación de un predio equis tenga un valor, pero que quienes negocian ofrecen un determinado precio, y en ese caso podrían no haber llegado a un acuerdo. Lo que nos preocupa es que no existe un procedimiento claro y preciso que nos permita guiarnos. Sería bueno, para evitar especulaciones. Respecto de si hubo o no irregularidades, podría decir que el trabajo técnico de la supervisión siempre ha sido el más riguroso, y nosotros llegamos hasta ahí. A lo mejor eso puede ser evaluado o no, pero he sido lo más profesional posible. Cuando la carpeta era derivada -no me atrevo a decir que ocurría ahí-, por ejemplo, la Dirección Nacional conversaba con el propietario y se llegaba a un acuerdo del valor. Entonces, habría que preguntarles a esas personas qué sucedía ahí. Quiero hacer la siguiente acotación. El 27 de agosto de 1999 se generó un documento llamado Política de Tierras, el cual fue aprobado por el Consejo Nacional de la Conadi. En una de sus páginas se indica que hay un principio de aplicación de la política de tierras de la Conadi, y en la letra ñ) se establece que el valor máximo a pagar por encima de los valores referenciales que arrojan las tasaciones, será de un 10 por ciento. Eso fue lo que se aplicó en su momento, pero al derogar la resolución N° 878 quedó sin esa condición y los valores que arrojaban las tasaciones eran un insumo más, porque no había un referente al cual llegar. Incluso, se podía superar eso ampliamente, y era decisión de la autoridad que firmaba la resolución de aprobación de compra aceptarla o no. Me imagino que el director nacional habrá tenido alguna orientación o informe que indicara si era factible la compra, por sobre un valor determinado. Diría que los profesionales técnicos se dedican a hacer una labor técnica, en mi caso de evaluar las propiedades, aplicando todo mi conocimiento y experiencia, en la cual la institución me ha instruido y ha formado a varios profesionales para hacerlos más rigurosos, con la finalidad de que se pague el justo precio y, obviamente, de resguardar los recursos fiscales que son de todos los chilenos. Esa es mi misión y eso es a lo que me he dedicado.”. En su sesión de fecha 22 de octubre de 2014, la Comisión recibió al señor Francisco Huenchumilla Jaramillo, intendente de La Araucanía, quien expresó textualmente lo siguiente: “Señor Presidente, antes que todo quiero decirles que he concurrido con mucho gusto a esta Comisión, porque sé lo que significa la Cámara de Diputados en nuestro sistema político, amén de que tuve el privilegio y el honor de estar aquí por 12 años, de tal manera que conozco su funcionamiento y sé que los funcionarios públicos tenemos la obligación de concurrir a aportar los elementos de juicio para que esta instancia constitucional pueda tomar buenas decisiones. De tal manera que no solo cumplo con la ley, sino que también me parece muy pertinente estar acá. Respecto de la pregunta del señor diputado, naturalmente que cuando uno usa un lenguaje, no está buscando usar una figura literaria para ver cuál es el sentido que el diccionario le da a tal o cual concepto. Sin embargo, no deseo eludir el fondo del tema, y quiero decir a los señores diputados que este cargo de intendente me encuentra en una etapa de mi vida en la cual no tengo ningún tipo de ambiciones políticas y profesionales, porque ya lo he vivido todo. En consecuencia, si acepté ser intendente fue porque me lo pidió la Presidenta, pero con la más amplia libertad para opinar, a estas alturas de mi vida, sobre estos temas. En eso se enmarca la pregunta del señor diputado, en el sentido de que creo que cuando los gobiernos están sustentados en coaliciones de muchos partidos, hay un peligro, porque, para el ejercicio del poder, esa coalición tiene que estar representada en todos los ámbitos del quehacer del Estado. Creo en los partidos políticos y en el funcionamiento de la democracia, pero cuesta tener una coalición de muchos partidos que pueda realmente cuadrar la caja -como se dice popularmente-, porque cada partido tiene sus intereses, sus puntos de vista, sus divergencias. Cada partido piensa distinto, y así ha sido en los últimos 25 años en Chile. Primero tuvimos una coalición llamada Concertación, donde todos esos partidos tenían intereses distintos, visiones distintas, doctrinas distintas, historias diferentes, pero que lograron tener un mínimo común denominador, que los llevó a la conducción del Estado, aun cuando no estuvo exenta de cometer muchos errores. La coalición del Gobierno pasado tuvo dos partidos, y era más bien pequeña, pero tuvo también numerosos problemas en la práctica de manejar el Estado, y en la Región de la Araucanía, sucedió exactamente igual, pues los conflictos eran evidentes y permanentes. En consecuencia, creo que el Gobierno debe tener la sabiduría para manejarse con esas coaliciones, que son multipartidistas. Cuando un servicio se vuelve monocolor, eso le hace mal al Estado. No hablo de un partido específico, sino de todos, porque eso da origen al conflicto, que no le hace bien al desempeño de la función pública. Personalmente, creo que como Concertación cometimos muchos errores y tuvimos malas prácticas, que nos llevaron a perder el gobierno. Por lo tanto, no me gustan los servicios monocolor cuando se tiene una coalición múltiple. Por otro lado, no hay democracia sin partidos políticos, de tal manera que cuando la gente tiene una visión negativa de los partidos políticos, es lamentable porque la democracia no funciona sin estos. Pero el ejercicio del poder es muy complejo. Entonces, cuando hago una crítica en ese sentido, estoy constatando una realidad. Me gustaría que todos los servicios fueran el reflejo de que realmente están apoyados, porque así hay un mejor control de las cosas que se hacen; hay un autocontrol. Ese es todo el punto, a eso me refiero. Esto sucede en todos los países: en Estados Unidos, en Alemania y en muchos más. Donde hay partidos políticos, se presentan estos problemas y se busca la solución. Tan simple como eso. Ese es mi punto. Creo que no puede haber secuestro del Estado por parte de los partidos políticos. Los partidos políticos están reconocidos en la Constitución Política. Existe una ley que establece que los partidos políticos son entes de derecho público; por lo tanto, están en nuestra institucionalidad. De manera que el punto no es jurídico, como tampoco es un problema penal. El punto es estrictamente político, y tiene que ver con la manera cómo una coalición se maneja respecto del ejercicio del poder. Ese es todo mi punto. Señor Presidente, al señor diputado -a quien me da gusto volver a encontrarlo acá- deseo recordarle que ambos conformamos, en su momento, la Comisión que estudió la ley Indígena por el año 1990. Incluso, recuerdo un detalle, que el día que se votó en general en la Comisión, yo no estaba presente y el Presidente de esa Comisión fue precisamente el diputado señor René Manuel García. En consecuencia, conocemos esta legislación desde sus inicios, desde que fuera enviada por el Presidente Aylwin. El punto es el siguiente. Esto fue en los años 1990, 1991, 1992. La ley Indígena fue publicada en el Diario Oficial el 5 de octubre de 1993. Han pasado 20 años y Chile cambió, el mundo cambió, todo ha cambiado. La Conadi es hija de su tiempo, porque en ese minuto las organizaciones indígenas, lo que pedían, en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989, era una corporación que se dedicara fundamentalmente al desarrollo con identidad. Entonces, la Conadi fue diseñada para una situación política diferente; como un servicio público más encargado de hacer políticas públicas, de superar la pobreza, de hacer desarrollo, de comprar tierras en un periodo de normalidad. Pero después de 20 años, la situación se ha transformado en un problema de naturaleza política, porque lo que hoy está enfrentando el Estado con los pueblos indígenas ya no es un problema de una política de desarrollo o simplemente un problema de pobreza. Hoy estamos enfrentados a un problema grave, cuya naturaleza es política. Entonces, cuando digo que la Conadi no es la institucionalidad que el Estado necesita, es porque la naturaleza del problema cambió. Por lo tanto, el objetivo que tenía la Conadi, en su estructura legal, estaba hecha para otra situación, para otros tiempos, para otros problemas. La situación que estamos viviendo en La Araucanía requiere de una política multidimensional. Pero una de las cosas que requiere es que el Estado debe tener una institucionalidad acorde con los problemas que estamos teniendo. Y, a mi juicio, la institucionalidad de la Conadi no responde a los graves problemas políticos que tenemos en la Región de La Araucanía. Entonces, esta no es una crítica a la persona del director o a la persona de los funcionarios, sino que es una crítica orgánica respecto que el Estado carece de una institucionalidad acorde con la gravedad de los problemas políticos que tenemos en la Región; ese es mi punto. Por lo tanto, creo que necesitamos una institucionalidad con mayor poder político dentro de la institucionalidad del Estado, que pueda encarar estos problemas, tener suficiente peso, facultades, atribuciones y presupuesto. Por consiguiente, le exigimos a la Conadi una tarea para la cual no fue diseñada, y está superada en esos términos. Señor Presidente, creo que el señor diputado ha tocado un punto crucial en cuanto a la política de Estado respecto de las tierras. Señor Presidente, señalaba que este nombramiento me toma en una parte de mi vida en que ya soy una persona de la tercera edad. Por lo tanto, miro la vida sin ansiedades. Como país hemos cometido muchos errores. Por eso que no politizo el tema, echándole la culpa a un gobierno u otro. Todos los que hemos estado al mando del Estado, hemos cometido errores. Uno de los graves ha sido comprar tierras, trasladando a comunidades de una comuna a otra. Tenemos cantidad de comunidades que se trasladaron de una comuna a otra, con todos los problemas que eso significa: adaptación, vecindad con las comunidades y con los no mapuches. Cuando asumí como intendente, paralicé esa situación ya que no corresponde, porque trae muchos más conflictos; es un gran error que han cometido todos los gobiernos, sin distinción. Este es un tema país. Muchas veces he hablado muchas barbaridades, cuando muchos de mis colegas que están aquí saben que no es mi naturaleza ser así, pero es para que nos escuche el país. Cometimos muchos errores en la época del salitre, y también en 1970 y 1973, cuando el país colapsó. Este es uno de los temas más graves que tenemos como país y no quiero que nos equivoquemos. Entonces, la política de compra de tierras, trasladando a las comunidades, es un grave error que hemos cometidos todos. Mi opinión, es que no podemos seguir cometiendo ese error. Lo segundo, es que hemos comprado tierras y no le hemos dado habitabilidad, en el sentido que dice el diputado. Compramos un fundo de 700 u 800 hectáreas, que estaba productivo, y cuántas familias se van para allá. Se van tres o cuatro familias, y el resto no se va. ¿Por qué no? Porque no tienen donde vivir, porque no hay casa. Lógicamente los fundos tenían un par de casas, pero no para cuarenta o cincuenta personas. ¿Con qué se encuentra el Estado? Empiezas con distintos servicios públicos al compra huevos y te vas a la otra esquina. ¿Podemos hacer una casa? No se puede, porque tiene que haber agua. ¿Podemos tener agua? No, porque no hay gente. ¿Podemos llevar electricidad? No, porque primero tiene que estar la casa, y suma y sigue. Estamos todos metidos; este no es un tema mío, de este gobierno, ni de los anteriores. Es un tema nuestro, como país; como chilenos que estamos a cargo del Estado. Vamos a hacer un programa de habitabilidad, queremos corregir esas cosas, lo que podría hacerse con una glosa en la Ley de Presupuestos. Dejo planteado de cómo le damos habitabilidad a esas tierras. La Región de La Araucanía tiene miles de hectáreas productivas, pero estamos comprando tierras y dejándolas improductivas. Por un lado estamos solucionando un problema político de demanda de tierras y, por otro, creando un problema de productividad. He planteado que vamos a elaborar un programa de habitabilidad, pero necesitamos tener una bajada legal que nos permita hacer todo eso. La Presidenta y el gobierno están conscientes de que ahí hay un problema. Para ello no podemos tener una ley, que va a demorar dos o tres años en tramitarse. Una posibilidad es que en la Ley de Presupuestos tengamos una glosa, que nos permita interactuar con todos los organismos y nos dé facultades para eso. Es un grave problema y creo que el diputado ha dado en el punto. Cuando me refiero a habitabilidad es a todo eso y también a un proyecto de desarrollo productivo. Uso el concepto de habitabilidad integral. Conviene señalar que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es un servicio nacional que, por mandato de la ley, tiene su sede territorial en la Novena Región, en Temuco, pero jurídicamente depende directamente del Ministerio de Desarrollo Social y no de la Intendencia. Sin embargo, desde el punto de vista político hemos trabajado con una profunda y gran preocupación de parte del Ministerio del Interior. El ministro y el subsecretario de esta cartera nos reúnen periódicamente a todos los actores del aparato público -incluido yo- de la Región de La Araucanía para buscar los caminos y concordar las políticas que se van a tomar respecto de este tema. De tal manera que, en ese sentido, hay una plena coordinación. Estoy convencido, desde el punto de vista político, de que el conflicto que tenemos en la Región de la Araucanía no tiene solución si no resolvemos el problema de las tierras. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? Es uno de los grandes temas que tenemos sobre la mesa, porque, tal como usted lo señala, los sucesivos gobiernos hicieron listas y listas de prioridades y compromisos con las comunidades. Por eso, en un comienzo decía que este era un tema de Estado, y no puedo desconocer que todos hemos cometido errores. Ahora hay listados: que 108, que 115, que 158. ¿Cómo hoy, como Estado, le digo a esa gente?: “Mire, me equivoqué. Resulta que la lista no corre. Resulta que ahora esto no va.”? ¡La credibilidad del Estado, de las instituciones y de los políticos está por el suelo! Las comunidades no le creen a nadie, y ahora usted está en condiciones como Estado de decir “Todo este listado ¿no sirve? ¿No vale?” Entonces, tenemos un problema por ahí. Ahora, la mayoría de las comunidades son dialogantes. Digamos las cosas como son. Tenemos información al detalle que el conflicto solo está entre el 3 y el 4 por ciento. El 97 por ciento restante son comunidades que están legítimamente haciendo sus demandas, con fuerza y con movilización, pero dentro de los márgenes que permite la democracia y que lo hace cualquier entidad, como las que vemos en Santiago o en cualquier parte del país movilizarse por sus intereses, lo cual es legítimo. Por lo tanto, ellos demandan y el Estado tiene que dar respuesta; pero el Estado, a través de los años, les ha dado muchas respuestas, diciéndoles: “Sí, este listado va a correr.” ¡Pero el listado corre poco! Por otro lado, tenemos un grupo menor, pequeño, reducido, pero altamente movilizado, que produce estos hechos en general que estamos viendo. Ahí existe una presión, tal cual usted lo describió. Entonces, uno dice: “Bueno, ¿por qué no compramos aquí?, ya que con esto resolvemos el problema.” Y resulta que ahí tiene usted a las 150 o 200 comunidades que dicen: “Pero resulta que yo estoy primero. ¿Por qué lo privilegia a él y no a mí.”? Llevo siete meses en este cargo y, aunque parezca curioso, he trabajado mucho para el Estado, pero es primera vez que estoy representando al Ejecutivo en un tema relacionado con el mundo indígena: Fui diputado -no necesito explicarles el trabajo que hace un diputado- durante 12 años por Temuco; fui subsecretario de Marina, donde los temas eran otros; estuve en el Ministerio de la Presidencia, donde los temas eran otros, y fui alcalde de Temuco, donde el cuento también era otro. Pero por primera vez estoy aquí, aunque me llame Francisco Huenchumilla, con una responsabilidad del Estado y directamente representando al Poder Ejecutivo. Con toda la experiencia que tengo, les puedo decir que, quizás, este es uno de los desafíos más complejos y difíciles que he tenido que enfrentar en mi vida. No hay una receta mágica. De lo contrario, la hubiéramos aplicado. ¿Y sabe por qué la hubiéramos aplicado? Porque en los últimos 20 años todos los grupos políticos han pasado por el Estado. ¡Todos! Si alguien hubiera tenido la receta, la hubiera aplicado. He hecho un proceso de diálogo con todos los sectores y también hemos peleado -pero eso forma parte de la vida y, ustedes, como diputados, lo saben- pero el diálogo jamás se ha roto. Vamos a conversar con los diputados de la región, porque ya hemos conversado con los 4 senadores de la zona, y hoy vamos a tener otra reunión. Probablemente, en el transcurso de los próximos días vamos a invitar a todos los senadores de Gobierno y de Oposición a tener esta conversación, para poner sobre la mesa todos los problemas que tenemos que resolver bien, para no equivocarnos. He prendido todas las alarmas y luces amarillas, por ahora, y espero que pueda haber solución. ¡Difícil!, pues este es uno de los graves problemas que tenemos y, unido a ello, está la violencia. En 1990 o 1991, en esta Cámara me tocó presidir la Comisión que investigó los servicios de inteligencia del tiempo de Pinochet. Hicimos un tremendo informe y de ahí nació la proposición de tener una ley de inteligencia, porque antes en Chile se hacía inteligencia sin ley. Se dictó una ley de inteligencia, pero creo que la institucionalidad del Estado en esa materia también requiere de un aggiornamiento completo. Ahí tenemos un tema que escapa a lo que me está preguntando. Muchas de las cosas que hago y digo, o todas las cosas que hago y digo, como nos sucede por lo demás a todos, son fruto de ciertas convicciones filosóficas que uno tiene en la vida. Si se busca la definición de lo que es democracia, se va a encontrar con que uno de los valores centrales que iluminan la democracia es la tolerancia. Por lo tanto, la otra contramedalla es que rechazo a los intolerantes y al sectarismo. La larga lucha que ha dado la humanidad por tener una democracia tolerante es aquella que se ha dado desde el siglo XIV o XV, desde la reforma y todo lo que se vio en la formación del Estado Moderno. No puedo contar la historia de mi vida, pero mi formación fue en esa dirección. Permítanme que les cuente que cuando fui alcalde de Temuco, en la dirección de la municipalidad tuve gente de todos los colores políticos, gran parte de ellos eran de Renovación Nacional. Sin embargo, los primeros que despedí fueron dos abogados demócrata cristianos, que coloqué como jefes, porque no me daban el ancho. En esa ocasión, los sustituí por un abogado de Santiago, muy preparado en materias administrativas, llamado Sergio Núñez, de Renovación Nacional. Don Sergio Núñez fue seremi de Obras Públicas del gobierno del ex Presidente Piñera. Así como él, le puedo nombrar otros jefes más. Con lo anterior, quiero decirles que mis críticas nunca son personales. No tengo nada personal en contra de Alberto Pizarro y compañía, lo mío es institucional. Estimo que si hay una coalición, en este caso de siete partidos, o en el caso del gobierno anterior, de dos partidos, y hay un servicio público dominado, preferentemente, por un partido, me parece negativo para el funcionamiento de la coalición. Ese es mi punto, independiente del partido que sea, pero si usted me apura mucho, a lo mejor encuentro un servicio en que haya solo demócrata cristianos, pero no estoy de acuerdo, porque creo que para que funcione un gobierno, cuando es coalición, hay que compartir las responsabilidades. Por lo tanto, mi acusación no es contra el director ni contra un partido determinado, sino contra el funcionamiento de una coalición que debe trabajar con la máxima tolerancia y pluralismo entre sus miembros, para tener no una pata, sino siete, porque entonces ahí hay autocontrol. Por ende, ese es mi punto, y hablo de la Conadi, porque es lo más sensible que tengo en la región. Sin embargo, si veo otro servicio que anda por otro lado y los tengo en el ojo de otros partidos que, a lo mejor, es el mío, mi crítica y mi punto con los directores nacionales y con los ministros será exactamente igual, porque creo que las cosas no funcionan así. Es por eso que a mí no me gustan las cosas pequeñas, se los digo francamente. Yo hablo con todos los ministros y con la opinión pública, porque me parece que es un tema de Estado. He trabajado en todas partes y conozco muchos secretos de Estado; trabajé con las Fuerzas Armadas, fui subsecretario de Defensa de la rama de la Marina, cuando la Presidenta fue ministra de Defensa. Me ha tocado participar en muchas cosas importantes que se han resuelto, y fui ministro de la Presidencia con el ex Presidente Lagos por casi dos años, así es que, conozco muchas cosas. No obstante, llevo siete meses en la intendencia y aún no puedo tener a la gente que trabaja conmigo como corresponde, porque mi querido amigo Andrés Molina dejó todo amarrado, hizo hasta sindicato con los directores generales, con fuero; hicieron un gremio. Así es que está todo amarrado y no puedo hacer nada. Eso no se hace y se lo he dicho por la prensa. Eso sería lo último que haría. El día que me vaya como intendente, la gente que vino conmigo, se irá conmigo. No puedo dejarles dificultades a las personas nuevas que vienen. No puedo dejar amarrada a un montón de gente. Eso es sectarismo y pequeñez. Entonces, con la Conadi mi punto no es con el director, sino con la coalición que debe entender que tiene que tener un debido pluralismo. Hace muchos años aprendí un viejo adagio que dice suaviter in modo, fortiter in re. Es decir, hay que tener la fortaleza y los fundamentos en las convicciones en el fondo del tema. Suaviter in modo significa que hay que tener mucho cuidado en la forma y en los procedimientos. En la manera de hacer política, en la forma de relacionarse en la coalición y con la Oposición; los procedimientos son básicos para que esto funcione. Entonces, se tiene convicción de las ideas que planteas. Sin perjuicio de eso, se tiene flexibilidad para el tratamiento, respeto para tratar, y el deber de buscar el modo de hacer las cosas bien. Eso es lo que le pido a la coalición a la cual pertenezco, pero que por los años que tengo me siento con la libertad de decirlo públicamente. Por supuesto que también lo he dicho como corresponde, ante los ministros y ante la señora Presidenta. Conozco la historia de Chile, cómo se formó la Araucanía, cómo llegó ahí el Estado, y le puedo decir que he recibido el máximo apoyo y coordinación con la Conadi. Es decir, la coordinación no pasa solo por mí, sino por el más alto nivel, el Ministerio del Interior. Por lo demás, creo que el problema de La Araucanía es uno de los más graves que tenemos en Chile. Esto es un tema de Estado, del cual deberíamos preocuparnos todos los partidos políticos. Es un tema difícil, que he calificado como un conflicto asimétrico. Esto no significa que exista desigualdad entre mapuches y agricultores, sino que hay un conflicto no convencional que tiene métodos, procedimientos, sistemas, tácticas y estrategias que no son las normales diseñadas para los conflictos convencionales, y esto es de máxima gravedad. Creo que para el funcionamiento del sistema democrático se necesita una oposición fiscalizadora. Como parte del Gobierno, me hace bien que me fiscalicen, porque mis funcionarios o yo podemos cometer errores. El aparato del Estado es muy grande y es difícil que a uno no se le escape alguna cosa. Yo, personalmente, debo firmar cientos de cosas y para ello debo confiar en “la mosca” que tengo al lado, pero eso no es seguro y puedo cometer algún error. No hay democracia sin oposición que fiscalice. Por lo tanto, soy partidario de las comisiones investigadoras. También soy político, no soy ingenuo y sé que aquí también hay un juego político, pero sumando y restando, siempre hace bien estar atento, y es bueno que a uno lo fiscalicen. He señalado anteriormente que el conflicto que hay en La Araucanía no se va a solucionar si no resolvemos el tema de las tierras y, al mismo tiempo, si no solucionamos el tema de la pobreza -entre un 25 y 30 por ciento-, si no le buscamos un destino productivo a la región y si no resolvemos el tema político que se viene con mucha fuerza. Cuando me refiero a estos temas, no se trata de un deseo personal, no estoy haciendo una política subjetiva, porque las personas que tenemos responsabilidades con el Estado debemos ser meridianamente objetivas y nadie se da gustos personales. Entonces, lo que yo hago es como lo que hace un cirujano, que abre al enfermo y le dice la enfermedad que ve, aunque a algunos no les gusta o sufren mucho cuando uno se lo dice. Lo que tengo, entonces, es una región de La Araucanía fracturada, una sociedad fracturada, atravesada por un conflicto histórico que viene de muchos años. Esa es nuestra tarea, resolverlo. No es un diagnóstico subjetivo, sino uno que parte de la historia, de los hechos, de la realidad. Podríamos hablar de eso latamente, pero ese no es punto. Por lo tanto, debemos resolver los problemas de tierras y de la pobreza. Si no resolvemos la pobreza, será un caldo de cultivo para la ira y la rabia que se ha acumulado durante mucho tiempo, por la falta de credibilidad en el Estado y en las instituciones. La señora Presidenta ha tenido la disposición de mandar una Ley de Presupuestos bastante sustantiva para la Región de La Araucanía y esperamos que los señores parlamentarios lo puedan discutir en el Congreso. En la pobreza dura, tenemos una tremenda carencia de infraestructura básica: caminos, agua potable, postas, escuelas y otros. Yo podría hacer muchos caminos, entregar mucha agua potable, hacer muchas postas y muchas escuelas, pero sin embargo, no entraría ningún peso a las casas de los vecinos que están al lado de camino. Debemos hacer infraestructura básica, pero lo fundamental es hacer desarrollo productivo. Hay que saber cómo poner de pie a las personas para que no sigan viviendo de subsidios del Estado eternamente. En el Gobierno anterior se creó una ADI, área de desarrollo indígena, en la comuna de Ercilla y se le entregaron 500 millones para sembrar. Cuando asumí como intendente, vinieron los loncos de la comunidad de Nauriles, a pedir sus 500 millones ¡Está bien, salieron esos millones! Quizás, el próximo año, vengan a buscar los otros 500; pero ¿podemos seguir trabajando así? No, creo que debiéramos tener un desarrollo productivo, incentivar la creación de miles de emprendedores y, así, derrotar la pobreza. La región tiene inmensas posibilidades, tremendo potencial. Apuesto por el emprendimiento y por el turismo. Hay disposición, hemos hablado con las empresas forestales y con los agricultores, pero hay que buscar la forma y el modo. Vamos a profundizar el diálogo, eso es lo que quiere el Gobierno, pero debemos resolver los temas de tierras, de pobreza y el de la nueva institucionalidad del Estado. Para resolver estos temas requerimos de un Ministerio de Asuntos Indígenas. Se viene el tema político y quiero decirlo en esta Comisión, porque la petición de 1989 y siguiente era el reconcomiendo constitucional. Hoy hay instrumentos jurídicos internacionales en el Derecho Constitucional Indígena, no solo el Convenio 169, sino también la Declaración de las Naciones Unidas de 2007. El convenio señalado es una ley de la República, fue aprobado. La Declaración no es ley, pero está dentro del derecho internacional. Entonces, la discusión que se viene es la de la autonomía y cuando discutamos eso, como es un tema tabú, creo que todo el mundo se pondrá nervioso. Entonces debemos abordar esa temática, porque es algo que se viene. He hablado de tierras, de pobreza, de nueva institucionalidad, del tema político, pero este también es un tema cultural. La sociedad mayor debe entender a la menor. Nuestra clase dirigente tiene que saber cómo se formó el Estado, donde nace esto. Esa no es una justificación a la violencia, pero es una explicación de por qué han sucedido las cosas. Señor Presidente, dentro de los cinco puntos que he dado a conocer, el tema cultural es básico. Señor Presidente, lo que dificulta todo esto, es que debemos tener presente que la política no forma parte de las ciencias exactas, porque si no sería fácil la solución. La política forma parte de las ciencias sociales y, por lo tanto, estamos hablando de un intangible. Si usted me dice: yo, con 70.541 hectáreas resuelvo el problema. Pero eso es matemática, no es política. Pero una cosa sí, los intangibles y las cosas en política se pueden resolver si es que nosotros, los actores políticos, tenemos un acuerdo político con sentido de Estado. Esto requiere de un acuerdo político y así podemos acotar. Ese es el sentido de las conversaciones que queremos iniciar y que lo estamos haciendo, primero, con los senadores y después con los diputados. Porque pensamos que este es un tema de la máxima gravedad y de la máxima importancia. Pero resulta que la Ley Indígena habla de los títulos de merced. Sin embargo, en el proceso social se metieron las tierras ancestrales. ¿Y cómo paro eso?, si es un proceso social. Alguien me va a decir que lo paramos con una ley. Resulta que en la propia Ley Indígena cometimos otro error, tal vez por desconocimiento de la clase política chilena, ¡hablemos las cosas como son! Tendría que remontarme a analizar la estructura sociológica de lo que era la estructura del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas que eran sociedades sin Estado, lo cual no quiere decir que no hubiera poder político. Porque una cosa es el poder estatal y otra es el poder político. ¿A qué me refiero con eso? Que la Ley Indígena dijo: las comunidades se podrán formar con 10 personas. O sea, le aplicamos una mentalidad occidental, una junta de vecinos con 10, pero uno nunca sabe las tácticas y procesos de los actores, cómo se mueven. Entonces, ¿sabe lo que descubrieron los actores? Que en las comunidades todos los jóvenes forman otra. Varias comunidades, cientos de comunidades se han formado. Y la más emblemática es la Temucuicui 1 y la Temucuicui Autónoma, que son divisiones de esto mismo, que nosotros como Estado hicimos y que hoy se permite, y que están en la ley. Le digo, señor Presidente, ese artículo tuvo un efecto perverso, porque desconoció la realidad sociológica y nos metimos en un tema. ¿Deroguemos eso? Lo planteo como un desafío. ¿Estamos en condiciones de derogarlo? Tendríamos que hacer una consulta, no podemos hacerlo políticamente, pero sabemos que eso nos está produciendo un tremendo problema. Porque tendríamos que hacerlo a contrapelo y requeriría de un acuerdo político unánime. El dicho dice que para comerse una rana, tienes que comerte muchos sapos. Perdóneme la expresión, señor Presidente, que sea tan gráfico. Esta es la vida política, que significa escuchar a la gente, pero también ejercer un liderazgo. Pero eso es gran política, no solo de gobierno de oposición, sino que del conjunto del sistema. En cuanto al tema de las tierras, los de merced, las ancestrales, estas nuevas comunidades, ¿podemos reducir esto a tantas hectáreas? Ese es el punto. Ahí no funciona la regla de la mayoría de la democracia, porque es un tema tan de Estado y tan complejo que requiere poner de acuerdo a todos los actores, suponiendo que no estamos pasando a llevar el hecho político de tapar con un dedo la luz del sol, porque no podemos, mediante una ley, transformar la realidad de este problema en el que estamos; por eso estamos metidos en un zapato chino. Respecto de la política, efectivamente, en 1998 presentamos un proyecto de reforma constitucional, que firmamos diez diputados, entre ellos el diputado René Manuel García, y está ahí esperando mejores tiempos políticos, que probablemente van a llegar cuando se discuta la nueva Constitución. Ahora, ¿por qué esto no se incorpora en la discusión del binominal? Porque creo requiere de una reforma constitucional y no podría meterse esta ley sin que haya dicha reforma, donde se reconozca la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, porque los derechos individuales están reconocidos en los artículos 5° y 19 y todos los numerales que tiene, pero requiere también de una consulta. Requiere de reforma constitucional. Respecto de la jubilación, no tengo opinión, pudiera ser, no me niego a que pudiera tratarse el tema. Respecto de la consulta es un gran tema. Estamos frente a un tema que en el horizonte hemos rigidizado el sistema político y hemos complejizado el sistema económico, porque la filosofía del Convenio 169 es crear confianza con los pueblos indígenas, no es un veto, porque no existe, sino crear un mecanismo para crear confianza en el funcionamiento del Estado respecto a los pueblos indígenas. Ha sido un punto controvertido en todas las partes del mundo. Por ejemplo, Canadá y Nueva Zelanda, que tienen estándares jurídicos y políticos más altos que el Convenio 169 y de lo que tenemos nosotros, no suscribieron este convenio porque tienen estándares propios más altos. En otras partes del mundo ha funcionado con muchas dificultades. En Perú dictaron una ley para hacer aplicable el Convenio 169. En Chile, el Tribunal Constitucional dijo que era una ley, básicamente programática y otras normas autoejecutables. En México, las organizaciones indígenas dicen que no les interesa el convenio. Ellos van a la justicia y judicializan los temas de inmediato, porque no le creen a este sistema de consulta. En Chile nos falta mucho para tener una institucionalidad. ¿Cada ministerio va a hacer una consulta? Obras Públicas hace su consulta, Cultura, la Conadi, Minería hacen su consulta. ¿Vamos a tener cincuenta consultas separadas por cada ministerio o servicio, o vamos a tener una institucionalidad propia de la consulta? Es un tema que no está resuelto y que forma parte de la nueva institucionalidad que debe de tener. Estamos haciendo ahora la consulta por el Ministerio de Asuntos Indígenas. Creo que partió mal, pero ahora está cambiando un poco mejor. Pero muchas leyes, normas o disposiciones administrativas o legislativas que pudieran darle agilidad al sistema político, se traban por eso mismo. Un grupo fue a hablar conmigo y me dijo que si declaraba el Mapudungun como la lengua oficial de la Región de La Araucanía. Les dije que tendríamos que hacer consulta, si es una norma administrativa. Y me dicen que no, es que […]. Yo no sé; a lo mejor tengo que hacer una consulta. Entonces llegamos a ese tipo de cosas. La consulta, señor Presidente, para responder al diputado, tengo una interrogante; tenemos ahí otro tema, otro cuento. No quiero entrar al tema de los proyectos de inversión. No tengo más capacidad de análisis que decir que yo veo un signo de interrogación. ¿De cómo crear confianza? Habrá de pasar mucha agua debajo de los puentes para restaurarla, que es la finalidad que busca la consulta. Antes de ser intendente estuve un par de años dedicado a otras cosas, la academia y conozco bastante la realidad en distintos países del mundo sobre estos mecanismos. Aquí veo una cierta interrogante respecto del funcionamiento de la consulta. Respecto de si La Araucanía requeriría de una ley especial, creo que sí, pero supone un acuerdo político. Lo que se propuso en tiempos del Presidente Piñera, después del asesinato del matrimonio Luchsinger Mckay, cuando se hizo un gran esfuerzo por parte de todos los sectores, creo que no tenía viabilidad política esa ley, porque mandaban los números, se hablaron de números muy grandes. Creo que de 10 mil millones de dólares, y es muy difícil que un ministro le recomiende a un Presidente entrar a trabajar en un proyecto que tiene esa dimensión de plata; diría que no tenía viabilidad política. Una ley especial requiere de un gran acuerdo político. Finalmente, cuando hablo de la estabilidad, me refiero al entorno del intendente, no en general; me refiero al gabinete, a los jefes de división, donde tiene que tener la libertad para tener a su gente, la que no puede quedar apernada. Respecto de las expectativas, hay que distinguir. Con mucho respeto, no sé si hay algún economista presente, pero no soy partidario de trasladar las categorías conceptuales de la economía a la política ni a la sociedad. En economía sí juegan las expectativas, en política juega la realidad, realidad que me dice que tengo el problema más grave de Chile, independiente de las expectativas. Y la responsabilidad que tengo con el Estado es resolver ese tema y para ello no puedo hacerlo solo. Yo necesito el concurso de todos, porque este no es un tema mío ni del gobierno ni del pasado; es un tema del país.”. En su sesión de fecha 12 de noviembre de 2014, la Comisión recibió al señor Rodrigo Bustos, Fiscal de Conadi, acompañado de la señora Charle Venegas, ingeniera agrícola, y de los señores Gabriel Carrillo, profesor de derecho penal y Pedro Canihuante, abogado, quien expresó lo siguiente: “Señor Presidente, deseo agradecer la invitación. Es mi segunda visita a la Comisión investigadora. Es de fundamental importancia aclarar ciertos puntos de algunas líneas argumentales y he querido venir no solo para aportar antecedentes, sino también porque considero necesario aportar elementos técnicos. Por esa razón, he solicitado la presencia de personal técnico para adentrarnos en profundidad en los elementos que permitieron la convicción del director nacional y de este fiscal sobre la presentación seria y absolutamente responsable de nuestra denuncia. Me acompaña el profesor de derecho penal, el distinguido colega señor Gabriel Carrillo Rosas; el distinguido colega señor Pedro Canihuante Cabezas, abogado, profesor de derecho de varias universidades, experto en materia indígena y derecho administrativo, y la señora Charle Venegas Pérez, profesional de apoyo del artículo 20, letra b), de la Unidad de Tierras y Aguas, de la Subdirección Nacional de la Conadi. Su profesión es ingeniero de ejecución agrícola. Todos ellos van a apoyar mi presentación. Señor Presidente, voy a comenzar explicando brevemente el estado de avance de la investigación paralela que se está llevando a esta Comisión Investigadora. Quiero señalar, con mucha fuerza, que esta Comisión Investigadora ha servido de portal para la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Tanto es así que ha permitido incorporar antecedentes que hoy obran ante el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional de Conadi, que continúa investigando y lleva cerca de mil carpetas en investigación. La Contraloría general también investiga este caso. Es decir, hay muchos actores que están investigando con el objetivo de esclarecer la verdad, pero toda la verdad. Por lo tanto, quiero señalar, responsablemente, que estamos ad portas de la presentación de nuevas denuncias y he querido compartirlas con ustedes, antecedentes que espero logren la convicción, de la cual estoy absolutamente convencido. Con la exposición quiero llevarlos al contexto del origen de la investigación. Pueden ver en la imagen que se proyecta que en unos de los diarios, principalmente de la región, aparece la denuncia de un fraude de 10 mil millones de pesos que, supuestamente, está en investigación. ¿En qué consiste la denuncia? Se presentaron denuncias por irregularidades en el proceso de compraventa de tierras y por irregularidades en el proceso de licitaciones. Se tomaron 15 carpetas de manera aleatoria, de las cuales 10 son de tierras y 5 de licitaciones. Como les expliqué la última vez, y quizás eso fue lo complejo del escenario para entender esta situación, me asiste la obligación del artículo 182 del Código Procesal Penal, que dice que el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía, serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. Por eso, en la última sesión que concurrí no pude explicar los detalles de lo que logramos por la convicción y solo expliqué los aspectos teóricos. Tenemos una teoría del caso que señala que hay un fraude al fisco y que se deben determinar las responsabilidades de las personas por sobreprecio, negociación incompatible y tráfico de influencias. ¿Cómo se materializa esta teoría del caso? Con la derogación de la resolución exenta Nº 878 -tan clara y establecida como objeto de análisis en la Comisión- se permitió, con dolo o negligencia, eliminar un procedimiento que se encontraba regulado, que daba la seguridad jurídica y transparencia al proceso a todos los intervinientes. Mal o bien, esa regulación daba transparencia al sistema público. Segundo elemento. Con esta derogación, y sin fijar ningún procedimiento posterior para un proceso de compraventa, el director nacional, utilizando su facultad discrecional, permitió, con dolo o negligencia inexcusable, a nuestro entender, el enriquecimiento sin causa de terceros en forma ilícita en perjuicio del fisco, esto a través del sobreprecio, la negociación incompatible y el tráfico de influencias. ¿Quiénes se habrían beneficiado? Primero, corredores Informales. Quiero recordar e informar a la Comisión que el 20 de noviembre, a las 9 de la mañana, el fiscal del Ministerio Público, señor Miguel Ángel Velásquez, quien ha realizado una importante investigación, acuciosa, sigilosa y silenciosa, va a formalizar a dos personas en su calidad de corredores informales. Con eso se da inicio al proceso de estas irregularidades. Siempre hablamos de la existencia de terceros, pero no porque no exista otro tipo de formalizaciones significa que esto está acabado. Por el contrario, es la punta de lanza. Segundo, funcionarios Públicos. ¡Por supuesto! Estamos hablamos de instituciones públicas. Hay que determinar las personas que facilitaron esta situación tan anómala que estamos denunciando. Hay funcionarios de Conadi. Por ejemplo, no solo están los testigos que han venido a declarar. La presidenta de la Anfuco señaló lo mismo; el señor Erick Baumann, que pertenecía y negociaba respecto de actividades que eran propias de la Conadi; también el señor Ángelo Sanhueza, que presentó una denuncia, que fue incorporada, según lo que observa anteriormente el diputado Tuma, sobre una persona que reclamaba haber realizado negociaciones y que no le han pagado esos servicios. Es decir, funcionarios públicos y estas otras personas. Tercero, propietarios. Finalmente, algunos dirigentes de comunidades. Lo que señalo, de alguna manera, es una verdad incontestada: debe haber, de alguna manera, algún acuerdo. Por lo tanto, hay que entender, frente a esta situación puntal, cuáles son los mecanismos o los medios que permitirían este enriquecimiento injusto en perjuicio de las comunidades y del Estado. A continuación, postulo seis puntos centrales que voy a desarrollar de forma breve y didáctica. 1. Aumento injustificado del valor de un predio para su compraventa, sin un informe jurídico-administrativo que justifique un mayor valor, o con un informe jurídico sin fundamento. Es un punto importante y lo abordaremos más adelante. 2. La eliminación de un procedimiento administrativo formal para la fase de negociación de predios. 3. No generar una normativa interna que regule el proceso de compraventa. 4. Adulteración y/o uso malicioso de instrumentos públicos y privados. 5. Intervención de personas ajenas a Conadi en el proceso de negociación. 6. Fijación de precios antes del inicio del procedimiento administrativo. Cuando me refiero al primer punto, Aumentar injustificadamente el valor de un predio para su compraventa, quiero reflejar algunos elementos que ya obran en esta Comisión investigadora y respecto de los cuales voy a aportar elementos nuevos. Recuerdo el informe suscrito por la abogada Marianela Bustos Bustos, un estudio de título de un inmueble que fue de la comunidad indígena Marileo, donde existía una diferencia de 500 millones. Pueden ver que destaqué en la parte principal del cuarto párrafo el precio total del contrato que se pretende celebrar, que corresponde a la suma única de 1.800 millones de pesos. Dice que se hace necesario representar que excede en 38,46 por ciento aquel contenido la tasación de 1.300 millones de pesos. Recordemos que el señor Retamal, exdirector, señaló que la justificación estaba dada, principalmente, porque se estaba comprando el título de merced. Ese puede ser un argumento válido y podía establecerse, pero no existe ningún elemento indiciario, ningún acto administrativo, que justifique el precio de 1.300 a 1.800 millones. Insisto en este punto. El sobreprecio debe ser estimado desde la tasación institucional; todo mayor valor a eso que no se encuentre justificado, y que su justificación no sea razonable. La justificación puede ser cualquiera, pero lo razonable es lo importante. En este elemento, cómo no hay un procedimiento, no existe una normativa especial al respecto -de alguna manera hay que ordenar la administración pública-, la actual administración ha querido poner en evidencia un caso cuestionado -aunque ya ha sido mencionado varias veces; incluso, se ha defendido el punto-: la comunidad indígena Marihuen. Por qué fue necesario comprar. Si ustedes revisan el informe jurídico que envía este fiscal al director nacional de la Conadi, en el párrafo que se destaca dice que actualmente está vigente una orden de lanzamiento con fuerza pública de los familiares de la comunidad Marihuen, la que aún no se materializa, por cuanto Carabineros informó que no se efectuó el lanzamiento por seguridad e integridad de las personas que se encuentran en el predio, ya que amenazaban con quemarse a lo bonzo y, además, había mujeres con sus guaguas en los brazos sirviéndoles de escudo. Señores diputados, lo que de alguna manera se quiere reflejar en este elemento es que en este documento -además de las certificaciones de la Corte de Apelaciones y de expertos en el área- hay una justificación en la carpeta administrativa que demuestra un mayor valor. Elementos a considerar para seguir este análisis. El concepto de sobreprecio. Me adelanté al señalar una fórmula en esto. Todos hemos negociado algo en la vida y eso, de alguna manera, significa que es legítimo generar un precio, porque todos tenemos mayor expectativa. Pero lo importante es saber cuál es el valor real, el que podría servir para llegar a un punto equilibrado y de justo precio, el punto de equilibrio, como dicen los economistas. Desde esa mirada tiene que haber algo objetivo. Para tierras y para la compraventa de tierras indígenas utilizamos -y se ha utilizado siempre- una tasación. Hoy se denomina tasación institucional, porque no es externalizada, sino que es realizada por funcionarios de nuestra repartición pública. Por lo tanto, el sobreprecio debería estar determinado por una tasación, un punto objetivo y un mayor valor de eso. Con el mayor valor no hay problema, porque de alguna manera es una acto de referencia, no hay que perderse en eso. Lo que corresponde en la administración pública, por el principio de juridicidad, es decir, que solo se puede hacer lo que la ley permite hacer -no estamos en el sistema privado-, es que ese mayor valor, que no esté reflejado en la tasación, tiene que justificarse. ¿Cómo se justifica? A través de un acto jurídico-técnico u otros elementos que permitan decir: no me voy a reflejar directamente sobre la tasación; voy a pagar un poco más por tales razones. Y esas razones también deben ser razonables, como el caso que acabo de exponer. Señor Presidente, me gustaría agregar una presentación muy breve, porque hemos hablado de qué es una tasación. He invitado a doña Charle Venegas Pérez, ingeniera en ejecución agrícola, profesional de apoyo del artículo 20, letra b), de la Unidad de Tierras y Aguas de la Subdirección Nacional Temuco Conadi, quien ha realizado muchas tasaciones en nuestra institución, para que nos ilustre brevemente en qué consiste una tasación institucional, para qué sirve y cómo lo tomamos en consideración hoy. Hemos hablado de los elementos a considerar, el sobreprecio, la tasación institucional y la relevancia que tiene para nosotros tomar esas decisiones bajo un criterio objetivo, pero también es importante determinar la justificación legal del informe jurídico-administrativo. Para eso también es importante tener en consideración que ese fundamento jurídico-administrativo está contemplado en la legislación con el objetivo de que dé las muestras y los fundamentos de por qué e efectúa la compra. Recordemos que en el sistema público debe haber un respaldo, una motivación y una justificación. Incluso, hoy las leyes son absolutamente claras, precisas y exigentes al respecto. Señor Presidente, solicito que intervenga el señor Gabriel Carillo, destacado abogado de la plaza, profesor de derecho penal, con el objetivo de que haga una exposición de por qué estimamos que existe defraudación, y que ello pudiera revestir caracteres de delito, lo que significaría para esta Comisión determinar los alcances más profundos, más allá del mandato, puesto que si existe la acreditación de elementos delictuales, hay otro poder del Estado que lo debe revisar. Por eso, silencioso, acucioso, va a estar trabajando, a través del Ministerio Público, y un tribunal de la República determinará si esto es así. El funcionario público, cuando hay elementos indiciarios o sospechas de que algún acto pudiera revestir caracteres de delito, tiene la obligación de develar esos hechos para evitar su responsabilidad, porque no es función mía ni de un funcionario público agotar el tipo penal o el iter criminis, es decir, si está en calidad de frustrado, tentado o consumado. Es una obligación del funcionario público, y esa obligación la ha cumplido el director nacional al hacer una denuncia responsable dentro del ámbito de aplicación que le establece y le exige la ley.”. La señora Venegas (doña Charle), manifestó “Señor Presidente, traje una presentación muy breve para explicarles qué es una tasación. Una tasación es una serie de cálculos realizados para obtener la aproximación más cercana posible al valor comercial de un predio. Es un informe de apoyo solo referencial para el valor de un campo. No es determinante. La tasación se realiza de acuerdo con el cuerpo cierto. Cuando uno va a terreno, tiene que tasar solamente lo que ve, no lo que fue en algún momento el predio o los proyectos que se tengan a futuro del predio, porque eso no se ve. Es decir, se debe tasar solo lo que está en el campo, lo que se ve. Existen dos tipos variables a considerar dentro de una tasación: las externas y las internas. Las variables externas son bien importantes. Son las cercanías a las postas, hospitales, escuelas, camino de acceso, si es de ripio o de asfalto; servicios de abastecimientos, supermercados, negocios. Las variables internas son las propias del campo, todo lo que está dentro del perímetro que abarca el predio que voy a tasar, que son los cercos, las construcciones, los derechos de aguas, si los tuviera, el suelo, clases y uso de suelo; es decir, todo lo que esté dentro del campo y que se ve. ¿Para qué se utilizan las tasaciones institucionales? Se utilizan para determinar el precio más razonable que se puede pagar por un campo. Es el valor más justo a que se llega luego de los cálculos que se hacen para pagar un valor por ese campo. Los factores que pueden hacer variar una tasación de un profesional a otro es la apreciación personal tanto de las variables internas como de las externas. Hay parámetros, pero pueden variar de un profesional a otro, aunque no mucho. El valor del suelo es subjetivo; es decir, una misma clase de suelo puede variar de valor de un profesional a otro. Respecto de las construcciones, es muy difícil que estas varíen. Trabajamos con tablas del Minvu, donde están los valores por metro cuadrado. Teniendo los mismos metros cuadrados, tiene que dar el mismo valor de las construcciones dentro de un mismo predio.”. El señor Carrillo expresó textualmente lo siguiente: “Señor Presidente, se me ha consultado desde el punto de vista técnico-jurídico, y específicamente lo que concierne al ámbito de la responsabilidad penal, si las conductas o los actos que se han ejecutado al interior de este organismo, en general, revisten caracteres delictuales o no. Un elemento esencial dice relación, básicamente, con la función pública. En general, esta función es muy importante dentro del desarrollo de un Estado democrático y está regida por una serie de principios que le informan como tal, y dentro de estos principios rescato tres grandes principios, el de legalidad, el de probidad administrativa y el de transparencia, principios que, dicho sea de paso, hoy tienen rango constitucional, es decir, están establecidos expresamente en nuestra Carta Fundamental y, por lo tanto, informan el actuar de toda la Administración Pública. Por lo mismo, estos principios que informan el actuar de los funcionarios públicos deben ser necesariamente respetados. Tanto es así que nuestro legislador penal estableció un catálogo de delitos, de tipos penales, de conductas criminales, que atentan precisamente contra estos principios, contra este bien jurídico tan importante como es la probidad administrativa y el desempeño leal y honesto en la función administrativa. Si eso no ocurre, se incurre en un ámbito de responsabilidad respecto del cual un sujeto, no cualquiera, un funcionario público, puede ser acreedor de una sanción penal y todo lo que ello significa, es decir, una pena privativa o restrictiva de libertad, si así lo determina un tribunal de la República. Partiendo de esa base, entendemos que el cargo de director de una institución, el cargo de jefe superior de un servicio público, en este caso de la Dirección de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, como institución jurídica como tal, más allá de quien detente ese cargo, necesariamente debe velar por el respeto de estos principios. En ese contexto, entendemos que tiene el carácter de garante institucional. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que garantiza? El desempeño honesto de la función pública, tanto respecto de él como de todos aquellos que están bajo su cargo. Por tanto, dentro de ese contexto también debe velar por los intereses fiscales y, sobre todo, por el interés patrimonial del Estado. Pues bien, cuando es precisamente el interés patrimonial del Estado el que se ve afectado, cuando existe un perjuicio patrimonial, producto o como consecuencia de conductas que pueden revestir caracteres delictuales, tal como lo dijo el fiscal, este hecho debe necesariamente ser denunciado, ser investigado con acuciosidad y en su momento llevado a juicio, y eventualmente obtener sentencia de carácter condenatoria, si así lo determina el grado de culpabilidad respectivo. Del contexto general, de los antecedentes en sí, se pueden desprender -técnicamente hablando- tres grandes figuras penales que hoy están presentes en este ámbito: el fraude al Fisco, el delito de negociación incompatible y el tráfico de influencias. Todos estos delitos tienen un denominador común. Insisto, son delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Son delitos que requieren, por regla general, específicamente en el caso del fraude al fisco, un perjuicio patrimonial para el Estado, y entendemos que esto podría darse en estos casos. ¿Cuáles son los fundamentos para ello? Quiero ser bastante breve en esto, pero muy enfático. El fiscal hablaba de la figura del sobreprecio. Más allá del concepto que se tenga al respecto, entendemos que se produce desde el momento en que se paga un excedente, una suma no menor, distinta de aquella que originalmente daba cuenta la tasación fiscal, en este caso la tasación institucional que practica un funcionario especializado de la Corporación, y este sobreprecio no se justifica, sino que, muy por el contrario, se determina de manera unilateral, y más aun, de manera arbitraria. ¿En qué sentido? La arbitrariedad dice relación fundamentalmente con algo que es antojadizo, meramente caprichoso, carente de fundamento, de sustento y de racionalidad. En ese contexto, al autorizar el Estado la compra de estos predios, en esas condiciones económicas, entendemos que está contratando de manera desfavorable. Los intereses económicos del Estado se están viendo perjudicados. Son términos de contratación desfavorables y en condiciones desventajosas para el Estado, específicamente para el fondo estatal, para los caudales públicos, que es precisamente lo que se debe resguardar o proteger y administrar correctamente, insisto, con estricto apego al principio de legalidad, probidad administrativa y transparencia de los actos de la Administración Pública. En ese contexto, entendemos que se verifican estas conductas. Creemos que es necesario que se investigue, que estos hechos se denuncien, y que en este caso la unidad de delitos de alta complejidad, que está a cargo de esta investigación, siga adelante con ello, porque hay que determinar el ámbito de la responsabilidad como tal. Por otro lado, hice referencia a otros dos tipos penales, que dicen relación con el tráfico de influencias y con la negociación incompatible, precisamente porque también entendemos que aparte de mediar ciertas maniobras de carácter engañoso, tendientes a inducir a error, es decir, a un falso concepto de la realidad de los hechos, sobre los cuales se han de sustentar estos actos administrativos, entendemos también que en ese mismo contexto existen intereses, o cierto tipo de intereses creados, intereses particulares, es decir, se está haciendo prevalecer un interés particular por sobre el general, y eso sin duda se aparta enormemente del principio de probidad administrativa que precisa todo lo contrario. Por eso, entendemos que lo que se ha hecho con esta actuación administrativa, en general, es darle una apariencia de legalidad a actos que en realidad se desapegan del marco legal regulatorio, y del marco constitucional, que es más grave aún, a tal punto que estas conductas no solo constituyen incumplimiento de deberes y obligaciones funcionarias y engendran ámbitos de responsabilidad administrativa, sino también un ámbito importante de responsabilidad penal, toda vez que entendemos que estos hechos, así como están, presentan bastantes indicios o caracteres delictuales. En este contexto, quisiera terminar mi intervención con dos conclusiones. Entendemos que aquí efectivamente ha mediado una situación de fraude, en el entendido de que se desprende que existen patrones de conducta que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo y que revisten caracteres de delito, y también un perjuicio patrimonial, un perjuicio para el Estado. Básicamente, con esta decisión de carácter unilateral, de carácter arbitraria, meramente antojadiza, sin fundamento, de fijar un precio mayor que aquel que originalmente arrojaba una tasación institucional, con todas las providencias del caso, autorizada por ley, etcétera, sencillamente se hizo contratar al Estado, pero en condiciones económicas menos ventajosas. Por lo mismo, entendemos que hay un menoscabo patrimonial, que es uno de los elementos que supone el delito de fraude al fisco.”. El señor Bustos, retomando su exposición señaló: “Señor Presidente, continuando con la presentación, y siempre en el contexto de los medios o mecanismos para permitir el enriquecimiento de terceros, en perjuicio de las comunidades y el Estado, el punto 1 de la presentación dice relación con aumentar injustificadamente el valor del predio para su compraventa, sin un informe jurídico administrativo o con informe jurídico, pero sin fundamento. Quiero mostrarles algunos ejemplos materiales en la construcción del fenómeno que hemos denunciado. Usualmente uno podría decir, bueno, hay una carta oferta, me olvido de la tasación institucional, me olvido de una eventual negociación consignada en algún instrumento jurídico que otorgue trasparencia y respaldo, y me quedo con la carta oferta, que es lo que se ofreció y estoy pagando. Si uno parte de esa lógica, podríamos considerar que ese es el hecho puntual, que no podría ser modificado. No debería existir ningún valor mayor. Quiero pedirles la siguiente consideración. Hay elementos para el esclarecimiento de los hechos, y vuelvo a insistir, pueden servir para el Ministerio Público, donde he tachado los nombres y algunos antecedentes puntuales de lo que estoy presentando. Tengo fotocopia de los documentos que contienen los datos completos, y si el señor Presidente lo permite, en el caso de que quiera que sean exhibidos, tendrían que guardar el celo y la información requerida, para garantizar el éxito de la investigación, y también la propia investigación de la Comisión investigadora. Tenemos una carta dirigida al exsubdirector nacional de Temuco, Conadi, fechada con ingreso por la Oficina de Partes el 10 de noviembre de 2010, en que se ofrece un predio por la cantidad de 1.998 millones. Esa es una carta oferta. La siguiente lámina dice, específicamente, compra del mismo predio a otra comunidad, pero a mucho más valor que el ofrecido seis meses antes a otra comunidad. ¿Cuánto se ordenó pagar en este acto administrativo? Resolución que se indica, se ordenó pagar la cifra de 2.576 millones, aproximadamente. Es decir, hay una carta oferta de 1.900 millones y se pagan 2.500 millones de pesos. Quiero consignar que el predio, si bien fue ofrecido a otra comunidad seis meses antes, cambió el valor. ¿Qué es lo importante en estos hechos? Es dejar establecido que quizá los elementos aislados pueden no decir mucho, pero en su conjunto gritan la verdad. La tesis que defiendo acá es que el continuo y conjunto de irregularidades no es casual, sino que permite un modus operandi. En un mismo predio, con las mismas características, ¿cómo no es posible garantizar y cautelar los dineros patrimoniales, habiendo un antecedente? Podría haberle dicho al mismo propietario, ¿por qué me quiere cobrar 2.500 millones, o un peso más, si me ofreció hace seis meses esta cantidad? ¿Qué lo ha hecho variar? Si existen valores hedónicos u otros factores, ¿dónde están consignados? En la resolución no está consignado. Por tanto, la tesis del sobreprecio, la tasación institucional, se estaría dando un mayor valor no justificado. La siguiente lámina muestra que existían formularios tipos, utilizados para ofertar predios, los que son fácilmente falsificables. ¿Esto qué indica? Incluso, como podemos ver que en este documento, se llenaba la cifra, en especial la cantidad a ofertar. Vuelvo a insistir. Si este documento es visto aisladamente no dice nada. Es mejor, está consignado de puño y letra del oferente, pero lo que estamos postulando en este conjunto de irregularidades es que el precio se acordaba. Voy a recurrir a testimoniales que se han realizado en esta Comisión: negociaciones que se hacían a puertas cerradas, en oficinas de la corporación, y ante personajes que no eran de la corporación. Por tanto, se acordaba el precio y después se justificaba el acto administrativo posterior. El segundo mecanismo para extender el sobreprecio, como elemento de fraude para el tráfico de influencias y negociación incompatible, es la eliminación de un procedimiento administrativo formal para la fase de negociación de predios. En este punto no es necesario quizás hablar tan profundamente, porque creo que lo saben; sin embargo, quiero reflejar lo siguiente. En la parte pertinente, la resolución que deja sin efecto, firmada por el anterior director nacional, señala que esto era dado por una orden de la Contraloría. Si bien la Contraloría señaló que pudiera el acto no ajustarse a derecho, no está diciendo que el acto jurídico no está ajustado a derecho en el fondo, sino en la forma; es la resolución. Pero cómo puede quedar a través de la Ley Indígena, de los decretos supremos, en el acto administrativo aquel funcionario, el que día a día tiene que ver el papel y tiene que hacer los actos concadenados. Debe tener una instrucción, alguna directriz, que se exige en el sistema público, y tiene que velar con cómo se hace, a través de circulares, de memorándum. ¿Qué pasó? Se eliminó el procedimiento. ¿Por azar o conscientemente? No lo sabemos, y ese es un tema de investigación. Nos asiste la duda de que pudiese haberse derogado y mejorado. Esta nueva administración, nuestro director nacional, acuciosamente ha señalado. Hay dos circulares, y quiero transmitir un ejercicio muy importante que hicimos por primera vez en la Conadi y que los funcionarios han reconocido y están felices al respecto, según me han manifestado. En la circular N° 22 se establecía un criterio de compra, de la tasación hasta un 10 por ciento, que fuera justificable, es decir, los dos elementos un margen de la tasación (elemento objetivo), un margen de negociación mayor, puede ser de 10 por ciento y, en su defecto, que sea justificado. Pero generó algunas dudas en funcionarios, porque la típica actuación de la administración de todos los tiempos es que no se consulta a las bases. La sabiduría del funcionario, que lleva tantos años, de cómo se realizan los procedimientos, los hubiera realizado. ¿Qué hicimos? Pedimos a los propios funcionarios, en una mesa extensa, trabajar esta circular N° 22 y surgió, en conjunto con todos los funcionarios, la circular N° 51, que establece que no solo deben considerarse factores hedónicos, agronómicos, antropológicos que deben ser consignados en la resolución del acto jurídico-administrativo, sino que además puede incrementarse hasta un 20 por ciento, pero siempre que sea justificable y razonable. Hay una experiencia. La justificación para fijar precios por sobre la tasación, deberá basarse en criterios como -lineamientos para el funcionario- cercanía al domicilio actual del beneficiario o de su familia; baja oferta de predio en la zona; aptitud especial del predio respecto de la actividad económica; variables socioculturales o antropológicas; sitios de significación cultural tremendamente importantes, puede que un terreno no tenga ningún valor para nosotros, pero sí para la comunidad indígena, con una cosmovisión. ¿Cómo reflejamos jurídicamente eso? Tiene que haber un elemento. La ley no puede ser perjudicial a estos intereses. Esta justificación deberá consignarse en un informe que será emitido por la correspondiente unidad de tierras y aguas. En caso de ser necesario se podrá solicitar otro informe de tasación consignando nuevos antecedentes. Con todo, cualquier precio que exceda el valor de tasación institucional, no podrá, en ningún caso, exceder el 20 por ciento del valor consignado en la tasación. Estamos dando directrices a los funcionarios: justifique, tenga un margen. Podría ser de un 20 por ciento, de un 30 por ciento o podría ser hasta de un ciento por ciento, porque podría ser de necesidad e interés públicos, pero está justificado y es razonable. Podemos, en el fondo, discutir la razonabilidad por intereses incluso desde el punto de vista ideológico. Pero, al menos, el acto administrativo pide estar justificado. A través de esto, nos permite generar un memorándum que cita una negociación. Salimos de las puertas cerradas, aquellos funcionarios que no existían en nuestra repartición, aquellos que se paseaban en el cuarto piso de nuestra institución… Recuerden que algunos funcionarios de la Anfuco (Asociación Nacional de Funcionarios de Conadi) estuvieron hablando en la Comisión y otros. Nosotros enviamos este memorándum al director nacional en el que se señala fecha, hora, comunidad, comuna, predio, representantes, con el fin de saber quiénes deben concurrir a este comité de negociación. Hay un jefe de Departamento de Tierras y Aguas -podría ser él o el delegado- podría ser encargado de la ULTA (Unidad Local de Tierras), podría ser el profesional del DTAI, y el ministro de fe, un abogado, que generalmente es entregado por esta fiscalía para dar la garantía de los elementos jurídicos. Quisiera que el señor Pedro Canihuante, experto en derecho indígena y derecho administrativo, pueda dar luces, en su calidad de profesor universitario, académico, sobre los conceptos del derecho administrativo en lo que he reflejado hasta ahora, en función de su experticia. El señor Canihuante manifestó lo siguiente: “Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención haciendo un cronograma de cómo ha operado el programa de Tierras al interior de la Conadi. En 1993 se promulga la Ley Indígena, que crea la Corporación Nacional Indígena, institución que tendrá tres fondos para el cumplimiento de sus objetivos: el Fondo de Cultura y Educación Indígenas, el Fondo de Desarrollo Indígena y el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, el más importante y de mayor significación. La propia ley, en el inciso final del artículo 20 establece que: “el Presidente de la República dictará un reglamento que establezca la forma de cómo debe operar este Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”. En noviembre de 1993, por el decreto supremo N° 395, se dicta el reglamento sobre el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, cuya aplicación dura hasta la fecha actual. Sin embargo, y al cabo de diez años de aplicación, en 2003, el director nacional de la Conadi de la época dicta la resolución exenta N° 878, que rigió durante 8 años. ¿Cuál era la característica de esa resolución exenta? Establecía un manual de procedimiento, con cuatro etapas muy definidas para operar el sistema de subsidio para el Fondo de Tierras. La primera etapa contemplaba el ingreso del caso; el análisis de factibilidad jurídica y luego el pronunciamiento de fiscalía sobre la aplicabilidad, de si procedía o no a la comunidad entregarle el subsidio para la compra de tierras. La segunda etapa contemplaba el estudio de la viabilidad, en el que se identificaba a la comunidad con todos sus antecedentes. La tercera etapa era la etapa de la factibilidad. En esta etapa está el meollo de lo que a la Comisión le atañe en este momento. Finalmente, la etapa de la concreción, que tenía la resolución que aprobaba la compra del inmueble, la firma de la escritura, la entrega material del inmueble, la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y la inscripción en el Registro Público de Tierras. Ese fue el método que rigió desde 2003 hasta que el director, el señor Jorge Retamal, dicta la resolución exenta N° 1.847, de 21 de octubre de 2011, para derogar el manual, argumentando que el manual atentaba contra la potestad reglamentaria del Presidente de la República. Dictada esa resolución, se crea un escenario nuevo, un espacio distinto, una forma distinta de operar el Fondo de Compras de Tierras y Aguas Indígenas. Hay dos hitos importantes que señalar. El primero es que deja sin efecto la resolución exenta N° 878, la deroga. Se lee: “Deja sin efecto la resolución exenta N° 878 de fecha 1° de septiembre de 2003”, y señala otras más, “por vulnerar el ámbito de reglamentaria que sobre la materia tiene el Presidente de la República”. Hasta ahí podría ser legítimo lo que está establecido. Sin embargo hay un segundo hito -que es el que me interesa resaltar- que dice: “En conformidad a los artículos” tanto, tanto, tanto “corresponde al director nacional de la Conadi resolver el financiamiento para la adquisición con cargo al Fondo de Tierras de un determinado inmueble, previo informe jurídico-administrativo”. De esa resolución viene luego la circular N° 22, de la que ya el fiscal ha hecho mención, y una aclaratoria con el N° 51. Resulta curioso que se deroga la resolución exenta N° 878, que tenía un manual de procedimiento, una serie de etapas a las que me referí de manera muy sucinta, y no se establece ningún nuevo procedimiento, ninguno. El director, asumiendo -es un tema que debe ser investigado- que la palabra resolver financiamiento era sinónimo de fijar el precio, empieza un sistema nuevo. Es decir, el precio de los predios lo decide el Director de la Conadi, en consecuencia que había un procedimiento previo, que él deroga con la resolución 1.847. ¿Qué comentario me merece eso? Cuando el Director pone: corresponde al Director Nacional resolver el financiamiento, hay una omisión gravísima, porque omite las letras a) y b) del artículo 6°, que tiene relación con la compra de tierras y aguas indígenas, de acuerdo con la letra b) del artículo 20 de la ley N° 19.253. ¿Por qué le interesaba poner solamente el tema del financiamiento? Era el único que se acercaba a la posibilidad de fijar el precio unilateralmente y, en consecuencia, a contar de esa fecha, en todas las compras -según la información que tengo- el precio es fijado exclusivamente por el señor director nacional de la Conadi sin procedimiento alguno. Por esa razón, de acuerdo con la información que me ha entregado el señor fiscal y de los antecedentes disponibles a través de la prensa, ninguna de las compras fue justificada. Ninguna. En síntesis, se creó un espacio donde había libertad de acción, mediante la vía de eliminar un procedimiento que -según él (el director)- atentaba contra la potestad reglamentaria del Presidente de la República. Y aunque así hubiera sido, ¿cuál es la verdadera misión de un director nacional de un servicio público? Haber señalado que el único estamento, reglamento o norma jurídica aplicable, era el decreto supremo N° 395 y no otro. Sin embargo, él no lo dice. Y aquí hay un hecho grave que quiero señalar: cómo se falsea la información, y lo pongo aquí en la mesa, tengo el oficio N° 189, donde Germán Riquelme, director nacional de Conadi subrogante, le dice, el 18 de febrero de 2014, al señor Luis Rojas Gallardo, Prosecretario de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Chile: es así que con fecha 21 de octubre del año 2011, el Director Nacional de la Conadi, mediante resolución exenta N° 1.847, deja sin efecto la resolución exenta N° 878 de fecha 1° de septiembre del 2013, y -quiero destacar esto- resolviendo que las solicitudes de comunidades deben regirse solo por el artículo 6° del decreto supremo N° 395, que reglamenta el fondo de aguas y tierras. Si se mira la resolución a la cual hace alusión el señor Germán Riquelme Reuss, en su calidad de director, eso no es efectivo. No es efectivo lo que dice el director nacional en la resolución que dictó. Entonces, le entrega a la Cámara una información errónea, porque la resolución solo se limitó a derogar el manual existente, porque atentaba contra la potestad reglamentaria del Presidente de la República, y se consagra como única facultad, en un nuevo procedimiento, que él tenía la facultad para resolver el financiamiento. Finalmente, señor Presidente, hay una definición de un destacado profesor jurista, Arturo Yrarrázabal, profesor de derecho económico, quién ha definido qué es el financiamiento: capitales aportados por un agente económico, con el fin de hacer una compra, una inversión o financiar la operación de una empresa. También, se denomina financiamiento -aquí está el tema que corresponde a Conadi- la obtención de los fondos necesarios para el mismo fin. De manera que entender que financiamiento era sinónimo de fijar el precio, fue una errada interpretación de su misma resolución exenta y, en consecuencia, a contar de ese momento se crea el escenario y se hace una errada interpretación de su misma resolución, sesgando lo que tenía establecido el decreto supremo N° 395, dictado por el Presidente de la República de la época, que todavía se encuentra vigente. En virtud de esos antecedentes y este análisis muy somero, puedo concluir, como abogado experto en estas materias, que aquí se creó un escenario propicio para algo especial, para lo que fuera, de manera que no quedara atadura alguna para poder operar libremente el fondo de tierras y aguas indígenas a contar de la resolución exenta N° 1.847.”. Haciendo uso nuevamente de la palabra el señor Bustos señaló “Señor Presidente, continúo con uno de los elementos que señalé como medios o mecanismos para permitir el enriquecimiento de terceros en perjuicio de las comunidades y el Estado -aumentar injustificadamente el precio, eliminar algún procedimiento administrativo, no generar normativa interna-. Me refiero al número 4°: la adulteración y uso malicioso de instrumentos públicos y privados. Hemos tachado los antecedentes necesarios para garantizar la investigación, y vuelvo a insistir, solo bajo la reserva especial que puedo solicitar a esta Comisión Investigadora, por su intermedio, señor Presidente, tengo los antecedentes que dan los nombres para verificar estos hechos que estamos señalando. Quiero llamar su atención en la lámina que estoy señalando. Hay una carta oferta, dirigida al señor Jorge Retamal Rubio, con fecha 1° de octubre de 2013, en la cual se ofrece el predio por 920 millones. Al costado izquierdo está el propietario, con su firma y su RUT, y quiero explicar el contexto de la segunda lámina y como es obtenida. Cuando resaltamos con la flecha, donde está tarjado, está el mismo nombre y Rut de la persona que ofrece el predio. Los antecedentes los tengo acá, pueden ustedes observarlos, vuelvo a insistir, con la reserva y la prohibición de informar este dato. Lo que significaría en buenas cuentas que, ante un notario público, ministro de fe, como consta al lado derecho, en una escritura pública de compra de aguas, la firma es manifiestamente disconforme. Las razones por las que son distintas pueden ser miles, y estar perfectamente justificado o no, pero les pregunto, en un cuestionamiento legítimo y al margen de cualquier funcionario público, como un ciudadano más de esta República, si no les llama la atención que en una compraventa de 920 millones exista este nivel de irregularidad. He señalado que para obtener uno de los objetivos fundamentales de una investigación de carácter penal, es necesario garantizar el éxito de la investigación con antecedentes de esta naturaleza. Sin embargo, como señalé al principio de mi presentación, es necesario que ustedes tengan algunas luces respecto de estos antecedentes. Tengo aquí copia de la escritura y la fotocopia simple del documento. La imputación de poder ser nosotros o la modificación de él, lo mismo, no me voy a referir a ese hecho porque estamos hablando de buena fe, y en la presentación de los antecedentes; sin embargo, esto es lo que tiene que ser investigado profundamente en una causa de esta naturaleza, no solamente desde el punto de vista penal, sino justamente… Un quinto elemento de la intervención de personas externas a la Conadi en el proceso de negociación que permitiría la elaboración de estos hechos, dice relación con un elemento clave que obra en poder de esta misma Comisión Investigadora. ¿Cual es este? La carta presentada por el señor Ángelo Luis Robinson Sanhueza Allende, al día siguiente de los antecedentes ante la Contraloría General de la República. Ustedes tienen los antecedentes que señalan el origen de eso; un reclamo de cobro de dinero al señor Erich Baumann por de negociaciones que se estaban haciendo en materia de predios. Con esto, mi intención es dar claridad respecto de ellos. La intervención de personas externas no solo se da con esa carta, sino también con la siguiente: “La fiscalía formalizará a dos corredores informales por cohecho en la Conadi.”. Como ciudadano agradezco la forma en que ha avanzado esta Comisión Investigadora, porque el esclarecimiento de la verdad dice relación, principalmente, con que el Ministerio Público busca determinar la punta del iceberg, a través de los corredores informales. Con el tiempo, las investigaciones darán cuenta si existieron estas irregularidades. Insisto, acá se debe determinar si es que hubo irregularidades, no delitos; otro poder del Estado determina eso. Otra mirada en relación con esta irregularidad y de acuerdo al modus operandi que estamos denunciando y que nos genera sospecha, es la siguiente: Fijación de precios antes del inicio de un procedimiento administrativo. Antes, se acuerda un precio y se complementa la carpeta con posterioridad. En un acto privado eso es absolutamente normal, pero no en el servicio público. Acá todos los actos deben ser concatenados. Respecto de la misma carta, el 1 de octubre de 2013 se presentó la oferta: 920 millones. No obstante, hay una tasación institucional, es decir, hecha por uno de nuestros funcionarios públicos, que refleja un avalúo de 710.644.624 pesos. Hemos señalado que ese es el criterio de referencia, y así lo indicó nuestra perito experta, la señora Charle Venegas. Es decir, la institución tiene claro que ese predio no vale tanto como pretende el propietario, quien, legítimamente, tiene derecho a pedir lo que estime. En pedir no hay engaño. Sin embargo, la institución dice que vale 710 millones. Respecto de la tasación, quiero señalar solo un dato. Esto fue hecho en septiembre, por lo tanto, la tasación es con el valor de la UF al 11 de septiembre de 2013. No obstante, la oferta fue hecha el 1 de octubre de ese mismo año, un mes después de la tasación institucional. Esta es una parte del documento, se puede solicitar por su intermedio, señor Presidente, a la Corporación. Fíjense que solicité la copia de esa tasación institucional de 11 de septiembre de 2013, en la que figuraba un valor de 710.644.624 pesos. Me llamó la atención que en la fotocopia figuraba la cifra de 741 millones de pesos. ¿Cuánto vale en realidad ese predio: 710 o 740? Ese predio no se compró, porque hemos interrumpido un acto que para nosotros tiene caracteres de delito. Si bien las escrituras están; se ordenó el giro del cheque, pero se interrumpió el proceso porque a nuestro parecer hay sobreprecio. Así es que está todo paralizado. Nuestra legislación establece que los delitos pueden ser consumados, tentados o frustrados. Desde ese punto de vista, quisiera entender, generar y cerrar un procedimiento. ¿Cuál es el proceso normal o regular de una compraventa en Conadi? Hay una solicitud de compra de presentación del predio. Porque ¿cómo podemos saber como institución que alguien quiere ofertar su predio? No hay un sistema público, así es que la única forma es ofrecerlo, para dar transparencia y no buscarlo. Luego de eso, se presenta el predio. Por supuesto que hay estudios, porque la Conadi quiere saber si vale la pena comprar ese predio, si corresponde. Para ello se realizan informes de colindancia, de tasación, agronómicos y jurídicos, que dan validez para usar los bienes y dineros públicos. También hay solicitud de antecedentes para saber si quien se dice propietario lo es. Deben hacerse estudios de títulos. Una vez que pasan esos antecedentes, se inicia la negociación: Lo que pretende el propietario y lo que pretende la Corporación; un punto de equilibrio y un punto intermedio. ¿Qué resoluciones aprueban el financiamiento? Es una resolución que ordena el establecimiento para que se genere el pago. En otras palabras, vamos a comprar. Se redacta la escritura, se ordena el pago de cheques, se procede a la inscripción en el conservador de bienes raíces y, por supuesto, en ese acto, se recibe el predio por parte de la comunidad, se acepta y se paga al vendedor. Luego de eso, está lista la compra y se lleva al sistema público, reconociendo que es una compraventa que ha sido devengada y que, por supuesto, esos dineros ya están para el pago efectivo. Señor Presidente, facta, non verba; hechos, más no palabras. Hechos: El sobreprecio es un instrumento idóneo para defraudar al Fisco. Las irregularidades ya no son simples irregularidades que permitirían excusarse por azar. Nos llama profundamente la atención que sean irregularidades que permiten actos que pudiesen revertir caracteres de delito. Hechos, más no palabras. El número de compraventas realizadas al precio pagado, -1.500, 1.800, 2.000 mil millones de pesos, más allá de lo que dice la tasación institucional o el valor en promedio- permite que exista un menor número de comunidades beneficiadas. Hechos, más no palabras. El haber gastado el presupuesto por la administración anterior, no siendo eficaz ni eficiente, hoy genera presión por parte de las comunidades que no fueron beneficiadas. Como ciudadano de esta República, como funcionario público y como fiscal nacional de la Conadi no estoy dispuesto a agudizar la pobreza de las comunidades indígenas. Es necesario investigar, buscando la responsabilidad de todos aquellos que sea necesario y enmendar el camino, porque los hechos que estamos invocando, permitirán que nuestra Araucanía logre la paz social tan necesaria y reclamada, no solo por la clase política, sino que por las comunidades y por todos los ciudadanos que no pertenecen a las comunidades, pero que somos de esa zona. Concluyo mi presentación acompañando a esta Comisión el informe jurídico que sustenta más extensamente los antecedentes que he señalado y que espero, modestamente, que aporten a vuestras conclusiones. Dada la relevancia e importancia de los antecedentes que decidí exponer primero -atendida la premura de la invitación- ante esta Comisión para el esclarecimiento de la verdad, también serán puestos a disposición del Ministerio Público en el plazo más breve posible.”. En su sesión de fecha 17 de noviembre de 2014, la Comisión recibió al Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza, acompañado por el Contralor regional de La Araucanía, señor Ricardo Betancourt, y la jefa de la División de Auditoría Administrativa, señora Priscilla Jara, quien expresó textualmente lo siguiente: “Señor Presidente, las dos preguntas, con más o menos énfasis, responden a la misma inquietud. En ese sentido, podría dar una respuesta muy breve y transformar mi visita y la sesión en eventos muy cortos. Es decir, puedo contestar: “Quisimos que”. Sin embargo, el “querer que” requiere de una explicación de contexto, porque todo lo que ha acontecido en la aplicación de la ley N°19.253 -la dificultad que tiene el funcionamiento de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena y las complejidades que supone el reconocer a nuestros pueblos originarios- han traído una serie de problemas, del punto de vista jurídico e institucional, que forman parte de las labores de fiscalización que ha llevado a cabo nuestra organización en los últimos años. En otras palabras, podríamos hacer un fast track y señalar cuál fue nuestra inquietud, pero no sería el contexto adecuado para esclarecer las dudas de la Comisión respecto del funcionamiento de la ley N°19.253. Además, quizás tampoco sería lo correcto desde el punto de vista del objetivo de la Comisión y de la búsqueda de un elemento sustantivo para provocar una rearquitectura del ordenamiento jurídico relativo a la ley N°19.253. Desde esa perspectiva, la Contraloría General de la República lo único que ofrece es experiencia, la cual queremos transferir y transmitir. Por ello, entregamos al señor Secretario una serie de documentos, entre los cuales están todos los informes de auditoría que hemos hecho desde hace muchos años -prácticamente, desde la instalación de la Conadi- y los trataremos a continuación. También, entregamos un documento que algunos lo tienen, porque venían cuatro. Se trata de los documentos esenciales para entender el conflicto. Por lo tanto, en las próximas horas intentaré explicar dichos antecedentes de manera entretenida y, además, a través de una presentación que es bastante dinámica. En la presente lámina pueden observar una línea de tiempo relativamente importante: Cronología de fiscalizaciones y hechos relevantes en la Conadi. En ella, se consigna un primer informe, relevante y muy grande, sobre el Programa Orígenes de Conadi, el cual está en la presentación, como también están los documentos que contiene, que son muchísimos. Todos ellos quedan a disposición de la Comisión. La línea de tiempo presenta los informes que hemos realizado entre 2009 y 2014. Por ejemplo, el 2009 hicimos seis: un importante informe final de auditoría, uno de investigación especial, otros de auditoría y uno más de investigación especial. Quiero aclarar los conceptos que utiliza la Contraloría General de la República. Cuando hablamos de informe de auditoría quiere decir que nosotros planificamos la auditoría: redistribuimos nuestro universo de 1.600 horas por hombre anual y nos planteamos como objetivos la presencia y la auditoría en el Servicio. Al contrario, los informes de investigación especial tratan denuncias que normalmente realizan ustedes, conforme al artículo 7° de la ley N° 10.336. Es decir, a través de la Cámara de Diputados denuncian y solicitan nuestra intervención y, desde 2013, también dichos informes se realizan en atención a las denuncias que los ciudadanos formulan a la Contraloría General de la República. Como pueden observar, en 2010 se realizaron ocho informes, lo que da cuenta de que el tema significó bastante trabajo. Cabe destacar que en 2009 se realizó una auditoría integral. Ese año decidimos revisar internamente a la Conadi; estuvimos mucho tiempo al interior de la entidad y se emitió un informe muy grande que consignó todas las zonas de fortaleza y, principalmente, enunciativos de las zonas de debilidad en la administración de la Conadi. En ese sentido, tenemos la sensación de que como nuestros informes no son best seller se leen poco y, al parecer, ustedes también los leen poco. Hay mucho material que forma parte de lo podrían requerirnos o de lo quieren cambiar a través de la legislación. Algunos de los informes son extraordinariamente identificadores de las debilidades de la organización y de la arquitectura jurídica del funcionamiento de la ley N°19.253. El 2011, se llevaron a cabo otras dos investigaciones que están contenidas en la presentación y al lado de cada una de ellas está detallado el tema de la auditoría. El Programa Orígenes nos dio muchísimo trabajo; también se suscitaron algunos siniestros de vehículos y eventuales irregularidades en proyecto de comunidades, etcétera. En la lámina que detalla la cronología de las fiscalizaciones hay un mapa de Chile en el cual los colores intensos representan donde más hemos estado. Si observan, hemos tenido mucha presencia en La Araucanía, porque para nosotros es un lugar importante. Por ello, hoy me acompañan el contralor regional de La Araucanía, señor Ricardo Betancourt y la jefa de la División de Auditoría Administrativa, señora Priscilla Jara. El 2012, se realizaron 12 informes más. Ahora, el 2013 la tendencia se empezó a revertir. Como mencioné, teníamos una planificación estructurada, pero se inauguró una página de denuncia el 2012. En consecuencia, el 2013 los informes finales son menos, pero las investigaciones especiales son más, porque la gente ha denunciado irregularidades a la Contraloría. Por ejemplo, si sitúan el cursor sobre 2013 y abren el enlace, pueden observar: un informe de investigación especial, dos denuncias sobre el Fondo de Tierras, otro informe de investigación especial, una denuncia sobre una irregularidad en la contratación de funcionarios, eventuales irregularidades en el Programa Orígenes, etcétera. Ha ido cambiando el foco de lo que hacemos desde el punto de vista del control. Se trata de una lámina que da cuenta de controles externos, de auditorías y de informes especiales. La lámina siguiente es la más representativa de la inquietud que formula su invitación, su presentación y el diputado Kast. En ella, se observan tres órdenes de materias, una de las cuales identifica la normativa jurídica desde el punto vista temporal: la ley N°19.253 de 1993, en 1994, el decreto N°395 y el 2003, la resolución N°878. Esta última es la que bastantes años después, en 2011, es objeto de cuestionamiento de juridicidad por parte de Contraloría General de la República. En relación con la presente lámina, lo primero que quiero destacar es que la resolución N° 878 es exenta, lo que significa que no va al trámite de toma de razón. Por ello, no advertimos con anterioridad su juridicidad o antijuridicidad. Es cierto que, después de 2003, en algunos de los informes de auditoría la Contraloría también analizó la resolución N°878, le llamó la atención y, al menos, exigió su cumplimiento. Sin embargo, el 2011 se produjo un requerimiento directo para que nos pronunciáramos respecto de la juridicidad de la resolución y aquello es lo que aborda el dictamen N° 61.011. En 2009 cabe destacar un documento relevante: un informe final, el N°237, que da cuenta de la auditoría integral aleatoria. Se trata de un informe grande, importante, que tiene numerosos hallazgos y numerosas complejidades del funcionamiento integral de la organización. La Conadi, como todos los órganos estatales que reciben en su gerencia o administración principal organismos colegiados, es una organización compleja; los organismos colegiados son difíciles de gestionar. Existe un director ejecutivo, uno nacional, pero en el organismo colegiado es donde hay un rol y lo digo porque hay un tema que no es menor relacionado con la política de aguas y tierras. Dicha política tiene presencia, pero también dubitatividad en cuanto a si es un instrumento normativo, es decir, si debe ser cumplida o acatada. Algunos dicen que no y otros que sí. Al respecto, tenemos una opinión prima facie que podemos transmitir en ese sentido, pero lo cierto es que está siendo objeto de un cuestionamiento concreto en relación con su aplicación, a la cual me referiré. Después, hay una investigación especial -la 57, realizada en la Región del Biobío- nuevamente entorno al Programa Orígenes. Asimismo, el 2009 nos pronunciamos respecto de la improcedencia de la asignación de subsidios para ciertos casos especiales -se había ido dando como práctica- y determinamos que no podía otorgarse subsidios de esa manera. Señor Presidente, todos los documentos mencionados están adjuntos a la presentación. En los pendrives los pueden bajar y trabajar en ellos, aunque la pretensión mínima es bien sencilla: que los lean; nada más. El 2012 hay otro trabajo, como también el 2013. El 2014 es importante hacer una salvedad. Desde hace tiempo la Conadi está tratando de robustecer sus relaciones con la Contraloría y con la forma de trabajo. La Conadi no es un satélite, por lo tanto, hace tiempo que se percata de la dificultad presente en sus procesos y en la administración de fondos y de la dificultad que significa el contexto histórico político en el que está desarrollando sus actividades. Lo anterior ha llevado a que en el 2014 materialicemos mesas de trabajo con la Conadi. Se han hecho dos mesas de trabajo en las cuales se han analizado sus procesos y se ha orientando su actuación. Esas mesas están produciendo un ordenamiento desde la perspectiva de su actividad jurídica y consideramos que también están produciendo un ordenamiento en la ejecución de su gasto público, lo que para nosotros es esencial. El contenido de la labor realizada en aquellas mesas está considerado en la presentación. Algunos de los informes que entregamos han generado la orden de instrucción de sumarios y, en consecuencia, hay algunos sumarios que, en este minuto, están siendo llevados a cabo por la Contraloría General de la República. Incluso, hay sumarios que están siendo recurridos respecto de las medidas disciplinarias que se han propuesto al término de los sumarios. Todos esos antecedentes están en esta presentación. La clave está en el dictamen N° 61.011, que se relaciona con la pregunta que me formuló de manera inicial. Leer dos veces el dictamen sería un exceso -el diputado Kast leyó el contexto fundamental-, pero sí quiero citar el segundo párrafo del resumen sobre el particular que está en la presentación: “No obstante, en el año 2003, el Director Nacional de la Conadi dictó la resolución exenta N° 878, que vino a detallar el procedimiento para la concreción de compra de tierras estableciendo requisitos e instancias adicionales a las ya dispuestas en el decreto N° 395, de 1993 -aquello es lo que dice la Contraloría-, lo cual vulnera el ámbito de la potestad reglamentaria que sobre la materia tiene el Presidente de la República - ese tipo de decisiones necesita y merece un decreto supremo reglamentario-, razón por la cual ese servicio debía proceder a arbitrar las medidas necesarias para regularizar dicha situación.”. Es decir, decimos: debe regularizar dicha situación. ¿Qué debe hacer un servicio cuando es objeto de una decisión de esta naturaleza por parte de Contraloría General de la República? Debe adoptar una medida. ¿Cuál? ¿Cuáles son los efectos? La respuesta inmediata de la Conadi fue dejar sin efecto la resolución N°878, mediante la resolución N°1.847 de 2011. A continuación, aplicó el artículo 6° del decreto N° 395 de 1993. En ese escenario, surge una interrogante que subyace a toda la problemática en relación con la política de tierras. La política de tierras de Conadi se establece en un documento aprobado por el Consejo Nacional Indígena, en agosto de 1999, el cual no sé si han tenido la oportunidad revisar. Fue aprobada mediante el acuerdo N°48, el 26 de agosto de 1999, que es un documento extraordinariamente complejo. Además, tiene reglas bien complicadas. Se trata de un documento bien pensado, no es que se haya producido una especie de desvarío y, en consecuencia, se redactó cualquier cosa. Por ejemplo, una de las reglas complejas impide que se asignen tierras a predios tomados. Es decir, hay una serie de restricciones para que el Fondo otorgue financiamiento a dichas tierras. Establece bastante bien los parámetros de asignación. En resumen, es un documento complejo y pensado. Hoy, algunas autoridades de la Conadi no reconocen su vigencia, porque no encuentran el acta firmada por el ministro de fe. La pregunta es si una formalidad como aquella puede impedir que un documento de esa naturaleza -editado por el Ministerio de Planificación y Cooperación y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena- se aplique. Además, el documento aparece citado en la resolución N° 878, la que en sus vistos establece la razón por la cual se dicta: en atención a ese documento. Aquella duda está presente en el cuestionamiento, o la pregunta directa a la Contraloría General de la República, formulado por un opositor a una determinada asignación. Se trata de una persona que hace un par de meses concurrió a la Contraloría General y preguntó si dicho documento impide que se otorguen este tipo de asignaciones y si está jurídicamente vigente. Estamos analizado el caso. El contralor regional ha enviado los antecedentes a la División Jurídica para que los estudiemos y nos pronunciemos respecto de la vigencia del documento. Considero que dicho documento es el que uno debe mirar. Asimismo, en esta parte de la presentación hay un diagnóstico de la época que da cuenta de los problemas del mecanismo de financiamiento. Además, se consignan los principios de aplicación de la política de tierras, referidos específicamente al artículo 20, letra b), que es lo que motiva la pregunta de la Comisión y se mencionan todas las reglas. Por ejemplo: “Conadi procederá a tasar el o los predios. El valor máximo a pagar por encima de los referentes de precios que arrojen las tasaciones será de un 10%, debiendo fundamentar las compras sobre la base de los antecedentes técnicos que le proporcione el Departamento o la Unidad Regional de Tierras y Aguas.”. En realidad, en ausencia de la resolución N°878, no tengo muy claro si se debía volver, lisa y llanamente, a la discrecionalidad de la resolución de 1993, en atención a que debo pensar en dar prioridad, o al menos aplicación, a los principios rectores de una política que, por lo demás, está reconocida expresamente en los artículos 39, 40 y 42 de la ley N° 19.253. En consecuencia, si lo que está detrás de la posición de algunas autoridades de la Conadi es la carencia de formalidad -no se encontró la firma del ministro de fe-, parece bien curioso que deba preterir la aplicación de un instrumento que ha nacido conforme a la ley N° 19.253. La ley establece que se trata de un instrumento que debe dictar el Consejo y es un instrumento normativo del Consejo. Considero que el asunto era blanco o negro, pero siempre que está presente un abogado hay muchos colores. Por lo tanto, en relación con la resolución N° 878 y la necesidad de restablecer la potestad reglamentaria del Presidente de la República -la autoridad debe decidir si cumple el dictamen-, la Conadi cumplió. Pero aquello no significa que, acatado el dictamen, quedemos en una tierra ignota, donde las ascuas parecen ser las reglas de una intensión del viento de la decisión. Al parecer, lo correcto habría sido volver a un ámbito vinculado con el decreto supremo N° 395- habría recuperado su vigencia completa en ese contexto-, y, además, dar cumplimiento a los preceptos de los artículos 39, 40 y 42 de la ley N° 19.253, que dicen relación con velar la aplicación de la política en los términos que establece el documento. Ahora, si es un documento apócrifo, falsificado, espurio, no entiendo por qué lo incorporaron a la resolución N° 878. Me cuesta creer que el documento, porque no encontré el acta con la firma del ministro de fe, deba circular entre la oscuridad y el cajón de la basura. Más aún si se considera que la resolución N° 878 lo invoca en sus vistos. Señor Presidente, los antecedentes mencionados son los que creo importantes compartir con la Comisión. Todo el material está en la documentación entregada y, por supuesto, quedamos a su disposición. En relación con las cosas fácticas voy a jugar billar y le voy a pasar la pelota al contralor regional. En cuanto a los elementos operativos, de planificación de lo que estamos haciendo, espero me ayude la jefa de la División de Auditoría. Cuando decidimos que la resolución N°878 era contraria a derecho, una opción era dejarla sin efecto y volver al decreto N° 395. Otra alternativa era dejarla sin efecto, volver al decreto N° 395 y enviar un oficio al Presidente o a la Presidenta de la República planteando el problema y la necesita de que dictara un nuevo reglamento. También, se pudo aplicar el decreto N° 395, más los principios que están resguardados en el Consejo. Esas son las opciones y los matices detrás de ellas. Señor Presidente, el dictamen 61.011 de 2011 es bien explicativo desde el punto de vista de quien lo pide. Dice: “La Contraloría Regional de La Araucanía ha remitido a esta Sede Central la presentación de don Munir Ricardo Riadi Amar, quien solicita los antecedentes que justificarían la decisión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en orden a suspender los procedimientos de adquisición de terrenos de su propiedad, así como de la Sociedad Agrícola y Ganadera Rocas Perforadas, a la cual representa, además, de requerir las razones por las cuales, el citado servicio, no ha cumplido con los acuerdos suscritos sobre la materia.”. A continuación, se emite el dictamen. Se trata de un particular que nos pide que la Conadi cumpla un preacuerdo que tiene respecto de un inmueble. Esa es la razón por la cual la Contraloría Regional decide enviarnos los antecedentes, dado el contenido de la petición. Normalmente, la respuesta se la damos a los servicios. En este caso se empezó a hacer el análisis sobre los fundos que estaban involucrados y sobre los acuerdos que hubo en relación con ellos. Luego se analiza lo dispuesto en el artículo 20, letras a) y b), y se analiza la resolución exenta N° 878 y ahí se hace el pronunciamiento que ha motivado la inquietud que ustedes han formulado. La pregunta de fondo se une a la inquietud del diputado Kast y sirve de respuesta común. Ahora, en su consulta, el diputado Venegas dice: “se arbitren las medidas necesarias para regularizar. ¿Por qué no se ajusta a derecho?”. El diputado Kast también va en ese sentido. Cuando decimos que se arbitren las medidas necesarias para regularizar, nuestros dictámenes son obligatorios, desde el punto de vista de su cumplimiento, para los asesores jurídicos de las instituciones y para los jefes de servicio, pero nuestra potestad esencialmente es a través de un efecto vinculante lateral. Los abogados tienen que instar porque nuestros dictámenes se cumplan al interior del servicio y si ellos no instan por eso, les podemos hacer sumarios y perseguir su responsabilidad administrativa. A los jefes de servicios -no es un caso exótico-, en muchas ocasiones, revisadas resoluciones exentas, vemos que estas transgreden el ordenamiento jurídico y el servicio tiene que regularizarla. ¿Por qué decimos que transgrede? De una u otra manera, el diputado Kast me facilita la tarea cuando leyó, al principio, el artículo 20, inciso final, ley Nº 19.253, porque esta es materia de reglamento, o sea, del Presidente de la República. El contenido material sustantivo y formal es del Presidente de la República, porque el artículo 20 dice que se crea el fondo y, al final, dice: “El Presidente de la República, en un reglamento, establecerá el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.”. En consecuencia, le decimos: “Regularice”. Vuelvo a lo que dije al principio. La regularización la puedo hacer pidiéndole a la Presidenta de la República que dicte un nuevo reglamento, porque el decreto Nº 395 anterior o el que haya, en cualquier hipótesis, no es satisfactorio para los intereses del servicio, y la Presidenta de la República ponderará si quiere dictar uno nuevo o si encuentra que efectivamente el anterior satisface los objetivos de la política pública que ella está encargada de satisfacer. Esa es una opción. La segunda opción es, tal como se plantea, ver qué pasa con el antiguo decreto, el Nº 395. Este decreto tiene un espacio bastante fuerte -a lo que ha hecho mención el diputado Kast- a la discrecionalidad de la autoridad del servicio. Es decir, esa autoridad, cumpliendo estos simples parámetros del decreto Nº 395, puede decidir la aplicación, conforme al artículo 20 de la ley Nº 19.253, y decidir la adjudicación. ¡Con esos simples parámetros! La única duda que en este minuto tiene la Contraloría es si esos simples parámetros no significaban la dictación de la política y del instrumento de la política, que debió haberse cumplido también. ¡Esa es la única duda, que estamos estudiando hoy! La tercera situación está presente en lo que nos han planteado los diputados Kast, Venegas y García. ¿Qué pasa en el interregno? O sea, si la resolución Nº 878 es contraria a derecho, todo lo que se hizo conforme a él sería irregular, y, como tal, todo estaría bajo la sombra de la invalidación y la autoridad administrativa podría volver hacia atrás. En realidad, las situaciones jurídicas que se hayan consolidado bajo actos administrativos que puedan ser reprochados como irregulares por la Contraloría General están protegidas por la buena fe, aunque no nos guste. A lo mejor la buena fe era hasta por ahí no más, pero están protegidos por la buena fe; son intangibles. Entonces, no es que uno vuelve hacia atrás y diga: “De aquí en adelante, dos años de la invalidación. Los dos últimos años persigo las adjudicaciones de la ejecución del Fondo de Tierras y hacia atrás tengo el cese de la invalidación, etcétera.”. Lo que sí hemos hecho -y por eso es importante la línea de tiempo y la cantidad de los informes- es que, cuando hemos encontrado irregularidades, hemos enviado los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los efectos de que se persigan las responsabilidades que correspondan. Si esa buena fe se rompe en sede judicial, es un resorte que no es de competencia nuestra. ¡Eso ya no es de competencia nuestra! Esa es la madeja que hay. No creo que pueda aportarles algo diferente a lo que acabo de señalar. Señor Presidente, si son delitos de acción pública, desde luego, cualquier persona puede acudir a los tribunales de justicia en la persecución del delito. Si son situaciones patrimoniales que dicen relación con la reivindicación, la acción pauliana o revocatoria, solo puede ser el titular de quien hizo el gasto, o sea, tendría que ser el Estado chileno el que tendría que volver. Pero si se trata de delitos de acción pública, con lo que acarrea como consecuencia la persecución de esa situación jurídica, tendrá que ir el servicio o el Consejo de Defensa del Estado si, de acuerdo al artículo 3º de su ley orgánica, encuentra que el interés fiscal debe ser representado de manera especial en el tribunal que corresponda. Pero habría que distinguir si es penal o si es civil. Una, en pantalla muestro el informe Nº 36, de 2013, una investigación especial desarrollada por la regional de La Araucanía y despachada por el gabinete. Este slide contiene tres cosas. Primero: “En los predios que se indican, de la comuna de Traiguén, se constató que existen acuerdos de negociación entre la comunidad y propietarios para que sean adquiridos a precios que exceden las tasaciones y, además, no están recomendados técnicamente (sustentabilidad y mensura). Segundo: “La Conadi deberá establecer un procedimiento a fin de velar por la correcta inversión de los recursos”. Y tercero: “Se realizará un sumario por parte de esta Contraloría Regional para establecer eventuales responsabilidades si se determina perjuicio al fisco por los posibles acuerdos de precios”. Ese sumario está en tramitación, y la compra no se efectuó. En este minuto, en la auditoría que se está haciendo al fondo de tierras de acuerdo al artículo N° 20 letra b), en relación a las compras efectuadas en la misma línea de tiempo que habíamos sugerido al principio, se están investigando todos los casos que fueron objeto de denuncia a la Contraloría General de la República. Este proceso se está llevando a cabo en este momento. Si producto de esta investigación se encuentra que el exceso en el monto de los precios constituye o puede constituir un riesgo al patrimonio fiscal, de acuerdo a lo dicho en el informe de la investigación especial N° 36, se pondrán los antecedentes a disposición de la autoridad competente y se perseguirán las responsabilidades disciplinarias que correspondan. Hay tres temas esenciales: el que dice relación con la determinación del sobreprecio y qué es el sobreprecio, que plantea el diputado René Manuel García; el contexto de diagnóstico, que plantea el diputado Venegas, y una pregunta muy concreta del diputado Poblete respecto de si la sola vuelta atrás al decreto N° 395 significaría que no hay ningún, por así decirlo, contexto registral en la decisión de compra de la Conadi. El decreto N° 395 es muy sencillo y escuálido. Es decir, existen dos esferas normativas. En una tengo todo lo que debo hacer, tratado por el ordenamiento; en otra, tengo amplias posibilidades de actuación, permitidas por el ordenamiento, con unos bordes mucho más amplios. Esa es la diferencia entre la discrecionalidad y la potestad reglada. Entonces, la letra a) del artículo 6 del decreto N° 395, conforme al ejercicio de la potestad de compra, es bastante discrecional para la autoridad y señala que: “La persona o comunidad involucrada en algunas de las situaciones previstas precedentemente, podrá recurrir a la dependencia que le correspondiere de la Conadi a fin de obtener recursos que le permitan solucionar en todo o en parte el problema que afecte sus posibilidades de acceder a la tierra.”. Lo anterior, se refiere a quienes están afectos a los beneficios de la ley N° 19.253. Luego, la letra b) indica: “El Director, previo informe jurídico administrativo sobre cada una de las solicitudes,” -ese es el procedimiento- “resolverá sobre la base de los siguientes criterios prioritarios: 1. Número de personas o comunidades. 2. Gravedad de las situaciones sociales para un alto número de familias o para toda una comunidad. Antigüedad del problema con caracteres de magnitud en la comunidad respectiva.”. No dice que deberá resolver, priorizadamente, de acuerdo a los criterios de los números 1, 2 y 3. Podría tomar el número 3, el 2 o el 1, porque todos son igualmente válidos; esa es una de las características de las decisiones amparadas en la discrecionalidad. A continuación, la letra c) señala: “Decidido por el Director de la Conadi el financiamiento respectivo, éste será comunicado a las personas o comunidades beneficiadas y en todos los instrumentos en los cuales se ponga término a las controversias sobre tierras comparecerá algún representante legalmente autorizad.”. Ahora, eso no significa que no hay una situación registral detrás de cada toma de decisiones. Insisto en que es un buen ejercicio en el contexto de pensar -no sé si la expresión sea la correcta- en una Conadi 2.0. El número ocho de los principios de aplicación de la política de tierras señala: “El Director Ejecutivo de la Corporación tiene, por ley,” -estando vigente esto; no es que señale que sea una cosa exorbitante- la responsabilidad administrativa de la compra o no de la tierra y debe hacerlo sobre la base de los antecedentes técnicos que le proporcione el departamento o la unidad regional de Tierras y Aguas.”. Por lo tanto, debe tener los antecedentes técnicos y debe manejarlos. Ahora, si después de esos antecedentes técnicos lo que realmente hay es una cultura -no quiero usar términos inadecuados, porque los medios de prensa los toman mal- un poco desordenada… En realidad, estamos con problemas que dicen relación con la gestión y con otro tipo de problemas. En realidad, no hay sobreprecio cuando se excede la tasación fiscal, a pesar de que en los últimos ocho o diez años se han acercado los valores fiscales a los reales; es más, hoy hay situaciones en que los valores fiscales son más caros que los reales, normalmente cuando se trata de la gente que tiene menos, lo que es bien curioso. Pero no es eso. En este punto me gustaría volver a este instrumento. La política de tierras de la Conadi señala: “Conadi procederá a tasar el o los predios.” -es decir, debe haber una tasación- “El valor máximo a pagar por encima de los referentes de precios que arrojen las tasaciones será de 10 por ciento, debiendo fundamentar las compras sobre la base de los antecedentes técnicos que le proporcione el Departamento o la Unidad Regional de Tierras y Aguas.”. Esa es la política de tierras que, como señala la jefa de la División de Auditoría Administrativa, lo transformaron en un deber ser, no en el ser. Como lo transformaron en deber ser, vuelvo al decreto N° 395 sin fronteras, y cuando hay sobreprecio, de acuerdo con ese decreto sin fronteras, me debo acercar más al Código Civil, porque me debo acercar a la lesión enorme o al fraude que son fronteras en distintas cuadras de los tribunales; pero son fronteras. La lesión enorme es pagar más de la mitad del justo precio de la cosa. La determinación del justo precio es cuando la ley dice que hay una tasación y está determinado por esto. El justo precio del decreto ley N° 2.186 en materia de expropiación, el justo precio en materia de tasación fiscal, en materia se servidumbres eléctricas. Lo que dice la comisión, el tasador, y aquí está reconocido. Ese es el justo precio, pero para qué, porque si no aplico eso, en realidad es el justo precio al menos para la lesión enorme. Es decir, si determino que algo vale 500 millones y pago 2.000 millones, estoy con un problema. Ahí hay lesión enorme. En realidad, la externalización de las tasaciones está de la mano con lo escuálido de los presupuestos. Tasadores hay; lo que pasa es que si la Ley de Presupuestos no entrega los recursos para que contraten más tasadores, entonces no van a tener. Pero tasadores hay. Ese es un problema de ley, de presupuesto o un problema de arquitectura jurídica de la Conadi 2.0. En el fondo, es un problema de ustedes. Lo que sucede es que, en la auditoría en curso, también estamos encontrando diferencias enormes entre los precios originarios del antiguo propietario, del preantiguo propietario y del antiguo propietario que hace la materialización de la venta con la Conadi, lo que también es objeto del informe.”. IV. CONSIDERACIONES QUE SIRVEN DE BASE PARA LA FORMULACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES Como consecuencia de lo precedentemente expuesto en este Informe, de los testimonios y antecedentes recogidos durante el curso de esta investigación y, principalmente, del debate habido en su seno, vuestra Comisión expone a la H. Cámara de Diputados los fundamentos y consideraciones que sirven de base a sus conclusiones y proposiciones que versan sobre las materias señaladas en la solicitud que le dio origen, las que fueron aprobadas por siete votos a favor, dos en contra y una abstención. Votaron a favor los señores Gutierrez, don Hugo; Meza, don Fernando; Poblete, don Roberto; Rocafull, don Luis; Saffirio, don René; Tuma, don Joaquín y Venegas, don Mario. En contra lo hicieron, los señores Hernández, don Javier, y Kast, don Felipe. Se abstuvo el señor García, don René Manuel. Vuestra Comisión, en el transcurso de su cometido, tomó conocimiento de los siguientes hechos: 1.- En el mes de marzo de 2014, el actual Director de Conadi, don Alberto Pizarro, denunció a diarios y medios de prensa de circulación nacional, un supuesto fraude al Fisco consistente en 15 casos en 10 procesos de compra de tierras y 5 licitaciones realizadas entre 2011 y diciembre de 2013, que ascenderían a la suma de 10 mil millones de pesos, todas irregularidades cometidas al interior de esa institución, y en especial en la compra de tierras para comunidades indígenas, declaraciones que fueron ratificadas por dicho Director en la sesión de esta Comisión de fecha 13 de agosto del año recién pasado, señalando que al ingresar al servicio pudo percatarse en poco tiempo que existía un gran número de carpetas de compra de predios mal hechas, sin informes jurídicos o de mesura, y una gran cantidad de computadores formateados de la institución, todo lo cual fue denunciado como un sabotaje informático en el mes de mayo de dicho año a la Fiscalía Regional, lo que aún estaba en proceso de investigación. 2.- Lo anterior se habría producido por la inobservancia de un procedimiento que regulara el proceso de compra de tierras, en razón de que el anterior Director Nacional, don Jorge Retamal, había derogado la Resolución Exenta 878/2003 -que establecía normas en relación a la fijación del precio del predio - y la reemplazó por la Resolución Exenta 1847/2011-que deja la decisión de dicho precio al Director Nacional de la entidad-, aumentando así el ámbito de discrecionalidad que le cabe a la Dirección de tal Corporación. Lo señalado, fue objeto de una investigación administrativa ante la Contraloría General de la República, y de una investigación judicial llevada por el Ministerio Público. 3.- En razón de lo indicado precedentemente, forzoso resulta analizar si la decisión tomada por el entonces Director de Conadi de derogar la Resolución 878, ha causado o no un perjuicio a la administración, obrando de manera correcta o, por el contrario, de forma alejada a los principios que rigen la actuación pública. Al respecto, útil resulta la declaración del ex Director de Conadi que en sesión de fecha 3 de septiembre sostuvo que era preciso derogar la resolución exenta porque de acuerdo al dictamen N° 61.011 de la Contraloría General de la República, tal resolución no se ajustaba a Derecho e indicó, además, que en virtud de ella se otorgaron facultades de compra indiscriminada -ello a causa de la aplicación de la mencionada resolución exenta en concordancia con el artículo 20 letra b) del Decreto Supremo 395/1993-. Asimismo, sostuvo que para los efectos de la derogación fue asesorado por la unidad jurídica de la Conadi, la cual aseveró la inexistencia de efectos nocivos, toda vez que existe reglamentación suficientemente clara en la Ley 19.253 y su reglamento para precaverlos. Por otra parte, el artículo 20 de la ley 19.235, establece la creación de un Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y dentro de sus funciones se encuentra la establecida en la letra b) consistente en el financiamiento de mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, de las situaciones que indica, agregando el inciso final de dicho artículo, que será el Presidente de la República, en un reglamento, quién establecerá el modo de operación del Fondo. Dicha reglamentación se materializó en el Decreto N° 395, de 1993, del Ministerio de Planificación y Cooperación, que aprueba el Reglamento sobre el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas; el que, en su artículo 6° señala el procedimiento para efectos de cumplir con el objetivo del artículo 20, letra b), de la aludida ley N° 19.253. Así, de acuerdo a los artículos 20, letra b) y 44, letra h), ambos de la ley N° 19.253, en relación con el artículo 6 del decreto N° 395, de 1993, antes anotado, corresponde al Director Nacional de la Conadi resolver el financiamiento para la adquisición, con cargo al Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, de un determinado inmueble, previo informe jurídico administrativo sobre cada una de las solicitudes y sobre la base de los criterios prioritarios que dicha norma indica: “1. Número de personas o comunidades. 2. Gravedad de las situaciones sociales para un alto número de familias o para toda una comunidad. 3. Antigüedad del problema con caracteres de magnitud en la comunidad respectiva”. 4.- Asimismo, en el transcurso de su cometido la Comisión tomó conocimiento de diversos casos de compras de tierras en las cuales el precio final pagado por ellas era sensiblemente superior a la tasación efectuada por los tasadores de Conadi, generándose un denominado “sobreprecio” en dicha compra, entendiéndose por tal aquella suma de dinero que excede del valor de la propiedad ofertado por el dueño del predio. Útil resulta para estos efectos, que desde el año 2010 se generó en Conadi un nuevo principio de compra de terrenos consistente en que las tierras debían estar en lo posible en donde la comunidad reside o cercanos, modificando el criterio anterior en donde se adquirían predios alejados de las comunidades y ello generó, en algunos casos, aumento de precios. Del mismo modo, resulta importante tener presente que el sobreprecio, bajo el concepto entregado, es habitual en este tipo de compraventa y de hecho en Circulares N°s 22 y 51 emitidas por la actual Administración de Conadi se autoriza de manera permanente un sobreprecio de hasta el 20%. Por ello, atendido el mandato recibido por la Sala, vuestra Comisión expone las siguientes: V. CONCLUSIONES 1.- Irregularidades en el proceso de compra de tierras por parte de Conadi. 1.1.- Durante su trabajo la Comisión pudo concluir que, a la luz de los antecedentes expuestos, declaraciones de sus invitados, oficios recibidos y demás instrumentos probatorios, queda demostrado mas allá de toda duda razonable la existencia del pago de sobre precios, como un acto ilícito en la esfera política, administrativa y eventualmente penal. En efecto se ha demostrado que se negoció y pagó cantidades de dinero muy superiores a las sumas que arrojaban las tasaciones institucionales practicadas por Conadi, y que además se pagaron sin justificación alguna que fundamente el porqué de estas alzas en los precios. Como señalo el Contralor General de la República, hasta una variación del 10% sobre el valor del bien raíz aun es aceptable, siempre y cuando esté fundamentada, lo que en la práctica no ocurrió, como queda de manifiesto en las diez resoluciones que aprobaron el financiamiento de las compraventas que se suscribieron durante la administración del Sr. Jorge Retamal. Es menester tener presente que no debemos olvidar que la diferencia básica entre el derecho público y el derecho privado es la circunstancia que en derecho público puede hacerse solo aquello que está expresamente permitido. Así las cosas no cabe las observaciones arguméntales de defensa en orden a que las partes son libres para fijar el precio; lo cual en principio es válido para las operaciones realizadas entre privados pero no así para las compras realizadas con cargo al erario público, las cuales son regladas mas en extenso y en detalle, por cuanto se establece la obligación de justificar las decisiones que significarán un gasto para las arcas fiscales. Dicha justificación debe constar en los considerandos de la resolución que sirve de base a la compraventa, lo que en la práctica, de los casos expuestos, no ocurrió. Cabe señalar que es precisamente por tratarse de dinero fiscal que se exige una resolución que justifique el acto administrativo y le sirva de fundamento a la adquisición del predio en cuestión. 1.2.- Lo anterior no es una interpretación antojadiza ni mucho menos. Por el contrario los principios que reglan el actuar de los órganos públicos son claros en este sentido. Así los artículos 6 y 7 de la Constitución establecen lo que se conoce como el principio de legalidad. Dicho principio establece que los órganos del estado deben someter su acción a lo establecido en la carta fundamental y las leyes dictadas conforme a ella y por otro lado los obliga a actuar dentro del ámbito de sus facultades. Por su parte el artículo segundo de la ley 18.575 de bases generales de la administración repite este concepto, expresando que “todo abuso o exceso en el ejercicio de las potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”, el articulo cinco de la misma ley agrega que las autoridades deben velar por la eficiente administración de los medios públicos. En la misma línea los artículos 11 bis, 54 y 55 de la misma ley consagran el principio de probidad administrativa, entendiéndose por tal: “observar una conducta funcionaría intachable y un desempeño honesto y leal de su función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular”. A continuación agrega que el interés general exige la observancia de medios idóneos de decisión y control para concretar una gestión eficiente y eficaz, se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de la autoridad administrativa, en la rectitud en la ejecución de las normas. Finalmente el artículo 64 de la ley de bases considera una falta grave a la probidad administrativa contravenir los deberes de eficacia, eficiencia y legalidad en el ejercicio de la función pública. El estatuto administrativo, en su artículo 61 repite las mismas ideas. 1.3.- Del mismo modo, los antecedentes allegados a esta Comisión, en especial audios y videos donde existen declaraciones que permiten presumir fundadamente la acción de terceros como de eventuales funcionarios públicos, como asimismo la declaración de testigos, como fue la presentación efectuada por don Sergio Garrido, Jefe Nacional del Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación Indígena al manifestar antecedentes que hicieron presumir al Ministerio Público de la Araucanía la existencia de “corredores informales” que en vinculación con eventuales funcionarios públicos permitieron la existencia de toda una organización interna y externa destinada al pago de sobre precios sin que exista justificación alguna y sin que se haya presentado algún antecedente que permita establecer lo contrario. En este sentido, las declaraciones de los corredores informales y tasadores de Conadi (declaración de don Yuri Coliqueo y doña Charle Venegas) permite demostrar la existencia de estos valores por sobre las tasaciones institucionales, vinculando a los más altos directivos de la Corporación en el conocimiento de estas operaciones, y cuya acción u omisión permitió el perjuicio que se denunció. Por otra parte el Fiscal Nacional de Conadi, demostró con hechos concretos la existencia de eventuales irregularidades en los procesos de adquisición de tierras para indígenas, tanto en su primera presentación como en la segunda, donde en esta última llamó la atención la discrepancia de tasaciones sobre un mismo predio, compra de derechos (ejemplo de derechos de agua sobre un predio), firmas eventualmente adulteradas, cartas oferta de predios inferiores a lo efectivamente pagado por la Corporación, resoluciones de aprobación de financiamiento que no contenían justificación sobre montos muy superiores a lo que la Institución estaba y podía pagar según su normativa, esto se suma a lo incorporado como documentos la representación de funcionarios públicos (memorándum abogada de Unidad de Tierras y Aguas doña Marianela Bustos) quien representó a su Superior Jerárquico, un sobre precio superior al 30% sin justificación, lo que a todas luces impedía la aprobación de financiamiento y compraventa del predio (en el caso sublite es la compraventa efectuada al predio Bonanza Quitralcura sindicado como denuncia Número 1 efectuada por el Director de la Conadi y Fiscal Nacional de la misma Corporación, y cuyo texto íntegro consta en esta Comisión. De igual modo el Fiscal Nacional de Conadi, dejo claro lo que debe entenderse por sobreprecio entendiéndose por tal: “la diferencia que hay entre los precios promedio de mercado y los precios en que se adquieren los bienes por parte de la administración, sin que este mayor valor aparezca claramente fundado en la resolución que aprueba el financiamiento para la compraventa de un predio, o en cualquier otra resolución que autoriza la operación o en los antecedentes y procedimientos administrativos previos que sirven de base a la adquisición, o bien este fundado de manera deficiente”. Lo anterior es manifiesto en los antecedentes acompañados a la Comisión cuya repetición seria inoficioso citar en estas conclusiones. Sin embargo no debe olvidarse que la función administrativa, la función pública si queremos llamarla así, está al servicio de los intereses generales, y debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficiencia, economía y celeridad. Rige respecto de toda contratación pública la obligación del ente administrativo de buscar la oferta más favorable a la entidad y los fines que se buscan satisfacer, de lo contrario se afecta la probidad administrativa y el patrimonio público. Es por ello que previo a contratar, la administración debe estudiar los antecedentes del caso (tasaciones, estudios de títulos etc.) a fin de evitar pagar un mayor valor respecto a los precios existentes en el tráfico jurídico ordinario. Es la función de la tasación el fijar el “Justo Precio” según como lo reconoció en mismo Contralor General de la República, al responder una pregunta en el marco de su exposición en la Comisión. Cabe señalar que cuando la compra que realiza el Estado no se ajusta al precio de mercado por lo general se asocia a actos de corrupción, pues a través de la fijación de costos exorbitantes se distorsiona la actividad económica, además se contribuye a la ineficacia administrativa, dilapidando recursos escasos que podrían destinarse a satisfacer otras necesidades 1.4.- Que por simple casualidad u oportuna necesidad, favoreció a esta puesta en escena la eliminación de la resolución exenta 878. Si bien es cierto que esta resolución no se ajustaba a derecho según lo establece el dictamen de contraloría numero 61.011 de 2011, no es menos cierto esta disconformidad con nuestro ordenamiento jurídico era solo formal, sin que haya existido un cuestionamiento de Contraloría respecto a su contenido; prueba de ello es que esta resolución se aplicó por un lapso de tiempo superior a cinco años sin que se haya objetado su legitimidad de fondo en momento alguno. Cabe señalar que es muy bien sabido que en derecho público puede hacerse todo aquello que está expresamente permitido. Esta máxima se encuentra materializada en el llamado “principio de legalidad”, consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, es de público conocimiento que se ha pretendido justificar el pago de sobreprecios en la compra de tierras por parte de la Corporación de Desarrollo Indígena basado en que la resolución exenta numero 1847 de fecha 21 de octubre de 2011 autorizaría al director de esta repartición pública a fijar el precio de las compras de tierra que se efectúen con cargo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, sin embargo esta interpretación es totalmente errónea. En efecto, la resolución que justificaría la determinación de precios por el director establece en la parte pertinente: “Corresponde al director nacional de la Conadi resolver el financiamiento para la adquisición con cargo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, de un determinado inmueble...”. Desde el punto de vista semántico se define al vocablo “financiar” como: “Aportar el dinero necesario para una empresa u obra”, según lo señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. En otras palabras, cuando la resolución aludida habla de “financiamiento “se refiere a la gestión y aporte de los recursos necesarios para llevar a cabo las compras de tierras, pero de ninguna manera se refiere a la determinación del precio. A mayor abundamiento el Código Civil define al precio como “el dinero que el comprador da por la cosa vendida”, por su parte el articulo 1809 inciso final del mismo cuerpo legal establece:” No podrá fijarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes”. Con lo anterior el Código Civil obliga a las partes a negociar para fijar el precio, o en el peor de los casos a dejarlo en manos de un tercero. Vale la pena recordar que en estas materias el fisco actúa como un particular (si bien sujeto a algunas restricciones en cuanto a los procedimientos previos a la compra) y por ende estas ventas se sujetan al derecho común, en este caso a la normativa del derecho civil. Resulta lógico entender que si al particular se le exige negociar el precio, con mayor razón se le debe exigir al funcionario público, Resulta claro de la sola lectura de la resolución en comento que en parte alguna se habla de “precio” o se hace referencia a su determinación, por el contrario, el documento en cuestión habla de “resolver”, entendiéndose por tal “hacer, gestionar o tramitar. Solucionar una duda o encontrar la solución a un problema”, según lo define la Real Academia de la Lengua. Por tanto cuando la resolución habla de “resolver el financiamiento”, obviamente se refiere, a la luz de las definiciones ya señaladas, a la facultad de gestionar y solucionar eventuales problemas en relación a los recursos necesarios para llevar a cabo las compras que señala, lo que en ningún caso guarda relación con la determinación del precio de las compras; todo ello sin mencionar que el determinar o fijar precios es una actividad que no puede quedar al arbitrio solo de una de las partes, según la norma ya citada del Código Civil, sino que además no tiene relación alguna con la tarea de gestionar o financiar. Establecido el sentido y extensión semántica de la frase en análisis, resulta claro que se ha infringido el principio de legalidad, toda vez que el director al fijar los precios no ha actuado válidamente dentro de su competencia, según lo establece el artículo 7 de la constitución, ya que realizo actividades que la norma en comento no le autorizaba a desarrollar. Aún mas, se ha visto gravemente infringido el principio de probidad, ya que el realizar una compra pagando más de 500 millones por sobre la tasación que la misma corporación determino (Caso Bonanza Quitralcura), obviamente va contra la “preeminencia del interés general por sobre el interés particular”, según lo señala el artículo 61 del estatuto administrativo. Por último debe tenerse en consideración que toda norma de derecho administrativo debe ser interpretada de manera restrictiva, dado su carácter de público. 1.5.- En estrecha relación con el punto anterior, cabe destacar lo expuesto por el señor Contralor en la sesión del mes de diciembre de 2014. Explicó el señor Contralor que habiéndose ordenado a Conadi el regularizar la situación respecto a la resolución exenta 878, el director de turno pudo optar entre dejar sin efecto la mencionada resolución y solicitar al ejecutivo la dictación del respectivo reglamento en ejercicio a su potestad reglamentaria o bien pudo dejar sin efecto la cuestionada resolución con lo que cobra validez el decreto 395 de 1993, que fue lo que finalmente se realizó. Sin embargo cabe concluir de lo expuesto por el señor Contralor y los antecedentes aportados a la Comisión que aunque la opción elegida por el entonces director es plenamente valida, la ejecución o aplicación de la normativa que recobro validez una vez desaparecida la resolución 878 no lo fue de manera eficiente o correcta, toda vez que se ignoro por completo los principios de la política de tierra aprobada por el consejo nacional de la Conadi por medio de acuerdo número 48 del año 1999, que por lo demás es un instrumento normativo del concejo. Dicho acuerdo establece una serie de principios aplicables a la política de tierras del artículo 20 letra b de la 19.253, entre los cuales destacan los siguientes: se exige un estudio jurídico y socio económico intenso y exhaustivo; se exige que la tierra a comprar debe tener un uso silvoagropecuario; la solicitud de una comunidad no obliga a Conadi, la petición será objeto de un procedimiento regular estandarizado; la Conadi debe tasar los predios, el valor máximo a pagar por encima de los referentes de tasación es de un 10%, debiendo fundamentar la compra sobre la base de antecedentes técnicos y que la responsabilidad en estas materias será del director, quien debe actuar según antecedentes técnicos que le proporcione la unidad de tierras. 1.6.- Que la referencia al acuerdo de política de tierras contenida en el acuerdo número 48 del año 1999 del concejo nacional de la Conadi no es baladí, toda vez que es un instrumento normativo del concejo plenamente aplicable a la materia, según lo establece los artículos 39, 40 y 42 de la ley 19.253. 1.7.- Que así las cosas, estableciéndose en la política de tierras que no podría pagarse más de un 10% por sobre el valor considerado en la tasación sin justificación, no cabe más que concluir que en la práctica en los casos y situaciones expuestos se ha realizado el pago de sobreprecios por parte de las entonces autoridades de la Conadi, lo que da cuenta de la existencia de toda una organización tendiente a defraudar y lucrar con cargo a las arcas fiscales. Hechos irregulares de los que ha tomado conocimiento no solo esta Comisión sino que también la Contraloría Regional de la Araucanía en su Informe 36-2013 en que se investigó acuerdos de precio por sobre la tasación sin justificación técnica alguna. Se concluyó en dicho informe que existieron acuerdos de negociación para que los predios allí señalados sean adquiridos a precios que exceden las tasaciones de los mismos y que además no son recomendados técnicamente, iniciándose un sumario administrativo por estos hechos. 2.- Responsabilidades administrativas. 2.1.- Todas las pruebas acompañadas a esta Comisión, tanto documentales, audiovisuales, testimoniales tanto funcionarios públicos como terceros ajenos a la institución, declaración voluntaria del propio ex Director de la Conadi don Jorge Retamal, es posible arribar más allá de toda duda razonable, formándose la convicción que el ex Director Nacional don Jorge Retamal, en el periodo investigado por esta Comisión durante el 2010 a 2013, existieron sendas irregularidades administrativas graves, que van desde el desorden administrativo de cuidado y protección de las carpetas de tramitación de compraventa de tierras, que permitió la realización de actos ilícitos; que al derogar la Resolución 878 el propio Director Nacional asume en forma exclusiva y excluyente la responsabilidad de aprobar el financiamiento de una compraventa de tierras de la Corporación Indígena, debiendo como todo acto administrativo a la luz del ordenamiento jurídico, fundamentar razonablemente la decisión de compraventa y pago de una precio determinado, lo que no se logró demostrar en ninguno de los casos denunciados, situación que hizo ilegal y arbitraria la decisión de compraventa y pago de las sumas de precios más allá de lo que la tasación institucional sugería como normal u óptimo; que la existencia de una carta de reclamo ante la Contraloría Regional de la Araucanía por don Anyelo Sanhueza vinculando a don Erich Baumann en contratación de servicios irregulares al no pertenecer a la dotación del personal administrativo de la Corporación; de las declaraciones de testigos funcionarios de la Conadi quienes sostuvieron la participación de don Erich Baumann como don Rodrigo Francoise como negociadores de precios de predios por parte de la Conadi, habiendo éste último declarado en sentido contrario ante esta Comisión, señalando que la función tanto de él como la de su antecesor no permitía la negociación de predios en esta materia; finalmente la declaración de corredores informales mediante mecanismo audiovisual, la declaración del empresario local de la Araucanía don Jorge Lavados, denuncia que motivó la investigación del Ministerio Público en esta materia, y finalmente la documentación incorporada por distintas fuentes a esta Comisión, permiten colegir que el ex Director Nacional de la Conadi, como jefe superior del servicio es responsable administrativamente de las irregularidades denunciadas y constatadas por esta Comisión, que en su caso pudieren revestir caracteres de delito, en lo que dice relación con los actos administrativos que permitieron la negociación y posterior compraventa de servicios para su adquisición de la Conadi, en condiciones manifiestamente más perjudiciales para el Fisco de Chile. 2.2.- Que al tenor de lo anteriormente expuesto corresponde aplicar las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan a las entonces autoridades involucradas en estos hechos, como la de todo funcionario público que se vea envuelto en actos reñidos con la probidad administrativa. 2.3.- Que en cuanto a cuál fue el destino de los dineros pagados en exceso o si este pago excesivo corresponde o no a un fraude al fisco, esta Comisión no se pronunciara, toda vez que dichas cuestiones son de competencia y conocimiento de las autoridades judiciales en el ámbito penal. VI. PROPOSICIONES:- Por las consideraciones y conclusiones precedentemente enunciadas, vuestra Comisión somete, para consideración de la Sala de la Corporación, las siguientes propuestas: 1.- Modificar el artículo 20 de la Ley Indígena en razón de ser ambiguo, porque dispone que el Presidente de la República en un reglamento establecerá el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, pudiendo interpretarse que habrá un reglamento tanto para el artículo 20 a) como para el 20 b), puesto que lo que se modificó fue solamente el manual de procedimiento a través de la resolución 878/2003, pero no la normativa de fondo. 2.- Creación de un Ministerio que trate materias propias indígenas para que vele por los temas trascendentales de nuestros pueblos originarios, ya que se requiere dotar a los pueblos de una institucionalidad que tenga una versión global de sus problemas. La zonificación de áreas y la creación de divisiones no son suficientes para abarcar en plenitud estos tópicos. Debe ser multidimensional, es decir, que aborde distintas facetas del problema además de contar con peso político dentro del Estado. 3.- Ampliar el número de funcionarios a cargo de la tasación para evitar que vuelvan a encontrarse en situaciones de sobrecarga laboral en la evaluación de predios, que puedan incidir en confusiones que perjudiquen los objetivos que se persiguen. 4.- Hacer obligatoria la justificación de toda diferencia de precio entre la carta oferta y lo que finalmente se paga. 5.- Establecer un mecanismo de consulta para lograr considerar la opinión de los propios pueblos indígenas como base de este tipo de políticas públicas. La existencia de un sistema establecido de consulta, motivará a las comunidades a dar su opinión. 6.- Fijar, por medio de instrumento idóneo, un límite de precio de compra de predios para comunidades indígenas de un 20% por sobre el valor de la última tasación institucional realizada por Conadi. 7.- Proponer un proyecto de ley que prohíba la subdivisión de predios, como asimismo regular más estrictamente las condiciones en que se otorgan los predios y causales de pérdida de este beneficio. Esto último en atención al gran número de predios abandonados que existen. 8.- Oficiar a la Presidenta de la República afín de que, si tiene a bien, considere la necesidad de crear un reglamento, decreto, o norma pertinente que englobe el procedimiento de compra de tierras establecido en la Ley N° 19.253 en su artículo 20. 9.- Comprometer la compra de la totalidad de tierras demandadas por las 158 comunidades que hoy tienen aplicabilidad, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. Se estima que el valor de esta propuesta significa una inversión, de alrededor de 360.000millones de pesos. Para el presupuesto del año 2015 se consideran para este fondo del orden de los 85.000 mil millones de pesos, esto significa que en 4 años el Estado de Chile podría cumplir esta meta. 10.- Acceso de las comunidades a la compra de tierra respetando la antigüedad de la declaración de aplicabilidad. 11.- Implementar un registro público del proceso de compras en el cual se contengan la totalidad de la información del proceso de compra. 12.- Suscribir un convenio marco con la Asociación de Corredores de Propiedades de Chile para incorporar su participación en el proceso de compra y venta de tierras. 13.- Suscribir un convenio marco con los tasadores del Banco Estado para incorporarlos al proceso de tasación de las tierras que están en proceso de compra. 14.- Revisar los criterios que se consideran para la constitución de comunidades que se amparan en los mismos títulos de merced. 15.- Colocar a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes recopilados en esta investigación, a fin de que se investiguen las eventuales responsabilidades penales de quienes aparecen involucrados en las presuntas irregularidades detectadas durante ella. -o- VOTO DE MINORÍA.- Los señores Diputados que votaron en contra de las conclusiones alcanzadas por esta Comisión fundamentaron su voto en las siguientes consideraciones: “I. ANTECEDENTE QUE JUSTIFICÓ LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN. Los señores Diputados que votaron en contra de las conclusiones de mayoría, fundamentaron su voto en las siguientes consideraciones: “Con ocasión de una auditoría interna realizada por el nuevo Director Nacional de Conadí don Alberto Pizarro, el primer semestre del año 2014, se observó que en el proceso de compra de tierras para personas y comunidades indígenas podrían haber existido posibles irregularidades y anomalías, tales como: la ausencia de antecedentes relevantes, sobreprecios y pérdida de información digitalizada. Lo anterior se produjo por la inobservancia de un procedimiento que regule el proceso de compra de tierras, en razón de que el anterior Director Nacional Jorge Retamal había derogado la Resolución Exenta 878/2003 -que establecía normas en relación a la fijación del precio del predio - y la reemplazó por la Resolución Exenta 1847/2011-que deja la decisión de dicho precio al Director Nacional de la entidad-, aumentando así el ámbito de discrecionalidad que le cabe a la Dirección de tal Corporación. Lo señalado, fue objeto de una investigación administrativa ante la Contraloría General de la República, y de una investigación judicial llevada por el Ministerio Público. II. ANTECEDENTES PERTINENTES RECABADOS POR LA COMISIÓN Y CONCLUSIONES: Para fundar nuestra conclusión, hemos considerado analizar los temas más cuestionados durante el transcurso de la Comisión, a saber: Derogación Resolución Exenta 878/2003 v falta de procedimiento: En sesión de fecha 03 de septiembre de 2014 asistió el ex Director de la CONADÍ quien sostuvo que era preciso derogar la resolución exenta porque de acuerdo al dictamen N° 61.011 de la Contrataría General de la República, tal resolución no se ajustaba a Derecho e indicó además, que en virtud de ella se otorgaron facultades de compra indiscriminada -ello a causa de la aplicación de la mencionada resolución exenta en concordancia con el artículo 20 letra b) del Decreto Supremo 395/1993-, Asimismo, sostuvo que para los efectos de la derogación fue asesorado por la unidad jurídica de la Conadi, la cual aseveró la inexistencia de efectos nocivos, toda vez que existe reglamentación suficientemente clara en la Ley 19.253 y su reglamento para precaverlos. El Contralor General de la República don Ramiro Mendoza, ratificó que la derogación de la Resolución Exenta 878/2003 se encuentra apegada a derecho ya que la propia Contraloría avaló este acto. Es menester profundizar en este tema y señalar que el artículo 20 de la ley 19.235, establece la creación de un Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y dentro de sus funciones se encuentra la establecida en la letra b) consistente en el financiamiento de mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, de las situaciones que indica, agregando el inciso final de dicho artículo, que será el Presidente de la República, en un reglamento, quién establecerá el modo de operación del Fondo. Dicha reglamentación se materializó en el Decreto N° 395, de 1993, del Ministerio de Planificación y Cooperación, que aprueba el Reglamento sobre el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas; el que, en su artículo 6° señala el procedimiento para efectos de cumplir con el objetivo del artículo 20, letra b), de la aludida ley N° 19.253. Así, de acuerdo a los artículos 20, letra b) y 44, letra h), ambos de la ley N° 19.253, en relación con el artículo 6 del decreto N° 395, de 1993, antes anotado, corresponde al Director Nacional de la Conadi resolver el financiamiento para la adquisición, con cargo al Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, de un determinado inmueble, previo informe jurídico administrativo sobre cada una de las solicitudes y sobre la base de los criterios prioritarios que dicha norma indica: “1. Número de personas o comunidades. 2. Gravedad de las situaciones sociales para un alto número de familias o para toda una comunidad. 3. Antigüedad del problema con caracteres de magnitud en la comunidad respectiva”. No obstante lo anterior, en el año 2003, el Director Nacional de la Conadi dictó la resolución exenta N° 878, que vino a detallar el procedimiento para la concreción de compra de tierras estableciendo requisitos e instancias adicionales a las ya dispuestas en el Decreto N° 395, de 1993, antes citado, lo cual vulnera el ámbito de la potestad reglamentaria que sobre la materia tiene el Presidente de la República, según señala el Dictamen N° 61.011, de 2011, de la Contraloría General de la República. Por tal razón, la referida resolución exenta N° 878, de 2003, no se encuentra ajustada a derecho. En efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República el gobierno y la administración del Estado, quien, además, es el Jefe del Estado, mientras que el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que dicha autoridad superior ejerce el gobierno y la Administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. El N° 6 del artículo 32 de la Carta Fundamental, establece que es atribución especial de la referida máxima autoridad, ejercer la Potestad Reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. Así, la Carta Fundamental reserva al legislador fijar las normas básicas y directrices fundamentales del orden jurídico, y radica en el Presidente de la República la prerrogativa de dictar reglamentos y decretos en materias de su competencia, ámbito en el cual se encuentran aquellas que no sean propias del dominio legal, como es la de dictar decretos de ejecución de los textos legales, con el objeto de complementarlos, desarrollarlos e implementarlos. En este contexto, de acuerdo con el tenor de los citados artículos 20 y 80 de la ley N° 19.253, se dispuso que corresponde al Jefe de Estado establecer en un reglamento la forma, condiciones y requisitos de la operatoria del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas consagrado en el art. 20 letra b) de la ley citada, esto es, fijar las normas que contienen determinaciones en el ámbito táctico y jurídico cuyo cumplimiento son exigibles para los efectos de aplicarles dicho precepto legal. La propia ley remite a una norma posterior, de carácter reglamentario, la fijación de la forma, condiciones y requisitos de su operatoria para que puedan acceder a los correspondientes beneficios. Es posible afirmar que el peor daño que se le hizo a la Conadi fue utilizar la resolución N° 878, pues aparte de establecer un procedimiento adicional al decreto N°395, otorgó la posibilidad de que la Corporación diera aplicabilidades en forma indiscriminada. En consecuencia y a modo de conclusión, la resolución N°878 no fue invención por parte del señor Retamal, como se ha señalado. Lo que hizo dicho funcionario fue dejar sin efecto la resolución anterior, por recomendaciones explícitas de la Contraloría General de la República. Sobre la tasación: En declaración de don Yuri Coliqueo Jarpa, Funcionario de la Unidad de Tierras de la Subdirección Sur de Conadi, señaló que en dicha institución - y de acuerdo a las pocas herramientas otorgadas por ley- se utilizaban los más altos estándares en el proceso de tasación. Señaló además, que no era posible alterar los precios de los predios, toda vez que no cuenta con antecedentes de ese tipo de situaciones. En cuanto al pago de sobreprecios en adquisición de terrenos, este punto nunca pudo ser acreditado por la Comisión. El concepto de sobreprecio proviene de la diferencia de valores entre el precio realmente pagado y la tasación o avalúo fiscal en su caso. Desde 2010 se generó un nuevo principio de compra de terrenos: las tierras deben estar en lo posible en donde la comunidad reside o cercanos, modificando el criterio anterior en donde se adquirían predios alejados de las comunidades y esto generó en algunos casos un aumento de precios. Es importante aclarar que el sobreprecio, bajo el concepto entregado, es habitual en este tipo de compraventa y de hecho en las circulares N°22 y 51 emitidas durante la actual Administración, se autoriza de manera permanente a un sobreprecio de 20%. Caso particular del fundo “Bonanza11”: Se conoció también la situación del Fundo “Bonanza” el cual había sido tasado en mil trescientos millones de pesos que se compró posteriormente a mil ochocientos millones de pesos. El ex Director Nacional explicó que la diferencia de precio radica en que la tasación que realiza la Conadi no responde al precio comercial de un determinado predio, añadiendo que los mil ochocientos millones corresponden al monto solicitado por el propietario en la carta de oferta formal. Reafirma esta declaración lo dicho por Yuri Coliqueo quien señaló que no es posible alterar los precios de los predios, toda vez que no cuentan con antecedentes de situaciones así en algún proceso. Supuesto fraude al Fisco: Durante el transcurso de la Comisión no se logró concluir con certeza y claridad que existió un fraude al Fisco por 10 mil millones de pesos. Estos 10 mil millones corresponden al valor total de la compra de 10 predios y no a un sobreprecio. Los valores de venta siempre se ajustaron a precios de tasación. Los 500 millones del predio de Lautaro que estaba en discusión quedaron claramente justificados con el pago de 4,1 millones por hectárea en Lautaro, que es un precio comercial en la zona triguera más importante del país y además se estaba devolviendo el título de merced. Por otro lado, también hay una acusación de haber comprado 5 predios en Traiguén para la comunidad Antonio Añinir por un valor de 156 millones de pesos, estos predios nunca se compraron por CONADL. Es más fue el mismo Contralor quien reafirmó esta situación. Sabotaje informático y pérdida de la información sobre compras: Es menester señalar que toda compra queda registrada en el Conservador de Bienes Raíces. Sin perjuicio de ello y de existir una investigación solicitada por las actuales autoridades de CONADl, es importante recordar que las carpetas con los procesos de compras se mantuvieron en el Servicio, y que de estas obligaciones era responsable el funcionario Sergio Garrido Herrera, quien en su calidad de Jefe de Adquisición de Tierras, tiene que velar por el cuidado de dicha información. Supuesta existencia de cohecho: En declaración ante la Comisión de don Sergio Garrido, Jefe Nacional del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, señaló que fue abordado el año 2012 por un grupo de corredores de propiedades quienes le ofrecieron cien millones de pesos para “facilitar” las gestiones que hiciera la Conadi en la compra de un predio determinado. Sin embargo, creemos que la supuesta existencia de este hecho, no empaña la labor de la Corporación, debido a que no es una práctica generalizada y tampoco existen antecedentes para presumir siquiera que alguno de los funcionarios o directivos haya aceptado pago alguno con esos fines. Más aun, habida consideración de saber que Sergio Garrido presentó una denuncia por este hecho, la cual fue desestimada, según sus palabras. En atención a lo expuesto, esta Comisión concluye que no se verificaron irregularidades en los hechos que fundaron la petición de constitución de esta Comisión. III. PROPOSICIONES: La Comisión constató que existe deficiencia en cuanto al modo de manejar todas las aristas que conllevan los temas indígenas. Respalda esta posición lo señalado por el Intendente de la Región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien indicó que “todos los sectores políticos han fallado en abordar de manera adecuada el problema”. Es por esto, que existe claridad de que para que exista un mejoramiento del sistema, debemos considerar en principio las siguientes propuestas: -Tal como señaló la abogada Marta Nuyado de la Subdirección Sur de la Conadi, corresponde modificar el artículo 20 de la Ley Indígena en razón de ser ambiguo, porque dispone que el Presidente de la República en un reglamento establecerá el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, pudiendo interpretarse que habrá un reglamento tanto para el artículo 20 a) como para el 20 b). Reconoce también, que las políticas de compra de tierras nunca han sido modificadas hasta ahora, y reafirma que lo que se modificó fue solamente el manual de procedimiento a través de la resolución 878/2003, pero no la normativa de fondo. -Creación de un Ministerio que trate materias propias indígenas para que vele por los temas trascendentales de nuestros pueblos originarios, ya que se requiere dotar a los pueblos de una institucionalidad que tenga una versión global de sus problemas. La zonificación de áreas y la creación de divisiones no son suficientes para abarcar en plenitud estos tópicos. Debe ser multidimensional, es decir, que aborde distintas facetas del problema además de contar con peso político dentro del Estado. -Ampliar el número de funcionarios a cargo de la tasación para evitar que vuelvan a encontrarse en situaciones de sobrecarga laboral en la evaluación de predios, que puedan incidir en confusiones que perjudiquen los objetivos que se persiguen. -Que sea obligatoria la justificación de toda diferencia de precio entre la carta oferta y lo que finalmente se paga -Asimismo, consideramos que una manera efectiva de avanzar en la materia, es creando un mecanismo de consulta para lograr considerar la opinión de los propios pueblos indígenas como base de este tipo de políticas públicas. La existencia de un sistema establecido de consulta, motivará a las comunidades a dar su opinión. -Considerar -por sugerencia del Contralor General de la República- la vigencia de la política de tierras (vigente antes de la Ley Indígena), la que se encuentra reconocida en los artículos 39, 40 y 42 de la Ley N°I9.253, y al reconocerse debe ser aplicada independiente de haberse extraviado el acta en la que consta la firma del Ministro de Fe y no por esto debe restársele validez a un documentos tan importante solo por cuestiones formales, sobre todo porque en él se han incorporado los linchamientos estructurales que debieran regir el funcionamiento de la Conadi.”.”. -o- Se designo diputado informante a don Joaquin Tuma Zedan. Sala de la Comision, a 18 de marzo de 2015. Acordado en sesión de fecha 21 de enero de 2015, la que se prorrogó en conformidad con lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional e inciso tercero del artículo 297 del reglamento de la Corporación, hasta el día 18 de marzo del mismo año, con la asistencia de los Diputados señores Browne, De Mussy, García, Gutiérrez, Hernández, Kast, Meza (Presidente), Poblete, Rocafull, Saffirio, Tuma, Turres y Venegas. (Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado-Secretario de la Comisión”.