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El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , a mí también me llama mucho la atención el proyecto, pues no entiendo por qué se han de establecer sanciones especiales para delitos ya contemplados hoy en nuestra normativa. Da la impresión de que hay una obsesión por tipificar de manera distinta determinados ilícitos en cuanto a su penalidad.
Aquí pareciera que lo único que se busca es proteger a los bancos, que son los que prestan el servicio de cajeros automáticos. Pero no veo cómo se pueda llegar a la conclusión de que un aumento en las penas vaya a terminar con los robos de los dispensadores de dinero.
Recuerdo que años atrás se empezó a generar una cadena de robos a las sucursales bancarias. En esa oportunidad, se exigió que las propias entidades afectadas dispusieran normas de prevención y de seguridad mínimas para evitarlos. ¿Por qué? Porque con el nivel de competencia y de ofertas que había para conquistar a nuevos clientes lisa y llanamente ellas habían dejado de aplicar medidas de esa índole; también, por supuesto, porque su establecimiento significaba mayores costos de operación. Sin embargo, a nadie se le ocurrió incrementar las penas por el robo de dinero a un banco.
Y aquí, señor Presidente , no creo que porque endurezcamos las penas vayan a disminuir los robos de cajeros automáticos. Pienso que una política de prevención en esta materia tiene que correr por cuenta de las propias instituciones que entregan el servicio mediante el establecimiento de mecanismos o medidas de seguridad que impidan la ocurrencia de los ilícitos.
De hecho, en las estaciones de servicio -los lugares preferidos para el robo de dispensadores, por las facilidades que ofrecen para quienes llegan en vehículo (el Senador Pérez Varela hablaba de los "vehículos vaqueros" con los cuales los amarran y los transportan para después retirarles el dinero)- ya se nota con claridad que los resguardos dispuestos han imposibilitado, en la práctica, la comisión de nuevos ilícitos: topones o barreras delante de las máquinas o su disposición empotrada, de manera que no sea fácil llegar y sacarlos.
Eso mismo se hizo antiguamente en las sucursales bancarias y los robos disminuyeron a tal punto que hoy en día son prácticamente excepcionales.
Pero, más allá de las cuestiones prácticas, lo que me llama la atención es que estemos legislando para proteger a instituciones que, en realidad, ofrecen un servicio por el cual cobran bastante caro. No es gratuito. A mí no me convence el argumento del incremento de las penas porque el robo de cajeros interrumpe el suministro de un servicio público o domiciliario. Con ese criterio, entonces, deberíamos legislar de esa forma para cada una de las áreas de la actividad comercial donde se produjeran delitos. Y, en este caso, los bancos cobran por el servicio y compiten por él, en tanto que los usuarios pagan por tal prestación.
A mí no me parece razonable establecer una suerte de discriminación en un determinado tipo de delitos. Si es robo, es robo; si es hurto, es hurto; si es con violencia, es con violencia; si es en lugar no habitado, es en lugar no habitado.
Así que, en principio, no considero que un proyecto de esta naturaleza tenga lógica, porque claramente discrimina con respecto a otros sectores.
El fin de semana nos enteramos, a través de los medios de comunicación, de que el Gobierno enviará una iniciativa que aborda el saqueo a los supermercados y las tomas, entre otras situaciones, en circunstancias de que las sanciones para esos delitos ya se hallan establecidas en el Código Penal. Pareciera que existe una tendencia, una moda: empezar a discriminar o hacer diferencias entre ilícitos de la misma especie.
Curiosamente, lo que siempre se protege es al dinero o a quienes poseen determinada condición económica, a pesar de que esas mismas instituciones les cobran a los usuarios -que son quienes nos deberían importar- por los servicios que les prestan.
Así que, señor Presidente , me parece muy bien que la iniciativa pase a la Comisión de Constitución, para ver si ahí nos pueden explicar, con otros argumentos o con una imaginación mayor a la contenida en el mensaje, por qué se justificaría para la sustracción de cajeros automáticos una sanción mayor y distinta de las establecidas para el robo y el hurto.
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