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El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7689-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es sancionar el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros, o del dinero y valores contenidos en ellos, con la pena de presidio menor en su grado máximo de 3 años y un día a 5 años.
La Comisión discutió esta iniciativa en general y dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Pérez Varela y Sabag, en la misma forma en que lo despachó la Cámara de Diputados. Su texto se transcribe en la parte pertinente del informe.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , como señaló el señor Secretario , esta iniciativa, iniciada en mensaje, fue analizada por la Comisión, la cual la despachó por unanimidad; se aprobó por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, y tiene por objeto aumentar las penas por el robo de cajeros automáticos.
¿Qué señala el mensaje? Fundamenta la iniciativa en el hecho de que el funcionamiento de los cajeros automáticos reviste una particularidad que lo transforma en una actividad de especial importancia para la población, constituyendo un beneficio social que asegura a los usuarios la satisfacción de sus necesidades mediante la entrega de un sistema de pago aceptado por todo el comercio.
En ese contexto -continúa el mensaje-, la existencia de cajeros automáticos responde a una necesidad de acceso de los particulares a los recursos financieros de manera expedita y segura, por lo que los delitos contra los dispensadores implican la interrupción de un servicio relevante para la comunidad.
Agrega que estas herramientas de entrega de dinero permiten el acceso a servicios financieros en sectores que, por su ubicación geográfica, condición socioeconómica o su escasa población, no son atractivos para el funcionamiento de sucursales bancarias. Así, tales cajeros constituyen un elemento de acceso igualitario a los recursos financieros, permitiendo a las personas transitar sin portar grandes cantidades de dinero y disminuyendo la posibilidad de robos.
El mensaje da cuenta también de una estadística extraordinariamente alta en este tipo de delitos.
Señala que a marzo de este año se han verificado más de 126 robos a cajeros automáticos, de los cuales 80 se han producido por medio de la técnica del "vehículo vaquero" (la ciudadanía conoce este mecanismo como "alunizaje", porque se utilizan autos o camionetas para lacear y arrancar los cajeros), representando el 63,4 por ciento del total de los robos.
La estadística indica, pues, que durante este año las cifras vinculadas a robo mediante la técnica del vehículo vaquero o alunizaje aumentaron en 63,5 por ciento. De manera que nos encontramos frente a una actividad delictual creciente, por lo cual hay que establecer una penalidad distinta a la existente en la actualidad,
Al respecto, quiero recordar a los señores Senadores que los distintos tribunales del país sancionan este tipo de ilícitos aplicando las penas para los delitos de hurto y robo, por lo que en 85 por ciento los autores de estos actos quedan en libertad en la misma audiencia de control de detención, echando por tierra muchas veces la exitosa acción policial en la captura de los delincuentes que los llevan a cabo.
Tal situación ha llevado al Ejecutivo a determinar un aumento significativo de las penas. Y la agravante que propone en el mensaje la establece en función del objeto material, los cajeros automáticos y dinero contenido en ellos, y no de la interrupción e interferencia en su funcionamiento en razón de los siguientes argumentos.
Normalmente, el robo con fuerza de cajeros automáticos genera como efecto el que dejen de funcionar. Por lo tanto, el servicio socioeconómico que se entrega a la comunidad queda absolutamente imposibilitado.
En seguida, se presentan problemas para determinar las causas del no funcionamiento del cajero.
Y en tercer lugar puede resultar complejo asimilar la función social de los servicios de suministro público a la utilidad de los cajeros.
Así, se incorpora un nuevo inciso al artículo 443 del Código Penal, sancionando específicamente el robo de cajeros automáticos con la misma pena que el robo de cosas que produzcan la interrupción de un servicio público o domiciliario, es decir, 3 años y un día a 5 años.
Vuelvo a insistir: se equipara la pena -no lo dispone así la legislación hasta ahora- para el robo de un dispensador a la que rige para el robo con fuerza de cosas que produzca interrupción de un servicio público o domiciliario.
Esas son las razones que tuvo la Comisión de Gobierno para aprobar en general el proyecto, porque siempre resulta necesario en este tipo de iniciativas abrir un espacio de tiempo para la discusión en particular, por si algún Senador quiere perfeccionar el tipo penal, con el objeto de mantener coherencia en la sanción de estos ilícitos.
Por ende, como miembros de la Comisión de Gobierno, proponemos y recomendamos a la Sala acoger la idea de legislar.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , sin entrar al fondo ni pronunciarme sobre las bondades o defectos que pudiera contener la iniciativa, quiero señalar lo siguiente.
Me llama profundamente la atención que el proyecto no haya sido visto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ya que trata sobre una materia específica de su ámbito (aumento de penas y establecimiento de una nueva figura criminal) y dice relación con una disposición del Código Penal.
Por eso, pido que la iniciativa sea enviada igualmente a dicho órgano de trabajo.
Muchas gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , a mí también me llama mucho la atención el proyecto, pues no entiendo por qué se han de establecer sanciones especiales para delitos ya contemplados hoy en nuestra normativa. Da la impresión de que hay una obsesión por tipificar de manera distinta determinados ilícitos en cuanto a su penalidad.
Aquí pareciera que lo único que se busca es proteger a los bancos, que son los que prestan el servicio de cajeros automáticos. Pero no veo cómo se pueda llegar a la conclusión de que un aumento en las penas vaya a terminar con los robos de los dispensadores de dinero.
Recuerdo que años atrás se empezó a generar una cadena de robos a las sucursales bancarias. En esa oportunidad, se exigió que las propias entidades afectadas dispusieran normas de prevención y de seguridad mínimas para evitarlos. ¿Por qué? Porque con el nivel de competencia y de ofertas que había para conquistar a nuevos clientes lisa y llanamente ellas habían dejado de aplicar medidas de esa índole; también, por supuesto, porque su establecimiento significaba mayores costos de operación. Sin embargo, a nadie se le ocurrió incrementar las penas por el robo de dinero a un banco.
Y aquí, señor Presidente , no creo que porque endurezcamos las penas vayan a disminuir los robos de cajeros automáticos. Pienso que una política de prevención en esta materia tiene que correr por cuenta de las propias instituciones que entregan el servicio mediante el establecimiento de mecanismos o medidas de seguridad que impidan la ocurrencia de los ilícitos.
De hecho, en las estaciones de servicio -los lugares preferidos para el robo de dispensadores, por las facilidades que ofrecen para quienes llegan en vehículo (el Senador Pérez Varela hablaba de los "vehículos vaqueros" con los cuales los amarran y los transportan para después retirarles el dinero)- ya se nota con claridad que los resguardos dispuestos han imposibilitado, en la práctica, la comisión de nuevos ilícitos: topones o barreras delante de las máquinas o su disposición empotrada, de manera que no sea fácil llegar y sacarlos.
Eso mismo se hizo antiguamente en las sucursales bancarias y los robos disminuyeron a tal punto que hoy en día son prácticamente excepcionales.
Pero, más allá de las cuestiones prácticas, lo que me llama la atención es que estemos legislando para proteger a instituciones que, en realidad, ofrecen un servicio por el cual cobran bastante caro. No es gratuito. A mí no me convence el argumento del incremento de las penas porque el robo de cajeros interrumpe el suministro de un servicio público o domiciliario. Con ese criterio, entonces, deberíamos legislar de esa forma para cada una de las áreas de la actividad comercial donde se produjeran delitos. Y, en este caso, los bancos cobran por el servicio y compiten por él, en tanto que los usuarios pagan por tal prestación.
A mí no me parece razonable establecer una suerte de discriminación en un determinado tipo de delitos. Si es robo, es robo; si es hurto, es hurto; si es con violencia, es con violencia; si es en lugar no habitado, es en lugar no habitado.
Así que, en principio, no considero que un proyecto de esta naturaleza tenga lógica, porque claramente discrimina con respecto a otros sectores.
El fin de semana nos enteramos, a través de los medios de comunicación, de que el Gobierno enviará una iniciativa que aborda el saqueo a los supermercados y las tomas, entre otras situaciones, en circunstancias de que las sanciones para esos delitos ya se hallan establecidas en el Código Penal. Pareciera que existe una tendencia, una moda: empezar a discriminar o hacer diferencias entre ilícitos de la misma especie.
Curiosamente, lo que siempre se protege es al dinero o a quienes poseen determinada condición económica, a pesar de que esas mismas instituciones les cobran a los usuarios -que son quienes nos deberían importar- por los servicios que les prestan.
Así que, señor Presidente , me parece muy bien que la iniciativa pase a la Comisión de Constitución, para ver si ahí nos pueden explicar, con otros argumentos o con una imaginación mayor a la contenida en el mensaje, por qué se justificaría para la sustracción de cajeros automáticos una sanción mayor y distinta de las establecidas para el robo y el hurto.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, la verdad es que no quiero prejuzgar respecto al fondo del proyecto.
Estaba revisando el mensaje y no me queda tan claro que sea necesario -tal vez lo es- establecer la pena, en este caso, en función del robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado cuando se produce la interrupción de un servicio público o domiciliario.
Fui 12 años Diputado y ahora llevo un año y medio como Senador, y nunca me había tocado que una iniciativa de esta índole no pasara por la Comisión de Constitución. Y este es un proyecto cuya naturaleza hacía pertinente remitirlo allí.
Desconozco por qué en su oportunidad se decidió enviarlo a la Comisión de Gobierno. Con todo respeto, en la de Constitución jamás pretenderíamos analizar una iniciativa relacionada con los municipios, con los gobiernos regionales, porque se trata de materias que son de su competencia.
Por eso, me quiero sumar a la petición de que el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución. No tengo problemas, puesto que ya lo vio la de Gobierno, en actuar como Comisiones unidas. Pero en este momento no estoy en condiciones de pronunciarme sobre él sin haber tenido un debate de fondo en el órgano pertinente. Lo digo con todo el respeto que me merecen los integrantes de la otra Comisión. No tengo nada contra ellos. Simplemente, la materia que aborda el texto en debate hacía necesario que este fuera visto por la de Constitución.
Por lo tanto, señor Presidente, me sumo al planteamiento que los Senadores Pizarro y Muñoz Aburto efectuaron en tal sentido.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- En realidad, señor Presidente , el proyecto es bastante simple. En la Cámara de Diputados lo vio la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas. Y en razón de que Carabineros e Investigaciones pasaron a depender del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el Senado todas estas iniciativas se han estado enviando a la Comisión de Gobierno.
Pero debo aclararle al Senador Patricio Walker que la Comisión de Constitución ha estudiado muchas iniciativas que le correspondían solo a la de Gobierno. Así lo hicimos presente en la Sala. Y por eso actualmente se están viendo dos o tres de ellas por ambos organismos, trabajando de manera unida.
En todo caso, no tengo ningún problema en que este proyecto vaya también a la Comisión de Constitución, o a Comisiones unidas, que sería lo mejor. Se podrían formar dos tablas: una en la que se incluyeran las iniciativas de más fácil despacho, como esta, y otra en la que colocaran las demás, como aquella que envió recientemente el Ejecutivo , que ya estamos analizando.
En relación con el texto en discusión, quiero decir lo siguiente.
¿Qué dicen, generalmente, los jueces? "Nosotros aplicamos la ley, no la hacemos, pues ello corresponde a los parlamentarios y al Ejecutivo".
Entonces, vienen los reclamos. "¡Pero no puede ser! ¡Se llevaron otro cajero automático! A marzo de este año ya van 126 robos". Y los autores del delito salen libres al día siguiente o a los pocos días. Ahí está el costo-beneficio: "A lo mejor me va bien si robo un cajero con 100 millones de pesos; de lo contrario, voy a estar poco o muy poco tiempo en la cárcel".
Y se trata de un ilícito que no estaba contemplado cuando se estableció el Código Penal. Esto de llevarse los cajeros automáticos es de ahora último. Por lo tanto, no está tipificado, aun cuando queda englobado dentro del robo con fuerza.
¿Qué hace este proyecto de ley? Agrega, en el inciso segundo del artículo 443 del referido Código, algo muy corto: "Con la misma pena" -o sea, 3 años y un día a 5 años, como manifestó el Presidente de la Comisión de Gobierno , Senador Pérez Varela- "se sancionará el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros, o del dinero y valores contenidos en ellos".
¡Eso es todo! Porque los jueces dicen que tal delito no se encuentra tipificado. Y en cuestiones penales el delito debe estar tipificado para ser sancionado. Por lo tanto, los defensores logran sacar a los delincuentes, que continúan asaltando. Y los cajeros automáticos brindan un servicio público, que a todos nos presta gran utilidad. En cualquier parte a la que uno vaya no tiene que hacer cola en el banco para sacar plata.
Sin embargo, su robo hoy es "el pan nuestro de cada día". Y la gente pregunta: "¿Cuándo y cómo se le va a colocar coto a esa situación?".
¡Con esto, pues! ¡Con el proyecto que ha llegado al Parlamento!
La Cámara de Diputados lo despachó antes de 60 días. Aquí, nosotros vamos a entrar en una larga letanía, como nos ocurrió con una ley que vimos recientemente, que a la otra rama del Congreso le tomó menos de 90 días aprobarla, y a nosotros, más de 10 meses.
¡Qué pasa en el Senado hoy en día! La semana pasada analizamos, en tercer trámite, la iniciativa sobre posnatal. ¡Estuvimos casi dos horas y media discutiendo un asunto simple! La Cámara Baja lo despachó en 10 minutos, casi de inmediato. Es lo que hacíamos antes en esta Corporación. Ahora es al revés. Es la Cámara de Diputados la que nos está dando lecciones de ejecución rápida y efectiva, sin discusiones. Antes se hablaba, no por un proyecto, sino para la galería o para que quedara registrado en la historia. ¡Eso es propio de un Diputado , no de un Senador!
Por ello, creo que estamos ante una iniciativa tan simple, tan necesaria, que, si de mí dependiera, la aprobaría en general y en particular a la vez, cosa que la próxima semana el Presidente la estuviera firmando como ley de la República.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , seré muy breve, porque la intervención del Senador Sabag, quien me interpretó plenamente, me ahorra muchas de las cuestiones que pensaba decir.
Solo agregaré que tengo entendido que el robo de cajeros automáticos se entiende perpetrado en lugar no habitado, por lo que las penas aplicables son más bajas.
Hasta marzo de este año ya se habían registrado -así me pareció escuchar- 126. Y se trata -digamos las cosas como son- de hechos que causan temor y alarma en la población, pues se producen uno tras otro.
Por eso, me parecen muy razonables las dos medidas que se proponen. La primera consiste en aumentar la penalidad, y la segunda, en obligar a las instituciones financieras a tener mayor vigilancia -en concreto, vigilantes privados-, para evitar la perpetración de este tipo de delitos, los cuales, aparentemente, se cometen con bastante facilidad y reiteración.
Votaré que sí, señor Presidente.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Pido autorización de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Gómez.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Gómez, en calidad de Presidente accidental.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , yo no tengo ninguna objeción para que este proyecto sea visto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Tal como dijo el Honorable señor Sabag y lo refrendó el Senador García, se trata de un texto simple. Sin embargo, se han dado ciertos argumentos que no corresponden a la realidad.
La iniciativa apunta a los robos de cajeros automáticos que se cometen no solo en bancos, sino también en farmacias, supermercados, bombas de bencina, almacenes. Estamos hablando de un servicio público. ¿Cuántas pensiones y cuántas remuneraciones se pagan a través de ellos? Constituyen un instrumento vastamente utilizado por la población. De ahí que sean ubicados en los lugares de más fácil acceso. Muchas comunas pequeñas, por lo menos de mi circunscripción electoral, piden la instalación de un dispensador, aunque a veces quede algo alejado, con el objeto de que los funcionarios públicos, los pensionados y la gente en general puedan disponer de los recursos financieros de manera fácil y expedita.
Por lo tanto, no hay duda de que el robo, la destrucción o la paralización de cajeros automáticos causan un grave perjuicio a la población, a las numerosas personas -ojalá que su uso se siga masificando- que los utilizan a diario.
Por eso, el robo de una de esas máquinas es distinto del robo común y corriente -de un auto, por ejemplo-, porque con ello se imposibilita que se siga prestando un servicio a la comunidad.
Lo único que hace este proyecto de ley es equiparar su penalidad con la del robo con fuerza en las cosas cuando este provoca la interrupción de un servicio público o domiciliario, porque, en realidad, es eso lo que ocurre en este caso. Y estoy seguro de que la Comisión de Constitución, en el evento de que la Sala determine que la iniciativa sea estudiada también por ella, va a arribar a la misma conclusión, por cuanto es obvio que con la sustracción de uno de dichos aparatos se interrumpe un servicio y, por ende, su sanción debe ser equiparada a la establecida por el Código Penal para la interrupción de cualquier servicio público o domiciliario. Así, se castiga de manera significativa a quien comete ese delito. De eso no hay duda.
En las grandes ciudades ya se puede apreciar que los bancos están tomando medidas para resguardar sus cajeros automáticos. Pero ¿qué posibilidad tiene de hacerlo una farmacia, un almacén o un supermercado pequeño de pueblo? Puede que también empiecen a tomar alguna decisión al respecto.
Sin embargo, lo que aquí se pretende no es resguardar el dinero del banco, sino castigar a quien inflige un perjuicio significativo a la ciudadanía.
Basta, por ejemplo, que se robe un dispensador ubicado en una caja de compensación que paga las pensiones para decir que nos encontramos frente a una situación extraordinariamente compleja, pues se interrumpió un determinado servicio.
Si no aprobamos la iniciativa en análisis, la sanción que se aplicará, en el evento de que la persona sea detenida e investigada, será la del robo o del hurto y no la establecida para el delito de robo con fuerza de cosas que produzcan la interrupción de un servicio público o domiciliario.
Por ende, creo que ese es el camino que debemos tomar.
Como Presidente de la Comisión de Gobierno, no tengo objeción en que el proyecto pase a la de Constitución. No fue el órgano técnico que dirijo el que pidió tratarlo. Siendo el Ministerio del Interior el que hoy, a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública, tiene una función en esta materia, la Mesa juzgó adecuado que fuera a la Comisión que se vincula directamente con dicha Cartera la que conociera de la iniciativa. Y eso me parece bien.
Tal vez proyectos de mayor complejidad deban ser vistos por la Comisión de Constitución. Pero este no reviste tales características. Es una iniciativa simple, como dijo el Senador Sabag .
En consecuencia, considero que sería más adecuado que la Sala la despachara, salvo que, según el mejor entender del Presidente , se quiera remitir a la Comisión de Constitución.
Pero estoy seguro -vuelvo a insistir- de que dicho órgano técnico arribará a la misma conclusión a la que llegaron la Cámara de Diputados y la Comisión de Gobierno, y que sin duda refrendará la mayoría del Senado.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Señores Senadores, ha terminado el Orden del Día. Además, no existe quórum para tomar la decisión de enviar el proyecto a la Comisión de Constitución.
Por lo tanto, la iniciativa queda pendiente para mañana. Se encuentran inscritos los Senadores señores García-Huidobro, Pizarro y Coloma.
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