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El señor NAVARRO.- Señor Presidente , la verdad es que uno llega a preguntarse cómo no ha sido posible visualizar lo obvio y cómo ha podido consolidarse por tan largo tiempo un abuso evidente.
El problema que nos ocupa se vincula con una reclamación que venían formulando todas las organizaciones de la tercera edad: de jubilados, de pensionados, de montepiados. Más de una vez planteamos la eliminación de esta situación de exigencia.
Se ha planteado que debe regularse no solo la adquisición de tarjetas de crédito, generando protección al consumidor en el ámbito de la tercera edad o de personas jubiladas; también hemos hecho presente la necesidad urgente de poner límite o de terminar con la entrega de tarjetas a adolescentes o estudiantes sin ingresos. A estos, tal como a los adultos mayores, se les entregan tarjetas y se les cobra un seguro de cesantía, en circunstancias de que estudian y no trabajan. Es más: carecen de ingresos.
Hoy día muchos de ellos usan esas tarjetas -con cupo a veces limitado (de 100 o 200 mil pesos), otras veces no- porque, al final, el aval es la familia.
Se señala que el cobro del seguro de cesantía a jubilados o personas de tercera edad, que no prestan servicios remunerados o carecen de una relación contractual, es ilegal. Y, como dicen los abogados -tengo muchos amigos abogados, tal vez demasiados-, donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.
Por consiguiente, si es injusto o ilegal imponer un seguro de cesantía a los jubilados, que ya dejaron el mundo laboral, igualmente lo es exigírselo a los jóvenes, que estudian, no trabajan y carecen de ingresos y quienes, por lo mismo, no deberían ser sujetos de crédito.
Esta iniciativa, presentada por el Senador Juan Pablo Letelier , es muy importante. Sin embargo, tendría que considerar también un hecho que cada día se torna más grave. Cuando he ido a universidades privadas y también a algunas públicas como la Universidad de Concepción, muchas veces se me han acercado estudiantes que, asustados por su nivel de endeudamiento, me muestran los montos que deben. Y, por cierto, he visto a promotoras muy agraciadas promoviendo tarjetas de crédito a jóvenes que, a pesar de no trabajar y no tener ingresos, quedan sujetos a las mismas exigencias que un trabajador formal.
Por lo anterior, voy a votar a favor. Entiendo que se trata del segundo informe. No sé si la Comisión de Economía revisó aquel tema y si se va a abrir un espacio para indicaciones. Pero, si no fuera así, se hará necesaria la presentación de otro proyecto de ley, porque me parece que los mismos argumentos y razonamientos planteados respecto de la gente de la tercera edad o jubilados también son aplicables a los jóvenes que estudian y no trabajan y a quienes, no obstante, las empresas les otorgan créditos y tarjetas de crédito y les cobran un seguro de cesantía que no corresponde. ¡Cómo es posible exigirle un seguro de cesantía a un joven de 19, 20 o 21 años que no trabaja!
Por tanto, tampoco procede en este caso.
Sin embargo, voy a votar a favor del proyecto.
Considero que la industria del crédito en Chile tiene que ser regulada y que resulta necesario fortalecer las organizaciones de consumidores.
Espero que en el debate presupuestario para el año 2012 pongamos más recursos para proteger a los usuarios, porque las empresas saben cómo resguardarse, particularmente las del retail. Hoy, la indefensión en que se encuentran aquellos es mayúscula y creciente.
Además, las fuertes y duras lecciones que nos ha dejado el caso La Polar y las casi 30 millones de tarjetas de crédito que existen en el país -de las cuales cerca de 24 millones corresponden a casas comerciales, y 6 millones, al sistema financiero bancario- hacen urgente modificar la legislación y establecer mayores regulaciones para proteger a los consumidores.
CONADECUS y otras organizaciones de carácter nacional para la defensa de los usuarios realizan una muy importante labor. No obstante, también es necesario promover la creación de este tipo de entidades en las Regiones. En la del Biobío tenemos una, pero el financiamiento escasea, porque su funcionamiento igualmente conlleva costos.
Espero que la misma voluntad con que votamos a favor de este proyecto de ley, que hace justicia a las personas de la tercera edad o jubilados en la relación contractual crediticia, se exprese también a la hora de evaluar la creación y el fortalecimiento de organizaciones de consumidores.
Voto que sí.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
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