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El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , el proyecto que hoy discutimos es de antiguo origen. Nació a propósito de la inquietud que en muchos de nosotros surgió cuando advertíamos años atrás las dificultades que había en la condición laboral de los empleados públicos.
Por eso en 2006 fuimos a ver al entonces Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Después repetimos la misma experiencia con la Ministra Claudia Serrano, con el propósito de plantearle una propuesta bastante general para atacar el problema de los derechos de los trabajadores del sector público.
Uno de tales capítulos era precisamente la falta de negociación colectiva y de derecho a huelga en dicho ámbito. Pero había otros, como las prácticas antisindicales, las dificultades de los empleados a contrata y a honorarios, por mencionar algunos.
Le formulamos diversas propuestas, las que, lamentablemente, no fueron acogidas ni tuvieron seguimiento.
Durante este período hemos intentado avanzar en la misma línea, y hasta la fecha no hemos encontrado todavía el eco a estos planteamientos.
Por ello, personalmente desarrollé el proyecto en debate, para el cual pedí el apoyo a colegas de distintos sectores políticos: Senadores señores Pérez Varela , García , Letelier y Sabag . Porque me parecía que una iniciativa de esta naturaleza, además tratándose de una reforma constitucional, requiere un amplio consenso y apunta hacia una política de Estado en cuanto a qué queremos realmente respecto de nuestros trabajadores públicos, a qué derechos deseamos reconocerles y, por lo tanto, hacia dónde debe caminar su organización jurídica.
La situación actual no puede ser peor.
En realidad, las restricciones -como se ha señalado- hacen que estemos en la jungla jurídica, porque no hay norma. La Constitución prohíbe el derecho a huelga. Sin embargo, existen paralizaciones constantemente. Al respecto se han recordado algunos de los antecedentes contenidos en la moción. Asimismo, la negociación colectiva se encuentra entregada a la ley, y esta la prohíbe para los funcionarios de la Administración del Estado. En consecuencia, vivimos una situación donde hay negociación colectiva y huelga, pero en la que no existe normativa que las regule.
Y nos encontramos, por consiguiente, en el peor de los mundos.
Sobre esta materia queremos llamar la atención. Y no solo porque se trata de una doctrina que ha evolucionado en el mundo. Hace cuarenta o cincuenta años se entendía que no había negociación colectiva, ni sindicalización ni huelga en el sector público. Pero las cosas han cambiado, tanto a nivel doctrinario como respecto de la normativa internacional. La OIT ha celebrado varios convenios, y todos han sido suscritos por Chile. Y en particular el último de ellos, el 151, aprobado por nuestro país en 2000, establece específicamente que se trata de un derecho de los trabajadores, que deberá ser regulado, pero al cual no se puede renunciar.
Esa es la realidad que estamos viendo. Y creo que llegó el momento de poner a tono nuestra legislación frente a conceptos doctrinales claros, a una legislación internacional que nos obliga y, además, a un hecho objetivo: hoy los trabajadores se ven conminados a negociar con las autoridades en forma discrecional, fuera de norma, y generan situaciones que no solo hacen difícil la defensa de los derechos de los funcionarios, sino que además afectan a los usuarios de los servicios. Porque, precisamente por la forma en que se ha desarrollado este proceso, ante las paralizaciones -muchísimo mayores en el sector público que en el privado-, son los usuarios, los alumnos, los pacientes, aquellos que van a buscar certificados o necesitan la atención de Impuestos Internos, del Registro Civil o de cualquier otra repartición pública los que se ven perjudicados, dada la inexistencia de normas que regulen tal circunstancia.
Y hemos de definir si vamos a optar por la jungla, la selva, la ley del más fuerte en estas materias o por un sistema normativo, que regule los derechos de los trabajadores, que les permita expresarse normalmente, y donde la autoridad, el Estado -esto representa a todo Chile-, tenga también la posibilidad de negociar, intercambiar y resolver, para finalmente llegar a las disposiciones pertinentes. Y, por cierto, cada vez que sea necesaria la aprobación legislativa de algunos de estos acuerdos -por ejemplo, los reajustes del sector público-, deberán ser resueltos por el Congreso Nacional, como lo establece nuestro ordenamiento jurídico.
En consecuencia, por los trabajadores y por los usuarios, por el país, y por un Estado moderno en donde se respetan los derechos laborales, creemos que resulta perentorio aprobar la reforma constitucional.
El debate habido en la Comisión nos ha permitido escuchar a muchos especialistas, a representantes de los trabajadores de todos los sectores. Y tengo la sensación de que efectivamente existe el mayor acuerdo para que la iniciativa en análisis avance. Y me alegro de que ello sea así.
Sin embargo, advierto que hay temor en algunos, quienes plantean: "¿Qué va a pasar? Si se aprueban estos preceptos vamos a estar sujetos a una negociación colectiva que será utilizada políticamente, a paralizaciones antes de las elecciones". Eso es lo que ocurre hoy sin norma. Con ella ordenaremos dicha situación, los trabajadores participarán en un proceso regulado expresando sus derechos, y la huelga, cuando corresponda, será acotada. Esto último, pensando sobre todo en los derechos de los usuarios.
Hay quienes derechamente están en contra de que haya negociación colectiva en este sector. Me parece respetable su opinión. Pero considero que ella es añeja, que no corresponde a la realidad. Por lo tanto, respetándola, disiento profundamente. Los trabajadores, no solo en el sector privado sino también en el público, merecen contar con mecanismos para hacer respetar sus derechos.
Algunos han planteado que no es conveniente avanzar en esta materia. Incluso...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN .- ¿Me concede dos minutos más, para terminar?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor LARRAÍN .- Muchas gracias.
Decía que incluso hay quienes señalan que la reforma que se sugiere podría ocasionar problemas políticos de distinta naturaleza.
Quiero manifestar que la iniciativa en discusión no es solo personal o de un grupo de Senadores. En dicha materia hemos trabajado mucho. Y en su momento fue nuestro sector político el que la propuso, sin perjuicio de lo que hayan hecho otros. Por consiguiente, para mí, aprobar el proyecto en debate constituye una señal de coherencia política. Y en lo personal espero que seamos coherentes frente a lo que hemos manifestado en el pasado.
Más aún, a quienes quieren que la iniciativa no siga en tramitación o que se oponen a ella -algunos me lo han mencionado- les digo muy honestamente que no aprobarla sería para mí romper un código de conducta ética. Para mí constituye un problema de integridad moral, porque en esta materia no estoy actuando por conveniencias políticas de hoy o de mañana, o de las que pudimos haber tenido ayer, sino conforme a principios, a convicciones.
Por lo expuesto, pido al Senado que de una vez por todas hagamos historia, que nos juguemos por algo importante para el Estado: contar con una buena regulación de los derechos de los trabajadores, a fin de terminar con los abusos que se han cometido y, al mismo tiempo, respetar los derechos de los usuarios. Y todo ello, por cierto, dentro de lo que nuestro país va a requerir: alcanzar acuerdos racionales, posibles, objetivos. Y con tal propósito necesitamos una norma adecuada.
Espero que la reforma constitucional que proponemos, que facilita la negociación colectiva y la huelga en el sector público, sea seguida por un trabajo colectivo, en donde se junten las autoridades con los dirigentes y los especialistas, para disponer de una normativa objetiva, adecuada, como Chile merece.
He dicho.
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