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El señor GIRARDI (Presidente).- El primer asunto de la tabla es el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7440-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 27ª, en 21 de junio de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Los objetivos principales de la iniciativa son fomentar el ahorro previsional voluntario por medio de cambios institucionales y tributarios y ampliar la gama de inversiones de las compañías de seguros.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Escalona, Lagos y Novoa. El texto es el mismo que despachó la Cámara de Diputados.
Cabe hacer presente que la letra e) del número 8) del artículo 2° y el número 3) del artículo 3° tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Por su parte, los números 3), 4) y 5) del artículo 1° y el número 10) del artículo 2° tienen el carácter de normas de quórum calificado y requieren para ser aprobadas el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , ante todo quiero manifestar mi alegría por el completo restablecimiento de nuestra compañera Lily Pérez , presente hoy con nosotros. ¡Felicidades y muchas gracias por tus expresiones!
Entrando en materia, debo señalar que a partir de la semana pasada, cuando la clasificadora de riesgo Moody's rebajó la calificación de los bonos de deuda pública de Portugal, dejándolos casi como papeles basura, se han venido sucediendo una serie de hechos que hoy tienen al borde de una crisis sistémica a toda la denominada "Zona Euro".
España e Italia han sufrido el colapso y Alemania, Holanda y Bélgica ahora se niegan a seguir comprando, con recursos de sus contribuyentes, bonos de deuda pública de países en graves problemas y exigen que la banca privada comience a pagar parte de la factura por la crisis financiera europea. Los especuladores financieros han dicho que si eso se hace, lo considerarán un default y la situación arrastrará a toda Europa hacia una recesión nunca antes vista en el Viejo Continente.
Moody's, Standard and Poor's y Fitch son las tres clasificadoras de riesgo más importantes; controlan el 90 por ciento del mercado de la clasificación de riesgo de los papeles de las empresas y países del mundo. Lo que sus ejecutivos decidan marca la pauta de los bancos centrales y de los organismos de crédito internacional, y con ello pueden llevar a la quiebra a empresas y familias de casi todo el planeta.
Por las decisiones de estas entidades privadas, Grecia está en proceso de despedir a un tercio de todos sus funcionarios públicos; España pagará este año más de 12 mil 400 millones de euros solo en intereses por sus bonos, hoy considerados riesgosos, y Portugal e Irlanda, otrora los milagros del neodesarrollismo europeo, viven una crisis social y política que compromete el bienestar de al menos dos generaciones hacia el futuro.
Sin embargo, estas mismas tres clasificadoras de riesgo certificaban, hasta el día en que se derrumbó la economía norteamericana por las hipotecas basura, que el principal responsable de la crisis, el banco de inversión Lehman Brothers , tenía una sólida posición financiera que daba seguridades a todas sus contrapartes en el mundo entero.
Si hago este comentario, señor Presidente , es a propósito del título de este proyecto de ley, en mi opinión bastante pretencioso ("moderniza y fomenta la competitividad del mercado financiero"), y porque a nivel mundial el problema más relevante hoy en día es la regulación de los mercados financieros, la posibilidad de dar una "gobernanza global" a los poderes financieros transnacionales, que literalmente se juegan empresas y pensiones en la ruleta rusa de la especulación y que pueden llevar a la quiebra a los países. El poder financiero nacional y transnacional se transformó en un voraz e indomable monstruo que asfixia a las economías de las naciones.
Señor Presidente , el proyecto de ley que conocemos se nos presenta como una iniciativa orientada a la modernización y fomento de la competitividad del mercado financiero. Pero las medidas que se nos proponen, ¿van en esa dirección? ¿Realmente modernizan e introducen más competencia?
Yo, estimados colegas, pienso que no, primero, porque cuando se ingresó el mensaje y se hizo el debate en la Cámara y en el Senado no estaban los antecedentes que hoy día conocemos respecto del fenómeno de La Polar y de las financieras que operan como ella; segundo, porque lo que ahora se nos presenta como modernización no es otra cosa que liberalización, y tercero, porque no veo ninguna medida que tienda a generar más competencia en el mercado.
Este proyecto se orienta a asegurar mayores niveles de rentabilidad, que es un concepto diametralmente distinto, pues esa rentabilidad no se traduce de manera necesaria en mejoras en la situación de los ahorrantes -muchos de ellos forzados, por cierto- que deben dejar sus recursos en manos de las entidades financieras de la más diversa índole.
Un caso especialmente grave es el de la banca. En Chile esta no es competitiva; no le interesa serlo, pues adoptó una estrategia de nicho, o sea, va tras determinado tipo de target de clientes. Hay bancos para el sector ABC1 y bancos populares; hay bancos para gente de Santiago y otros para regiones.
En nuestro país las entidades bancarias no compiten: se reparten el mercado. Y, como si esto no fuera grave, se las han ingeniado, a lo largo de los años, para crear un entramado económico y jurídico mediante las denominadas "sociedades de apoyo al giro bancario", cuya finalidad es externalizar servicios y capturar el mercado por la vía de generar barreras de entrada, cuando no, derechamente, establecer pequeños carteles en base a una abierta colusión. Así, en materia de redes de transferencia electrónica de fondos, el mercado se lo dividen dos empresas: Redbanc y la Sociedad Intercambiara de Depósitos y Valores; en emisión y operación de tarjetas de crédito solo operan Transbank, Fic Card , Nexus y SMU, que se reparten a los bancos que usan sus servicios. Y los casos suman y siguen.
La gravedad de esta situación, señor Presidente , estriba en que cuando los clientes de la banca, los cuentacorrentistas, firman sus contratos de adhesión, en forma paralela están contratando servicios con esas empresas, que hoy día se encuentran absolutamente desreguladas y cuyos cobros no se hallan sujetos a ninguna regla de competencia económica.
Cuando se analiza el origen de las utilidades de la banca, que llegan hasta un 30 por ciento por sobre el capital al año, la explicación hay que encontrarla, por una parte, en la falta de competencia y en el costo del crédito, que permite, a través de la tasa máxima convencional, alcanzar casi el 50 por ciento de los promedios que informan los bancos, más la debida capitalización de intereses.
Por eso, señor Presidente , creo que en algunos casos este proyecto está desfasado, no toma en cuenta el contexto. Y, en mi opinión, la Comisión de Hacienda debería volver a revisarlo en este nuevo escenario, conforme al ánimo que ha surgido; introducir otras modificaciones que de verdad le den competencia al sistema financiero, y permitir que en definitiva se interprete lo que la mayoría siente cuando se habla de un modelo económico que solo garantiza la rentabilidad de los bancos y la inequidad en el trato hacia los deudores.
Esta mañana escuché por la radio al economista y ex Diputado democratacristiano Andrés Palma denunciando una situación que merece ser investigada y que viene al caso de lo que estamos discutiendo esta tarde: el Banco BBVA sería uno de los principales acreedores de La Polar. En esa condición, y para generar recursos que permitieran a esta última pagar sus deudas, se habrían puesto de acuerdo banco y empresa para que esta emitiera bonos, los que fueron comprados por la AFP Provida, que se encuentra ligada por propiedad con aquella entidad bancaria.
Al final, en esta "bicicleta financiera", los trabajadores afiliados a Provida le pagaron las deudas a La Polar y su fondo de pensiones sufrió las consecuencias.
Entre varias medidas que se proponen en este proyecto de ley, hay una que particularmente establece que los fondos de las AFP irán en ayuda de las empresas que se hallan en reestructuración. Es decir, con los recursos de los trabajadores se pretende salvar a las empresas que están mal administradas.
Señor Presidente , no me quiero extender en exceso, sino solo señalar que esta iniciativa legal no apunta a una mayor competencia, no otorga más garantías y, por cierto, debería ser analizada una vez más por la Comisión de Hacienda en base a la nueva perspectiva. Porque es otro el momento en que se está discutiendo y se han entregado diferentes antecedentes luego del escándalo de La Polar.
Por lo tanto, el referido órgano técnico debería estudiar en detalle los impactos, las ventajas y los beneficios que respecto de los clientes -y en general, para el país, no para la industria financiera- tendrán cada una de las medidas planteadas, pues, de lo contrario, estaremos contribuyendo con nuestro voto a mejorar las utilidades de unos pocos y, lo que es peor, poniendo en riesgo el ahorro de millones de chilenos, incluyendo los más humildes, que mes a mes entregan sus recursos a las AFP para que parte de su sueldo se lo vayan a jugar, en definitiva, a la "ruleta rusa" o a los "casinos financieros".
Por consiguiente, votaré en contra de esta iniciativa legal, que espero que sea revisada por la Comisión de Hacienda si eventualmente es aprobada por la Sala.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , cuando uno concurre a votar la idea de legislar lo hace considerando que es una instancia en la que resulta oportuno fijar la atención del quehacer parlamentario para proceder luego a estudiar las diferentes materias en particular. Pronunciarse en general, en consecuencia, no significa comprometer el voto con ningún precepto específico, sino, simplemente, la disposición a atender, analizar, evaluar aquellas normas puestas en conocimiento del Congreso Nacional.
Por ese motivo, en la Comisión de Hacienda voté a favor de la idea de legislar. Sin embargo, ahora en la Sala haré lo contrario, pues me parece una completa imprudencia que este proyecto siga su curso tomando en cuenta los hechos que han ocurrido.
El proyecto fue aprobado en general en dicho organismo antes del escándalo de La Polar. Y acá no hay ningún antecedente que indique si el Ejecutivo se ha percatado de las repercusiones que aquel ha tenido en el sistema financiero. Todo indica que reviste gran importancia para nuestro país, pues el volumen de los recursos involucrados es realmente significativo. Hasta la fecha el Ejecutivo le ha bajado el perfil, pero las cantidades envueltas, en relación con el producto nacional, son superiores a las observadas en el escándalo Enron de Estados Unidos.
Esa es la magnitud de lo sucedido aquí.
No estoy hablando en relación con el PIB, sino -repito- en relación con el producto nacional. Claro, lógicamente los fondos involucrados en el caso Enron son superiores a los de La Polar, pero, mirado el tamaño o las dimensiones del país, los recursos perdidos en Enron son inferiores a los perdidos en la empresa chilena.
Sin embargo, el Ejecutivo insiste en legislar sobre la materia sin haber madurado una reflexión acerca de lo ocurrido; sin que se hayan expuesto puntos de vista que afirmen o nieguen los hechos que condujeron a la crisis; sin que, por ejemplo, se haya analizado una incongruencia a todas luces evidente, como es el hecho de que las grandes instituciones financieras decidan por sí mismas qué compañías las auditan y, en consecuencia, el auditor sea contratado por aquel a quien va a auditar, sin que se aplique ningún tipo de sanción penal en caso de que se burle la ley y no se entreguen los antecedentes suficientes a los tribunales o al mercado, cuando las condiciones así lo exijan, como sí acontece en otros sistemas financieros, entre ellos el de Estados Unidos después de la gran crisis financiera de los años 2008-2009.
¡O sea, acá no se ha tomado en cuenta nada!
En otras palabras, se cayó la estantería, pero se sigue actuando como si todos los libros estuvieran en su lugar, como si el señor Ministro se pudiera poner de pie y retirar de ahí el Compendio de Teoría Económica. ¡Si ese ya se cayó, junto con la estantería! Es como si una persona tratara de mirarse al espejo y el espejo ya no estuviera, porque se vino abajo.
Aquí tiene que haber un tiempo mínimo de reflexión, de intercambio de opiniones, de estudio; esperar que la teoría también emita algún juicio.
A veces se dice, presuntuosamente, que en nuestro país existen centros de estudio, la expertise necesaria para que de estos hechos se puedan sacar todo tipo de lecciones y, por consiguiente, corregir lo que corresponde.
Pues bien, aquí se hizo caso omiso de todo. Y se sigue con la intención de legislar a como dé lugar, a pesar de que no ha habido tiempo suficiente para valorar y aquilatar en profundidad cuál es el impacto que la crisis de La Polar tendrá en nuestro sistema financiero y cuáles son las medidas que se debiesen tomar.
Entonces, ante este apresuramiento, me resulta imposible hacerme parte del proyecto. Es decir, si ayer, antes del escándalo, era conveniente legislar, ahora, en medio de este, ocurre exactamente lo contrario: es inoportuno hacerlo.
Cuando uno concurre a apoyar la idea de legislar respecto de una materia, es porque considera que existen las circunstancias necesarias para llevar a cabo dicha tarea. Sin embargo, en este caso no es así, pues se da precisamente lo contrario. Resulta enteramente inadecuado proceder en tal sentido, porque no están dados las condiciones ni el mínimo de masa crítica, de elaboración, de opiniones, de debate académico, teórico y de lecciones prácticas en cuanto al impacto que ha tenido en nuestro país la crisis de La Polar.
En consecuencia, quiero manifestar mi profunda disconformidad con este estilo. En mi opinión, simplemente se sigue caminando hacia el precipicio sin capacidad de reflexión sobre lo que pasó ni respecto de la adopción de las medidas que se deben tomar para que no vuelva a ocurrir.
Voto en contra por el profundo malestar que siento por el hecho de que se pretende que legislemos cuando no hay razón alguna que justifique hacerlo en este momento. Tenemos tiempo más que suficiente, pero no conocemos aún ninguna conclusión sobre el impacto severo que tuvo en el sistema financiero el escándalo de La Polar.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NAVARRO.- El señor Ministro la había pedido.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Eso es correcto. De hecho, el señor Ministro tiene prioridad; pero él solicitó -se lo informo a los señores Senadores que manifestaron interés en que dicho Secretario de Estado interviniera- hacerlo al final del debate, antes de la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .- Señor Presidente , la Comisión de Hacienda está citada para analizar el proyecto sobre salario mínimo. Por lo tanto, no voy a hablar en este momento. No obstante, pido segunda discusión para la iniciativa en debate.
Como quiero intervenir a su respecto, reservo mi derecho para esa instancia.
Por su parte, el señor Ministro podrá hacer uso de la palabra ahora mientras concurrimos a ocuparnos del asunto que mencioné.
El señor GIRARDI (Presidente).- La Comisión de Hacienda se halla autorizada para sesionar en paralelo con la Sala.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).- Señor Presidente , yo también tengo que asistir a la sesión de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, me gustaría hacer algunas observaciones ahora sobre la iniciativa y acerca de lo que he escuchado.
Cuando oí al Senador señor Tuma , me pareció que él hablaba de otro proyecto de ley, porque el objeto de este no es mejorar la rentabilidad del sistema financiero. ¡No tiene nada que ver! Ni tampoco se relaciona -entiendo lo que plantea el Senador señor Escalona - con el caso de La Polar. No obstante, hay otras iniciativas legales en que vamos a abordar los temas de regulación y supervisión. Por ejemplo, la que crea el Consejo de Estabilidad Financiera, el cual va a estar integrado por el Presidente del Banco Central , los tres Superintendentes y el Ministro de Hacienda , a fin de tener una visión de los conglomerados financieros y del sistema como un todo, además de coordinar y mejorar los aspectos regulatorios.
También cabe mencionar el proyecto de ley relativo a la supervisión de los riesgos, que apunta en la misma dirección.
Igualmente se puede citar la creación de una nueva Comisión de Valores y el Reglamento de Crédito Universal, que se encuentra vigente, y que asimismo tiene la finalidad de generar mayor competencia en el sistema financiero.
Entonces, son varias las iniciativas que tienen que ver con la materia. Pero este proyecto, señor Presidente -lo digo responsablemente-, en particular, no guarda relación con el caso de La Polar. Lo que hace, básicamente, son dos cosas: mejorar el acceso de cientos de miles de personas al mercado financiero (en realidad millones) y optimizar el mercado de seguros. Adicionalmente, permite mayor competencia en la licitación del seguro asociado al crédito hipotecario.
Tomaré algunos minutos para señalar las materias centrales que aborda el proyecto.
En primer lugar busca el fomento del ahorro previsional voluntario (APV) y evitar, en particular, la doble tributación que ocurre en los depósitos APV, en el APV colectivo y en las cuentas de ahorro voluntario.
A su vez, se elimina la doble tributación, lo que implica que una persona no sea gravada dos veces: cuando ingresa los fondos y cuando los retira. De esa forma habrá una sola tributación.
Se flexibiliza lo referente a las cuentas de ahorro voluntario, para que se puedan abrir en más de una AFP. Hoy eso se halla limitado, porque la persona puede tener una sola en una Administradora de Fondos de Pensiones.
¿Qué buscamos con esto? Aumentar el atractivo de la cuenta de ahorro voluntario y de los mecanismos vigentes, para que llegue a millones de personas de clase media.
Quiero dar a conocer cuánta gente hay involucrada: si se considera únicamente a los que poseen cuenta de ahorro voluntario -conocida como "Cuenta 2"- son un millón 600 mil afiliados. Por su parte, el ahorro previsional voluntario incluye a 900 mil. Por lo tanto, hay 2 millones 500 mil personas que serán favorecidas por la primera parte del proyecto.
Aquí se elimina la doble tributación, se disminuyen costos y se mejoran las alternativas para un universo de 2 millones 500 mil personas.
Otro tema central se relaciona con las inversiones de las compañías de seguros, cuestión en la que no me voy a extender. Sin embargo, a través del proyecto, se establece la obligación de licitar los seguros asociados a los créditos hipotecarios.
En Chile, en este momento, hay un millón 250 mil deudores hipotecarios y un flujo de 40 mil créditos hipotecarios anuales. O sea, contamos con un stock de un millón 250 mil deudores, siendo 40 mil los créditos adicionales que se incorporan todos los años.
Ahora, ¿qué vamos a ofrecer a las personas?
Debo advertir a los señores Senadores que todo va en beneficio directo de la gente. Y no es que a la banca no le guste la iniciativa. Al revés, porque ella implica un beneficio estricto para el consumidor y establece la obligación de licitar el crédito.
En algunos casos, hemos visto que la comisión asociada a la licitación del seguro en el crédito hipotecario constituye entre 30 y 50 por ciento del costo de aquel. Y nosotros creemos que lo podemos mejorar en forma significativa al reducirlo para los deudores.
Tenemos un proyecto que, por un lado, en lo que respecta al ahorro previsional, mejora las condiciones para cerca de 2 millones 500 mil personas. Y, por otro, en lo que dice relación a la licitación de seguros asociados a créditos hipotecarios, estamos hablando del orden de un millón 250 mil deudores.
¿Y a cuántos representa el millón 250 mil deudores de crédito hipotecario? Probablemente a cerca de 5 millones de chilenos, cuyo grupo familiar es de cuatro personas en promedio en Chile.
En consecuencia, esto es exactamente al revés. Lo que buscamos con esta iniciativa es mejorar las condiciones para los deudores de crédito hipotecario y para los ahorrantes de clase media.
Por eso, en mi concepto, este proyecto es uno de los más significativos en términos de mejorar las condiciones financieras para amplios sectores de la clase media chilena.
El señor GIRARDI (Presidente).- En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Terminada la primera discusión.
--El proyecto queda para segunda discusión.
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