REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 359ª Sesión 95ª, en miércoles 12 de octubre de 2011 (Ordinaria, de 10.42 a 14.45 horas) Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, y Araya Guerrero, don Pedro. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental, el señor Landeros Perkič, don Miguel. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-HOMENAJE VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.-PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL I.Asistencia II.Apertura de la sesión III.Actas IV.Cuenta -Prórroga de plazo a Comisión V.Orden del Día. -Indulto conmutativo general. Segundo trámite constitucional. (Continuación) -Modificación de plazos sobre muerte presunta y establecimiento de normas acerca de comprobación judicial de muerte. Primer trámite constitucional VI.Homenaje. -Homenaje a obispo luterano señor Helmut Frenz, recientemente fallecido47 -Supresión de tratamiento de proyectos de acuerdo58 VII.Incidentes. -Petición de investigación e información, basada en informe de la Contraloría General de la República, sobre evaluación de impacto ambiental de proyecto Central Termoeléctrica Castilla. Oficios58 -Información sobre subsidios habitacionales, por programa y por región, entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Oficios60 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: -el que “Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.”. (boletín N° 7550-06). (421-359); -el que “Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes.”. (boletín N° 7911-06). (421-359); -el que “Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.”. (boletín N° 7886-03); -el que “Modifica el Código Penal con el objeto de establecer el ocultamiento como una circunstancia agravante.”. (boletín N° 7903-07); -el que “Crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones.”. (boletín N° 7829-13); -el que “Modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández.”. (boletín N° 6756-07) (S); -el que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.”. (boletín N° 4398-11); -el que “Modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985.”. (boletín N° 7761-24); -el que “Modifica Ley N° 19.419, en materia de ambientes libres de humo de tabaco.”. (boletín N° 7914-11)62 2.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Facilita el proceso de inscripción electoral automática.”. (boletín N° 7962-06) (S)63 3.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, parcialmente, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios.”. (boletín N° 7534-07) (S)63 4.Proyecto iniciado en moción del diputado señor Rivas, que “Modifica la ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria”. (boletín N° 7986-14)64 5.Proyecto iniciado en moción del diputado señor Rivas, que “Otorga el derecho a indemnización al trabajador por renuncia, muerte o mutuo acuerdo”. (boletín N° 7989-13)65 -Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad: 6.“artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1904-11-INA. (6670). Acogido. Se tomó conocimiento67 7.“artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1953-11-INA. (6674). Rechazado. Se tomó conocimiento67 IX. Otros documentos de la Cuenta. -Diputado Sabag, Informe a esta Cámara sobre el tráfico aéreo anual y mensual, en los últimos años, entre las ciudades de Santiago y Concepción; y, el número de vuelos fallidos por inclemencias del tiempo, evaluando posibles soluciones tecnológicas que permitan superar la niebla en Carriel Sur y una nueva localización para un aeropuerto entre Chillán y Los Ángeles. (31181 al 4399). -Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir información relacionada con el emplazamiento de las viviendas de alrededor de 150 familias de la comuna de Frutillar, beneficiarias del Programa Fondo Solidario para la Vivienda (62004 al 1610). -Diputado Espinoza don Fidel, Solicita realizar una investigación en el Departamento de Salud de la comuna de Fresia, que determine, fundamentalmente, el destino de los recursos para el pago de las remuneraciones de los paramédicos, conductores y administrativos de esa repartición, entre los años 2006 y 2009; los eventuales mejoramientos en las remuneraciones de los funcionarios de las categorías más altas de ese centro de atención primaria de salud; las eventuales responsabilidades administrativas a que hubiere lugar; y, además, investigar el estado actual de los sumarios administrativos instruidos en ese municipio, dirigidos a determinar los hechos y la responsabilidad que en ellos cupo al ex director de salud señor Germán Shibar, por eventuales prácticas anti laborales; así como el cumplimiento de las medidas que esa investigación recomienda adoptar. (62005 al 1592). X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. -Diputada Pacheco doña Clemira, Informe si alguna iglesia evangélica o concilio postula actualmente al Fondo Nacional de Reconstrucción. (4813 de 04/10/2011). A Ministerio de Hacienda. -Diputado Pérez don Leopoldo, Informe la respuesta al dictamen de la Contraloría General de la República que ordena regularizar la situación previsional del señor Luis Morales Lorca, exonerado político. (4834 de 05/10/2011). A director del Instituto de Previsión Social. -Diputado Pérez don Leopoldo, Informe respecto del contenido y del cumplimiento de los acuerdos de las obras de mitigación con los vecinos de La Pintana y de Puente Alto, sobre la carretera de acceso sur a Santiago. (4835 de 05/10/2011). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputado Pérez don Leopoldo, Informe respecto al descuento del pago de una carga que no correspondería al señor Luis Morales Lorca. (4836 de 05/10/2011). Al director del Instituto de Previsión Social. -Diputado Sauerbaum, Informe la respuesta al oficio ordinario N° 013 de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de la Municipalidad de San Nicolás, fechado el 15 de diciembre de 2010. (4840 de 05/10/2011). A Contraloría General de la República. -Diputado Meza, Informe si la división El Teniente de Codelco envió residuos peligrosos de arsénico a la empresa Hidronor S.A. para ser depositados en Pudahuel antes de su llamado a la licitación “Servicio de Manejo, Transporte y Disposición Final de Residuos Arsenicales y Peligrosos”; si las dos empresas que presentaron las mejores ofertas fueron la antedicha y Hera Ecobio S.A.; si esta licitación fue declarada desierta y los motivos para ello, y si luego de declararse desierta, se adjudicó la labor a Hidronor S.A. (4841 de 05/10/2011). A Ministerio de Minería. -Diputado Meza, Informe si la división El Teniente de Codelco envió residuos peligrosos de arsénico a la empresa Hidronor S.A. para ser depositados en Pudahuel antes de su llamado a la licitación “Servicio de Manejo, Transporte y Disposición Final de Residuos Arsenicales y Peligrosos”; si las dos empresas que presentaron las mejores ofertas fueron la antedicha y Hera Ecobio S.A.; si esta licitación fue declarada desierta y los motivos para ello, y si luego de declararse desierta, se adjudicó la labor a Hidronor S.A. (4841 de 05/10/2011). A gerente general de Codelco. -Diputado Meza, Informe si la división El Teniente de Codelco envió residuos peligrosos de arsénico a la empresa Hidronor S.A. para ser depositados en Pudahuel antes de su llamado a la licitación “Servicio de Manejo, Transporte y Disposición Final de Residuos Arsenicales y Peligrosos”; si las dos empresas que presentaron las mejores ofertas fueron la antedicha y Hera Ecobio S.A.; si esta licitación fue declarada desierta y los motivos para ello, y si luego de declararse desierta, se adjudicó la labor a Hidronor S.A. (4841 de 05/10/2011). A gerente de general de División El Teniente de Codelco. -Diputado Meza, Informe si constató, en su visita a la Región del Biobío, que la empresa Hera Ecobío S.A. contaba con las autorizaciones medioambientales para recibir residuos arsenicales y peligrosos en su planta de Chillán Viejo. (4847 de 06/10/2011). A Ministerio del Medio Ambiente. -Diputado Van Rysselberghe, Instruya un sumario interno para determinar a los responsables de la filtración a la prensa de la evaluación de desempeño de los gobernadores, y sus respectivas sanciones; además de informar si esta investigación ya se comenzó y las conclusiones a las que arribe. (4848 de 06/10/2011). A Ministerio de Interior. -Diputado Van Rysselberghe, Instruya un sumario interno para determinar a los responsables de la filtración a la prensa de la evaluación de desempeño de los gobernadores, y sus respectivas sanciones; además de informar si esta investigación ya se comenzó y las conclusiones a las que arribe. (4849 de 06/10/2011). A Ministro secretario general de Gobierno. -Diputada Goic doña Carolina, Diputado Walker, Diputado Vallespín, Informe pormenorizadamente la cantidad de estudiantes por universidad a quienes se les han suspendido las becas de alimentación y manutención; las razones para ello, el plazo por el que se continuará con la medida, la reglamentación vigente al efecto, la forma en que el Ministerio pretende resolver la situación y si ha tomado conocimiento de la precariedad en la que han quedado los afectados. (4850 de 06/10/2011). A Ministerio de Educación. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aguiló Melo, Sergio -Alinco Bustos René -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Andrade Lara, Osvaldo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Auth Stewart, Pepe -Baltolu Rasera, Nino -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Browne Urrejola, Pedro -Burgos Varela, Jorge -Calderón Bassi, Giovanni -Campos Jara, Cristián -Cardemil Herrera, Alberto -Carmona Soto, Lautaro -Castro González, Juan Luis -Cerda García, Eduardo -Ceroni Fuentes, Guillermo -Cornejo González, Aldo -Chahín Valenzuela, Fuad -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Edwards Silva, José Manuel -Eluchans Urenda, Edmundo -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -Goic Boroevic, Carolina -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hales Dib, Patricio -Harboe Bascuñán, Felipe -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hoffmann Opazo, María José -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Lemus Aracena, Luis -Rosales Guzmán, Joel -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag -Martínez Labbé, Rosauro -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Morales Muñoz Celso -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Recondo Lavanderos, Carlos -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Salaberry Soto, Felipe -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Sauerbaum Muñoz, Frank -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier Del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Tuma Zedan, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Letelier Aguilar, Cristián -Urrutia Bonilla, Ignacio -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Vargas Pizarro, Orlando -Velásquez Seguel, Pedro -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Vilches Guzmán, Carlos -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Diputado en misión oficial señor Marcelo Díaz Díaz. -Asistió el ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera Neumann. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.42 horas. El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 89ª se declara aprobada. El acta de la sesión 90ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor LANDEROS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta. PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN. El señor MELERO (Presidente).- Recabo el asentimiento de la Sala en orden a acceder a la petición formulada por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, mediante la cual solicita el acuerdo para prorrogar en veinte días su mandato, con el objeto de redactar las conclusiones y proposiciones relacionadas con la investigación sobre la participación de la empresa estatal Codelco en la contaminación ambiental de la comuna de Puchuncaví y otros lugares. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA INDULTO CONMUTATIVO GENERAL. Segundo trámite constitucional. (Continuación). El señor MELERO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde continuar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el debate del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre indulto general. Diputados de las distintas bancadas se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra, de manera que la voy a ofrecer en el orden en que la solicitaron. Antecedentes: -El informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se rindió en la sesión 89ª, de esta legislatura, en 4 de octubre de 2011. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, el sábado 6 de junio de 2009, la fiscal de la Corte Suprema señora Mónica Maldonado, a propósito de una serie de situaciones producidas, de una visita inspectiva y de la fiscalización desarrollada en varias cárceles, señaló que el problema de los recintos carcelarios constituye una situación inhumana, degradante y cruel. Por su parte, en abril de 2009, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados también llevó a cabo una visita a la cárcel de Colina II, en la que fallecieron diez internos. En 2008, fallecieron tres reos a causa de riñas. Además, todos sabemos lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel. En la ex penitenciaría había una población de aproximadamente 6.800 reclusos, aunque el establecimiento tenía una capacidad de no más de 2 mil internos. Ésta es la triste realidad. Votaré a favor del proyecto, porque coincido plenamente con sus ideas matrices o fundamentales, las que tienen por objeto disminuir el hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones de habitabilidad en los recintos penitenciarios. Para nosotros, el problema de las cárceles constituye un tema de derechos humanos, de dignidad humana. Quiero entender que el Presidente de la República ha querido compartir con el Congreso Nacional la responsabilidad de indultar, porque podría haberlo hecho él, sobre la base del indulto particular, que es una facultad privativa de su investidura. El número 14° del artículo 32 de la Constitución Política establece que el Primer Mandatario puede otorgar indultos particulares. Por su parte, el número 16) del artículo 63 de la Carta Fundamental dispone el quórum de los diputados y senadores en ejercicio que se requiere para las leyes que conceden indultos generalas y amnistías. Por lo tanto, es tarea de todos, a través de este indulto general que propone el proyecto, resolver el problema de hacinamiento que afecta a los centros de reclusión, el cual repercute en toda la sociedad, con arreglo a lo que señalan la Constitución Política y las leyes. Se ha pretendido poner la figura del indulto en pugna con el concepto de seguridad ciudadana, así como con los derechos humanos, al señalar que el indulto atentaría contra la seguridad pública, en circunstancias de que eso no es efectivo. La seguridad ciudadana no debiera oponerse a los derechos humanos. Pero una seguridad pública mal entendida sí podría violar los derechos humanos y, al hacerlo, provocaría mayor inseguridad en la ciudadanía. La seguridad ciudadana debe ir vinculada a los derechos humanos para asegurar éstos y no ponerlos en pugna. Combatir el delito no es actuar a ultranza para meter a todos en la cárcel y mantenerlos ahí, ni ir construyendo un armado u ordenamiento jurídico absolutamente punitivo, crear más penas y aumentarlas. Combatir el delito también implica combatir sus causas, lo que, a lo mejor, hemos dejado de hacer, terminando con la pobreza, el desempleo o la falta de oportunidades para los jóvenes. Asimismo, hay que racionalizar y descongestionar las cárceles, construir nuevas infraestructuras e implementarlas, así como aplicar técnicas modernas en materia penitenciaria. Conocemos la realidad carcelaria: 54.195 personas. En 1990, no había más allá que 25 mil o 30 mil personas. Chile es el tercer país con más encarcelados en Latinoamérica, sólo superado por Surinam y Guayana Francesa, como lo indican las estadísticas. El exceso de población penal provoca inseguridad pública, porque las condiciones de habitabilidad son precarias y hay hacinamiento y promiscuidad. Se producen desencuentros y riñas, que dejan muertos y heridos, con los naturales efectos en las familias de los reclusos y en la sociedad entera. En este caso, no se cumplen la rehabilitación y la reinserción, objetivos modernos, superiores y más inmediatos, tanto como el cumplimiento de la pena. En materia de derechos humanos nos interesa la dignidad de los reclusos. Cuando una persona ingresa a un penal pierde su libertad, pero no debe perder su dignidad. No se puede agravar su encarcelamiento con el aplastamiento de su condición humana. Se debe posibilitar su resurgimiento y rehabilitación, y cuando hay probabilidades de beneficiarlo, ello debe llevarse a cabo. Las leyes de la mayor parte de los países consagran ese beneficio para los reclusos menos peligrosos o acusados de delitos menos graves. Están excluidos todos los delitos de mayor violencia, de los que nos enteramos a través de la televisión, como asesinatos, asaltos, etcétera. Ellos no están incluidos en este beneficio. El indulto que se nos promete se refiere solamente a cuatro tipos de casos: a las mujeres condenadas y privadas de libertad; a los condenados que se encuentren cumpliendo un régimen de salidas controladas al medio libre; a los condenados que cumplieron su pena bajo la modalidad de la reclusión nocturna, y a los extranjeros que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren también privados de libertad. En estos cuatro casos, los reclusos o condenados han dado muestras de buena conducta, por lo que merecen el indulto. No es un indulto sin condiciones, el Estado adopta resguardos y el favorecido sabrá que en libertad debe desarrollar una conducta acorde con ese beneficio. Deberá asumir el compromiso de no volver a delinquir durante los tres años siguientes a la concesión del indulto y, si infringe esta obligación, deberá cumplir de manera efectiva el saldo de la pena conmutada, sin perjuicio de lo que corresponda por el nuevo delito que cometa. Además, se le obligará a someterse a un período de control de observación durante tres años por medio de Gendarmería de Chile. Esto le da seriedad y seguridad al Estado y a la sociedad de que el beneficio estará supeditado al cumplimiento estricto de buen comportamiento y conducta intachable del beneficiado. Entonces, el indulto es una forma de resolver los problemas que he planteado que afectan a los reclusos, a sus familias, a las cárceles y a la sociedad chilena. Es una forma de descongestionar las cárceles y otorgar a quienes forman parte de la población penal la libertad garantizada con las condiciones que describe el proyecto y la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y evitar que los que lleguen por primera vez puedan ser influenciados por los delincuentes de más alto perfil delictual. No queremos que las cárceles sean la universidad del delito; que no sean, como dice la fiscal Mónica Maldonado, las escuelas del delito donde aprenden cómo delinquir y a formar redes. El indulto también favorecerá el trabajo de Gendarmería, que, debido a la sobrepoblación y al hacinamiento, se ve obstaculizado, que corre riesgos o peligros por los delincuentes más avezados. De hecho, ayer se trató y aprobó un proyecto de acuerdo que pedía un incremento en el número de gendarmes en las cárceles del país y una serie de mejoras en sus condiciones de trabajo. Entonces, seamos consecuentes con lo que pedimos. El proyecto va en la línea correcta para lograr los objetivos planteados en sus ideas matrices. Por un principio y deber de defensa de los derechos y de la dignidad de la persona, estoy por beneficiar a esos reclusos y no veo que su libertad vaya a afectar la seguridad pública. Los derechos humanos son más importantes que la seguridad pública cuando ésta pretende desconocer o arrasar con esos derechos vitales de la persona humana. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, éste es un buen proyecto y lo voy a votar favorablemente, porque se hace cargo de un problema objetivo. No quiero referirme mucho al mérito del proyecto, porque varias intervenciones han sido muy ilustrativas en tal sentido; sólo me atrevo a decir que tal vez debió haber sido más amplio y haber considerado más alternativas. Por el indulto general se intenta excarcelar a personas privadas de libertad que cumplen con su pena y, por esa vía, disminuir el hacinamiento. Sin embargo, me voy a referir a otro concepto, que está de moda y que es muy atingente: la incoherencia. ¿Por qué? Porque con este proyecto el Presidente de la República está preso de su discurso, de su anuncio. Nuevamente, el Presidente de la República está obligado a hacerse cargo de lo que anunció durante su campaña; pero lo hace de mala manera. Paradójicamente, él podría resolver estos problemas con el uso de sus atribuciones exclusivas; sin embargo, traslada esa responsabilidad y hace corresponsable al Congreso. Esta suerte de “democratitis” tan imprevista del Presidente de la República no hace sino encubrir sus temores: el temor de hacer uso de sus atribuciones, para lo cual nadie pone en duda de que tiene legitimidad democrática, toda vez que fue electo. Pero, en cuanto al problema concreto, el Presidente asume un compromiso, pero no lo cumple cabalmente mediante sus propias atribuciones. Pero junto al indulto se promueve un proyecto de ley con el que se intenta encarcelar a los encapuchados, con lo que se incorporará más gente a las cárceles. ¡Tengamos cuidado con esto! Hasta ahora, el único encapuchado que hemos logrado identificar era un funcionario de Carabineros, aquí en las cercanías del edificio del Congreso Nacional. Así que hay que tener cuidado con los encapuchados. ¿En qué estamos? Por una parte se intenta que salgan personas de las cárceles y, por otra, se busca que ingresen más. Entiendo que el Gobierno intentó facilitar el diálogo con los estudiantes. ¡Pero qué paradoja! Después de esto, se terminó la mesa de diálogo. Cuando el Presidente y el ministro ponen una luma encima de la mesa de diálogo con los estudiantes, evidentemente, ese diálogo no se puede materializar. ¿En qué estamos, entonces? Otra joyita de las incoherencias: se intenta entregar más atribuciones a los jueces para la determinación de medidas alternativas, como la libertad provisional, retirando esa decisión de la autoridad política, pero, al mismo tiempo, se mantiene el discurso de que los jueces de garantía son muy liberales, que más bien apuntan a la idea de dejar en libertad a las personas, que son más bien proteccionistas. Es decir, por una parte, se les quieren dar atribuciones y, por otra, se les quieren quitar atribuciones. Vamos a ver en el presupuesto de Gendarmería cuántos recursos se destinarán a rehabilitación, para, por esa vía, tratar de terminar con el hacinamiento. A lo mejor, valdría la pena estudiar un contrato especial de trabajo. Como acaba de llegar el ministro, supongo que no es necesario que repita todo mi discurso. Lo puede leer después. Otra joyita es el “Caso bombas”, en que se manifiesta nuevamente la impericia. La ansiedad del Gobierno apunta a sancionar y a apresar a más personas, pero al final nos encontramos con un bochorno, en el que todos los involucrados van a quedar en libertad y el único que quedará en descrédito es el Ministerio Público y, de paso, el Ministerio del Interior. ¿Cuál es el problema de fondo? Que el Gobierno está confundiendo orden público con paz social. El orden público implica medidas de represión; la paz social supone entendimiento y diálogo entre los actores. Es muy probable que, en el corto plazo, el Gobierno entienda que a lo que debemos aspirar es a la paz social y no sólo al orden público. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, entiendo las inquietudes del colega Osvaldo Andrade y las apoyo. Pero el proyecto plantea un tema que debemos abordar con una perspectiva de futuro. Nos hará bien, sin lugar a dudas. Como está presentada, es una buena iniciativa, pues permitirá avanzar hacia el término de la congestión y el hacinamiento en nuestras cárceles. Pero, aunque parezca raro y paradójico, quien la promueve es un Ejecutivo que prometió terminar con la puerta giratoria en las cárceles y no permitir la salida de los delincuentes condenados. Esa situación me confundió en algún momento. Además, hace unos días tratamos un proyecto del Ejecutivo, que descansa sobre las mismas bases que el actual, que modifica el régimen de libertad condicional, con el objeto de agilizar el otorgamiento de este beneficio a través de la exclusión de la autoridad política en la toma de decisión respecto de esta materia. Eso habla de un cambio profundo en la legislación. A ese proyecto se le introdujeron importantes modificaciones en la Comisión, lo cual me alegra mucho. El actual proyecto trata del indulto, que, al igual que el mencionado anteriormente, busca disminuir el hacinamiento carcelario, ya que, como sabemos, con un sistema carcelario colapsado se pueden repetir situaciones lamentables -ya lo mencionó el diputado Ojeda- como la ocurrida en la cárcel de San Miguel. En ese sentido, considero que se debe ser extremadamente cuidadoso, ya que, para evitar el hacinamiento carcelario, no se trata de otorgar indultos a personas que han delinquido y que no se han rehabilitado, ya que eso puede redundar en un daño o en un riesgo para la sociedad. Ese aspecto está considerado en las modificaciones introducidas al proyecto en la Comisión. La iniciativa contempla la posibilidad de indultar a mujeres que hubieren cumplido dos tercios de la pena y a mujeres madres que hubieren tenido buena conducta. También se concedería a personas que están cumpliendo penas alternativas a la prisión y que han dado cumplimiento efectivo a las condiciones impuestas por la ley. También considera a quienes cumplen una pena por conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, tema que será considerado en un futuro cercano y que tendrá una influencia interesante en ese aspecto. En todos esos casos, el beneficio se otorga bajo la condición de que la persona suscriba un compromiso de no volver a delinquir, ya que, de lo contrario, la medida quedará sin efecto y deberá volver a cumplir el saldo de la pena conmutada. Sabemos que la realidad es distinta cuando se gobierna. Por eso, vamos a aprobar esta iniciativa, en la convicción de que contribuye a solucionar los problemas para los cuales se elaboró. Como señaló el diputado Andrade, no hay que confundir orden público con paz social. Las intervenciones de mis colegas Ceroni y Harboe, realizadas en la anterior sesión en que se trató el proyecto, me dan plena seguridad de que se trata de una buena iniciativa, a pesar de algunos aspectos, sobre los cuales deberemos discutir a futuro. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, con este proyecto continuamos una discusión que empezamos hace un par de semanas, cuando aprobamos las modificaciones a la ley N° 18.216 y al régimen de libertad vigilada, que han permitido, como ha señalado el Gobierno, avanzar en un uso más racional de la cárcel. Estamos ante un muy buen proyecto, por lo que me permito felicitar al Presidente Piñera, porque creo que las cosas positivas hay que reconocerlas. El Presidente Piñera ha tenido la valentía suficiente para avanzar en un tema cuyo tratamiento muchos habíamos pedido, pero que no se había logrado concretar. Antes de precisar algunos puntos contenidos en el proyecto, quiero recordar que el indulto -así está definido en general en la doctrina penal- es una medida de gracia que el poder otorga a los condenados por sentencia firme, remitiéndoles la pena o parte de ella que se les hubiera impuesto, o conmutándose por otra más suave. ¿Por qué hago esta precisión del concepto de indulto? Porque, a mi juicio, más que de un indulto propiamente tal, en el proyecto estamos hablando de una conmutación de penas, situación que no es menor para los efectos jurídicos posteriores que pueden producirse en el evento de que una persona beneficiada vuelva a delinquir. Lo que estamos haciendo es establecer un grado más de racionalidad respecto de qué tipo de delitos deben ser sancionados con penas privativas de libertad. Hubo una larga discusión, no sólo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino también en muchos foros, acerca de cuál es la naturaleza de este proyecto. Insisto en que, más que un indulto, el proyecto establece una conmutación de penas, dado que el beneficio que entrega a las personas condenadas por delitos que se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad y que reúnen los requisitos que señala -en el evento de aprobarse- es la conmutación del saldo de la pena por determinadas penas que establece la misma iniciativa, como la vigilancia de la autoridad, la obligación de fijar domicilio o residencia, la firma de un compromiso de no volver a cometer delitos, etcétera. El proyecto dispone que quienes cometieron delitos menos graves, de baja peligrosidad y que comprometieron un bien jurídico que no es de mucha envergadura puedan cumplir la pena en libertad, pues se trata de delitos que no debieron haber tenido asignadas penas de cárcel. Con esta medida se corrige una distorsión que hemos venido cometiendo desde hace bastante tiempo: penalizar con cárcel todo tipo de delitos. En esa línea, suscribo la teoría de que el derecho penal y la cárcel deben reservarse para aquellos delitos de mayor envergadura, que atentan contra bienes jurídicos de mayor importancia, pero no para todo tipo de delitos. Como consecuencia de un grado de irracionalidad que tuvimos en algún minuto en la discusión, a raíz de los temas de seguridad pública que se fueron instalando, fuimos penando con cárcel delitos que en la legislación comparada están sancionados con otro tipo de penas, como, por ejemplo, la reclusión domiciliaria o los trabajos comunitarios. La idea es que no se lleve a la cárcel a sujetos que por primera vez cometen un delito, pues se corre el riesgo de que, después de su paso por la cárcel, más que rehabilitados, terminen convertidos en delincuentes profesionales. En esa línea, el Gobierno está haciendo bien las cosas. Durante la campaña electoral escuchamos al candidato presidencial Sebastián Piñera decir que se acabaría la puerta giratoria para los delincuentes, pero ahora vemos que se extiende esta mano acogedora, por lo que se entiende que el Gobierno tuvo un grado de racionalidad y de conocimiento más preciso de lo que sucede en la cárcel. Cabe recordar que, con ocasión del Bicentenario de la República, varios diputados planteamos la posibilidad de avanzar en un indulto, pero en ese minuto no hubo piso político para implementar esa medida. Desgraciadamente, tuvimos que vivir la tragedia de 81 compatriotas en la cárcel de San Miguel para poder avanzar en estos proyectos. Por ello, celebro que el Gobierno haya escuchado y visto cuál es la realidad penitenciaria que existe en el país. Aquí hay una norma que no es menor, sobre todo para quienes representamos zonas extremas, especialmente del norte del país. En mi caso, represento a Antofagasta y estoy consciente de que en esa comuna y en Calama existe una alta tasa de reos extranjeros. Estamos hablando de extranjeros que no tienen residencia en el territorio de la república -lo señalo para la historia fidedigna de la ley y para la tranquilidad de algunos colegas que han preguntado-, que ni siquiera han presentado solicitud de residencia. No se trata de extranjeros con permiso de permanencia y que han cometido delitos, sino que estamos hablando de los que ingresan ilegalmente al país, principalmente para traer o transportar drogas. Se trata de una cantidad importante de delincuentes, conocidos en la jerga policial como “burreros”, que en algún momento fueron detenidos por nuestras policías y que hoy cumplen condena y ocupan espacio en nuestras cárceles, pero que no tienen ningún vínculo con Chile. Eso sí, respecto de esta gente, durante el debate hicimos la salvedad de que el extranjero que se encuentre ilegal y que está condenado no se irá inmediatamente, sino que tendrá que cumplir parte de la pena con cárcel. De esta forma, les estamos enviando una señal a los extranjeros que pretendan cometer delitos, puesto que la condición de no residentes no les bastará para ser expulsados inmediatamente, sino que antes deberán cumplir parte de la pena a la que fueron condenados. Además, les queda prohibido ingresar al país por un lapso de aproximadamente diez años. De esta forma, podremos sacar de las cárceles a una cantidad importante de extranjeros que no tienen ningún vínculo con Chile. Con todo, hay que resolver un par de temas. La primera pregunta que cabe plantearse es quién se hace cargo de las deportaciones de extranjeros y cómo se van a financiar. Lo pregunto, porque la Policía de Investigaciones de Antofagasta ha debido asumir el costo de trasladar a un número importante de extranjeros, para expulsarlos del territorio de la República, costos que, por lo menos en la Región de Antofagasta, se triplicaron de un año para otro. Por eso me interesa precisar quién hará cumplir las deportaciones. ¿Lo hará Gendarmería de Chile o la Policía de Investigaciones? Hay que despejar esta duda, porque los recursos comprometidos para expulsar a los extranjeros son considerables, sobre todo porque estamos hablando de una cantidad importante de personas que se encuentra cumpliendo penas privativas de libertad en los penales de Arica, Iquique, Antofagasta y Calama y que serán expulsadas. Mayoritariamente, se trata de bolivianos y peruanos, y de algunos colombianos y ecuatorianos. Por lo tanto, sería importante que el ministro nos aclare quién se hará cargo de esos costos de traslado, dado el limitado presupuesto con que cuentan Gendarmería de Chile y la Policía de Investigaciones. Hacer efectiva la pena de extrañamiento especial va a demandar importantes recursos, tanto por los viáticos para los funcionarios como los medios de transporte para trasladar a los extranjeros. Es necesario que se señale qué institución asumirá los costos de hacer cumplir las órdenes de deportación, para que quede registrado en la versión de esta sesión. El proyecto va en la línea correcta. Espero que el Gobierno haya entendido que no todo se puede penalizar con cárcel. Tal como dijo el diputado Andrade, el discurso tiene que tener algún grado de coherencia, porque no podemos traer a la discusión proyectos como el que estamos debatiendo y, por otro lado, tratar de penalizar hechos que, a mi juicio, no revisten carácter de delitos, como sancionar las tomas de colegios y universidades y aumentar las penas a los encapuchados. Esta es la ocasión para tratar esos temas con algún grado de racionalidad y avanzar hacia un nuevo Código Penal, donde establezcamos qué delitos vamos a sancionar con penas de cárcel y qué tipo de penas queremos aplicar. De una vez por todas, debemos modernizar nuestro sistema carcelario, porque -lo he dicho en reiteradas ocasiones en esta Sala- el pariente pobre de la reforma procesal penal es el sistema penitenciario. Estamos muy al debe con Gendarmería, con los jueces de ejecución de pena, con la forma de cumplir las condenas al interior de las cárceles, etcétera. Es hora de que el tema penitenciario, que quedó tan postergado después de la reforma procesal penal, reciba una mirada distinta, más integral. A la vuelta de diez años podemos decir que la reforma procesal penal es un sistema exitoso, que logra mayores condenas, que aplica penas más altas, pero el pariente pobre sigue siendo el cumplimiento de las penas, tema central en esta materia. Muchos de los que delinquen por primera vez van a la cárcel y, por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de rehabilitación, porque no hay salidas alternativas. Para muchos de los primerizos, la cárcel se convierte en escuela del delito, tal como la definen penalistas, ministros de la Corte Suprema, fiscales y muchos de nuestros parlamentarios. Por eso, si el Estado quiere mejorar nuestros estándares de seguridad pública, debemos avanzar en los temas penitenciarios, para que de cada persona condenada a la cárcel tengamos, con el tiempo, un ciudadano rehabilitado y no un delincuente profesional. Suele ocurrir que personas que no tenían experiencia delictual salen convertidas en verdaderos delincuentes profesionales, después de su pasó por la cárcel. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona. El señor CARMONA.- Señor Presidente, el proyecto de ley en debate tiene un implícito bastante explícito -valga la contradicción- en las argumentaciones que cursan y en la representación de la realidad. En Chile existe una gran sobrepoblación penal y, a las penas a que fueron condenados quienes están recluidos, debe sumarle una nueva: el hacinamiento, que conlleva alto riesgo de afecciones de salud y, algunas veces, desenlaces fatales. Se supone que cuando, en nombre del Estado, la justicia opera y sanciona con una pena privativa de libertad a quien cometió un delito, el castigo es la pérdida de la libertad, pero no el riesgo a perder la vida por un sistema carcelario que no da garantías para que los reclusos cumplan con los años que la justicia estimó que debían estar privados de libertad. Eso está en el origen de la argumentación del proyecto. Pero hay un segundo elemento, que es de fondo, que llama a revisar las penas que la justicia impone a quienes cometen delitos en la convivencia de la sociedad y a quienes cometen faltas, pero que son castigadas como delitos, haciéndolos merecedores de la pérdida de la libertad, así como cuáles deben ser y por cuánto tiempo. Al respecto, se ha abierto un debate que la Comisión respectiva de nuestra Cámara debería asumir en rigor para modernizar nuestro sistema carcelario y judicial, de manera que sancione lo que corresponde según nuestro estado de derecho y las normas de convivencia, amén de hacer eficaces las sanciones para los propósitos que se buscan, que incluye la rehabilitación de la conducta cuestionada como delito. Sin embargo, echo de menos un aspecto, que espero que venga por añadidura, relacionado con la sobrepoblación carcelaria. Me interesa destacar -ojalá mi intervención sirva para llamar la atención del ministro de Justicia- que la cárcel de Copiapó, en términos proporcionales, debe ser la que tiene mayor sobrepoblación de reclusos en Chile. Se trata de más de mil internos -no de 5 mil-, pero en una construcción que fue diseñada para 250 reos. Es evidente, entonces, el alto grado de hacinamiento en ese centro penitenciario. Por eso, le pido al ministro de Justicia que se preocupe de esa realidad. Pero hay otro elemento que siento ausente. ¿Cuál es la preocupación que hay por el personal de Gendarmería? ¿Se aumentará la dotación? ¿Cuáles serán los nuevos estímulos para la formación profesional de nuevos gendarmes? ¿Habrá estímulos en cuanto a los turnos, lo que implicaría una mayor dotación, y mejores remuneraciones? Quiero reivindicar un hecho. Se se abre paso a una ley de indulto general, que va a disminuir la sobrepoblación penal, enhorabuena, no sólo para la infraestructura penitenciaria, sino también para el personal de Gendarmería, que podrá tener turnos más cercanos a lo racional. Ojalá que también se acompañe con estímulos en sus remuneraciones, que sean acordes con la exposición, con el riesgo físico y con el daño psicológico a que están sometidos permanentemente, dada la labor profesional que realizan. Espero que tengamos buenas noticias respecto de la construcción de infraestructura carcelaria en muchos lugares del país, incluida la Región de Atacama, particularmente Copiapó, y en relación con el personal de Gendarmería, quienes pagan las consecuencias por la sobrepoblación en las cárceles, ya que deben trabajar con un altísimo nivel de estrés, en turnos extenuantes y con un elevado riesgo a sus vidas. Me alegro de que el proyecto no incorpore dentro de sus potenciales beneficiarios a quienes, sin importar edad, enfermedad u otra razón, están comprometidos en crímenes de lesa humanidad. No puede ser beneficiado alguien que haya cometido crímenes que son inamnistiables e imprescriptibles y, sobre todo, que fueron cometidos con la saña que conocemos, bajo una dictadura. Por eso me parece muy bien que no estén incorporados esos reos, aunque alguna vez se tuvo la pretensión de incluirlos. Necesitamos alivianar el sistema carcelario, con el objeto de que el hacinamiento no sea factor de promiscuidad ni escuela del delito. Pero, desde el punto de vista intelectual, no veo dónde está la coherencia en proponer indultos para conmutar las penas de cárcel y, por otra parte, se inventa un nuevo delito: el desorden público a propósito de las movilizaciones estudiantiles. Alguien podría precisar que se aplicará a quienes saquean, pero no se justifica que lo ubiquen en el contexto de las movilizaciones sociales. Ahí se aprecia una suerte de esquizofrenia, una lógica que no tiene nada que ver con la profundidad democrática, que permite el legítimo derecho de usar el espacio público para movilizarse y reclamar por actuaciones injustas del Estado o de quienes lo representan. Se quiere transformar esos actos en delitos, pero ¿dónde cumplirían las penas esos hipotéticos delincuentes? Además, el delito sería reivindicar la necesidad de formarse, de educarse, de acceder al conocimiento, de cultivar la inteligencia, todo lo cual está en contra de la estupidez de aplicarles la represión, con la pretensión de que así se podrá encarcelar la crítica. Si hay consecuencia en la esencia de la argumentación del proyecto que estamos discutiendo, también debería hacerse una rectificación de los anuncios que hemos escuchado a representantes del Ministerio del Interior que buscan sancionar el legítimo derecho a las movilizaciones. De lo contrario, espero que construyan un monumento en homenaje a la tolerancia, a la formación democrática, al acogimiento de la diversidad del alcalde Labbé, que ha dado examen de grado en cuanto a la forma de actuar frente a la inteligencia del movimiento estudiantil secundario. Llamo la atención sobre este doble estándar y sobre un planteamiento que no tiene lógica, ya que, por una parte, se envía un proyecto para resolver el hacinamiento carcelario, pero que no anuncia nuevas condiciones de trabajo para los gendarmes y no se refiere a la construcción de infraestructura en algunos lugares del país en que hace falta, como es el caso de Copiapó, y por otra se pretende criminalizar a los estudiantes. Supongo que esta medida no busca dejar espacios en el sistema carcelario para que los ocupen los estudiantes que este gobierno ha tratado de calificar como los nuevos delincuentes. Insisto en que ojalá no sea así, porque les faltará espacio y, por lo tanto, cual tendrían que darse el trabajo -como algunos lo hicieron- de abrir verdaderos campos de concentración. No creo que el remodelado Estadio Nacional esté disponible para servir a esa concepción de delito que está estableciendo el Gobierno en nuestro país. Por ello, estimo que también hace falta una política más explícita respecto de la reinserción social de quienes serán beneficiados con este indulto, con el objeto de que no vuelvan al sistema carcelario. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro que nos acompaña en el estudio de este importante proyecto. Éste no ha sido un proyecto sencillo para mí y para muchos parlamentarios de la bancada de la UDI, porque tenemos un compromiso importante con la seguridad pública y con la seguridad de las personas. No obstante, tenemos plena conciencia de las condiciones inhumanas de nuestras cárceles y de que uno de los objetivos del proyecto es contribuir no sólo a disminuir el hacinamiento, sino también a dar un paso hacia adelante en la rehabilitación de esas personas. Nuestra sociedad se va de un extremo a otro. Lo único que quieren las personas cuando se cometen delitos, sobre todo los que impactan a través de los medios de comunicación, es ver a todos los delincuentes tras las rejas. O sea, es muy difícil que hagan diferencias en cuanto a la gravedad de los delitos. Por lo tanto, para las víctimas de los delitos es muy difícil de aceptar que las personas que los cometieron gocen de libertad plena gracias al proyecto en discusión. Obviamente, es comprensible lo difícil de esa situación. Por otra parte, si nos interesa la rehabilitación, debemos estar conscientes que eso hoy es imposible atendido el estado de nuestras cárceles. Debo aclarar que el proyecto beneficia a varones que actualmente gozan de libertad durante el día, ya sea porque se les aplicó una pena alternativa de reclusión nocturna o porque gozan de algún beneficio penitenciario; es decir, se trata de personas que fueron condenadas, que cumplieron un tiempo privadas de libertad y que gozan paulatinamente de algunos beneficios, con el objeto de ir preparando su reinserción en la sociedad cuando cumplan su pena. O sea, se trata de personas que pasan todo el día fuera de las cárceles y sólo duermen en ellas; es decir, ocupan lugares en esos recintos sólo por las noches, lo que de todas maneras influye en las condiciones de hacinamiento de las cárceles. Por lo tanto, no es mucha la diferencia para esas personas, pero sí existe una gran diferencia para las víctimas, porque prefieren que quienes les causaron daño a ellas o a sus familias sigan durmiendo en la cárcel a que estén en libertad durante el día y la noche. En el caso de las mujeres que van a salir en libertad gracias al proyecto, se trata de mamás de niños menores de dos años, respecto de lo cual no se han escuchado opiniones disidentes, ya que esas mujeres y sus hijos merecen una oportunidad. Cuando somos mamás, muchas veces hacemos cosas por nuestros hijos que jamás se nos hubiesen ocurrido. Entre las beneficiadas, hay muchas mujeres que delinquieron para llevar el sustento diario a sus hijos. Al respecto, no existe ningún problema de conciencia, sino al contrario. En muchos recintos carcelarios hay sectores para las mujeres que tienen niños, como sucede en la cárcel de Alto Bonito, en Puerto Montt, que tienen cunas, agua tibia, etcétera. Pero no es sano que un niño crezca tras las rejas. Algunos gendarmes nos contaban que, después de un tiempo, incluso los niños hacen filas o se forman todos los días junto a sus mamás cuando se pasa lista. Desde ese punto de vista, estoy plenamente convencida de que el proyecto es bueno para ellas y sus hijos. Además, la iniciativa permite, desde dos puntos de vista, dar un paso adelante en su rehabilitación: Primero, a partir de la entrada en vigencia de la ley, las personas obtendrán la libertad. Espero que se aprecie lo que se está haciendo y que la oportunidad que se les da de estar con su familia, no sólo un rato en el día, sino todo el día, sirva para que no vuelvan a delinquir. Segundo, esto permitirá descongestionar las cárceles. Se trata de más de siete mil personas privadas de libertad que saldrán libres. Espero que se piense en su rehabilitación. Sin duda, el proyecto no lo es todo, pues todavía falta mucho por avanzar, según lo que nos ha expuesto en más de una oportunidad el ministro de Justicia. Es decir, ahora, verdaderamente, en todas nuestras cárceles se tienen que comenzar a desarrollar programas de rehabilitación y se deben entregar herramientas a las personas para que puedan ganarse la vida de manera honesta y no a través del delito. Por otra parte, observo con preocupación cómo ha ascendido la curva de personas privadas de libertad. Indudablemente, esto obedece a la reforma procesal penal, que ha hecho que los juicios demoren menos en ser resueltos y que no sean eternos -como sucedió con el antiguo sistema-, pero no todo proviene de esto. Además, está comprobado que la privación de libertad de una persona que comete un delito menos grave influye en el delincuente, porque cuando vuelve a delinquir lo hace por un delito más grave. Por lo tanto, tenemos que buscar herramientas para terminar con la escuela del delito que existe dentro de las cárceles. No obstante -como lo señalé al principio-, se me produce una preocupación y contrariedad con este proyecto, pues no ha sido sencillo para nosotros estudiarlo y darle su respaldo. Sin embargo, voy a votar a favor, me la voy a jugar por él, como apoyo al Gobierno, pues significa dar un paso hacia adelante para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad que están en las cárceles. Efectivamente, en las cárceles deben estar las personas que cometan los delitos más graves, pero, por otra parte, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las personas que hayan delinquido tengan una verdadera rehabilitación. Todos los seres humanos merecen una segunda oportunidad. Espero que esta oportunidad que se les va a dar a más de 7 mil personas sea valorada en la medida que corresponde. Respecto de los extranjeros privados de libertad, se conmutará la pena por la de extrañamiento. Sin duda, todos hubiésemos preferido que salgan de nuestro territorio para cumplir la pena en su país, pero eso ya no es un problema nuestro. Queremos que los extranjeros que residen en Chile contribuyan al desarrollo y a una mejor calidad de vida de nuestro país y no a ocupar un espacio en nuestras cárceles, porque han causado daño y cometido delitos en contra de nuestros compatriotas. Comprometo mi voto a favor para este proyecto de ley. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, saludo al ministro de Justicia, quien nos acompaña. Formé parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que aprobó este proyecto sobre indulto general. Me ha parecido oportuno intervenir para fundamentar mi voto favorable, expresado en dicha oportunidad, que ratificaré hoy. Creo importante recordar en qué contexto nace este proyecto sobre indulto general. Con motivo del Bicentenario, las iglesias Católica, Evangélica y Protestante nos advirtieron, con mucha claridad, sobre la situación de hacinamiento existente en muchas cárceles del país. Esa misma condición la hemos podido comprobar en los distritos que representamos, como la cárcel de Huachalalume, en Coquimbo, y en el Centro de Detención Preventiva de Ovalle, cuya situación compromete gravemente los derechos humanos de los internos en esos recintos penitenciarios. Cuando las iglesias plantearon el tema del indulto general en esa oportunidad -hay que decirlo claramente-, el Gobierno les dio con la puerta en las narices; incluso, recuerdo expresiones poco afortunadas del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien descartó de plano esa posibilidad. El Gobierno, durante la campaña presidencial, sostuvo la tesis populista, a nuestro juicio, de que iba a trabar la puerta giratoria y no distinguía la multiplicidad de condenas y situaciones que tienen lugar al interior del sistema carcelario. Lamentablemente, la tragedia ocurrida en la cárcel de San Miguel, por el peso de la realidad, impuso la convicción moral que se debía hacer algo al respecto. En ese sentido, me alegro de que, finalmente, la voz de nuestros obispos, de todas las iglesias, haya sido escuchada y se haya hecho carne en este proyecto de ley. Está más que claro que existe una inconsistencia entre lo que se dijo durante la campaña presidencial y lo que se está haciendo ahora, pero no por eso vamos a sacar ventajas pequeñas de esta situación ni nos negaremos a legislar acerca de una realidad tan importante. Muchos han sostenido que el Gobierno debe asumir la responsabilidad por su cambio de postura y que, en lugar de tramitar un proyecto de ley sobre indulto general, el Presidente de la República debiera firmar una multiplicidad de indultos particulares, y que el Primer Mandatario se haga responsable de esa decisión. Insisto en que el tema debe ser analizado con altura de miras, como una política de Estado para terminar con el hacinamiento en las cárceles. Por lo tanto, nos parece que el instrumento adecuado es una ley de indulto general, en la que se fijen parámetros determinados para analizar quiénes pueden ser acreedores de este beneficio. Durante la tramitación de este proyecto de ley, muchos diputados -lo vimos en sucesivas indicaciones presentadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas-, de alguna manera, intentaron alterar la naturaleza jurídica de la iniciativa. Presentaron indicaciones para que un indulto general conmutativo se llamara conmutación de la pena. Rechazamos esas indicaciones porque pensamos y sostenemos que las cosas se deben llamar por su nombre. Éste es un proyecto de ley sobre indulto general y así debe ser llamado. También son importantes -se ha recalcado durante la discusión de la iniciativa- los parámetros y las limitaciones que se fijan. Se favorece a las mujeres que han cumplido dos tercios de su condena y que no hayan cometido delitos de más alta connotación social. Lo mismo ocurre con hombres y mujeres que gocen del beneficio de salida controlada al medio libre y a los que estuvieren cumpliendo condena de reclusión nocturna. Los condenados por aquellos delitos de más alta connotación social, incluso, el homicidio simple -que fue repuesto por una indicación para limitar el otorgamiento del beneficio-, la violación, las violaciones a los derechos humanos, etcétera, ilícitos que se hallan incluidos en el catálogo de delitos graves, se excluyeron del beneficio a que pudieren tener derecho en virtud de lo dispuesto por esta iniciativa. Eso nos pareció importante: fijar un límite al otorgamiento de este indulto. Se generó, y es importante que la gente lo sepa, una discusión respecto de las mujeres condenadas por microtráfico. Al respecto, los diputados Jorge Burgos y Marcelo Díaz, entre otros, presentaron una indicación en la Comisión para favorecerlas, en el entendido que podían ser víctimas de su propia marginalidad. Así, cumplidos dos tercios de su condena, ellas podrían acceder al beneficio. La indicación se rechazó. Pero esa discusión quedó absolutamente abierta. Muchos podrán señalar que existe una contradicción entre lo que hoy estamos haciendo y algunos proyectos que hemos aprobado durante este año en la Cámara de Diputados que aumentan las penas por la comisión de determinados delitos. Sobre el particular, quiero hacerme responsable de las iniciativas que en ese sentido he patrocinado y la aparente contradicción que podría existir con el proyecto que aprobaremos. No veo tal contradicción, porque la iniciativa que debatimos apunta a beneficiar a personas condenadas que han cumplido buena parte de su pena: dos tercios, en el caso de los nacionales, y un tercio, en el de los extranjeros, si se tratase de condenas inferiores a cinco años. Si hemos pretendido aumentar la pena por la comisión de determinados delitos, es porque hemos visto que respecto de esos ilícitos no ha habido condena alguna. Es el caso del proyecto que presenté para aumentar la pena del robo de vehículos motorizados, que afecta a la clase media, porque los más de 100 robos de vehículos que en promedio se cometen en el país quedan en la más absoluta impunidad. Se trata de un negocio muy lucrativo. Los perpetran verdaderas asociaciones ilícitas internacionales, los clonan y los venden en el extranjero o en el mercado nacional, con lo cual obtienen grandes utilidades, en perjuicio de la gran clase media chilena. Estuve de acuerdo en patrocinar un proyecto del diputado Burgos que aumenta la pena del homicidio simple, al que puede aplicarse una condena de sólo cinco años y un día. Esa pena también nos parece totalmente desproporcionada. Reitero: mediante la iniciativa en comento se otorga un indulto general a personas que han cumplido al menos dos tercios de su condena, en la mayoría de los casos. Esperamos que este proyecto se apruebe, que tratemos con seriedad una materia que siempre debió considerarse como un asunto de Estado y no de política pequeña contingente; que de alguna manera reformemos nuestro sistema carcelario para que tenga carácter resocializador y otorgue las mínimas garantías que merecen los condenados. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, felicito a los colegas por la altura del debate. Si nos encontráramos en otra época y un gobierno distinto hubiera enviado este proyecto, estaríamos escuchando violentas expresiones acerca de la “puerta giratoria”, sobre la necesidad de derrotar a la delincuencia y por quién votarían los delincuentes en las elecciones. Quiero reconocer el cambio de opinión del Presidente de la República, en su oportunidad -como es frecuente, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa- nos dijo que la tarea era derrotar a la delincuencia, y hace poco nos enteramos, por un discurso que pronuncio en la PDI, que nunca la derrotaremos. No voy a entrar en la disquisición de si Abel mató a Caín o si Caín mató a Abel. Se dijo que se terminaría completamente con la “puerta giratoria”, y hoy día estamos discutiendo un razonable proyecto de indulto para descongestionar las cárceles. Más bien se trata de una conmutación de penas. Porque se obliga al condenado a firmar ante el Patronato de Reos o en Gendarmería incluso por el doble de tiempo que le resta de la pena, y si vuelve a delinquir, como no se ha extinguido el delito, la pena anterior se actualiza y se agrega a la que le correspondería al nuevo delito. Se excluyen, por eso es un buen proyecto, a todos quienes hayan cometido delitos de significación social, como la violación a la ley de Drogas, a la ley de Violencia Intrafamiliar; también violaciones a los derechos humanos, el homicidio calificado, entre otros. La pregunta que uno tiene que hacerse con un proyecto de esta naturaleza es si Chile tiene pocas, muchas o una cantidad adecuada de presos como parte del combate del delito. Con 308 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, Chile se sitúa como el país con mayor proporción de presos por habitante; sólo lo superan antiguas colonias, como Surinam y Guyana Francesa. Pero tenemos el doble de presos que Argentina, Perú, Colombia y, sin embargo, no existe correlación entre el número de presos y la percepción de seguridad ciudadana. Los proyectos de esta naturaleza apuntan a un problema mayor: romper el vínculo entre el primer delito y el desarrollo de una carrera delictual. Sabemos que las condiciones del régimen carcelario lo que hacen hoy es establecer una relación indisoluble entre la comisión de un primer delito y una verdadera carrera delictual, y, también, entre la comisión de delitos pequeños y grandes, que hacen prácticamente irreversible la salida de la condición delictual. La bancada del Partido por la Democracia dará su aprobación a este proyecto de ley, pero dejando en claro la necesidad de situar estas medidas en el contexto de una reforma integral del sistema carcelario y, al mismo tiempo, de una revisión global del Código Penal, que todavía arrastra incongruencias entre el tipo de delito, su significación y las sanciones que la ley establece. Nos resistimos a la idea de que se venga al Congreso Nacional, al Parlamento, con pequeñas medidas espectaculares para cambiar las sanciones a algunos delitos específicos, según lo digan las encuestas o los medios de comunicación o la reacción frente a los movimientos sociales, en lugar de acometer una gran reforma modernizadora del Código Penal chileno que ponga al día el vínculo actual entre el carácter y la significación de los delitos y la sanción que estos merecen. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, por una cuestión conceptual, por convicción, en mi bancada existe la tendencia a evitar que la extinción de la responsabilidad penal se haga por la vía del indulto. Sin embargo, en nosotros deben primar la búsqueda del bien común y la sensatez. En ese sentido, no hay que olvidar que en la actualidad el sistema carcelario chileno vive una crisis, la cual se vio claramente manifestada en los lamentables hechos ocurridos el 8 de diciembre del año pasado en el penal de San Miguel. El proyecto en discusión reúne los requisitos relacionados con la prudencia y el buen juicio, en el sentido de armonizar una política criminal acorde con los tiempos del derecho penal actual, en cuanto a lo que debe ser una política penitenciaria, castigar severamente delitos graves, pero, también, tener una manifestación de la sociedad conforme al perdón. Creemos que los beneficiados con este indulto general son personas que, efectivamente, pueden ser aptas para obtener la gracia que propone la iniciativa. Desde el punto de vista penitenciario, no tenemos que olvidar que hoy las mujeres están hacinadas en la cárcel y, como decía el diputado Walker, la mayoría de ellas está condenada por microtráfico. Con lo que dispone el proyecto, van a ser beneficiadas un poco más de un ciento de ellas. No podemos olvidar que la gracia del indulto sólo remite o conmuta la pena, pero no quita al favorecido el carácter de condenado para efectos de la reincidencia. De tal manera que esa obligación que van a tener y que impone este proyecto de ley, en cuanto a firmar un compromiso para no volver a delinquir tiene no sólo una imposición legal, sino también un efecto claro que significa que si se rompe o no se cumple ese compromiso, pasan a ser reincidentes para todos los efectos penales. Soy absolutamente contrario al indulto que da el Presidente de la República, porque creo que esa institución es la última manifestación de lo que es un reinado, un pequeño rey; en cambio, el indulto general se determina a través del Congreso Nacional, manifiesta la voluntad general señalada en el artículo 1° del Código Civil, en cuanto a que esto es una declaración manifestada en la forma que se ha dado la soberanía. Lo que me preocupa de este proyecto es que tiene un sesgo de injusticia, en relación con aquellos procesos que lleva la antigua justicia. Hay 4.902 causas, de las cuales, 792 esperan fallo. Si las personas involucradas en dichos juicios son condenadas, no van a tener el beneficio del indulto, porque, precisamente, para que se otorgue se requiere tener sentencia ejecutoriada. Desde ese punto de vista, nos parece que aquí hay un vestigio de injusticia, pero, en consideración a que hoy tenemos que ser muy firmes en el ataque a la delincuencia, cosa que la Cámara de Diputados ha hecho; sin perjuicio de ello, el perdón también es una institución que tenemos que considerar. En ese aspecto, creemos que los que van a ser beneficiados con este proyecto de ley, siempre que cumplan con los requisitos y las exigencias que impone la normativa, son los menos y de alguna manera merecen ese perdón. Por esas consideraciones, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Miodrag Marinovic. El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, parece increíble lo que está sucediendo en Estados Unidos -estoy viendo un artículo-, porque los gobernadores estatales están impulsando una práctica, al menos curiosa para el pueblo norteamericano, que consiste en liberar presos para ahorrar costos, según recoge el Washington Post. Esta medida se está llevando a cabo en diversos Estados. El gobernador Arnold Schwarzenegger quiere ahorrar 1.100 millones de dólares, sacando a los presos de la cárcel. Pero ¿qué pasa en Chile? Este proyecto de ley está inserto en un marco que, desde hace un tiempo, se nos viene entregando en el Congreso Nacional. Pocos meses atrás, se nos habló del cambio de pena efectiva por penas alternativas. En la práctica, ¿qué se quiere decir? Que personas que cometen determinados delitos que son menos graves y que hoy deberían estar privadas de libertad, van a cumplir esas penas en ámbitos de libertad con distintas penas alternativas, como trabajo social, el brazalete y varias otras. Esa fue la primera señal que el Congreso Nacional dio a los chilenos, a los delincuentes y a todas las personas. En segundo lugar, hace dos semanas aprobamos la modificación de la libertad condicional, que básicamente significa flexibilizar las normas respectivas para permitir que aproximadamente 2.500 o 3.000 personas que están recluidas puedan salir a la calle. Hoy, discutimos esta iniciativa de indulto general que tiene por objeto el uso racional -bien interesante- de la cárcel. Pido que en esto pongamos atención: uso racional de la cárcel. O sea, tenemos que adecuar los recintos penitenciarios al volumen de personas que han cometido delitos, ¿o debe ser al revés? ¿Cuál es la señal que queremos dar? ¿Una vez que se llenan, los ilícitos cometidos por las personas van a dejar de serlo? ¿Se va a terminar con la delincuencia? Este proyecto busca -según las cifras oficiales- liberar a un 20 por ciento de las 50 mil personas que en Chile están privadas de libertad, o sea, hablamos de 10 mil, que es la cifra oficial, lo que resulta tremendamente preocupante para los miles y miles de chilenos que todos los días son víctimas de violencia, de temor en sus casas, de muchos problemas que hoy ocurren y que, si bien se trata de delitos menos graves, para la familia modesta de una población que se ve afectada por un robo, ese es el ilícito más importante, ya que daña a los hijos, a la familia, a los adultos mayores, a todos y, por lo tanto, para ellos, ese delito que estimamos como de poca relevancia es el más importante que nosotros tenemos que atacar. ¿Quiénes se van a beneficiar con este proyecto de ley? Para que la gente sepa, delincuentes no peligrosos, los que cometen robos corrientes, los delincuentes de La Polar. Acabamos de fallar el informe sobre esa empresa. En Chile, la gente quiere que los que planificaron la estafa de La Polar vayan a la cárcel, que estén privados de libertad por sinvergüenzas. Mientras el resto de los chilenos está en Dicom, pagando sus deudas y sacándose la mugre, a los señores de La Polar les estamos haciendo leyes para que anden caminando libres por las calles. Por ejemplo, ¿qué pasa con alguien que roba las pensiones de los abuelos? Ese también se va a beneficiar con este proyecto por ser un delincuente no peligroso, porque cometió el crimen menor de robar la pensión de un abuelo. También se va a ver beneficiado el que roba un auto, el que incurre en violencia intrafamiliar y en muchos otros casos, ya que las personas que están detenidas por ese delito van a tener la posibilidad de someterse a alguno de estas tres proposiciones que buscan que hayan menos presos, porque se va a hacer un uso racional de las cárceles. Creo que hay una cuestión mucho más importante. Lo conversaba con el colega Rincón. Aquí hay que hacer una reforma de fondo y sincerar las situaciones para que las penas sean lo que el país quiere y, en definitiva, se aplique la justicia como corresponde. Pero hoy estamos modificando un criterio establecido por los tribunales de justicia, independientes y que han sentenciado a personas de acuerdo con la normativa vigente. Es decir, por esta vía, para hacer un uso racional de las cárceles, torcemos el fallo. Con estas tres últimas iniciativas estamos bajando el costo al delito. Hoy damos una señal clara a los delincuentes no peligrosos para que cometan delitos, ya que después pueden acogerse al beneficio del indulto, a la libertad condicional o a penas alternativas. Tienen tres caminos para disfrutar de la libertad y no cumplir penas privativas de libertad. Por eso, me llama la atención que aquí se diga que debemos ser firmes ante la delincuencia. ¿Es ésta la forma de ser firmes contra la delincuencia, liberando a los delincuentes menos peligrosos para que salgan a la calle? Por lo menos, desde mi punto de vista ético y moral y del compromiso que asumí con todos y cada uno de mis votantes, incluidas las personas modestas que son las que necesitan mayor seguridad en el país, claramente, no se está dando la señal correcta. En este sentido, voy a estar con las víctimas, con las personas modestas que sufren y que quieren que haya justicia. Para el poblador es importante que la persona que ha cometido un delito en contra de su familia reciba una sanción que la justicia debe exigir que cumpla. Estoy por más tranquilidad y menos temor para las personas; pero, este proyecto va a originar más temor y más miedo en quienes hoy transitan por las calles. Estoy por humanizar la forma en que hoy operan las cárceles, por trabajar para generar una verdadera rehabilitación, de manera que las personas que cumplan sus condenas, de acuerdo con las normas legales vigentes, después tengan la oportunidad de conseguir un trabajo y su reinserción, pero no dejarlos en libertad, en virtud de una de estas tres posibilidades: libertad condicional, penas alternativas o, simplemente, indulto general. Por eso, por convicción ética y moral y por compromiso con la gente que me eligió, voy a votar en contra de este proyecto. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, este proyecto que envió el Ejecutivo, sin lugar a dudas, viene a ser un tremendo contrasentido respecto de lo que escuchamos permanentemente en la campaña presidencial. En ese tiempo, del actual Presidente Piñera escuchamos un discurso duro, autoritario, respecto de la puerta giratoria, que ésta se iba a trancar, que se iba a encarcelar a más personas, que debían cumplir sus condenas quienes estaban privados de libertad. El ministro de Justicia estará escuchando lo que digo. Pues bien, ese discurso ha tenido que ser reformulado porque la realidad social de las cárceles a lo largo de nuestro país no resiste más. El fatídico incendio de la cárcel de San Miguel dejó en evidencia algo que muchos no querían ver, especialmente, el Gobierno: que, debido al hacinamiento y a la falta de condiciones, la cárcel se convierte en la escuela del delito, en el lugar al cual ingresan primerizos o muchos condenados por delitos de menor gravedad, que terminan convertidos en delincuentes avezados. No queremos esto para nuestra sociedad, sino que se apliquen las sanciones y las penas que corresponden. Esos seres humanos tienen derecho a seguir viviendo porque tienen una familia. Hemos comentado con otros parlamentarios que el hecho de ir de visita a una cárcel, de encontrarnos -en mi caso, en la de Valdivia- con los familiares de los reos -me ha tocado asistir a graduaciones en el establecimiento educacional que existe dentro del recinto penitenciario- nos ha permitido ver, especialmente a la madre y a los hijos de algún condenado, absolutamente impotentes frente a quienes tratan de defenderlo y de cobijarlo mientras se encuentra cumpliendo una pena. Quienes somos partidarios de dar a los ciudadanos una oportunidad en la vida y de entender que, muchas veces, no se abren caminos para su rehabilitación, creemos que hay que avanzar en diversos aspectos para rescatarlos, nivelar sus estudios, generar apoyo familiar y laboral, que es fundamental; también cercanía espiritual, por eso, hay que valorar que en las cárceles, especialmente en los colectivos de la Iglesia Evangélica, se realicen enormes esfuerzos en ese sentido. El Gobierno se ha dado cuenta de que no es posible disminuir el hacinamiento en las cárceles mediante la reinserción, sino dejando en libertad a aquellos condenados -digámoslo claramente- para los cuales no hay un indulto general. El proyecto lo concede a quienes hayan cumplido dos tercios de la pena, a las mujeres que tengan hijos menores de dos años y a quienes gocen del beneficio de la salida diaria o de la reclusión nocturna. Me gustaría que el ministro nos explicara por qué el Presidente de la República ha abdicado de su facultad de indultar directamente y ha enviado al Congreso Nacional un proyecto que apunta a conmutar las penas de algunos condenados. Lo señalo porque creemos en la rehabilitación y en dar oportunidades a los seres humanos, porque en las cárceles están, principalmente, las personas pertenecientes a los sectores sociales más carenciados, detrás de las cuales hay familias, especialmente, madres que no abandonan a sus hijos, no obstante estar recluidos. Entendemos que en el indulto hay una razón humanitaria y una política de Estado porque, cuando se gobierna, es para todos. Pero, es importante que el ministro nos explique el porqué de la decisión del Presidente de la República. Quiero ser muy claro en lo siguiente: hay contradicción y falta de coherencia, en lo que plantea el Gobierno. Por un lado, vamos a aprobar un indulto general para una buena cantidad de condenados y, por otro, el Ministerio de Justicia impulsa proyectos de ley para criminalizar la protesta social. El Ejecutivo también envió el proyecto -me parece que está bien- que aumenta las penas para las personas que conduzcan en estado de ebriedad, y, además, el que aumenta las penas aplicables a quienes roben cajeros automáticos. Entonces, ¿podemos decir que es coherente la política penal del Gobierno? Si vamos a meter en la cárcel a muchas personas, me gustaría que el Ejecutivo patrocinara una iniciativa de ley para sancionar a los encorbatados -no a los encapuchados-, a esos delincuentes que actuaron en La Polar, en las isapres, que han esquilmado, no a 100 o 200, sino a 500 mil chilenos y chilenas. Sin embargo, siguen sentados en sus directorios porque tienen una buena defensa, no salen en la prensa y tampoco son conducidos por la PDI esposados frente a las cámaras. Le pregunto al ministro, ¿dónde están los delincuentes que dirigían La Polar y la normativa para sancionarlos? Como va a quedar suficiente espacio en las cárceles, allí deberían estar quienes han saqueado a 500 mil consumidores. Además, también en las isapres hay algunos que asaltan y esquilman a la gente que, por necesidad, llega a los centros de atención de salud. Existen muchas contradicciones en este planteamiento. Por un lado, con el consenso del Congreso Nacional, se busca aprobar una ley de indulto general; pero, el Presidente de la República no ha tenido la voluntad de decretar el otorgamiento de indultos, facultad que le corresponde. Pero, nosotros no vamos a hacer lo que hizo la Alianza en períodos anteriores porque, cuando se gobierna, es para todo el país. Actuaremos humanitariamente, porque entendemos lo que significa el hacinamiento en las cárceles. Al respecto, quiero señalar, fuerte y claro, para que quede en la versión oficial, que no nos hagan responsables de los reincidentes, porque ahí es donde el Estado debe procurar especialmente el seguimiento, control y observancia de Gendarmería de las personas que van a salir de la cárcel. Pero, para eso se necesitan más recursos, más facultades; también la normativa sobre los jueces de cumplimiento de penas. Demandamos coherencia, como mensaje a la sociedad, en las iniciativas que se impulsan, nadie, absolutamente nadie en el Congreso Nacional está por aumentar la tasa de delitos, sino por sancionar los que se cometen pero no queremos tener en la cárcel única y exclusivamente a la gente más humilde, a la que no ha tenido otra oportunidad o que no tuvo una buena defensa. Equiparemos la penalidad de los delitos, no protejamos a los bancos a través de la ley que aumentó la sanción a quienes roban cajeros automáticos. ¿Cuándo se va a presentar un proyecto para aumentar las penas a los encorbatados, a los ejecutivos de La Polar y de las grandes empresas de retail, que han cometido delitos? Esa es una asociación ilícita que le causa mal a nuestro país, esos son los que perpetran delitos y que deberían estar en la cárcel, no el que se robó una gallina o cometió abigeato. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, se ha dicho bastante de la génesis del proyecto, pero en algunos temas debemos ser reiterativos y claros. Voy a votar a favor del proyecto, tal como lo hice en la Comisión, consciente de que podría ser mucho mejor, pero principalmente porque quiero ser consistente con lo que, junto a otros parlamentarios -no fui el único-, planteamos para el Bicentenario, a fin de apoyar la demanda de la Iglesia Católica y, en general, de las iglesias de nuestro país, la necesidad de indulto. Así, en el marco del Bicentenario y en un clima que debiera ser de unidad especial en el país, de regocijo, de celebración, de fiesta, un hito en la República, también contribuyera en forma rápida y directa a solucionar la situación de hacinamiento de nuestras cárceles. Digámoslo con claridad: no fuimos escuchados, bueno, eso da lo mismo; pero tampoco las iglesias fueron escuchadas. Después ocurrió la lamentable tragedia de San Miguel, con lo que digo no quiero responsabilizar en especial a un gobierno. Creo que como sociedad, como país, como Estado, como nación, tenemos una responsabilidad en la situación carcelaria. Lo he dicho en más de una vez en esta Sala, sería fácil culpar al gobierno de turno; pero el hacinamiento en las cárceles no es obra de un día, ni de semanas, ni de meses. Por eso, repito, es una responsabilidad del país, de la sociedad, del Estado, de la nación, de todos. Lo fácil es mirar para el lado, lo fácil es no enfrentar el problema, lo fácil es adoptar medidas de parche, pero todos estamos “comprando” una solución fácil. Digámoslo. Es de mujeres y hombres hidalgos decirlo, reconocerlo y asumirlo: estamos “comprando” y adoptando una solución fácil. Sin duda, la más cercana, la más rápida; pero que no aborda el tema de fondo del hacinamiento en las cárceles. Respecto del hacinamiento, se ha señalado que nuestra inquietud se debe a que solo estamos preocupados de la dignidad de los presos -según algunos, no debiéramos estarlo- pues bien, estamos preocupados, pero la sociedad toda debería estarlo, a fin de no tener una población penal criminógenamente contagiada y, además, generando un problema de seguridad pública de marca mayor. Todavía no estamos en la lamentable situación de otros países de Latinoamérica, a los que por respeto no vamos a mencionar, donde no existe control carcelario y a esos recintos no puede entrar nadie, porque están bajo el control de los custodios y de los custodiados. Todavía no estamos en esa situación, pero vamos para allá. Dirán que es una exageración; ¡pero si ingresan más o menos 2 mil personas al año! Basta revisar los gráficos. En definitiva, lo único que hace nuestra población penal es crecer, crecer y crecer, pero no todos los que están privados de libertad cumplen penas. Un 20 por ciento de ellos no ha sido condenado. Ni siquiera en este sistema tan moderno que tenemos, que por cierto ha sido sumamente rápido en sus pronunciamientos, porque es falso que la reforma penal -desmitifiquemos- sea tan garantista; ha dejado libre a la gente que no debía y ha encarcelado a quienes no debían estar presos, porque el error judicial va a existir siempre. Errare humanum est, porque lo que está hecho por los hombres siempre tendrá vicios y posibilidades de error, pero aún la tasa de reclusos sin condena -lo pueden ver en el informe- es el 20 por ciento de una población penal de más de cincuenta mil personas. No es un caso, diez o cien, son diez mil. La situación de las cárceles de Chile no resiste más y estamos adoptando -asumámoslo, reconozcámoslo ante los que nos ven y nos escuchan- una solución fácil, pero es la que tenemos y que podemos tomar. Fíjense que el listado de delitos excluidos es tan grande, que aun así, con esta solución fácil, llega a ser restrictivo y creo que es bueno que se lea para que se sepa con claridad el listado de delitos excluidos. Por el Gobierno, por los parlamentarios, por la Sala, por el Congreso Nacional, quiero dejar constancia de que se ha cometido un error que quede absolutamente salvado, no son diez mil los que van a salir, el ministro me corregirá si me equivoco, pero en cifras gruesas, son seis mil. Se excluyen del beneficio los que hayan cometido los siguientes delitos: secuestro, violación propia, violación con homicidio, parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con intimidación simple y calificado, robo por sorpresa, robo con fuerza en las cosas, tráfico ilícito de emigrantes, trata de personas, delitos de connotación sexual perpetrados contra menores de edad, crímenes y simples delitos tipificados en la ley de Drogas, en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y en la ley sobre conductas terroristas. El catálogo de exclusiones es largo. Incluso, me parece que en la discusión en la Comisión -el ministro me corregirá si me equivoco y se lo pido expresamente por su intermedio, señor Presidente- el homicidio simple no quedó excluido. Según lo que le escucho al diputado Cardemil, ambos integramos la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quedó excluido el homicidio simple. ¿En qué se traduce esa marginación? Un ejemplo para que la gente pueda entender: una mujer que en legítima defensa actúa para protegerse ella y a sus hijos, mata al marido, pareja o conviviente, y no logra acreditar en el juicio respectivo la eximente, será condenada por homicidio simple. No olvidemos que la ley sobre Violencia Intrafamiliar también se aplica a las mujeres que no están casadas. O sea, no necesariamente es parricidio. Lamentablemente, eso es un error y así quedó. Pero podrán salir los reclusos que cumplan los otros requisitos señalados en la iniciativa, entre ellos, aproximadamente 142 mujeres que reunían las condiciones requeridas. También podrán salir las madres de hijos menores de dos años que les falten seis meses para el cumplimiento de los dos tercios de la pena. Asimismo, podrán acceder al beneficio quienes hayan sido beneficiados con el permiso de salida controlada al medio libre. Su sentencia era privativa de libertad, pero poco a poco, en función de su buena conducta, pudieron acceder a beneficios cada vez mayores, hasta llegar al señalado. Es decir, empezaron con salida dominical, siguieron con fin de semana y culminaron con la posibilidad de salir todos los días. Eso, en definitiva, es el cumplimiento de la pena en el medio libre, porque su sanción no era la reclusión nocturna. Los que cumplen reclusión nocturna son los condenados por ilícitos menores. Por ejemplo, por manejo en estado de ebriedad, la gente sólo va a pernoctar a los recintos carcelarios. Las penas accesorias no se levantan, por ejemplo, si se suspendió la licencia por dos o tres años por manejo en estado de ebriedad, esa sanción se mantiene. Sólo debe ir a pernoctar a la cárcel, porque esa es su obligación en términos de pena restrictiva de la libertad. Debe realizarse una reforma profunda al sistema carcelario. La situación de Gendarmería no da para más. Seguramente algunos gendarmes o jefes de prisión me deben estar escuchando. Pero ésa es la verdad: el sistema no da para más. Se mantendrá en el tiempo, hasta que se agote. Por ello, debe nacer un nuevo sistema consensuado, que recoja las recomendaciones de los expertos internacionales, de las Naciones Unidas y de otros organismos, para terminar de una vez por todas con esta situación. En caso contrario, habremos hecho lo más fácil, simple e inmediato, y no la reforma de fondo, necesaria y fundamental para la seguridad del país y para velar por la dignidad humana de quienes están en las cárceles. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, en verdad, como integrante de la Alianza por Chile, jamás me imaginé que discutiríamos un proyecto de esta naturaleza. Hace poco rato oí la intervención de dos diputados de la UDI, que hablaron a favor del proyecto de ley, muy bajito, casi no se escuchaba lo que decían; estaban preocupados y como que en su fuero interno se repetían: voy a hablar, pero ojalá nadie me oiga. Esta iniciativa va total y absolutamente en contra de todo lo que anunciamos en las campañas presidencial y parlamentaria. Expresamos que acabaríamos con la delincuencia y con la puerta giratoria. Y hoy, ¿qué estamos realizando? No hemos acabado con la delincuencia, y más encima, lo he dicho en reiteradas oportunidades, le estamos poniendo un motor a la puerta giratoria. ¿Cómo es posible que se rompa la promesa contraída con la ciudadanía durante una larga campaña presidencial? El actual ministro de Justicia no tiene la culpa, porque este proyecto fue presentado por el ministro anterior. Así es que no me voy a descargar con usted; pero sí con el Gobierno, del cual formo parte. ¿Cómo es posible que mi Gobierno, el Gobierno de la Alianza, esté haciendo lo que prometió no hacer? ¡Esto es una vergüenza! ¿Cuál es la razón? Porque en las cárceles están hacinados los presos. ¡Que se hacinen los presos en las cárceles! ¡Qué me importa a mí! ¡Lo que me preocupa son las víctimas; no quienes están presos! Busquen otra manera o remedio para solucionar este problema, no liberando a 7.500 delincuentes. ¡Es una vergüenza sin nombre! Por otro lado, en los próximos días se discutirá el proyecto para que los encapuchados ingresen a la cárcel. Es decir, otra vez las cárceles estarán hacinadas. ¿Cuál es la idea? Realmente, no me explico dónde está la consecuencia de la Alianza, la coherencia de la cual hablamos durante tanto tiempo. Con este proyecto de ley, todo se fue a las pailas. No estoy disponible para eso. Por eso, anuncio mi voto en contra. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, pienso exactamente lo contrario de lo planteado por el colega que intervino recién y quiero valorar la coherencia y consecuencia del Gobierno a partir de esta iniciativa. En lo sustantivo, el proyecto es responsable y humanitario. Además, no pone ni un centímetro en riesgo la seguridad de los chilenos ni debilita la lucha contra la delincuencia, a la que se la ha dado prioridad. En 2004, fuimos sorprendidos por un listado de indultos que beneficiaban a condenados por delitos de tráfico y microtráficos, lo que no ocurrirá con esta iniciativa. Por eso, destaco la coherencia del Gobierno. Durante la administración del Presidente Eduardo Frei se concedieron 340 indultos, y en la del Presidente Ricardo Lagos, 244, de los cuales una amplia mayoría de los beneficiaba eran personas condenadas por tráfico y microtráfico de drogas. Fuimos enfáticos en señalar que eso no correspondía ni aun si el indulto recaía en la pena de multa, por cuanto por muy accesoria que fuera dicha pena, se estaba dando una señal de debilidad frente a un delito que causaba un mal tremendo. Sigo insistiendo en lo mismo. Pertenezco a un distrito donde todos los días se vive la amenaza del pequeño traficante que empieza a tomarse la cuadra, el pasaje y, finalmente, la comuna. No creo en ninguna medida de indulto que beneficie, aunque sea sutilmente, a condenados por tráfico o microtráfico de drogas. Estamos abiertos al perfeccionamiento de la ley N° 20.000, que sustituyó la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; las sanciones y, por supuesto, al incremento de los esfuerzos por rehabilitar tanto a los consumidores como a los traficantes. Pero no creemos que el indulto a condenados por tráfico o microtráfico de drogas sea una buena señal. Así se lo hicimos ver al Ejecutivo a comienzo de la tramitación de este proyecto. En ese sentido, acogemos y valoramos la exclusión de los condenados por tráfico de drogas que expresamente hace el Gobierno en el artículo 6°. Esta norma no beneficia a los traficantes de drogas, ni a los chilenos ni a los extranjeros; a éstos últimos los expulsa del país. Es una señal clara y contundente de que la lucha contra el tráfico y microtráfico de drogas la estamos dando en serio y esperamos resultados en el corto plazo. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, quiero hacer un poco de historia. Algunos colegas han dicho que este proyecto sobre indulto general partió con la celebración del Bicentenario y con propuestas de la Iglesia sobre la materia. En ese momento, fui crítico de la propuesta de la Iglesia. Nunca entendí su sentido, porque si bien es cierto se trataba del Bicentenario, pensé que había otras formas de celebrar. El indulto significa premiar a las personas que han delinquido. Por eso, si vamos a celebrar el Bicentenario, ¿por qué no premiar a las personas que, de una u otra forma, han aportado al país? En ese momento, mencioné a la niña de la Isla Juan Fernández que, con su actuar, salvó muchas vidas para el terremoto de febrero de 2010; también a bomberos, que arriesgan la vida todos los días por los demás. Por eso, si se quería premiar a alguien, debían ser las personas que realmente hacen un aporte al país y no a los delincuentes. Por otra parte, nunca entendí el sentido de la propuesta de la Iglesia, más aún cuando en un comienzo se incorporó a violadores de los derechos humanos. Incluso, hasta hoy me cuesta entenderlo. Creo que el Presidente de la República perfectamente bien pudo haber tomado la respectiva medida y no enviar el proyecto en discusión al Congreso Nacional para que nosotros resolviéramos. Hablamos de seis mil personas, aproximadamente, y su situación debe ser estudiada caso a caso. Siempre he estado en contra del indulto, porque siento que es pasar a llevar las decisiones de otro Poder del Estado, en este caso, del Poder Judicial. Por lo tanto, lo que se está haciendo es precisamente eso. Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía -como presidente, en su momento-, tuve la oportunidad de visitar distintas cárceles del país, por ejemplo, la Cárcel Pública y varios centros del Sename, donde se encuentran recluidos los jóvenes, situación bastante preocupante también. Durante las visitas, me correspondió ver las malas condiciones en las que deben vivir los reclusos. Lo primero que uno piensa cuando una persona comete un delito es que la condena lo va a privar de libertad, pero no de su dignidad, que fue lo que se evidenció en los recintos penales y en los centros del Sename que tuve la oportunidad de visitar. Eran realmente indignos. No sé si el proyecto resolverá el problema de hacinamiento. A lo mejor, lo hará en su momento, pero no va a solucionar el problema de fondo. Alguien dijo que no se podía resolver todo. Por eso, me habría gustado escuchar el compromiso del Gobierno para que, a futuro, se destinen fondos para prevención del delito y rehabilitación, lo que considero muy importante y beneficia a los jóvenes. Asimismo, para mejorar las condiciones del personal de Gendarmería, que realmente son preocupantes. A pesar de que en este momento no me encuentro en una muy buena posición, porque siempre he hablando en contra de los indultos por los argumentos que anteriormente señalé, siento que también es importante el factor humano. Por eso, no quería estar en esta disyuntiva y dije que debió ser el propio Presidente de la República quien debió haber resuelto caso a caso, independiente de que sean muchos. Por otra parte, las palabras del diputado Ignacio Urrutia tienen mucho sentido, porque lo propuesto es una inconsecuencia con el discurso del Jefe de Estado durante la campaña presidencial, relativo a poner fin a la puerta giratoria y a las críticas sobre la forma de tratar la delincuencia. Sin embargo, el problema es mucho más que eso. La puerta giratoria no es nada si la comparamos con los cinco, seis o siete mil reclusos que van a quedar en libertad. Repito, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y sólo considerando el factor humano, habría preferido que la decisión la adoptara el Presidente de la República y no enviara este proyecto de ley al Congreso para que nosotros resolviéramos el problema. Ante la disyuntiva y, como dije, solo considerando el factor humano, no me queda más que votar a favor de la iniciativa para que esas personas recuperen su libertad, porque sabemos que el hacinamiento no se va a resolver con esta medida. Cuando ocurrió la tragedia en la cárcel de San Miguel no había dónde enviar a los presos quemados. Al respecto, hice un comentario, dije que por qué no los llevaban a Punta Peuco, si es una cárcel que está casi vacía o con muy pocos reclusos, lo que inmediatamente provocó un gran debate en las redes sociales, porque pensaron que lo había expresado con mala intención, pero quienes me conocen saben que no fue así. Lo señalé en forma muy tranquila, pensando en el problema de hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles y en otras que están vacías o con presos que viven en excelentes condiciones. Por lo tanto, es un problema grave tener presos de primera y segunda categoría. Eso no puede existir. Insisto, votaré a favor del proyecto, porque lo considero sumamente sensible. Me habría gustado -y perdonen que sea repetitivo- que el Gobierno tomara la decisión y no ponernos a nosotros, los parlamentarios, en la disyuntiva de votar a favor o en contra de esta iniciativa. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, señor ministro de Justicia y ex colega diputado, don Teodoro Ribera; colegas parlamentarios: Es cierto que es un hecho de la causa, tal como lo expresó el colega Ignacio Urrutia, que el Presidente de la República señaló durante su campaña que iba a poner término a la delincuencia y a la llamada “puerta giratoria”. Pero la realidad es otra. Después de analizar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, nos encontramos con que el propio Ejecutivo reconoce que, a diciembre de 2010, la población penal ascendía a más de cincuenta y dos mil personas privadas de libertad, y que en el mismo período la infraestructura carcelaria estaba diseñada para albergar a no más de treinta y cinco mil novecientos diez reclusos. Es un hecho real, que he podido constatar en el complejo El Manzano, de Concepción, situación que consta al propio señor ministro, cuando le pregunté acerca de la ejecución presupuestaria para el segundo semestre, período en que se iba a inaugurar la nueva cárcel concesionada de El Manzano, que ya se debe estar ocupando, porque era imposible mantener el alto número de reclusos dentro del mencionado recinto penitenciario. La verdad es que la realidad que se está viviendo en los recintos penitenciarios es muy triste. Por eso me parece bien que, en forma paralela al proyecto -que también votaré a favor-, se estudie el tema de las plantas del personal de Gendarmería, porque con la recarga de trabajo que tienen sus funcionarios, ni siquiera pueden aspirar a un horario normal de trabajo. Es cierto que se habla de horas extraordinarias, pero las que año a año hemos aprobado no concuerdan con la realidad que deben vivir día a día en los diferentes recintos penales del país. También es bueno destacar que este indulto no es porque sí. La idea central del proyecto tiene como objetivo disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de habitabilidad en los recintos penitenciarios y conceder un indulto general de carácter conmutativo a determinados grupos de mujeres que se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad y, en general, a personas sujetas al beneficio de las salidas controladas o a la medida alternativa de reclusión nocturna. Sin embargo, cuando se elaboró el informe, miembros titulares de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia como, por ejemplo, Jorge Burgos Varela, sostuvieron que -opinión muy respetada por ser un gran abogado y un estudioso del tema- no era llegar y crear un indulto general, porque deben existir condiciones para ello. Primero, si el proyecto llegara a ser ley de la República, tendrían derecho a él las mujeres que se encuentren condenadas y privadas de libertad, pero sólo en la medida en que hubieren cumplido dos tercios de la pena, regla que se relaja un tanto respecto de las que son madres de niños menores de dos años, caso en el cual el beneficio las alcanza aún si les faltan seis meses para el cumplimiento de ese mínimo, y siempre que hayan observado conducta sobresaliente durante los tres últimos bimestres. En segundo lugar, habría lugar al indulto a los condenados que se encuentran cumpliendo penas bajo régimen de permiso de salida controlada al medio libre, por cuanto éstos ya han dado pruebas fehacientes de rehabilitación y reinserción, puesto que solamente pernoctan en los establecimientos penitenciarios, lo que demostraría que el indulto con que se pretende favorecerlos no supondría un riesgo adicional para la seguridad pública. Y, en tercer lugar, serían acreedores al beneficio los condenados que cumplieren su pena bajo la modalidad de la reclusión nocturna, toda vez que éstos se encuentran en libertad todo el día y solamente deben recluirse entre las 22 y las 6 horas del día siguiente, lo que pondría de relieve que la concesión de esta medida no pondría en riesgo la seguridad ciudadana. Respecto de los tres casos que se contemplan, puedo señalar que los diputados de mi distrito, en audiencias en que hemos recibido a familiares de personas que están cumpliendo penas de reclusión nocturna, hemos podido constatar que los condenados han sufrido un daño sicológico brutal. Es cierto que han delinquido -no lo estoy justificando-, pero la pena les cambia la vida desde todo punto de vista. Hay que darles una nueva oportunidad. Éste es el momento. Por muy legítimas que sean nuestras visiones políticas, debemos reconocer un hecho de la causa: miles de reclusos no tienen ninguna posibilidad de rehabilitarse ante la sociedad y de reencontrarse con sus familiares o seres queridos. Recalco que las tres modalidades descritas que dan derecho al indulto van a estar sujetas al compromiso de no volver a delinquir durante los cinco años siguientes a la concesión del indulto. Si infringen esta obligación, deberán cumplir, de manera efectiva, el saldo de la pena conmutada, sin perjuicio de la que corresponda por el nuevo hecho o simple delito y someterse a un período de control y observación por medio de Gendarmería durante cinco años. Por lo tanto, considero que debemos otorgar los medios económicos suficientes al ministro de Justicia, quien siempre ha demostrado la mejor disposición, y convencer a la Dirección de Presupuestos de que, en este caso, se trata de recursos económicos bien ocupados. Señor Presidente, la próxima semana, cuando tratemos el proyecto de ley de Presupuestos para 2012, voy a asumir el compromiso ante el ministro de Justicia -voy a solicitar la concurrencia de la directora de Presupuestos- de cerciorarme de que se contemplen los fondos necesarios para Gendarmería, institución que durante las veinticuatro horas del día ejerce sus funciones. En consecuencia, voy a votar favorablemente el proyecto. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Como restan tres minutos y todavía resta que usen de la palabra los diputados señores Hugo Gutiérrez y Jorge Ulloa, solicito el asentimiento unánime de la Sala para que cada uno pueda intervenir por cinco minutos. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, agradezco el asentimiento unánime de la Sala para intervenir por el tiempo señalado. Considero que estamos en presencia de un proyecto de ley que busca dar una solución a la crisis carcelaria. Desvincular el proyecto de la realidad de nuestro país y reducirlo a la problemática de si el Presidente dijo cual o tal cosa en un programa es algo que no tiene gran relevancia, porque lo que debe concitar nuestra reflexión es saber si el proyecto va o no en la línea de solucionar los problemas sociales. En nuestro país hay un gran problema: la crisis carcelaria, que no podemos negar. Dicha crisis se hizo evidente y notoria, en toda su gravedad y dimensiones, debido al incendio de la cárcel de San Miguel. En consecuencia, debemos ser honestos y reconocer que la crisis carcelaria se ha generado por varias razones: una, la que reflexionábamos hace algunos días cuando conocimos el informe de la Comisión Investigadora del incendio de la cárcel de San Miguel, cuyas propuestas nos inducen a buscar los responsables o corresponsables de lo que pasa con la crisis carcelaria. Sin duda, creo que ellos son el Ejecutivo y el Congreso, tal como se señalaba en dicho informe. ¿Por qué, junto con el Ejecutivo, somos responsables de la crisis carcelaria? Porque muchos de nosotros, no quien habla, tienen la creencia o la convicción de que los conflictos sociales se solucionan con la privación de libertad. Muchos creen que las personas que causan conflictos en la sociedad deben quedar privadas de libertad, o bien, ser encarceladas. La prisión para ellos es la solución de los problemas sociales. Sin duda, ese criterio es el leit motiv, la causa, el origen, del problema de la crisis carcelaria. Pero, junto con eso, está asociado también el problema de que la cárceles chilenas -hay que decirlo con firmeza, con dureza, y reconocer la realidad- no rehabilitan a nadie. Respecto de la realidad, muchos se quieren hacer los “lesos”, los desentendidos, los que miran a la pared, al costado, para arriba, para abajo. Pero lo claro, como dije, es que las cárceles chilenas no rehabilitan a nadie. En consecuencia, el proyecto da cuenta de la ineficacia de los sistemas legislativos creados para que las personas que se encuentran privadas de libertad la recuperen. Por ejemplo, el reglamento carcelario señala que las personas podrán recibir algún beneficio extramuro un año antes de la mitad de la condena. La iniciativa concede un indulto a personas que llevan privadas de libertad dos tercios de la pena. Es decir, si a esas personas se les hubiera aplicado el reglamento carcelario o aplicado la ley Nº 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados, en base a la observación de buena conducta, esas personas estarían libres. Estamos hablando de personas que llevan dos tercios de la pena privadas de libertad. En consecuencia, no estamos hablando de personas impunes. Al contrario, se les ha condenado por sus delitos y llevan cumplidos dos tercios de la pena. No obstante, de acuerdo con el sistema que nosotros mismos hemos creado, las leyes de la República, transcurrida la mitad de la pena, podrían haber recuperado su libertad si tuviesen buena conducta. Además, en las cárceles chilenas, con el hacinamiento que hay, ¿quién tiene buena conducta? ¿Quién puede gozar de buena conducta en un sistema abarrotado de internos? El indulto, por tanto, se hace cargo de una realidad: de la ineficacia del sistema creado para que las personas que observan buena conducta al interior de las cárceles puedan recuperar su libertad, pero que no opera debido a los altos índices de hacinamiento. Creo que éste no es el proyecto adecuado para solucionar los problemas, pero va en un camino que debemos apoyar, porque va a permitir que muchas personas puedan recuperar su libertad y reinsertarse a la vida social. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Por último, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, el proyecto que propone su excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera, apunta a hacernos cargo de una realidad sobre la que durante largos años no se había puesto ninguna atención. Quiero reiterar que durante años no se había puesto atención alguna al problema de las cárceles. Ni el Congreso Nacional ni el Ejecutivo, el cual ahora sí se ha hecho cargo del problema, trataron de buscar antes una solución a la situación que se estaba produciendo en los recintos carcelarios. El lamentable incendio que se llevó la vida de más de 80 compatriotas se constituyó en la verdadera campanada de alerta sobre un problema respecto del cual no habíamos puesto atención. No habíamos puesto atención en las personas que estaban cumpliendo penas por los delitos que habían cometido, ni en el personal de Gendarmería que trabaja en los recintos carcelarios. Aquí alguien preguntó si no hubo capacidad de aplicar las leyes. Debemos responder que, efectivamente, no fuimos capaces de hacerlo. El reglamento carcelario no está siendo aplicado en ninguna parte, particularmente en aquellos recintos en los que se encuentran privados de libertad determinados tipos de presos. Con ello me remito, en forma específica, a quienes están recluidos en presidios como Cordillera y Punta Peuco. En ese sentido, cualquier persona que tenga un grado mínimo o básico de coherencia parte de la base de que el derecho debe ser igual para todos. En consecuencia, no valen las incriminaciones sociales y políticas respecto de quienes están cumpliendo penas por determinados delitos. Lo que hay que hacer es, simplemente, aplicar la ley. Por eso es necesario que el proyecto sea aprobado. -Manifestaciones en las tribunas. -Suenan los timbres silenciadores. El señor MELERO (Presidente).- Ruego a las tribunas guardar silencio. -Manifestaciones en las tribunas. -Suenan los timbres silenciadores. El señor MELERO (Presidente).- Solicito a Carabineros desalojar las tribunas. Se suspende la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor MELERO (Presidente).- Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el señor ministro de Justicia. El señor RIBERA (ministro de Justicia).- Señor Presidente, antes de la votación de este proyecto, quiero referirme, principalmente, al tema carcelario -expuesto transversalmente- que nos ha convocado a plantear, en definitiva, una nueva política penitenciaria. Hoy, como sociedad, estamos conscientes de que nuestro sistema penitenciario requiere de profundas transformaciones que comprenden necesariamente la racionalización del uso de la privación de libertad, desde una perspectiva de la seguridad ciudadana. En definitiva, privamos de libertad a la gente para, por un lado, garantizar la seguridad ciudadana; pero, por otro, para favorecer su reinserción social y seguir contribuyendo a la seguridad ciudadana. La racionalización del uso de las cárceles, además, está vinculada con la modificación de la ley N° 18.216, que contempla la incorporación del brazalete electrónico, del sistema GPS y de la posibilidad de realizar trabajos comunitarios en condenas menores. Por otra parte, nos preocupa el mejoramiento de las condiciones penitenciarias. Indudablemente, compartimos lo señalado por diversos parlamentarios, en términos de que, hoy, las cárceles no garantizan la seguridad de los internos ni tampoco, adecuadamente, la de los gendarmes. Además, las condiciones que las mismas prestan para la reinserción social son muy disminuidas. Otra materia que nos interesa es el fortalecimiento de Gendarmería. Recuerdo que la nueva ley de Gendarmería se dictó, se promulgó o se publicó el último día del gobierno de la entonces Presidenta Bachelet. Este Gobierno ha generado prestamente la incorporación de cinco mil nuevos gendarmes, con los cuales queremos mejorar los turnos. Ese tema es muy complejo. En la actualidad, Gendarmería tiene diversos sistemas de turno a nivel nacional; sin embargo, la ley, ahora, no sólo concede esta atribución a cada uno de los alcaides, sino también al director de Gendarmería. Estamos haciendo un proceso de mejor distribución del personal y, en definitiva, debemos avanzar en racionalizar su uso, de manera de tener un mayor control, no solamente perimetral, sino que efectivo en cuanto a seguridad de los internos. Pero, fundamentalmente, debemos fortalecer la Partida 02 de Gendarmería, orientada hacia la reinserción. Ahí tenemos una deuda significativa como sociedad. Asimismo, hemos hecho esfuerzos y en veintiséis penales hemos retirado los balones de gas -con el fin de mejorar la seguridad-, introducido una ración fiscal mejor de 900 a 1.500 pesos y mejorado las condiciones de habitabilidad. Además, en el presupuesto del próximo año se contemplan 3 mil millones de pesos para las redes secas. Tenemos que ver dónde vamos a priorizar eso y mejorar los sistemas alternativos de seguridad en las cárceles. La razón por la cual hemos recurrido al artículo 63, número 16, de la Constitución, que contempla el indulto general, es porque si hubiésemos procedido a través del artículo 32, número 14, de la Carta Fundamental, que considera la atribución presidencial para el indulto particular, tendríamos que haber visto caso a caso. Aquí se trata de acoger esta norma, innominadamente, para un grupo de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad, principalmente, en términos tales que están dieciséis horas del día libres y ocho horas recluidas, lo que nos agobia desde la perspectiva del uso racional de las cárceles y no incrementa la inseguridad. Finalmente, mediante la ley N° 18.216 esperamos mejorar el número de funcionarios vinculados a los planes de seguimiento y reinserción social. Es toda una función que tenemos por delante. Quiero agradecer, especialmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por su aporte transversal respecto del proyecto. Agradezco, también, a los honorables diputados de todas las bancadas que se manifestaron a favor de él y decirles que, quizás, el gran cambio que se ha producido en esta materia es de visión en torno a lo que debe ser el sistema penitenciario: no solamente un sistema de castigo, sino más bien orientado a la reinserción. Muchas gracias. He dicho El señor MELERO (Presidente).- Muchas gracias, señor ministro. El diputado Ulloa estaba haciendo uso de la palabra cuando fue interrumpido. Diputado ¿va a terminar su intervención? El señor ULLOA.- Señor Presidente, efectivamente, estaba en el uso de mi derecho; pero, después del show protagonizado por un pequeñísimo sector de la sociedad chilena, declino usar de la palabra.. El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronuncio sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, sobre indulto general. Hago presente a la Sala que todas las disposiciones del proyecto son propias de ley de quórum calificado, con la salvedad de su artículo 6°, que es de ley simple o común, por lo que se requiere para su aprobación del voto afirmativo de 61 diputados en ejercicio. El artículo 6° fue rechazado en la discusión en particular habida en la Comisión. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio Mansilla Gabriel; Cornejo González Aldo; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Latorre Carmona Juan Carlos; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Delmastro Naso Roberto; Farías Ponce Ramón; Rojas Molina Manuel; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto. El señor MELERO (Presidente).- En votación en particular el proyecto aprobado por el Senado, con las adiciones y enmiendas propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que figuran en las páginas 30 a 32 del informe, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 60 diputados en ejercicio, con excepción de los artículos 1° y 5° y la primera frase del inciso segundo del artículo 6°, que señala: “salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley”, cuya votación separada ha sido solicitada. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 72 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 8 abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio Mansilla Gabriel; Bobadilla Muñoz Sergio; Cornejo González Aldo; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Latorre Carmona Juan Carlos; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Delmastro Naso Roberto; Farías Ponce Ramón; Hales Dib Patricio; Lorenzini Basso Pablo; Muñoz D’Albora Adriana; Rojas Molina Manuel; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto. El señor MELERO (Presidente).- En votación en particular el artículo 1°, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 61 diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 9 abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio Mansilla Gabriel; Bobadilla Muñoz Sergio; Cornejo González Aldo; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Latorre Carmona Juan Carlos; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Saffirio Espinoza René; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Delmastro Naso Roberto; Farías Ponce Ramón; Hales Dib Patricio; Hoffmann Opazo María José; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Muñoz D’Albora Adriana; Rojas Molina Manuel; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto. El señor MELERO (Presidente).- En votación en particular el artículo 5°, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 61 diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 10 abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio Mansilla Gabriel; Bobadilla Muñoz Sergio; Cornejo González Aldo; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Latorre Carmona Juan Carlos; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Saffirio Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Delmastro Naso Roberto; Farías Ponce Ramón; Hales Dib Patricio; Jiménez Fuentes Tucapel; Lorenzini Basso Pablo; Muñoz D’Albora Adriana; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto. El señor MELERO (Presidente).- En votación en particular la primera frase del inciso segundo del artículo 6°, que dice: “salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley.”. Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente, de aprobarse el inciso tal cual está, los extranjeros sentenciados por narcotráfico serían beneficiarios del indulto. El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, está claro el sentido de la frase en cuestión. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 13 abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Recondo Lavanderos Carlos; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bobadilla Muñoz Sergio; Cornejo González Aldo; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Latorre Carmona Juan Carlos; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Saffirio Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Hales Dib Patricio; Jiménez Fuentes Tucapel; Meza Moncada Fernando; Muñoz D’Albora Adriana; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto. El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto. MODIFICACIÓN DE PLAZOS SOBRE MUERTE PRESUNTA Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS ACERCA DE COMPROBACIÓN JUDICIAL DE MUERTE. Primer trámite constitucional. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, quiero saber si existe la posibilidad de que el segundo proyecto de la tabla sea votado sin discusión. Es muy sencillo e importante, puesto que acorta los plazos para la declaración de muerte presunta. He hablado con el diputado informante, señor Harboe, y señala que podría informarlo en menos de cinco minutos. Entonces, me gustaría que someta a consideración de la Sala su votación sin discusión. El señor MELERO (Presidente).- ¿Habría asentimiento unánime de la Cámara para que el proyecto, que modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas acerca de comprobación judicial de muerte, sea votado sin discusión y sólo con rendición de informe? Acordado. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 7973-07, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5. -Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 94ª, en 11 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Harboe. El señor HARBOE.- Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tengo el agrado de informar el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte. Las ideas centrales del proyecto tienen por objeto, por una parte, simplificar el procedimiento para la declaración de muerte presunta de una persona, en los casos en que las circunstancias de la desaparición llevan necesariamente a concluir que ha fallecido, y, por otra, disminuir los plazos existentes para la declaración de muerte presunta en general. En los fundamentos del mensaje se recuerda el accidente ocurrido el pasado 2 de septiembre en el archipiélago Juan Fernández, en el que un avión con 21 personas a bordo se perdió de vista mientras realizaba maniobras de aterrizaje. El mensaje agrega que hasta la fecha se ha podido encontrar partes del avión y reconocer a algunas de las víctimas, añadiendo que transcurrido ya algunos días se ha llegado a la convicción de un desenlace fatal para todos los pasajeros. Con el fin de evitar mayores sufrimientos a los familiares de las víctimas y darles más seguridad jurídica, se propone consagrar una normativa especial en materia de inscripción de defunciones, que permite, una vez que se tiene plena certeza de la muerte, proceder a la inscripción del fallecimiento, a pesar de no haberse hallado el cadáver o de no haber sido posible su identificación. Ello permitirá distinguir con nitidez los casos en que corresponde declarar la muerte presunta de aquellos en que la muerte cierta no puede ser acreditada por el examen físico de los restos. Asimismo, con igual finalidad, se pretende modificar los plazos de ausencia requeridos por la normativa vigente, a fin de otorgar mayor celeridad a la tramitación de las solicitudes de muerte presunta en los casos de desaparición de personas como consecuencia de accidentes aeronáuticos, naufragios, sismos o catástrofes. En lo que respecta a la normativa vigente, que propone modificar el proyecto, cabe hacer presente que la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, en sus artículos 44 y 45, regula la forma en que se solicita la inscripción de defunción y establece qué documentos deben acompañarse al requerimiento respectivo. Por su parte, el Código Civil señala en su artículo 81 el procedimiento para la declaración de la muerte presunta de un desaparecido. Al efecto, dispone, en lo fundamental, que debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido al menos cinco años. Sus números 8 y 9 dicen relación con la declaración de muerte presunta en los casos de accidente aéreo y naufragio y de sismo o catástrofe. El número 8 dispone: “Se reputará perdida toda nave o aeronave que no apareciere a los seis meses de la fecha de las últimas noticias que de ellas se tuvieron. Expirado este plazo, cualquiera que tenga interés en ello podrá provocar la declaración de presunción de muerte de los que se encontraban en la nave o aeronave.”. El número 9 establece: “Después de un año de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que habitaban en esas poblaciones o regiones.”. Durante la discusión de la iniciativa, se contó con la participación del ministro de Justicia, quien explicó sus fundamentos, tras lo cual la Comisión procedió a aprobarla tanto en general como en particular, por unanimidad. El contenido del proyecto se sintetiza en los siguientes aspectos: Se introducen modificaciones a los artículos 44 y 45 de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, con el objeto de explicitar que la inscripción de defunción puede provenir de una orden judicial directa, enviada mediante oficio al Registro Civil, para la hipótesis de comprobación judicial de muerte que propone el proyecto, y de exceptuar, en tal caso, la presentación del certificado de defunción, dado que este procedimiento se aplicará en aquellas situaciones en que no resultara posible otorgarlo, ya sea porque el cadáver no ha sido hallado o ha sido imposible su identificación. Se modifican los números 8 y 9 del artículo 81 del Código Civil, con el propósito de disminuir de seis a tres meses el plazo para solicitar la declaración de muerte presunta de personas desaparecidas, en caso de extravío de nave o aeronave, y de reducir de un año a seis meses el plazo para efectuar la misma solicitud respecto de desaparecidos con motivo de un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones. Se sustituye el epígrafe del párrafo 4 del Título II del Libro Primero del Código Civil, titulado “De la muerte civil”, actualmente sin contenido, por otro que se denominará “De la comprobación judicial de la muerte”, que constará de tres normas: La primera de ellas, el artículo 95, establece un procedimiento para tener por comprobada la muerte de una persona desaparecida para efectos civiles y disponer la inscripción correspondiente en el Registro Civil. El supuesto para la aplicación de este procedimiento es que la desaparición se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta, aun cuando el cadáver no fuese hallado o no sea posible su identificación. En tal caso, el juez del último domicilio del difunto, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada la muerte en los términos señalados, en virtud de la resolución que se dicta al efecto. Esta norma sólo tendría aplicación en casos de accidentes u otras circunstancias que permitan presumir que la persona ha fallecido, tales como un incendio, dado que se requerirá formar la convicción del juez. La segunda, el artículo 96, exige que el extracto de la resolución que tenga por comprobada la muerte del desaparecido se publique dentro del plazo de sesenta días, contados desde que dicha resolución estuviere firme y ejecutoriada. Asimismo, establece que dicho extracto deberá contener, al menos, los antecedentes indispensables para su identificación y la fecha de muerte que el juez haya fijado. La tercera, el artículo 97, dispone que la resolución que tenga por comprobada la muerte del desaparecido podrá rescindirse conforme a lo dispuesto en el párrafo que regula la presunción de muerte por desaparecimiento. Por lo expuesto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda a la Sala la aprobación de esta iniciativa. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor MELERO (Presidente).- En votación general el proyecto de ley, originado en mensaje y con urgencia calificada de suma, que modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte. Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común. -(Durante le votación) }El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido que el señor diputado informante señale la vinculación de este proyecto con los detenidos desaparecidos. El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, estamos votando el proyecto. Pido a sus señorías que emitan su voto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor MELERO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se daría por aprobado también, en particular, con el mismo quórum. ¿Habría acuerdo? Aprobado. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, pido que se agregue mi voto, porque éste no quedó registrado. El señor MELERO (Presidente).- Como algunos diputados no alcanzaron a emitir su voto, vamos a votar en particular el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto. VI. HOMENAJE HOMENAJE A OBISPO LUTERANO SEÑOR HELMUT FRENZ, RECIENTEMENTE FALLECIDO. El señor MELERO (Presidente).- Corresponde rendir homenaje al obispo luterano, señor Helmut Frenz, recientemente fallecido. Se encuentran presentes en la tribuna de honor la presidenta de la Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi, señora Margarita Romero; el Vicepresidente de la Agrupación de ex Menores de Edad, Víctimas de Prisión Política y Tortura, señor Omar Marín Cárdenas. Junto a ellos se ubican representantes del Comando Unitario Nacional de Presos Políticos, encabezado por don Higinio Esperguer y don Nelson Aramburu, de la Comisión Ética contra la Tortura de la Quinta Región de Valparaíso, entre otros. Muy bienvenidos. Para rendir homenaje, tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (de pie).- Señor Presidente, honorable Sala, para mí es un honor dirigir estas breves palabras en homenaje al obispo luterano Helmut Frenz. Hoy nos reúne un hombre nacido en Alemania, que orgulloso vivió su nacionalidad de chileno. Como tantas veces ocurre en la vida de las personas, una simple destinación en razón de una actividad laboral, en este caso religiosa, cambia radicalmente el destino de los seres humanos. Así ocurrió con Helmut Frenz, a quien hoy homenajeamos merecidamente en esta Cámara de Diputados. Nació en 1933, en una ciudad alemana, donde cursó estudios de teología. En 1959 fue ordenado pastor de la Iglesia Luterana Alemana. Corría el año 1965 cuando su iglesia lo designó pastor en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, cargo que asumió con auténtica y profunda vocación de cristiano luterano en favor de la comunidad. Esto le valió el reconocimiento, no sólo por su trabajo desempeñado en su diócesis, sino también en el conjunto de su Iglesia y en el entorno social. Helmut Frenz arriba a estas latitudes de Latinoamérica en un momento histórico, sugerente y demandante por parte de sus pueblos, que recordamos sucintamente, porque tendrán, creemos, sin temor a equivocarnos, una gran importancia en su actitud y comportamiento frente a los acontecimientos posteriores que le tocó vivir en nuestro país. Entre los años 60 y 70 del siglo pasado, América Latina vivía una bullente actividad político-social, y Chile no era una excepción. Los trabajadores, los campesinos pobres, los estudiantes y las fuerzas populares excluidas del bienestar y recurrentemente maltratadas por estructuras injustas, se organizaban e irrumpían en la disputa del poder político para cambiar su destino. En esos cinco primeros años, entre 1965 y 1970, Helmut Frenz, en Concepción, debió percibir, con su agudeza y sensibilidad característica, las contradicciones y desigualdades irritantes que afectaban a gran parte de nuestro país. Sus trabajos en “Agüita de la Perdiz” y en el “Campamento Lenin” le van conformando en la realidad de Chile la que en ese tiempo se llamó la “opción por los pobres”, no como un análisis doctrinal, sino como una posibilidad concreta. Y él opta por los pobres y oprimidos. Como él lo decía, no buscaba los problemas, porque los problemas estaban ahí. Los problemas tenían nombres y apellidos. Esta opción provocaba dificultades en su tarea pastoral con parte de su congregación. En 1970, el pueblo conquista el gobierno con la Unidad Popular, encabezado por el Presidente Salvador Allende, con un programa, el más avanzado de la Historia de Chile, que promete profundos cambios estructurales para refundar nuestro país a favor de los desposeídos y marginados de siempre. Este triunfo popular no es aceptado por el imperialismo y sus reaccionarios aliados internos, que ejecutan una conspiración que tendrá trágicas consecuencia para el pueblo de Chile. Coincide que, en ese mismo año 1970, el Sínodo de la Iglesia luterana designa a Helmut Frenz como Obispo Diocesano, su máxima autoridad en Chile. Era el reconocimiento a su gran labor desempeñada en la Diócesis en Concepción. Para asumir su cargo, se traslada a Santiago, donde, con su potente trabajo, demuestra la impronta a favor de los marginados y perseguidos. Muestra de ello es que, con una amplitud encomiable, en 1970 funda Diaconía, una organización ecuménica, con otras iglesias, para ayudar a los refugiados. Es importante recordar que es el Presidente Allende quien le pide a Helmut Frenz la colaboración de las iglesias para la atención de los refugiados, tarea que él asume y lo hace estar en relación de trabajo con personas de los organismos internacionales, trabajo que posteriormente serviría para preocuparse de los refugiados chilenos. Derrocado el Gobierno constitucional del Presidente Allende, y testigo privilegiado de la brutal represión desatada por la dictadura, Helmut Frenz, con la sensibilidad de un auténtico humanista, actúa de inmediato y constituye la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (Conar), que fue reconocida por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, lo que determinó que la propia dictadura tuviera que reconocer esta Comisión. De esa manera, logra salvar a cerca de siete mil perseguidos que se refugian en el extranjero. Según su libro autobiográfico “Mi Vida en Chile”, él actuó teniendo claro que la mayoría de los colonos alemanes eran partidarios del golpe de Estado, que no sólo se resistían a que la colonia dejara de ser un “club social alemán” y que también se oponían abiertamente a los cambios que impulsaba el gobierno del Presidente Allende. Pero él decide ser fiel al Evangelio de la vida y del respeto a los derechos humanos. No cabe duda de que el obispo Helmut Frenz se inspiraba en el sector de su Iglesia Luterana Alemana, llamado “Iglesia Confesante”, por su documento Confesión de Fe, que durante el régimen hitleriano rechazó la posición de la gran mayoría de dicha Iglesia de adherir al nazismo y se abocaron a salvar a los perseguidos y a las víctimas de tan bestial régimen, con enormes sacrificios y muchas pérdidas humanas de ese grupo a manos de la Gestapo. Entre sus dramáticos relatos de lo que ocurría en Chile, citamos de su libro “Mi vida en Chile”: “pasamos momentos de mucha angustia. Pero lo más impactante fue observar a miles de angustiados, refugiándose en nuestros templos, víctimas de tortura. Los cadáveres en el río Mapocho y la pobreza en las poblaciones y sólo unos pocos aplaudiendo a los militares.”. Posteriormente, junto al cardenal Raúl Silva Henríquez, de la Iglesia Católica, funda el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, que después pasa a llamarse Comité de Cooperación para La Paz en Chile, y comparte la presidencia de esa entidad con el obispo católico Fernando Ariztía Ruiz. El pueblo de Chile recuerda de manera imborrable la impresionante labor humanitaria desplegada por este obispo luterano y por otros dignatarios de la Iglesia católica a través del Comité Pro Paz, que rescata y salva miles de vidas del terrorismo de Estado que asolaba a nuestro territorio. Fue de tal magnitud el trabajo del obispo Frenz en favor del respeto a los derechos humanos más elementales, como el de la vida, la integridad física y la libertad, que sobrepasó las fronteras de Chile y alcanzó admiración y reconocimiento internacional, que el Alto Comisionado Naciones Unidas para los Refugiados le otorga en 1974 la medalla Fridtjof Nansen, la más alta distinción de la ONU. En su discurso de agradecimiento revela su modesta y noble personalidad. Citamos textualmente algunos de sus párrafos: “Me cuesta mucho contestar en forma adecuada a este homenaje que se me hace, según lo que hemos escuchado, como ejemplo meritorio por dar protección, abrigo y ayuda a muchos refugiados en Chile.”. “Con la entrega de la medalla Fridtjof Nansen, se destaca como ejemplo la actitud que hombres de buena voluntad hemos tomado en un momento histórico de crisis para la dignidad y los derechos humanos.”. Y agrega, refiriéndose a los gobiernos y organizaciones internacionales: “Que esta labor no debería destacarse, puesto que se trata del cumplimiento de un deber al que voluntariamente se han comprometido las naciones miembros de las Naciones Unidas.”. Y de una manera descarnada interpela: “…desgraciadamente en la aplicación de las normas internacionales sobre derechos humanos y de trato a los refugiados, existe una contradicción entre la teoría y la práctica. El mero hecho de rendir homenaje a individuos y organizaciones que realizan acciones humanitarias ya es acusador.”. Y más adelante se interroga: “¿Puede olvidarse de sus hermanos el que participa de la suerte de los débiles? ¿O el que seca las lágrimas de las viudas? ¿O el que percibe la desesperación de los que están ocultos? ¿O el que se conmueve al ver los cuerpos maltratados? ¿O el que acompaña a las personas quebrantadas por la tortura? ¿Puede ese hombre olvidarse de sus hermanos?”. Contesta: “…trato de identificarme con los sufrientes de este mundo…” Continúa: “El poder abusivo conduce a la violencia y a la opresión. El poder servicial y compasivo, a la liberación”. “Las causas de la opresión en el mundo son patentes; se ha desvinculado el poder del servicio, y son una sola realidad, no puede existir el primero sin el segundo. El poder sin la disposición al servicio se transforma en arbitrariedad, opresión y dictadura”. Y sigue: “Refugiados hay en aquellas partes de América Latina donde se abusa del poder para el logro de intereses personales”. En el último párrafo de su intervención, explicita su actitud futura agradeciendo y comprometiéndose: “… agradezco esta distinción que se me otorga en nombre propio y de aquellos con quienes hemos compartido el sufrimiento y deseamos seguir compartiéndolo”. Después de esta premiación, continúa con más brío su admirable trabajo. En 1975 constituye la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), organización de carácter ecuménico y una de las más importantes en el área de los derechos humanos, que enfurecía a la dictadura por su labor no sólo de salvar vidas de los perseguidos políticos, sino también por su denuncia internacional del genocidio que ocurría en nuestro país. En este cuadro, la dictadura orquesta una enorme campaña en su contra, que contó incluso con el apoyo de una lista de unos 600 feligreses de la Iglesia luterana de nuestro país, publicada en El Mercurio, que pedía su expulsión de Chile. Su expulsión de Chile se materializa el 3 de octubre de 1975, cuando el obispo Frenz se encontraba en Ginebra presentando un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La dictadura le impide el regreso. El 11 de noviembre del mismo año, la dictadura determina el cierre del Comité Pro Paz. Se consuma, así, una de las más abyectas medidas en contra de los derechos humanos en Chile. De regreso en Alemania, desempeñó el cargo de secretario ejecutivo de Amnistía Internacional por más de diez años, período en el que se preocupó especialmente de denunciar las violaciones a los derechos humanos en Chile, de acoger a los exiliados chilenos que llegaban a ese país y de apoyar y participar en las más variadas actividades del movimiento de solidaridad de chilenos refugiados y alemanes. De esta manera, el obispo luterano alemán Helmut Frenz se constituye en una figura legendaria, respetada y apreciada como pocos por nuestro pueblo, que jamás lo olvidó; pero él tampoco olvidará a nuestro país. En 2006, el obispo presenta su autobiografía “Mi vida chilena: Solidaridad con los oprimidos”, en la Biblioteca Nacional de nuestro país, en la que relata la dramática experiencia de sus diez años de residencia en Chile. El año 2007, el Congreso Nacional otorgó la nacionalidad chilena por gracia a este pastor luterano, en reconocimiento, como país y sociedad, a su labor en defensa de los derechos humanos en pro de la paz en Chile. El 13 de septiembre del presente año, muere en Hamburgo, para congoja de la mayoría de nuestro país y de la comunidad internacional, que supo de su generosa entrega por salvar seres humanos indefensos, cuando muy pocos se atrevían a desafiar a la dictadura y su política de exterminio. Esta sesión de recuerdo y homenaje enaltece y dignifica a la Cámara de Diputados. Helmut Frenz vivirá para siempre entre nosotros, como parte indivisible de la memoria colectiva de nuestro pueblo. He dicho. -Aplausos. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda, del Comité Demócrata Cristiano. El señor OJEDA (de pie).- Señor Presidente, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, rindo homenaje en memoria de don Helmut Frenz. Helmut Frenz, pastor y obispo luterano, fue un alemán con corazón de chileno; se sentía alemán, pero también muy chileno. Quiso a esta tierra con un sentimiento máximo de patria, su segunda patria, pero patria con alma. De estos hombres y sus obras, debemos seguir y hemos seguido sus ejemplos. Nació en Alemania, el 4 de febrero de 1933, en la ciudad de Allenstein. Fue ordenado pastor luterano el año 1959. A Chile llegó el año 1965, cuando apenas tenía 32 años, como pastor de la iglesia evangélica luterana de Concepción. Ahí manifestó su preocupación por las cárceles, los campamentos y las poblaciones de Hualpencillo. Fue un hombre entregado a los pobres y a los necesitados, lógica acción de quien percibe que no hay orientación humana más noble que estar siempre con los humildes y los desposeídos. Cuando fue elegido obispo por el sínodo de la iglesia evangélica luterana de Chile, se trasladó a Santiago. En 1970, fundó la Organización Ecuménica Diaconía. En 1973, participó en la creación de la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (Conar), reconocida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Con esta institución, Helmut Frenz permitió y posibilitó que salieran de Chile miles de refugiados extranjeros -se habla de más de siete mil-, mediante ayuda social, espiritual y jurídica. Se trató de una acción solidaria de este gran luchador y pastor luterano que desafiaba ya la autoridad militar en tiempos de dictadura. Era el ejercicio auténtico, el apostolado de un hombre de bien que luchaba por defender, resguardar y proteger. Era uno de los elegidos para posicionarse e imponerse en Chile, para hablar y defender los ideales de justicia, que en ese momento eran tan necesarios. Los grandes hombres están para las grandes cosas; y las grandes cosas, por supuesto, son reservadas para los grandes hombres, para los grandes sacrificios y la lucha de sacrificios y riesgos. Frenz fue un gran hombre. Junto a nuestro Cardenal Raúl Silva Henríquez, fundó el Comité de Cooperación para la Paz, (Comité Pro Paz), compartiendo la presidencia de esta entidad con el obispo Fernando Ariztía Ruiz. Fue un bastión de la lucha por los derechos humanos, en la época más dura y brutal de nuestra historia política. Ahí sirvió a toda la gente que acudía y necesitaba de una ayuda y de un respaldo. Silva Henríquez y Helmut Frenz compartieron en plenitud, en Chile, su ideario de lucha, un noble trabajo y protección a los perseguidos y víctimas por la violación de los derechos humanos. Constituyen la gloria de los combatientes que enfrentaron con hidalguía y mucha energía la fuerza opresora, que por nada logró doblegarlos. Helmut Frenz fue un gran defensor de los derechos humanos. Ligado con Dios, en sintonía con los valores humanos y religiosos, transmitía esa fuerza divina que lo insertaba en el seno brutal de la dictadura para salvar a quienes eran víctimas de la intolerancia y la opresión. El 3 de octubre de 1975, después de lidiar con la dictadura, fue expulsado de Chile por el régimen militar. Fue un hecho injusto, doloroso, un acto de autoridad brutalmente desmedido. En los meses siguientes fue disuelto el Comité Pro Paz. La dictadura de Pinochet no podía soportar a un obispo luterano luchando codo a codo con sus hermanos por la causa más noble e irrenunciable por la que puede luchar una persona: el respeto de los derechos humanos. No obstante, de regreso a Alemania, su patria, durante diez años desempeño el cargo de secretario ejecutivo de Amnistía Internacional, ocupándose especialmente de denunciar las violaciones de los derechos humanos en Chile y de acoger a los miles de exiliados que llegaban a esa nación. Una vez recuperada la democracia en nuestro país, el 30 de junio de 2007 el Estado chileno le expresó un reconocimiento profundo. Ese día, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que le concedió la nacionalidad por especial gracia. En esa oportunidad, destacó su permanente identificación con los más vulnerables entre nosotros. Se le reconoció como un ciudadano chileno más. Michelle Bachelet agregó en ese entonces: “Ningún poder pudo apartar a Chile del corazón de Helmut Frenz, ni a él del corazón de millones de chilenos y chilenas que lo reconocemos como uno de los héroes de la paz”. A corta edad, conoció de los horrores de la guerra, en Alemania. La Segunda Guerra Mundial le demostró cuán inhumano puede ser el mismo ser humano con sus propios hermanos. Junto con los teólogos de la Iglesia Confesante, facción de la Iglesia luterana, se mantuvo en la clandestinidad durante el régimen nazi y ayudó a salvar a judíos y a perseguidos políticos. Fue una experiencia que le sirvió para entender y conocer el mal, y que su formación y vocación debían prepararse para enfrentar situaciones tanto o más difíciles y crueles que lo vivido en su juventud. Fue osado y valiente para enfrentar el flagelo que significa vivir en dictadura. Helmut Frenz falleció el 13 de septiembre último en Hamburgo, Alemania. Seguramente, antes de sumirse en la oscuridad de su mente, debe de haber recordado a Chile, a su Chile lindo, del que habló en su libro dedicado a nuestro país, titulado “Mi vida chilena: Solidaridad con los oprimidos”. El año 2000 vuelve nuevamente a Chile, radicándose en nuestro país. Fue parte de quienes promovieron la necesidad de crear una comisión abocada a investigar los casos de tortura y prisión política. Hoy le rendimos tributo; hoy, el Parlamento, donde están representadas todas las fuerzas políticas, le rinde un homenaje muy merecido. Esto que hoy sucede aquí, en esta Cámara consolidada, puede ser también fruto del aporte y conquista de su lucha junto con otros. Con granos de arenas se van construyendo montañas, y esta montaña que es Chile, la ayudó a construir también él, con miles de voluntarios heroicos, muchos de los cuales ya no están, pero que, desde el firmamento, muestran y reflejan la luz de sus rostros al unísono para seguir rezando y velando por Chile. Hoy, todos, sin exclusión, debemos seguir trabajando para que lo que él vio y vivió en nuestro país, no vuelva a repetirse nunca más. He dicho. -Aplausos. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy, del Comité de Renovación Nacional. El señor GODOY (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la bancada de Renovación Nacional, me corresponde rendir este homenaje a don Helmut Frenz. Aprovecho la ocasión para saludar a las personas que nos acompañan en este sentido homenaje. En verdad, son pocas las personas que pueden contar a su haber con un homenaje en su memoria por parte de la Cámara de Diputados; pero son menos las que lo han recibido no una, sino dos veces en este Hemiciclo. El obispo luterano Helmut Frenz es una de ellas. El primer homenaje que el Congreso Nacional le rindió fue en vida, hace no mucho tiempo. Por su trayectoria, su incesante trabajo por los derechos humanos y su demostrado amor incondicional a nuestra tierra, se le otorgó, en 2007, la nacionalidad por gracia. Fue, sin duda, un momento de júbilo y encuentro, pues era un reconocimiento en democracia al trabajo anónimo de muchos por las causas humanitarias en un período de dictadura muy complejo en nuestro país y en nuestra historia. Durante todo ese período, el pastor Frenz se transformó en la voz de los sin voz, sin olvidarse nunca de los perseguidos y postergados, a través de numerosas iniciativas sociales, como el Comité Pro Paz, la organización ecuménica Diaconía o la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic). La historia del obispo Helmut en nuestro país comienza en 1965, cuando llega a Concepción, sólo seis años después de haber sido ordenado pastor en su natal Alemania. Desde entonces, nunca dejará de trabajar por las causas sociales, erigiéndose como un ejemplo de rectitud y consecuencia a lo largo de su vida. En 1970 será nombrado primer obispo por el sínodo de la Iglesia evangélica luterana en Chile, y, posteriormente, se abocará de lleno a la causa de los derechos humanos. Junto al Cardenal católico Raúl Silva Enríquez formará, en 1973, la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (Conar), institución que permitirá la salida de cerca de siete mil refugiados extranjeros, con la correspondiente ayuda social, espiritual y jurídica. Además, participará en la fundación de otras obras tendientes a hacer justicia en nuestro país, como la mencionada Fasic, obra que se mantiene vigente. Pese a lo que pudiera pensarse de un hombre de fe, no toda su vida fue apacible e imperturbable. En efecto, el obispo Helmut Frenz debió vivir en carne propia el clima de división y desconcierto que, lamentablemente, toda la clase política de ese entonces contribuyó a formar. Producto de ello, será doloroso testigo de la división de la Iglesia luterana en nuestro país. En 1975, se decretará su expulsión del país, pese a las buenas acciones que varias autoridades del gobierno de ese entonces realizaron para revertir la medida. Ese traspié, señor Presidente, no sería obstáculo para que el obispo Frenz siguiese realizando su gran misión en la Tierra. De vuelta a su natal Alemania, realizará funciones como secretario ejecutivo de Amnistía Internacional, desde donde le tocará vivir el proceso de caída del muro de Berlín y conocer otros atropellos a los derechos humanos por parte de las comunidades socialistas, que por muchos años se opusieron a la democracia y a una cultura asentada en la confianza social. Los derechos humanos, como nos ha enseñado este obispo y pastor, no son propiedad de unos ni de otros: son de todos; son propiedad de la humanidad entera, y es nuestra responsabilidad asegurar que se respeten y se mantengan en lo más alto de nuestro interés público. Ése es justamente el legado que hoy nos deja este hombre de bien, seguido por muchos y admirado por tantos más: acoger al perseguido, levantar al malherido, pero, por sobre todo, luchar siempre por la conquista de los ideales de la paz social y el reencuentro nacional. Es la herencia que nos ha dejado un chileno nacido en Alemania, pero con un sentido patriótico que muchos de nosotros envidiaremos. He dicho. -Aplausos. El señor MELERO (Presidente).- Para rendir homenaje en representación de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ceroni. El señor CERONI (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas. En primer lugar, saludo a todas las personas presentes en las tribunas que conocieron y se sintieron tocadas por la existencia y muerte de este maravilloso ser humano, que hace pocas semanas nos abandonó. Hablar del obispo Frenz equivale a hablar, en la historia reciente, de una persona de la misma actitud y altura moral que tuvo el Cardenal Raúl Silva Henríquez, de personas que no trepidaron ni vacilaron, en un momento de quiebre histórico en la vida nacional, para acudir en ayuda y protección de miles de chilenos y chilenas que estaban siendo objeto de persecución y abusos por parte de quienes en ese momento habían tomado el poder. Hablar del obispo Helmut Frenz equivale a hablar de uno de los pioneros en la formación de instituciones destinadas a la protección de la vida y de los derechos humanos, y de un forjador del esfuerzo por poner en la conciencia nacional e internacional los atropellos que se estaban cometiendo en Chile en la época de la dictadura. El obispo Frenz nació en Allenstein, en 1933. Era, ante todo, un cristiano que vivió el horror del nazismo en Alemania, y fue testigo de las muchas veces en que a su propia Iglesia le faltó el valor para denunciar las atrocidades y defender a las víctimas de dicha época. Pero, igualmente, fue testigo del heroísmo de muchos pastores y teólogos que protegieron a los perseguidos, permitiendo con sus acciones que miles pudieran escapar. La mayoría de estos héroes pagó con su vida la disidencia, como el teólogo Dietrich Bonhoeffer, ejecutado por la Gestapo, en 1945, quien expresó: “La Iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado”. La generación de Frenz vivió aquello, lo que le permitió que se planteara preguntas centrales sobre el significado de la dignidad humana y el papel de la Iglesia en la sociedad, especialmente en contextos de violencia e injusticia. Así, con ese bagaje de experiencias vitales, de aprendizaje de conciencia moral, en 1965, a sus 32 años de edad, llegó a Chile como pastor de la Iglesia luterana, desarrollando su labor principalmente en la zona de Concepción, donde destacó por su gran trabajo con los desposeídos y su dedicación social. En 1970, fue elegido obispo luterano, debiendo trasladar su labor a la capital como representante máximo de su iglesia en Chile. Al producirse el golpe militar, en 1973, el obispo Frenz, quizás recordando episodios ocurridos hacía sólo algunas décadas en su país natal, fundó la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (Conar), que logró el reconocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y en virtud de ello pudo sacar del país a más de siete mil extranjeros que se encontraban expuestos a persecución y prisión. Posteriormente, en unión con el Cardenal Silva Henríquez, con la participación de varias iglesias cristianas y un grupo de abogados y voluntarios, entre los cuales destacaron José Zalaquett y Álvaro Varela, entre otros, fundó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, más conocido como Comité Pro Paz, primera organización que, durante la dictadura militar, se preocupó de la defensa de los derechos humanos, la libertad de las personas y la protección y atención de quienes eran acosados por los organismos de dicho régimen. En esa labor, el obispo Frenz colocó sus mejores energías, a pesar de ser cotidianamente amedrentado, tal como lo eran las víctimas y familiares de detenidos desaparecidos y de torturados, respecto de los cuales la justicia hacía vista ciega al rechazar las decenas de recursos que diariamente se presentaban. Para comprender al obispo Frenz, hay que escuchar algunas de sus declaraciones, como aquellas en que expresó: “Soy del partido de los oprimidos. Nosotros tenemos que ser partidarios de los que sufren. La Iglesia no puede ser neutral, porque el Evangelio no es neutral. Tampoco puede ser apolítica, porque el Evangelio no es apolítico. El Evangelio nos responsabiliza por el bien de la sociedad. Nos pregunta qué hemos hecho de bueno o de malo en la sociedad. Política viene del griego polis, que significa ciudad, pero se refiere a la sociedad, a la convivencia de los seres humanos. Y nosotros somos responsables de lo que ocurre en la sociedad”. Agrego: “Yo creo que los teólogos de todas las confesiones estamos de acuerdo en que tenemos una responsabilidad pública. No en el sentido partidista. Algunos quieren que la Iglesia no se mezcle en la política. Muchas veces me dijeron en tiempos de dictadura: ‘Pastor, no queremos escuchar nada de política desde el púlpito. Queremos escuchar el Evangelio’. Entonces yo les respondía: ‘Aquí está el Evangelio’ y predicaba sobre el buen samaritano”. Todos recordamos que esa parábola se refiere al amor al prójimo. El obispo Frenz, por su vida comprometida con sus creencias y por su compromiso con las personas, tuvo muchos enemigos, incluso dentro de su propia Iglesia, por parte de prominentes integrantes. Así vemos como El Mercurio publicó una lista de 600 firmas de feligreses que pedían su expulsión. Al régimen le incomodaba demasiado. Por ello, el 3 de octubre de 1975, mientras se encontraba en Ginebra presentando un informe ante Naciones Unidas, el régimen de Pinochet impidió su regreso. La expulsión del obispo Frenz fue un duro golpe para los defensores de los derechos humanos y mostró la debilidad institucional en que se encontraba el Comité Pro Paz. Ello llevó a su disolución y a la decisión de que la Iglesia católica formara la Vicaría de la Solidaridad, como entidad de Derecho Canónico. Por su parte, las iglesias evangélicas, con el apoyo del Obispo Helmut Frenz, fundaron la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), levantándose así las dos principales instituciones de apoyo y lucha en favor de los derechos humanos. El obispo Frenz se transformó, desde su cuasi exilio, en un fervoroso defensor de la causa por la democracia y la libertad en Chile, consiguiendo llevar su voz a distintas instancias internacionales, apoyando proyectos en favor de los derechos humanos y por el desarrollo democrático. Esta actitud no la tuvo sólo durante la dictadura, sino que la mantuvo siempre. Por eso, después insistió tanto en la creación de la Comisión Valech. El obispo Frenz representa la sencillez y la grandeza. Pudo haber escogido una vida sosegada, escondiéndose tras las cuatro paredes de su iglesia; pero, por medio de su vida, dejó una huella hermosa y singular: se dedicó a salvar vidas y a ayudar a quienes sufrían las torturas y los problemas más terribles de una dictadura. Obispo Helmut Frenz: tu muerte no ha causado mayores ruidos en este escenario mediático. Para los grandes poderes, les resulta incómodo tu recuerdo. Por eso, para ellos es mejor ignorarte, que no estés en cámaras en ningún acto. Lo importante es que Helmut Frenz se ganó un lugar en el corazón de todos los chilenos que compartieron su paz, su bondad y su amor por el prójimo. Por ello, el gobierno de Chile, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, le entregó la nacionalidad chilena por gracia, como un justo reconocimiento a quien había hecho tanto por nuestro país, por su libertad y su reencuentro, y no hay duda de la verdad de las palabras de la entonces Presidenta de la República, cuando dijo: “Ningún poder pudo apartar a Chile del corazón de Helmut Frenz, ni a él del corazón de millones de chilenos y chilenas que lo reconocemos como uno de los héroes de la paz”. He dicho. -Aplausos El señor MELERO (Presidente).- En representación del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL, doña Denise (de pie).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y del Comando de Exonerados Políticos que nos acompañan en las tribunas; asimismo, agradezco al diputado Carlos Vilches, de la Unión Demócrata Independiente, y a la diputada Marcela Sabat, de Renovación Nacional, quienes se han quedado a acompañarnos en este homenaje. Los derechos humanos representan uno de los logros más trascendentales de la humanidad, pues en el reconocimiento de derechos universales e inalienables, el ser humano se ve dignificado y, al mismo tiempo protegido ante la violencia, la injusticia y el despotismo. Que llegasen a ser reconocidos como tales no fue obra de un día, sino que se debió, en gran medida, a la lucha diaria en los contextos más adversos, por parte de personas que siempre creyeron en la dignidad del ser humano por sobre cualquier otra consideración o justificación. Dentro de estos grandes hombres está Helmut Frenz, quien hizo de la causa del respeto de los derechos humanos una labor de vida. El pastor luterano Helmut Frenz nació en Allenstein, en 1933, en la convulsionada Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial, en plena época de expansión del nacionalsocialismo. Creció en una sociedad en guerra y destruida por el odio, la intolerancia y la violencia como expresión cotidiana. Al igual que muchos jóvenes de su generación, vivió en carne propia la brutalidad e irracionalidad a la que puede llegar el ser humano. Pero, en vez de defraudarse de la humanidad y de los límites de horror a que ésta pudo llegar, se entregó al amor del prójimo, independientemente de sus creencias, orígenes o condición, como bien lo pueden atestiguar miles de chilenos que encontraron en él una ayuda desinteresada y solidaria en los momentos más negros y difíciles de la historia de Chile. Así, Helmut Frenz consagró su vida a las enseñanzas de Dios, estudiando teología en las universidades de Bonn, Goettingen y Kiel; participó en la facción de la Iglesia luterana que se mantuvo en la clandestinidad durante el régimen nazi y que ayudó a salvar a judíos y perseguidos políticos, la cual dejó una profunda huella en cómo encarar la labor pastoral en el joven Helmut. Luego de seis años de ejercicio ministerial en su Alemania natal, en 1965 fue comisionado para hacerse cargo de la Iglesia luterana de Concepción, en Chile, donde dio un vuelco al enfoque de la gestión pastoral de sus predecesores, los cuales se concentraron principalmente en la feligresía luterana de origen alemán. El pastor Frenz sintió que su misión era acercar la Iglesia luterana a Chile, salir del gueto, como él lo llamaba, y extender su labor pastoral hacia los sectores más marginados de la sociedad chilena, como fue el mundo carcelario y los campamentos poblacionales en Hualpencillo. Este encuentro con el Chile más sufriente y con mayores carencias no lo deja indemne, sino que surge en él un amor por la gente más humilde y sencilla de nuestra tierra. Su labor pastoral deja su semilla en la Región del Biobío, pues el luteranismo crece más allá de la colectividad alemana. Surgen así las primeras congregaciones luteranas conformadas por chilenos, de cuyo seno surgirían más tarde los primeros pastores luteranos de nacionalidad chilena. En 1970, Helmut Frenz fue elegido como el primer obispo por el sínodo de la Iglesia evangélica luterana en Chile, lo que implicó su traslado a Santiago, donde al poco andar fundó la Diaconía, organización ecuménica de servicio a los más necesitados. El golpe militar de 1973 encuentra a Helmut Frenz en su cargo de obispo. No me cabe duda alguna de que en ese momento, los peores recuerdos de la guerra volvieron a estar presentes en su mente. Por ello, no tuvo dudas para actuar de la manera más enérgica y decidida para defender y proteger a todos los perseguidos y violentados por el régimen que se imponía por las armas. Él sabía que en esos momentos era cuando realmente se ponía a prueba la labor misionera. Así, promovió la fundación de la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (Conar), la cual fue reconocida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y por el mismo gobierno militar. Dicha institución permitió que alrededor de siete mil refugiados extranjeros salieran de Chile, mediante ayuda social, espiritual y jurídica. Promovió el acercamiento a la Iglesia católica, en el período del Cardenal Raúl Silva Henríquez, para auxiliar a los perseguidos por la dictadura. Ejemplo de ello fue la creación del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, en octubre de 1974, que incluso llegó a presidir. Como miembro del Comité Pro Paz, enfrentó personalmente al general Pinochet por los casos de violaciones a los derechos humanos, siendo testigo en primera persona del conocimiento que tenía el Presidente de facto sobre los casos de tortura y asesinato cometidos por los militares. Esta experiencia lo llevó a testificar, en 1998, en los casos de violación de los derechos humanos que se llevaban en España contra las dictaduras chilena y argentina, que llevaba el juez Baltasar Garzón. En 1975, Hemult Frenz participó en la creación de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, (Fasic), inspirada en la protección de los derechos humanos de los oprimidos, vulnerados y marginados por la dictadura militar. Su labor como defensor de los derechos humanos se caracterizó por su compromiso en favor de la asistencia a los perseguidos políticos por el régimen militar, y por la denuncia, en diversos foros internacionales, de la violación de los derechos humanos en Chile. Este compromiso de Helmut Frenz fue reconocido internacionalmente, como lo atestigua el otorgamiento, en 1974, de la medalla Fridtjof Nanssen, por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, por su labor en defensa de los derechos humanos. Fruto de su lucha por el respeto de los derechos humanos en Chile, el obispo Helmut Frenz fue expulsado del país por la dictadura militar, el 3 de octubre de 1975, cuando se encontraba en Ginebra entregando un informe sobre violación de los derechos humanos en nuestro país. No obstante el enorme dolor que sintió al ser expulsado del país, que ya sentía como propio, el compromiso del pastor Frenz con la situación de los derechos humanos en Chile no menguó. En Alemania, asumió la secretaría ejecutiva de Amnistía Internacional durante diez años, preocupándose especialmente de denunciar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país y prestando valiosa ayuda a cientos de exiliados que llegaban a Alemania pidiendo refugio. Del mismo modo, Helmut Frenz fue uno de los principales denunciantes de la Colonia Dignidad, lo que posibilitó visibilizar, tanto en Chile como internacionalmente, la serie de irregularidades y delitos en contra de la dignidad humana que allí se cometieron. Como se puede apreciar en esta breve reseña de su vida, el amor y el cariño que sentía por Chile fueron permanentes y siempre abrigó la esperanza de volver a vivir en nuestro país. El retorno a la democracia permitió que concretara su aspiración, destacándose en esta nueva etapa de su vida como uno de los principales promotores de la creación de una comisión que investigara los casos de tortura y prisión política. Además, fue miembro del Segundo Foro Social de Chile, donde, en su rol de jurado del Tribunal Ético de dicha instancia, denunció la ilegitimidad de la Constitución de 1980. Por motivos de salud, debió volver a Alemania, situación que concluyó con su fallecimiento, el 13 de septiembre de este año, enlutando a un país entero que le agradece su amor por Chile y su gente. La manifestación de admiración y cariño que tiene Chile por Helmut Frenz quedó de manifiesto con la concesión de la nacionalidad chilena, por gracia, que le otorgara el gobierno de Michelle Bachelet, el 30 de julio de 2007, gracias a una moción presentada en el Congreso Nacional por el senado y ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle y por el entonces senador Jaime Naranjo. En dicha ocasión, la entonces Presidenta expresó: “Ningún poder pudo apartar a Chile del corazón de Helmut Frenz, ni a él del corazón de millones de chilenos y chilenas que lo reconocemos como un héroe de la paz”. Ahora, este héroe de la paz descansa en la memoria y el respeto de miles de chilenos que pudieron sobrevivir gracias a su compromiso y entrega por los más necesitados. He dicho. -Aplausos. El señor MELERO (Presidente).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al obispo luterano Helmut Frenz. Agradezco a los representantes de las organizaciones que han estado presentes. SUPRESIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO. El señor MELERO (Presidente).- Si le parece a la Sala, dejaremos el tratamiento de los proyectos de acuerdo para la sesión de mañana. Acordado. VII. INCIDENTES PETICIÓN DE INFORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN, BASADA EN INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA CASTILLA. Oficios. El señor MELERO (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Independientes. Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona. El señor CARMONA.- Señor Presidente, el pasado 5 de septiembre, la Contraloría General de la República, a través de su división Auditoría Administrativa, división de Infraestructura y Regulación, entregó el informe de la investigación especial N° 49, de 2011, sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Castilla, en la secretaría sede de la Región de Atacama, respondiendo por esta vía la solicitud del diputado Alberto Robles de investigar diversas situaciones ocurridas durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto mencionado. A raíz de tal solicitud, la Contraloría General de la República, a través del Contralor, señor Ramiro Mendoza Zúñiga, entregó su pronunciamiento en siete conclusiones, entre las que se destacan, por su trascendencia política, la segunda y la sexta. En la segunda conclusión, el Contralor General de la República señala: “Atendida la intervención activa llevada a cabo por el precitado Comité de Agilización de Inversiones durante la tramitación del procedimiento ambiental del proyecto, es dable concluir que en la especie, aquel no se ha limitado a una función meramente asesora, naturaleza que tendría de acuerdo con el tenor del instructivo presidencial”. Dicho de otro modo, el Comité de Agilización de Inversiones tuvo una sobreactuación, en el sentido de haber influido en la resolución de la ex Corema. Por otra parte, en la sexta conclusión, el informe señala: “En lo concerniente a la modificación del Plan Regulador de Copiapó, sector Bahía Salado, Punta Cachos, se advierte la omisión de diversos trámites exigidos por la normativa vigente, según lo expresado en el punto N° 6 precedente que, por lo demás, dicen relación con las instancias de participación de la comunidad en ese procedimiento, circunstancias que serán investigadas mediante el respectivo proceso disciplinario que esta Entidad Superior de Control instruirá, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren estar comprometidas”. Como es sabido, las gestiones orientadas a que el proyecto Central Termoeléctrica Castilla siga en pie y los esfuerzos por remover los escollos administrativos y políticos por parte de sus dueños siguen en curso. Pero, a la vez, los esfuerzos y la gran movilización realizados por las organizaciones medioambientales, por numerosos vecinos y por pescadores artesanales del sector afectado, así como por la comunidad de origen diaguita que se ubica en la localidad de El Totoral, que está en la zona de la Hacienda Castilla, también siguen avanzando. Como este hecho tiene trascendencia nacional, dadas las conclusiones de la Contraloría General de la República, creo pertinente pedir, a través de la Cámara, que se oficie a la intendenta de la Región de Atacama, a fin de darle cuenta de las medidas necesarias a tomar, como consecuencia del informe de la Contraloría General de la República. En primer lugar, investigar y dar cuenta de las indagaciones que se realicen sobre las formas concretas utilizadas por el Comité de Agilización de Inversiones para influir en la recaracterización, de Contaminante a Molesta, por parte de la ex Corema. En segundo lugar, investigar sobre el estado de avance de los sumarios necesarios sobre las irregularidades detectadas en el proceso de modificación del plan regulador del sector afectado por el proyecto en Hacienda Castilla, que ha pedido la Contraloría. Para terminar, pido que se envíe copia del oficio a los consejeros regionales, a la comunidad de El Totoral, al presidente del sindicato de pescadores artesanales de la localidad, a las respectivas sedes provinciales de la Central Unitaria de Trabajadores de la Región de Atacama, a los alcaldes y concejales y a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada Denise Pascal y de los diputados Hugo Gutiérrez y Juan Luis Castro. En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIOS HABITACIONALES, POR PROGRAMA Y POR REGIÓN, ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. Oficios. El señor MELERO (Presidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, según una publicación del diario El Mercurio del martes 11 de octubre del año en curso, las estadísticas emanadas del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo señalan que la entrega sostenida de subsidios para la construcción, desde 2003 en adelante, se desglosa de la siguiente manera: en 2003, 95.547 subsidios; en 2004, 82.775; en 2005, 98.059; en 2006, 99.152; en 2007, 126.055; en 2008, 88.167; en 2009, 132.095; en 2010, bajan a 55.316; en 2011, bajan a 48.629 subsidios, y la proyección para 2012 es incierta. Si estas estadísticas emanan del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Cámara Chilena de la Construcción, estamos seguros de que el Gobierno actual no cumplirá la meta de entregar, como dijo en su programa de gobierno, 600 mil subsidios durante su mandato, de aquí a 2014. Solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que todo el desglose que he detallado en mi intervención, sea entregado por programa y por cada una de las regiones; me refiero a la vivienda social dinámica sin deuda y a todos los otros programas, porque aquí están considerados también los programas relacionados con mejoramiento de vivienda y todo lo que ello conlleva. En especial, quiero que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos envíe un desglose región por región, desde la Primera hasta la Decimoquinta, del Programa del Fondo Solidario para la Vivienda I o sin deuda, impulsado por los gobiernos anteriores, específicamente por los gobiernos de los presidentes Lagos y Bachelet, y también el desglose del Programa Social del Fondo Solidario del actual Gobierno. Aquí se está generando una situación grave: el Gobierno, con bombos y platillos, anuncia, a través del ministro Pérez Mackenna y de la prensa, la implementación de programas de viviendas en todo Chile; se habla de favorecer a la clase media, pero lo que no se dice -la letra chica- es que los programas que se están impulsando van en desmedro de la consolidación y perpetuación, en una línea progresiva de los subsidios que se venían generando para la vivienda sin deuda desde los gobiernos anteriores. Desde todo punto de vista, esa situación me parece preocupante, porque se habla de la clase media, pero lo que no se dice es que mucha de esa gente que el Gobierno considera de clase media, antes, por no tener recursos, estar muy endeudada y tener puntaje bajo en la Ficha de Protección Social, podía optar a la vivienda sin deuda, lo que, de acuerdo con el mecanismo actual, se hace prácticamente imposible. Esto, como es obvio, ha repercutido en nuestras regiones. Represento a una región que estaba obteniendo prácticamente de nueve mil a diez mil subsidios anuales. Me atrevo a señalar que hoy, la cantidad de subsidios no alcanza a llegar ni siquiera al 20 por ciento de eso, debido a lo cual muchas comunas que represento en esta Corporación, como Río Negro, Puyehue, Purranque, Puerto Octay, Puerto Varas -donde podemos incluir localidades como Nueva Braunau-, Llanquihue, Fresia, Los Muermos, bajo esta modalidad, lamentablemente han visto diezmada de manera abrupta la cantidad de gente que puede postular a la vivienda sin deuda. Durante los dos primeros años de este mandato no ha habido una política habitacional clara, lo cual ha significado un evidente perjuicio para la gente de ingresos inferiores a 300 mil pesos, a la que se le hace imposible optar a un crédito para la vivienda, que les significaría, entre otras cosas, endeudarse por doce o veinte años con la banca privada, que es lo que, al parecer, pretende este Gobierno con la implementación de los programas que se están generando. Por lo tanto, solicito que el ministro de Vivienda y Urbanismo nos entregue la información solicitada, ojalá en el tiempo más breve posible, de conformidad con lo establecido en la ley, con el objeto de determinar con exactitud la gravedad de lo que está ocurriendo en materia de vivienda, programa por programa, región por región. No queremos más discursos en los que se señale, por un lado, que se están implementando grandes medidas en el Ministerio de Vivienda, y, por el otro, cifras como las publicadas por el diario El Mercurio ayer martes, que demuestran todo lo contrario, lo cual implica un grave retroceso para las regiones. Solicito que se envíe copia de mi intervención a los presidentes de las uniones comunales de las juntas de vecinos, al seremi de Vivienda y Urbanismo, al director del Serviu y al intendente, todos de la Región de Los Lagos. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado De Urresti. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.45 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 4. Moción del diputado señor Rivas. Modifica la ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria. (boletín N° 7986-14). “De conformidad con la Ley N° 19.537 de copropiedad inmobiliaria, son bienes de dominio común de un condominio los que pertenecen a todos los copropietarios por ser necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio (...)”. Se incluye dentro de este concepto a las instalaciones de agua potable. Por su parte, son gastos comunes “los correspondientes a los servicios colectivos”, que consideran, expresamente, los gastos por servicio colectivo de agua potable. Conforme a esta ley, por tanto, el cobro de los servicios colectivos de agua portable es efectuado en los gastos comunes que se pagan — de acuerdo a la ley- con la periodicidad y en los plazos que dispone el reglamento de copropiedad de cada condominios. No obstante lo anterior, las reglas de cobro y pago de los servicios de agua potable colectivo descritas no son aplicables a todos los condominios, pues para ciertos y determinados casos la ley dispone de normas especiales. Tal es la situación de los condominios de viviendas sociales, para los cuales la ley N° 19.537 - en su Título III- dispone de un estatuto especial. Según el artículo 45 de este estatuto, las empresas que proporcionen servicios de agua potable y alcantarillado a un condominio de viviendas sociales deben cobrar “conjuntamente con las cuentas particulares de cada vivienda, la proporción que le corresponda a dicha unidad en los gastos comunes por concepto del respectivo consumo o reparación de estas instalaciones”. La contribución de cada unidad a los gastos colectivos se determina en el respectivo reglamento de copropiedad o por acuerdo de la asamblea de copropietarios. Esta regia especial de cobro y pago de los servicios colectivos de agua potable se aleja de las reglas descritas precedentemente pues, según la especialidad de esta norma, los gastos colectivos de este servicio se cobran en las cuentas particulares de cada vivienda y no, como se dispone para el resto de los condominios que no sean de viviendas sociales, en los gastos comunes cobrados con la periodicidad y en los plazos que disponga el reglamento. En la práctica, la norma especial dispuesta para los condominios de viviendas sociales importa la existencia de un medidor general para determinar el gasto colectivo de este servicio, y la de un medidor individual, destinado a registrar el consumo de cada unidad del condominio. Según información de prensa, este mecanismo ha generado graves problemas a los copropietarios de este tipo de condominios, que deriva del hecho de que el gasto colectivo registrado por el medidor general puede no ser coherente con el gasto individual sumado de cada unidad condominial, generándose diferencias de gasto positivas, las que deben ser absorbidas por todos los copropietarios. Para la Superintendencia de Servicios Sanitarios estas diferencias se producen ya sea, por fuga de agua potable ocurrida en instalaciones interiores al medidor general, o por alteraciones de los medidores individuales de las unidades. A diferencia de lo que ocurre en condominios de viviendas sociales, en casos regidos por las reglas generales no se producen necesariamente estos problemas, pues los gastos colectivos son cobrados separadamente del gasto individual de cada unidad, no pudiendo verificarse cortes en el suministro individual por gastos colectivos. Superar el problema descrito, que afecta únicamente a los condominios de viviendas sociales, supone eliminar las reglas especiales dispuestas en el Título III de la Ley N° 19.537 en lo referente al servicio de agua potable, de manera de hacerles aplicables, por defecto, las reglas generales dispuestas para el resto de los condominios, que considera el cobro separado del consumo individual de agua potable, solucionando así el cobro en cuentas individuales de servicio de gastos colectivos y evitando con ello los cortes del servicio individual por no pago de gastos colectivos. Por tanto y en virtud a los fundamentos expuestos, vengo en proponer a este Honorable Congreso el siguiente proyecto de ley: Artículo único: Modificase el artículo 45 de la Ley N2 19.537 de la siguiente forma: a) Eliminase la expresión “agua potable”; y b) Agréguese el siguiente inciso segundo nuevo: “Las empresas que proporcionen servicios de agua potable deberán disponer de remarcadores individuales para cada unidad del condominio. Los copropietarios de estos condominios contribuirán a los gastos por servicios colectivos de agua potable conforme a las reglas de los artículo 42 y siguientes de esta ley”.” 5. Moción del diputado señor Rivas. Otorga el derecho a indemnización al trabajador por renuncia, muerte o mutuo acuerdo. (boletín N° 7989-13). “Dentro de los muchos derechos laborales que han ido conquistando los trabajadores a lo largo de las décadas, se cuenta aquél que guarda relación con el pago de una indemnización por los años de servicios prestados cuando el trabajador es desvinculado de su empleo por decisión del empleador. El fundamento esencial que sustenta este derecho, comúnmente denominado “mes por año”, es el reconocimiento que se le hace al trabajador por el tiempo que ha completado prestando servicios a un mismo, o, en su caso, a más de un empleador. Se busca con ello que el trabajador, cualquiera sea la naturaleza de su labor, goce de una merecida retribución que reconozca su fiel labor de varios años y que se vea al menos en parte y temporariamente protegido contra las inclemencias de la cesantía. Sin embargo, nuestro sistema legal no contempla este beneficio, a nuestro juicio justo y básico, para el caso en que a la relación laboral se le diere término en virtud del mutuo acuerdo de las partes, de la renuncia voluntaria' del trabajador o de la muerte de éste, todas las cuales son causales de término legítimo del contrato de trabajo. Nos parece evidente que esta discriminación entre éstas y otras formas de terminar el vínculo laboral resulta seriamente perjudicial para el trabajador y no presenta, en muchísimos casos, una razón de justicia. No nos engañemos. Este proyecto no trata de premiar al trabajador que periódica e injustificadamente cambia de empleo o renuncia a él, o se pone voluntariamente en situación de cesantía. Por lo demás, es sabido que esto no es lo frecuente. Se trata de proteger a trabajadores como, por ejemplo, aquél que, por razones familiares, debe cambiarse de ciudad, o de aquél que, tras años de fieles servicios a su empleador, encuentra lícitamente un empleo mejor, o de aquél que está siendo acosado laboralmente por algún jefe o compañero y que por temor a la represalia o ante la imposibilidad de poder probarlo no denuncia la situación, o del caso de una trabajadora que es además esposa y madre, y cuyas obligaciones familiares impostergables con varios hijos pequeños o alguno enfermo de seriedad no le permiten seguir trabajando pese a su deseo de hacerlo. O también nos referimos al caso de la muerte inesperada de aquel trabajador que es el único sostén económico de su grupo familiar. Y así, se trata de múltiples otros casos que la vida, más fértil que cualquier ejemplo que la imaginación pudiere ofrecer, a veces nos entrega y en los cuales parece de justicia que el trabajador reciba una indemnización por sus años de servicio. Sabemos que de este beneficio pudiera hacerse o pretenderse hacer un mal uso, abusando de él. Para evitar aquello, se proponen requisitos y limitaciones. Y no creemos que pudiera afectar económicamente a las pequeñas y medianas empresas, en las que la relación trabajador-empleador es mucho más cercana y personal y en la cual las razones del término de la relación laboral serán bien comprendidas por este último. Finalmente consideramos que es de justicia laboral y social que el trabajador que termina su vínculo laboral por estas razones reciba una indemnización que le permita enfrentar en mejor forma su eventual cesantía, o, en caso de su muerte, entregar una justa retribución a su familia. En virtud de los fundamentos y razones precedentes, venimos en proponer a este Honorable Congreso el siguiente PROYECTO DE LEY: Artículo único: Agréguese al artículo 159 del Código del Trabajo, a continuación de su numeral 6, el siguiente inciso final: “En los contratos indefinidos que han estado vigentes dos o más años y que terminasen por renuncia o muerte del trabajador o por acuerdo de ambas partes, el trabajador, o sus herederos en conjunto cuando corresponda, tendrá derecho a la indemnización establecida en el inciso segundo del artículo 163 con un límite máximo de ciento cincuenta días de remuneración. Dicha indemnización será compatible con toda otra a la que el trabajador pudiera tener derecho y, en lo que le sea aplicable, se sujetará a lo dispuesto en los artículos 172 y 173.”