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El señor MELERO (Presidenet).- En el Orden del Día, corresponde continuar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el debate del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre indulto general.
Diputados de las distintas bancadas se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra, de manera que la voy a ofrecer en el orden en que la solicitaron.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se rindió en la sesión 89ª, de esta legislatura, en 4 de octubre de 2011.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.- Señor Presidente, el sábado 6 de junio de 2009, la fiscal de la Corte Suprema señora Mónica Maldonado , a propósito de una serie de situaciones producidas, de una visita inspectiva y de la fiscalización desarrollada en varias cárceles, señaló que el problema de los recintos carcelarios constituye una situación inhumana, degradante y cruel.
Por su parte, en abril de 2009, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados también llevó a cabo una visita a la cárcel de Colina II, en la que fallecieron diez internos. En 2008, fallecieron tres reos a causa de riñas. Además, todos sabemos lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel. En la ex penitenciaría había una población de aproximadamente 6.800 reclusos, aunque el establecimiento tenía una capacidad de no más de 2 mil internos. Ésta es la triste realidad.
Votaré a favor del proyecto, porque coincido plenamente con sus ideas matrices o fundamentales, las que tienen por objeto disminuir el hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones de habitabilidad en los recintos penitenciarios. Para nosotros, el problema de las cárceles constituye un tema de derechos humanos, de dignidad humana.
Quiero entender que el Presidente de la República ha querido compartir con el Congreso Nacional la responsabilidad de indultar, porque podría haberlo hecho él, sobre la base del indulto particular, que es una facultad privativa de su investidura.
El número 14° del artículo 32 de la Constitución Política establece que el Primer Mandatario puede otorgar indultos particulares. Por su parte, el número 16) del artículo 63 de la Carta Fundamental dispone el quórum de los diputados y senadores en ejercicio que se requiere para las leyes que conceden indultos generalas y amnistías.
Por lo tanto, es tarea de todos, a través de este indulto general que propone el proyecto, resolver el problema de hacinamiento que afecta a los centros de reclusión, el cual repercute en toda la sociedad, con arreglo a lo que señalan la Constitución Política y las leyes.
Se ha pretendido poner la figura del indulto en pugna con el concepto de seguridad ciudadana, así como con los derechos humanos, al señalar que el indulto atentaría contra la seguridad pública, en circunstancias de que eso no es efectivo. La seguridad ciudadana no debiera oponerse a los derechos humanos. Pero una seguridad pública mal entendida sí podría violar los derechos humanos y, al hacerlo, provocaría mayor inseguridad en la ciudadanía. La seguridad ciudadana debe ir vinculada a los derechos humanos para asegurar éstos y no ponerlos en pugna.
Combatir el delito no es actuar a ultranza para meter a todos en la cárcel y mantenerlos ahí, ni ir construyendo un armado u ordenamiento jurídico absolutamente punitivo, crear más penas y aumentarlas. Combatir el delito también implica combatir sus causas, lo que, a lo mejor, hemos dejado de hacer, terminando con la pobreza, el desempleo o la falta de oportunidades para los jóvenes.
Asimismo, hay que racionalizar y descongestionar las cárceles, construir nuevas infraestructuras e implementarlas, así como aplicar técnicas modernas en materia penitenciaria. Conocemos la realidad carcelaria: 54.195 personas. En 1990, no había más allá que 25 mil o 30 mil personas. Chile es el tercer país con más encarcelados en Latinoamérica, sólo superado por Surinam y Guayana Francesa , como lo indican las estadísticas.
El exceso de población penal provoca inseguridad pública, porque las condiciones de habitabilidad son precarias y hay hacinamiento y promiscuidad. Se producen desencuentros y riñas, que dejan muertos y heridos, con los naturales efectos en las familias de los reclusos y en la sociedad entera. En este caso, no se cumplen la rehabilitación y la reinserción, objetivos modernos, superiores y más inmediatos, tanto como el cumplimiento de la pena.
En materia de derechos humanos nos interesa la dignidad de los reclusos. Cuando una persona ingresa a un penal pierde su libertad, pero no debe perder su dignidad. No se puede agravar su encarcelamiento con el aplastamiento de su condición humana. Se debe posibilitar su resurgimiento y rehabilitación, y cuando hay probabilidades de beneficiarlo, ello debe llevarse a cabo. Las leyes de la mayor parte de los países consagran ese beneficio para los reclusos menos peligrosos o acusados de delitos menos graves. Están excluidos todos los delitos de mayor violencia, de los que nos enteramos a través de la televisión, como asesinatos, asaltos, etcétera. Ellos no están incluidos en este beneficio.
El indulto que se nos promete se refiere solamente a cuatro tipos de casos: a las mujeres condenadas y privadas de libertad; a los condenados que se encuentren cumpliendo un régimen de salidas controladas al medio libre; a los condenados que cumplieron su pena bajo la modalidad de la reclusión nocturna, y a los extranjeros que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren también privados de libertad.
En estos cuatro casos, los reclusos o condenados han dado muestras de buena conducta, por lo que merecen el indulto. No es un indulto sin condiciones, el Estado adopta resguardos y el favorecido sabrá que en libertad debe desarrollar una conducta acorde con ese beneficio. Deberá asumir el compromiso de no volver a delinquir durante los tres años siguientes a la concesión del indulto y, si infringe esta obligación, deberá cumplir de manera efectiva el saldo de la pena conmutada, sin perjuicio de lo que corresponda por el nuevo delito que cometa.
Además, se le obligará a someterse a un período de control de observación durante tres años por medio de Gendarmería de Chile. Esto le da seriedad y seguridad al Estado y a la sociedad de que el beneficio estará supeditado al cumplimiento estricto de buen comportamiento y conducta intachable del beneficiado.
Entonces, el indulto es una forma de resolver los problemas que he planteado que afectan a los reclusos, a sus familias, a las cárceles y a la sociedad chilena. Es una forma de descongestionar las cárceles y otorgar a quienes forman parte de la población penal la libertad garantizada con las condiciones que describe el proyecto y la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y evitar que los que lleguen por primera vez puedan ser influenciados por los delincuentes de más alto perfil delictual. No queremos que las cárceles sean la universidad del delito; que no sean, como dice la fiscal Mónica Maldonado , las escuelas del delito donde aprenden cómo delinquir y a formar redes.
El indulto también favorecerá el trabajo de Gendarmería, que, debido a la sobrepoblación y al hacinamiento, se ve obstaculizado, que corre riesgos o peligros por los delincuentes más avezados. De hecho, ayer se trató y aprobó un proyecto de acuerdo que pedía un incremento en el número de gendarmes en las cárceles del país y una serie de mejoras en sus condiciones de trabajo. Entonces, seamos consecuentes con lo que pedimos.
El proyecto va en la línea correcta para lograr los objetivos planteados en sus ideas matrices.
Por un principio y deber de defensa de los derechos y de la dignidad de la persona, estoy por beneficiar a esos reclusos y no veo que su libertad vaya a afectar la seguridad pública. Los derechos humanos son más importantes que la seguridad pública cuando ésta pretende desconocer o arrasar con esos derechos vitales de la persona humana.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, éste es un buen proyecto y lo voy a votar favorablemente, porque se hace cargo de un problema objetivo.
No quiero referirme mucho al mérito del proyecto, porque varias intervenciones han sido muy ilustrativas en tal sentido; sólo me atrevo a decir que tal vez debió haber sido más amplio y haber considerado más alternativas.
Por el indulto general se intenta excarcelar a personas privadas de libertad que cumplen con su pena y, por esa vía, disminuir el hacinamiento.
Sin embargo, me voy a referir a otro concepto, que está de moda y que es muy atingente: la incoherencia. ¿Por qué? Porque con este proyecto el Presidente de la República está preso de su discurso, de su anuncio. Nuevamente, el Presidente de la República está obligado a hacerse cargo de lo que anunció durante su campaña; pero lo hace de mala manera. Paradójicamente, él podría resolver estos problemas con el uso de sus atribuciones exclusivas; sin embargo, traslada esa responsabilidad y hace corresponsable al Congreso. Esta suerte de “democratitis” tan imprevista del Presidente de la República no hace sino encubrir sus temores: el temor de hacer uso de sus atribuciones, para lo cual nadie pone en duda de que tiene legitimidad democrática, toda vez que fue electo. Pero, en cuanto al problema concreto, el Presidente asume un compromiso, pero no lo cumple cabalmente mediante sus propias atribuciones.
Pero junto al indulto se promueve un proyecto de ley con el que se intenta encarcelar a los encapuchados, con lo que se incorporará más gente a las cárceles. ¡Tengamos cuidado con esto! Hasta ahora, el único encapuchado que hemos logrado identificar era un funcionario de Carabineros, aquí en las cercanías del edificio del Congreso Nacional. Así que hay que tener cuidado con los encapuchados.
¿En qué estamos? Por una parte se intenta que salgan personas de las cárceles y, por otra, se busca que ingresen más. Entiendo que el Gobierno intentó facilitar el diálogo con los estudiantes. ¡Pero qué paradoja! Después de esto, se terminó la mesa de diálogo. Cuando el Presidente y el ministro ponen una luma encima de la mesa de diálogo con los estudiantes, evidentemente, ese diálogo no se puede materializar. ¿En qué estamos, entonces?
Otra joyita de las incoherencias: se intenta entregar más atribuciones a los jueces para la determinación de medidas alternativas, como la libertad provisional, retirando esa decisión de la autoridad política, pero, al mismo tiempo, se mantiene el discurso de que los jueces de garantía son muy liberales, que más bien apuntan a la idea de dejar en libertad a las personas, que son más bien proteccionistas. Es decir, por una parte, se les quieren dar atribuciones y, por otra, se les quieren quitar atribuciones.
Vamos a ver en el presupuesto de Gendarmería cuántos recursos se destinarán a rehabilitación, para, por esa vía, tratar de terminar con el hacinamiento. A lo mejor, valdría la pena estudiar un contrato especial de trabajo.
Como acaba de llegar el ministro, supongo que no es necesario que repita todo mi discurso. Lo puede leer después.
Otra joyita es el “Caso bombas”, en que se manifiesta nuevamente la impericia. La ansiedad del Gobierno apunta a sancionar y a apresar a más personas, pero al final nos encontramos con un bochorno, en el que todos los involucrados van a quedar en libertad y el único que quedará en descrédito es el Ministerio Público y, de paso, el Ministerio del Interior.
¿Cuál es el problema de fondo? Que el Gobierno está confundiendo orden público con paz social. El orden público implica medidas de represión; la paz social supone entendimiento y diálogo entre los actores. Es muy probable que, en el corto plazo, el Gobierno entienda que a lo que debemos aspirar es a la paz social y no sólo al orden público.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, entiendo las inquietudes del colega Osvaldo Andrade y las apoyo. Pero el proyecto plantea un tema que debemos abordar con una perspectiva de futuro. Nos hará bien, sin lugar a dudas.
Como está presentada, es una buena iniciativa, pues permitirá avanzar hacia el término de la congestión y el hacinamiento en nuestras cárceles. Pero, aunque parezca raro y paradójico, quien la promueve es un Ejecutivo que prometió terminar con la puerta giratoria en las cárceles y no permitir la salida de los delincuentes condenados. Esa situación me confundió en algún momento.
Además, hace unos días tratamos un proyecto del Ejecutivo, que descansa sobre las mismas bases que el actual, que modifica el régimen de libertad condicional, con el objeto de agilizar el otorgamiento de este beneficio a través de la exclusión de la autoridad política en la toma de decisión respecto de esta materia. Eso habla de un cambio profundo en la legislación. A ese proyecto se le introdujeron importantes modificaciones en la Comisión, lo cual me alegra mucho.
El actual proyecto trata del indulto, que, al igual que el mencionado anteriormente, busca disminuir el hacinamiento carcelario, ya que, como sabemos, con un sistema carcelario colapsado se pueden repetir situaciones lamentables -ya lo mencionó el diputado Ojeda - como la ocurrida en la cárcel de San Miguel.
En ese sentido, considero que se debe ser extremadamente cuidadoso, ya que, para evitar el hacinamiento carcelario, no se trata de otorgar indultos a personas que han delinquido y que no se han rehabilitado, ya que eso puede redundar en un daño o en un riesgo para la sociedad. Ese aspecto está considerado en las modificaciones introducidas al proyecto en la Comisión.
La iniciativa contempla la posibilidad de indultar a mujeres que hubieren cumplido dos tercios de la pena y a mujeres madres que hubieren tenido buena conducta. También se concedería a personas que están cumpliendo penas alternativas a la prisión y que han dado cumplimiento efectivo a las condiciones impuestas por la ley. También considera a quienes cumplen una pena por conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, tema que será considerado en un futuro cercano y que tendrá una influencia interesante en ese aspecto.
En todos esos casos, el beneficio se otorga bajo la condición de que la persona suscriba un compromiso de no volver a delinquir, ya que, de lo contrario, la medida quedará sin efecto y deberá volver a cumplir el saldo de la pena conmutada.
Sabemos que la realidad es distinta cuando se gobierna. Por eso, vamos a aprobar esta iniciativa, en la convicción de que contribuye a solucionar los problemas para los cuales se elaboró.
Como señaló el diputado Andrade , no hay que confundir orden público con paz social.
Las intervenciones de mis colegas Ceroni y Harboe, realizadas en la anterior sesión en que se trató el proyecto, me dan plena seguridad de que se trata de una buena iniciativa, a pesar de algunos aspectos, sobre los cuales deberemos discutir a futuro.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya .
El señor ARAYA,. Señor Presidente, con este proyecto continuamos una discusión que empezamos hace un par de semanas, cuando aprobamos las modificaciones a la ley N° 18.216 y al régimen de libertad vigilada, que han permitido, como ha señalado el Gobierno, avanzar en un uso más racional de la cárcel.
Estamos ante un muy buen proyecto, por lo que me permito felicitar al Presidente Piñera , porque creo que las cosas positivas hay que reconocerlas. El Presidente Piñera ha tenido la valentía suficiente para avanzar en un tema cuyo tratamiento muchos habíamos pedido, pero que no se había logrado concretar.
Antes de precisar algunos puntos contenidos en el proyecto, quiero recordar que el indulto -así está definido en general en la doctrina penal- es una medida de gracia que el poder otorga a los condenados por sentencia firme, remitiéndoles la pena o parte de ella que se les hubiera impuesto, o conmutándose por otra más suave.
¿Por qué hago esta precisión del concepto de indulto? Porque, a mi juicio, más que de un indulto propiamente tal, en el proyecto estamos hablando de una conmutación de penas, situación que no es menor para los efectos jurídicos posteriores que pueden producirse en el evento de que una persona beneficiada vuelva a delinquir. Lo que estamos haciendo es establecer un grado más de racionalidad respecto de qué tipo de delitos deben ser sancionados con penas privativas de libertad. Hubo una larga discusión, no sólo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino también en muchos foros, acerca de cuál es la naturaleza de este proyecto.
Insisto en que, más que un indulto, el proyecto establece una conmutación de penas, dado que el beneficio que entrega a las personas condenadas por delitos que se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad y que reúnen los requisitos que señala -en el evento de aprobarse- es la conmutación del saldo de la pena por determinadas penas que establece la misma iniciativa, como la vigilancia de la autoridad, la obligación de fijar domicilio o residencia, la firma de un compromiso de no volver a cometer delitos, etcétera.
El proyecto dispone que quienes cometieron delitos menos graves, de baja peligrosidad y que comprometieron un bien jurídico que no es de mucha envergadura puedan cumplir la pena en libertad, pues se trata de delitos que no debieron haber tenido asignadas penas de cárcel. Con esta medida se corrige una distorsión que hemos venido cometiendo desde hace bastante tiempo: penalizar con cárcel todo tipo de delitos. En esa línea, suscribo la teoría de que el derecho penal y la cárcel deben reservarse para aquellos delitos de mayor envergadura, que atentan contra bienes jurídicos de mayor importancia, pero no para todo tipo de delitos.
Como consecuencia de un grado de irracionalidad que tuvimos en algún minuto en la discusión, a raíz de los temas de seguridad pública que se fueron instalando, fuimos penando con cárcel delitos que en la legislación comparada están sancionados con otro tipo de penas, como, por ejemplo, la reclusión domiciliaria o los trabajos comunitarios. La idea es que no se lleve a la cárcel a sujetos que por primera vez cometen un delito, pues se corre el riesgo de que, después de su paso por la cárcel, más que rehabilitados, terminen convertidos en delincuentes profesionales. En esa línea, el Gobierno está haciendo bien las cosas.
Durante la campaña electoral escuchamos al candidato presidencial Sebastián Piñera decir que se acabaría la puerta giratoria para los delincuentes, pero ahora vemos que se extiende esta mano acogedora, por lo que se entiende que el Gobierno tuvo un grado de racionalidad y de conocimiento más preciso de lo que sucede en la cárcel. Cabe recordar que, con ocasión del Bicentenario de la República, varios diputados planteamos la posibilidad de avanzar en un indulto, pero en ese minuto no hubo piso político para implementar esa medida. Desgraciadamente, tuvimos que vivir la tragedia de 81 compatriotas en la cárcel de San Miguel para poder avanzar en estos proyectos. Por ello, celebro que el Gobierno haya escuchado y visto cuál es la realidad penitenciaria que existe en el país.
Aquí hay una norma que no es menor, sobre todo para quienes representamos zonas extremas, especialmente del norte del país. En mi caso, represento a Antofagasta y estoy consciente de que en esa comuna y en Calama existe una alta tasa de reos extranjeros. Estamos hablando de extranjeros que no tienen residencia en el territorio de la república -lo señalo para la historia fidedigna de la ley y para la tranquilidad de algunos colegas que han preguntado-, que ni siquiera han presentado solicitud de residencia. No se trata de extranjeros con permiso de permanencia y que han cometido delitos, sino que estamos hablando de los que ingresan ilegalmente al país, principalmente para traer o transportar drogas. Se trata de una cantidad importante de delincuentes, conocidos en la jerga policial como “burreros”, que en algún momento fueron detenidos por nuestras policías y que hoy cumplen condena y ocupan espacio en nuestras cárceles, pero que no tienen ningún vínculo con Chile.
Eso sí, respecto de esta gente, durante el debate hicimos la salvedad de que el extranjero que se encuentre ilegal y que está condenado no se irá inmediatamente, sino que tendrá que cumplir parte de la pena con cárcel. De esta forma, les estamos enviando una señal a los extranjeros que pretendan cometer delitos, puesto que la condición de no residentes no les bastará para ser expulsados inmediatamente, sino que antes deberán cumplir parte de la pena a la que fueron condenados. Además, les queda prohibido ingresar al país por un lapso de aproximadamente diez años. De esta forma, podremos sacar de las cárceles a una cantidad importante de extranjeros que no tienen ningún vínculo con Chile.
Con todo, hay que resolver un par de temas. La primera pregunta que cabe plantearse es quién se hace cargo de las deportaciones de extranjeros y cómo se van a financiar. Lo pregunto, porque la Policía de Investigaciones de Antofagasta ha debido asumir el costo de trasladar a un número importante de extranjeros, para expulsarlos del territorio de la República, costos que, por lo menos en la Región de Antofagasta, se triplicaron de un año para otro. Por eso me interesa precisar quién hará cumplir las deportaciones. ¿Lo hará Gendarmería de Chile o la Policía de Investigaciones? Hay que despejar esta duda, porque los recursos comprometidos para expulsar a los extranjeros son considerables, sobre todo porque estamos hablando de una cantidad importante de personas que se encuentra cumpliendo penas privativas de libertad en los penales de Arica, Iquique , Antofagasta y Calama y que serán expulsadas. Mayoritariamente, se trata de bolivianos y peruanos, y de algunos colombianos y ecuatorianos.
Por lo tanto, sería importante que el ministro nos aclare quién se hará cargo de esos costos de traslado, dado el limitado presupuesto con que cuentan Gendarmería de Chile y la Policía de Investigaciones. Hacer efectiva la pena de extrañamiento especial va a demandar importantes recursos, tanto por los viáticos para los funcionarios como los medios de transporte para trasladar a los extranjeros. Es necesario que se señale qué institución asumirá los costos de hacer cumplir las órdenes de deportación, para que quede registrado en la versión de esta sesión.
El proyecto va en la línea correcta. Espero que el Gobierno haya entendido que no todo se puede penalizar con cárcel. Tal como dijo el diputado Andrade , el discurso tiene que tener algún grado de coherencia, porque no podemos traer a la discusión proyectos como el que estamos debatiendo y, por otro lado, tratar de penalizar hechos que, a mi juicio, no revisten carácter de delitos, como sancionar las tomas de colegios y universidades y aumentar las penas a los encapuchados.
Esta es la ocasión para tratar esos temas con algún grado de racionalidad y avanzar hacia un nuevo Código Penal, donde establezcamos qué delitos vamos a sancionar con penas de cárcel y qué tipo de penas queremos aplicar. De una vez por todas, debemos modernizar nuestro sistema carcelario, porque -lo he dicho en reiteradas ocasiones en esta Sala- el pariente pobre de la reforma procesal penal es el sistema penitenciario. Estamos muy al debe con Gendarmería, con los jueces de ejecución de pena, con la forma de cumplir las condenas al interior de las cárceles, etcétera.
Es hora de que el tema penitenciario, que quedó tan postergado después de la reforma procesal penal, reciba una mirada distinta, más integral. A la vuelta de diez años podemos decir que la reforma procesal penal es un sistema exitoso, que logra mayores condenas, que aplica penas más altas, pero el pariente pobre sigue siendo el cumplimiento de las penas, tema central en esta materia.
Muchos de los que delinquen por primera vez van a la cárcel y, por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de rehabilitación, porque no hay salidas alternativas. Para muchos de los primerizos, la cárcel se convierte en escuela del delito, tal como la definen penalistas, ministros de la Corte Suprema, fiscales y muchos de nuestros parlamentarios.
Por eso, si el Estado quiere mejorar nuestros estándares de seguridad pública, debemos avanzar en los temas penitenciarios, para que de cada persona condenada a la cárcel tengamos, con el tiempo, un ciudadano rehabilitado y no un delincuente profesional. Suele ocurrir que personas que no tenían experiencia delictual salen convertidas en verdaderos delincuentes profesionales, después de su pasó por la cárcel.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.- Señor Presidente, el proyecto de ley en debate tiene un implícito bastante explícito -valga la contradicción- en las argumentaciones que cursan y en la representación de la realidad.
En Chile existe una gran sobrepoblación penal y, a las penas a que fueron condenados quienes están recluidos, debe sumarle una nueva: el hacinamiento, que conlleva alto riesgo de afecciones de salud y, algunas veces, desenlaces fatales.
Se supone que cuando, en nombre del Estado, la justicia opera y sanciona con una pena privativa de libertad a quien cometió un delito, el castigo es la pérdida de la libertad, pero no el riesgo a perder la vida por un sistema carcelario que no da garantías para que los reclusos cumplan con los años que la justicia estimó que debían estar privados de libertad. Eso está en el origen de la argumentación del proyecto.
Pero hay un segundo elemento, que es de fondo, que llama a revisar las penas que la justicia impone a quienes cometen delitos en la convivencia de la sociedad y a quienes cometen faltas, pero que son castigadas como delitos, haciéndolos merecedores de la pérdida de la libertad, así como cuáles deben ser y por cuánto tiempo. Al respecto, se ha abierto un debate que la Comisión respectiva de nuestra Cámara debería asumir en rigor para modernizar nuestro sistema carcelario y judicial, de manera que sancione lo que corresponde según nuestro estado de derecho y las normas de convivencia, amén de hacer eficaces las sanciones para los propósitos que se buscan, que incluye la rehabilitación de la conducta cuestionada como delito.
Sin embargo, echo de menos un aspecto, que espero que venga por añadidura, relacionado con la sobrepoblación carcelaria. Me interesa destacar -ojalá mi intervención sirva para llamar la atención del ministro de Justicia- que la cárcel de Copiapó, en términos proporcionales, debe ser la que tiene mayor sobrepoblación de reclusos en Chile. Se trata de más de mil internos -no de 5 mil-, pero en una construcción que fue diseñada para 250 reos. Es evidente, entonces, el alto grado de hacinamiento en ese centro penitenciario. Por eso, le pido al ministro de Justicia que se preocupe de esa realidad.
Pero hay otro elemento que siento ausente. ¿Cuál es la preocupación que hay por el personal de Gendarmería? ¿Se aumentará la dotación? ¿Cuáles serán los nuevos estímulos para la formación profesional de nuevos gendarmes? ¿Habrá estímulos en cuanto a los turnos, lo que implicaría una mayor dotación, y mejores remuneraciones? Quiero reivindicar un hecho. Se se abre paso a una ley de indulto general, que va a disminuir la sobrepoblación penal, enhorabuena, no sólo para la infraestructura penitenciaria, sino también para el personal de Gendarmería, que podrá tener turnos más cercanos a lo racional. Ojalá que también se acompañe con estímulos en sus remuneraciones, que sean acordes con la exposición, con el riesgo físico y con el daño psicológico a que están sometidos permanentemente, dada la labor profesional que realizan.
Espero que tengamos buenas noticias respecto de la construcción de infraestructura carcelaria en muchos lugares del país, incluida la Región de Atacama, particularmente Copiapó , y en relación con el personal de Gendarmería, quienes pagan las consecuencias por la sobrepoblación en las cárceles, ya que deben trabajar con un altísimo nivel de estrés, en turnos extenuantes y con un elevado riesgo a sus vidas.
Me alegro de que el proyecto no incorpore dentro de sus potenciales beneficiarios a quienes, sin importar edad, enfermedad u otra razón, están comprometidos en crímenes de lesa humanidad. No puede ser beneficiado alguien que haya cometido crímenes que son inamnistiables e imprescriptibles y, sobre todo, que fueron cometidos con la saña que conocemos, bajo una dictadura. Por eso me parece muy bien que no estén incorporados esos reos, aunque alguna vez se tuvo la pretensión de incluirlos.
Necesitamos alivianar el sistema carcelario, con el objeto de que el hacinamiento no sea factor de promiscuidad ni escuela del delito. Pero, desde el punto de vista intelectual, no veo dónde está la coherencia en proponer indultos para conmutar las penas de cárcel y, por otra parte, se inventa un nuevo delito: el desorden público a propósito de las movilizaciones estudiantiles. Alguien podría precisar que se aplicará a quienes saquean, pero no se justifica que lo ubiquen en el contexto de las movilizaciones sociales. Ahí se aprecia una suerte de esquizofrenia, una lógica que no tiene nada que ver con la profundidad democrática, que permite el legítimo derecho de usar el espacio público para movilizarse y reclamar por actuaciones injustas del Estado o de quienes lo representan. Se quiere transformar esos actos en delitos, pero ¿dónde cumplirían las penas esos hipotéticos delincuentes? Además, el delito sería reivindicar la necesidad de formarse, de educarse, de acceder al conocimiento, de cultivar la inteligencia, todo lo cual está en contra de la estupidez de aplicarles la represión, con la pretensión de que así se podrá encarcelar la crítica.
Si hay consecuencia en la esencia de la argumentación del proyecto que estamos discutiendo, también debería hacerse una rectificación de los anuncios que hemos escuchado a representantes del Ministerio del Interior que buscan sancionar el legítimo derecho a las movilizaciones. De lo contrario, espero que construyan un monumento en homenaje a la tolerancia, a la formación democrática, al acogimiento de la diversidad del alcalde Labbé , que ha dado examen de grado en cuanto a la forma de actuar frente a la inteligencia del movimiento estudiantil secundario.
Llamo la atención sobre este doble estándar y sobre un planteamiento que no tiene lógica, ya que, por una parte, se envía un proyecto para resolver el hacinamiento carcelario, pero que no anuncia nuevas condiciones de trabajo para los gendarmes y no se refiere a la construcción de infraestructura en algunos lugares del país en que hace falta, como es el caso de Copiapó, y por otra se pretende criminalizar a los estudiantes. Supongo que esta medida no busca dejar espacios en el sistema carcelario para que los ocupen los estudiantes que este gobierno ha tratado de calificar como los nuevos delincuentes. Insisto en que ojalá no sea así, porque les faltará espacio y, por lo tanto, cual tendrían que darse el trabajo -como algunos lo hicieron- de abrir verdaderos campos de concentración. No creo que el remodelado Estadio Nacional esté disponible para servir a esa concepción de delito que está estableciendo el Gobierno en nuestro país.
Por ello, estimo que también hace falta una política más explícita respecto de la reinserción social de quienes serán beneficiados con este indulto, con el objeto de que no vuelvan al sistema carcelario.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro que nos acompaña en el estudio de este importante proyecto.
Éste no ha sido un proyecto sencillo para mí y para muchos parlamentarios de la bancada de la UDI, porque tenemos un compromiso importante con la seguridad pública y con la seguridad de las personas. No obstante, tenemos plena conciencia de las condiciones inhumanas de nuestras cárceles y de que uno de los objetivos del proyecto es contribuir no sólo a disminuir el hacinamiento, sino también a dar un paso hacia adelante en la rehabilitación de esas personas.
Nuestra sociedad se va de un extremo a otro. Lo único que quieren las personas cuando se cometen delitos, sobre todo los que impactan a través de los medios de comunicación, es ver a todos los delincuentes tras las rejas. O sea, es muy difícil que hagan diferencias en cuanto a la gravedad de los delitos.
Por lo tanto, para las víctimas de los delitos es muy difícil de aceptar que las personas que los cometieron gocen de libertad plena gracias al proyecto en discusión. Obviamente, es comprensible lo difícil de esa situación.
Por otra parte, si nos interesa la rehabilitación, debemos estar conscientes que eso hoy es imposible atendido el estado de nuestras cárceles.
Debo aclarar que el proyecto beneficia a varones que actualmente gozan de libertad durante el día, ya sea porque se les aplicó una pena alternativa de reclusión nocturna o porque gozan de algún beneficio penitenciario; es decir, se trata de personas que fueron condenadas, que cumplieron un tiempo privadas de libertad y que gozan paulatinamente de algunos beneficios, con el objeto de ir preparando su reinserción en la sociedad cuando cumplan su pena. O sea, se trata de personas que pasan todo el día fuera de las cárceles y sólo duermen en ellas; es decir, ocupan lugares en esos recintos sólo por las noches, lo que de todas maneras influye en las condiciones de hacinamiento de las cárceles.
Por lo tanto, no es mucha la diferencia para esas personas, pero sí existe una gran diferencia para las víctimas, porque prefieren que quienes les causaron daño a ellas o a sus familias sigan durmiendo en la cárcel a que estén en libertad durante el día y la noche.
En el caso de las mujeres que van a salir en libertad gracias al proyecto, se trata de mamás de niños menores de dos años, respecto de lo cual no se han escuchado opiniones disidentes, ya que esas mujeres y sus hijos merecen una oportunidad. Cuando somos mamás, muchas veces hacemos cosas por nuestros hijos que jamás se nos hubiesen ocurrido. Entre las beneficiadas, hay muchas mujeres que delinquieron para llevar el sustento diario a sus hijos. Al respecto, no existe ningún problema de conciencia, sino al contrario.
En muchos recintos carcelarios hay sectores para las mujeres que tienen niños, como sucede en la cárcel de Alto Bonito, en Puerto Montt, que tienen cunas, agua tibia, etcétera. Pero no es sano que un niño crezca tras las rejas. Algunos gendarmes nos contaban que, después de un tiempo, incluso los niños hacen filas o se forman todos los días junto a sus mamás cuando se pasa lista. Desde ese punto de vista, estoy plenamente convencida de que el proyecto es bueno para ellas y sus hijos.
Además, la iniciativa permite, desde dos puntos de vista, dar un paso adelante en su rehabilitación:
Primero, a partir de la entrada en vigencia de la ley, las personas obtendrán la libertad. Espero que se aprecie lo que se está haciendo y que la oportunidad que se les da de estar con su familia, no sólo un rato en el día, sino todo el día, sirva para que no vuelvan a delinquir.
Segundo, esto permitirá descongestionar las cárceles. Se trata de más de siete mil personas privadas de libertad que saldrán libres. Espero que se piense en su rehabilitación. Sin duda, el proyecto no lo es todo, pues todavía falta mucho por avanzar, según lo que nos ha expuesto en más de una oportunidad el ministro de Justicia. Es decir, ahora, verdaderamente, en todas nuestras cárceles se tienen que comenzar a desarrollar programas de rehabilitación y se deben entregar herramientas a las personas para que puedan ganarse la vida de manera honesta y no a través del delito.
Por otra parte, observo con preocupación cómo ha ascendido la curva de personas privadas de libertad. Indudablemente, esto obedece a la reforma procesal penal, que ha hecho que los juicios demoren menos en ser resueltos y que no sean eternos -como sucedió con el antiguo sistema-, pero no todo proviene de esto. Además, está comprobado que la privación de libertad de una persona que comete un delito menos grave influye en el delincuente, porque cuando vuelve a delinquir lo hace por un delito más grave. Por lo tanto, tenemos que buscar herramientas para terminar con la escuela del delito que existe dentro de las cárceles.
No obstante -como lo señalé al principio-, se me produce una preocupación y contrariedad con este proyecto, pues no ha sido sencillo para nosotros estudiarlo y darle su respaldo. Sin embargo, voy a votar a favor, me la voy a jugar por él, como apoyo al Gobierno, pues significa dar un paso hacia adelante para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad que están en las cárceles. Efectivamente, en las cárceles deben estar las personas que cometan los delitos más graves, pero, por otra parte, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las personas que hayan delinquido tengan una verdadera rehabilitación. Todos los seres humanos merecen una segunda oportunidad. Espero que esta oportunidad que se les va a dar a más de 7 mil personas sea valorada en la medida que corresponde.
Respecto de los extranjeros privados de libertad, se conmutará la pena por la de extrañamiento. Sin duda, todos hubiésemos preferido que salgan de nuestro territorio para cumplir la pena en su país, pero eso ya no es un problema nuestro. Queremos que los extranjeros que residen en Chile contribuyan al desarrollo y a una mejor calidad de vida de nuestro país y no a ocupar un espacio en nuestras cárceles, porque han causado daño y cometido delitos en contra de nuestros compatriotas.
Comprometo mi voto a favor para este proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidenet).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker .
El señor WALKER.- Señor Presidente, saludo al ministro de Justicia, quien nos acompaña.
Formé parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que aprobó este proyecto sobre indulto general. Me ha parecido oportuno intervenir para fundamentar mi voto favorable, expresado en dicha oportunidad, que ratificaré hoy.
Creo importante recordar en qué contexto nace este proyecto sobre indulto general. Con motivo del Bicentenario, las iglesias Católica, Evangélica y Protestante nos advirtieron, con mucha claridad, sobre la situación de hacinamiento existente en muchas cárceles del país. Esa misma condición la hemos podido comprobar en los distritos que representamos, como la cárcel de Huachalalume, en Coquimbo, y en el Centro de Detención Preventiva de Ovalle, cuya situación compromete gravemente los derechos humanos de los internos en esos recintos penitenciarios.
Cuando las iglesias plantearon el tema del indulto general en esa oportunidad -hay que decirlo claramente-, el Gobierno les dio con la puerta en las narices; incluso, recuerdo expresiones poco afortunadas del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter , quien descartó de plano esa posibilidad.
El Gobierno, durante la campaña presidencial, sostuvo la tesis populista, a nuestro juicio, de que iba a trabar la puerta giratoria y no distinguía la multiplicidad de condenas y situaciones que tienen lugar al interior del sistema carcelario.
Lamentablemente, la tragedia ocurrida en la cárcel de San Miguel, por el peso de la realidad, impuso la convicción moral que se debía hacer algo al respecto. En ese sentido, me alegro de que, finalmente, la voz de nuestros obispos, de todas las iglesias, haya sido escuchada y se haya hecho carne en este proyecto de ley.
Está más que claro que existe una inconsistencia entre lo que se dijo durante la campaña presidencial y lo que se está haciendo ahora, pero no por eso vamos a sacar ventajas pequeñas de esta situación ni nos negaremos a legislar acerca de una realidad tan importante.
Muchos han sostenido que el Gobierno debe asumir la responsabilidad por su cambio de postura y que, en lugar de tramitar un proyecto de ley sobre indulto general, el Presidente de la República debiera firmar una multiplicidad de indultos particulares, y que el Primer Mandatario se haga responsable de esa decisión.
Insisto en que el tema debe ser analizado con altura de miras, como una política de Estado para terminar con el hacinamiento en las cárceles. Por lo tanto, nos parece que el instrumento adecuado es una ley de indulto general, en la que se fijen parámetros determinados para analizar quiénes pueden ser acreedores de este beneficio.
Durante la tramitación de este proyecto de ley, muchos diputados -lo vimos en sucesivas indicaciones presentadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas-, de alguna manera, intentaron alterar la naturaleza jurídica de la iniciativa. Presentaron indicaciones para que un indulto general conmutativo se llamara conmutación de la pena. Rechazamos esas indicaciones porque pensamos y sostenemos que las cosas se deben llamar por su nombre. Éste es un proyecto de ley sobre indulto general y así debe ser llamado.
También son importantes -se ha recalcado durante la discusión de la iniciativa- los parámetros y las limitaciones que se fijan. Se favorece a las mujeres que han cumplido dos tercios de su condena y que no hayan cometido delitos de más alta connotación social. Lo mismo ocurre con hombres y mujeres que gocen del beneficio de salida controlada al medio libre y a los que estuvieren cumpliendo condena de reclusión nocturna.
Los condenados por aquellos delitos de más alta connotación social, incluso, el homicidio simple -que fue repuesto por una indicación para limitar el otorgamiento del beneficio-, la violación, las violaciones a los derechos humanos, etcétera, ilícitos que se hallan incluidos en el catálogo de delitos graves, se excluyeron del beneficio a que pudieren tener derecho en virtud de lo dispuesto por esta iniciativa.
Eso nos pareció importante: fijar un límite al otorgamiento de este indulto.
Se generó, y es importante que la gente lo sepa, una discusión respecto de las mujeres condenadas por microtráfico. Al respecto, los diputados Jorge Burgos y Marcelo Díaz , entre otros, presentaron una indicación en la Comisión para favorecerlas, en el entendido que podían ser víctimas de su propia marginalidad. Así, cumplidos dos tercios de su condena, ellas podrían acceder al beneficio. La indicación se rechazó. Pero esa discusión quedó absolutamente abierta.
Muchos podrán señalar que existe una contradicción entre lo que hoy estamos haciendo y algunos proyectos que hemos aprobado durante este año en la Cámara de Diputados que aumentan las penas por la comisión de determinados delitos.
Sobre el particular, quiero hacerme responsable de las iniciativas que en ese sentido he patrocinado y la aparente contradicción que podría existir con el proyecto que aprobaremos. No veo tal contradicción, porque la iniciativa que debatimos apunta a beneficiar a personas condenadas que han cumplido buena parte de su pena: dos tercios, en el caso de los nacionales, y un tercio, en el de los extranjeros, si se tratase de condenas inferiores a cinco años.
Si hemos pretendido aumentar la pena por la comisión de determinados delitos, es porque hemos visto que respecto de esos ilícitos no ha habido condena alguna. Es el caso del proyecto que presenté para aumentar la pena del robo de vehículos motorizados, que afecta a la clase media, porque los más de 100 robos de vehículos que en promedio se cometen en el país quedan en la más absoluta impunidad. Se trata de un negocio muy lucrativo. Los perpetran verdaderas asociaciones ilícitas internacionales, los clonan y los venden en el extranjero o en el mercado nacional, con lo cual obtienen grandes utilidades, en perjuicio de la gran clase media chilena.
Estuve de acuerdo en patrocinar un proyecto del diputado Burgos que aumenta la pena del homicidio simple, al que puede aplicarse una condena de sólo cinco años y un día. Esa pena también nos parece totalmente desproporcionada.
Reitero: mediante la iniciativa en comento se otorga un indulto general a personas que han cumplido al menos dos tercios de su condena, en la mayoría de los casos.
Esperamos que este proyecto se apruebe, que tratemos con seriedad una materia que siempre debió considerarse como un asunto de Estado y no de política pequeña contingente; que de alguna manera reformemos nuestro sistema carcelario para que tenga carácter resocializador y otorgue las mínimas garantías que merecen los condenados.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .
El señor AUTH.- Señor Presidente, felicito a los colegas por la altura del debate. Si nos encontráramos en otra época y un gobierno distinto hubiera enviado este proyecto, estaríamos escuchando violentas expresiones acerca de la “puerta giratoria”, sobre la necesidad de derrotar a la delincuencia y por quién votarían los delincuentes en las elecciones.
Quiero reconocer el cambio de opinión del Presidente de la República, en su oportunidad -como es frecuente, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa- nos dijo que la tarea era derrotar a la delincuencia, y hace poco nos enteramos, por un discurso que pronuncio en la PDI, que nunca la derrotaremos.
No voy a entrar en la disquisición de si Abel mató a Caín o si Caín mató a Abel.
Se dijo que se terminaría completamente con la “puerta giratoria”, y hoy día estamos discutiendo un razonable proyecto de indulto para descongestionar las cárceles.
Más bien se trata de una conmutación de penas. Porque se obliga al condenado a firmar ante el Patronato de Reos o en Gendarmería incluso por el doble de tiempo que le resta de la pena, y si vuelve a delinquir, como no se ha extinguido el delito, la pena anterior se actualiza y se agrega a la que le correspondería al nuevo delito.
Se excluyen, por eso es un buen proyecto, a todos quienes hayan cometido delitos de significación social, como la violación a la ley de Drogas, a la ley de Violencia Intrafamiliar; también violaciones a los derechos humanos, el homicidio calificado, entre otros.
La pregunta que uno tiene que hacerse con un proyecto de esta naturaleza es si Chile tiene pocas, muchas o una cantidad adecuada de presos como parte del combate del delito. Con 308 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, Chile se sitúa como el país con mayor proporción de presos por habitante; sólo lo superan antiguas colonias, como Surinam y Guyana Francesa .
Pero tenemos el doble de presos que Argentina, Perú , Colombia y, sin embargo, no existe correlación entre el número de presos y la percepción de seguridad ciudadana. Los proyectos de esta naturaleza apuntan a un problema mayor: romper el vínculo entre el primer delito y el desarrollo de una carrera delictual. Sabemos que las condiciones del régimen carcelario lo que hacen hoy es establecer una relación indisoluble entre la comisión de un primer delito y una verdadera carrera delictual, y, también, entre la comisión de delitos pequeños y grandes, que hacen prácticamente irreversible la salida de la condición delictual.
La bancada del Partido por la Democracia dará su aprobación a este proyecto de ley, pero dejando en claro la necesidad de situar estas medidas en el contexto de una reforma integral del sistema carcelario y, al mismo tiempo, de una revisión global del Código Penal, que todavía arrastra incongruencias entre el tipo de delito, su significación y las sanciones que la ley establece. Nos resistimos a la idea de que se venga al Congreso Nacional, al Parlamento, con pequeñas medidas espectaculares para cambiar las sanciones a algunos delitos específicos, según lo digan las encuestas o los medios de comunicación o la reacción frente a los movimientos sociales, en lugar de acometer una gran reforma modernizadora del Código Penal chileno que ponga al día el vínculo actual entre el carácter y la significación de los delitos y la sanción que estos merecen.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier .
El señor LETELIER.- Señor Presidente, por una cuestión conceptual, por convicción, en mi bancada existe la tendencia a evitar que la extinción de la responsabilidad penal se haga por la vía del indulto.
Sin embargo, en nosotros deben primar la búsqueda del bien común y la sensatez. En ese sentido, no hay que olvidar que en la actualidad el sistema carcelario chileno vive una crisis, la cual se vio claramente manifestada en los lamentables hechos ocurridos el 8 de diciembre del año pasado en el penal de San Miguel.
El proyecto en discusión reúne los requisitos relacionados con la prudencia y el buen juicio, en el sentido de armonizar una política criminal acorde con los tiempos del derecho penal actual, en cuanto a lo que debe ser una política penitenciaria, castigar severamente delitos graves, pero, también, tener una manifestación de la sociedad conforme al perdón.
Creemos que los beneficiados con este indulto general son personas que, efectivamente, pueden ser aptas para obtener la gracia que propone la iniciativa. Desde el punto de vista penitenciario, no tenemos que olvidar que hoy las mujeres están hacinadas en la cárcel y, como decía el diputado Walker , la mayoría de ellas está condenada por microtráfico. Con lo que dispone el proyecto, van a ser beneficiadas un poco más de un ciento de ellas.
No podemos olvidar que la gracia del indulto sólo remite o conmuta la pena, pero no quita al favorecido el carácter de condenado para efectos de la reincidencia. De tal manera que esa obligación que van a tener y que impone este proyecto de ley, en cuanto a firmar un compromiso para no volver a delinquir tiene no sólo una imposición legal, sino también un efecto claro que significa que si se rompe o no se cumple ese compromiso, pasan a ser reincidentes para todos los efectos penales.
Soy absolutamente contrario al indulto que da el Presidente de la República, porque creo que esa institución es la última manifestación de lo que es un reinado, un pequeño rey; en cambio, el indulto general se determina a través del Congreso Nacional, manifiesta la voluntad general señalada en el artículo 1° del Código Civil, en cuanto a que esto es una declaración manifestada en la forma que se ha dado la soberanía.
Lo que me preocupa de este proyecto es que tiene un sesgo de injusticia, en relación con aquellos procesos que lleva la antigua justicia. Hay 4.902 causas, de las cuales, 792 esperan fallo. Si las personas involucradas en dichos juicios son condenadas, no van a tener el beneficio del indulto, porque, precisamente, para que se otorgue se requiere tener sentencia ejecutoriada.
Desde ese punto de vista, nos parece que aquí hay un vestigio de injusticia, pero, en consideración a que hoy tenemos que ser muy firmes en el ataque a la delincuencia, cosa que la Cámara de Diputados ha hecho; sin perjuicio de ello, el perdón también es una institución que tenemos que considerar. En ese aspecto, creemos que los que van a ser beneficiados con este proyecto de ley, siempre que cumplan con los requisitos y las exigencias que impone la normativa, son los menos y de alguna manera merecen ese perdón.
Por esas consideraciones, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Miodrag Marinovic .
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, parece increíble lo que está sucediendo en Estados Unidos -estoy viendo un artículo-, porque los gobernadores estatales están impulsando una práctica, al menos curiosa para el pueblo norteamericano, que consiste en liberar presos para ahorrar costos, según recoge el Washington Post. Esta medida se está llevando a cabo en diversos Estados. El gobernador Arnold Schwarzenegger quiere ahorrar 1.100 millones de dólares, sacando a los presos de la cárcel.
Pero ¿qué pasa en Chile? Este proyecto de ley está inserto en un marco que, desde hace un tiempo, se nos viene entregando en el Congreso Nacional. Pocos meses atrás, se nos habló del cambio de pena efectiva por penas alternativas. En la práctica, ¿qué se quiere decir? Que personas que cometen determinados delitos que son menos graves y que hoy deberían estar privadas de libertad, van a cumplir esas penas en ámbitos de libertad con distintas penas alternativas, como trabajo social, el brazalete y varias otras. Esa fue la primera señal que el Congreso Nacional dio a los chilenos, a los delincuentes y a todas las personas.
En segundo lugar, hace dos semanas aprobamos la modificación de la libertad condicional, que básicamente significa flexibilizar las normas respectivas para permitir que aproximadamente 2.500 o 3.000 personas que están recluidas puedan salir a la calle.
Hoy, discutimos esta iniciativa de indulto general que tiene por objeto el uso racional -bien interesante- de la cárcel. Pido que en esto pongamos atención: uso racional de la cárcel. O sea, tenemos que adecuar los recintos penitenciarios al volumen de personas que han cometido delitos, ¿o debe ser al revés? ¿Cuál es la señal que queremos dar? ¿Una vez que se llenan, los ilícitos cometidos por las personas van a dejar de serlo? ¿Se va a terminar con la delincuencia?
Este proyecto busca -según las cifras oficiales- liberar a un 20 por ciento de las 50 mil personas que en Chile están privadas de libertad, o sea, hablamos de 10 mil, que es la cifra oficial, lo que resulta tremendamente preocupante para los miles y miles de chilenos que todos los días son víctimas de violencia, de temor en sus casas, de muchos problemas que hoy ocurren y que, si bien se trata de delitos menos graves, para la familia modesta de una población que se ve afectada por un robo, ese es el ilícito más importante, ya que daña a los hijos, a la familia, a los adultos mayores, a todos y, por lo tanto, para ellos, ese delito que estimamos como de poca relevancia es el más importante que nosotros tenemos que atacar.
¿Quiénes se van a beneficiar con este proyecto de ley? Para que la gente sepa, delincuentes no peligrosos, los que cometen robos corrientes, los delincuentes de La Polar. Acabamos de fallar el informe sobre esa empresa. En Chile, la gente quiere que los que planificaron la estafa de La Polar vayan a la cárcel, que estén privados de libertad por sinvergüenzas. Mientras el resto de los chilenos está en Dicom, pagando sus deudas y sacándose la mugre, a los señores de La Polar les estamos haciendo leyes para que anden caminando libres por las calles. Por ejemplo, ¿qué pasa con alguien que roba las pensiones de los abuelos? Ese también se va a beneficiar con este proyecto por ser un delincuente no peligroso, porque cometió el crimen menor de robar la pensión de un abuelo. También se va a ver beneficiado el que roba un auto, el que incurre en violencia intrafamiliar y en muchos otros casos, ya que las personas que están detenidas por ese delito van a tener la posibilidad de someterse a alguno de estas tres proposiciones que buscan que hayan menos presos, porque se va a hacer un uso racional de las cárceles.
Creo que hay una cuestión mucho más importante. Lo conversaba con el colega Rincón . Aquí hay que hacer una reforma de fondo y sincerar las situaciones para que las penas sean lo que el país quiere y, en definitiva, se aplique la justicia como corresponde. Pero hoy estamos modificando un criterio establecido por los tribunales de justicia, independientes y que han sentenciado a personas de acuerdo con la normativa vigente. Es decir, por esta vía, para hacer un uso racional de las cárceles, torcemos el fallo.
Con estas tres últimas iniciativas estamos bajando el costo al delito. Hoy damos una señal clara a los delincuentes no peligrosos para que cometan delitos, ya que después pueden acogerse al beneficio del indulto, a la libertad condicional o a penas alternativas. Tienen tres caminos para disfrutar de la libertad y no cumplir penas privativas de libertad.
Por eso, me llama la atención que aquí se diga que debemos ser firmes ante la delincuencia. ¿Es ésta la forma de ser firmes contra la delincuencia, liberando a los delincuentes menos peligrosos para que salgan a la calle? Por lo menos, desde mi punto de vista ético y moral y del compromiso que asumí con todos y cada uno de mis votantes, incluidas las personas modestas que son las que necesitan mayor seguridad en el país, claramente, no se está dando la señal correcta.
En este sentido, voy a estar con las víctimas, con las personas modestas que sufren y que quieren que haya justicia. Para el poblador es importante que la persona que ha cometido un delito en contra de su familia reciba una sanción que la justicia debe exigir que cumpla.
Estoy por más tranquilidad y menos temor para las personas; pero, este proyecto va a originar más temor y más miedo en quienes hoy transitan por las calles. Estoy por humanizar la forma en que hoy operan las cárceles, por trabajar para generar una verdadera rehabilitación, de manera que las personas que cumplan sus condenas, de acuerdo con las normas legales vigentes, después tengan la oportunidad de conseguir un trabajo y su reinserción, pero no dejarlos en libertad, en virtud de una de estas tres posibilidades: libertad condicional, penas alternativas o, simplemente, indulto general.
Por eso, por convicción ética y moral y por compromiso con la gente que me eligió, voy a votar en contra de este proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti .
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, este proyecto que envió el Ejecutivo, sin lugar a dudas, viene a ser un tremendo contrasentido respecto de lo que escuchamos permanentemente en la campaña presidencial.
En ese tiempo, del actual Presidente
Piñera escuchamos un discurso duro, autoritario, respecto de la puerta giratoria, que ésta se iba a trancar, que se iba a encarcelar a más personas, que debían cumplir sus condenas quienes estaban privados de libertad. El ministro de Justicia estará escuchando lo que digo. Pues bien, ese discurso ha tenido que ser reformulado porque la realidad social de las cárceles a lo largo de nuestro país no resiste más.
El fatídico incendio de la cárcel de San Miguel dejó en evidencia algo que muchos no querían ver, especialmente, el Gobierno: que, debido al hacinamiento y a la falta de condiciones, la cárcel se convierte en la escuela del delito, en el lugar al cual ingresan primerizos o muchos condenados por delitos de menor gravedad, que terminan convertidos en delincuentes avezados. No queremos esto para nuestra sociedad, sino que se apliquen las sanciones y las penas que corresponden. Esos seres humanos tienen derecho a seguir viviendo porque tienen una familia.
Hemos comentado con otros parlamentarios que el hecho de ir de visita a una cárcel, de encontrarnos -en mi caso, en la de Valdivia- con los familiares de los reos -me ha tocado asistir a graduaciones en el establecimiento educacional que existe dentro del recinto penitenciario- nos ha permitido ver, especialmente a la madre y a los hijos de algún condenado, absolutamente impotentes frente a quienes tratan de defenderlo y de cobijarlo mientras se encuentra cumpliendo una pena. Quienes somos partidarios de dar a los ciudadanos una oportunidad en la vida y de entender que, muchas veces, no se abren caminos para su rehabilitación, creemos que hay que avanzar en diversos aspectos para rescatarlos, nivelar sus estudios, generar apoyo familiar y laboral, que es fundamental; también cercanía espiritual, por eso, hay que valorar que en las cárceles, especialmente en los colectivos de la Iglesia Evangélica, se realicen enormes esfuerzos en ese sentido.
El Gobierno se ha dado cuenta de que no es posible disminuir el hacinamiento en las cárceles mediante la reinserción, sino dejando en libertad a aquellos condenados -digámoslo claramente- para los cuales no hay un indulto general. El proyecto lo concede a quienes hayan cumplido dos tercios de la pena, a las mujeres que tengan hijos menores de dos años y a quienes gocen del beneficio de la salida diaria o de la reclusión nocturna.
Me gustaría que el ministro nos explicara por qué el Presidente de la República ha abdicado de su facultad de indultar directamente y ha enviado al Congreso Nacional un proyecto que apunta a conmutar las penas de algunos condenados.
Lo señalo porque creemos en la rehabilitación y en dar oportunidades a los seres humanos, porque en las cárceles están, principalmente, las personas pertenecientes a los sectores sociales más carenciados, detrás de las cuales hay familias, especialmente, madres que no abandonan a sus hijos, no obstante estar recluidos. Entendemos que en el indulto hay una razón humanitaria y una política de Estado porque, cuando se gobierna, es para todos. Pero, es importante que el ministro nos explique el porqué de la decisión del Presidente de la República.
Quiero ser muy claro en lo siguiente: hay contradicción y falta de coherencia, en lo que plantea el Gobierno. Por un lado, vamos a aprobar un indulto general para una buena cantidad de condenados y, por otro, el Ministerio de Justicia impulsa proyectos de ley para criminalizar la protesta social. El Ejecutivo también envió el proyecto -me parece que está bien- que aumenta las penas para las personas que conduzcan en estado de ebriedad, y, además, el que aumenta las penas aplicables a quienes roben cajeros automáticos.
Entonces, ¿podemos decir que es coherente la política penal del Gobierno? Si vamos a meter en la cárcel a muchas personas, me gustaría que el Ejecutivo patrocinara una iniciativa de ley para sancionar a los encorbatados -no a los encapuchados-, a esos delincuentes que actuaron en La Polar, en las isapres, que han esquilmado, no a 100 o 200, sino a 500 mil chilenos y chilenas. Sin embargo, siguen sentados en sus directorios porque tienen una buena defensa, no salen en la prensa y tampoco son conducidos por la PDI esposados frente a las cámaras. Le pregunto al ministro, ¿dónde están los delincuentes que dirigían La Polar y la normativa para sancionarlos? Como va a quedar suficiente espacio en las cárceles, allí deberían estar quienes han saqueado a 500 mil consumidores. Además, también en las isapres hay algunos que asaltan y esquilman a la gente que, por necesidad, llega a los centros de atención de salud.
Existen muchas contradicciones en este planteamiento. Por un lado, con el consenso del Congreso Nacional, se busca aprobar una ley de indulto general; pero, el Presidente de la República no ha tenido la voluntad de decretar el otorgamiento de indultos, facultad que le corresponde. Pero, nosotros no vamos a hacer lo que hizo la Alianza en períodos anteriores porque, cuando se gobierna, es para todo el país. Actuaremos humanitariamente, porque entendemos lo que significa el hacinamiento en las cárceles. Al respecto, quiero señalar, fuerte y claro, para que quede en la versión oficial, que no nos hagan responsables de los reincidentes, porque ahí es donde el Estado debe procurar especialmente el seguimiento, control y observancia de Gendarmería de las personas que van a salir de la cárcel. Pero, para eso se necesitan más recursos, más facultades; también la normativa sobre los jueces de cumplimiento de penas.
Demandamos coherencia, como mensaje a la sociedad, en las iniciativas que se impulsan, nadie, absolutamente nadie en el Congreso Nacional está por aumentar la tasa de delitos, sino por sancionar los que se cometen pero no queremos tener en la cárcel única y exclusivamente a la gente más humilde, a la que no ha tenido otra oportunidad o que no tuvo una buena defensa. Equiparemos la penalidad de los delitos, no protejamos a los bancos a través de la ley que aumentó la sanción a quienes roban cajeros automáticos. ¿Cuándo se va a presentar un proyecto para aumentar las penas a los encorbatados, a los ejecutivos de La Polar y de las grandes empresas de retail, que han cometido delitos? Esa es una asociación ilícita que le causa mal a nuestro país, esos son los que perpetran delitos y que deberían estar en la cárcel, no el que se robó una gallina o cometió abigeato.
He dicho.
El señor ARAYA (vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, se ha dicho bastante de la génesis del proyecto, pero en algunos temas debemos ser reiterativos y claros.
Voy a votar a favor del proyecto, tal como lo hice en la Comisión, consciente de que podría ser mucho mejor, pero principalmente porque quiero ser consistente con lo que, junto a otros parlamentarios -no fui el único-, planteamos para el Bicentenario, a fin de apoyar la demanda de la Iglesia Católica y, en general, de las iglesias de nuestro país, la necesidad de indulto. Así, en el marco del Bicentenario y en un clima que debiera ser de unidad especial en el país, de regocijo, de celebración, de fiesta, un hito en la República, también contribuyera en forma rápida y directa a solucionar la situación de hacinamiento de nuestras cárceles.
Digámoslo con claridad: no fuimos escuchados, bueno, eso da lo mismo; pero tampoco las iglesias fueron escuchadas. Después ocurrió la lamentable tragedia de San Miguel, con lo que digo no quiero responsabilizar en especial a un gobierno. Creo que como sociedad, como país, como Estado, como nación, tenemos una responsabilidad en la situación carcelaria. Lo he dicho en más de una vez en esta Sala, sería fácil culpar al gobierno de turno; pero el hacinamiento en las cárceles no es obra de un día, ni de semanas, ni de meses. Por eso, repito, es una responsabilidad del país, de la sociedad, del Estado, de la nación, de todos.
Lo fácil es mirar para el lado, lo fácil es no enfrentar el problema, lo fácil es adoptar medidas de parche, pero todos estamos “comprando” una solución fácil. Digámoslo. Es de mujeres y hombres hidalgos decirlo, reconocerlo y asumirlo: estamos “comprando” y adoptando una solución fácil. Sin duda, la más cercana, la más rápida; pero que no aborda el tema de fondo del hacinamiento en las cárceles.
Respecto del hacinamiento, se ha señalado que nuestra inquietud se debe a que solo estamos preocupados de la dignidad de los presos -según algunos, no debiéramos estarlo- pues bien, estamos preocupados, pero la sociedad toda debería estarlo, a fin de no tener una población penal criminógenamente contagiada y, además, generando un problema de seguridad pública de marca mayor.
Todavía no estamos en la lamentable situación de otros países de Latinoamérica, a los que por respeto no vamos a mencionar, donde no existe control carcelario y a esos recintos no puede entrar nadie, porque están bajo el control de los custodios y de los custodiados. Todavía no estamos en esa situación, pero vamos para allá.
Dirán que es una exageración; ¡pero si ingresan más o menos 2 mil personas al año! Basta revisar los gráficos. En definitiva, lo único que hace nuestra población penal es crecer, crecer y crecer, pero no todos los que están privados de libertad cumplen penas. Un 20 por ciento de ellos no ha sido condenado. Ni siquiera en este sistema tan moderno que tenemos, que por cierto ha sido sumamente rápido en sus pronunciamientos, porque es falso que la reforma penal -desmitifiquemos- sea tan garantista; ha dejado libre a la gente que no debía y ha encarcelado a quienes no debían estar presos, porque el error judicial va a existir siempre.
Errare humanum est, porque lo que está hecho por los hombres siempre tendrá vicios y posibilidades de error, pero aún la tasa de reclusos sin condena -lo pueden ver en el informe- es el 20 por ciento de una población penal de más de cincuenta mil personas. No es un caso, diez o cien, son diez mil.
La situación de las cárceles de Chile no resiste más y estamos adoptando -asumámoslo, reconozcámoslo ante los que nos ven y nos escuchan- una solución fácil, pero es la que tenemos y que podemos tomar.
Fíjense que el listado de delitos excluidos es tan grande, que aun así, con esta solución fácil, llega a ser restrictivo y creo que es bueno que se lea para que se sepa con claridad el listado de delitos excluidos.
Por el Gobierno, por los parlamentarios, por la Sala, por el Congreso Nacional, quiero dejar constancia de que se ha cometido un error que quede absolutamente salvado, no son diez mil los que van a salir, el ministro me corregirá si me equivoco, pero en cifras gruesas, son seis mil.
Se excluyen del beneficio los que hayan cometido los siguientes delitos: secuestro, violación propia, violación con homicidio, parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con intimidación simple y calificado, robo por sorpresa, robo con fuerza en las cosas, tráfico ilícito de emigrantes, trata de personas, delitos de connotación sexual perpetrados contra menores de edad, crímenes y simples delitos tipificados en la ley de Drogas, en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y en la ley sobre conductas terroristas. El catálogo de exclusiones es largo.
Incluso, me parece que en la discusión en la Comisión -el ministro me corregirá si me equivoco y se lo pido expresamente por su intermedio, señor Presidente- el homicidio simple no quedó excluido. Según lo que le escucho al diputado Cardemil , ambos integramos la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quedó excluido el homicidio simple. ¿En qué se traduce esa marginación? Un ejemplo para que la gente pueda entender: una mujer que en legítima defensa actúa para protegerse ella y a sus hijos, mata al marido, pareja o conviviente, y no logra acreditar en el juicio respectivo la eximente, será condenada por homicidio simple.
No olvidemos que la ley sobre Violencia Intrafamiliar también se aplica a las mujeres que no están casadas. O sea, no necesariamente es parricidio.
Lamentablemente, eso es un error y así quedó. Pero podrán salir los reclusos que cumplan los otros requisitos señalados en la iniciativa, entre ellos, aproximadamente 142 mujeres que reunían las condiciones requeridas.
También podrán salir las madres de hijos menores de dos años que les falten seis meses para el cumplimiento de los dos tercios de la pena.
Asimismo, podrán acceder al beneficio quienes hayan sido beneficiados con el permiso de salida controlada al medio libre. Su sentencia era privativa de libertad, pero poco a poco, en función de su buena conducta, pudieron acceder a beneficios cada vez mayores, hasta llegar al señalado. Es decir, empezaron con salida dominical, siguieron con fin de semana y culminaron con la posibilidad de salir todos los días. Eso, en definitiva, es el cumplimiento de la pena en el medio libre, porque su sanción no era la reclusión nocturna.
Los que cumplen reclusión nocturna son los condenados por ilícitos menores. Por ejemplo, por manejo en estado de ebriedad, la gente sólo va a pernoctar a los recintos carcelarios.
Las penas accesorias no se levantan, por ejemplo, si se suspendió la licencia por dos o tres años por manejo en estado de ebriedad, esa sanción se mantiene. Sólo debe ir a pernoctar a la cárcel, porque esa es su obligación en términos de pena restrictiva de la libertad.
Debe realizarse una reforma profunda al sistema carcelario. La situación de Gendarmería no da para más. Seguramente algunos gendarmes o jefes de prisión me deben estar escuchando. Pero ésa es la verdad: el sistema no da para más. Se mantendrá en el tiempo, hasta que se agote.
Por ello, debe nacer un nuevo sistema consensuado, que recoja las recomendaciones de los expertos internacionales, de las Naciones Unidas y de otros organismos, para terminar de una vez por todas con esta situación.
En caso contrario, habremos hecho lo más fácil, simple e inmediato, y no la reforma de fondo, necesaria y fundamental para la seguridad del país y para velar por la dignidad humana de quienes están en las cárceles.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, en verdad, como integrante de la Alianza por Chile, jamás me imaginé que discutiríamos un proyecto de esta naturaleza.
Hace poco rato oí la intervención de dos diputados de la UDI, que hablaron a favor del proyecto de ley, muy bajito, casi no se escuchaba lo que decían; estaban preocupados y como que en su fuero interno se repetían: voy a hablar, pero ojalá nadie me oiga.
Esta iniciativa va total y absolutamente en contra de todo lo que anunciamos en las campañas presidencial y parlamentaria. Expresamos que acabaríamos con la delincuencia y con la puerta giratoria. Y hoy, ¿qué estamos realizando? No hemos acabado con la delincuencia, y más encima, lo he dicho en reiteradas oportunidades, le estamos poniendo un motor a la puerta giratoria.
¿Cómo es posible que se rompa la promesa contraída con la ciudadanía durante una larga campaña presidencial? El actual ministro de Justicia no tiene la culpa, porque este proyecto fue presentado por el ministro anterior. Así es que no me voy a descargar con usted; pero sí con el Gobierno, del cual formo parte.
¿Cómo es posible que mi Gobierno, el Gobierno de la Alianza, esté haciendo lo que prometió no hacer?
¡Esto es una vergüenza! ¿Cuál es la razón? Porque en las cárceles están hacinados los presos. ¡Que se hacinen los presos en las cárceles! ¡Qué me importa a mí! ¡Lo que me preocupa son las víctimas; no quienes están presos!
Busquen otra manera o remedio para solucionar este problema, no liberando a 7.500 delincuentes. ¡Es una vergüenza sin nombre!
Por otro lado, en los próximos días se discutirá el proyecto para que los encapuchados ingresen a la cárcel. Es decir, otra vez las cárceles estarán hacinadas.
¿Cuál es la idea? Realmente, no me explico dónde está la consecuencia de la Alianza, la coherencia de la cual hablamos durante tanto tiempo. Con este proyecto de ley, todo se fue a las pailas.
No estoy disponible para eso. Por eso, anuncio mi voto en contra.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, pienso exactamente lo contrario de lo planteado por el colega que intervino recién y quiero valorar la coherencia y consecuencia del Gobierno a partir de esta iniciativa.
En lo sustantivo, el proyecto es responsable y humanitario. Además, no pone ni un centímetro en riesgo la seguridad de los chilenos ni debilita la lucha contra la delincuencia, a la que se la ha dado prioridad.
En 2004, fuimos sorprendidos por un listado de indultos que beneficiaban a condenados por delitos de tráfico y microtráficos, lo que no ocurrirá con esta iniciativa. Por eso, destaco la coherencia del Gobierno.
Durante la administración del Presidente Eduardo Frei se concedieron 340 indultos, y en la del Presidente Ricardo Lagos , 244, de los cuales una amplia mayoría de los beneficiaba eran personas condenadas por tráfico y microtráfico de drogas.
Fuimos enfáticos en señalar que eso no correspondía ni aun si el indulto recaía en la pena de multa, por cuanto por muy accesoria que fuera dicha pena, se estaba dando una señal de debilidad frente a un delito que causaba un mal tremendo.
Sigo insistiendo en lo mismo. Pertenezco a un distrito donde todos los días se vive la amenaza del pequeño traficante que empieza a tomarse la cuadra, el pasaje y, finalmente, la comuna.
No creo en ninguna medida de indulto que beneficie, aunque sea sutilmente, a condenados por tráfico o microtráfico de drogas.
Estamos abiertos al perfeccionamiento de la ley N° 20.000, que sustituyó la leyN° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; las sanciones y, por supuesto, al incremento de los esfuerzos por rehabilitar tanto a los consumidores como a los traficantes. Pero no creemos que el indulto a condenados por tráfico o microtráfico de drogas sea una buena señal. Así se lo hicimos ver al Ejecutivo a comienzo de la tramitación de este proyecto.
En ese sentido, acogemos y valoramos la exclusión de los condenados por tráfico de drogas que expresamente hace el Gobierno en el artículo 6°.
Esta norma no beneficia a los traficantes de drogas, ni a los chilenos ni a los extranjeros; a éstos últimos los expulsa del país.
Es una señal clara y contundente de que la lucha contra el tráfico y microtráfico de drogas la estamos dando en serio y esperamos resultados en el corto plazo.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, quiero hacer un poco de historia. Algunos colegas han dicho que este proyecto sobre indulto general partió con la celebración del Bicentenario y con propuestas de la Iglesia sobre la materia.
En ese momento, fui crítico de la propuesta de la Iglesia. Nunca entendí su sentido, porque si bien es cierto se trataba del Bicentenario, pensé que había otras formas de celebrar.
El indulto significa premiar a las personas que han delinquido. Por eso, si vamos a celebrar el Bicentenario, ¿por qué no premiar a las personas que, de una u otra forma, han aportado al país?
En ese momento, mencioné a la niña de la Isla Juan Fernández que, con su actuar, salvó muchas vidas para el terremoto de febrero de 2010; también a bomberos, que arriesgan la vida todos los días por los demás.
Por eso, si se quería premiar a alguien, debían ser las personas que realmente hacen un aporte al país y no a los delincuentes.
Por otra parte, nunca entendí el sentido de la propuesta de la Iglesia, más aún cuando en un comienzo se incorporó a violadores de los derechos humanos. Incluso, hasta hoy me cuesta entenderlo.
Creo que el Presidente de la República perfectamente bien pudo haber tomado la respectiva medida y no enviar el proyecto en discusión al Congreso Nacional para que nosotros resolviéramos. Hablamos de seis mil personas, aproximadamente, y su situación debe ser estudiada caso a caso.
Siempre he estado en contra del indulto, porque siento que es pasar a llevar las decisiones de otro Poder del Estado, en este caso, del Poder Judicial. Por lo tanto, lo que se está haciendo es precisamente eso.
Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía -como presidente, en su momento-, tuve la oportunidad de visitar distintas cárceles del país, por ejemplo, la Cárcel Pública y varios centros del Sename, donde se encuentran recluidos los jóvenes, situación bastante preocupante también. Durante las visitas, me correspondió ver las malas condiciones en las que deben vivir los reclusos. Lo primero que uno piensa cuando una persona comete un delito es que la condena lo va a privar de libertad, pero no de su dignidad, que fue lo que se evidenció en los recintos penales y en los centros del Sename que tuve la oportunidad de visitar. Eran realmente indignos.
No sé si el proyecto resolverá el problema de hacinamiento. A lo mejor, lo hará en su momento, pero no va a solucionar el problema de fondo. Alguien dijo que no se podía resolver todo. Por eso, me habría gustado escuchar el compromiso del Gobierno para que, a futuro, se destinen fondos para prevención del delito y rehabilitación, lo que considero muy importante y beneficia a los jóvenes. Asimismo, para mejorar las condiciones del personal de Gendarmería, que realmente son preocupantes.
A pesar de que en este momento no me encuentro en una muy buena posición, porque siempre he hablando en contra de los indultos por los argumentos que anteriormente señalé, siento que también es importante el factor humano. Por eso, no quería estar en esta disyuntiva y dije que debió ser el propio Presidente de la República quien debió haber resuelto caso a caso, independiente de que sean muchos.
Por otra parte, las palabras del diputado Ignacio Urrutia tienen mucho sentido, porque lo propuesto es una inconsecuencia con el discurso del Jefe de Estado durante la campaña presidencial, relativo a poner fin a la puerta giratoria y a las críticas sobre la forma de tratar la delincuencia. Sin embargo, el problema es mucho más que eso. La puerta giratoria no es nada si la comparamos con los cinco, seis o siete mil reclusos que van a quedar en libertad.
Repito, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y sólo considerando el factor humano, habría preferido que la decisión la adoptara el Presidente de la República y no enviara este proyecto de ley al Congreso para que nosotros resolviéramos el problema.
Ante la disyuntiva y, como dije, solo considerando el factor humano, no me queda más que votar a favor de la iniciativa para que esas personas recuperen su libertad, porque sabemos que el hacinamiento no se va a resolver con esta medida.
Cuando ocurrió la tragedia en la cárcel de San Miguel no había dónde enviar a los presos quemados. Al respecto, hice un comentario, dije que por qué no los llevaban a Punta Peuco, si es una cárcel que está casi vacía o con muy pocos reclusos, lo que inmediatamente provocó un gran debate en las redes sociales, porque pensaron que lo había expresado con mala intención, pero quienes me conocen saben que no fue así. Lo señalé en forma muy tranquila, pensando en el problema de hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles y en otras que están vacías o con presos que viven en excelentes condiciones. Por lo tanto, es un problema grave tener presos de primera y segunda categoría. Eso no puede existir.
Insisto, votaré a favor del proyecto, porque lo considero sumamente sensible. Me habría gustado -y perdonen que sea repetitivo- que el Gobierno tomara la decisión y no ponernos a nosotros, los parlamentarios, en la disyuntiva de votar a favor o en contra de esta iniciativa.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, señor ministro de Justicia y ex colega diputado, don Teodoro Ribera ; colegas parlamentarios:
Es cierto que es un hecho de la causa, tal como lo expresó el colega Ignacio Urrutia , que el Presidente de la República señaló durante su campaña que iba a poner término a la delincuencia y a la llamada “puerta giratoria”. Pero la realidad es otra.
Después de analizar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, nos encontramos con que el propio Ejecutivo reconoce que, a diciembre de 2010, la población penal ascendía a más de cincuenta y dos mil personas privadas de libertad, y que en el mismo período la infraestructura carcelaria estaba diseñada para albergar a no más de treinta y cinco mil novecientos diez reclusos.
Es un hecho real, que he podido constatar en el complejo El Manzano, de Concepción, situación que consta al propio señor ministro, cuando le pregunté acerca de la ejecución presupuestaria para el segundo semestre, período en que se iba a inaugurar la nueva cárcel concesionada de El Manzano, que ya se debe estar ocupando, porque era imposible mantener el alto número de reclusos dentro del mencionado recinto penitenciario.
La verdad es que la realidad que se está viviendo en los recintos penitenciarios es muy triste. Por eso me parece bien que, en forma paralela al proyecto -que también votaré a favor-, se estudie el tema de las plantas del personal de Gendarmería, porque con la recarga de trabajo que tienen sus funcionarios, ni siquiera pueden aspirar a un horario normal de trabajo. Es cierto que se habla de horas extraordinarias, pero las que año a año hemos aprobado no concuerdan con la realidad que deben vivir día a día en los diferentes recintos penales del país.
También es bueno destacar que este indulto no es porque sí. La idea central del proyecto tiene como objetivo disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de habitabilidad en los recintos penitenciarios y conceder un indulto general de carácter conmutativo a determinados grupos de mujeres que se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad y, en general, a personas sujetas al beneficio de las salidas controladas o a la medida alternativa de reclusión nocturna.
Sin embargo, cuando se elaboró el informe, miembros titulares de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia como, por ejemplo, Jorge Burgos Varela , sostuvieron que -opinión muy respetada por ser un gran abogado y un estudioso del tema- no era llegar y crear un indulto general, porque deben existir condiciones para ello. Primero, si el proyecto llegara a ser ley de la República, tendrían derecho a él las mujeres que se encuentren condenadas y privadas de libertad, pero sólo en la medida en que hubieren cumplido dos tercios de la pena, regla que se relaja un tanto respecto de las que son madres de niños menores de dos años, caso en el cual el beneficio las alcanza aún si les faltan seis meses para el cumplimiento de ese mínimo, y siempre que hayan observado conducta sobresaliente durante los tres últimos bimestres.
En segundo lugar, habría lugar al indulto a los condenados que se encuentran cumpliendo penas bajo régimen de permiso de salida controlada al medio libre, por cuanto éstos ya han dado pruebas fehacientes de rehabilitación y reinserción, puesto que solamente pernoctan en los establecimientos penitenciarios, lo que demostraría que el indulto con que se pretende favorecerlos no supondría un riesgo adicional para la seguridad pública.
Y, en tercer lugar, serían acreedores al beneficio los condenados que cumplieren su pena bajo la modalidad de la reclusión nocturna, toda vez que éstos se encuentran en libertad todo el día y solamente deben recluirse entre las 22 y las 6 horas del día siguiente, lo que pondría de relieve que la concesión de esta medida no pondría en riesgo la seguridad ciudadana.
Respecto de los tres casos que se contemplan, puedo señalar que los diputados de mi distrito, en audiencias en que hemos recibido a familiares de personas que están cumpliendo penas de reclusión nocturna, hemos podido constatar que los condenados han sufrido un daño sicológico brutal. Es cierto que han delinquido -no lo estoy justificando-, pero la pena les cambia la vida desde todo punto de vista. Hay que darles una nueva oportunidad. Éste es el momento.
Por muy legítimas que sean nuestras visiones políticas, debemos reconocer un hecho de la causa: miles de reclusos no tienen ninguna posibilidad de rehabilitarse ante la sociedad y de reencontrarse con sus familiares o seres queridos.
Recalco que las tres modalidades descritas que dan derecho al indulto van a estar sujetas al compromiso de no volver a delinquir durante los cinco años siguientes a la concesión del indulto. Si infringen esta obligación, deberán cumplir, de manera efectiva, el saldo de la pena conmutada, sin perjuicio de la que corresponda por el nuevo hecho o simple delito y someterse a un período de control y observación por medio de Gendarmería durante cinco años.
Por lo tanto, considero que debemos otorgar los medios económicos suficientes al ministro de Justicia, quien siempre ha demostrado la mejor disposición, y convencer a la Dirección de Presupuestos de que, en este caso, se trata de recursos económicos bien ocupados.
Señor Presidente, la próxima semana, cuando tratemos el proyecto de ley de Presupuestos para 2012, voy a asumir el compromiso ante el ministro de Justicia -voy a solicitar la concurrencia de la directora de Presupuestos- de cerciorarme de que se contemplen los fondos necesarios para Gendarmería, institución que durante las veinticuatro horas del día ejerce sus funciones.
En consecuencia, voy a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Como restan tres minutos y todavía resta que usen de la palabra los diputados señores Hugo Gutiérrez y Jorge Ulloa , solicito el asentimiento unánime de la Sala para que cada uno pueda intervenir por cinco minutos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, agradezco el asentimiento unánime de la Sala para intervenir por el tiempo señalado.
Considero que estamos en presencia de un proyecto de ley que busca dar una solución a la crisis carcelaria. Desvincular el proyecto de la realidad de nuestro país y reducirlo a la problemática de si el Presidente dijo cual o tal cosa en un programa es algo que no tiene gran relevancia, porque lo que debe concitar nuestra reflexión es saber si el proyecto va o no en la línea de solucionar los problemas sociales.
En nuestro país hay un gran problema: la crisis carcelaria, que no podemos negar. Dicha crisis se hizo evidente y notoria, en toda su gravedad y dimensiones, debido al incendio de la cárcel de San Miguel.
En consecuencia, debemos ser honestos y reconocer que la crisis carcelaria se ha generado por varias razones: una, la que reflexionábamos hace algunos días cuando conocimos el informe de la Comisión Investigadora del incendio de la cárcel de San Miguel, cuyas propuestas nos inducen a buscar los responsables o corresponsables de lo que pasa con la crisis carcelaria. Sin duda, creo que ellos son el Ejecutivo y el Congreso, tal como se señalaba en dicho informe.
¿Por qué, junto con el Ejecutivo, somos responsables de la crisis carcelaria? Porque muchos de nosotros, no quien habla, tienen la creencia o la convicción de que los conflictos sociales se solucionan con la privación de libertad. Muchos creen que las personas que causan conflictos en la sociedad deben quedar privadas de libertad, o bien, ser encarceladas. La prisión para ellos es la solución de los problemas sociales. Sin duda, ese criterio es el leit motiv, la causa, el origen, del problema de la crisis carcelaria.
Pero, junto con eso, está asociado también el problema de que la cárceles chilenas -hay que decirlo con firmeza, con dureza, y reconocer la realidad- no rehabilitan a nadie. Respecto de la realidad, muchos se quieren hacer los “lesos”, los desentendidos, los que miran a la pared, al costado, para arriba, para abajo. Pero lo claro, como dije, es que las cárceles chilenas no rehabilitan a nadie.
En consecuencia, el proyecto da cuenta de la ineficacia de los sistemas legislativos creados para que las personas que se encuentran privadas de libertad la recuperen. Por ejemplo, el reglamento carcelario señala que las personas podrán recibir algún beneficio extramuro un año antes de la mitad de la condena.
La iniciativa concede un indulto a personas que llevan privadas de libertad dos tercios de la pena. Es decir, si a esas personas se les hubiera aplicado el reglamento carcelario o aplicado la ley Nº 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados, en base a la observación de buena conducta, esas personas estarían libres. Estamos hablando de personas que llevan dos tercios de la pena privadas de libertad.
En consecuencia, no estamos hablando de personas impunes. Al contrario, se les ha condenado por sus delitos y llevan cumplidos dos tercios de la pena. No obstante, de acuerdo con el sistema que nosotros mismos hemos creado, las leyes de la República, transcurrida la mitad de la pena, podrían haber recuperado su libertad si tuviesen buena conducta.
Además, en las cárceles chilenas, con el hacinamiento que hay, ¿quién tiene buena conducta? ¿Quién puede gozar de buena conducta en un sistema abarrotado de internos?
El indulto, por tanto, se hace cargo de una realidad: de la ineficacia del sistema creado para que las personas que observan buena conducta al interior de las cárceles puedan recuperar su libertad, pero que no opera debido a los altos índices de hacinamiento.
Creo que éste no es el proyecto adecuado para solucionar los problemas, pero va en un camino que debemos apoyar, porque va a permitir que muchas personas puedan recuperar su libertad y reinsertarse a la vida social.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Por último, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.- Señor Presidente, el proyecto que propone su excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera , apunta a hacernos cargo de una realidad sobre la que durante largos años no se había puesto ninguna atención. Quiero reiterar que durante años no se había puesto atención alguna al problema de las cárceles. Ni el Congreso Nacional ni el Ejecutivo, el cual ahora sí se ha hecho cargo del problema, trataron de buscar antes una solución a la situación que se estaba produciendo en los recintos carcelarios.
El lamentable incendio que se llevó la vida de más de 80 compatriotas se constituyó en la verdadera campanada de alerta sobre un problema respecto del cual no habíamos puesto atención. No habíamos puesto atención en las personas que estaban cumpliendo penas por los delitos que habían cometido, ni en el personal de Gendarmería que trabaja en los recintos carcelarios.
Aquí alguien preguntó si no hubo capacidad de aplicar las leyes. Debemos responder que, efectivamente, no fuimos capaces de hacerlo.
El reglamento carcelario no está siendo aplicado en ninguna parte, particularmente en aquellos recintos en los que se encuentran privados de libertad determinados tipos de presos. Con ello me remito, en forma específica, a quienes están recluidos en presidios como Cordillera y Punta Peuco.
En ese sentido, cualquier persona que tenga un grado mínimo o básico de coherencia parte de la base de que el derecho debe ser igual para todos. En consecuencia, no valen las incriminaciones sociales y políticas respecto de quienes están cumpliendo penas por determinados delitos. Lo que hay que hacer es, simplemente, aplicar la ley.
Por eso es necesario que el proyecto sea aprobado.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor MELERO (Presidente).-
Ruego a las tribunas guardar silencio.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor MELERO (Presidente).-
Solicito a Carabineros desalojar las tribunas.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MELERO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor RIBERA (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, antes de la votación de este proyecto, quiero referirme, principalmente, al tema carcelario -expuesto transversalmente- que nos ha convocado a plantear, en definitiva, una nueva política penitenciaria.
Hoy, como sociedad, estamos conscientes de que nuestro sistema penitenciario requiere de profundas transformaciones que comprenden necesariamente la racionalización del uso de la privación de libertad, desde una perspectiva de la seguridad ciudadana. En definitiva, privamos de libertad a la gente para, por un lado, garantizar la seguridad ciudadana; pero, por otro, para favorecer su reinserción social y seguir contribuyendo a la seguridad ciudadana.
La racionalización del uso de las cárceles, además, está vinculada con la modificación de la ley N° 18.216, que contempla la incorporación del brazalete electrónico, del sistema GPS y de la posibilidad de realizar trabajos comunitarios en condenas menores.
Por otra parte, nos preocupa el mejoramiento de las condiciones penitenciarias. Indudablemente, compartimos lo señalado por diversos parlamentarios, en términos de que, hoy, las cárceles no garantizan la seguridad de los internos ni tampoco, adecuadamente, la de los gendarmes. Además, las condiciones que las mismas prestan para la reinserción social son muy disminuidas.
Otra materia que nos interesa es el fortalecimiento de Gendarmería. Recuerdo que la nueva ley de Gendarmería se dictó, se promulgó o se publicó el último día del gobierno de la entonces Presidenta Bachelet . Este Gobierno ha generado prestamente la incorporación de cinco mil nuevos gendarmes, con los cuales queremos mejorar los turnos. Ese tema es muy complejo. En la actualidad, Gendarmería tiene diversos sistemas de turno a nivel nacional; sin embargo, la ley, ahora, no sólo concede esta atribución a cada uno de los alcaides, sino también al director de Gendarmería. Estamos haciendo un proceso de mejor distribución del personal y, en definitiva, debemos avanzar en racionalizar su uso, de manera de tener un mayor control, no solamente perimetral, sino que efectivo en cuanto a seguridad de los internos. Pero, fundamentalmente, debemos fortalecer la Partida 02 de Gendarmería, orientada hacia la reinserción. Ahí tenemos una deuda significativa como sociedad.
Asimismo, hemos hecho esfuerzos y en veintiséis penales hemos retirado los balones de gas -con el fin de mejorar la seguridad-, introducido una ración fiscal mejor de 900 a 1.500 pesos y mejorado las condiciones de habitabilidad.
Además, en el presupuesto del próximo año se contemplan 3 mil millones de pesos para las redes secas. Tenemos que ver dónde vamos a priorizar eso y mejorar los sistemas alternativos de seguridad en las cárceles.
La razón por la cual hemos recurrido al artículo 63, número 16, de la Constitución, que contempla el indulto general, es porque si hubiésemos procedido a través del artículo 32, número 14, de la Carta Fundamental, que considera la atribución presidencial para el indulto particular, tendríamos que haber visto caso a caso. Aquí se trata de acoger esta norma, innominadamente, para un grupo de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad, principalmente, en términos tales que están dieciséis horas del día libres y ocho horas recluidas, lo que nos agobia desde la perspectiva del uso racional de las cárceles y no incrementa la inseguridad.
Finalmente, mediante la ley N° 18.216 esperamos mejorar el número de funcionarios vinculados a los planes de seguimiento y reinserción social. Es toda una función que tenemos por delante.
Quiero agradecer, especialmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por su aporte transversal respecto del proyecto. Agradezco, también, a los honorables diputados de todas las bancadas que se manifestaron a favor de él y decirles que, quizás, el gran cambio que se ha producido en esta materia es de visión en torno a lo que debe ser el sistema penitenciario: no solamente un sistema de castigo, sino más bien orientado a la reinserción.
Muchas gracias.
He dicho
El señor MELERO (Presidente).-
Muchas gracias, señor ministro.
El diputado Ulloa estaba haciendo uso de la palabra cuando fue interrumpido.
Diputado ¿va a terminar su intervención?
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, efectivamente, estaba en el uso de mi derecho; pero, después del show protagonizado por un pequeñísimo sector de la sociedad chilena, declino usar de la palabra..
El señor MELERO (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronuncio sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, sobre indulto general. Hago presente a la Sala que todas las disposiciones del proyecto son propias de ley de quórum calificado, con la salvedad de su artículo 6°, que es de ley simple o común, por lo que se requiere para su aprobación del voto afirmativo de 61 diputados en ejercicio. El artículo 6° fue rechazado en la discusión en particular habida en la Comisión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo ; Andrade Lara Osvaldo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Auth Stewart Pepe ; Baltolu Rasera Nino ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Browne Urrejola Pedro ; Burgos Varela Jorge ; Calderón Bassi Giovanni ; Campos Jara Cristián ; Cardemil Herrera Alberto ; Carmona Soto Lautaro ; Castro González Juan Luis ; Cerda García Eduardo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahín Valenzuela Fuad ; De Urresti Longton Alfonso ; Edwards Silva José Manuel ; Eluchans Urenda Edmundo ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; García García René Manuel ; Kort Garriga Issa ; Girardi Lavín Cristina ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Gutiérrez Pino Romilio ; Hales Dib Patricio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lemus Aracena Luis ; Rosales Guzmán Joel ; Lorenzini Basso Pablo ; Macaya Danús Javier ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rincón González Ricardo ; Robles Pantoja Alberto ; Sabag Villalobos Jorge ; Sabat Fernández Marcela ; Santana Tirachini Alejandro ; Sauerbaum Muñoz Frank ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Letelier Aguilar Cristian ; Vargas Pizarro Orlando ; Velásquez Seguel Pedro ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel ; Cornejo González Aldo ; Goic Boroevic Carolina ; Harboe Bascuñán Felipe ; Hasbún Selume Gustavo ; Hoffmann Opazo María José ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag ; Morales Muñoz Celso ; Norambuena Farías Iván ; Saffirio Espinoza René ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Squella Ovalle Arturo ; Torres Jeldes Víctor ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vallespín López Patricio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Delmastro Naso Roberto ; Farías Ponce Ramón ; Rojas Molina Manuel ; Sandoval Plaza David ; Silva Méndez Ernesto .
El señor MELERO (Presidente).-
En votación en particular el proyecto aprobado por el Senado, con las adiciones y enmiendas propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que figuran en las páginas 30 a 32 del informe, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 60 diputados en ejercicio, con excepción de los artículos 1° y 5° y la primera frase del inciso segundo del artículo 6°, que señala: “salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley”, cuya votación separada ha sido solicitada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 72 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo ; Andrade Lara Osvaldo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Auth Stewart Pepe ; Baltolu Rasera Nino ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Browne Urrejola Pedro ; Burgos Varela Jorge ; Calderón Bassi Giovanni ; Campos Jara Cristián ; Cardemil Herrera Alberto ; Carmona Soto Lautaro ; Castro González Juan Luis ; Cerda García Eduardo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahín Valenzuela Fuad ; De Urresti Longton Alfonso ; Edwards Silva José Manuel ; Eluchans Urenda Edmundo ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; García García René Manuel ; Kort Garriga Issa ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Gutiérrez Pino Romilio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lemus Aracena Luis ; Rosales Guzmán Joel ; Macaya Danús Javier ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Montes Cisternas Carlos ; Nogueira Fernández Claudia ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rincón González Ricardo ; Robles Pantoja Alberto ; Sabag Villalobos Jorge ; Sabat Fernández Marcela ; Santana Tirachini Alejandro ; Sauerbaum Muñoz Frank ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Letelier Aguilar Cristian ; Vargas Pizarro Orlando ; Velásquez Seguel Pedro ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cornejo González Aldo ; Goic Boroevic Carolina ; Harboe Bascuñán Felipe ; Hasbún Selume Gustavo ; Hoffmann Opazo María José ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag ; Morales Muñoz Celso ; Norambuena Farías Iván ; Saffirio Espinoza René ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Squella Ovalle Arturo ; Torres Jeldes Víctor ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vallespín López Patricio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Delmastro Naso Roberto ; Farías Ponce Ramón ; Hales Dib Patricio ; Lorenzini Basso Pablo ; Muñoz D’Albora Adriana ; Rojas Molina Manuel ; Sandoval Plaza David ; Silva Méndez Ernesto .
El señor MELERO (Presidente).-
En votación en particular el artículo 1°, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 61 diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo ; Andrade Lara Osvaldo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Auth Stewart Pepe ; Baltolu Rasera Nino ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Browne Urrejola Pedro ; Burgos Varela Jorge ; Calderón Bassi Giovanni ; Campos Jara Cristián ; Cardemil Herrera Alberto ; Carmona Soto Lautaro ; Castro González Juan Luis ; Cerda García Eduardo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahín Valenzuela Fuad ; De Urresti Longton Alfonso ; Edwards Silva José Manuel ; Eluchans Urenda Edmundo ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; García García René Manuel ; Kort Garriga Issa ; Girardi Lavín Cristina ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Gutiérrez Pino Romilio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lemus Aracena Luis ; Rosales Guzmán Joel ; Lorenzini Basso Pablo ; Macaya Danús Javier ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Montes Cisternas Carlos ; Nogueira Fernández Claudia ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rincón González Ricardo ; Robles Pantoja Alberto ; Sabag Villalobos Jorge ; Sabat Fernández Marcela ; Sauerbaum Muñoz Frank ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Letelier Aguilar Cristian ; Vargas Pizarro Orlando ; Velásquez Seguel Pedro ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cornejo González Aldo ; Harboe Bascuñán Felipe ; Hasbún Selume Gustavo ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Morales Muñoz Celso ; Norambuena Farías Iván ; Saffirio Espinoza René ; Squella Ovalle Arturo ; Torres Jeldes Víctor ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vallespín López Patricio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Delmastro Naso Roberto ; Farías Ponce Ramón ; Hales Dib Patricio ; Hoffmann Opazo María José ; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag ; Muñoz D’Albora Adriana ; Rojas Molina Manuel ; Sandoval Plaza David ; Silva Méndez Ernesto .
El señor MELERO (Presidente).-
En votación en particular el artículo 5°, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 61 diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo ; Andrade Lara Osvaldo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Auth Stewart Pepe ; Baltolu Rasera Nino ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Browne Urrejola Pedro ; Burgos Varela Jorge ; Calderón Bassi Giovanni ; Campos Jara Cristián ; Cardemil Herrera Alberto ; Carmona Soto Lautaro ; Castro González Juan Luis ; Cerda García Eduardo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahín Valenzuela Fuad ; De Urresti Longton Alfonso ; Edwards Silva José Manuel ; Eluchans Urenda Edmundo ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; García García René Manuel ; Kort Garriga Issa ; Girardi Lavín Cristina ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Gutiérrez Pino Romilio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Kast Rist José Antonio ; Lemus Aracena Luis ; Rosales Guzmán Joel ; Macaya Danús Javier ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Montes Cisternas Carlos ; Nogueira Fernández Claudia ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ;
Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Sabag Villalobos Jorge ; Sabat Fernández Marcela ; Sauerbaum Muñoz Frank ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Letelier Aguilar Cristian ; Vargas Pizarro Orlando ; Velásquez Seguel Pedro ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Vilches Guzmán Carlos ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cornejo González Aldo ; Goic Boroevic Carolina ; Harboe Bascuñán Felipe ; Hasbún Selume Gustavo ; Hoffmann Opazo María José ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag ; Morales Muñoz Celso ; Norambuena Farías Iván ; Saffirio Espinoza René ; Silber Romo Gabriel ; Squella Ovalle Arturo ; Torres Jeldes Víctor ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vallespín López Patricio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Delmastro Naso Roberto ; Farías Ponce Ramón ; Hales Dib Patricio ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Lorenzini Basso Pablo ; Muñoz D’Albora Adriana ; Rincón González Ricardo ; Rojas Molina Manuel ; Sandoval Plaza David ; Silva Méndez Ernesto .
El señor MELERO (Presidente).-
En votación en particular la primera frase del inciso segundo del artículo 6°, que dice: “salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley.”.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas .
El señor ARENAS.-
Señor Presidente, de aprobarse el inciso tal cual está, los extranjeros sentenciados por narcotráfico serían beneficiarios del indulto.
El señor MELERO (Presidente).-
Señor diputado, está claro el sentido de la frase en cuestión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 13 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo ; Andrade Lara Osvaldo ; Araya Guerrero Pedro ; Auth Stewart Pepe ; Baltolu Rasera Nino ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Browne Urrejola Pedro ; Burgos Varela Jorge ; Calderón Bassi Giovanni ; Cardemil Herrera Alberto ; Carmona Soto Lautaro ; Castro González Juan Luis ; Cerda García Eduardo ; Ceroni Fuentes Guillermo ; De Urresti Longton Alfonso ; Edwards Silva José Manuel ; Eluchans Urenda Edmundo ; Estay Peñaloza Enrique ; García García René Manuel ; Kort Garriga Issa ; Girardi Lavín Cristina ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Gutiérrez Pino Romilio ; Jaramillo Becker Enrique ; Kast Rist José Antonio ; Rosales Guzmán Joel ; Macaya Danús Javier ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Montes Cisternas Carlos ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Recondo Lavanderos Carlos ; Sabag Villalobos Jorge ; Sabat Fernández Marcela ; Santana Tirachini Alejandro ; Sauerbaum Muñoz Frank ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Letelier Aguilar Cristian ; Vargas Pizarro Orlando ; Velásquez Seguel Pedro ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cornejo González Aldo ; Goic Boroevic Carolina ; Harboe Bascuñán Felipe ; Hasbún Selume Gustavo ; Hoffmann Opazo María José ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Lorenzini Basso Pablo ; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag ; Morales Muñoz Celso ; Norambuena Farías Iván ; Saffirio Espinoza René ; Silber Romo Gabriel ; Squella Ovalle Arturo ; Torres Jeldes Víctor ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vallespín López Patricio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Chahín Valenzuela Fuad ; Delmastro Naso Roberto ; Espinosa Monardes Marcos ; Farías Ponce Ramón ; Hales Dib Patricio ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Meza Moncada Fernando ; Muñoz D’Albora Adriana ; Rincón González Ricardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Sandoval Plaza David ; Silva Méndez Ernesto .
El señor MELERO (Presidente).-
Despachado el proyecto.
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