REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 359ª Sesión 32ª, en miércoles 18 de mayo de 2011 (Ordinaria, de 10.33 a 13.36 horas) Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental, el señor Landeros Perkič, don Miguel. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-ANEXO DE SESIÓN IX.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.Asistencia10 II.Apertura de la sesión13 III.Actas13 IV.Cuenta13 -Constitución de Comisión Investigadora sobre proceso de aprobación de Proyecto de Central Hidroeléctrica Hidroaysén13 V.Orden del Día. -Prórroga indefinida del Fondo de Desarrollo de Las Telecomunicaciones. Modificación de ley N° 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones. Primer trámite constitucional. (Continuación)14 -Regulación de Asociaciones Municipales. Modificación de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Observaciones del Presidente de la República28 -Fomento al emprendimiento. Modificación de la ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada. Primer trámite constitucional35 VI.Proyectos de acuerdo. -Optimización de la medición de Ciencia y Tecnología. (Pendiente) 46 -Beneficios fiscales a la contratación de personas de la tercera edad47 -Cumplimiento de precepto constitucional sobre elección directa de los con-sejeros regionales50 VII.Incidentes. -Exención tributaria y suspensión de sanciones a comerciantes de persas y ferias libres. Oficio51 -Concesión de beneficios del Fondo de Administración Pesquera a ex tripulantes de Coronel y Talcahuano. Oficios53 -Alcances legales del Convenio Internacional para la Protección de las obtenciones vegetales y su relación con semillas de pueblos originarios. Oficios53 -Fiscalización del Ministerio de Educación de venta parcial de la Universidad Central de Chile. Oficio54 -Preocupación por abusos de empresas en contra de usuarios de tarjetas de prepago. Oficios55 -Camino alternativo por pavimentación de calle Condell, en comuna de Rengo. Oficios55 -Reiteración de oficio sobre actas de reuniones de la mesa del gas y pronunciamiento sobre continuación de esa instancia. Oficio56 -Pronunciamiento del Presidente de la República sobre el tema del gas en Magallanes y sobre potenciamiento de Enap. Oficio56 -Información sobre permiso de ingreso a barcos industriales en área reservada a la pesca artesanal en Región de Coquimbo. Oficio57 -Antecedentes de operatividad de puente mecano sobre el río Biobío y de licitación para construcción de puente definitivo. Oficio57 VIII.Anexo de sesión. Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes59 -Información sobre fallecimiento de recién nacida por eventual negligencia en Hospital de Ancud. Oficio59 -Investigación de irregularidades en pago de horas extraordinarias en Municipalidad de Ancud. Oficio59 -Antecedentes sobre obras viales en diversas localidades y comunas de provincia de Valdivia. Oficios60 -Información sobre planificación y mitigación de problemas por nuevas obras de acceso a Valdivia. Oficios61 -Ampliación de fiscalización de gobierno regional de Los Lagos por proyectos educacionales y contratos con consultoras. Oficio61 -Revisión de la ley austral como instrumento productivo de la Región de Aysén. Oficio62 -Rechazo a proceder de Intendenta de Región de Atacama en relación con renuncia de consejera regional. Oficios64 IX.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, “sobre monumento en memoria del poeta Gonzalo Rojas Pizarro.”. (boletín N° 7622-04) (S) 2.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje que “Aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y Bolivariana de Venezuela”, suscrito en la ciudad de Porlamar, el 26 de septiembre de 2009.”. (boletín N° 7214-10) 3.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la enmienda al proyecto, iniciado en moción que “Establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas.”. (boletín N° 5408-07) (S) 4.Moción de las diputadas señoras Molina, doña Andrea; Nogueira, doña Claudia, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Calderón, Hernán-dez, Melero, Morales, Sandoval, Von Mühlenbrock y Ward, que “Establece sanciones a quienes exploten vertederos clandestinos y a quienes trasladen basura a dichos lugares.”. (boletín N° 7664-07) 5.Moción de los diputados señores Morales, Estay, Moreira, Norambuena, Rojas, Rosales, Sandoval, Silva, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica, y Turres, doña Marisol, que “Sanciona la compra de entradas para espectáculos públicos revendidas en el comercio ambulante.”. (boletín N° 7665-07) 6.Moción de los diputados señores Aguiló, Cornejo, Díaz, don Marcelo; Gutiérrez, don Hugo; Hasbún, Ojeda, y de la diputada señora Sabat, doña Marcela, que “Establece control judicial a la facultad del Ministerio Público para invocar la Ley de Conductas Terroristas en investigaciones a su cargo.”. (boletín N° 7668-07) 7.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley N° 18.933. Rol 1967-11-INA. (5956) X.- Otros documentos de la Cuenta. 1. Petición de 55 señores diputados quienes en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra c) de la Constitución Política de la República y 297 del Reglamento de la Corporación solicitan “Que la Comisión de Derechos Humanos se constituya en investigadora acerca de las “eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica de Hidroaysén como, asimismo, deberá recabar antecedentes sobre las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén, a partir de una serie de actos y omisiones susceptibles de fiscalización, como las presiones indebidas de Ministros de Estado a funcionarios públicos, informaciones inexactas y omisiones sobre los requisitos ambientales del referido proyecto”. La Comisión realizará su labor en el plazo de 90 días y para su desempeño podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. 2. Oficios: Respuestas a oficios Cuenta 32ª Contraloría General de la República: -Diputado Martínez, Disponer una investigación respecto de los recursos asignados por el Consejo del Gobierno Regional del Biobío, en junio de 2007, a la Cooperativa de Servicio de Agua Potable San Nicolás Ltda., en la comuna de San Nicolás, destinados a financiar el proyecto a que se hace mención en el documento adjunto, cuyo monto ascendió a $25.808.475. (29100 al 479). -Diputado Robles, Solicita realizar una investigación y fiscalización, informando a esta Cámara posteriormente sus resultados, respecto del uso y destino de los recursos provenientes de la ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial. (29147 al 3049). -Diputado Ascencio, Solicita informe respecto de la efectividad de la existencia de un contrato de arrendamiento, celebrado entre la cónyuge del Gobernador Provincial de Chiloé, sobre un inmueble de su propiedad, ubicado en la ciudad de Castro, y el Servicio de Salud de Chiloé (29753 al 2427). Ministerio de Defensa Nacional: -Diputado Ojeda, Solicita medidas tendientes a dejar sin efecto el desalojo de los pequeños comerciantes, artesanos y pescadores instalados en calle Simpson, del balneario de Maicolpué, comuna de San Juan de la Costa, permitiéndoles seguir ejerciendo el comercio en sus locales (3641 al 873). -Diputado Jaramillo, Solicita informar sobre las mediciones de las más altas mareas en los lagos Pirihueico, Ranco, Calafquén, Panguipulli y Riñihue, en la Región de Los Ríos. (852 al 2656). Ministerio de Trabajo y Previsión Social: -Diputado Robles, Solicita se dé respuesta a consultas e inquietudes a los costos médicos y sanitarios involucrados en el rescate de los 33 mineros atrapados, el 5 de agosto de los corrientes, por un derrumbe en la mina San José, perteneciente a la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., empresa asociada a la mutualidad Asociación Chilena de Seguridad. (117 al 2042). -Diputado Sabag, Solicita se estudie e informe acerca de la factibilidad de perfeccionar la normativa que rige la actividad de los trabajadores tempore-ros, atendida la circunstancia que ella adolecería de imperfecciones en di-versas materias, como el finiquito, lo que incentiva el desempeño informal de este tipo de labores (122 al 2765). -Diputado Ascencio, Expresa preocupación por alta cesantía en la comuna de Quellón, provincia de Chiloé, y solicita se informe sobre programas de empleo para paliar esa situación durante el año 2011 (910 al 2627). Ministerio de Salud: -Diputado Espinoza don Fidel, Solicita dotar de un servicio de agua potable de calidad al sector de Las Cañitas, de la Comuna de Los Muermos, con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades o emergencias sanitarias originadas en la contaminación de las aguas de consumo humano (1469 al 2564). -Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el proyecto para la reposición del sistema de agua potable rural del sector Las Gaviotas, en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, el que preocupa a los vecinos de esta localidad, por la mala calidad del agua y por no contar con filtros que eviten el exceso de hierro. (1471 al 2666). -Diputada Molina doña Andrea, Solicita informar el modo en que afectará la campaña de inmunización contra la influenza prevista para este año en las provincias de Quillota y Petorca, y en las comunas de Quintero y Puchuncaví, la eventual inutilización de 140 mil dosis de la vacuna. (1472 al 2710). -Diputado Álvarez-Salamanca, Solicita informe acerca de la situación que afecta a un grupo importante de habitantes de las localidades de Alto Pangue, Maitenhuapi y Huilliborgoa, de la comuna de San Rafael, por los efectos del tránsito en la zona de un número importante de camiones que se dirigen al vertedero ubicado en sus inmediaciones (1475 al 2556). -Diputado Gutiérrez don Hugo, Solicita remitir información relacionada con un depósito de residuos químicos ubicado en el denominado “recinto amurallado”, en el sector pesquero de la zona franca de la ciudad de Iquique. (1478 al 2790). -Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe sobre una serie de fumigaciones llevadas a efecto en sectores rurales de la comuna de Quillota (1479 al 2803). -Diputado Cerda, Solicita informar sobre las causas y los responsables de la intoxicación por gases provenientes de una planta de la División Ventanas de Codelco, que afectó recientemente a alumnos, profesores y apoderados de la Escuela La Greda, en la comuna de Puchuncaví, y, además, señalar los efectos que provocarán estas emanaciones en la salud de los afectados y las medidas que se adoptarán para precaver la ocurrencia de hechos de similar naturaleza. (1481 al 2761). -Diputada Saa doña María Antonieta, Denuncia por irregularidades en el pago de las remuneraciones y de los préstamos otorgados a los trabajadores de la salud, dependientes de la Corporación municipal de Conchalí y, regularización de la atención de salud a los habitantes de la comuna. (1485 al 468). -Diputada Isasi doña Marta, Solicita informar sobre las razones por las que, mediante resolución de Fonasa, N° 4385, de 24 de septiembre de 2010, se privó del beneficio de atención hospitalaria y de urgencia, a los dirigentes sociales y vecinales. (1486 al 2699). -Diputado De Urresti, Solicita informar acerca de la factibilidad de condonar lo adeudado al Fondo Nacional de Salud por la familia del señor Juan Oliva Grandón, fallecido el 7 de enero del año en curso a consecuencias de una insuficiencia renal crónica terminal. (1487 al 2787). -Diputado Chahín, Solicita informar acerca del calendario definitivo de la ejecución del convenio de reprogramación de salud concordado entre el gobierno regional de la Araucanía y el Ministerio de Salud, particularmente, sobre los plazos de ejecución de cada una de las etapas de los hospitales de Lonquimay, de Curacautín, de Lautaro, y de Vilcún, y además, respecto de la situación del Hospital de Angol y la solución a los problemas que le afectan, luego del cataclismo del 27 de febrero de 2010. (1488 al 2752). -Diputado Robles, Solicita información sobre futuro de pasantías internacionales y otros temas de interés para funcionarios de la salud primaria municipal de la Región de Atacama (1490 al 1431). -Diputado Squella, Solicita remitir el listado de médicos del hospital municipal de la comuna de Quilpué, especificando sus jornadas labores, y, además, informe los traslados efectuados dentro del servicio entre el 1° de marzo de 2010 y el 1° de marzo del año en curso. (1491 al 2579). -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita se informen las razones por las cuales han disminuido, o dejado de efectuar, las denominadas “rondas médicas rurales” (1492 al 2747). -Diputado Urrutia, Solicita informe sobre la existencia de programas de salud dental, orientados a los primeros quintiles, en la Provincia de Cauquenes (1494 al 2648). -Diputado Díaz don Marcelo, Reitera la solicitud contenida en el oficio N°1353, de 18 de agosto de 2010, en cuanto a informar acerca de la factibilidad de instalar una posta rural en Villa Puclaro, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, sin perjuicio de indicar cuáles son los planes de esa Cartera para crear nuevos establecimientos de salud en la aludida comuna (1558 al 2829). -Diputado Delmastro, Solicita informar sobre la instancia competente en el Ministerio de Salud para conocer el grave problema que afecta a la señora Sonia María Infante Sepúlveda, con diagnosis de “aneurisma de la aorta abdominal”, y, asimismo, gestionar lo necesario, dentro de sus facultades, para facilitar a esta paciente el financiamiento de una endoprótesis, que le permitirá salvar su vida. (1559 al 2565). -Diputado De Urresti, Solicita información relativa a las notificaciones por influenza y enfermedades respiratorias, durante el año 2010, en la Región de Los Ríos, a las medidas sanitarias que se dispondrán para hacer frente a dichas afecciones durante la temporada invernal del año en curso, a la campaña de vacunación contra la gripe, y, finalmente, al funcionamiento del Servicio de Atención Primaria de Urgencia del Consultorio Externo de Valdivia. (1560 al 2546). -Proyecto de Acuerdo 159, Pensión de invalidez para quienes sufren leucemia. (1477). Ministerio de Minería: -Diputado Castro, Solicita informe sobre el conflicto que afecta a trescientos pequeños mineros de la localidad de Chancón, comuna de Rancagua, tanto en materia de derechos laborales y de seguridad social, como en materia de las políticas de compra de mineral que desarrolla Enami respecto de ellos (349 al 2368). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: -Diputado Ascencio, Solicita informar sobre las medidas adoptadas, o que se implementarán, para impedir el alza indiscriminada de los pasajes de la locomoción pública utilizada por los habitantes de la comuna de Calbuco. (1863 al 2951). -Diputado Robles, Solicita se investigue e informe sobre los cobros abusivos de que han sido objeto en el último tiempo los usuarios del sistema de transporte interurbano entre Caldera y Copiapó, sin perjuicio de manifestar su preocupación por la carencia de pasos sobre o bajo nivel en la carretera que atraviesa la Región de Atacama, lo que afecta la seguridad de dicha vía (1912 al 2984). -Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita una pronta solución al problema que aqueja a los vecinos del sector rural de Rinconada, comuna de Maipú, quienes carecen de paraderos en condiciones adecuadas de seguridad (1930 al 2734). Ministerio Secretaría General de Gobierno: -Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar las razones por las que el proyecto “gimnasia entretenida para mujeres”, asignado a la localidad de El Arenal, en Diaguitas, comuna de Vicuña, este año habría sido destinado a otra población y, además, señalar si, en su reemplazo, se ejecutará en aquel lugar alguna otra iniciativa de similares características. (4005 al 2992). Ministerio Secretaría General de la Presidencia: -Diputado Sabag, Solicita a S.E. considere la posibilidad de asistir a las futuras ceremonias de conmemoración del natalicio del héroe de la patria Arturo Prat Chacón, que tienen lugar cada año en la comuna de Ninhue, Región del Biobío, lo que, de materializarse, daría a esta figura de la historia nacional el realce que se merece (580 al 1144). Ministerio de Planificación y Cooperación: -Diputado De Urresti, Solicita informar sobre el porcentaje de adultos mayores en el país, desagregado por regiones y comunas. (1091 al 2777). Municipalidad de Quilicura: -Diputado Silber, Solicita remitir los antecedentes relacionados con la situación laboral del titular del Departamento de Salud señor Arturo Cleveland, y, además, señale las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo dicta-minado por la Contraloría General de la República, en orden a restituir en sus tareas a dicho funcionario. (793 al 2780). I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aguiló Melo, Sergio -Alinco Bustos René -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Andrade Lara, Osvaldo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Auth Stewart, Pepe -Baltolu Rasera, Nino -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Browne Urrejola, Pedro -Burgos Varela, Jorge -Calderón Bassi, Giovanni -Campos Jara, Cristián -Cardemil Herrera, Alberto -Carmona Soto, Lautaro -Castro González, Juan Luis -Cerda García, Eduardo -Ceroni Fuentes, Guillermo -Cornejo González, Aldo -Cristi Marfil, María Angélica -Chahín Valenzuela, Fuad -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Edwards Silva, José Manuel -Eluchans Urenda, Edmundo -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -Goic Boroevic, Carolina -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hales Dib, Patricio -Harboe Bascuñán, Felipe -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hoffmann Opazo, María José -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Rosales Guzmán, Joel -Macaya Danús, Javier -Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag -Martínez Labbé, Rosauro -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Morales Muñoz Celso -Moreira Barros, Iván -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Recondo Lavanderos, Carlos -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rubilar Barahona, Karla -Saa Díaz, María Antonieta -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Salaberry Soto, Felipe -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Sauerbaum Muñoz, Frank -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Mendez, Ernesto -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier Del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Tuma Zedan, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Letelier Aguilar, Cristián -Urrutia Bonilla, Ignacio -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Vargas Pizarro, Orlando -Velásquez Seguel, Pedro -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Vilches Guzmán, Carlos -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Zalaquett Said, Mónica -Asistieron, además, los senadores señores Hernán Larraín, Jovino Novoa y Víctor Pérez. -Por encontrarse con permiso constitucional no asistió el diputado señor Iván Norambuena.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.33 horas. El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 26ª se declara aprobada. El acta de la sesión 27ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor LANDEROS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta. CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE PROCESO DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA HIDROAYSÉN. El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados y señoras diputadas, en virtud de lo establecido en el artículo 52, letra c), N° 1, de la Constitución Política de la Re-pública, y 297 del Reglamento de la Corporación, cincuenta y cinco señores diputados solicitan que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía se constituya en investigadora de las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén, como asimismo recabe antecedentes sobre las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén, en los términos planteados por los peticionarios, todo ello en el plazo de 90 días y con facultades para constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Vamos a tener que votar la solicitud que, para su aprobación, requiere el voto favorable de cuarenta y ocho señores diputados y señoras diputadas en ejercicio. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, hay tres de nuestros parlamentarios que no cuentan con sistema habilitado para votar, de manera que le pido que con-signe sus votos. El señor MELERO (Presidente).- El sistema de votación, que es aparte del sistema de computación, está activado. Les ruego que intenten votar, y si tuviesen problemas, consignaré los votos de los diputados Espinoza, Teillier y de la diputada Clemira Pacheco, como asimismo de quienes el sistema no registre. El señor MEZA.- Señor Presidente, si es tan amable, ¿podrían leerse los pareos para que se sepa por qué no votan algunos diputados? El señor MELERO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los pareos. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La señora Goic con la señora Zalaquett; el señor Lorenzini con el señor Norambuena, y el señor Núñez con el señor Godoy. El señor MELERO (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Cardemil Herrera Alberto; García García René Manuel. -Aplausos. El señor LATORRE.- Señor Presidente, punto de Reglamento. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor LATORRE.- Señor Presidente, la Mesa no puede dejar pasar en forma inadvertida lo que ocurrió durante la votación que se acaba de llevar a cabo. Estando presentes en la Sala todos los diputados de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional, simplemente no votaron, salvo dos. El Reglamento establece que corresponde multar a quienes no cumplan con su deber. El señor MELERO (Presidente).- Muy bien, señor diputado. V. ORDEN DEL DÍA PRÓRROGA INDEFINIDA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES. MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.168, DE 1982, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor MELERO (Presidente).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, con urgencia calificada de suma. Antecedentes: -La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 7502-15, se inició en la sesión 29ª, en 12 de mayo de 2011, de la legislatura 359ª. El señor MELERO (Presidente).- Recuerdo a la Sala que en la sesión del pasado jueves 12 de mayo, se rindieron los informes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología, de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda. Para continuar con el debate, tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus. El señor LEMUS.- Señor Presidente, el proyecto favorece a localidades extremadamente aisladas, que necesitan de los servicios de comunicaciones. En muchas ciudades rechazan, con mucha fuerza y argumentos, la instalación antenas de celulares en lugares donde haya gran concentración de población. Señalan que atentan contra la salud de las personas, argumento muy atendible, sobre todo si consideramos que hay dudas concretas sobre los efectos nocivos de estas antenas. En general, las telecomunicaciones están concentradas en los lugares más poblados de nuestro territorio nacional, y no donde tenemos más necesidades, donde la población está muy dispersa o donde existen altos niveles ruralidad. Es a estos lugares donde tenemos que llegar con los servicios de comunicaciones, tremendamente vitales para los días que corren. Por eso, nuestra bancada apoyará la iniciativa de darle carácter de permanente al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, única forma de sacar del aislamiento a la población de muchos de nuestros territorios rurales que necesita estar comunicada. La tecnología actual nos permite comunicarnos a través de la telefonía celular. Este es el medio de comunicación que nos pide la gente. La petición es concreta, y las peticiones concretas se responden con proyectos de la naturaleza del que estamos debatiendo. Pronto podremos combinar, gracias a la tecnología, la prestación de servicios de telefonía celular, de televisión digital y de banda ancha, para tener internet en los sectores rurales. Por eso, votaré favorablemente el proyecto, tal como lo hará nuestra bancada, para apoyar a las zonas con escasa penetración de los servicios de comunicaciones, tan necesario en el mundo actual. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, este proyecto que da el carácter de permanente al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones es tremendamente importante para nuestras comunas rurales. Así lo señalaron los 33 alcaldes de la Región, con quienes me reuní el jueves pasado para discutir el proyecto. Por Dios que pude levantar información importante sobre los sectores que aún no cuentan con servicios básicos, como la telefonía celular. Pude constatar que hay municipios rurales que funcionan a una velocidad de banda ancha que no se condice con la eficiencia que le exigimos a nuestras autoridades, a nuestros alcaldes y sus funcionarios. Por eso, me alegra que estemos dándole carácter de permanente al Fondo, y que este año ya cuente, en el presupuesto 2011, con 9.266 millones de pesos. Este es un tremendo avance, pero ¡cuidado! estos son proyectos de alta demanda. Hablamos de televisión digital, de banda ancha y de muchas otras cosas, pero no olvidemos que en sectores como Quelentaro, El Mimbre, Los Tricahues, San Pedro de Alcántara, hay gente que espera que pongamos el acento donde corresponde. Lo señalo, porque la semana recién pasada, con el seremi de Transportes estuvimos reunidos con la comunidad. Tal como dice nuestro subsecretario, ya llegamos casi al ciento por ciento. Le digo que en el casi hay muchos sectores que aún no cuentan con telefonía celular y todo lo que ello conlleva. En síntesis, nuestra bancada aprobará este proyecto, que da el carácter de permanente al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, quiero hacer algunas observaciones, a raíz de que algunos colegas, en la discusión pasada, se refirieron a algunos proyectos que, con financiamiento del Fondo, se estaban realizando en Chiloé. Efectivamente, se financiaron algunos proyectos por montos bien importantes y, respecto de éstos, haré algunos comentarios. A mi juicio, un proyecto que está siendo valorado por casi todos los colegas merece ser observado desde una óptica distinta. No estoy tan seguro de que el Fondo haya funcionado como lo señalan algunos colegas. Lo señalo, porque los ejemplos que tengo en las provincias de Chiloé y Palena así me lo indican. Sabemos que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones es fruto de la ley N° 19.302, de 10 de marzo de 1994, que introdujo modificaciones a una ley anterior, con el fin de promover el aumento de la cobertura de servicios telefónicos básicos en áreas de bajos ingresos rurales o urbanas con baja densidad telefónica. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? A partir del año 1990, en muchos lugares, en muchos sectores del campo empezaron a solicitar la posibilidad de contar con un teléfono fijo, ese teléfono rural que funcionaba con monedas. En 1994, se arma este Fondo y se entregan importantes recursos a empresas para que puedan funcionar, gracias a una indicación de los diputados José Manuel García, José Miguel Ortiz y Juan Carlos Latorre. Eso fue bueno, porque impactó en muchos lugares. Pero, ¿qué pasó? Aquí viene mi primera crítica al sistema. El sistema siempre funcionó sobre la base de subsidiar la oferta, es decir, se entregaba el beneficio a la empresa que pedía el menor subsidio. Por eso, las empresas grandes nunca ganaron las licitaciones o los proyectos importantes. Siempre ganaban empresas emergentes, algunas recién nacidas, recién llegadas a la vida. Muchas, simplemente fracasaron. La primera parte de todo eso, en Chiloé, por lo menos, fue un fracaso casi absoluto. En todos los lugares había teléfonos abandonados. Estaban rotos, no servían los monederos y nadie los reparaba. Al final, las boletas de garantía no sirvieron para nada. Se podían cobrar, pero eso no reparaba el daño económico y menos el daño social que se hacía a la gente. El problema es que el Fondo seguirá funcionando de la misma manera, porque los beneficios irán a la empresa que pida menos subsidio. Pero también los tiempos han cambiado y se han derivado los temas hacia otros lugares. El proyecto de ley y todo el sistema exigen la asignación de recursos del erario público, sin que los fondos anteriores hayan demostrado resolver el problema de conectividad de grandes sectores de la población. En verdad, no me gusta este subsidio. Tengo otra experiencia. A raíz de los subsidios que entregamos al Transantiago, peleamos por subsidios para las regiones y conseguí el subsidio al transporte marítimo en Chiloé y Palena, el cual corresponde a este mismo Ministerio, pero, obviamente, tiene que ver con otro fondo. Por ejemplo, el cruce que va de Caleta La Arena a Puelche. Gracias a la pelea que dimos en el Congreso, la empresa que está ahí tiene un subsidio mensual de 64 millones de pesos, casi 800 millones de pesos al año. Nada de eso ha cambiado la vida de la gente que vive en la comuna de Hualaihué, porque al final la empresa se lleva toda la plata del subsidio y no la traslada al valor del pasaje que debe pagar la gente que vive allá. Más o menos, es lo mismo que nos ocurre acá, porque muchos están sosteniendo que aquí no corresponde aplicar una especie de subsidio a la demanda, o sea, que la gente sea la que reciba la plata, porque dicen que no están las condiciones. Hay subsidios a la demanda para pagar los gastos de la electricidad y también del agua potable. ¿Por qué no tener aquí un subsidio directo a las personas que necesitan más comunicación vía telefonía móvil o internet? Las telecomunicaciones, tanto a nivel mundial como en Chile, se presentan drásticamente distintas a las de hace 10 años. Hoy, el tema de fondo es cómo el sistema y todo su marco normativo están puestos a prueba, con el objeto de que podamos reconocer un derecho esencial para todo el mundo, cual es el derecho a comunicarse, que no está establecido en la ley. Deberíamos establecer el derecho que deben tener todos los chilenos a comunicarse. No es concebible, porque el resultado no ha sido el esperado, que se pretenda resolver el problema de las comunicaciones de sectores rurales y urbanos de bajos ingresos a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, cuando durante años no se ha puesto ninguna atención al hecho cierto de que los sectores de menores recursos del país, no sólo no tienen acceso a servicios de comunicación de calidad, sino que a ellos no se les ha traspasado las eficiencias obtenidas, por ejemplo, por los operadores móviles que, de paso es menester señalar, han recibido del Estado el espectro radioeléctrico, que es un recurso que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres. Tanto es así, que durante años a los más pobres les han cobrado una tarifa de prepago en la telefonía móvil que bordea los 300 pesos el minuto, mientras que los sectores ABC1 pagan entre 40 y 60 pesos el minuto. Entonces, no parece justo que se solicite financiamiento para solucionar el problema de acceso a las comunicaciones de los sectores de escasos recursos, cuando no se pone atención a las tarifas que cobran las operadoras de telefonía móvil a los sectores C2, C3 y E, que son los más pobres de nuestro país. Debemos tener una discusión seria, transparente y honesta sobre cómo vamos reconocer el derecho de los chilenos a comunicarse. Podríamos haberlo hecho en este proyecto. Esto es lo que se denomina a nivel mundial acceso universal a las comunicaciones. La sociedad actual se divide entre aquellos que tienen acceso a las nuevas tecnologías y aquellos que no lo tienen; se genera de esta forma una especie de neo factor de subdesarrollo, constituido por el analfabetismo tecnológico de parte de una porción importante de nuestra sociedad. Creemos que, además de afectarse a las bases de un sistema de protección de las garantías fundamentales, las deficiencias de una política pública de telecomunicaciones ciertamente dificulta la entrada de Chile en la sociedad de la información y del conocimiento. Al efecto es importante destacar que una sociedad del conocimiento no aparece por el simple hecho de que haya muchos proveedores de internet o abunde gente hablando por celulares, sino que nace de un modelo social que valore el conocimiento y que lo entiende como el modo de acceder al desarrollo. Nace de la voluntad de la sociedad de resolver efectivamente el problema de comunicación de los más pobres. No sacamos nada con que todos tengan un celular. Esa batalla se ganó hace muchos años con la implementación del quien llama paga. Pero, si los más pobres, para generar una llamada, deben pagar 300 pesos promedio el minuto móvil, entonces, no estamos avanzando mucho. Esto requiere de otras discusiones sobre cómo incorporar competencia en el mercado móvil, cuestión que no se resuelve con la sola asignación de frecuencias a VTR y Nextel, sino que requiere de regulación tarifaria en el mercado móvil, servicios a público, incursión de operadores móviles virtuales reglados, regulación de la información que deben proporcionar los móviles a otros agentes del mercado, regulación de la integridad fijo-móvil, entre otras tantas. En este escenario, el proyecto, a pesar de declarar que el financiamiento viene a resolver el problema de comunicación de los sectores de más bajos ingresos, en realidad, está lejos de garantizar a los habitantes un equitativo acceso a las telecomunicaciones en condiciones técnicas aceptables y a un precio razonable. Hoy, a mi juicio, en este proyecto, deberíamos haber discutido el acceso universal, o sea, el derecho de todos los ciudadanos a tener comunicación; los precios de la telefonía; por qué a los ricos les cobran menos y a los pobres más, y el acceso a internet, que es clave. Este proyecto no resolverá los problemas que creemos que va a resolver. Por ejemplo, un lugar como Isla Desertores, entre Palena y Chiloé. Allá no hay posibilidad de que levanten una antena de telefonía celular, porque a las empresas no les conviene económicamente. Ninguna empresa se interesa y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones tampoco les quiere garantizar la construcción de una antena, para que en la Isla Desertores puedan tener telefonía celular. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, nos alegramos mucho cuando redujimos las zonas primarias de la telefonía fija de larga distancia y resulta que al final terminamos afectando a los usuarios más pobres, porque antes tenían planes de 12, 14 y 16 pesos y, hoy, les han fijado un servicio local medido de 24 pesos. Terminamos perjudicando a esa gente. El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, su tiempo ha terminado. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, ojalá que en este caso no ocurra lo mismo. Vamos a votar a favor del proyecto, pero el ministro -me hubiese gustado que estuviera acá- y el subsecretario deben prestar más atención para que efectivamente los más pobres sean los beneficiados y no las empresas. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, simplemente, quiero destacar que buena parte de las intervenciones, que han planteado aquí temas relacionados con la educación, con el mejoramiento de las comunicaciones, con la llegada de señales, tiene que ver con este proyecto, pero principalmente con el proyecto de televisión digital. Dicho proyecto, cuando se discutió aquí en la Cámara, mantuvo una debilidad fundamental, cual es que el acceso no fue desarrollado en los términos que lo han hecho otros países, donde la televisión digital contiene un transportador público. ¿Qué significa esto? Que los canales oficiales, particularmente el canal público, tienen un sistema que permite colgarse a canales loca-les, regionales, temáticos y sectoriales, y también permite el desarrollo de la televisión cultural y educativa. En la Cámara de Diputados eso no fue posible. No hubo consenso en la Comisión ni tampoco en la Sala para incorporarlo. Creo que el mayor valor que tiene este proyecto, en relación con todos los temas vinculados a la televisión digital, a la posibilidad del acceso, de ampliación, de que haya más voces hablando en el país, y que también haya más antecedentes en todos lados, es que los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones también van a servir para financiar canales locales. Eso es fundamental, porque va a permitir que se elaboren señales y programas, que se cuelguen del transportador público, en la medida en que lo haya, con los recursos de este fondo. Quería puntualizar ese aspecto, porque de repente se le está pidiendo a este proyecto que resuelva todos los problemas de todas las localidades y que permita que lleguen señales culturales e internet. Bueno, eso es lo fundamental del aporte de la televisión digital para el desarrollo del país. No podemos discutir la televisión digital pensando sólo en la presión que tenemos de los grandes canales preexistentes, sino que tenemos que hacer de la televisión digital una oportunidad para democratizar las comunicaciones, para que haya más voces referidas al tema, más llegada y acceso a la información, a los datos y a internet y mayor posibilidad de expresión de todos los sectores. Lamentablemente, el debate quedó en la Cámara de Diputados y no estuvo orientado suficientemente en esa dirección. Sin embargo, reconozco que el Ejecutivo estuvo abierto a ello, pero no tuvimos suficiente consenso entre nosotros. Esperamos que ese tema y el de la televisión digital pagada -es un absurdo que se haya aprobado en esos términos- sean corregidos en el Senado y que realmente este proyecto y el de televisión digital potencien para que haya un acceso mucho más amplio para todos los sectores del país en términos de datos, de expresión de voces y de acceso a bienes culturales y a insumos educativos de otras características. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, el proyecto va en el sentido correcto de establecer el carácter indefinido del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Como han expresado varios señores diputados sobre la situación de la ruralidad en el país, existe una divergencia bastante grande respecto de las zonas urbanas. Las personas que viven en comunas urbanas tienen la posibilidad de acceder a una comunicación mucho más eficiente y económica no sólo respecto de la educación, como indicó el diputado Montes, sino que también a todos los tipos de comunicaciones del resto del país. En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobamos en forma unánime que dicho Fondo fuera permanente. Sin embargo, lamento que el proyecto esté con urgencia calificada de “suma”, porque es imposible plantear indicaciones, salvo que se repusiera lo propuesto en la Comisión. Eso sería antirreglamentario si hubiera tal urgencia, porque no se presentó la indicación. En ese sentido, queremos que se envíe un informe a las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados y del Senado, en forma semestral, respecto de lo que se está haciendo con los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, a fin de que haya una información transparente y permanente. Sin duda, siempre se da cuenta a nivel global, pero no de las inversiones que se realizan en cada una de las zonas rurales. Me gustaría que su señoría analizara la posibilidad de presentar una indicación al respecto o, de lo contrario, si es imposible hacerlo en forma reglamentaria, que ello se plantee en el Senado, porque va en el camino correcto de la transparencia que debe haber en la utilización de los recursos públicos. Por lo tanto, la UDI aprobará el proyecto. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, el tema es extraordinariamente importante para la población chilena, ya que hoy están funcionando no menos de 15 millones de teléfonos celulares a lo largo del país. Indudablemente, cuando la gente adquiere esos aparatos telefónicos en las empresas Movistar, Claro, Entel u otras lo hace con la finalidad de contar con un medio de comunicación para estar con contacto con la familia o con quien estimen necesario o para realizar labores comerciales. Lamentablemente, mucha gente de escasos re-cursos de sectores rurales posee dichos aparatos, pero no lo puede usar porque la cobertura de dichas empresas es de muy mala calidad. De ahí surge la necesidad de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones controle periódicamente la cobertura y exija la instalación de antenas en los sectores rurales para ampliarla. En importantes ciudades como Los Ángeles y otras, los teléfonos celulares lisa y llanamente no funcionan si las personas se encuentran a 15 kilómetros de distancia de la ciudad. Hemos pedido a las empresas que venden esos aparatos que mejoren la cobertura e instalen antenas repetidoras en varios sectores, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Con este proyecto no hacemos otra cosa que inyectar recursos a las empresas que están haciendo un enorme negocio con el cobro por concepto de arriendo mensual de los celulares. De manera que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe tomar debida nota sobre esta materia para realizar un control más exhaustivo de la cobertura de cada una de las empresas señaladas y exigir, cuando se venda el aparato celular, que se instruya al usuario sobre la cobertura y los inconvenientes que tiene cada una de las zonas donde se comercializan los teléfonos celulares. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, el proyecto en cuestión es clarísimo y muy concreto. En el fondo, se trata de que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que cada cierto tiempo se debía renovar por la vía de la ley, se transforme en un fondo indefinido y con recursos asignados en la Ley de Presupuestos de la Nación, lo cual permite proyectar de una manera más sistemática las políticas y acciones que el Estado realizará en cuanto al desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con ello. Desde esa perspectiva, se pone mucho acento a la hora de entregar argumentos respecto de la necesidad de que este proyecto considere temas como el acceso de las escuelas a internet y la posibilidad de dotarlas de banda ancha. Incluso, hay un proyecto para que las miles de escuelas del país tengan acceso a dicha red. Además, se asocia con el tema de la televisión digital y la necesidad de transportar otras señales. Como representante de una región con un alto componente rural -y creo que es la situación de muchos colegas-, me llama la atención que la comunicación telefónica más básica constituye un problema en muchas de las zonas que represento. Si hicieron algunos programas con teléfonos fijos instalados en sectores rurales, pero no tuvieron éxito por problemas técnicos. Como indicó el diputado Pérez, existe una enorme cantidad de campesinos y campesinas que vive en los sectores rurales, especialmente en la Cordillera de Nahuelbuta y la Cordillera de Los Andes, que poseen teléfonos móviles, pero no pueden usarlos con la comodidad y regularidad que quisieran, considerando todos los efectos negativos que tiene aquello. Su reclamo frecuente es que deben caminar varios kilómetros para llegar hasta un lugar específico para disponer de señal. Sin duda, el progreso tecnológico ya está allí. Pero no puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría, es decir, que algunos tengan acceso a todo y otros se queden al margen de esos elementos tecnológicos, que ciertamente entregan mucha comodidad. Otro tema es si los costos que están teniendo los servicios de telefonía son los adecuados, lo cual sería una materia para un análisis más profundo, porque he sabido que Chile tiene los costos más altos que muchos otros países en el mundo, como en otras materias. Lo mismo ocurre respecto de la calidad del servicio, por cuanto debemos saber si la banda ancha que ofrecen las empresas es la que corresponde o, por el contrario, es de una calidad bastante menor. De hecho, algunos diputados que se han dedicado a estudiar el tema han demostrado que hay publicidad engañosa y que no se entrega el servicio comprometido. No obstante, debemos apoyar el proyecto, porque la gente de nuestras zonas está esperando tener un legítimo acceso a la telefonía celular y a internet, como también las escuelas rurales. Ello sólo se puede hacer en el marco de este modelo, que muchos no compartimos, con subsidios del Estado, porque la empresa privada no se instala donde no ve negocio, lo que significará que esas extensas zonas y varios miles de personas quedarán al margen de esta posibilidad. El fondo ayuda al desarrollo de las comunicaciones y a un montón de otras cosas que quiero destacar, como subsidiar y apoyar el servicio, lo que beneficia a muchas personas. Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto e invito a los colegas que lo respalden, porque su beneficio es indudable, especialmente para la gente que represento de la cordillera de Nahuelbuta, de El Maqui, de Pochocoy, de Vegas Blancas y de la zona de la cordillera, que tiene problemas muy serios para comunicarse, por lo que espero que este fondo contribuya a resolver esos problemas, como lo hemos hecho presente reiteradamente ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, el proyecto, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, tiene su propia historia en nuestro país y en el Congreso. En la década del 90, con los diputados Ortiz, René Manuel García y Juan Carlos Latorre compartimos el privilegio de elaborar un proyecto de ley para crear el primer Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, porque representábamos muchísimas localidades rurales que no contaban con el servicio de comunicaciones o telefonía. Como en esa década sólo había avanzado la telefonía fija, los recursos del fondo sirvieron para instalar teléfonos de red fija, cuya rentabilidad, ya que los usuarios debían pagar por el tiempo que utilizaban el servicio más la larga distancia, sirvió muchísimo para educación y para emergencias. Ésta es la historia del proyecto. Esa ley tuvo una vigencia de cuatro años, lapso que otra iniciativa permitió renovar cada diez años. Finalmente, llegamos a este proyecto de ley, mediante el cual se pretende dar el carácter de indefinido al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, lo que permitirá instalar, como muy bien dijo el diputado Carlos Montes, telefonía digital, sistema a través del cual es posible transmitir señales de televisión, datos y telefonía. Además, podrá instalarse en los colegios y en las escuelas rurales para enseñar las materias a los niños. Por eso, como dijeron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, los diputados de la Unión Demócrata Independiente aprobaremos el proyecto de ley con mucho entusiasmo. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, nos alegra mucho el proyecto. No puedo estar ausente de su discusión, porque represento a una de las zonas más atrasadas no sólo en lo que se refiere a la telefonía, ya que también tenemos un gran problema con el transporte. Estas dos tecnologías van unidas entre sí y también con la educación. En mi región, todavía tenemos 467 escuelas unidocentes, lo que representa un atraso increíble. El proyecto mitiga en parte lo que está sufriendo la población, especialmente la de los sectores más pobres. Me refiero a las comunidades indígenas, especialmente a las establecidas en las zonas costeras, donde no hay comunicaciones de ninguna especie. Reitero, el proyecto viene a paliar esta deficiencia. Como han dicho otros colegas, uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de cobertura. Muchos sectores dependen del teléfono para llamar a los servicios de emergencia, como a una ambulancia. Por lo tanto, apoyaremos entusiastamente el proyecto y espero que así lo hagan los demás colegas. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, quiero sumarme al reconocimiento que se ha hecho a algunos de los diputados originarios del proyecto que creó el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Aunque podría parecer reiterativo, considero bueno reconocer en la Sala que una moción, que fue recogida por el Ejecutivo de la época, tiene tan buen resultado. No debemos escatimar tiempo ni elogios para eso, porque es consecuencia de un trabajo parlamentario, que tiene poco reconocimiento y poca tangibilidad. Por eso hago público mi reconocimiento, a través de los cuatro diputados que integran la Sala, a los ocho parlamentarios originales que participaron en la elaboración de la moción que creó el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que, como se ha dicho, son los colegas José Miguel Ortiz, Juan Carlos Latorre, René Manuel García y Carlos Vilches. A partir de ahí, gracias a un trabajo conjunto y permanente entre esos mismos diputados y el Ejecutivo, se aprobaron varias modificaciones que, entre otras cosas, aumentaron la vigencia del fondo a diez años, ya que originalmente era de cuatro años, plazo que venció el 11 de mayo de 2011. El proyecto de ley contenido en el mensaje del Ejecutivo, encabezado por el Presidente Piñera, pretende darle el carácter de indefinido al fondo, en colaboración con el Parlamento. En 2010, un grupo de parlamentarios, entre los que me incluyo, señaló, mediante el proyecto de acuerdo N° 170, aprobado por la Corporación, que el fondo era importante, por lo que solicitó que debía seguir y, en lo posible, con carácter indefinido. El actual Gobierno recogió esa petición; pero, digámoslo con toda claridad, no sólo la recogió, sino que tuvo la hidalguía de expresar en el mensaje que acompaña el proyecto de ley, que era la consecuencia de la petición formulada en el proyecto de acuerdo N° 170. Hago este reconocimiento, porque creo que es bueno, justo y conveniente, sobre todo cuando trabajamos con intangibles, como son los proyectos de acuerdo y los proyectos de ley que debemos analizar y sancionar. Me extendí en este análisis histórico, con el objeto de que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. En lo que dice relación con el Fondo, por cierto que enfrenta grandes desafíos, ya que no debe limitarse sólo al tema de la telefonía, porque la tecnología ha cambiado a tal punto que en poco tiempo más vamos a tener la posibilidad de acceder a la televisión mediante nuestros celulares. En consecuencia, el acceso a la comunicación celular, ya no de red fija solamente, como era antaño, permite la pluralidad y diversidad de tecnología; por cierto, telefonía, pero también internet, y muy luego, televisión, todo en un mismo aparato, en conjunto con la transmisión de datos, correo electrónico y mensajería telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio es vertiginoso. Y este proyecto, que consagra en forma indefinida el Fondo, con respaldo en la Ley de Presupuestos, tiene que contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones, en el marco de lo que dijo un colega y camarada nuestro, Gabriel Ascencio, cual es el derecho que tienen las personas a las comunicaciones. En ese sentido, no puedo sino considerar fundamental, para la historia de la ley, la preocupación de la bancada de la Democracia Cristiana y, por cierto, el apoyo transversal de la Sala y, por tanto, de la Corporación a este proyecto, en términos de hacer justicia en el ámbito de los costos de acceso a la comunicaciones para la gente más modesta. Aquí, suele ocurrir lo que sucede con los créditos: mientras mayor es el monto de un crédito menor es la tasa de interés que se paga; por el contrario, cuando menor es lo que se pide, porque no se tienen las garantías ni los recursos -por tanto, los flujos para ello- mayor es la tasa de interés que se paga. Resulta que los pobres son los mejores pagadores. Quienes menos recursos tienen pagan los costos de acceso más caros, los minutos más caros, lo que constituye una paradoja. La Corporación, aprovechando la discusión del proyecto, debiera tener un pronunciamiento unánime y enviar un oficio al Presidente de la República para solicitarle que se termine por ley o por potestad reglamentaria, según sea el caso, amén de las competencias y facultades del Ejecutivo para ello, con los prepagos que sólo duran treinta o sesenta días, porque la gente después pierde su plata. Eso no puede ser. Es una expropiación sin causa ni fundamento legal y constituye un enriquecimiento ilícito, sin causa. Usted, como abogado, señor Presidente, lo sabe muy bien. Por eso, solicito, por su intermedio, señor Presidente, que la Corporación, además de sumarse y aprobar favorablemente la iniciativa y reconocer la hidalguía del Presidente Piñera, del Ejecutivo, en reconocer el trabajo de los parlamentarios, recogiendo en el mensaje el proyecto de acuerdo N° 170 de la Cámara, solicite a éste que, en función de sus competencias y facultades, por ley o reglamentariamente, ponga término a los prepagos de telefonía que se suspenden treinta o sesenta días después de haberlos contratado, sin haber ocupado los recursos de prepago que se hicieron. Una persona que pone dos, tres o cinco mil pesos en su tarjeta está obligada a ocupar sus minutos antes de siquiera haberlos necesitado. De lo contrario, pierde toda la plata que cargó en esos teléfonos. Ello, constituye un enriquecimiento ilícito, sin causa. En mérito de lo que significa el tratamiento transversal y positivo del proyecto, la Corporación debiera, como acuerdo unánime, solicitar al Ejecutivo, que no me cabe la menor duda que está sensibilizado en torno del tema, que la práctica injusta, ilegal, expropiatoria que da lugar al enriquecimiento en Chile, termine de una vez por todas. Dejo planteada la solicitud para que, usted, señor Presidente, en su oportunidad, recabe el acuerdo unánime de la Sala para tal efecto. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Señor diputado, así se hará en su momento. Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe. El señor HARBOE.- Señor Presidente, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que tiene su origen en 1994, busca establecer, en un mercado como el de hoy y el de ayer, cuyo servicio de telefonía y de telecomunicaciones está entregado al mundo privado, un verdadero subsidio del Estado para la llegada de los servicios de telefonía en zonas rurales y urbanas pobres. Ése es el sentido original del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Desde el punto de vista de su funciona-miento, ha tenido más de cinco o seis concursos que han permitido que escuelas rurales y localidades aisladas como Palena y Punta Arenas y otras, hayan sido beneficiadas por el Fondo. En la práctica, constituye un subsidio a la oferta. Vale decir, en lugares que no son económicamente atractivos para el sector privado, el Estado pone determinada cantidad de recursos para disminuir la falta de atractivo o, contrario sensu, aumentar el atractivo de esas zonas para incorporarlas al mundo del desarrollo de las telecomunicaciones y la telefonía. Teléfonos públicos o centros de llamados, telecentros comunitarios o de información, servicio de telecomunicaciones de libre recepción o radiodifusión locales, especialmente de radiodifusión de mínima cobertura y cualquier otro servicio de telecomunicaciones que beneficie directamente a la comunidad son susceptibles de ser subsidiados por el Fondo. Destaco la importancia de su prórroga, pero también señalar y advertir que para 2011, el presupuesto del Fondo supera los 9 mil millones de pesos, cuyos recursos requieren ser asignados a través de un mecanismo de concurso para que, efectivamente, las personas o instituciones que pertenezcan a localidades rurales o urbanas pobres tengan la posibilidad de concursar en igualdad de condiciones con aquellos que, de una u otra forma, tienen el dominio de este tipo de servicios. Respecto de los servicios de banda ancha o internet, sólo quiero hacer una precisión. Algunos colegas han manifestado que es importante que se subsidie. A mí también me parece muy importante, pero lamentablemente debo recordar que en el país internet opera bajo la modalidad que el mercado llama best effort, es decir, del mejor esfuerzo. A ninguno de nosotros ni a ningún usuario se le garantiza que el servicio contratado sea efectivamente el servicio prestado. Sólo se garantiza el mayor esfuerzo. En ese escenario, corresponde hacer un llamado a la autoridad para que cuando se asignen los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, principalmente se haga en las instituciones, planes o programas que garanticen calidad, cobertura y oportunidad del servicio. De lo contrario, se van a gastar recursos públicos para subsidiar la oferta de servicios que no garantizan elementos básicos que el consumidor o usuario exige. Felicito a los autores del proyecto. También agradezco que se haya acogido un proyecto de acuerdo para prorrogar el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Espero que los montos que se destinen al Fondo sigan incrementándose durante los próximos años. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para hacer presente un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, cuando presidía el diputado Pedro Araya solicité que antes de votar o, a lo menos, después de votado el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones, aprobáramos el envío de un oficio de la Cámara de Diputados -cuento con la adhesión del diputado René Manuel García-, para pedirle al Presidente que, en virtud de sus facultades legales o reglamentarias -incluso, a lo mejor, patrocinando con urgencia el proyecto del colega García-, diera término a la posibilidad de que quien administre una tarjeta de prepago, la deje sin efecto a los treinta ó sesenta días, no obstante contar con recursos. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Pido el acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado Rincón. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación en general el proyecto de ley, originado en mensaje, con urgencia calificada de “suma”, que modifica la ley N° 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones, con el fin de extender la vigencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, dándole un carácter indefinido en el tiempo. Hago presente a la Sala que todas las normas del proyecto son propias de ley simple o común. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, un grupo de diputados presentamos indicación para agregar al proyecto un artículo nuevo, a fin de que, en forma semestral, se informe a las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados y del Senado, sobre las inversiones que se hagan con cargo a este Fondo. En tal virtud, pido a la Mesa que solicite la unanimidad de la Sala para que la indicación sea votada de inmediato y pase a formar parte del proyecto aprobado. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para admitir la indicación y proceder a su votación. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor Secretario dará lectura a la indicación. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación para agregar un artículo 28 B, nuevo, del siguiente tenor: “Se deberá entregar en forma semestral la información del uso de estos recursos de manera detallada a las Comisiones de Obras Públicas y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados y del Senado”. El señor BURGOS.- ¿Por qué al Senado, señor Presidente? La Cámara Alta no fiscaliza. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Es sólo para informar, señor diputado. El señor BURGOS.- Me huele mucho a fiscalización. No renunciemos a nuestras pocas prerrogativas. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, es razonable la inquietud. Es cierto que la labor fiscalizadora le corresponde a la Cámara de Diputados, pero a título de información se le podía entregar al Senado. Ese era el objetivo, pero si la Sala resuelve que esa información sea enviada solo a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, no hay inconveniente en retirar la referencia al Senado. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Debería modificarse la indicación. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presi-dente, en forma trimestral, la Comisión de Presupuestos recibe la información que plantea el diputado señor García-Huidobro. Lo que abunda no daña El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Diputado señor García-Huidobro, ¿da la venia para eliminar la referencia al Senado? El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, si el resto de los diputados patrocinantes está de acuerdo, entre ellos los diputados Latorre y Chahín, no hay inconveniente. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, estoy de acuerdo en retirar la referencia al Senado. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En votación la indicación, sin la referencia al Senado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 votos. No hubo votos por la abstención. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Aprobada. El señor ALINCO.- Pido agregar mi voto. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Así se hará. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Despachado el proyecto. REGULACIÓN DE ASOCIACIONES MUNICIPALES. Modificación de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Observaciones del Presidente de la República. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde considerar las observaciones formuladas por su excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y regula las asociaciones municipales. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización es el señor Sergio Ojeda. Antecedentes: -Observaciones del Presidente de la República, boletín N° 6792-06, sesión 25ª, en 5 de mayo de 2011. Documentos de la cuenta N° 3, -Informe de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 27ª, en 11 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor OJEDA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización paso a informar el veto de su excelencia el Presidente de la República, formulado al proyecto individualizado en el epígrafe, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental, y en el Título III de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Mediante oficio N° 9406, de 7 de abril del año en curso, la Cámara de Diputados comunicó a su excelencia el Presidente de la República la aprobación del proyecto que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y regula las Asociaciones Municipales, cuyo texto se ha puesto en su conocimiento para los fines pertinentes. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución Política, su excelencia el Presidente de la República formuló observaciones al texto en referencia: una de carácter aditivo y, la otra, sustitutivo. A su vez, por oficio N° 187-359, de igual fecha a la indicada, se hizo presente la urgencia con el carácter de “simple” para el tratamiento de tales observaciones en todos sus trámites. Concurrieron a la Comisión para dar a conocer su opinión y argumentos que apoyan o fundamentan el veto el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, señor Pablo Terrazas Lagos, y el asesor legislativo, señor Álvaro Villanueva Rojas. También asistió, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, el asesor jurídico señor Malik Mograby. El Ejecutivo, luego de recordar brevemente la reforma constitucional que posibilitó a los municipios asociarse entre sí pudiendo gozar de personalidad jurídica de derecho privado, según lo estatuye el artículo 118, inciso sexto, de la Ley Fundamental, encomendó a la ley orgánica constitucional de Municipalidades regular dicha materia, objeto que persigue precisamente el proyecto de ley de cuyo veto se ocupa el presente informe. Esta iniciativa fue aprobada en su primer trámite constitucional, a cargo de esta Corporación, en julio de 2010. A su vez, el Senado lo hizo en enero del año en curso, con dos modificaciones, las que fueron rechazadas por esta Cámara en el tercer trámite constitucional. Por su parte, la Comisión Mixta propuso despachar el texto inicialmente aprobado por la Cámara de origen, lo que finalmente fue ratificado tanto por la Sala de ésta como por la del Senado, remitiéndoselo al Ejecutivo con fecha 7 de abril de 2011. Su excelencia el Presidente de la República, invocando lo señalado por el Consejo para la Transparencia y por el propio Ejecutivo durante la tramitación parlamentaria del proyecto en cuanto a considerar en su texto materias relativas a las atribuciones del aludido Consejo y a la fiscalización a que deberían someterse tales asociaciones, hace presente que en el texto aprobado por el Congreso Nacional sólo se las obliga a mantener en sus correspondientes sitios electrónicos las materias que son propias de la transparencia activa, sometiéndolas a un régimen especial en lo que dice atingencia con la transparencia de la función pública. Por ello, se hacen las siguientes observaciones, que ruego a los colegas tener muy presentes. La primera de ellas está referida a las competencias fiscalizadoras del concejo municipal, y para dar cumplimiento al fondo del veto presidencial, se agregan las asociaciones municipales a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales que sí pueden ser fiscalizadas ampliamente por el señalado concejo. La segunda observación sustituye el artículo 149 que se propone agregar a la ley orgánica constitucional de Municipalidades, establecido en el párrafo del texto aprobado por el Congreso Nacional y que trata de la personalidad jurídica de las asociaciones en referencia, por uno nuevo que les haga aplicable a éstas el principio de publicidad de la función pública, contemplado en el artículo 8° de la Carta Fundamental y en el artículo 1° de la ley N° 20.285. Esta Comisión compartió plenamente los fundamentos que ilustran las observaciones formuladas por el Ejecutivo y, así, les otorgó su aprobación unánime, con los votos de los diputados señores Becker, don Germán (Presidente); Ascencio, don Gabriel; Browne, don Pedro; de la diputada señora Hoffmann, doña María José, y de los diputados señores Lemus, don Luis; Morales, don Celso; Ojeda, don Sergio; Rosales, don Joel, y Schilling, don Marcelo. En uso de sus atribuciones, el señor Presidente de la Comisión determinó que las modificaciones que se introducen no requieren ser conocidas por la Comisión de Hacienda. No hay fondos involucrados. Para facilitar la determinación del alcance de tales observaciones, se adjunta al presente informe, en anexo, un texto comparado que contiene, en primer lugar, el articulado vigente de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que resulta afectado; luego, el que fuera aprobado en el tercer trámite legislativo, y, finalmente, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Las aludidas enmiendas tienen carácter orgánico constitucional, en razón de lo dispuesto en los incisos quinto y sexto del artículo 118 de la Carta Fundamental. En tal virtud, la Comisión de Gobierno Interior viene en proponer a la Sala la aprobación de las observaciones en mención, que son del siguiente tenor: “Al artículo 1º.- 1) Para añadir el siguiente N° 1), pasando los actuales N°s 2), 3) y 4) a ser 3), 4) y 5), respectivamente: “1) Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra j) del artículo 79: a) Reemplázase la conjunción “o”, que sigue a la palabra “corporaciones”, por una coma (,); y b) Intercálase, a continuación de la palabra “fundaciones”, la expresión “o asociaciones”. 2) Para reemplazar, en su N° 4), que ha pasado a ser 5), el artículo 149 propuesto por el siguiente: “Artículo 149.- A las asociaciones municipales les serán aplicables tanto el principio de publicidad de la función pública, consagrado en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política de la República, como las normas de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, contenidas en el artículo 1° de la ley N° 20.285.”.”. Participaron en la discusión y votación del veto en la Comisión los diputados Becker, don Germán (Presidente); Ascencio, don Gabriel; Browne, don Pedro; Campos, don Cristián; Estay, don Enrique; la diputada Hoffmann, doña María José, y los diputados Lemus, don Luis; Morales, don Celso; Ojeda, don Sergio; Rosales, don Joel; Schilling, don Marcelo, y Salaberry, don Felipe. Dejo establecido, además, que por la unanimidad de los diputados presentes en la sesión respectiva, se designó como diputado informante a quien habla, privilegio que he tratado de concretar de la mejor forma posible. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- En discusión las observaciones de su excelencia el Presidente de la República. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la presente intervención se motiva en el hecho de que incluso antes de la promulgación de esta ley en proyecto, ya estoy viendo resultados en mi región en lo relativo al manejo de residuos domiciliarios. Este proyecto tiene la particularidad de ser objeto de veto presidencial. Se trata del primer veto del presente año legislativo. A algunas personas que nos escuchan a través de la televisión o que se encuentran en las tribunas les cuesta entender qué es el veto presidencial, que no es otra cosa que las observaciones que hace el Presidente de la República a determinado proyecto de ley. A veces, tales observaciones son tremendamente interesantes e importantes y llegan incluso a cambiar lo que se inicia como proyecto. En anteriores intervenciones me referí a la importancia de este proyecto, que permitirá a dos o más municipalidades asociarse a fin de afrontar en conjunto tareas en común, como el manejo de los residuos domiciliarios, tal como está ocurriendo en la Región de Los Ríos, según mencioné al inicio de mi intervención. También es posible que existan asociaciones respecto de otros asuntos, por ejemplo, jardinería, eventos culturales, etcétera, en que se busque dicha asociación para disminuir costos. En fin, existe una amplia gama de situaciones que pueden motivar la asociación de municipios. Sin lugar a dudas, al asumir tareas en conjunto se pueden optimizar ciertas actividades y reducir sus costos. Si algo se hace en forma solitaria es claro que el costo es otro. Cuando despachamos el texto original de este proyecto se discutió mucho acerca de la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización hacia estas nuevas entidades, en especial que los concejos municipales pudiesen tener facultades fiscalizadoras sobre las mismas y, además, que éstas, como entidades creadas por organismos públicos, pudiesen ser sometidas a las normas sobre probidad, establecidas en el artículo 8° de la Constitución Política, y a las establecidas en las leyes que regulan los temas sobre probidad. Las observaciones de su excelencia el Presidente de la República fueron consensuadas con el Poder Legislativo, con los autores del proyecto y al interior de la Co-misión de Gobierno Interior. Estos vetos vinieron a establecer el estado de las cosas como debiera haber sido siempre, fortaleciendo los mecanismos de control institucionales de estas entidades municipales y sometiendo a dichas asociaciones al cumplimiento de las normas sobre transparencia activa y pasiva, establecidas en la ley N°20.285. A través de estos vetos, se fortalece el control que puede existir sobre estas instituciones, por lo que, con toda seguridad, la Cámara los va a aprobar por unanimidad. No podemos poner en marcha esta nueva modalidad de trabajo sin la aprobación -seguramente unánime- que tendrá que salir de aquí. Esperamos que la iniciativa sea fructífera y beneficiosa para el trabajo que realizan las municipalidades y, por cierto, para la comunidad, ya que buena parte del quehacer de una ciudad, de un pueblo, de una comuna, tiene que ver con la vida cotidiana de sus ciudadanos. Por lo tanto, no cabe duda de que estas observaciones, que han sido consensuadas, van a contar con la aprobación unánime de esta Cámara. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presiden-te, este debate se centra alrededor de un proyecto de ley que faculta a las municipalidades para asociarse entre sí con el propósito de cumplir de mejor manera con las finalidades que establece la ley. Este proyecto ya fue aprobado por el Congreso Nacional, el cual solicitó al Presidente de la República el envío de dos vetos para perfeccionar la norma. Estos se refieren, en primer lugar, a extender la competencia fiscalizadora de los concejos municipales a las asociaciones municipales que se crean a través de este proyecto de ley, de modo que tengan la capacidad de fiscalizar no sólo las empresas, corporaciones o fundaciones municipales -hoy lo pueden hacer-, sino también esta nueva figura asociativa de las municipalidades de Chile. En consecuencia, estas medidas apuntan a un aumento de las facultades de fiscalización de los concejos respecto de esta nueva institucionalidad municipal. En segundo lugar, se solicitó al Presiden-te de la República que perfeccionara este proyecto de ley mediante un veto sustitutivo, a fin de hacer aplicable a las asociaciones de municipalidades que se crean el principio de publicidad de la función pública, establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y en el artículo 1° de la ley N° 20.285, de modo de fortalecer la transparencia de esta institución y la posibilidad de que la ciudadanía, por sí misma, pueda hacerse un juicio respecto del buen o mal hacer de las asociaciones municipales. Durante su tramitación, la amplia mayoría del Congreso Nacional apoyó este proyecto de ley, porque, por una parte, entrega más flexibilidad al sistema municipal para abordar las tareas que establece la ley y, por otra, da mayor fortaleza a los municipios, por la vía de asociatividad, para cumplir con las mismas. Dado que el veto que hoy estudiamos se debe a las razones expresadas y que ha sido enviado a solicitud de nosotros mismos, anuncio mi voto a favor. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín. El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, este proyecto es de suma importancia, sobre todo para los municipios pequeños, que tienen debilidades institucionales y financieras para resolver por sí solos problemas que son cada día más complejos, por ejemplo, la disposición de residuos sólidos, el mejoramiento de las redes viales, sobre todo en el sector rural; la generación de ganancias productivas, etcétera. Por lo tanto, creo que es una buena noticia el que nosotros hayamos aprobado este proyecto. Sin embargo, hicimos algunas prevenciones respecto de las facultades fiscalizadoras, fundamentalmente de los concejales, respecto de los recursos públicos que administrarán estas asociaciones, y también en relación con la aplicación de las normas de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, valoramos que el Ejecutivo haya cumplido el compromiso que contrajo con la Cámara de Diputados -particularmente con quienes manifestamos estas inquietudes durante el debate legislativo- al enviar estos vetos que perfeccionan el proyecto. Destaco el trabajo que se hizo en la Comisión de Gobierno Interior; asimismo, el trabajo de los parlamentarios y también de los representantes de la Asociación de Municipalidades, que encabeza el alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, porque hicieron un aporte significativo para mejorar nuestra institucionalidad al crear estas asociaciones municipales, que contarán con personalidad jurídica y dispondrán de patrimonio propio. Asimismo, valoro que el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, haya trabajado este veto, que perfecciona las facultades de fiscalización, ya que consideramos que es muy importante su mantención. Al respecto, no puede ser que una asociación municipal, destinada a mejorar la gestión y a fortalecer el trabajo de los municipios -pienso fundamentalmente en los más pequeños, como los del distrito que represento, donde hay muchos problemas que no pueden resolver por sí solos y tienen que hacerlo en alianza con otros-, signifique una merma en las facultades de fiscalización. En ese sentido, resulta muy importante mantener el buen uso de los recursos públicos que administrarán estas asociaciones. Por eso, anuncio mi voto favorable a este veto del Presidente de la República. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker. El señor BECKER.- Señor Presidente, es poco lo que se puede agregar respecto de estos vetos. Como se recordará, este proyecto, muy importante para muchos municipios, fue aprobado hace algunos meses por el Congreso Nacional. Sin embargo, quedaron sin resolver algunos pequeños detalles, sobre todo en temas de transparencia. Por esa razón, pedimos al Ejecutivo el envío de dos vetos: uno aditivo, a la letra j) del artículo 79 de la ley orgánica de Municipalidades, para incorporar a las asociaciones municipales dentro de las instancias que serán objeto de fiscalización por parte de los concejos municipales. Esto es muy importante, porque, según la redacción que se dio a la disposición legal, los concejos municipales sólo podían fiscalizar los recursos que había entregado el propio municipio y no otros recursos que pudiere conseguir la asociación de municipalidades. El otro veto es sustitutivo del artículo 149, y, como bien decía el diputado Schilling, hace posible que las normas de la Ley de Transparencia sean aplicables a las asociaciones municipales. Esto es muy importante; estamos muy contentos y satisfechos con los vetos enviados por el Presidente de la República, ya que cumplió con el plazo y con los temas que habíamos solicitado. Por ello, vayan mis felicitaciones para las autoridades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Esto se aprobó por unanimidad en la Comisión y esperamos que ocurra lo mismo en la Sala. Desde ya, anuncio el voto favorable de toda la bancada de Renovación Nacional. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, como se desprende de las intervenciones de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, existe unanimidad para aprobar estos vetos aditivo y sustitutivo, que vienen a completar el proyecto inicial aprobado por la Cámara de Diputados. La Constitución entrega al legislador potestad para, mediante una ley orgánica, complementar lo que se establece en el artículo 118 de la Constitución Política, en este caso, entregar personalidad jurídica a las asociaciones municipales. Está de más decir que esto forma parte del intento de reestructurar o de crear otras estructuras como una forma de ir modernizando el actuar de los servicios públicos. El asociacionismo municipal, que se crea en virtud de la Constitución Política y que nosotros establecemos mediante este proyecto de ley, es una tendencia mundial que cada vez adquiere mayor importancia, puesto que es una forma de dar mayor jerarquía y ampliar el ámbito de acción y los recursos de las municipalidades. En todo caso, en relación con el asociacionismo existió una sugerencia de la Contraloría General de la República, en vista de tantas asociaciones municipales que existían de hecho y que no tenían personalidad jurídica, debido a lo cual no podían contraer obligaciones ni ejercer ningún tipo de derecho. La asociación de municipalidades permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Incluso, con este proyecto serán favorecidas las municipalidades pequeñas y servirá como una instancia de descentralización frente al poder regional. El hecho de que se puedan asociar varias municipalidades puede ser un factor de equilibrio. En lo que se refiere a la parte interna de las municipalidades, hemos tratado de que se establezca una especie de equilibrio y armonía, una conjunción o complementación entre las decisiones del alcalde y el concejo, que tiene facultades para aprobar, por los dos tercios de sus integrantes, la constitución de asociaciones. Ahora, mediante los vetos en discusión se les entregan facultades fiscalizadoras sobre las asociaciones municipales, y se da mayor transparencia y publicidad a los actos de éstas, lo que completa el trabajo realizado al interior de la Comisión de Gobierno Interior, que ha sido bastante armónico y que fue enriquecido con el aporte de todos sus miembros. Es más, su trabajo con el ministro fue armonioso, lo que implicó la aprobación del proyecto. Por lo tanto, anuncio que mi bancada va a votar a favor los vetos aditivo y sustitutivo, porque complementan y hacen mucho más efectiva, transparente y amplia la participación de los entes municipales, y más eficiente y eficaz su trabajo. Por fin, se va a despachar definitivamente este proyecto; incluso, algunos medios daban por hecho que se había convertido en ley. Pero quiero decirles a quienes nos están escuchando que ahora quedará terminada su tramitación, después de un largo, amplio, profundo y muy responsable estudio y análisis que concluye, como digo, con la aprobación de estos vetos, en virtud de un acuerdo entre los parlamentarios y el Ejecutivo. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hemos escuchado una serie de intervenciones que han valorado estos vetos aditivo y sustitutivo, que mejoran considerablemente el proyecto de ley. Este se ha estado tramitando desde hace bastante tiempo y muchas municipalidades lo esperan con ansias, toda vez que los municipios rurales, los de zonas apartadas o los que forman parte de grandes conurbaciones, como es el caso de Santiago, necesitan establecer procedimientos y avanzar en el fomento de las asociaciones de municipalidades, a fin de abordar aspectos que son claramente extra-comunales y que afectan a más de una comuna. Se han dado ejemplos en el ámbito del manejo de residuos, de transporte y de generación de espacios públicos, que puedan ser considerados y administrados por estas asociaciones. Me parece importante que se avance en esta política, pero también es fundamental establecer un criterio general. En la actualidad existe una gran asimetría entre las distintas municipalidades. Algunas tienen una enorme cantidad de recursos, con capacidad para tener suficientes funcionarios para desarrollar proyectos de alto impacto, y otras no logran salir adelante porque no tienen recursos, funcionarios, capacidad ni presupuesto suficientes. En este sentido, echamos de menos que la Subsecretaría de Desarrollo Regional avance en la perspectiva de establecer líneas de financiamiento, capacitación y formación, instando al asociacionismo, no sólo con este instrumento legal, sino también con instancias de capacitación y, especialmente, de formación y destinación de recursos. Ésta es una piedra fundamental y debiera ser un concepto que se considerara con la misma fuerza con que abordamos la iniciativa en estudio. En segundo lugar, es importante destacar el rol del concejo y su capacidad fiscalizadora. Muchas veces, en los municipios existe falta de equivalencia entre las funciones de los alcaldes y la capacidad de los concejales para interiorizarse, participar y fiscalizar la forma en que se lleva adelante la inversión de los recursos. Quiero destacar la importancia que reviste el hecho de que los concejales tengan la facultad de fiscalizar. Por último, también es necesario avanzar en materia de transparencia y publicidad. En un comienzo, estas asociaciones quedaban en un terreno desconocido, en que no había suficiente publicidad; no existían todos los elementos necesarios para transparentar, a través de páginas web o de informes semestrales o anuales, los movimientos y los gastos. Ahora, se avanza en lo que respecta a publicidad, en la obligación de presentar sus balances, lo que constituye un aporte. Reitero que vamos a votar a favor los vetos; pero resulta fundamental que la Cámara, con el mismo consenso con que vamos a aprobarlos -no me cabe duda de que será en forma unánime-, siente las bases, con la participación del Ejecutivo, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo -me habría gustado que hubiera estado presente el subsecretario-, con el objeto de establecer criterios de capacitación en los municipios y buscar todos aquellos casos en los cuales se puedan establecer asociaciones. A lo largo de nuestro territorio, la realidad en los municipios es muy diversa. Algunos tienen capacidad, recursos y la posibilidad cierta de poder asociarse; pero otros tendrán que buscar el asociacionismo, que debiera ser un principio fundamental, financiado e impulsado. Es importante seguir avanzando en esto. Por eso, la bancada del Partido Socialista va a votar a favor los vetos, y ojalá que la futura ley permita que se constituyan decenas de asociaciones a lo largo del país, en aras de una mejor calidad de vida de sus habitantes. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las observaciones del Presidente de la República al proyecto en los siguientes términos: El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde votar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República recaídas en el proyecto, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y regula las asociaciones municipales. Se hace constar que las observaciones tienen carácter de norma orgánica constitucional y para su aprobación se requiere el voto favorable de 68 diputados en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votó por la negativa el diputado señor Saffirio Espinoza René. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Despachado el proyecto. FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO. MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.857, SOBRE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Primer trámite constitucional. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, con el objeto de fomentar el emprendimiento. Diputada informante de la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es la señora Denise Pascal. Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, boletín N° 7426-26, sesión 20ª, en 3 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante. La señora PASCAL, doña Denise (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa pasó a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica la ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, con el objeto de fomentar el emprendimiento. El proyecto se originó en moción de los integrantes de la Comisión, diputados señores Baltolu, Campos, Ortiz, Sabag, Sauerbaum, Teillier, Van Rysselberghe, Verdugo, Velásquez y quien habla. Asimismo, contó con el apoyo del diputado señor Von Mühlenbrock, quien participó en su constitución pero no pudo suscribir la iniciativa, por contar con la firma de diez diputados, número máximo que permite el artículo 65 de la Constitución Política para su presentación. Respecto de esta iniciativa, que modifica la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), la Comisión propuso, en su primer informe, una serie de medidas tendientes a destrabar algunas cuestiones prácticas que dificultan su uso por parte de las micro, pequeña y mediana empresas, de modo de incentivar todavía más su constitución a través de este tipo societario, tomando en consideración que en el país, un importante porcentaje de las empresas surge mediante esta figura, debido a la simplicidad de su estructura, su flexibilidad y los numerosos beneficios que entrega por la separación de patrimonios, constituyéndose en la principal herramienta de emprendimiento, razones que constituyen mérito suficiente para su perfeccionamiento, como ha quedado demostrado con las indicaciones que se han presentado tanto por los propios diputados como por el Ejecutivo, que manifestó su total concordancia con el proyecto, haciendo presente que sus indicaciones se orientan, por una parte, a precisar algunos términos técnicos, y, por otra, a reforzar las ideas centrales contenidas en el primer informe. Dicho lo anterior, paso a explicar lo hecho en este segundo informe. En cuanto al objeto central, en el primer informe se autoriza a las personas jurídicas para constituir empresas individuales de responsabilidad limitada. Actualmente, sólo están autorizadas las personas naturales. Las indicaciones parlamentarias que se presentaron pretenden suprimir esta autorización, fundamentadas todas en querer contener un posible fraude que pudieren cometer las personas jurídicas con ropaje de empresas individuales de responsabilidad limitada. La Comisión las rechazó por unanimidad, porque consideró que las actuaciones fraudulentas se pueden realizar de todas maneras si ése es el espíritu de una persona jurídica. Pero, sin duda, el argumento mayor para que los integrantes de la Comisión insistiéramos en el texto del primer informe fue que la buena fe se presume y que el legislador no puede limitar por adelantado al emprendedor. Por lo demás, es una figura ampliamente aceptada en el derecho comparado. En cuanto a los requisitos a cumplir por el constituyente en la escritura de constitución de la sociedad, la Comisión acogió una indicación del Ejecutivo que sustituyó el texto del primer informe, pero siempre re-forzando las ideas centrales del proyecto, en cuanto a facilitar el trámite de constitución. Lo que se presenta en el nuevo texto es una protección de mejor manera de los terceros, al exigir requisitos más concretos de transparencia, cuando se trata de una persona jurídica que constituye una empresa individual de responsabilidad limitada. En tal sentido, aprobó una indicación, por unanimidad, respecto de los requisitos que debe contener tanto la escritura de constitución como el extracto que se debe publicar en el Diario Oficial y la forma de hacerlo, esto es, en la página web que deberá tener habilitada el Diario Oficial para la constitución, modificación y disolución de las personas jurídicas. En cuanto a la administración, el Ejecutivo presentó una indicación, aprobada por unanimidad, referida a la responsabilidad de una empresa individual de responsabilidad limitada respecto de terceros, en el mismo sentido en que lo hizo la Comisión en su primer informe, en lo que respecta a la separación de patrimonios que caracteriza a ese tipo de empresas, pero simplifica aún más el texto y subsana los problemas de interpretación de la norma actual, en cuanto permite clarificar que, tratándose de una empresa individual de responsabilidad limitada, se está ante un patrimonio de afectación que responde por las obligaciones que el empresario contrae, sin afectar su patrimonio personal, puesto que el titular sólo responderá personalmente de las obligaciones de la empresa hasta el monto de su aporte, cuestión que además es consecuente con la indicación del Ejecutivo, igualmente aprobada, que elimina el artículo 12 de la ley vigente, y que consigna los casos en que el titular responderá ilimitadamente con sus bienes. Luego tenemos el caso de la mujer casada en sociedad conyugal que carece de patrimonio reservado y quiere emprender. El Ejecutivo presentó una indicación para suprimir el artículo que establece que una mujer casada en régimen de sociedad conyugal que careciere de patrimonio reservado, pero quiere iniciar su propio negocio o empresa, no necesitará autorización del marido, y las utilidades que retire de la empresa ingresarán, ahora, al patrimonio reservado. El fundamento de la indicación del Ejecutivo es que, sin perjuicio de estar de acuerdo con el fondo, es partidario de que este tema se trate en el marco del proyecto de ley sobre el régimen patrimonial de la mujer casada, actualmente radicado en la Comisión de Familia. La Comisión rechazó unánimemente la supresión, porque la modificación que plantea el primer informe facilita la constitución de microempresas familiares y promueve el trabajo de la mujer emprendedora, y estimó, en consecuencia, que esperar la tramitación del proyecto de ley que modifica el régimen de sociedad conyugal para dar una solución al tema en cuestión no parece pertinente, sobre todo si el proyecto de la Comisión apunta en la misma dirección que plantea el Ejecutivo en el otro proyecto, esto es, prescindir de la autorización del marido para constituir empresas individuales de responsabilidad limitada, cuando se trata de sus bienes propios. En esta misma materia, la Comisión consideró oportuno agregar en este trámite, respecto de este nuevo artículo en beneficio de la mujer emprendedora, una protección de los derechos de los acreedores, agregando al final de la disposición que se crea, la frase “sin perjuicio de los derechos de terceros”. La Comisión sancionó tanto los rechazos como las aprobaciones de las indicaciones presentadas por la unanimidad de sus miembros presentes, diputada señora Denise Pascal y los diputados señores Cristián Campos, Alejandro García-Huidobro, José Miguel Ortiz, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum, Guillermo Teillier, Enrique van Rysselberghe, Germán Verdugo (Presidente) y Pedro Velásquez. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum. El señor SAUERBAUM.- Señor Presi-dente, el proyecto se originó en moción y se tramitó en la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tuve el honor de presidir. Arribamos al presente informe con mucho esfuerzo y tras el trabajo de semanas para sacarlo adelante. El Ejecutivo ha presentado indicaciones, algunas de las cuales nos han parecido buenas, y otras no tanto. La iniciativa persigue que las empresas individuales sean constituidas no sólo por personas naturales, sino también jurídicas, siguiendo el ejemplo de lo sucedido con la sociedad por acciones. Consideramos que el proyecto responde a la necesidad de actualizar la legislación relativa al tema, ampliando la posibilidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas se constituyan de manera menos costosa y más ágil, y que adicionalmente puedan extender sus actividades a otro tipo de rubros, lo que, sin duda, fomentará el emprendimiento y el desarrollo económico. Esto último podría potenciar la creación de conglomerados financieros. Sin embargo, se debe tener presente que este último caso aplicaría a empresas de mayor envergadura, que deben cumplir requisitos de adecuación de capital mínimo y principios de supervisión. En cuanto a la constitución como formación de actividad empresarial, se concuerda que las modificaciones relacionadas facilitarán lo anterior, desincentivando la creación de sociedades de papel, en que sólo existe una sociedad con el fin de cumplir con la legislación. Por su parte, si bien existen las sociedades por acciones, éstas se encuentran orientadas a inversionistas de mayor experiencia, dispuestos a aceptar mayores riesgos y un régimen tributario menos favorable. Se atiende también el caso de las mujeres casadas en sociedad conyugal que no tienen patrimonio reservado, cuando una dueña de casa con ánimo de emprender busca la opción de iniciar un proyecto comercial. Dado que la iniciativa mejora la legislación vigente y aporta beneficios directos a la pequeña y mediana empresas, su aplicación nos parece del todo contundente. Adicionalmente, se puede enmarcar dentro de los proyectos de nuestro Gobierno que buscan potenciar la innovación y el emprendimiento, eliminando gradualmente los “lomos de toro” legales y burocráticos, que desincentivan dichas actividades, cuyo impulso redunda en una mayor productividad del país. En este sentido, debo destacar el nuevo enfoque de la Corporación de Fomento de la Producción en cuanto a materias de emprendimiento, ya que cuenta con facilidades para que los emprendedores logren financiamiento y puedan llevar a cabo sus actividades. Esta iniciativa va en directo apoyo al eje propuesto por la actual administración, en cuanto a facilitar la entrada y salida de empresas, incentivando el aumento de la productividad. En esta línea, nuestro Gobierno ha revisado la ley de Quiebras, ha agilizado los trámites para el inicio de actividades de nuevas empresas y ha simplificado la constitución de sociedades. Estas últimas medidas potencian aún más el proyecto en discusión y fortalece el crecimiento económico sostenido que ha demostrado el país durante los últimos meses. Respecto de las últimas modificaciones al proyecto, puedo decir que fueron introducidas con el fin de perfeccionarlo, por lo que no afectan el espíritu con el cual fue creado. En este sentido, nos quedó claro que las indicaciones del Ejecutivo se encuentran orientadas a aclarar algunos términos técnicos establecidos en la ley, así como a reforzar las ideas centrales contenidas en el primer informe de la Comisión. Por esta razón, la modificación al artículo 4° de la ley sobre las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), que figura en el numeral 3 del proyecto, busca precisar los requisitos que, en caso de ser una persona jurídica, deben señalarse tanto en la escritura del acto constitutivo como en el extracto que debe ser publicado en el Diario Oficial. Igualmente, es importante la indicación que consigna la potencial multiplicidad de objetos de la empresa individual, lo que permite la explotación de diversos giros y fomentar de esta manera el emprendimiento. En cuanto a la indicación introducida al numeral 5, ésta persigue la misma idea consignada previamente en el primer informe de la Comisión, pero simplifica y subsana los problemas de interpretación de la norma actual. Aclara que tratándose de una empresa individual de responsabilidad limitada, el patrimonio personal del empresario no se verá afectado, ya que sólo responderá personalmente de las obligaciones de la empresa hasta el monto de su aporte. A raíz de la aprobación de dicha indicación, queda fundamentada la que suprime el artículo 12 de la ley N° 19.857, en que se consignan los casos en que el titular debe responder ilimitadamente con sus bienes. Por último, anunció el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional a este proyecto de ley, porque va en la línea de lo que quiere el Presidente Piñera en materia de emprendimiento y desarrollo de nuevos negocios. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, mi intervención obedece al hecho de que presenté varias indicaciones al proyecto en discusión. Con el jurista y diputado René Saffirio, presentamos indicaciones a los números 2, 3 y 4 del artículo único. Hay algunas dificultades en cuanto al rechazo que hizo la Comisión sobre una de ellas. Con toda seguridad, el colega Saffirio se referirá a esa situación. No discuto el trabajo de la Comisión, que dio lugar a su segundo informe, pues las modificaciones a la ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, son pertinentes. Me deja tranquilo la responsabilidad con que se legisla en nuestra Cámara. Incluso más, en este trámite podemos diferir o llegar a un entendimiento sobre algunas interrogantes. Sin duda, el proyecto, de origen en moción de los colegas que integran la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el informe que hemos escuchado de parte de la diputada Denise Pascal, nos dan la razón a quienes señalamos que el derecho, especialmente el Comercial, debe ir evolucionando con la sociedad y adaptándose cada vez más a las circunstancias cambiantes que ella presenta. Recuerdo que hace varios años, en esta misma Sala nos felicitábamos por el despacho de la iniciativa que se convirtió en la ley N° 19.857, sobre empresas individuales de responsabilidad limitada, por medio de la cual los emprendedores podían crear una sociedad de una sola persona y con patrimonio distinto del creador. Eso es lo que hoy rige. De esa manera, se facilitó la constitución de pequeñas empresas por parte de emprendedores y emprendedoras de nuestro país. En ese momento, nos colocamos a la altura de una tendencia que se vivía en los países de la Unión Europea. Recuerdo haber estudiado el ejemplo de la legislación española en materia de pequeñas empresas. La legislación que hoy se modifica adquirió real importancia para el segmento de los pequeños empresarios. Pero como toda creación humana, mostró la existencia de falencias. Por lo tanto, es necesario modificar sus puntos débiles, a fin de facilitar la constitución de las empresas individuales de responsabilidad limitada y, con ello, favorecer el emprendimiento. Entre esas falencias, se encuentra la complejidad y el costo de los trámites nota-riales que deben realizarse para poner en funcionamiento pymes. Existe una limitante relacionada con el único de la empresa, con lo cual sí se dificultaban nuevos emprendimientos a partir de la misma empresa. Asimismo, existía un impedimento para que personas jurídicas pudieran establecer empresas individuales de responsabilidad limitada. Aquí surge una dificultad a la que, con toda seguridad, se referirán los diputados Chahín y Saffirio. Otras falencias dicen relación con las dificultades para su administración por parte de mandatarios o gerentes, y la necesidad de autorización del marido, en el caso de mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, que hoy constituyen una buena parte de las emprendedoras del país. El proyecto pretende solucionar algunos de los tópicos que hemos señalado como dificultades, a fin de contar con un instrumento más liviano y eficiente para facilitar el emprendimiento y la formalización de las empresas, de manera que puedan crearse más. Por medio de las modificaciones propuestas, hoy se plantea la posibilidad de que estas empresas puedan contar con más de un giro u objeto, y que puedan constituirse por personas jurídicas. Se permite la formalización por medio de instrumento privado protocolizado ante notario. Asimismo, se posibilita nombrar mandatarios o gerentes de dichas empresas y se simplifica la redacción del documento de constitución y del extracto que se publica. En el caso de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, se elimina la necesidad de autorización marital para aportar bienes propios. Además, se expresa que los frutos de ese trabajo pasan a formar parte de un patrimonio reservado. El proyecto tendrá un efecto tremendamente positivo una vez que se convierta en ley. Pero para ello se necesita la difusión pertinente, porque vamos a encontrarnos con dificultades; no será tan fácil. Con mucho respeto por nuestros colegas abogados, creo que allí tendremos ciertos impedimentos. De ahí la necesidad de simplificar aspectos como el costo y la tramitación. Por lo tanto, sin perjuicio de expresar algunos reparos, creo que vamos por el camino correcto. Aún tenemos tiempo para hacer algunas sugerencias, porque ya se cumplió el plazo para presentar indicaciones. A lo mejor, se deberá pedir votación separada respecto de algunos artículos, pero eso lo tendrán que ratificar otros colegas. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín. El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, el proyecto busca perfeccionar una institución jurídica que ha tenido bastante uso en la vida cotidiana de nuestro país. Se trata de una creación relativamente reciente, pero que ha tenido una tremenda importancia. Me refiero a las empresas individuales de responsabilidad limitada, que nacieron a la vida del derecho con un objetivo claro: permitir que personas naturales que iniciaban un emprendimiento no tuvieran que verse obligadas a asociarse con otras para separar su patrimonio personal del de la empresa. Antes se creaban sociedades de responsabilidad limitada, en que un socio tenía el 99 por ciento de los activos, y el otro, el 1 por ciento, con las complejidades que ello acarreaba desde los puntos de vista de la administración y del funcionamiento, y, eventualmente, de la disolución, en los casos en que esas empresas no tenían posibilidad de continuar existiendo en la vida jurídica. Por lo tanto, para sincerar esta situación, se crearon las empresas individuales de responsabilidad limitada, que permiten que personas naturales que desean emprender, creen una sociedad sin tener que asociarse con otras para tener una personalidad jurídica y patrimonio distinto. Así, se posibilitó, iniciar actividades económicas sin tener que arriesgar el patrimonio personal, puesto que el titular responde sólo hasta el monto de su aporte a esta sociedad. Esto es muy importante, porque genera más dinamismo, mayores posibilidades de emprendimiento y menor riesgo para quienes decidan iniciar una actividad económica, y, en consecuencia, se genera más empleo y desarrollo en nuestro país. Felicito a los integrantes de la Comisión, porque han hecho cosas muy buenas, como facilitar la constitución de dichas empresas, abaratar los costos de transacción, mejorar la situación de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, al permitirle que pueda actuar sin la autorización del marido, bajo un patrimonio reservado, etcétera. Creo que la iniciativa va en la línea correcta al terminar con esta especie, porque si bien el Código Civil ya no considera a la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal como una incapaz relativa, en la práctica aún siguen generándose ciertas situaciones de discriminación. En este caso, al menos, ellas se abordan en forma bastante adecuada. Sin perjuicio de ello y pese a valorar que se pueda ampliar el giro u objeto de la sociedad, hay un punto importante que me preocupa en forma sustantiva. Me refiero a la posibilidad de que personas jurídicas, es decir, sociedades, puedan constituir empresas individuales de responsabilidad limitada. Primero, esto desnaturalizará la institución misma, pues la empresa individual de responsabilidad limitada está orientada a resolver la situación de personas naturales que emprenden una actividad económica o empresarial. Las sociedades tienen otras alternativas, por ejemplo, las sociedades por acciones. Se pueden acoger a ella, pero tiene otra regulación y otra normativa; por lo tanto, existe una exigencia mayor. Si queremos facilitar la vida a personas naturales es porque se trata de pequeños y microempresarios. Sin embargo, de no hacer distinción alguna y permitir que, con una simple protocolización de un instrumento privado autorizado ante notario, personas jurídicas puedan constituir empresas individuales de responsabilidad limitada, estaremos abriendo un tremendo espacio para el abuso, en el sentido de permitir que empresas puedan disfrazarse detrás de otras. Así como se ha planteado la posibilidad de regular el multi-RUT, aquí estamos abriendo un tremendo espacio para el nuevo multi-RUT. Así, las sociedades de responsabilidad limitada o las sociedades anónimas podrán constituirse en empresas individuales de responsabilidad limitada, con mucha facilidad. Con ello, una misma empresa, un mismo dueño, un mismo capital podrá tener un conjunto de personalidades jurídicas y RUT para contratar con diversos acreedores, pro-veedores y, probablemente, con distintos trabajadores. Por lo tanto, me parece que es una situación bastante compleja, desde el punto de vista de la protección de los futuros consumidores de esas empresas y también de los trabajadores. Repito, como se trata de un tema complejo, a mi juicio, debemos hacer un nuevo análisis. Para ello, me parece importante que la Comisión de Economía conozca y discuta el proyecto. Por lo tanto, para hacer un segundo estudio, solicito recabar, cuando haya quórum, el acuerdo de la Sala para que la iniciativa se envíe a la Comisión de Economía. De lo contrario, pido votación separada en los numerales 1 y 3, letras a) y b). Ello, porque si no podemos conocer el proyecto en la Comisión, de la que formo parte, me veré obligado a votar en contra de estos numerales, justamente para tener una discusión mayor respecto de un tema tan delicado como éste. En general, me parece que el proyecto está muy bien inspirado, por cuanto resuelve algunas dificultades que tienen las empresas individuales de responsabilidad limitada. Insisto, de un uso bastante masivo y común, que ha tenido un efecto jurídico y económico importante. Sin embargo, lo que no podemos hacer es que un proyecto que tiene un 90 por ciento de cosas buenas, genere abusos en nuestro ordenamiento jurídico por una disposición que, a mi juicio, no tiene la suficiente maduración y debate. Por eso hay que ser más cautos, en todo caso, no estoy disponible para aprobar una norma que permita a las personas jurídicas crear empresas individuales de responsabilidad limitada. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, como bien ha dicho la diputada informante y los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, esta moción nace en el seno de la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el apoyo de un equipo de juristas de Concepción que, en el fondo, plantearon la idea y motivaron a la Comisión para abordar el tema. La iniciativa fue aprobada en general por la Sala. En resumen, lo que pretende el proyecto es contribuir, mejorar y fomentar el emprendimiento de los pequeños y medianos empresarios. Todos sabemos que si incentivamos el emprendimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, contribuiremos a un mayor empleo. Luego que los integrantes de la Comisión escuchamos a personas e instituciones, con el objeto de conocer de los propios interesa-dos los factores que dificultan, tanto la constitución como la formalización de la empresa individual, llegamos a la conclusión de que la ley actual hace algunas exigencias que se presentan como un obstáculo. Además, la norma limita el ámbito de acción del empresario individual para desempeñar varias actividades a la vez, lo que, sin duda, complica la posibilidad de emprender, que es lo que queremos evitar. La idea es que la norma sea un apoyo y no una traba en el proceso de emprendimiento. Un importante porcentaje de las empresas surge mediante esta figura, debido fundamentalmente a la simplicidad de su estructura, a su flexibilidad y a los numerosos beneficios que genera la separación de patrimonios, por lo que se ha constituido en la principal herramienta de emprendimiento privado en nuestra legislación societaria, mérito suficiente para su perfeccionamiento, como ha quedado demostrado con las indicaciones que se han presentado tanto por los diputados como también por el Ejecutivo. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se han introducido? Incorpora a las personas jurídicas, actualmente, solo están autorizadas las personas naturales. Con ello, se busca dar permanencia a los proyectos empresariales, adecuarlas a los tiempos y exigencias del mercado, perfeccionarlas para lograr una mayor aceptación y una mejor proyección en el tiempo, a fin de hacerlas más duraderas, útiles y accesibles a los micros, pequeños y medianos empresarios. La crítica que aquí se ha hecho, en cuanto a que esto podría prestarse para algún tipo de fraude, en este momento también existe la posibilidad de que eso se dé, pero aquí estamos pensando desde una perspectiva distinta, no del temor o del miedo a que se transgreda la norma o la ley, sino desde el punto de vista de entregar más y mejores herramientas para que el emprendimiento sea mucho más factible y se haga con más facilidad. Se permite constituir por instrumento privado autorizado ante notario, posteriormente protocolizado, lo que facilita la tramitación, pues disminuye el tiempo y abarata los costos notariales y judiciales iníciales. En este segundo trámite se agrega, por iniciativa del Ejecutivo, una mayor protección a los terceros, al exigir requisitos más concretos de transparencia. Se suprimen formalidades que encarecen los costos de la empresa. Por ejemplo, se simplifican los mandatos y poderes conferidos por el titular. Se elimina la exigencia de publicidad y anotaciones notariales de algunas actuaciones; asimismo, la exigencia de escritura pública para su término, lo que podrá hacerse, entonces, por instrumento privado cuyas firmas sean autorizadas y protocolizado ante notario. El Ejecutivo, en este segundo trámite, simplifica aún más el texto y subsana los problemas de interpretación de la norma actual en cuanto permite clarificar que, al tratarse de una empresa individual de responsabilidad limitada, se está ante un patrimonio de afectación que responde por las obligaciones que el empresario contrae, sin afectar su patrimonio personal, puesto que el titular sólo responderá de las obligaciones de la empresa hasta el monto de su aporte. Finalmente, un punto importante es que, en el caso de la mujer casada en sociedad conyugal, que careciere de patrimonio reservado y quiera emprender, la norma considera, mediante un nuevo artículo, que no necesitará autorización del marido y las utilidades que retire ingresarán a su patrimonio reservado. Hay otros aspectos, no menores, como que no será necesario indicar la edad del constituyente exigida hasta ahora. Respecto del nombre de las empresas, se exigirá sólo la inclusión de las palabras: “empresa individual de responsabilidad limitada”. Asimismo, permite que la empresa tenga más de un objeto social y, por iniciativa del Ejecutivo, también una mayor protección a los terceros, al exigir requisitos más concretos de transparencia. Tengo el convencimiento de que estamos entregando a los emprendedores nuevas herramientas que les ayudarán a concretar sus proyectos personales con más facilidad. Es importante aprobar el proyecto para contribuir, como dije al principio de mi intervención, a mejorar el trabajo y también contribuir al esfuerzo de los micros y pequeños emprendedores. Todos aquellos que tienen capacidad para crear y arriesgarse necesitan herramientas actualizadas que respondan a los requerimientos actuales. Eso hace el proyecto aun cuando el tema de las personas jurídicas puede ser de alguna manera discutible, pero creo que esto responde a lo que ha sido el desarrollo y la aplicación de la normativa actualmente vigente. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, en verdad, por lo que ha ocurrido en el debate del proyecto, no puedo sino expresar mi tremenda preocupación por la incorporación de cambios a la ley Nº 19.857 que violentan el régimen jurídico de las sociedades en Chile. Lo primero que me parece necesario sostener es aquello que se refiere a las personas jurídicas. No es posible establecer que puedan transformarse en empresas individuales de responsabilidad limitada. Durante las últimas semanas y meses ha habido una discusión muy profusa respecto del uso de roles únicos tributarios múltiples por algunas empresas. Se quiere legislar sobre el denominado uso del multi-RUT, para establecer -la tendencia natural- precisamente lo inverso de lo que se pretende con este proyecto. Es decir, lo que se busca es que la legislación respecto del multi-RUT impida los abusos que un conjunto importante de empresas comete y el incumplimiento de la legislación laboral, financiera o tributaria, por ejemplo. Al autorizar a las personas jurídicas que se transformen en empresas individuales, lo que estamos haciendo es retrotraer la situación al estado anterior de disponer de una cantidad indeterminada de personas jurídicas o de empresas individuales de responsabilidad limitada que, como se señaló en la indicación que se presentó en la discusión anterior del proyecto, ponía en riesgo el cumplimiento de una cantidad importante de normas del carácter que he señalado. No me parece razonable que la Comisión informante sostenga que la indicación presentada en su momento se rechazaba porque con las actuales normas, como estaba señalado, y cito textualmente: “las empresas individuales de responsabilidad limitada podrán, de todas formas, realizar este tipo de fraudes.”. No quiero hacer más comentarios sobre ese argumento. El N° 1 del artículo único del proyecto propone modificar el artículo 1° de la ley Nº 19.857, para intercalar entre las expresiones “natural” y “el”, los vocablos “o jurídicas”. En definitiva, el texto indicaría: “Se autoriza a toda persona natural o jurídica el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, con sujeción a las normas de la ley”. Repito, “Se autoriza a toda persona natural o jurídica …”. Un principio básico expresa que, donde el legislador no distingue, no cabe al intérprete distinguir. Y de ese principio jurídico elemental no podemos abstraernos. Eso significa que cuando usamos la expresión “persona jurídica” podemos llegar al absurdo de que, por ejemplo, un club deportivo, un club de adultos mayores, una junta de vecinos o corporaciones sin fines de lucro, puedan transformarse en empresas individuales de responsabilidad limitada, porque son personas jurídicas aunque hayan obtenido tal condición a través de mecanismos distintos. Entonces, el futuro que se presenta a las empresas individuales de responsabilidad limitada es bastante oscuro, porque, lejos de fortalecerlas, vamos a dar una puñalada en la espalda a los emprendedores que hoy están constituidos como empresas individuales, porque su nivel de credibilidad en el sistema bancario o financiero y las posibilidades reales de emprendimiento se van a reducir al mínimo. La flexibilización que incorpora el proyecto, evidentemente, afecta esa credibilidad. Soy muy partidario de estimular toda medida que propenda a fomentar el emprendimiento, asociativo o individual; pero, no se puede confundir la libertad de emprender con la de transgredir normas de tanta relevancia como las que he señalado. Me parece que el proyecto, como está concebido, fija, además, una suerte de falta absoluta de certeza jurídica en las relaciones que estas empresas individuales de responsabilidad limitada van a sostener en el futuro con otras instituciones que sí la tienen, como los sistemas bancarios, financieros u otras personas jurídicas de distinta naturaleza. En definitiva, me sumo a la petición de que este proyecto, si existe voluntad de la Sala, sea remitido a la Comisión de Economía para que se reformule la propuesta de la Comisión y, de esa manera, podamos superar los obstáculos. En caso contrario, evidentemente, la razón indica que este proyecto no puede ser aprobado y anuncio mi voto en contra. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día. ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado señor Chahín y enviar este proyecto a la Comisión de Economía, para lo cual se requiere la unanimidad de la Sala? No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín para plantear un punto de Reglamento. El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, entonces, en virtud del artículo 111 del Reglamento, solicito que se someta a votación, porque se requiere simple mayoría, para que vuelva a la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de continuar con la discusión particular y emitir un informe complementario. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero saber si los inscritos vamos a alcanzar a intervenir o usted ya cerró el debate. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- No está cerrado el debate. No se votará hoy, porque quedan inscritos. Estamos en la solicitud del diputado Chahín. El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido que primero intervengan los dos inscritos y después se resuelva. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Señor diputado, tendría que pedir la unanimidad para que intervinieran y ya terminó el Orden del Día. El señor LATORRE.- Señor Presidente, es de Perogrullo el tema planteado en relación con este proyecto. Con todo respeto, quiero decir que podría aprobarse una iniciativa que permite que una sociedad anónima abierta se transforme en empresa individual de responsabilidad limitada. Me parece increíble que haya colegas que se opongan a que el proyecto vuelva a la Comisión respectiva o se envíe a la de Economía. No podemos aprobar un proyecto de esta naturaleza, porque es ridículo. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- De acuerdo con lo solicitado por el diputado Chahín, se pidió la unanimidad para que el proyecto fuera a la Comisión de Economía y no se dio. Ahora, él ha pedido, según el artículo 111, que vaya a la misma Comisión que lo trató y para eso debe votarse y aprobarse por simple mayoría. Tiene la palabra el diputado Arenas para plantear un asunto de Reglamento. El señor ARENAS.- Señor Presidente, es tan obvio y grosero el error que hace notar el diputado Latorre, que pido que recabe nuevamente la unanimidad de la Sala para que el proyecto vaya a la Comisión de Economía, porque ahí se le podrá dar una segunda mirada. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Por última vez, pido la unanimidad de la Sala para que el proyecto se envíe a la Comisión de Economía. No hay acuerdo. El señor BURGOS.- Señor Presidente, ¿por qué no pide la unanimidad para que vuelva a la Comisión de origen? El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se va a votar. La aprobación a esa petición requiere simple mayoría. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Harboe Bascuñán Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Burgos Varela Jorge; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El proyecto vuelve a la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Tiene la palabra el diputado Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, simplemente, quiero dejar constancia de que la Comisión a la que vuelve el proyecto, ya rechazó una indicación para no incorporar a personas jurídicas en general. Entonces, no entiendo por qué se está enviando a esa Comisión. El señor BURGOS.- ¿Por qué no votamos el proyecto? -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Señor diputado, ese tema no está en discusión. La Sala ha resuelto que vuelva a Comisión. VI. PROYECTOS DE ACUERDO. OPTIMIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. (Pendiente). El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo N° 299, referido a la medición de ciencia y tecnología a la altura de los países desarrollados. Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Van Rysselberghe. El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, hay consenso en que para crecer, desarrollarse y generar empleo, hay que promover la ciencia y la tecnología. Si queremos derrotar la pobreza y mejorar sustantivamente la calidad de vida de nuestros compatriotas, debemos invertir en ciencia y tecnología; pero también debemos mejorar la gestión de esta inversión. Mi experiencia en la Comisión de Ciencia y Tecnología me llevó al convencimiento de que, nuestro país tiene una mala forma de medir su producción en ciencia y tecnología. Debemos maximizar el impacto de cada peso invertido en ciencia. Un factor crítico es medir bien la forma en que se realiza esa inversión y su impacto. Por eso, pido a los colegas que apoyen esta petición al Presidente de la República para que se optimice la forma de medir el desarrollo científico nacional, de manera de alcanzar los parámetros establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres. El señor TORRES.- Señor Presidente, sobre la base de lo planteado por el diputado señor Van Rysselberghe y también de acuerdo con la argumentación de otros proyectos de acuerdo que establecen la necesidad de considerar la innovación, la ciencia y la tecnología como herramienta fundamental en el desarrollo del país, es tremendamente relevante apoyar esta petición. En la Comisión de Ciencia y Tecnología, en no pocas oportunidades hemos intentado buscar antecedentes sobre distintos tópicos, y ha sido muy difícil, incluso para la Biblioteca del Congreso Nacional, contar con información científica para establecer líneas base que permitan compararnos con otros países. Si Chile firmó su ingreso a la OCDE, es de suyo importante que en estas materias estemos a la altura de las exigencias que ello significa. Por eso, apoyó el planteamiento del diputado Van Rysselberghe y anuncio que votaré favorablemente el proyecto de acuerdo. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. BENEFICIOS FISCALES A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 300. El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 300, de los señores Enrique Van Rysselberghe, Gastón Von Mühlenbrock, de la diputada señora Marisol Turres, de los señores Carlos Vilches, Jorge Ulloa, Ignacio Urrutia, Sergio Bobadilla, de la señora Mónica Zalaquett y de los señores Felipe Salaberry y Ramón Barros, que en su parte dispositiva dice: “Solicitar a su excelencia el Presidente de la República tenga a bien presentar un proyecto de ley que modifique el artículo 31, inciso tercero, N° 6°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, permitiendo al contribuyente de Impuesto a la Renta de Primera Categoría, contratante de personas naturales en edad de recibir pensiones de vejez, de conformidad a lo establecido en el Título II del decreto ley N° 3.500, de 1980, descontar de su renta bruta un gasto presunto, equivalente a un porcentaje de la remuneración efectivamente pagada a estos trabajadores, por sobre la deducción ya permitida, por rentas de cualquier monto, pero con tope del equivalente al sueldo mínimo.”. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Van Rysselberghe. El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, en mi distrito y, probablemente, también en los que representan mis colegas, es bastante usual encontrar a personas de más de 50 años que quieren demostrar que aún tienen mucho que aportar a la sociedad y, fundamentalmente, al mundo productivo. Sin embargo, muchas de ellas son discriminadas por su edad. En ese contexto, y de acuerdo con estudios de la OCDE, en muchos países desarrollados se adoptaron medidas consistentes en cambios en los subsidios al trabajo, incentivos al reclutamiento de ciertos empleados y creación de nuevos esquemas de trabajo en el sector público. Algunas de dichas medidas fueron directamente dirigidas a las empresas que contrataban personas de la tercera edad. En el proyecto de acuerdo se describe la experiencia de Bélgica, Japón, Nueva Zelanda y Holanda y también se sugieren algunos mecanismos específicos al respecto. En ese sentido, el proyecto de acuerdo tiene como objetivo pedirle al Presidente de la República que revise algunas sugerencias específicas que buscan incentivar la contratación de personas de más de 50 años y también de la tercera edad que quieren seguir trabajando y aportando al mundo productivo. Solicito a los colegas que apoyen el presente proyecto de acuerdo, de modo de hacerle -como Cámara, cuerpo colegiado-, formalmente la petición al Presidente. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, vamos a apoyar la iniciativa del diputado Van Rysselberghe, porque, como bancada, consideramos que, sobre todo por la expectativa de vida en nuestro país, la realidad, ha superado con creces la proyecciones sobre las cuales se fijó originalmente el período de egreso. Incluso, en muchos países se está cuestionando si corresponde que una persona deje el mundo laboral a los 60 ó 65 años de edad. Desde esa perspectiva, entendemos que las políticas públicas deben considerar in-centivos tributarios, como los señalados; una política de Estado que busque recoger la experiencia en determinadas materias acumulada por muchos profesionales y técnicos adultos mayores. En otros países, como Canadá, a los adultos mayores, dada la calificación que tiene el Estado, los ponen al servicio de empresas innovadoras para sacar el máximo provecho a sus capacidades y experiencia. Por lo tanto, quiero señalar nuestro apoyo al proyecto de acuerdo. He dicho. -Aplausos. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernan-do; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. CUMPLIMIENTO DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL SOBRE ELECCIÓN DIRECTA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto. El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 301, de los diputados señores Rodrigo González, Aldo Cornejo, Pepe Auth, Marco Antonio Núñez, Marcelo Schilling, de la señora María José Hoffmann y de los señores Alfonso de Urresti, Víctor Torres, Fernando Meza y Gaspar Rivas, que en su parte dispositiva dice: “Oficiar a su excelencia el Presidente de la República y a los ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia, con la finalidad de solicitarles que, en ejercicio de las facultades de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, se someta a consideración del Congreso Nacional, a la brevedad, un proyecto de ley que permita desarrollar lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de la República, en relación a la elección universal y directa de los cargos de consejeros regionales, medida indispensable para asegurar la profundización del proceso de descentralización política y administrativa del país.” El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo no busca otra cosa que reforzar un deseo ciudadano y de la inmensa mayoría de las diputadas y de los diputados: democratizar y descentralizar el país. Hace 160 años, un ilustre chileno alzó su voz en Copiapó para exigir al Gobierno de Manuel Montt la descentralización del país. Pedro León Gallo cabalgó hasta Santiago para exigir que se hablara de Chile y no sólo de la Región Metropolitana. Hemos esperado 160 años que otros presidentes y presidentas recojan esta necesidad. Las regiones siguen empobrecidas, sin autonomía ni financiamiento que les permita a cada una de ellas utilizar los dineros en lo que corresponde, en lo que más necesitan. La elección de consejeros regionales por votación directa y universal es una necesidad imperiosa. Todos sabemos cómo se manipula -y se sirve a determinados partidos e intereses- la votación de los consejeros regionales en Chile y cómo se administran los recursos, muchas veces, en función de otros intereses que no son los de la ciudadanía en general. De ahí, la importancia que este año el Presidente de la República, don Sebastián Piñera, haga lo que no han hecho otros gobiernos en el pasado: enviar ese proyecto a la brevedad, ahora, para que el año 2012, junto con los concejales, se elijan democráticamente los consejeros regionales, lo que reforzará la autonomía de cada una de las regiones. Ésa es la petición de este proyecto de acuerdo Espero que mis colegas nos apoyen para que Chile no sólo sea Santiago y cada una de las regiones tenga su financiamiento y representación correspondiente. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe. El señor HARBOE.- Señor Presidente, el año 1993, cuando se dictó la ley orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional y se estableció el sistema de elección indirecta de los consejeros regionales, era otro momento histórico. Hoy, debido a la profundización de la democracia, probablemente debemos hacer un esfuerzo para cambiar ese sistema. No es posible que, transcurridos más de veinte años de democracia y diecisiete desde la dictación de dicha ley, todavía tengamos en los diferentes gobiernos regionales un conjunto de personajes, probablemente bienintencionados, pero con carencia de legitimidad ciudadana, que definen el destino de miles de millones de pesos de la Ley de Presupuestos. En las regiones extremas deciden si aprueban o no proyectos de construcción de establecimientos educacionales, de salud y de seguridad y un sinnúmero de obras de infraestructura y la adquisición de equipamiento. Por eso, es de toda lógica solicitar al Presidente Piñera que envíe un proyecto destinado a establecer la elección directa de los consejeros regionales y, además, determine un límite de tiempo para su reelección, tal como debe ser para los alcaldes, concejales, diputados, senadores y consejeros regionales. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías. -Se abstuvo el diputado señor Barros Montero Ramón. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES EXENCIÓN TRIBUTARIA Y SUSPENSIÓN DE SANCIONES A COMERCIANTES DE PERSAS Y FERIAS LIBRES. Oficio. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Hacienda y, por su intermedio, al director nacional del Servicio de Impuestos Internos para que revise el cobro del impuesto al valor agregado, IVA, a los pequeños comerciantes de persas y ferias libres, en especial a los de la comuna de Cerro Navia, muchos de los cuales han sido sancionados por inspectores de dicho Servicio durante las últimas semanas. Dichos comerciantes son de escasos recursos. Por lo general, se trata de personas pertenecientes a los primeros quintiles, cuya actividad corresponde a una economía de subsistencia. En su mayoría presentan un bajo nivel de escolaridad, lo que los hace tener menos oportunidades laborales; además, el comercio que realizan es de muy poca monta, ya que no tienen grandes capitales y sus potenciales compradores son de baja capacidad económica. Las ferias libres y persas son los merca-dos más económicos y de acceso más inmediato para los habitantes de muchas comunas. Entre ellas, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal y Pudahuel tienen un alto número de ferias libres y persas. La mayor parte posee una larga historia y ha sobrevivido a la agresiva estrategia de instalación de megamercados y supermercados de grandes cadenas. Han sido un factor determinante en la competencia del mercado y la regulación de precios, lo que ha redundado en el mantenimiento de mercados locales y favorecido las economías de las familias de más escasos recursos de esas comunas. Desde hace un tiempo, la Dirección Regional Metropolitana Poniente ha estado cursando infracciones a pequeños comerciantes por la no tributación del IVA, por ejemplo, a los feriantes de la Feria Libre de Fanaloza, en la comuna de Cerro Navia, y del Persa de la Avenida Teniente Cruz, en la comuna de Pudahuel; este último reúne a personas de escasos recursos de varias comunas del sector poniente de Santiago. Esa situación está causando una gran inquietud entre este tipo de comerciantes de las cuatro comunas señaladas, ya que históricamente nunca se les había cobrado ese impuesto. El artículo 31 del decreto ley N° 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, señala: “Artículo 31.- La Dirección Nacional de Impuestos Internos podrá exonerar del impuesto de este Título a los vendedores o prestadores de servicios, a que se refiere el artículo 29°, cuyas ventas o remuneraciones totales sean de muy pequeño monto, o cuando, considerando los mismos factores indicados en dicho artículo, pueda presumirse escasa importancia económica a las actividades de estos contribuyentes.” Estoy convencida de que la exención del pago a esos pequeños comerciantes no afectará en nada la recaudación fiscal y restablecerá el equilibrio social y económico en las ferias libres y persas, que ha sido exitoso como estrategia de supervivencia local durante muchos años. Es importante cobrar impuestos a las grandes empresas, pero no a los pequeños comerciantes con economías de subsistencia. En atención a lo anterior y lo dispuesto en los artículos 29 y 31 del decreto ley N° 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, solicito que se oficie al ministro de Hacienda, de quien depende el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, para que exima del pago del IVA a todos los comerciantes de ferias libres y persas y deje sin efecto las sanciones cursadas a ellos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa. CONCESIÓN DE BENEFICIOS DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERA A EX TRIPULANTES DE CORONEL Y TALCAHUANO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, hoy la principal avenida de la ciudad de Talcahuano amaneció tomada por ex tripulantes que fueron desplazados del sector industrial de pescadores de las comunas de Coronel y Talcahuano. Sin duda, el Fondo de Administración Pesquera tenía el objetivo de entregar capacitación y reconversión a muchas personas que, debido a la crisis pesquera y a la ley de 2002, fueron desplazados de sus fuentes de trabajo. A muchas de ellas se les entregaron recursos para que obtuvieran algunos beneficios y realizaran otro tipo de labores. Sin embargo, muchos no pudieron obtener re-cursos de la Subsecretaría de Pesca y no han podido ejercer la función por la que hoy se están manifestando los trabajadores. Me apena la ineficiencia y la falta de compromiso con los trabajadores, que dedicaron su vida a trabajar en el mar y que hoy, lamentablemente, deben salir a la calle para exigir sus beneficios, porque este Gobierno no escucha, no dialoga ni, menos, se sienta a la mesa. Todos esos antecedentes fueron entregados al ministro del Interior y al subsecretario de Pesca hace muchas semanas, pero hasta hoy nada se ha hecho. Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros del Interior y de Economía y al subsecretario de Pesca, a fin de pedirles que, de una vez por todas, se hagan cargo del Fondo de Administración Pesquera. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz, Jaramillo, Castro, Vargas, Saffirio y Velásquez. ALCANCES LEGALES DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES Y SU RELACIÓN CON SEMILLAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS. Oficios. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas. El señor VARGAS.- Señor Presidente, no es mi intención discutir los contenidos generales del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, ratificado la semana pasada en el Senado, pero no porque no sea de gran importancia, no porque no sea de interés que los campesinos e indígenas no sean dueños de sus propias semillas, no porque no esté demostrado que los productos transgénicos sean nocivos para la salud, no porque en el corto plazo genere verdaderos monopolios, sino porque, literalmente, me preocupa -es decir, me ocupa primero- el verdadero atentado al patrimonio cultural inmaterial que significa terminar con procesos ancestrales vinculados a las particulares cosmovisiones, negando prácticas milenarias e imponiendo modelos economicistas. Uno de los productos agrícolas más importantes en la zona norte andina es la quínoa, una planta nativa de la región, considerada por la FAO y por la OMS como alimento único por su alto valor nutricional. Además, posee propiedades medicinales sobresalientes, por lo que forma parte de procedimientos patrimoniales. La quínoa, como otros productos agrícolas andinos, pertenece al sistema religioso cultural y, por tanto, comunitario y colectivo, dual y recíproco, vigente y trascendente, de nuestros pueblos originarios, por lo que una persona, una empresa o una institución no puede arrogarse o no puede permitírsele que se arrogue la propiedad de ella. Recuerdo a los colegas que hemos suscrito el Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 5 expresa, entre otras cosas: “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;”. Por su parte, el artículo 2 expresa: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.”. A su vez, el artículo 6 obliga a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”. Por lo tanto, solicito oficiar a los ministros de Agricultura y de Economía, con el objeto de que aclaren en profundidad los contenidos y los alcances legales de este Convenio y su relación respecto a las semillas nativas de nuestros pueblos originarios que son sujeto y objeto de prácticas cultura-les ancestrales y profundamente vigentes. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic, Cristina Girardi y Clemira Pacheco y de los diputados señores Ortiz, Saffirio, Rincón, Velásquez y Jaramillo. FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE VENTA PARCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE. Oficio. El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité PRI e Independientes, tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez. El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente, solicito oficiar al señor ministro de Educación, don Joaquín Lavín Infante, con el fin de pedirle que lleve a cabo una exhaustiva fiscalización e informe en relación al problema que está afectando a los estudiantes y, muy especialmente, a la Universidad Central de Chile. Como es de vuestro conocimiento, los estudiantes de esta universidad se encuentran en paro desde hace cuarenta y dos días, debido a que la Universidad Central de Chile decidió, en su plan estratégico, que ingrese capital privado de la Sociedad Chilena de Inversiones Norte Sur, que implica la adquisición del 45 por ciento de sus inmuebles y del 50 por ciento del control de su gestión. Esto ha motivado un paro indefinido de los estudiantes. Lo más grave es que cuatro jóvenes estudiantes de la ciudad de La Serena llevan casi una semana en huelga de hambre, debido al escaso ánimo de diálogo mostrado por los actuales directivos de la Universidad Central de Chile. Solicito la intervención del ministro de Educación porque, para que se materialice esa transacción, se requiere que ese ministerio apruebe la reforma al estatuto. Entonces, pido que la intervención del ministro sea minuciosa, con el objeto de que esa transacción se ajuste a lo que señala el estatuto, el cual indica, entre otras cosas, que debe participar toda la comunidad educativa, lo que no ha ocurrido. Además, solicito que el ministro interceda ante los máximos directivos de la Universidad Central de Chile, a fin de que se pueda llegar a un acuerdo sobre la materia, para que los miles de alumnos de todo el país puedan continuar normalmente sus clases y, por sobre todo, para que esos jóvenes abandonen la huelga de hambre que está afectando a su salud y ha producido un gran impacto en la comunidad estudiantil. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. PREOCUPACIÓN POR ABUSOS DE EMPRESAS EN CONTRA DE USUARIOS DE TARJETAS DE PREPAGO. Oficios. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, pido oficiar al Presidente de la República y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de solicitarles que, en virtud de sus facultades legales y reglamentarias, pongan término al abuso que cometen algunas empresas con los adquirentes de tarjetas de prepago, que impiden a la gente usar libremente su dinero, ya que si una persona compra una tarjeta de prepago de 3 mil, 4 mil o 5 mil pesos, sólo disponen de entre treinta y sesenta días para hacer uso de ese dinero, ya que, de lo contrario, lo pierde. Esto constituye un enriquecimiento ilícito y es un abuso manifiesto y totalmente injusto. De hecho, en la Corporación se presentó un proyecto de ley del diputado René Manuel García, que se podría enviar al Presidente de la República y al ministro del ramo respectivo, con copia al subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, para que el Ejecutivo lo estudie y patrocine, así como recogió el proyecto de acuerdo N° 170 de esta Cámara, sobre el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Walker, Saffirio, Ortiz, señora Carolina Goic, señor Jaramillo y señora Clemira Pacheco. CAMINO ALTERNATIVO POR PAVIMEN-TACIÓN DE CALLE CONDELL, EN COMUNA DE RENGO. Oficios. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, además, pido oficiar a la ilustre municipalidad de Rengo, con el objeto de solicitarle que considere habilitar un camino alternativo debido a la pavimentación de la calle Condell, que une a la comuna de Rengo y al entorno de calle Condell con la importante localidad de Pelequén y con localidades intermedias. La calle que se está pavimentando fue cerrada totalmente, mientras que el camino alternativo de ocho kilómetros que va hacia el oriente se está llenando de barro por las lluvias, con riesgo para la vida de las personas, que ya ha producido algunos casos de siniestralidad, pues no cuenta con una señalización adecuada, por lo que no constituye una alternativa real. Además, se necesita a lo menos un par de furgones para que los niños y los adultos mayores puedan salir en las mañanas y retornar por las tardes. Asimismo, solicito enviar copia del oficio a cada concejal, a la Dirección de Obras, a la Dirección de Tránsito y a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la misma municipalidad, así como a las juntas de vecinos del sector Los Sauces y de la calle Condell, en Rengo. El señor BERTOLINO (Vicepresiden-te).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Walker, Saffirio, Ortiz, señora Carolina Goic, señor Jaramillo y señora Clemira Pacheco. REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE ACTAS DE REUNIONES DE LA MESA DEL GAS Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONTINUACIÓN DE ESA INSTANCIA. Oficio. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic. La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero reiterar una solicitud de oficio que hice el 23 de marzo de este año, que no ha sido respondido a la fecha, relacionado con la situación de la Mesa del Gas, en Magallanes, tema conocido nacionalmente por el impacto que ha tenido. Hemos visto que dicha Mesa ha funcionado durante estos meses sin lograr ningún avance, lo que provoca incertidumbre respecto de lo que va a pasar cuando se cumpla el plazo acordado, que debe ser en septiembre, pues se suponía que el Ejecutivo presentaría una solución que diera garantías y tranquilidad respecto del valor del gas o la posibilidad de un proyecto de ley que zanjara esa situación. Sin embargo, siento que las discusiones están hoy en punto muerto. En esa oportunidad, solicité al ministro de Minería y Energía las actas de las distintas reuniones de la Mesa del Gas. Reitero la solicitud de las actas de cada una de las reuniones, porque sólo se han entregado las exposiciones. Además, queremos un pronunciamiento sobre cómo va a continuar dicha Mesa. Se suponía que la última sesión era hace dos semanas y se cerraba. Hemos escuchado al intendente que ha planteado que van a continuar las exposiciones. Si la Mesa no va a trabajar una propuesta, ¿cuál es el sentido de las exposiciones? ¿Cuál es el calendario de lo que sigue? Por lo tanto, espero un pronunciamiento al respecto. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Walker, Saffirio, Ortiz, Rincón y de la diputada señora Clemira Pacheco. PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOBRE EL TEMA DEL GAS EN MAGALLANES Y SOBRE POTENCIAMIENTO DE ENAP. Oficio. La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, en segundo lugar, pido que se oficie al Presidente de la República. Todos sabemos -por lo demás, así lo ha planteado el propio intendente- que aquí corresponde una decisión política. No se trata de tener más o menos discusiones técnicas o de presentar más o menos argumentos, sino que tiene relación con un criterio geopolítico de cómo se va a tratar la zona de Magallanes en un tema tan relevante como el gas, un insumo que es básico para la población. La determinación de su precio no puede quedar al mero arbitrio del mercado. Eso se ha planteado por parte de la ciudadanía con suficiente fuerza. Por lo tanto, pido que al oficio destinado al Presidente de la República se adjunte la carta de la Asamblea Ciudadana, que señala que, ojalá, el 21 de Mayo el Primer Mandatario se refiera al tema del gas en Magallanes y que explicite que efectivamente no subirá su precio y que el Estado asumirá íntegramente y por ley una compensación o subsidio al precio de ese combustible en la región. Además, se hace necesario que dé señales de la voluntad del Gobierno de querer potenciar a la Empresa Nacional del Petróleo, principal empresa pública encargada de conducir una política energética, con una visión geopolítica y prospectiva para la región y para Chile. Pido un pronunciamiento de parte de la Primera Autoridad del país sobre cuál es su determinación en esta materia. No queremos volver a repetir movilizaciones en Magallanes. La ciudadanía quiere participar en una solución, pero eso también depende de que el Gobierno abra efectivamente los espacios y se allane a generar acuerdos y a escuchar. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Walker, Saffirio, Ortiz, Rincón, Jaramillo y de la diputada señora Clemira Pacheco. INFORMACIÓN SOBRE PERMISO DE INGRESO A BARCOS INDUSTRIALES EN ÁREA RESERVADA A LA PESCA ARTESANAL EN REGIÓN DE COQUIMBO. Oficio. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Economía, Fomento y Turismo, para su despacho al subsecretario de Pesca, a objeto de que in-forme a la Corporación sobre el permiso de penetración, en el área de cinco millas marítimas reservada para la pesca artesanal, que ampara a los barcos industriales que, con inusual volumen -como a usted le consta, señor Presidente- han penetrado en las últimas semanas en las costas de la Región de Coquimbo, que presuntamente provienen de la Octava Región. Eso ha afectado gravemente la capacidad de pesca, sobre todo de la especie jurel, de los pescadores artesanales de nuestra región. Por lo tanto, pido que el subsecretario de Pesca informe sobre tales permisos de penetración que amparan esas actividades y remita copia de los mismos a la Cámara de Diputados. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic y Clemira Pacheco y de los diputados señores Jaramillo, Saffirio, Ortiz y Rincón. ANTECEDENTES DE OPERATIVIDAD DE PUENTE MECANO SOBRE EL RÍO BIOBÍO Y DE LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEFINITIVO. Oficio. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El Comité de la Democracia Cristiana ha cedido su tiempo restante a la diputada señora Clemira Pacheco. Tiene la palabra su señoría. La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, agradezco al Comité de la Democracia Cristiana por cederme el resto de su tiempo. Con ocasión del terremoto del 27 de febrero, en la Región del Biobío se agravaron enormemente los problemas de conectividad. Producto de ello, se tomó la decisión de instalar un puente mecano sobre el río Bio-bío, de carácter provisorio, a fin de tener una mejor conectividad hacia el sur. Pero las fechas que se han dado para su puesta en marcha no se han cumplido. Primero se dijo que el puente se entregaría a fines de marzo; luego se habló de mediados de abril, después a fines de ese mes y finalmente a mediados de mayo. El tiempo pasa y aún no tenemos operativo el puente. Más aun, en los últimos días hemos tenido un colapso total en la conectividad, en el tránsito y en el traslado de las personas a sus hogares. Si bien ese viaducto va a dar una solución transitoria, permitirá aliviar los problemas de congestión que se han producido en el Gran Concepción que, como he seña-lado, ha provocado un enorme colapso para el ingreso y salida desde y hacia Coronel, Santa Juana y la provincia de Arauco. Por ello, nos urge tener la certeza de saber cuándo estará operativo el puente y el estado de avance en las soluciones definitivas, particularmente la licitación para la construcción del puente Chacabuco, hecho que, de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Obras Públicas, debería producirse el segundo semestre de este año. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe sobre lo siguiente: fecha concreta y definitiva de puesta en servicio del puente mecano sobre el río Biobío; el flujo estimado de vehículos que circularan por ese viaducto y si se impondrán restricciones respecto de los vehículo en cuanto a su carga, horario y peso. ¿Cómo se resolverá el problema de los accesos, en especial en la conexión desde y hacia Santa Juana? ¿Cuál es la fecha concreta en que se llamará a licitación para construir el puente definitivo sobre el río Biobío? He dicho. El señor BERTOLINO (Prosecretario accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic y de los diputados señores Matías Walker, René Saffirio, José Miguel Ortiz y Ricardo Rincón. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.36 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones VIII. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES. -Se abrió la sesión a las 13.15 horas. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. INFORMACIÓN SOBRE FALLECIMIENTO DE RECIÉN NACIDA POR EVENTUAL NEGLIGENCIA EN HOSPITAL DE ANCUD. Oficio. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, solicito oficiar al Ministerio de Salud para que me informe acerca de una situación ocurrida este fin de semana en la provincia de Chiloé. Una menor recién nacida, Emilia, falleció de un infarto cardíaco debido a que, según sus padres, en el Hospital de Ancud no le practicaron a tiempo una cesárea a la madre. La pequeña nació el domingo recién pasado en dicho centro asistencial y, sin embargo, en la mañana de ayer martes 17 de mayo, murió en el Hospital de Castro. Sus padres, Álvaro y Martina -ambos apellidos los haré llegar a la Secretaría-, señalaron que el sábado llegaron hasta el Hospital de Ancud y que, luego de ser llevada la madre a un jacuzzi con el objeto de que se relajara para iniciar el trabajo de parto, sufrió una descompensación con pérdida parcial del conocimiento, lo que hizo que solicitaran la realización de una cesárea a la mujer. De acuerdo con su relato, los padres recibieron una negativa de parte de la matrona, quien incluso habría insultado a la embarazada tratándola de “loca”. Es una situación que debe informar el Ministerio de Salud. Finalmente, la mujer dio a luz por parto normal, luego de dos horas de complicaciones, pero la guagüita necesitó reanimación, porque presentó dificultades respiratorias, y el domingo debió ser trasladada hasta la ciudad de Castro, donde falleció el martes por la mañana. El padre señala que en Ancud le habrían bajado el perfil al asunto, pero él, dentro de su congoja, quiere una explicación. Seguramente va a iniciar alguna demanda en contra del hospital por lo que él considera una grave negligencia que terminó con la vida de su hija recién nacida. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Salud y se adjunte copia de mi intervención, a fin de que me informe acerca de ese hecho ocurrido en el Hospital de Ancud. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de quien preside. INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN MUNICIPALIDAD DE ANCUD. Oficio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en segundo lugar, solicito oficiar al señor contralor general de la República por irregularidades en el pago de horas extraordinarias en el municipio de Ancud. Las denuncias indican que funcionarios de confianza del señor alcalde de la comuna están cobrando mensualmente horas extraordinarias por trabajos en horarios que resultan simplemente no creíbles. Incluso, un concejal de la UDI, del mismo partido del alcalde, señaló que hay funcionarios que prácticamente todos los días salían del municipio después de la medianoche, cuestión absolutamente increíble, para justificar el pago de tales horas extraordinarias. Pero más increíbles me resultan las declaraciones del propio alcalde, quien luego de saber que funcionarios de su confianza se encontraban cobrando horas extraordinarias en forma irregular, expresa: “Se está trabajando en ello”. Y luego afirma: “Estamos haciendo transformaciones”. Y aquí viene lo grave: “Había un proceso de generar muchas horas como parte de las remuneraciones de los trabajadores, y la idea es que hoy día esas horas se ganen trabajando”. O sea, antes dichas horas no se ganaban trabajando, sino que su pago formaba parte del aumento de remuneraciones a sus funcionarios de confianza. Entonces, el gran cambio que el señor alcalde está haciendo ahora es que esos funcionarios de su confianza se van a ganar las horas extraordinarias trabajando. ¡Tremenda novedad! Por lo expuesto, solicito oficiar al contralor general de la República a los efectos de pedirle que ordene una investigación para determinar la legalidad de las horas extraordinarias cobradas por funcionarios de la municipalidad de Ancud durante los años 2009, 2010 y lo que va corrido de 2011; determine las responsabilidades administrativas que pudieran existir y, en caso de que sea pertinente, remita los resultados de la investigación al Ministerio Público. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presi-dente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quien preside. ANTECEDENTES SOBRE OBRAS VIALES EN DIVERSAS LOCALIDADES Y COMUNAS DE PROVINCIA DE VALDIVIA. Oficios. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Los Ríos está llevando adelante un proceso de planificación para asfaltar el camino que une la localidad de Malalhue, comuna de Lanco, con las localidades de Quemchúe, Antilhue y Chosdoy, aledañas al sector de Malalhue, donde vive una gran cantidad de población, con comunidades indígenas que han trabajado enormemente por el desarrollo y la capacitación de sus predios, las que desde hace mucho tiempo están reclamando el asfaltado del camino. Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, al director regional de Vialidad de la Región de Los Ríos, para que informen en qué etapa de diseño o de planificación están consideradas esas obras. De igual forma, pido información respecto de las comunidades de Puquiñe y Lumaco, también en la comuna de Lanco. En una reunión sostenida con los dirigentes del sector, me plantearon su inquietud por saber si se ha considerado dentro de los futuros asfaltos básicos el tramo entre la ruta que une Lanco y Panguipulli con la localidad de Puquiñe y Lumaco. Asimismo, importantes comunidades indígenas que han logrado el desarrollo y avance en sus procesos productivos, que incluso cuentan con un jardín infantil, también han estado reclamando por el asfaltado del camino. Espero que la Dirección Regional de Vialidad nos informe si existen programas o proyectos de mejoras de ese camino, especialmente en lo que se refiere a los puentes y al roce de la faja del camino, que hoy está muy estrecha. Además, pido que se envíe una copia de mi intervención a los alcaldes de las comunas mencionadas y al honorable Concejo de la municipalidad de Lanco. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención. INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE PROBLEMAS POR NUEVAS OBRAS DE ACCESO A VALDIVIA. Oficios. El señor DE URRESTI.- Señor Presi-dente, también pido que se envíe un oficio al director de Vialidad de la ciudad de Valdivia y al intendente de la Región de Los Ríos, para que informen cuáles son los procesos de planificación y mitigación de los inconvenientes que se van a producir con motivo de las nuevas obras de acceso a Valdivia. Se está trabajando en la nueva pavimentación y en el mejoramiento del estándar de la calle Pedro Aguirre Cerda, el acceso a Valdivia, pero muchos habitantes de ese sector comercial han planteado con legítima inquietud su deseo de saber cómo van a mitigar, cuál es el calendario de programación de obras y cuáles son las distintas alternativas para que no se suspenda el tránsito de vehículos y también para que la población no sufra las consecuencias dañinas, sobre todo quienes tienen establecimientos comerciales. Por eso, es importante conocer cuál es la planificación que han considerado para que las importantes obras de construcción del eje Pedro Aguirre Cerda no se transforme en un inconveniente serio para los habitantes del sector. He dicho. El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención. AMPLIACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS POR PROYECTOS EDUCACIONALES Y CONTRATOS CON CONSULTORAS. Oficio. El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, ha causado polémica en nuestra región la decisión del intendente regional de transferir recursos en forma directa a la consultora fundación Educación 2020, lo que me motivó a pedir, hace aproximadamente un mes, una investigación a la Contraloría a través de la Cámara de Diputados. Ahora entregaré más antecedentes que quiero que se agreguen a dicha investigación. No obstante las millonarias sumas de dinero que ya están comprometidas con Fundación 2020, de una manera que he considerado bastante irregular, he tomado conocimiento de que para desarrollar su labor durante el 2010 dicha consultora ocupó oficinas de la Seremi de Planificación de la Región de Los Lagos y del propio Ministerio de Educación. Esto implica que su gerenta regional, la parvularia Paula Goycoolea, ocupó de manera irregular -desde mi punto de vista- infraestructura y equipamiento de un servicio público, en circunstancias de que el GORE estaba pagando por los servicios contratados. Luego de los cuestionamientos originados al interior del Ministerio de Educación con la fundación Educación 2020, se incorporó otra consultora especialista, supuestamente, en temas educacionales. Me refiero a la Fundación Wilderness, la cual es conocida sólo por un convenio suscrito con la Municipalidad de Los Muermos y la Conama de la Región de Los Lagos para ejecutar un programa de educación medioambiental que busca transformar a Los Muermos en la primera comuna verde de la región. La consultora ambiental también tendría expertise educacional, lo que justificaría la transferencia de recursos, nuevamente en forma directa. En la primera oportunidad en que pedí una investigación a la Contraloría, ya cuestioné el hecho de que estábamos ante una situación muy irregular. En el Sistema Nacional de Inversiones se creó la ficha 30106837-0, Transferencia de herramientas y habilidades de vida para tener éxito en el Siglo XXI, para ser financiado con fondos del FNDR, por la suma de 1.208 millones de pesos. Hasta la fecha, este programa no ha sido evaluado por Mideplan, pues no se han ingresado los antecedentes técnicos de respaldo. Carmen Gloria Balmaceda, jefa subrogante de la División de Planificación del Gobierno Regional de Los Lagos, informó a esa fundación que el Gore aprobó los recursos para ejecutar el Programa de Herramientas de Vida y Aprendizaje Efectivos para el Emprendimiento. Según consta en el certificado 174, de 16 de diciembre de 2010, del secretario ejecutivo del CORE, en el área de fomento productivo se aprobó el proyecto de presupuesto FNDR 2011, sin indicar el código BIP, por la suma de 1.208 millones de pesos. Como la señora Carmen Balmaceda, jefa subrogante de la División de Planificación del Gobierno Regional de Los Lagos, informó que el CORE aprobó los recursos, la fundación Wilderness comenzó a realizar acciones en las comunas. Así, por ejemplo, mediante la resolución exenta 763, del 4 de abril de 2010, don Patricio Catalán Mora, director provincial de Educación de Llanquihue, autorizó la suspensión de clases de algunos liceos de mi distrito, como el Liceo Holanda y la escuela rural Los Pellines, de la comuna de Llanquihue, durante la semana del 4 al 8 de abril, para participar en el Programa Herramientas de Vida y Aprendizaje Efectivo para el Siglo XXI. De todo ese proceso, surge una serie de interrogantes que deben ser aclaradas. ¿Por qué, una vez más, se justifica el trato directo? ¿Es legal aprobar fondos para proyectos que no han sido evaluados? ¿Es legal que Mideplan cobije a una consultora, como lo hizo junto con la Seremi, teniendo en sus dependencias a los funcionarios de esa con-sultora? ¿Mideplan de la Región de Los Lagos puede evaluar objetivamente este proyecto que, por iniciativa del GORE, ya se encuentra en ejecución? Por lo anteriormente señalado, pido que se envíe un oficio al contralor general de la República para que amplíe su fiscalización al GORE de Los Lagos en las materias indicadas precedentemente, al igual que a la seremi de Educación, en relación con este proyecto y con esos tratos medio brujos que hay con esas consultoras. Lo de la fundación Educación 2020 ya me parecía una vergüenza, pero es aún más vergonzoso que se comiencen a ejecutar programas con platas ya comprometidas de proyectos que no han terminado sus procesos de evaluación. Por lo menos, estamos ante una situación por la cual tienen que responder los responsables de administrar la Región de Los Lagos. He dicho. El señor SANDOVAL (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Alberto Robles. REVISIÓN DE LA LEY AUSTRAL COMO INSTRUMENTO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN DE AYSÉN. Oficio. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, pido que se oficie al Presidente de la República, a fin de hacerle llegar una solicitud relacionada con la eficiencia con que llegan los instrumentos de desarrollo a los territorios extremos. La Región de Aysén, que en el último tiempo ha estado en el centro de la noticia, tiene una particularidad: abarca aproximadamente el 17 por ciento de la superficie de Chile continental, pero en ese inmenso territorio -que si estuviera en la zona central abarcaría desde Santiago hasta Valdivia- vive menos del 1 por ciento de la población del país y aporta menos del 0,8 por ciento al Producto Interno Bruto. La situación que se maneja en estas circunstancias es, obviamente, consecuencia de las enormes desventajas comparativas que significa desarrollar actividades productivas en una región como la nuestra. La información de que disponemos hoy es que, por cada cien pesos que se invierten en la región, 80 los aporta el Estado. Un ex ministro de la república dijo que era la región más soviética que había conocido. Tal expresión grafica el enorme significado que tiene la inversión pública y cómo la empleabilidad de cientos de miles de trabajadores de mi región está supeditada a la misma dependencia. Los empleos públicos generan proyectos asociados a una etapa de duración y la empleabilidad también está fuertemente marcada por esta realidad. Recientes situaciones complejas relacionadas con la crisis del salmón generaron un cambio sustantivo en la empleabilidad en nuestra región. Hoy, la industria salmonera se está recuperando, aunque no en la forma en que quisiéramos. Pero la valoramos como una expresión de inversión. Queremos una industria salmonera fuertemente comprometida con las dificultades ambientales y, especialmente, que crezca junto con los habitantes de la Región de Aysén. En ese sentido, reconociendo que las regiones australes tienen condiciones específicas, el Ejecutivo ha dictado una serie de instrumentos para compensar estas diferencias, como la bonificación de la mano de obra; el DFL N° 15, relacionado con el fomento a la inversión; la extensión de la zona franca, en el caso particular de la Región de Aysén, y la Ley Austral, que nació originalmente como Ley Aysén. Posteriormente, se transformó en Ley Austral, incorporando a Palena y Magallanes. La particularidad de ese instrumento, que pretendía impulsar el desarrollo productivo de la región, tuvo un efecto negativo para la misma: el 95 por ciento de los proyectos adscritos a dicha ley fueron a parar a Magallanes, región que ya cuenta con una serie de otros instrumentos adicionales de desarrollo. La causa esencial es que todas estas desventajas territoriales y espaciales que tiene nuestra región no hacen atractivo instalar empresas allí, por el alto costo que ello implica. Por lo tanto, reitero mi pedido para que se oficie al Presidente de la República, con el objeto de solicitarle que ordene realizar una revisión integral de la Ley Austral, como instrumento de desarrollo productivo que necesita la Región de Aysén. Ojalá se pase de dicha ley a un Estatuto Aysén, es decir, una norma específica que regule los asuntos de desarrollo productivo en la región. Queremos ser parte efectiva del desarrollo y parte importante de la integración real de nuestras poblaciones, y por ello creemos que la revisión de esta normativa es algo absolutamente sustantivo. Junto con esta petición, haré entrega de un documento que suscribimos, en una reunión que realizamos en Puerto Tranquilo, los diputados señores Bauer y Melero; señora María José Hoffmann; señores Hasbún, Estay, Urrutia, Rojas, Calderón, Vilches, el diputado que habla y el senador Juan Antonio Coloma, más la firma de tres alcaldes de nuestra región: Omar Muñoz Sierra, de Coyhaique; Emilio Alarcón Escobar, de Río Ibáñez, y Patricio Ulloa, de Cochrane. Suscribimos este documento, que solicitamos que se haga llegar al Presidente, a fin de que ordene hacer una revisión y disponga una modificación sustantiva de la Ley Austral, con el objeto de que sea acorde al desarrollo y a los esfuerzos que se hacen para lograr el crecimiento económico y productivo de la Región de Aysén. He dicho. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su discurso y del documento que su señoría ha mencionado, con la adhesión del diputado que habla. RECHAZO A PROCEDER DE INTENDENTA DE REGIÓN DE ATACAMA EN RELACIÓN CON RENUNCIA DE CONSEJERA REGIONAL. Oficios. El señor SANDOVAL (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, por primera vez en dieciocho años debió suspenderse una sesión del Consejo Regional de Atacama, por falta de quórum. Lo cierto es que los hechos se produjeron porque la tabla de dicha sesión, a la cual citó la intendenta, incluía un punto que provocaba controversia y que había sido tratado con anterioridad. De hecho, la mayoría de los consejeros de la Región de Atacama le pidieron a la intendenta que retirara de la tabla el punto en cuestión. En el punto al cual me refiero, la intendenta pedía resolver su propuesta de renuncia a una consejera regional de Atacama. Los consejeros le enviaron una carta para que retirara esa materia de la tabla, sobre la base de fundamentos bastante claros. El primero era que la propuesta de renuncia de la consejera fue discutida y votada por el Consejo Regional de Atacama en la sesión ordinaria N° 5, realizada el 1° de marzo de 2011, que fue presidida por la intendenta y en la cual el Consejo no estuvo de acuerdo en aceptar dicha renuncia, tal como lo establece el artículo 40, letra b), de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. La no aceptación de la renuncia está registrada en el listado de los acuerdos y en el acta de la sesión ordinaria N° 5, ya aprobada por el Consejo. Los consejeros también fundamentaron su solicitud de retirar de la tabla el punto en cuestión porque, en el hecho, la presidenta del Consejo, más algunos consejeros, tratan de someter a votación, una vez más, la pro-puesta de renuncia de una consejera, la cual había sido votada hacía varias sesiones y que, de conformidad con la ley, no fue aceptada por el Consejo, lo que atenta contra el principio de firmeza y seguridad jurídica de los actos administrativos, en general, y contra las resoluciones del Consejo Regional de Atacama. Pese a la claridad y legalidad del pronunciamiento ya realizado por el Consejo Regional, uno o más consejeros o una autoridad administrativa pretendieron anularlo o reinterpretarlo. La instancia idónea, si quieren reinterpretarlo, no es el Consejo Regional ni la intendenta, sino los órganos del Estado establecidos y facultados para controlar e interpretar la legalidad de los actos de la Administración Pública, como la Contraloría o el Tribunal Electoral, en su caso. La verdad, es que la señora intendenta hizo caso omiso del planteamiento suscrito por los consejeros Gonzalo Catalán Vera, Wladimir Muñoz Lagos, Manuel Peña Véliz, Eduardo Boggioni Tapia, Alberto Gaete Aguirre, Giuliano López Rojas, César Orellana Orellana, Carlos Pérez Gutiérrez y Flavia Torrealba Díaz, para que el punto fuera retirado de la tabla. En estas circunstancias, quiero pedir que se oficie al ministro del Interior y al contralor regional de Atacama, a fin de darles a conocer el proceder de la intendenta, que trató de someter a votación, una y otra vez, un asunto que ya había sido votado por el Consejo Regional y que, de una u otra manera, sólo busca cambiar la voluntad de los consejeros que habían emitido su opinión. Es como si en esta Cámara empezáramos a votar la indicación de un parlamentario o del Ejecutivo una, dos, tres o más veces, hasta que se apruebe. Una vez votado, el tema ya está resuelto y, por cierto, parece ser absolutamente inoportuna, por decir lo menos, la actitud que está adoptando la intendenta con el Consejo Regional. El Consejo Regional es un órgano administrativo que debe ser cuidado, sobre todo porque es, tal vez, el único órgano regional que da cuenta de cierta descentralización. Si no somos capaces de cuidar, darle credibilidad y respetar a nuestro órgano regional, independientemente de quienes lo componen, entonces estamos actuando mal y podríamos caer en un problema bastante serio. Espero que el ministro tome cartas en el asunto. La forma en que se está dirigiendo la Región de Atacama es bastante problemática. Ya tenemos conflictos con la Corema, con distintas organizaciones y ahora entramos en conflicto con el Consejo Regional. Parece poco procedente y poco adecuado que se siga dirigiendo el gobierno regional de esa manera. Además, pido que se envíe copia del oficio al presidente del Consejo Regional y a los consejeros regionales de la Región de Atacama. He dicho. El señor SANDOVAL (Presidente Accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien habla. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.41 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 4. Moción de las diputadas señoras Molina, doña Andrea; Nogueira, doña Claudia, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Calderón, Hernández, Melero, Morales, Sandoval, Von Mühlenbrock y Ward. Establece sanciones a quienes exploten vertederos clandestinos y a quienes trasladen basura a dichos lugares. (boletín N° 7664-07) “En una sociedad que avanza a pasos agigantados hacia el desarrollo, como lo es la chilena, y junto con la explosión demográfica que han experimentado nuestras metrópolis más importantes, es que se han generado determinados problemas colaterales que, claramente, deben ser objeto de preocupación de las autoridades, tanto administrativas como legislativas. En efecto, pensamos que el problema de la basura, como casi todos los flagelos que vivimos en la actualidad, tiene diversas dimensiones. Así, este problema tiene connotaciones de orden medio ambiental, educacional, sanitario, etc. Todos factores que, de una u otra forma y en mayor o menor medida, se ven afectados por la basura o desperdicios generados por una comunidad. En consecuencia de la importancia que reviste este asunto para nuestro país, advertimos que el presente proyecto de ley se encontraba contenido en boletines anteriores (2401-12 y 1322-12) archivados, razón por la cual los firmantes del presente proyecto de ley venimos en reafirmar nuestro compromiso con el establecimiento de medidas eficaces a la hora de preservar nuestro entorno, evitando con ello la proliferación de efectos nocivos para la salud de las personas, como también inhibiendo, de un modo claro y preciso, a quienes persiguen lucro con la práctica ilegal de la explotación de vertederos clandestinos. En la actualidad, la legislación sanitaria y penal presenta ciertos vacíos en lo referente a dotar de medios compulsivos a la autoridad para combatir el tráfico ilícito de basura y la operación de vertederos y rellenos sanitarios ilegales, junto con ello, las sanciones de carácter administrativo contempladas en nuestra legislación son también insuficientes para disuadir a los contraventores de las normas sanitarias que regulan la puesta en marcha, operación o explotación de los vertederos, infringiéndose en forma permanente y reiterada. Las operaciones de vertederos clandestinos es un grave problema que se expande a través de todo el país, especialmente en las grandes urbes, que pone en riesgo la salud de la población Que se han formado asociaciones ilícitas que operan como verdaderas mafias en sitios eriazos, abandonados o fuera de los límites de la ciudad, recibiendo en ellos a toda clase de basuras, desechos y residuos sin ningún control de la autoridad. Pensamos que la inclusión en nuestro Derecho de una normativa tendiente a regular y sancionar efectivamente la explotación de rellenos sanitarios es una necesidad de nuestro país, es por ello que nuestra intención es presentar este proyecto de ley que consideramos será un gran aporte a nuestra escaza legislación que existe sobre la materia. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Introdúzcase la siguiente modificación al artículo 319 letra a) del Código Penal, sustituyéndose su texto por el siguiente “El que mantuviere, administrare, operare o explotare vertederos, depósitos de basura o rellenos sanitarios ilegales, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio. La misma pena se aplicará al que transporte, conduzca, traslade o deposite basura, desechos o residuos en dichos lugares. Se considerará como agravante de este delito los actos u omisiones destinados a entorpecer las actividades de fiscalización de las autoridades competentes” 5. Moción de los diputados señores Morales, Estay, Moreira, Norambuena, Rojas, Rosales, Sandoval, Silva, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica, y Turres, doña Marisol. Sanciona la compra de entradas para espectáculos públicos revendidas en el comercio ambulante. (boletín N° 7665-07) “Los espectáculos públicos, sin lugar a dudas, representan manifestaciones culturales y sociales, en donde masas de gente disfrutan con tales espectáculos, generando con ello un sin número de beneficios al corto y largo plazo. En efecto, los beneficios resultantes para la localidad en los cuales se desarrollan son variados y nutridos, extendiéndose a ámbitos tan diversos como el económico, social, cultural, etc. Así, las bondades de todos estos espectáculos son claras y manifiestas, aminorando los efectos perniciosos de los mismos en casi su totalidad. Bajo estas perspectivas, uno de los elementos más deseados a la hora de asegurar un espectáculo de calidad es la seguridad de los asistentes, razón por la cual deben existir medidas tendientes a asegurar la mayor comodidad y seguridad al público, descartando de plano la posibilidad de algún hecho pernicioso. Sabemos que tales medidas deben ser implementadas tanto en el recinto donde se llevará a cabo el espectáculo, como también en las inmediaciones del mismo, y pensamos que la inhibición de la práctica de la reventa de entradas por medio de su comercio ambulante e irregular, es una medida necesaria para contribuir a la seguridad del público. Esto a partir de las siguientes consideraciones: a) Porque nadie garantiza la autenticidad del boleto, razón por la cual dicha situación alienta al fraude. b) Porque, si así fuera, se provocarían mayores aglomeraciones de personas, caldo de cultivo para generar disturbios en la vía pública, con el consecuente peligro inminente de resultar personas dañadas en su integridad física o síquica, o incluso poner innecesariamente en peligro la vida de asistentes y vecinos del recinto donde se desarrollará el espectáculo. c) Porque promueve la delincuencia. En efecto, la reventa de entradas en sectores aledaños al recinto no sólo genera la posibilidad de defraudaciones, sino que también otras variantes de comercio ilícito como por ejemplo el tráfico de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, etc. d) Porque claramente, el comercio ambulante de reventas de entradas no se encuentra regulado por la autoridad, ergo no existe instancia alguna para reclamar ante eventuales anomalías del producto, además, su alto precio configuraría una situación altamente gravosa para quienes adquieren entradas por esta vía. A través del presente proyecto de ley, los abajo firmantes vienen en consagrar una normativa tendiente a erradicar definitivamente el fenómeno de la reventa de entradas, sin embargo, no en virtud de una sanción directa al revendedor, sino que estableciendo una sanción para quien compra boletos en la reventa callejera, con objeto de disminuir la “clientela” y lograr la desaparición de este nefasto negocio. Así las cosas, pensamos que se trata de un conveniente proyecto de ley que introduce un nuevo numeral al artículo 494 del Código Penal. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Agréguese un nuevo numeral 22 al artículo 492 del Código Penal el que reza de la siguiente forma: “El que compre localidades en la reventa callejera o ambulante para espectáculos deportivos o culturales” 6. Moción de los diputados señores Aguiló, Cornejo, Díaz, don Marcelo; Gutiérrez, don Hugo; Hasbún, Ojeda, y de la diputada señora Sabat, doña Marcela. Establece control judicial a la facultad del Ministerio Público para invocar la Ley de Conductas Terroristas en investigaciones a su cargo. (boletín N° 7668-07) “La ley de conductas terroristas es una legislación de excepción cuyo origen se remonta al año 1984, y cuya lógica es reaccionar frente a un enemigo del Estado, a quien no se le reconocen plenos derechos y garantías, más que brindar un proceso racional y justo a ciudadanos a los cuales se les imputa determinadas conductas que revistan caracteres delito. En este sentido el profesor alemán Gunther Jakobs, ha identificado la existencia de esta categoría especial dentro del Derecho Penal, al cual se le ha denominado “Derecho Penal del Enemigo” el cual se contrapone en finalidad y medios del denominado “Derecho Penal del Ciudadano”. Es así como este autor afirma que “En el Derecho penal del ciudadano, la función manifiesta de la pena es la contradicción, en el Derecho penal del enemigo la eliminación de un peligro”, agregando que “quien por principio se conduce de modo desviado no ofrece garantía de un comportamiento personal; por ello, no puede ser tratado como ciudadano, sino debe ser combatido como enemigo. Esta guerra tiene lugar con un legítimo derecho de los ciudadanos, en su derecho a la seguridad; pero a diferencia de la pena, no es Derecho también respecto del que es penado; por el contrario, el enemigo es excluido.” (Gunther Jakobs. “Derecho Penal del Enemigo”. Thomson Civitas Primer Edición. 2003. Pág. 55.) La doctrina se señala precisamente a las legislaciones sobre conductas terroristas como un ejemplo de lo que se ha denominado “derecho penal del enemigo”, el cual según el profesor Manuel Cancio Meliá presenta a lo menos cuatro características principales: -Un adelantamiento de la punibilidad, al castigar actos preparatorios anteriores a la comisión de una conducta lesiva, haciendo punible incluso la mera asociación sin que se haya dada inicio a la ejecución de ningún atentado; -EI establecimiento de penas desproporcionadamente altas, las que incluso se aplican sin consideran el referido adelantamiento de punibilidad; -Determinadas garantías son relativizadas e incluso suprimidas, como ocurre en nuestro país, al establecer un quórum especial para la revocación de prisiones preventivas, y al consagrar los denominados testigos protegidos o sin rostro como medio reprueba legitimo que puede presentar el órgano persecutor en el juicio oral para acreditar su imputación. -Se identifica una determinada categoría de sujetos como enemigos, esto es, personas cuya conducta incorregible tendría por finalidad derribar los cimientos del Estado, y respeto de quienes consecuencialmente no existirían medidas útiles de reinserción social ni otras medidas de prevención especial, por lo que no se puede esperar que el Estado atacado reaccione reconociéndoles los mismos derechos y garantías de aquellos ciudadanos que han infringido de manera ocasional el ordenamiento jurídico. (Manuel Cancio Meliá. “Los Delitos de Terrorismo: Estructura Típica e Injusto”. Editorial Reus S.A. Primera Edición. 2010. Pág. 25 y 37) Sin perjuicio que en un Estado que respete de manera efectiva los derechos humanos no cabe hacer una distinción entre “ciudadanos” y “enemigos”, debiendo la ley garantizar un justo y racional proceso a todas personas sin distingo, cabe destacar que incluso quienes afirman y justifican la existencia de un estatuto especial como el referido, el cual diferencia entre “ciudadanos” y “enemigos”, señalan la necesidad de establecer un parámetro exigente para su aplicación. Es así como sobre el particular, el propio Gunther Jakobs sostiene que “Un Derecho penal del enemigo claramente delimitado es menos peligroso, desde la perspectiva del Estado de Derecho, que entremezclar todo el Derecho penal con fragmentos de regulaciones propias del Derecho penal del enemigo.” (Gunther Jakobs. “Derecho Penal del Enemigo”. Thomson Civitas Primera Edición. 2003. Pág 55 — 56) De esta forma, se ha señalado que la identificación y descripción de este estatuto especial dentro del derecho penal, liderada por el propio Jakobs, tendría un aspecto de garantía, en el sentido de fijar claramente cuál es el límite preciso de su aplicación, de manera tal de no aplicar dicha legislación de forma indiscriminada y arbitraria. En este contexto, la facultad del Ministerio Público de calificar a su arbitrio una determinada conducta como terrorista no es propio de un debido proceso, ya que le permite al órgano persecutor fijar cual es el marco procesal a partir del cual se va a realizar una determinada investigación, sin contrapeso ni control real hasta la realización de la audiencia de juicio oral. Lo anterior resulta en la práctica en una situación de grave desmedro en los derechos y garantías de las personas imputadas por tales conductas, toda vez que atendida la gravedad de los delitos contenidos en la ley 18.314 y las altas penas que se imponen a tales ilícitos, se reduce sustantivamente las exigencias materiales para decretar y mantener cautelares de alta intensidad en contra de quienes son signados por el ente persecutor como autores, cómplices o encubridores de dichos delitos, como para obtener la autorización judicial a fin de realizar interceptaciones telefónicas, levantamiento de secreto bancarios y otras medidas intrusivas. De esta situación se deriva un hecho preocupante y reiterado: personas privadas de libertad durante un largo tiempo a titulo de prisión preventiva en investigaciones seguidas en su contra por delitos que son calificados por el Ministerio Público como terroristas, son en definitiva absueltos en juicio oral, y dejados en libertad. De esta forma, en la práctica, más que prisiones preventivas estamos frente a prisiones por sospecha, las cuales se fundan en la sola impresión de peligrosidad que se encuentra asociada a la imputación de haber cometido un delito terrorista o ser parte de una asociación ilícita de dicha naturaleza. En el escenario normativo actual, las imputaciones por asociaciones ilícitas terroristas y demás delitos contenidos en la ley 18.314 pueden fundarse, más que en antecedentes objetivos y concretos, en la pretensión instrumental del Ministerio Publico y de querellantes en contar con un estatuto sustantivamente más favorable para realizar una determinada investigación, precisamente cuando no se cuenta con mayores pruebas para enfrentar ciertos hechos de relevancia pública. Es por esto que resulta necesario fijar un control judicial a la facultad del Ministerio Público para invocar la ley de conductas terroristas, el cual se concrete en los primeros actos de la investigación, de manera tal que no se mantenga una imputación que afecta gravemente en los hechos a la defensa de quienes son imputados al arbitrio del Ministerio Publico hasta la revisión completa de los cargos formulados en su contra, lo que tal como se ha indicado, se produce sólo en el juicio oral, el cual se lleva a cabo mucho tiempo después de iniciada la investigación, en causas que terminan generalmente en absolución. De hecho, desde el inicio de la implementación de la reforma procesal penal en nuestro país y hasta la fecha de presentación de este proyecto, nunca ninguna persona ha sido condenada como autor de un delito de asociación ilícita terrorista, sin perjuicio de existir múltiples causas seguidas por tales cargos (principalmente en contra de miembros de comunidades mapuches), todas las cuales ha terminado con absoluciones que ha dejando en libertad personas que han estado, incluso años, en prisión preventiva por tal cargo. Es en atención a estas consideraciones, que tenemos el honor de proponer el siguiente PROYECTO DE LEY ESTABLECE CONTROL JUDICIAL A LA FACULTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA INVOCAR LA LEY DE CONDUCTAS TERRORISTAS EN INVESTIGACIONES A SU CARGO. Artículo único. Modifíquese la ley 18.314 sobre conductas terroristas, agregando a su artículo 10 los siguientes nuevos incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo: “El Tribunal de Garantía deberá decidir fundadamente sobre la procedencia de aplicar la presente ley en cada oportunidad en que el Ministerio Público solicite su autorización para realizar una medida intrusiva en investigaciones por delitos que califique como terrorista. Asimismo, el Tribunal de Garantía resolverá en la audiencia en que el Ministerio Público formalice a imputados fundado en delitos que se señalen como terroristas, sobre la procedencia de aplicar la presente ley. Para aquello se deberá considerar si existen antecedentes múltiples, concretos y graves que den cuenta de la realización de tales delitos, y de su participación punible por parte de los imputados. La resolución mediante la cual se decida que es procedente la aplicación de la presente ley, será apelable. En caso que en definitiva se resuelva que no es procedente la aplicación de la presente ley, el Ministerio Público podrá formalizar a los imputados por los mismos hechos, pero calificándolos en forma distinta delitos terroristas. Lo prescrito en los incisos anteriores será aplicable a la acusación que formule el Ministerio Público, debiendo decidirse sobre la aplicación de la presente ley al inicio de la audiencia de preparación de juicio oral. En caso que el Tribunal de Garantía resuelva que es aplicable, se podrá apelar verbalmente de dicha resolución en la misma audiencia, la cual se suspenderá hasta que el tribunal de alzada dicte sentencia.”