REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 358ª Sesión 64ª, en martes 17 de agosto de 2010 (Ordinaria, de 11.07 a 14.49 horas) Presidencia de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y de los señores Becker Alvear, don Germán y Moreira Barros, don Iván. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental, el señor Landeros Perkič, don Miguel. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-HOMENAJE VII.-INCIDENTES VIII.-ANEXO DE SESIÓN IX.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.-PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A, DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL I.Asistencia17 II.Apertura de la sesión21 III.Actas21 IV.Cuenta21 -Acuerdos de los Comités21 -Réplica a acusaciones contra el Partido Comunista de Chile21 -Envío de proyectos a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural23 V.Orden del Día. -Cambio de fecha de celebración del Día del Huaso. Tercer trámite constitu-cional. (Continuación) 23 -Creación de sistema de protección al contribuyente ante variaciones de pre-cios internacionales de combustibles. Primer trámite constitucional32 VI.Homenaje. -Homenaje en conmemoración del vigésimo aniversario de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile54 VII.Incidentes. -Secretario Regional Ministerial de Minería para la Región del Maule. Oficio66 -Auditoría a la Subsecretaría de Pesca. Oficio66 -Posición sobre reunión programada para el 19 de agosto por la directora del Departamento de Normas de la OIT. Oficios68 VIII.Anexo de sesión. Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes70 -Copia del Registro de Proveedores. Oficio70 -Información relacionada con los recursos de la Ley Reservada del Cobre. Oficio70 IX.Documentos de la Cuenta. -Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1.que “Modifica la l ey N° 19.882, en materia de dedicación exclusiva respecto de cargos de Subdirector Médico.”. (boletín N° 7140-11)71 2.que “Regula la certificación de los artefactos para combustibles de leña y otros productos dendroenergéticos.”. (boletín N° 7141-08)75 3.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto que “Regula el contrato de seguro.”. (boletín N° 5185-03)78 4.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto “Sobre composición nutricional de los alimentos y su publici-dad.”. (boletín N° 4921-11)83 5.Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Facilita el acceso a las pensiones solidarias para la discapacidad y la vejez”. (boletín N° 7024-13)84 6.Primer informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades.”. (boletín N° 6952-07)85 7.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “simple”, que “Facilita el acceso a las pensiones solidarias para la discapacidad y la vejez”. (boletín N° 7024-13)100 8.Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras.”. (boletín N° 3880-14)103 9.Moción de los diputados señores Pérez, don Leopoldo; Browne, Edwards, Santana, García, don René Manuel; Godoy, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás; Rivas y Verdugo, que “Modifica el artículo 4° de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y determina su penalidad, con el objeto de establecer como atenuante especial la cooperación eficaz.”. (boletín N° 7134-07)110 10.Moción de los diputados señores Lorenzini, Ascencio, Chahín, Araya, Marinovic, Saffirio, Silber, Torres, Velásquez y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que “Modifica el artículo 19 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, respecto a la Presidencia de la Comisión Especial de Presupuesto.”. (boletín N° 7135-07)112 11.Moción de los diputados señores Monckeberg, don Nicolás; Browne, Cardemil, Delmastro, Edwards, Pérez, don Leopoldo; Rivas, Santana, Sauerbaum y Verdugo, que “Modifica la ley N° 18.290, de tránsito, sancionando la acumulación de infracciones.”. (boletín N° 7136-15)113 12.Moción de los diputados señores Hasbún, Bobadilla, Browne, Edwards, Pérez, don Leopoldo; Silva, Tuma y Uriarte y de las diputadas señoras Zalaquett, doña Mónica, y Cristi, doña María Angélica, que “Establece, en carácter de obligatorias en la Educación Básica y Media, las asignaturas de educación Cívica y Economía Doméstica.”. (boletín N° 7137-04)114 13.Moción de los diputados señores Marinovic, Ascencio, Sandoval y Velásquez, y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que “Restablece excepción, en las regiones de Aysén y Magallanes, acerca de los estableci-mientos de bebidas alcohólicas.”. (boletín N° 7138-03)115 14.Moción de los diputados señores Chahín, Araya, Lorenzini, Ojeda, Rincón, Sabag, Saffirio, Vallespín, Venegas, don Mario y de la diputada señora Goic, doña Carolina, sobre “Reforma constitucional que establece la exigencia de una ley de quórum calificado para privatizar empresas del Estado.”. (boletín N° 7139-07)116 15.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 364, y 372 al 387 del Código Procesal Penal . Rol 1432-09-INA. (4654)117 X. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicaciones: -de los diputados señores Marinovic, Sandoval y Velásquez, por el cual informan que retiran de su tramitación el proyecto que “Restablece excepción que permite que en las regiones de Aysén y Magallanes, los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas puedan estar colindantes y conectados con la casa habitación del comerciante, o de cualquier otra persona.”. Boletín N° 6928-11. -De la señora diputada Goic, doña Carolina, y de los ex diputados señores Álvarez y Walker, por el cual informan que retiran de su tramitación el proyecto que “Modifica ley N° 19.925, reconociendo excepción para las regiones de Aysén y Magallanes, en materia de expendio de bebidas alcohólicas.”. Boletín N° 6672-11. -Nota del diputado señor Teillier, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 16 de agosto en curso, para dirigirse a Buenos Aires. 2.Oficios: -De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sean remitidos los proyectos, actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, iniciados en las siguientes mociones: “Faculta a la autoridad sanitaria para proceder a la investigación del delito de abigeato.” Boletín N° 7059-07, y “Establece penas accesorias al delito de abigeato” Boletín N° 7058-07. Respuestas a oficios Cuenta 64ª 358 (17/08/2010) Contraloría General de la República: -Diputado Alinco, Informar acerca de una presentación en contra del señor Félix Jaramillo Flores, recientemente nombrado Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Undécima Región del General Carlos Ibáñez Del Campo, toda vez que habría presentado antecedentes falsos en una licitación pública. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: -Diputado Ceroni, Acelerar la solución de las necesidades de los pescadores artesanales de las localidades de Lonco, Pelluhue y Curanipe, en la VII Región del Maule. -Diputado Chahín, Se disponga fiscalización de Cooperativa Aguas Perquenco Ltda., con el objeto de esclarecer irregularidades denunciadas por vecinos de la comuna de Perquenco. Ministerio de Defensa Nacional: -Diputado Van Rysselberghe, Solicita el envío del anteproyecto de ley que contempla gastos médicos de cargo fiscal para el personal invalidado y exime de cotización en la situación que indica. -Diputada Goic doña Carolina, Solicita antecedentes al ministro de Defensa sobre el convenio suscrito con un sostenedor, en virtud del cual se imparten cursos a conscriptos del regimiento de Porvenir. -Diputado Torres, Informar sobre la posibilidad de realizar una fiscalización en la calle Antonio Núñez de Fonseca, a la altura de la ex empresa pes-quera Camanchaca, en la comuna de San Antonio. Ministerio de Obras Públicas: -Diputado Urrutia, Analizar la factibilidad de incorporar a la población Sol Naciente, de la comuna de Longaví, en la VII Región del Maule, a los trabajos de conservación de la ruta L-400.Asimismo, se solicita la pronta implementación de señalización e instalación de lomos de toro en las cercanías de escuela. -Diputado Robles, Solicita antecedentes al MOP sobre estado de avance del proyecto de doble vía entre La Serena y Vallenar. -Diputado Rincón, Información sobre los puntos críticos del Estero de Codegua y los ríos Tinguiririca y Cachapoal, y, sobre el estado de avance del proyecto de agua potable rural de la localidad El Molino en la comuna de Coltauco. -Diputado De Urresti, Solicita al Ministro de Obras Públicas informar sobre el proyecto de mejoramiento de agua potable en la localidad de Pishuinco, comuna de Valdivia. -Diputado Hasbún, Informar acerca de las personas naturales que conforman las siguientes sociedades concesionarias de carreteras: Autopista Vespucio Norte Express, Autopista Vespucio Sur, Autopista Central, Rutas del Pacífico, Autopista del Maipo y Costanera Norte. Ministerio de Agricultura: -Diputado Díaz don Marcelo, Informar acerca de las medidas adoptadas por esa repartición en relación al impacto ambiental de las faenas de exploración del proyecto minero Yanira-Milena, que lleva a cabo la Compañía Minera Teck Cominco, en el Valle de Cochiguaz, IV Región. Ministerio de Bienes Nacionales: -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Efectúa petición a la Ministra de Bienes Nacionales respecto a utilización de camino en desuso a Puente Negro, región de Coquimbo, para instalar tubería. -Diputado De Urresti, Solicita información a la ministra de Bienes Nacionales acerca del estado del proyecto Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos. Ministerio de Salud: -Diputado Rojas, Situación de los nuevos hospitales de la II Región, especialmente el de la ciudad de Antofagasta. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Disponer un servicio de transporte de acercamiento entre el hospital Ramón Barros Luco y los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana. -Diputado Bertolino, Disponibilidad de ambulancias en Servicio de Salud Coquimbo. -Diputado Ojeda, Traspaso de dos hospitales privados al sector público, ubicados en la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno. Destinatario: Ministerio de Salud. -Diputada Molina doña Andrea, Trabajos efectuados al interior de la mina El Soldado, ubicada en la comuna de Nogales, Región de Valparaíso (M. de Salud). -Diputada Zalaquett doña Mónica, Informar acerca de las medidas adoptadas con ocasión de los graves problemas causados por la acumulación de basura en el centro de Maipú, comuna que se encuentra realizando una nueva licitación respecto a la recolección de residuos, toda vez que la anterior fue rechazada por el Concejo Municipal. -Diputado Kast, Fiscalizar y tomar las medidas pertinentes para solucionar el problema de contaminación del aire, a consecuencia de malos olores, que desde hace unos meses se produce en la ciudad de Paine y que afecta, entre otras, a las villas Las Américas, Padre Mateo, Macizo Andino, San Pablo. -Diputado Delmastro, Informar acerca del procedimiento del proyecto de la planta de transferencia de basura que se instaló en la localidad de Las Quemas, en la comuna de Lanco. -Diputado De Urresti, Informar resultados de las mediciones de la calidad del aire en la ciudad de Valdivia, indique si de acuerdo a esos resultados se está evaluando la posibilidad de declarar el estado de zona latente o saturada, señale las medidas adoptadas para enfrentar dicha contaminación, remita los antecedentes. -Diputado Chahín, Solicita al ministro de Salud (seremi en la región de La Araucanía) fiscalizar el funcionamiento de la planta de aguas servidas de Curacautín. Ministerio de Minería: -Diputado Vilches, Antecedentes sobre las condiciones del plan de desvinculación para los trabajadores de la División El Salvador de Codelco. Ministerio de Vivienda y Urbanismo: -Diputada Pacheco doña Clemira, Informar respecto de la ejecución de la II etapa del denominado eje Manuel Montt, en la comuna de Coronel, VIII Región del Biobío. -Diputado Marinovic, Informar sobre la modalidad, criterios y base de cálculo que se utiliza para el pago de la asignación de zona para los funcionarios de planta y a contrata del Ministerio de Vivienda en la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena. -Proyecto de Acuerdo 37, Medidas a favor de las personas con discapacidad. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: -Diputado Bauer, Informar el domicilio que registra la Radio Comunitaria Las Alturas de Coya, de la VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins Riquelme. -Diputada Zalaquett doña Mónica, Informar acerca de la autorización y el estado de la solicitud de los permisos de instalación de la antena de servicios de telecomunicaciones situada en la avenida San Martín N° 1170, en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Ministerio Medio Ambiente: -Diputado Ulloa, Informe sobre fiscalización efectuada en contra de ENAP Refinerías S.A., por intoxicación de trabajadores debido a la emanación de gases. -Diputado Walker, Informar por qué no ha exigido el respectivo estudio de impacto ambiental al proyecto “Centro de Engorda Offfshore de Peces Salmónidos”, de la Sociedad Auícola Opensas Chile Ltda, por llevarse a cabo en la comuna de Coquimbo, IV Región. XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A, de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar acerca de las razones por las que no se estarían otorgando las bonificaciones relativas a la recuperación del bosque nativo y fomento forestal en la comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar acerca de las concesiones mineras pedidas y otorgadas en la comuna de Curarrehue, IX Región. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de las medidas destinadas a dotar de servicio de agua potable al sector de Santa Rosa, en la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla. A Ministerio de Obras Públicas. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de de los derechos de agua solicitados en las cuencas de los ríos Sollipulli, Blanco y Reigolil, en la comuna de Curarrehue, IX Región. A Ministerio de Obras Públicas. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de la forma de distribución de los fondos y las modalidades de financiamiento de los juegos de azar “Polla Gol” y “Experto”, ambos de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A. A presidente Directorio Polla Chilena de Beneficiencia S.A. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de las medidas destinadas a agilizar la adquisición de un camión aljibe y de vehículos de transporte escolar municipal en la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla. A Ministerio de Interior. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de las medidas dirigidas a agilizar la adquisición de un terreno en el área urbana de la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla destinado a la construcción de viviendas y equipamiento comunitario. A Ministerio de Interior. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de la entrega de concesiones fiscales en la comuna de Curarrehue, IX Región, lo que afectaría el derecho de propiedad de las comunidades indígenas de la zona. A Ministerio de Bienes Nacionales. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de los eventuales daños ambientales en ríos, lagos y caletas pesqueras que ocasionarían las explotaciones mineras en la comuna de Curarrehue, IX Región. A Ministerio de Economía. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de los recursos otorgados el año 2009 para las escuelas de fútbol, su distribución y la ejecución presupuestaria respectiva. A Ministerio Secretaría General de Gobierno. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de las medidas destinadas a agilizar el pago del subsidio a los empresarios de la locomoción colectiva del Gran Valparaíso, V Región. A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto de la no renovación de seguros a las personas que se vieron afectadas con motivo del terremoto y posterior tsunami de 27 de febrero pasado. A Ministerio de Hacienda. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar respecto del eventual daño ambiental que ocasionarían las explotaciones mineras en la comuna de Curarrehue, Región de la Araucanía, las que afectarían a las comunidades indígenas de la zona. A Ministerio Medio Ambiente. -Diputado Hasbún, Informar respecto de la totalidad de los programas sociales llevados a cabo durante 2008 y 2009; el listado de las personas contratadas y las funciones que desarrollaron; el monto de la inversión y los programas que se ejecutaron, además de las fechas de ingreso de las facturas y las órdenes de compra. A Ministerio de Interior. -Diputado Hasbún, Informar respecto del personal contratado a honorarios durante el año 2009 y, además, se sirva proporcionar un cuadro comparativo de sueldos entre los años 2009 y 2010 bajo la modalidad previamente indicada. A Ministerio de Interior. -Diputado Monckeberg don Nicolás, Informar acerca del listado de inscritos en el programa “Manos a la Obra”, con indicación detallada del monto asignado y recibido. A Municipalidad de Lo Prado. -Diputado Accorsi, Informar, en primer lugar, respecto de la legalidad y constitucionalidad de la Resolución Exenta N° 1.800, de 14 de julio de 2010, de la Dirección General de Aguas, que establece criterios para esa Dirección en las materias que en él se indican y, en segundo término, indicar si el Director de ese organismo tiene facultades para interpretar Código de Aguas. Asimismo, señalar si la resolución previamente indicada se encuentra sometida al trámite de Toma de Razón. A Contraloría General de la República. -Diputada Rubilar doña Karla, Informar respecto de los eventos que motiva-ron el deceso, con fecha 7 de septiembre de 2006, en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, de la señora Marta Adasme. Asimismo, proporcionar antecedentes acerca del cumplimiento del acuerdo celebrado con la hija de la fallecida. A Ministerio de Salud. -Diputada Rubilar doña Karla, Informar de la situación y fecha en que por vía del programa AUGE será intervenida la paciente señora Blanca Lastarria Barraza, con diagnóstico de luxación congénita en su cadera derecha. A Ministerio de Salud. -Diputado Rivas, Informar acerca de las empresas mineras que hayan presentado proyectos de expansión en la zona de Aconcagua; el número de fiscalizadores en la zona indicada y la nómina de las minas que permanecen cerradas por incumplimiento de las normas de funcionamiento. A Ministerio de Mineria. -Diputado Rivas, Informar la fecha de la puesta en marcha del tramo San Felipe-Los Andes de la ruta internacional (corredor bioceánico). Asimismo, indicar la fecha de entrada en operación del peaje de ingreso a San Felipe y a cuánto ascenderá la tarifa del mencionado peaje. A Ministerio de Obras Públicas. -Diputado Jaramillo, Informar acerca del estudio sobre el nuevo Hospital de la comuna de Río Bueno, en la Región de Los Ríos. A Ministerio de Salud. -Diputado Godoy, Informar sobre el estado de los programas promovidos por Mideplan, dirigidos a promover el desarrollo social, superar la pobreza o prestar asistencia a algún sector desfavorecido o en riesgo social. Asimismo, se sirva proporcionar antecedentes respecto de las metas y objetivos de dichos programas. A Ministerio de Planificación y Cooperación. -Diputado Hasbún, Proporcionar copia del video filmado por una funcionaria del Servicio Médico legal a proposición del periodista de esa estación televisiva, don Juan Lepe, donde quedan en evidencia los serios problemas de infraestructura y eventuales problemas sanitarios. A presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile. -Diputado Marinovic, Reiterar el oficio N° 202, de 10 de abril pasado, por medio del cual se solicita la implementación en Magallanes de una Dirección Regional Sernageomin. A Ministerio de Mineria. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Codegua. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Coinco. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Coltauco. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Doñihue. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Graneros. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Las Cabras. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Machalí. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Malloa. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Olivar. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Peumo. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Pichidegua. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Quinta Tilcoco. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Rancagua. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Rengo. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Requinoa. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de San Vicente de Tagua-Tagua. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Chépica. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Chimbarongo. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Lolol. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Nancagua. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Palmilla. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Peralillo. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Placilla. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Pumanque. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de San Fernando. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Santa Cruz. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de La Estrella. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Litueche. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Marchigue. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Navidad. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Paredones. -Diputado Rincón, Informar acerca de la situación financiera de los Departamentos de Educación y Salud de esa comuna al mes de julio de 2010. A Municipalidad de Pichilemu. -Diputado Rincón, Informar acerca de la condición de Chile en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), según los antecedentes y peticiones concretas que constan de documento adjunto. A Ministerio de Relaciones Exteriores. -Diputado Rincón, Informar acerca de los temas que competen a ese Servicio, relacionados con la condición de Chile en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), según los antecedentes y peticiones concretas que constan en el documento adjunto. A Ministerio de Agricultura. -Diputado Rincón, Informar acerca del actuar de esa institución en relación a materias comprendidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). A Ministerio de Defensa Nacional. -Diputado Rincón, Informar acerca del actuar de esa institución en relación a materias comprendidas a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). A Ministerio de Defensa Nacional. -Diputado Martínez, Informar acerca de la factibilidad de regularizar el pago de los seguros asociados a los créditos hipotecarios de las viviendas dañadas por el terremoto de 27 de febrero pasado. A Ministerio de Hacienda. -Diputado Espinoza don Fidel, Proporcionar antecedentes y remitir copia de los informes elaborados por los inspectores de esa Dirección en las Regiones de Antofagasta y Atacama, desde julio del presente año, que habrían determinado la existencia de graves falencias en la operación de la mina San José, lo que ameritaba y hacía recomendable su cierre. A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. -Diputado García don René Manuel, Informar sobre la posibilidad de reparar o de construir nuevas viviendas para el personal de esa institución en la ciudad de Cunco, Región de la Araucanía. A Ministerio de Defensa Nacional. -Diputado García don René Manuel, Proporcionar antecedentes acerca del parque de locomoción colectiva, con especial mención de si se otorgará flexibilidad en los cupos vencidos para la reposición de máquinas y si se fijará un nuevo plazo para la sustitución de documentos con el fin de optar a la reposición. A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado García don René Manuel, Informar acerca de los motivos por los que no se han entregado a sus beneficiarios las casas del Portal San Francisco de la ciudad de Temuco, con indicación de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) que participó del proceso. A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado García don René Manuel, Informar acerca de los motivos por los que no se han entregado los recursos a los beneficiarios 2010 del concurso “Apoyo a emprendimientos, Microempresas y pequeños negocios de mujeres indígenas urbanas y rurales de la Región de la Araucanía”. A Ministerio de Planificación y Cooperación. -Diputado García don René Manuel, Informar acerca de las razones por las que la Junta de Vecinos N°5, de la localidad de Lastarria, IX Región de La Araucanía, se encuentra impedida para postular al Fondo Social Presidente de la República. A Contraloría General de la República. -Diputado García don René Manuel, Informar acerca del presupuesto de la Municipalidad Pucón, IX Región de La Araucanía, con indicación de su monto y del porcentaje del mismo que ha sido destinado a la contratación al personal a contrata y a honorarios. A Contraloría General de la República. -Diputado Sandoval, Informar acerca de lo siguiente: a.Catastro nacional, separado por regiones, de adultos mayores postrados y con dependencia total; b.Municipios que han implementado unidades o convenios para el funcionamiento de oficinas de atención del adulto mayor, y c.Políticas de difusión pública vigentes en relación a los adultos mayores. A Ministerio Secretaría General de la Presidencia. -Diputado Sandoval, Informar acerca de la factibilidad de destinar recursos para el financiamiento del proyecto habitacional “Vuelo Patagón” de la comuna de Cochrane, IX Región de Aysén, toda vez que con motivo del terremoto de 27 de febrero pasado se registra escasez de subsidios. A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Van Rysselberghe, Informar acerca de si el Proyecto de Acuerdo N° 105, de 8 de julio pasado, sobre “Devolución anticipada de impuestos para personas domiciliadas en las zonas más afectadas por el terremoto”, será respaldado por ese Ministerio y si será llevado a cabo por el Supremo Gobierno. A Ministerio de Hacienda. -Diputada Saa doña María Antonieta, Informar acerca de la situación que afecta a los estudiantes Luisa Alexandra Guerra y Francisco Antonio Cornejo. A Ministerio de Educación. -Diputada Saa doña María Antonieta, Informar acerca de la situación del señor Juan Manuel Bugueño Seura, de profesión dentista, que en el año 2001 se desempeñaba en el Hospital de Ovalle, dependiente del Servicio de Salud Coquimbo-Ovalle, quien fuera becado a los Estados Unidos de América y nunca regresó al país a retribuir al Estado de Chile por la inversión realizada en su persona. A Ministerio de Salud. -Diputada Saa doña María Antonieta, Informar acerca de la situación del señor Juan Manuel Bugueño Seura, de profesión dentista, que en el año 2001 se desempeñaba en el Hospital de Ovalle, dependiente del Servicio de Salud Coquimbo-Ovalle, quien fuera becado a los Estados Unidos de América y nunca regresó al país a retribuir al Estado de Chile por la inversión realizada en su persona. A Ministerio de Relaciones Exteriores. -Diputada Saa doña María Antonieta, Informar acerca de la situación que afecta a la señora María Eugenia Huaiquimilla Barrientos y a los señores Walter Barraza, Fermín Octavio Carvajal Cornejo, Álvaro Pérez Muñoz y Carlos Roberto Bello Pérez. A Ministerio de Interior. -Diputado García don René Manuel, Informar sobre la empresa consultora de propiedad del señor Marcial Colín, y si esta tiene facultades para decidir sobre los proyectos presentados a esa Comisión. Además, indicar los proyectos de la mencionada firma que han sido aprobados. A Ministerio de Planificación y Cooperación. -Diputado García don René Manuel, Informar, en relación a la locomoción colectiva de Viña del Mar, la razón del atraso en el pago de los meses de marzo y abril en las unidades de negocios 2 y 4, como, asimismo, del pago de las subvenciones. A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Marinovic, Informar sobre la incorporación en la Ley de Presupuestos de la Nación del año 2011 de M$ 50.000 que han sido solicitados por el Servicio Nacional del Adulto mayor (Senama), destinados a realizar el estudio de factibilidad del proyecto de construcción de centros de día a lo largo del país. A Ministerio de Hacienda. -Diputado Verdugo, Diputado García don René Manuel, Informar, en relación a lo preceptuado en la Ley N° 20.378, el monto de los subsidios, beneficiarios y destino de los mismos, desglosados por Regiones y/o comunas, según sea el caso. A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Verdugo, Informar sobre la evaluación de las Políticas de Convivencia Escolar implementadas por esa Cartera; de las acciones concretas y de los recursos y gastos, desglosados por ítem, que ello originó. A Ministro de Educación. -Diputado Hasbún, Informar acerca de las medidas adoptadas en contra de la empresa TransAraucarias S.A., en relación al sinnúmero de denuncias formuladas por sus trabajadores ante eventuales y reiteradas trasgresiones a los derechos laborales; sobre las infracciones que se han cursado a la mencionada empresa y el estado de las causas respectivas, finalmente, la razón por la que dicha empresa tiene un promedio de 24 meses de cotizaciones impagas, sin que se haya adoptado medida alguna para sancionarla. A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. -Diputado Hasbún, Informar acerca de la cantidad de funcionarios contratados a honorarios y las funciones que estos realizan en la I. Municipalidad de la Florida y si es factible investigar la contratación de personal de ese municipio bajo la mencionada modalidad. A Contraloría General de la República. -Diputado Castro, Informar acerca de la cuantificación de las listas de pacientes respecto de las 56 enfermedades que cubre el Plan AUGE, en todos los Hospitales Públicos del país, desde julio del presente año. A Contraloría General de la República. -Diputado Castro, Informar acerca de la investigación llevada a cabo por el Servicio Nacional de Geología y Minería en relación a lo acaecido en la mina mina San José; especificando las normas sobre explotación minera y laborales que se deben observar en este tipo de casos. A Contraloría General de la República. -Diputado Sandoval, Informar acerca de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que imparten algún tipo de especialidad orientada a la atención del adulto mayor; su número de egresado, en especial en el área de la geriatría; como también dónde se ubican y cuántos son los centros especializados (Hospitales Públicos y Privados) que orientan su atención a los requerimientos del adulto mayor. A Ministerio de Salud. -Diputado Sandoval, Informar acerca de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que imparten algún tipo de especialidad orientada a la atención del adulto mayor; su número de egresado, en especial en el área de la geriatría; cómo también dónde se ubican y cuántos son los centros especializados (Hospitales Públicos y Privados) que orientan su atención a los requerimientos del adulto mayor. A Ministro de Educacion. -Diputado Sandoval, Informar acerca de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que imparten algún tipo de especialidad orientada a la atención del adulto mayor; su número de egresado, en especial en el área de la geriatría; cómo también dónde se ubican y cuántos son los centros especializados (Hospitales Públicos y Privados) que orientan su atención a los requerimientos del adulto mayor. A Ministerio Secretaría General de la Presidencia. -Diputado Espinoza don Fidel, Diputado Lemus, proporcionar copia el oficio 031/2010/893, relativo a la fiscalización efectuada entre los días 3 y 9 de julio del presente año en las faenas del yacimiento minero San José, III Región y acompañen los antecedente e informes emanados de dicha fiscalización A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (114) -Accorsi Opazo, Enrique -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Andrade Lara, Osvaldo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Auth Stewart, Pepe -Baltolu Rasera, Nino -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Browne Urrejola, Pedro -Burgos Varela, Jorge -Calderón Bassi, Giovanni -Campos Jara, Cristián -Cardemil Herrera, Alberto -Carmona Soto, Lautaro -Castro González, Juan Luis -Cerda García, Eduardo -Ceroni Fuentes, Guillermo -Cornejo González, Aldo -Cristi Marfil, María Angélica -Chahín Valenzuela, Fuad -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Díaz, Marcelo -Edwards Silva, José Manuel -Eluchans Urenda, Edmundo -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -Goic Boroevic, Carolina -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hales Dib, Patricio -Harboe Bascuñán, Felipe -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hoffmann Opazo, María José -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Lemus Aracena, Luis -Lobos Krause, Juan -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag -Martínez Labbé, Rosauro -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz Celso -Moreira Barros, Iván -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Recondo Lavanderos, Carlos -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rubilar Barahona, Karla -Saa Díaz, María Antonieta -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Salaberry Soto, Felipe -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Sauerbaum Muñoz, Frank -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Mendez, Ernesto -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Torres Jeldes, Víctor -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Vargas Pizarro, Orlando -Velásquez Seguel, Pedro -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Vilches Guzmán, Carlos -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Zalaquett Said, Mónica -Concurrió, además, el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín. -Se contó con la asistencia, además, de los senadores señores Fulvio Rossi y Juan Antonio Coloma.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.06 horas. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El acta de la sesión 58ª se declara aprobada. El acta de la sesión 59ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. IV. CUENTA La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor LANDEROS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta. ACUERDOS DE LOS COMITÉS. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de los Comités adoptados hoy. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, adoptaron los siguientes acuerdos: 1. Tomar conocimiento de las Tablas de la semana. 2. Considerar en el segundo lugar de la Tabla del miércoles 18 de agosto el proyecto de ley que permite la aplicación del procedimiento de demandas colectivas en los juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones, en caso de que no se despache hoy. 3. Considerar sobre Tabla en la sesión de hoy el proyecto de acuerdo N° 148, relativo a la conmemoración de los veinte años de la promulgación de la Convención sobre los derechos del niño en Chile. 4. En el homenaje que se rendirá a propósito de los veinte años de la promulgación de la referida Convención, podrá intervenir un diputado por bancada hasta por cinco minutos. Es todo, señora Presidenta. RÉPLICA A ACUSACIONES CONTRA EL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona. El señor CARMONA.- Señora Presidenta, nos parece de extrema gravedad que el ministro del Interior y el propio Presidente de la República se hayan sumado a una campaña política de carácter anticomunista, basada en antecedentes absolutamente falsos. Lamentablemente, nos podemos encontrar ante un plan siniestro en curso, que puede tener peores consecuencias. El movimiento popular chileno tiene tristes experiencias. No podemos olvidar que los crímenes de la dictadura de Pinochet se sustentaron también en un plan a partir de un dato falso, el llamado “Plan Z”, que nunca existió, pero que justificó el exterminio y genocidio contra el pueblo y contra direcciones del Partido Comunista. Si realmente el Presidente de la República, el ministro del Interior y algunos parlamentarios creen en los contenidos de los documentos señalados y que está en riesgo la estabilidad del país, los invitamos a que pidan el desafuero de los diputados comunistas y que se inicie un proceso respecto de nosotros. Tampoco hemos olvidado, y jamás olvidaremos, las campañas del terror a consecuencias del llamado que decían “Junten rabia chilenos”. Sobre esa lógica perversa se persiguió y se justificó el crimen contra los comunistas chilenos. El Presidente de la República ha dicho: “el que haya tenido vínculos con terroristas lo debe explicar al país”. Espero que esté convocando en primer lugar a muchos de sus adeptos que estuvieron comprometidos con el terrorismo de Estado en nuestra patria. Resulta absolutamente evidente que todo esto no es más que una maniobra tendiente a interrumpir o a afectar un proceso de convergencia y de entendimiento entre las fuerzas democráticas de la Oposición para, en una convergencia con puntos de unidad, levantar una propuesta alternativa para la próxima campaña presidencial. El Partido Comunista de Chile tiene política internacional, dato que es público. Uno de sus rasgos más esenciales es su internacionalismo, porque parte de nuestra política es favorecer los procesos de integración de los pueblos, estar a favor de la lucha por la democracia y la justicia social, reivindicar la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la lucha por la preservación del planeta y el respeto al medio ambiente, y la lucha por la paz, la liberación y la independencia de las naciones. En particular, hemos sido solidarios con los procesos de liberación nacional, contra el fascismo, la opresión y contra la discriminación en América Latina y el Caribe. En el caso de Colombia, nuestro vínculo formal y privilegiado es con el Partido Comunista de Colombia. Otros vínculos son propios de una política de solidaridad en el contexto de la convergencia de distintas fuerzas en espacios latinoamericanos. Con el Partido Comunista de Colombia hemos coincidido y repudiado las acciones del imperialismo norteamericano en Asia, Medio Oriente y América Latina. Hemos repudiado el Plan Colombia, que no es otra cosa que la justificación para instalar bases militares norteamericanas en nuestro continente, que buscan controlar la región. Hemos expresado explícitamente y repudiado el narcoterrorismo y, en particular, las acciones de los paramilitares colombianos. Nos manifestamos contra el terrorismo de Estado y sus acciones contra el movimiento popular colombiano. Si hay interés en conocer en profundidad la situación de Colombia, sugerimos que se realice una sesión especial de la Cámara de Diputados para conocer las opiniones de cada uno de los sectores frente a la realidad -valga la redundancia- real de Colombia. No podemos dejar pasar por alto la espiral de violencia que se ha hecho presente en la historia de Colombia. Y en ese contexto, las FARC fueron reconocidas por el gobierno colombiano de Andrés Pastrana y por las Naciones Unidas como fuerza beligerante, y se promovieron reuniones de ese nivel para lograr una salida política que permitiera la construcción de la paz en Colombia. Tampoco podemos dejar de lado que, entre 1986 y 1993, a la Unión Patriótica, que reunía a la izquierda colombiana, le asesinaron dos candidatos presidenciales, ocho senadores, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y casi tres mil dirigentes sociales y militantes. Termino recordando las palabras de quien fuera embajador de Chile en Colombia, don Gabriel Gaspar, que señaló que si bien es cierto uno puede aceptar que los documentos existen, pone en duda que sus contenidos sean verdaderos. Esas afirmaciones se constituyen en puntos de referencia para impulsar la campaña que denunció en esta tribuna. He dicho. -Aplausos. ENVÍO DE PROYECTOS A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La Comisión de Agricultura solicita que se le remitan los siguientes proyectos referidos al delito de abigeato, actualmente radicados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia: a) El que faculta a la autoridad sanitaria para proceder a la investigación del delito de abigeato (Boletín 7059-07), y b) El que establece penas accesorias al delito de abigeato. (Boletín 7058-07). Hago presente a la Sala que una decisión semejante se adoptó en la sesión del 4 de agosto pasado respecto de tres proyectos sobre el delito de abigeato. ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud? -Acordado. V. ORDEN DEL DÍA CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL HUASO. Tercer trámite constitucional. (Continuación). La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde pronunciarse sobre la modificación del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que traslada la celebración del Día del Huaso. Hago presente que la discusión se inició en la sesión anterior. Intervinieron los diputados señores Urrutia, Rincón, Schilling y la diputada señora Marisol Turres. Para continuar el debate, tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta, como uno de los autores de la moción hago un llamado al sentido común y patriótico, propio del mes de septiembre que se avecina, de las distinguidas diputadas y diputados para aprobar la modificación del Senado, a fin de que la iniciativa sea ley antes del 1 de septiembre. El Día del Huaso existe y con toda razón. Desde que se lo denominó así, a mediados del siglo XVIII, por los viajeros que llegaron a Chile a estudiar sus costumbres, su forma de ser, su cultura, el huaso se ha transformado en un símbolo del país. En el mundo globalizado en que todo es masivo y común, los países necesitan características en las cuales reconocerse. Es una manera de aportar a la globalización, de enriquecerla y, obviamente, de aceptar ser enriquecido por el proceso globalizador. Los poetas, los literatos, los historiado-res, los ensayistas, los sociólogos, los estudiosos, etcétera, han identificado al jinete rural chileno, un jinete espiritual, como un símbolo de la nacionalidad chilena. Sé que todas las diputadas y diputados comparten esa posición; además, sé que, a propósito de la modificación del Senado, ha producido alguna molestia y preocupación el hecho de que el Día del Huaso se identifique como Día de la Chilenidad. Es decir, se celebraría el Día del Huaso y de la Chilenidad. Entiendo ese espíritu, pero lo considero un exceso de purismo. Obviamente, el huaso no agota la nacionalidad chilena. Hay otras formas de ser chileno que no son huasas, como el Día del Roto Chileno, que se celebra en la misma fecha de la Batalla de Yungay. Es perfectamente lógico que exista un día del ciudadano, del minero, del pescador, del costino, etcétera. Todas esas formas de ser chileno son muy respetables, loables e interesantes, que merecen ser celebradas. Pero todos, o quizás la mayoría, coincidirán conmigo en que la identificación del huaso es una forma importante de chilenidad. ¿Qué va a pasar si se rechaza la iniciativa por un exceso de purismo? Que no habrá ley antes de septiembre. Queremos celebrar un Bicentenario hermoso, con unidad y entusiasmo, por lo que sería muy lindo que en vísperas de septiembre el Congreso Nacional despachara este proyecto, para celebrarlo en conjunto con todas las otras manifestaciones de la chilenidad. El sentido común, nacional y práctico de las señoras diputadas y de los señores diputados va a estar de acuerdo conmigo en aprobar la iniciativa con una mayoría sustancial, si no por unanimidad. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señora Presidenta, el 8 de septiembre de 2004 se rindió un homenaje a todos los huasos, a las asociaciones y agrupaciones de huasos. En esa ocasión, dijimos que no hay un símbolo ni emblema, junto a la bandera, al escudo y a la cueca, que sea más auténtico y que identifique con mayor plenitud nuestro carácter, nuestra raza y nacionalidad que el huaso chileno. Presentamos un proyecto de acuerdo y, posteriormente, la iniciativa que estamos debatiendo hoy como un homenaje dedicado al huaso chileno, que desfila el 19 de septiembre junto a las Fuerzas Armadas. La historia del huaso chileno, sus características, sus rasgos, sus funciones en el campo chileno lo institucionaliza y cimenta como un personaje típico de Chile. Entonces, no es que estemos creando el Día del Huaso chileno, sino cambiándolo desde el segundo viernes del mes de octubre al 17 de septiembre, tal como lo señala el texto aprobado por el Senado. Inicialmente, habíamos propuesto el 1 de septiembre, pero no hay inconveniente en aceptar ese cambio. Al final, se dedica un día al huaso chileno y a la chilenidad, para recordar lo que es Chile y sus personajes. No obstante que la ley N° 17.026, que ahora se quiere modificar, existe desde 1968, no se hace mayor aplicación de ella. Su artículo 5°, que instituye como Día del Huaso el segundo viernes del mes de octubre de cada año, obliga a programar para este efecto clases alusivas sobre arte, ciencia y música nativas en los establecimientos educacionales del país. Y agrega que las radiodifusoras y los canales de televisión difundirán ese día preferentemente música autóctona y charlas sobre cultura y folclor nacionales. Es deber de todos los pueblos conservar, proteger y fomentar los temas que constituyen la nacionalidad, pues ellos sientan las raíces y el arraigo de un pueblo por su tierra. Por eso, queremos que un día sea dedicado al huaso chileno, pero no el segundo viernes del mes de octubre, porque pasa inadvertido. En esa fecha todavía no hay ambiente de chilenidad, de cueca, de ramadas, de vino tinto, de empanadas, etcétera. Sin embargo, el 17 de septiembre, que coincide plenamente con las Fiestas Patrias, es una muy buena fecha para su celebración. Estoy de acuerdo con la modificación que ha hecho el Senado respecto de la fecha de celebración del Día del Huaso. Un día para el huaso corralero, un día para el huaso y su china, es perfectamente atendible. Ojalá que la ley correspondiente se promulgue antes del 17 de septiembre, para que los huasos celebren en plenitud y como corresponde, de acuerdo con la ley, a pesar de que por costumbre igual celebran su día. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Enrique Estay. El señor ESTAY.- Señora Presidenta, simplemente quiero señalar que la modificación del Senado afecta al artículo 5° de la ley N° 17.026, promulgada en 1968, bajo la administración el Presidente Eduardo Frei Montalva, y apunta a establecer el Día del Huaso y de la Chilenidad el 17 de septiembre en lugar del segundo viernes del mes de octubre, como lo establece el texto de dicho cuerpo legal. Me parece de toda lógica que la Honorable Cámara apruebe la modificación propuesta por el Senado, toda vez que el huaso es una expresión clara de la chilenidad y quizás sea una de las representaciones de nuestro país que tienen mayor incidencia a nivel internacional. Por lo tanto, me parece pertinente la enmienda del Senado, y desde ya anticipo mi voto favorable para que, independientemente del reconocimiento de otros pueblos, de otras expresiones de nuestra cultura y de nuestro folclor, se establezca el 17 de septiembre -en el Mes de la Patria y de la Chilenidad- el Día del Huaso chileno. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta, me parece buena la idea de cambiar la fecha del Día del Huaso de octubre al 1 de septiembre, como venía consignado originalmente en la moción. Pero en esta Sala hay una mirada transversal, que se viene expresando desde la semana pasada, en el sentido de que, al mismo tiempo que celebramos a los huasos, queremos hacernos cargo del hecho de que los chilenos o la chilenidad tiene miles de representaciones culturales, sobre todo en pleno siglo XXI, en que nos ocupamos de la diversidad de los chilenos. Por lo tanto, anuncio que votaremos en contra la enmienda del Senado, porque no nos abre la posibilidad de hacernos cargo, de manera efectiva y coherente, de lo que somos como nación en este siglo. Entonces, para nosotros es importante que se cambie la fecha a septiembre, porque efectivamente es en ese mes cuando se efectúan las diferentes celebraciones y fiestas que tenemos como país para recordar lo chileno. En tal sentido, me parece muy positivo que el Día del Huaso se establezca el 1 de septiembre, como lo habían propuesto los autores de la moción. Por lo expuesto, reitero que votaremos en contra la modificación del Honorable Senado, para que el proyecto vuelva a revisarse. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, solamente quiero decirle a mi querida amiga y diputada Ximena Vidal que lo que ella manifestó no corresponde, porque si se rechaza la fecha del 17 de septiembre, quedará el 1. En consecuencia, diputada, aquí no se trata de hacer indicaciones ni nada por el estilo, porque sólo estamos cambiando una fecha. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Diríjase a la Mesa, señor diputado. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, toda alusión es por su intermedio. No me atrevería a pasarla a llevar. Entonces, cuando se habla del huaso chileno, se involucra a toda la cultura campesina, y no solamente al señor que anda con chamanto y sombrero. También se incluye al trabajador, al canalista, tal que anda con sus chalas, con su paño adelante, con su pala, al que trilla a yegua, a los que hacen los desfiles de carruaje, a los que hacen las competencias de motosierra en las regiones forestales, como Concepción, etcétera. O sea, se trata de la fiesta de la chilenidad. ¿A quién se le dice huaso? A la gente que se halla relacionada con el campo. Es como el jutre, que no tiene nada que ver con el campo y se encuentra vinculado con el pueblo. En consecuencia, no es que estemos tratando de meter otras cosas en el proyecto ni de baipasear a nadie. Toda la cultura chilena está representada. Ésta es la cultura campesina. Señora Presidenta, por su intermedio, concedo una interrupción a la diputada Vidal. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El diputado García le concede una interrupción, diputada Ximena Vidal. Puede hacer uso de la palabra. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta, agradezco la interrupción al diputado René Manuel García. Estamos de acuerdo con todo lo que se celebra el Día del Huaso, y por eso queremos que se festeje en septiembre. Además, queremos aclarar que no somos puristas, como afirmó el diputado Cardemil, sino todo lo contrario. Lo que buscamos es representar la diversidad del significado de ser chileno. Y el diputado René Manuel García no estaba dando cuenta de todo lo que ello representa. Ése es punto que defendemos. Estamos de acuerdo con que el Día del Huaso se establezca en septiembre, el mes en que se celebran las fiestas nacionales, pero no que la chilenidad se reduzca al huaso. Por ejemplo, nos faltan las cuecas choras. Porque no solamente la gente del campo, sino también la de la ciudad, representa a Chile. También debemos considerar a los organilleros y las diferentes expresiones que existen en todas las ciudades del país. Entonces, no podemos circunscribir la chilenidad solamente a la zona del huaso, que es -eso no está en discusión- maravillosa. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Continúa con el uso de la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, la verdad es que se eligió el 17 de septiembre porque esa fecha coincide con el inicio de las Fiestas Patrias en todo Chile. Es curioso que las fiestas más grandes de la chilenidad se hagan en Santiago y no en regiones. Las realizan las municipalidades de Las Condes, de Ñuñoa, etcétera, que tratan de integrar -y de hecho así ocurre- a toda la comunidad para celebrar el Día del Huaso, con las tradiciones campesinas chilenas. Por eso es el Día del Huaso. Porque estamos hablando exclusivamente de las tradiciones campesinas y de nuestros huasos. A diversas personas, entre ellos a un gran folclorista, se les pidió que definieran al huaso. Uno dijo que era “un hombre de campo”; otro, que “el que usaba faja”; un tercero, que “el que andaba a caballo”. Pero salió un rotito del campo bien encachado dijo: “Yo le voy a definir al huaso: Empieza en los zapatos y termina en el sombrero. Dentro de eso hay un cuerpo entero”. ¡Ése es el huaso chileno! O sea, en el que está involucrada toda la tradición y la cultura. Por eso, podemos tener las mejores intenciones sobre esta materia; sin embargo, aquí sólo discutimos el cambio de fecha. Si rechazamos la propuesta, el Día del Huaso será el 1 de septiembre, una fecha que coartaría las celebraciones, aunque igual se trasladaría para el 17. En consecuencia, hay que tener buena voluntad. Y no cabe duda, señora Presidenta, conociendo las tradiciones chilenas de la zona que usted representa, una de las más huasas del país, que contaremos con su voto favorable, lo cual será un honor para nosotros y para todos los huasos y la gente que respeta las tradiciones de nuestra patria. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado José Pérez. El señor PÉREZ (don José).- Señora Presidenta, comparto lo planteado por mis colegas en el sentido de que, indudablemente, el Día del Huaso chileno debería celebrarse en el mes de septiembre. Además, me parece que el 17 es una fecha apropiada. Huaso y china son una misma cosa; son parte de las raíces de nuestra tierra; son expresiones muy importantes de lo que es nuestra agricultura. Y se sienten huasos no sólo los que usan la vestimenta de huaso, sino todos los que laboran en el mundo campesino. De manera que esos hombres y mujeres esforzadas que labran la tierra para producir alimento para nuestro pueblo -muchos productos también se exportan- se verán muy dignificados si denominamos un día del mes de la patria como el Día del Huaso chileno. Estos huasos han hecho historia desde la época en que Bernardo O´Higgins congregó a un grupo importante de campesinos en su hacienda Las Canteras para después librar un sinnúmero de batallas en el norte de Chile. El huaso, la tierra y las tradiciones propias de nuestro folclor están refundidos en un todo. Por consiguiente, creo que deberíamos aprobar por unanimidad este proyecto para establecer el 17 de septiembre de cada año como el Día del Huaso chileno, que involucra al hombre y a la mujer campesina. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Ramón Barros. El señor BARROS.- Señora Presidenta, voy a aprobar la modificación introducida por el Senado al proyecto porque, tal como expresó el diputado René Manuel García, sólo cambia el día, pero no se trata de una enmienda de fondo. Pero llama profundamente la atención que hoy se levanten voces en contra del proyecto, lo que demuestra que tienen mala memoria, porque son los mismos que el 22 de agosto de 2006 votaron a favor de la iniciativa. Si estaban en contra de él, debieron rechazarlo en esa oportunidad. Por ejemplo, resulta notable que en esa ocasión doña Ximena Vidal haya votado a favor del proyecto -así lo consignan los antecedentes- y hoy lo rechace sólo por el cambio de fecha. Espero que esta actitud no se deba a la intención de dificultar la promulgación de la correspondiente ley en el año del Bicentenario. Creo que tenemos que ser consecuentes con lo que opinamos y votamos en su momento y lo que hoy hacemos, para no entorpecer el despacho de un proyecto que muchos anhelamos. Anuncio mi voto favorable al proyecto y espero que pronto termine su tramitación. Aun cuando entiendo que siempre habrá algunos disidentes, por lo menos pido con-secuencia. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez. El señor VELÁSQUEZ.- Señora Presidenta, lo que estamos discutiendo data de 1968, cuando se promulgó la ley N° 17.026, del Ministerio de Educación Pública. Su artículo 1° dice: “Créase una Comisión Nacional Pro-erección de un monumento al Huaso Chileno, que estará formada en la forma siguiente: El Ministro de Educación Pública, que la presidirá; Un representante del Instituto de Conmemoración Histórica; Un representante de la Academia de la Historia;…”, etcétera. Su artículo 2° establece: “Autorízase la realización de una Colecta Pública Nacional, en la fecha que fije el Presidente de la República, para reunir fondos destinados al fin señalado en el artículo anterior…”. El artículo 3° expresa: “La ubicación del monumento será determinada por la Comisión de acuerdo con el Consejo de Monumentos Nacionales.”. Su artículo 4° dispone que la Contraloría General de la República verificará la inversión de los fondos recaudados en virtud de la aplicación de esa ley. Y el artículo 5° señala: “Institúyese como Día del Huaso el segundo viernes del mes de Octubre de cada año, debiendo programarse para este efecto clases alusivas sobre arte, ciencia y música nativas en los establecimientos educacionales del país. Las radiodifusoras y los canales de televisión difundirán ese día preferentemente música autóctona y charlas sobre cultura y folklore nacionales.”. Eso demuestra que lo que hoy se está discutiendo ya está normado legalmente. Lo que se pretende con esta iniciativa solamente es cambiar el Día del Huaso del segundo viernes de octubre para el 17 de septiembre de cada año. ¿Quién de nosotros podría decir que no ha disfrutado los desfiles y eventos cuando, con gallardía, los hombres y las mujeres, vestidos de huasos y chinas, respectivamente, nos llenan de alegría? Además, en los desfiles, los huasos, con sus trajes típicos, nos hacen brindar por la patria con un cacho de chicha. Lo que aquí se está haciendo no es otra cosa que cambiar la fecha que está establecida en la ley, que es el segundo viernes de octubre, al 17 de septiembre, el mes de la patria. Espero que con estos antecedentes los colegas voten todos a favor, porque el huaso chileno y la chilenidad se lo merecen. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado don Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señora Presidenta, me llama la atención lo señalado por algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra cuando hablan de consecuencia. Si la Derecha fuera consecuente, el Programa Auge estaría mucho mejor si en su momento lo hubieran votado como correspondía; asimismo, si al sistema de transporte público Transantiago le hubieran dado más recursos, en lugar de los 1.000 pesos, dispondría de recursos y ahora estaría en mejores condiciones; no estarían retrocediendo todos los programas sociales que dejó instalados la Presidenta Bachelet, que hoy están echando abajo; no estarían tratando de replicar un montón de proyectos que se aplicaron durante los gobiernos de la Concertación y que hoy están tratando de implementar como propios. Eso habría pasado si la Derecha fuese consecuente. Respecto del proyecto en discusión, creo que debiéramos apoyar el proyecto, aun cuando reconozco que la fecha no me convence. Aquí se habla del 17 de septiembre como el día de la chilenidad, o sea, un día que es de todos los chilenos. Los huasos están en el centro y en el sur del país, pero no se hallan en todos lados, como el norte o en Isla de Pascua. Si se quiere instituir un día especial que represente al chileno, se debería establecer el día del pascuense, del minero, del huaso, etcétera. Por tanto, estoy de acuerdo con que se mantenga la fecha que inicialmente propuso la Cámara de Diputados -el 1 de septiembre de cada año- para celebrar el Día del Huaso. No obstante, estoy de acuerdo con que se establezcan otras fechas para celebrar las distintas identidades que existen en Chile. En consecuencia, voy a votar en contra de la modificación del Senado -y creo que varios de mis colegas van a hacer lo mismo-, para que se vuelva a la fecha del 1 de septiembre de cada año, como lo aprobó inicialmente esta Corporación. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señora Presidenta, por su intermedio, quiero dar la bienvenida a mi compañero de distrito, el diputado Guillermo Ceroni, quien estuvo enfermo durante varios días. ¡Bienvenido a la Cámara, señor diputado! En cuanto a las modificaciones del Sena-do, hasta antes de que hablara el diputado Farías, pensé que el problema con las bancadas del frente estaba principalmente en los conceptos de huaso y chilenidad, pero su intervención me ha hecho comprender que el problema está en la fecha propuesta por el Senado, lo que me cuesta entender. El diputado Farías señaló que había que fijar, por ejemplo, el día del minero, en circunstancias de que ese día existe. De hecho, la semana pasada se rindió un homenaje por el Día del Minero, a propósito de la tragedia ocurrida en el norte del país. La modificación del Senado cambia la celebración del Día del Huaso del segundo viernes de octubre -como rige ahora- al 17 de septiembre de cada año y agregar la frase “y de la Chilenidad”. Es como si fueran dos proyectos en uno, pero en ninguna parte dice que el huaso representa al chileno. Es como si un proyecto fijara el Día del Huaso el 17 de septiembre y otro proyecto estableciera el Día de la Chilenidad en la misma fecha. En este caso, ambos están en un mismo proyecto. Son dos celebraciones distintas en un mismo día. Por lo tanto, no corresponde entender -como dijo el diputado Schilling la semana pasada- que, obligatoriamente, para ser chileno hay que ser huaso. Uno puede ser chileno y además ser lo que quiera, ya sea huaso, minero, chilote, etcétera. Al final, cada concepto va vinculado a lo que es la persona. Por ejemplo, a los mineros se les vincula fuertemente con el salitre y el cobre; a los chilotes, con el navegado, por poner algunos ejemplos; al huaso con lo chileno. No veo la complicación de este proyecto. En su momento, esta Cámara aprobó el 1 de septiembre. El Senado ha modificado el proyecto y ha decidido cambiarlo al 17 de septiembre. Me parece más lógica esta última fecha, porque está más cercana a las celebraciones de Fiestas Patrias y a nuestras tradiciones, porque el huaso es parte de nuestra tradición, les guste o no les guste a algunos; pero es así. Al mismo tiempo, el Senado añade la chilenidad, como concepto aparte; no lo mezcla. Se refiere al huaso y a la chilenidad, como dos celebraciones distintas. Por lo tanto, es como si se tratara de dos proyectos en uno; no veo la dificultad. Por el contrario, creo que es una muy buena modificación y apunta en la dirección correcta, para que este año, el del Bicentenario, se celebre el día del huaso, pero no el segundo viernes de octubre -si votamos en contra-, sino el 17 de septiembre, porque si la Sala vota a favor la modificación, la ley correspondiente alcanzará a ser promulgada y el Día del Huaso se celebrará este año. Si lo votamos en contra, va a quedar igual a como está ahora: el segundo viernes de octubre. Por eso, apelo a la cordura; pensemos y veamos bien qué dice el proyecto, que separa claramente el día del huaso y de la chilenidad, de manera que lo votemos a favor, para que se puedan celebrar el 17 de septiembre de este año. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señora Presidenta, como uno de los autores del proyecto, cuando lo presentamos pretendimos rescatar el Día del Huaso, que se celebra todavía el segundo viernes de octubre, fecha que no tiene ninguna trascendencia ni significación. Quienes propusimos la iniciativa, pensamos iniciar el mes de septiembre, el mes de la patria, justamente con el día del huaso. Septiembre es importante para nuestro país, y prueba de ello es que el 18 celebramos nuestra Independencia y el 19 las Glorias del Ejército. Por eso, recogiendo y reconociendo lo aportado por el Senado, considero que queda mucho mejor el 17 de septiembre como el Día del Huaso y de la Chilenidad. Comparto que son dos situaciones distintas, porque el día del huaso ya existe y lo único que pretendía nuestro proyecto era trasladar esa fecha a un día más significativo, que iniciase el mes de septiembre con nuestras típicas tradiciones, con el baile nacional y con todo lo que involucra la figura del huaso chileno y sus tradiciones. Pero debo reconocer que, al asignarlo al 17 de septiembre, estamos complementando nuestra historia patria. Nadie desconoce que el hombre de nuestra tierra puede ser pescador, minero, agricultor y tantas otras actividades. Pero en la típica jerga chilena se denomina huaso al hombre de la tierra. Desde ese punto de vista, el Senado ha tenido un acierto al trasladar ese día al 17 de septiembre, agregando la celebración de la chilenidad, porque todos sabemos que en esos tres días -17, 18 y 19 de septiembre- nuestra nación y todos sus habitantes nos empapamos de chilenidad, de nuestra independencia y de nuestras tradiciones. Por eso, aprobaré el proyecto y anuncio también el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señora Presidenta, si el Senado no hubiera introducido la modificación al proyecto, francamente, no habría votado a favor de él, porque entregarle septiembre a una figura importante de la chilenidad, representativa, pero no completa, me habría inducido a votar en contra. Sin embargo, la modificación del Senado permite que el 17 de septiembre no sólo se celebre al huaso, sino también a la chilenidad. Por lo tanto, el modo en que se celebre ese día corresponderá a la idiosincrasia de cada pueblo, de cada comuna, de cada lugar de Chile. En consecuencia, el Senado ha introducido la sabiduría que normalmente se espera, que no siempre se concreta. Por lo tanto, votaré a favor del proyecto, porque permitirá a todos los chilenos celebrar del modo que prefieran su relación de identidad con su condición de chilenos. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos: La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que traslada la fecha del día del Huaso al 17 de septiembre de cada año y agrega la expresión “y de la Chilenidad”. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 4 abstenciones. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marce-lo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jiménez Fuentes Tucapel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Vidal Lázaro Ximena. -Se abstuvieron los diputados señores: Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Meza Moncada Fernando; Pascal Allende Denise. CREACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN AL CONTRIBUYENTE ANTE VARIACIONES DE PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES. Primer trámite constitucional. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto, iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Joaquín Godoy. Antecedentes: -Primer informe de la Comisión de Hacienda, boletín N° 7064-05, sesión 61ª, en martes 10 de agosto de 2010. Documentos de la Cuenta N° 10. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor GODOY (de pie).- Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto, en primer trámite constitucional y reglamentario, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles. El articulado no contiene disposiciones de quórum especial para su aprobación. El proyecto fue aprobado, en general, por once votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los diputados señores Auth, Godoy, Jaramillo, Macaya, Monckeberg, don Nicolás; Montes, Ortiz, Recondo, Robles, Silva y Von Mühlenbrock. Se abstuvo el diputado señor Lorenzini. El objetivo del proyecto es crear nuevos mecanismos de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de algunos combustibles derivados del petróleo. En efecto, se sustituye el sistema que ha operado en base al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP) y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC). No entraré en detalles respecto de la forma de operar de dicho sistema basado en ambos fondos, ya que es de conocimiento de los señores diputados. El FEPP fue creado en enero de 1991 por la ley N° 19.030, a raíz de la primera guerra del Golfo Pérsico. Operó entre 1991 y 2005 para todos los combustibles. El FEPC, por su parte, fue creado por la ley N° 20.063, en 2005, en respuesta a la baja cobertura que entregó el FEPP después del huracán Katrina. Detallaré las razones que motivan reemplazar ambos fondos. Como primer argumento, se plantea que el FEPP logró eliminar sólo una cuarta parte de la volatilidad subyacente de los precios internacionales, con un ancho de banda de +/-12,5 por ciento del precio de referencia. Como segundo argumento, el 2000 tuvo que ser reformado y se vinculó su tasa de cobertura del exceso de precio al tamaño del fondo que subsistía para el respectivo combustible. Esto hizo que el fondo no se agotara, pero redujo su cobertura en promedio. El tercer argumento es que el FEPC, a pesar de operar con un ancho de banda mucho menor al 12,5 por ciento del anterior -operaba con un ancho de banda de +/-5 por ciento del precio de referencia-, tuvo una efectividad también modesta, similar a la del FEPP, pues eliminó sólo entre un quinto y un sexto de la volatilidad semanal de los precios internacionales. Asimismo, se expresa que los cambios en los precios han sido permanentes. Luego, no han podido ser estabilizados por estos fondos. El problema que surge con el alza de precios sostenida es que el Fondo se agota; y en el caso de que la baja del precio sea sostenida, el Fondo crece infinitamente. Por lo tanto, eso genera un costo muy alto para el Estado. Como quinta razón, también se dice que en diversos momentos los fondos se agota-ron o estuvieron a punto de hacerlo, por lo que el fisco debió aportar más recursos. Además, en contra del antiguo sistema se plantea el alto costo de los dos fondos. Entre enero de 2000 y diciembre de 2009, el costo fiscal de esos fondos se estimó en alrededor de 1.494 millones de dólares, incluyendo el IVA perdido. Esta situación es incompatible con la actual austeridad fiscal, derivada del terremoto y maremoto que nos afectaron el 27 de febrero pasado. Igualmente, se arguye que el FEPC tampoco ha sido eficiente en la manera de de-terminar a sus beneficiarios, ya que ha ayudado también a dueños de entidades consumidoras capaces de cubrirse por sí mismos u obteniendo cobertura de terceros privados. El exceso de cobertura estatal genera altos costos fiscales. Por otra parte, en las ocasiones en que los fondos se agotaron o fallaron en otorgar cobertura y tiempo de ajuste a los usuarios, se combinaron con la rigidez en la magnitud del Impuesto Específico a los Combustibles (IEC), establecido por la ley N° 18.502. La disminución transitoria del IEC a la gasolina entre octubre de 2008 y marzo de 2010 tuvo un costo fiscal de 850 millones de dólares. También se fundamenta que la existencia de estos fondos ha tenido un efecto no buscado, como es reducir la demanda privada por mecanismos usados en países desarrollados, como las coberturas para cambios en los precios de los combustibles. Eso ha generado un subdesarrollo artificial del mercado chileno de coberturas. Del mismo modo, se argumenta que, entre los años 2000 y 2009, el sistema costó al Fisco alrededor de 2.344 millones de dólares. Para subsanar esa falencia, el Gobierno nos presenta un nuevo sistema a implementarse en dos etapas. En la primera, se pretende reemplazar el FEPP por el Sistema de Protección al Consumidor ante Variaciones de Precios Internacionales de los Combustibles, Sipco, un impuesto específico variable cuyo cálculo se da de la siguiente manera: Precio paridad*(1+IVA) + IEC donde IEC = IECbase + IECvariable La gran diferencia es que dentro del cálculo del Impuesto Específico a los Combustibles (IEC) viene una parte variable. Para la gasolina, sería de 6 UTM por metro cúbico; en el caso del diésel es de 1,5 UTM por metro cúbico. Pero a eso se le sumará o restará, dependiendo de lo que ocurra con el precio de petróleo. Si éste supera el 12,5 por ciento, la parte variable del IEC será más bien un crédito. Por lo tanto, de esa manera bajará el precio de los combustibles. En consecuencia, este mecanismo se financia vía subsidios, por lo que tendrá menor costo para el Estado. En la segunda etapa, se propone la incorporación de un seguro, componente que dará vida a la siguiente fórmula del Sepco: Sepco: Precio paridad*(1+IVA)+ (IECbase + Costo Seguro) El costo del seguro no podrá ascender a más del 4 por ciento del precio. Por su parte, la Dirección de Presupuestos, con fecha 8 de julio de 2010, señala que el proyecto contempla la creación de un nuevo mecanismo de protección a los contribuyentes de los Impuestos Específicos a los Combustibles de la ley N° 18.502 y propone focalizar la operatoria del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) creado por la ley N° 19.030 en el kerosene doméstico. El mecanismo aludido se funda en el establecimiento de un componente variable en la base de cálculo de tales impuestos, cuya determinación está asociada a las variaciones de precios internacionales de los combustibles derivados del petróleo. El impacto financiero se ha dimensionado considerando el efecto que la aplicación de este mecanismo puede tener en la recaudación esperada del Impuesto Específico a los Combustibles y en las devoluciones que Tesorería General de la República deba hacer cuando corresponda. Es así como se estima, para la primera etapa establecida en el Título I, que el proyecto implica una menor recaudación que se podría encontrar en un rango de 3,2 a 245 millones de dólares si el mecanismo fuera aplicado en un año con volatilidad, como la observada en los dos últimos años. Para la segunda etapa contemplada en el Título II, la aplicación del mecanismo en base a instrumentos financieros de seguro allí propuestos tendrá un efecto financiero neto nulo para el fisco. En relación con el FEPP, el proyecto dispone en su Título III un aporte de 5,4 millones de dólares a dicho fondo, y un retiro del saldo existente al 30 de junio del año en curso en los subfondos específicos distintos del correspondiente al kerosene. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En discusión el proyecto. Antes de ofrecer la palabra a los señores diputados inscritos, me ha pedido intervenir el ministro de Hacienda. Tiene la palabra el ministro Felipe Larraín. El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señora Presidente, me gustaría dar a conocer una presentación sobre las motivaciones que hay detrás del proyecto, que viene a complementar el informe rendido por el diputado Joaquín Godoy. Como sus señorías saben, el pasado 30 de junio feneció el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que rigió entre los años 2005 y 2010, y se reactivó automáticamente el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP), que rigió entre 1991 y 2005. Quiero hacer presente a los honorables diputados que el FEPP tiene recursos ínfimos, por lo cual no puede suavizar en forma adecuada los precios de los combustibles. Por lo tanto, dado que el FEPC perdió su vigencia y que el FEPP no tiene recursos, no hay un mecanismo para suavizar los precios de los combustibles. Ante este escenario, el Gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto con dos etapas. En la primera, propone sustituir el actual sistema, conformado por el FEPP, por un impuesto específico variable, que llamamos Sipco. En la segunda etapa, plantea introducir seguros de cobertura, que denominamos Sepco. Voy a describir los dos mecanismos y, además, entregar algunos antecedentes. El petróleo es el combustible más importante de la matriz energética del país. Como pueden ver en la imagen proyectada, al 2008, el petróleo representa un 38 por ciento de la matriz energética primaria. En términos de procedencia, en la práctica, el 99 por ciento es importado. Es claro que el país, que depende casi en el ciento por ciento de las importaciones de petróleo, pues tiene una mínima producción doméstica, debe adaptarse a las condiciones permanentes de los precios internacionales. No podemos intentar mantener condiciones de precios diferentes, en forma permanente, a las que dan los mercados internacionales. Sin embargo, podemos tratar de suavizar las fluctuaciones y dar tiempo para que los consumidores se puedan adaptar. El segundo elemento a considerar es que el precio internacional del petróleo es alta-mente volátil. En la siguiente imagen se muestra que el precio fluctuó en los últimos cinco años entre menos de 40 dólares y 140 dólares el barril en términos de promedio mensual. Si lo viéramos en términos de precios diarios, la volatilidad sería bastante mayor. También es cierto que no es posible estabilizar cuando los precios no vuelven a sus valores originales, es decir, cuando hay cambios permanentes. Si enfrentamos cambios de tipo permanente, no podemos estabilizar y mantener el precio. Sólo podemos cambiar y suavizar en forma consistente los cambios transitorios. En el pasado, los cambios tendieron a ser de tipo permanente y, por lo tanto, los fondos de estabilización no son el mecanismo adecuado para enfrentar la volatilidad de los precios. Por eso, queremos transitar a un mecanismo de seguros. Ahora, si observamos lo que ha ocurrido durante los últimos cinco años, vamos a encontrar que se distinguen distintos períodos. Básicamente, dentro de la banda de fluctuación tolerada, sólo han estado un 31 por ciento del tiempo del precio internacional del petróleo. Sobre la banda, un 45,7 por ciento, que activa el fondo; y bajo la banda, un 23,5 por ciento, que también la activa. Es decir, el precio internacional ha permanecido bastante más tiempo fuera de la banda de fluctuación que dentro de ella, que establece el mecanismo de suavizamiento de precios. El mecanismo -y sólo examinando la última década-, una mezcla de FEPC y FEPP, porque el FEPP estuvo vigente entre el 1991 y el 2005 -aquí solamente estamos viendo el costo fiscal de la última década, del 2000 a diciembre de 2009, diez años-, le costó al país 2.344 millones de dólares. Es decir, un promedio de 234 millones de dólares por año de costo fiscal -es decir, de costo para todos los chilenos- del suavizamiento. No hubo, entonces, neutralidad fiscal, sino un fuerte subsidio. Esto se descompone en distintos elementos: primero, hay un componente que es el costo directo de las inyecciones de recursos a los fondos. En segundo término, la menor recaudación del IVA y, en tercer lugar, la menor recaudación por disminución del impuesto específico a los combustibles. Lo que ocurre es que, cuando tenemos un mecanismo con un impuesto específico, que es fijo, y hay fluctuaciones de los precios internacionales, con un aumento fuerte, también hay una presión muy fuerte para intervenir en el impuesto específico, de una manera que, finalmente, termina siendo muy costosa, como se demuestra en el gráfico que acompaño. El Sipco, que es el mecanismo que que-remos plantear hoy, es un sistema de protección al consumidor frente a variaciones en el precio de los combustibles que contempla, en lo básico, dos diferencias fundamentales con el esquema actual. La primera, es que el Sipco no es un sistema de fondo de estabilización; no existe fondo de estabilización. ¿Cómo operamos? Lo hacemos a través del componente variable del impuesto específico. O sea, lo que estamos proponiendo es introducir un impuesto específico a combustibles variable, que se sume al fijo. Ese impuesto variable puede ser positivo o negativo. De alguna manera, esto acoge una demanda ciudadana, que también se ha expresado en esta Cámara por algunos parlamentarios, principalmente la idea de que el impuesto específico a los combustibles se transforme en variable y, de esa manera, pueda estabilizar. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, en transición hacia el mecanismo permanente de seguros contratados internacionalmente, la opción correcta es tener un mecanismo de suavizamiento de precios que opera a través del específico, y no a través de una sobretasa de impuestos, como ocurría hasta ahora. La imagen siguiente muestra la comparación de cómo sería con el esquema que rige hoy y cómo sería con Sipco. El FEPP opera para el precio mayorista corrigiendo el precio de paridad CIF de importación, por el IVA, y sumando el impuesto específico a los combustibles, más los impuestos asociados al FEPP, menos los créditos del FEPP, multiplicados por 1 más la tasa del IVA. La fórmula del FEPP es la siguiente: Precio paridad CIF * (1 + IVA) + IEC +I mptosFEPP-CréditosFEPP*(1+IVA) Aquí observamos una primera asimetría. Los impuestos del FEPP no se corrigen por IVA, pero los créditos sí se corrigen por IVA, con lo cual tenemos una asimetría en perjuicio de la recaudación fiscal. En el Sipco, la diferencia está en que no existen impuestos FEPP, sino un impuesto específico a los combustibles, que hemos llamado impuesto específico prima, que es la suma del impuesto específico base, que es el que hoy tenemos -1,5 UTM para el diésel y 6 UTM por metro cúbico para la gasolina-, y un componente variable. Su fórmula es: Precio paridad CIF*(1+IVA)+IEC’ donde IEC’=IECbase+IEC variable Ahora, voy a explicar cómo se determina el componente variable. La lógica del componente variable, es que, cuando el precio aumenta mucho, el componente variable es negativo, de manera que el impuesto específico al combustible cae. Es decir, el impuesto específico observado por la gente es la suma del específico base más el variable. Cuando el precio cae mucho, el impuesto específico se transforma en positivo -el variable-, con lo cual el total del impuesto específico sube. Lo que planteamos es una banda con una amplitud de 12,5 por ciento sobre el precio promedio móvil, que es el precio base de la banda. O sea, tenemos 12,5 por ciento hacia arriba y 12,5 por ciento hacia abajo, y un impuesto variable que hace que cuando el precio spot supera la base -este precio base-, que es un promedio móvil, en más de 12,5 por ciento, se activa un específico negativo. Por lo tanto, cae el específico, el variable. Y cuando cae fuertemente el precio del petróleo, 12,5 por ciento por bajo del precio base, se activa un específico variable positivo. O sea, aumenta el específico. Eso es lo que ocurre. El Sipco que proponemos se financia vía impuestos y subsidios, y no a través de un fondo. En cierta forma, podríamos describirlo como un fondo que no se agota y, en cambio, el saldo del FEPP es cero; así que no da protección. O sea, estamos comparando un Sipco, que tiene una protección ilimitada dentro de la banda del 12,5 por ciento, con un FEPP que hoy no tiene posibilidad de estabilizar los precios. El Sipco mantiene la amplitud de banda de 12,5 por ciento. Quiero recordar que mientras estuvo vigente el FEPC entre el 2005 y el 2010, el ancho de banda fue del 5 por ciento. En este punto, podría existir un debate legítimo en cuanto a la amplitud de banda razonable. El hecho de reducir la amplitud de la banda, más o menos 5 por ciento, no redujo en forma significativa la volatilidad de los precios. Nosotros simulamos los dos escenarios, con una amplitud de banda, y el otro lo que sí hizo fue aumentar enormemente el costo fiscal. Por lo tanto, juzgamos que lo correcto es tener una amplitud de banda mayor que la que tenemos hoy en el FEPP de más o menos 12,5 por ciento. Otra diferencia, es que el FEPP da cobertura a todos los consumidores, y nosotros, con el Sipco focalizamos la cobertura, fundamentalmente entre quienes pagan impuesto específico a los combustibles y, de esa manera, llevar a las personas jurídicas que pueden cubrirse -empresas, grandes industrias- a los mercados de cobertura. No tenemos por qué entregar en forma gratuita cobertura de seguros de volatilidad de precio de combustibles a empresas que pueden tomarla por sus propios medios. Esto es bastante simple, porque, como operamos a través del impuesto específico variable, quien paga el impuesto específico a los combustibles al final paga la suma de base más el variable. Al que recupera el ciento por ciento de ese impuesto específico, se le va a restar; al final, no termina pagando; por lo tanto se cancela, como lo muestra la imagen de la ecuación simple. Por lo tanto, quien recibe devolución, mantiene el precio internacional y no tiene estabilización; quien no recibe devolución -los que pagan el impuesto específico a los combustibles-, mantienen un seguro que, a través de esta forma, les provee el Estado. De alguna manera, aquí hay un principio de justicia en cuanto a que entregamos estabilización de precios a quienes pagan el impuesto específico a los combustibles. ¿Quiénes van a tener que salir a cubrirse al mercado? Principalmente, las empresas mineras, las grandes industrias y las generadoras eléctricas, que pueden cubrirse por su cuenta. De hecho, si uno se pregunta por qué el mercado de cobertura de fluctuaciones de combustibles es tan poco desarrollado en Chile, la respuesta es simple: porque el Estado entrega un seguro gratuito. Las empresas no tienen ningún incentivo para cubrirse si a través del Estado proveemos un seguro gratuito. Mediante este esquema, estaríamos otorgando protección a, aproximadamente, dos tercios de los consumidores de combustibles y un tercio tendría que conseguirla por su cuenta. ¿Cómo queda la señora Juanita con el Sipco? En primer lugar, estamos extendiendo esta protección a las pymes que utilizan diésel. Vamos a permitir que puedan acceder a este suavizamiento de precios hasta 25 mil UF anuales de venta. Entonces, no solamente estamos protegiendo al que paga impuesto específico, sino que también estamos extendiendo esta protección a la pyme, a los usuarios de kerosene doméstico o parafina. Aunque éstos no pagan impuesto específico a los combustibles, tendrán protección, pero no vía Sipco, sino a través de un suplemento que se plantea al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. ¿Por qué estamos planteando un sistema de suavizamiento de precios a usuarios de kerosene aunque no pagan impuesto específico? Fundamentalmente, porque gran parte del kerosene es consumido por familias de escasos recursos; está muy focalizado entre los que tienen menos y, por lo tanto, queremos seguir protegiéndolos. Todos los consumidores de gasolina y diésel que no recuperan impuesto específico a los combustibles quedan cubiertos por este mecanismo de suavizamiento, como también todos los automóviles y buses que utilizan gas licuado o gas natural comprimido y que pagan impuesto específico a los combustibles, incluso los de las regiones Octava y Duodécima, que están excluidos en la actualidad. Al existir este impuesto específico variable, y al haber protección para todos quienes paguen y no lo recuperen, las excepciones están a favor de las pymes que usan diésel y los usuarios de kerosene doméstico. Describo, brevemente, la etapa 2. A pesar de que el Sipco representa una mejoría significativa respecto del FEPP, actualmente vigente, también redunda en una mejoría significativa del Sepco. Con todo, es bastante menos bueno que contar con el sistema de seguro de precios de combustibles que planteamos como esquema definitivo. Esto que llamamos Sepco serán seguros contratados por el Ministerio de Hacienda en el exterior y se harán extensivos a los consumidores. Ahora, en la segunda etapa vamos a mantener la misma amplitud de banda y operar a través del impuesto específico a los combustibles, pero a través del pago de una prima que nos proteja ante aumentos de precio de más de 12,5 por ciento. Ahora bien, ¿cómo se obtiene una indemnización en el evento de que el precio aumente más de 12,5 por ciento por sobre la base? ¿Cómo se traspasa a los consumidores? El precio mayorista con Sepco se sigue determinando como el precio de paridad corregido por el IVA más el impuesto específico a los combustibles, que tiene una base y un variable. La variable se determina como la prima menos la indemnización. De manera que lo único que haría el fisco es traspasar el costo de la prima al precio, pero ésta nunca puede sobrepasar el 4 por ciento del precio. Cuando el precio internacional suba mucho y se reciban indemnizaciones, el componente variable del impuesto específico a los combustibles será negativo y, por consiguiente, caerá el impuesto específico a los combustibles. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, traspasando el riesgo a una empresa fuera de Chile. Si los precios de los combustibles aumentan, serán ellos los que atenderán el problema, no el fisco y los consumidores. También creemos que vamos a tener más desarrollo financiero, en particular un mercado de coberturas que, por el momento, existe en forma muy embrionaria. Además, vamos a dar más equidad competitiva al mercado de los combustibles. Advierto que no es simple diseñar adecuadamente este mecanismo. Les recuerdo que la ENAP lleva un año diseñando un mecanismo parecido a éste. Estamos en conversaciones con esa empresa para aprovechar su conocimiento en la materia, de modo de ganar en experiencia. Juzgamos que para poder contar con este sistema vamos a requerir entre seis y doce meses, pues será necesario ampliar la unidad del Ministerio de Hacienda que maneja el FEES. Reitero, los grandes clientes deberán comprar su propia protección. Señora Presidenta, es todo cuanto quería exponer. Muchas gracias. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Lorenzini. El señor LORENZINI.- Gracias, Presidenta. Me confundí un poco con lo que decía el señor ministro, porque hablaba del Sepco, del FEPC, del Sipco, del FEPP, y, al final, nombraba a la señora Juanita. Creo que la señora Juanita se quedó con lo del “circo”, pero bueno, a veces, estas cosas son parte de nuestro trabajo también. Por su intermedio, señora Presidenta, quiero señalar al señor ministro que tal como cuando examinamos la ley de reconstrucción -cuando lo dije, no les gustó a los señores diputados, pero tenía razón-, salvo el royalty, todo lo demás estaba de más. Usted lo sabía. Debimos haber separado el royalty, tema que vamos a discutir en su momento, más allá de que algunos por ahí estén llegando a acuerdos. Usted sabe que a las cúpulas les gustan los acuerdos, pero los diputados somos soberanos. En este tema -lo digo con mucho respeto-, lo que hicieron los gobiernos de la Concertación es absolutamente válido. Noto en usted una crítica que no tiene ningún sentido. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- ¡Diríjase a la Mesa, diputado! El señor LORENZINI.- Muy bien, señora Presidenta. Lo hago por intermedio de usted que, al igual que yo, es parlamentaria. ¿Se acuerda cuando el ministro Foxley, después de la Guerra del Golfo, debido a las variaciones del precio del petróleo -no en beneficio de los grandes, porque, a veces, se legisla para ellos-, tuvo que estabilizarlo, para lo cual creó un fondo? Posteriormente, el ministro recordará -por su intermedio, señora Presidenta- que el huracán Katrina -un lindo nombre de mujer- volvió a “montar” los precios del petróleo internacional. ¿Y usted quería que los gobiernos de la Concertación dejáramos al ciudadano normal, al que no tiene acceso a empresas, multinacionales, banca, mineras, AFP ni isapres, sin protección? Pregunte a los parlamentarios que están aquí quién se opuso a las medidas tomadas en esa ocasión. ¿Quiénes eran los que pedían que incluyéramos en el Fondo el gas y la parafina? ¿Éramos los de gobierno? Revise la lista, ministro. Es bueno saber cómo votaron los diputados en esa oportunidad. El pasado, a veces, nos obliga a hacerlo. Entonces, no critiquemos a un gobierno que fue respaldado por esta Cámara, porque los ciudadanos así lo pidieron; a un gobierno que cumplió su función y que sigue cumpliéndola. Hace tiempo que no voy al casino. Hace pocos días, estuve de paso por la Región de O'Higgins. Lindo el casino que está allí; sin embargo, tengo que aprender, porque siempre pierdo, pero el ministro sabe hacerlo. Lo digo porque el Fondo, vigente hasta el 30 de junio tenía acumulado 360 millones de dólares de todos los chilenos, y “topón pa´dentro”. ¡En un minuto, “topón pa´dentro”! Yo quiero aprender, señora Presidenta, cómo se hace el “topón pa´dentro”. La mitad del royalty, es decir 360 millones de dólares acumulados en el Fondo, se fueron al fisco. Nunca nos dirán en qué los van gastar. ¡Se acabó! Está bien, se acabó. Las fórmulas que ha tratado de explicar el ministro a través del paper han sido difíciles de entender. El diputado Chahín, que sabe tanto, me podría explicar esto del “IEC, entre paréntesis, 1 + (más) elevado a la potencia, y si es transitorio, le pone el IVA y, si no, se lo saca…”. ¡Fantástico! Pero yo, como doctor en economía, no logro comprender. Mal me fue; seguramente no aprendí lo suficiente. Quizá me lo pueda explicar un abogado, como el diputado señor Chahín -a ellos les gusta enredar las cosas-, o a lo mejor el diputado Venegas, que se está sonriendo. Él es profesor y se dedica a enseñar. Señora Juanita, el diputado Venegas, luego, en un cafecito, me explicará, para que yo luego le explique a usted cuando vaya a Putú o a Cumpeo, esto de las fórmulas. Muchas fórmulas, ministro. No enredemos más las cosas. Lo concreto es que el fondo de 360 millones de dólares se acabó. “¡Topón pa´dentro!”. Pero el ministro nos dice que viene un tercer sistema, el de los seguros. “Me lo compro”, porque esto es técnico, bien trabajado, una modalidad nueva y estoy con ella. Por eso, pido votar separadamente el artículo 4° del proyecto, porque ya, en este proyecto, el ministro nos dice que más adelante hará lo correcto, con algunos peros. Quizás le he dejado algunas preguntas dando vuelta en la cabeza, porque cuando estuvimos en la Comisión, primero, a través de versiones de prensa del Ministerio, se habló de que esto era transitorio y de que de aquí a diciembre tendríamos el seguro. Se lo pregunté al ministro en la Comisión de Hacienda, quien me respondió: “No, hablemos de marzo”. Y luego aparece el señor Salvador Valdés, gran asesor en estos temas y dice: “No, hablemos de más de un año”. Y ahora el ministro señala que el proceso demorará entre seis meses y un año. ¡Por favor, díganos la fecha exacta! De otro modo vayamos vendiendo el Sipco, Sepco, Fepco y FEPP en fechas distintas! ¡Dejémonos de cosas! ¡Éste es el Congreso! ¡No estamos para el leseo, ministro! “Compro” su seguro y por eso he pedido votación separada. Eso sí lo avalaré, ¡pero póngale una fecha! Nos dice que los precios internacionales son volátiles. ¡Pero si lo han sido toda la vida, tal como las elecciones! Y lo que usted dice, ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, no tiene ningún sentido. Tres meses, cuatro meses, se acabó el fondo y subimos el margen de 5 a 12,5 por ciento. O sea, el precio del petróleo debería llegar a 850 pesos. ¡De aquí a diciembre, nunca va a llegar a 850 pesos! Claro, usted me dirá que puede ocurrir otro Katrina. También pueden ocurrir otros hechos, como que alguien se insolente y tengamos que salir a la calle, en fin, y que nos construyan una central a carbón en Constitución. Para eso tiene expertos bien pagados, de todos los partidos y de todas las universidades, que pueden predecir los precios del cobre y del petróleo. No vamos a usar un peso de aquí a diciembre en esto. ¿Los 360 millones de dólares “topón pa´dentro”, se fueron! No vamos a usar nada, porque se subió 12,5 por ciento. ¿Por qué no avanzamos? ¿Necesitamos doce meses? ¿No tenemos expertos en este país? ¡Doce meses! LAN se vende en 15 días; uniones y fusiones de empresas se hacen en un mes. Es cosa de traer un agente de bolsa, un broker-dealer, un par de auditores y un par de asesores bien pagados y ya está. ¡Miren lo que pagamos en asesorías! Se los digo en momentos en que examinamos el Presupuesto para 2011. Al ministro Larroulet, por su intermedio, señora Presidenta, le digo que ayer estuvimos viendo el presupuesto de su Cartera, y constatamos que no ha gastado en asesores. Lo felicité. Pudo haber gastado 400 millones de pesos en asesores y no lo hizo. Ahora esos recursos están disponibles. ¡Que le contraten buenos asesores por tres meses! Usted lo dijo antes: “En tres meses estoy listo.” Después dijo seis meses. Ahora, señora Presidenta, habló de 12 meses o más. Entonces, en estas condiciones, uno se enreda. Me gustaría que pusiera fechas reales y que seamos transparentes. Aquí, en la página 16 del informe, figura el artículo 4° del proyecto, por el cual -¡ojo!- estamos autorizando al ministro de Hacienda para que establezca los mecanismos de información en el reglamento, amén de establecer todos los procedimientos. Está bien, pero ¿quién va a controlar eso? No lo sé. Allí se indica que lo hará ex post, es decir seis meses después informará a la Comisión Mixta de Presupuestos con quiénes procedieron y cómo lo hicieron. Aquí hay plata, señora Presidenta. Contratar estos seguros no es barato. Me imagino que habrá licitación abierta. No se señala en el informe, pero confió en el ministro. No tengo problema con la transparencia, pero hay que ponerla en práctica. No basta con informar seis meses después. Hay mucha platita. Digamos ya que en marzo o en abril esto estará zanjado. Por ahí andan algunos banqueros nerviosos porque se habla de 2 mil millones de dólares de utilidad. No se preocupen, si nadie se va a atrever a tocarlos. Por eso, no tenemos por qué desprestigiar lo bien que los hicieron los gobiernos de la Concertación. Sus ministros de Hacienda, Foxley, Velasco y Eyzaguirre hicieron bien las cosas y fueron aplaudidos por la gente. Por eso este país se entregó con la cantidad de recursos que ya conocemos. Eso funcionó. El artículo transitorio no sirve para nada. Por su parte, el seguro me parece interesante y es absolutamente válido discutirlo, pero ojalá ello se acelere, porque esto no es para el 28 de diciembre del próximo año. También es necesario poner atención en la transparencia, en particular respecto de lo que se establecerá en esa materia. Por último, quedan temas pendientes, como el gas. Este combustible ya no es para los ricos. Los ricos también lo tienen; pero el gas está bastante masificado; están el licuado y el natural. Hay una discusión interna entre los del gas con los de las parafinas. Se ha incrementado el uso de la parafina. Salió por ahí, en algunas noticias, que la parafina ya no sólo se está usando en las poblaciones, sino que ahora también se compra en los servicentros del barrio alto de Santiago. Son temas que tenemos que discutir. El minuto que me queda lo dejo para saludar a Enap. Esa empresa tenía excedentes. ¿Qué hizo? Los repartió entre la población de la zona metropolitana. Bajó los precios en la Región Metropolitana y para las regiones, ¡pin pass! Así, como la tarjetita. Como en el Transantiago. Ahí hay tres o cuatro senadores discutiendo qué hacer con el Transantiago. ¡No señores! Será Transantiago y lo que quieran, pero las regiones existen y no vamos votar favorablemente ese proyecto. ¡Repito, no sé en virtud de qué la Enap le baja el precio a los santiaguinos y reparte el excedente! ¿Y las regiones? ¿Dónde están los parlamentarios de regiones? Entiendo a los de Santiago. ¡Bien! ¿Y dónde están los de regiones? Entonces, cuidado con estos proyectos de ley. Me tomaré un café con los diputados Chahín y Venegas para que me expliquen esto de los Sipco, Sepco, Fepco, FEPP. Sólo sé que lo del seguro se ve bien. Pongámosle fecha, ministro, y hagámoslo con transparencia. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva. El señor SILVA.- Señora Presidenta, sin la vehemencia del diputado Lorenzini, haré algunos comentarios breves. En primer lugar, quiero decir por qué es importante aprobar el proyecto. Recordemos que fue aprobado por casi la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda -se abstuvo el diputado Lorenzini-, en un ambiente que permitió una muy buen desarrollo y debate. El proyecto es complejo. Con todo, se favoreció la idea de apoyar al Ministerio de Hacienda y al Gobierno, toda vez que la iniciativa recoge ciertos principios fundamentales, que son los que voy a desarrollar. El primero es la constatación de la realidad. Las leyes no pueden permanecer indiferentes a la constatación de la realidad y ésta planteaba que los cambios en los precios de los combustibles estaban dejando de ser transitorios, para transformarse en permanentes. Cuando esto sucede y hay que enfrentar una institucionalidad pensada para cambios transitorios, se produce un desfase y, también, un problema, porque empieza a agotarse el fondo. Desde esta perspectiva, el proyecto es pertinente, toda vez que recoge un contexto de realidades distintas, con cambios más permanentes en los precios y, por lo tanto, con una necesidad de revisar la institucionalidad que se hace cargo de las variaciones. La segunda constatación de la realidad plantea, como consecuencia de lo anterior, que los cambios de los precios respondían a una realidad distinta. Por eso discrepo de lo planteado por el diputado Lorenzini respecto de la existencia de críticas a la Concertación, porque aquí hay contextos distintos y los años van mostrando cifras diferentes, en términos de cómo se van planteando los precios. Eso invita a revisar cómo se hacen los sistemas. En este caso, había un fondo que, como señaló el ministro, estaba costando al fisco alrededor de 230 millones de dólares al año -en un período de 10 años, son 2.344 millones de dólares- y que en la práctica se había transformado en un subsidio. Debemos preguntarnos si queremos tener ese sistema o una buena institucionalidad que permita estabilizar y suavizar los precios. La opción que el Gobierno ha tomado, y que ha planteado a este Congreso, es la idea de avanzar hacia un sistema de suavización de precios, por la vía de establecer, primero, un impuesto específico variable y, luego, tratar de generar el incentivo para que sean las propias personas las que generen sus mecanismos de cobertura, cuando lo puedan hacer. En esta materia quiero destacar un punto conceptual. Creo que aquí hay una buena focalización de la subsidiariedad -se entiende bien el rol subsidiario del Estado-, porque se permite tomar coberturas propias a quienes estén en condiciones de hacerlo y dar apoyo, ante las fluctuaciones de los precios de manera muy violenta, a quienes lo requieran. Por tanto, estarán cubiertos por este sistema. Eso me parece muy bueno. En síntesis, respecto de este punto, el objetivo es suavizar los precios, fomentar coberturas -antes se traducía en una lógica de subsidio-, focalizar y tratar de reducir el costo fiscal. La pregunta que hoy debemos hacernos es si queremos destinar a ese objetivo los 230 millones de dólares que se están gastando al año. Me parece bien el componente variable de impuesto específico a los combustibles, pues es la decisión adecuada para reaccionar en una primera etapa y avanzar de buena forma. También me parece bien la posibilidad de que se distinga entre los que pueden beneficiarse con este tipo de sistema, por la vía de permitir cubrirse solos a quienes tengan la capacidad de hacerlo y de darle un fomento a esa actividad. Señora Presidenta, por su intermedio, le quiero decir al ministro que no veo la posibilidad de que se pueda desarrollar tan ampliamente, como se señala en el proyecto, el mercado de coberturas en la realidad nacional, pero hay que dar los pasos para que eso se pueda ir dando en el tiempo, pues va en la línea adecuada. En tercer lugar, como idea central, hoy estamos examinando, con mayor información y claridad, lo que tiene que ver con la primera etapa, relacionada con el impuesto específico variable, con una banda de 12,5 por ciento. Es importante tener presente que se vuelve al sistema antiguo y distinto del rango del 5 por ciento anterior, que establecía una rango de 10 por ciento versus una banda de 25 por ciento. Hay dos temas que son importantes. Primero, quiero recoger lo que se ha planteado acá. Es importante que se pueda ir trabajando en la manera que se va implementar la segunda etapa, la cual, ojalá, avance pronto y, ante todo, se haga bien. En eso discrepo con lo que planteó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Debemos hacer funcionar este sistema de buena manera, al crear una institucionalidad que va avanzar hacia un sistema completo de coberturas de seguro, en un mercado que opera bajo ciertos criterios. La regulación nos autoimpone ciertas restricciones, lo cual va a ser tema de discusión más adelante. El límite del 4 por ciento de la prima no me deja indiferente, en términos de que puede imponer en un momento una restricción que limite una cobertura del ciento por ciento. Lo mismo ocurre con el 30 por ciento que se establece como límite de pago de indemnizaciones. Hay que poner atención en la manera en que se va implementando para que el Ministerio de Hacienda lo pueda ir revisando y logre instalarlo con éxito. Por último, la manera en que se activa la segunda etapa es cuando el Ministerio de Hacienda, por decisión propia, contrata un seguro y lo activa por la vía de los hechos. Me parece bien eso, pero es importante que, ojalá, en esa etapa no exista discriminación, porque podría darse el evento de que se entre a la segunda etapa con uno de los combustibles, y no con otro, por la vía de activar uno de los seguros y no otros. Es importante que el Ministerio sea cuidadoso en el sentido de generar un efecto estable en la normativa. Quedan inquietudes menores que han si-do planteadas en la Comisión respecto del gas y algunas posibles distorsiones entre gas natural, kerosene y otros, las que con el tiempo se van a poder ir analizando. Hoy, terminado el efecto del sistema el 30 de junio, están dadas las condiciones para aprobar un proyecto que, en primer lugar, va en la dirección correcta; en segundo lugar, se hace eco de una realidad que cambió, pues el tipo de variación de precios es permanente y no transitorio; en tercer lugar, busca focalizar y ayudar a quienes no tienen cómo cubrirse solos, y en cuarto lugar, tiene una inteligente forma de implementación en dos fases: primero, por el impuesto variable y, luego, por un sistema de seguros. Con esta información y antecedentes, vamos a apoyar este proyecto de ley. He dicho. El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero saludar especialmente al ministro. Le agradezco la clase magistral que ha dictado hoy en la Sala, pues da mayor comprensión del proyecto a muchos que no tuvieron la oportunidad de discutirlo y en-tenderlo en la Comisión de Hacienda, y de lo que se está haciendo por Chile en este minuto. Señor Presidente, por su intermedio, le quiero decir al ministro que este proyecto da una oportunidad a casi dos tercios de la población chilena, porque un tercio va a entrar a pagar. Está más que claro. Por eso, no debemos confundirnos cuando queremos prioridad, apuro, urgencia. Éste es un sistema novedoso que crea un seguro internacional que antes pagaba Chile. ¡Es un buen proyecto! Nuestros comentarios son para mayor comprensión del proyecto. En ningún caso para negarnos a apoyarlo. Que quede bien clara la posición del que habla. Quiero recordar que Chile importa en petróleo -es la base del proyecto- más del 90 por ciento de lo que consume. Desde el inicio de la década del 90, nuestro país y el mundo en general están expuestos a grandes variaciones de los precios de la energía, de los combustibles, especialmente de aquellos derivados del petróleo. Es así que los países consumidores, especialmente aquellos como Chile, que deben importar lo que consumen en energía, han debido adoptar medidas, algunas buenas y otras no tanto. Hay distintos gobiernos y opiniones en cuanto a la seriedad de los mismos. Chile es un país serio y toma las medidas debidas tendientes a minimizar el impacto de las alzas de precios, a fin de evitar que se produzcan colapsos mayores en los bolsillos de los consumidores y en la industria en general, ya que, como sabemos, prácticamente toda la economía depende del uso de este tipo de combustibles para su funcionamiento. La energía cuesta mucho a los pueblos. Son tremendos los costos, pero es el motor del quehacer de un país. Entre las primeras medidas adoptadas se encuentra la creación, a propósito de la Guerra del Golfo en 1991, del llamado Fondo de Estabilización del Precios del Petróleo, FEPP. Posteriormente, a mediados de 2000 -lo recordamos bien quienes trabajamos en él-, se creó el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, FEPC. Parece curioso hablar de FEPP y FEPC, pero son siglas y hay que entenderlas un poco para saber que son fondos tendientes a eliminar, en parte, la volatilidad de los precios internacionales y evitar mayores impactos en el mercado interno y en el quehacer de nuestra economía, para, por vía de los subsidios que otorgue el fondo respectivo, evitar las alzas violentas en el precio de los combustibles. Se ha estimado que, a la fecha, la mantención de estos fondos de estabilización resulta bastante onerosa. Ha costado, aproximadamente, 1.500 millones de dólares en los últimos diez años. El impacto que produce la volatilidad es tremendo y no supera de un cuarto el impacto que producen las alzas internacionales de precios. Por ello, el proyecto propone un nuevo sistema para proteger a los consumidores de las variaciones violentas que se producen en el mercado de los combustibles a nivel internacional y, a la vez, disminuir los costos que tiene para el Estado, a fin de evitar las externalidades que se producen por la alta volatilidad de precios. Se plantea, en una primera fase, modificar el Impuesto Específico a los Combustibles (IEC), estableciendo dos componentes: uno fijo y otro variable. Se establece que el base fijo permanecerá estable y el variable se modificará semanalmente, tal como ha ocurrido hasta ahora con el impuesto al crédito del FEPP, de manera que cuanto más sube el precio del petróleo, el impuesto variable disminuye, disminuyendo también el impacto a nivel local. Cuando ocurra un aumento muy rápido en los precios internacionales, el valor base del IEC resultará inferior -aquello es un tanto discutible-, en valor absoluto, al crédito calculado con el nuevo componente variable, entregando un valor negativo para el IEC combinado. Además, se propone que las tesorerías paguen el IEC combinado a las empresas que realicen la importación o primera venta del combustible, tal como hicieron el FEPC y el FEPP en idénticos eventos. En esos eventos excepcionales, los compradores que cumplen con los requisitos para recuperar el ciento por ciento del IEC deberán pagar esa magnitud combinada negativa en vez de recuperarlo. Para ellos el alza del precio internacional -de paridad- se posterga sólo hasta la siguiente fecha de pago del IVA mensual, lo cual, en promedio, son sólo dos semanas. Con ello se responde en parte a la premura para el cambio significativo que quiere el diputado Pablo Lorenzini. A veces, el apuro nos lleva a que las etapas no sean bien comprendidas o no den el resultado que queremos. Por eso, el proyecto plantea la contratación de seguros internacionales ante las variaciones de precios de los combustibles. Para esos eventos, se propone que el aumento en el precio de un determinado combustible en el mercado internacional, que exceden de cierto umbral o “precio de ejercicio”, fijado previamente, al momento de contratar el seguro, sea compensado con una fórmula cuyo valor es determinable de manera objetiva. Replicando el ancho de banda del FEPP, se propone que dicho precio de ejercicio sea el precio promedio de los últimos meses más el 12,5 por ciento. De este modo, el costo del mayor valor de los combustibles en el mercado internacional, en las situaciones cubiertas por el seguro, será de costo de la entidad aseguradora internacional, representando un costo neutro para el Estado chileno. Sin duda, es una gran medida y una muy buena iniciativa. Quiero dejar establecido que, como dijo el ministro, en la aplicación de una primera etapa de implementación del nuevo sistema puede haber un costo para el Fisco si se mantiene la alta volatilidad de los precios internacionales. Sin embargo, aquella debería ir disminuyendo en la medida en que se implemente la segunda etapa de los seguros, ya que se espera que el costo del Estado llegue a una cantidad neutra. No obstante, ha transcurrido un tiempo prudente respecto de lo que se ha entrado a discutir, por lo que deberíamos esperar. Debe ser prudente porque es una situación novedosa y, como se ha dicho, habrá que esperar algunos pasos. Por lo tanto, como las modificaciones pueden tener un buen resultado para los consumidores chilenos y el costo del Estado, lo cual no dudo, es un proyecto que no tendrá mayor discusión antes de su votación. Debe ser aprobado, para tranquilidad de quienes producen y para tranquilidad económica del país, que ha sido sumamente bien conducido desde hace años y hasta hoy por las autoridades que manejan la economía chilena, las cuales han tenido una actuación excepcional y de gran profesionalismo. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, las cifras hablan por sí solas. Como señaló el ministro, el costo fiscal del sistema que cambiamos era de 2.344 millones de dólares en los últimos diez años. Sin duda, es una cantidad altísima que pudimos haber utilizado y optimizado con mayor focalización. El punto central de la propuesta que hoy se presenta a la Sala implica un importante ahorro fiscal. Pero, vamos a focalizar la cobertura estatal en aquellos que realmente más lo necesitan o que no están en condiciones de dársela por sí mismos. Hay muchos ejemplos al respecto. Sin duda, los grandes consumidores que pueden contratar coberturas por sí mismos y promover una mayor agilidad y modernidad en el mercado de las coberturas no requerían seguir gastando dineros públicos. Por ejemplo, un conductor de un vehículo que paga impuesto específico, pero que no lo recupera al pagar IVA obviamente se verá beneficiado. Asimismo, las pymes que tengan utilidades razonables y que usan diésel podrán recuperar el impuesto específico -como ya lo hacen-, pero por el monto correspondiente al componente completo de la base. Lo mismo ocurrirá con los consumidores de kerosene de uso doméstico. Cabe destacar que a veces los gobiernos deben tomar decisiones políticas complejas, cuando quieren cambiar ciertas medidas que se vienen arrastrando por mucho tiempo. A veces, la inercia lleva a mantener algunas políticas que funcionan moderadamente bien y no pensamos en hacerlas funcionar mejor, porque siempre es más fácil mantener las cosas. Por eso, destaco la decisión del Gobierno. Quizás, lo más fácil, desde el punto de vista político y práctico, era prorrogar una vez más, hasta el 30 de junio, la vigencia del fondo y hacer vista gorda del derroche o del mayor gasto fiscal que eso significaba o, incluso, de dar cobertura a las personas o empresas que podrían dársela por sí mismas. Por lo tanto, valoro la decisión del Gobierno de poner fin a eso y hacerlo focalizadamente, como se hará a partir de ahora. Por último, francamente no sé cómo interpretar las críticas del diputado Lorenzini respecto del saldo positivo que queda del fondo de 360 millones de dólares. Como es difícil hacerlo, porque se podría prestar para muchas interpretaciones, quiero recordar que el Gobierno no ha hecho nada más que cumplir con lo que la ley establece respecto de ese saldo. El 30 de junio de 2010 dicho fondo dejó de tener vigencia, y la propia ley establece que el saldo positivo se debe incorporar al FEPP. Cuando no sólo dicho fondo sino también muchos otros terminan con saldos positivos, la propia ley, aprobada por el Congreso Nacional en 2006, que no podíamos dejar de cumplir, establece el destino de dichos saldos. En consecuencia, si hay una crítica en esto y si el Gobierno hubiese hecho cualquiera otra cosa distinta de lo que establecía dicha ley, habríamos cometido una grave ilegalidad. Por lo tanto, sin entrar en el detalle de la interpretación del diputado Lorenzini, sólo recuerdo que lo primero que debe hacer el Gobierno es cumplir con la ley, lo cual está haciendo en este caso. Por eso, nuestra bancada votará favorablemente el proyecto. He dicho. El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda, después de muchas consultas que hicimos al ministro y a sus asesores, lo voté a favor. Sin embargo, quiero aclarar varias cosas. Por ejemplo, se dice que los gobiernos de la Concertación, mis gobiernos, utilizaron mal esos 2.344 millones de dólares que otorgó como subsidios en el último decenio. Sin embargo, en el informe que dio a conocer el diputado informante, que está en los escritorios de los señores parlamentarios, el ministro de Hacienda recuerda algo que para mí es vital, cual es que Chile sólo produce el 1,3 por ciento del petróleo que consume. Vale decir, tenemos que importar el 98,7 por ciento restante, lo que nos convierte en dependientes del petróleo y de sus derivados. Eso significa un problema muy serio y profundo para nuestro país. Sin embargo, los 2.344 millones de dólares que se invirtieron en el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP), y en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC), llegaron a los bolsillos de los chilenos, a los bolsillos de la gente que usa petróleo y sus derivados; no llegaron a ningún otro bolsillo. Eso hizo posible la estabilización del precio del petróleo y de sus derivados en momentos conflictivos para el mundo, lo que se debió a los diferentes problemas que se han señalado. Todo comenzó con la guerra del Golfo, siguió con el huracán Katrina, más adelante los productores de petróleo se pusieron de acuerdo para bajar la producción, lo que provocaba alzas en el precio del petróleo, que llegó a costar más de 140 dólares el barril. El país pudo compensar esas alzas con esos dos fondos, los que cumplieron un papel efectivo, ya que, por ejemplo, significó bajar los costos fijos de las grandes industrias y de las pymes; bajar los costos fijos de gran cantidad de personas de clase media que compraban un vehículo para desarrollar una actividad económica. Creo que es bueno ir clarificando esas situaciones. Otra de las críticas que se hacen al antiguo sistema es que la Empresa Nacional del Petróleo tuvo que postergar el cobro de 510 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo y que se debió dictar una ley que autorizó al fisco aportar mil millones de dólares, de los cuales la mitad se destinó a pagar la deuda con ese fondo. El resto se usó para el desarrollo de la Enap. No nos olvidemos que la Empresa Nacional del Petróleo refina petróleo y sus derivados, porque el país produce sólo el 1,3 por ciento del petróleo que necesita. No obstante, esa empresa tuvo un papel muy importante cuando se produjo la crisis energética en el país, ya que almacenó una cantidad tal de petróleo que permitió cubrir nuestras necesidades durante al menos cuarenta y cinco días, lo que impidió efectuar cortes de energía. Considero que las leyes se deben analizar en el contexto de los diferentes años en que operan. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si se hubiesen producido cortes de energía en el país durante la crisis energética? El país habría dejado de percibir como mínimo 300 millones de dólares diarios. Eso demuestra que los fondos cumplieron su rol. Como todas las actividades son dinámicas, no es casualidad el nivel técnico y tecnológico a que hemos llegado en el siglo XXI. En consecuencia, me parece bien que se establezca una tercera etapa, la que conforma la idea matriz o fundamental del proyecto de ley en discusión, para “crear nuevos mecanismos de protección para el contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de algunos combustibles derivados del petróleo.”, tal como señaló el ministro en la comisión. Ello me parece bien, porque se basa en algo que para mí es muy importante, cual es que el fisco se va a financiar vía impuestos y subsidios, no a través de un fondo; es decir, equivale a un fondo que no se agota. Es lo correcto: el que tiene más, paga más, y el que tiene menos, paga menos. Las grandes empresas y los grandes grupos económicos del país, que reciben después la devolución completa, el ciento por ciento del impuesto específico a los combustibles, como es natural, no recibirán subsidios. Ése fue un tema que se discutió durante la creación de los dos fondos. ¡Qué diferencia se produce cuando se es gobierno y cuando se es oposición! En las discusiones de los dos proyectos de ley que crearon esos fondos escuché, al igual que todos los que estábamos allí y la opinión pública, encendidos discursos en los cuales la Alianza, que hoy es gobierno, planteaba el término de todos los impuestos específicos a los combustibles. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Estamos de acuerdo con eso. El señor ORTIZ.- Bueno, entonces por qué no lo hacemos ahora, diputado, si usted está de acuerdo. Planteemos el tema desde ese punto de vista. Más aún ahora que en el primer semestre de este año los ingresos tributarios subieron más de 5 mil millones de dólares en relación con el primer semestre de 2009; más aún ahora que, según las empresas que dan los informes respectivos, Chile es el país con más condiciones para invertir, incluso superior a Brasil; más aún ahora, que usted, señor ministro de Hacienda, a través del señor Presidente, anunció la emisión de dos bonos por un total de 1.500 millones de dólares, de los cuales 500 millones de dólares serán en pesos, los que ha recibido la más baja cobertura de riesgo que se tenga conocimiento de un país sudamericano y cuatro veces las opciones de compra de ese bono. Eso está indicando que la economía se está llevando en forma seria y respaldada. Algunos podrían decir que eso se debe al actual Gobierno, pero eso es falso, ya que todo proceso económico de un país es a largo plazo y en determinado instante se deben tomar decisiones importantes y audaces, sin pensar en dividendos electorales. Creo que la mejor decisión que ha tomado el país fue la dictación de la ley de protección fiscal, ya que un grupo de parlamentarios asumimos la responsabilidad de legislar para depositar nuestras reservas en el extranjero, con el objeto de usarlas en los momentos difíciles. Por eso me parece bien esta etapa. Quiero dejar una cosa clara. El colega que me antecedió en el uso de la palabra tiene razón, ya que si el fondo feneció por ley el 30 de junio recién pasado, el remanente debe ir a las arcas fiscales. 360 millones de dólares no es una cantidad menor. El señor ministro señaló en su exposición que explicará a dónde irán esos fondos cuando empecemos el trámite legislativo del proyecto de ley de Presupuestos para 2011. También es cierto -con esto termino- que al señor ministro de Hacienda le estamos dando una facultad para enfrentar las variaciones del precio de los combustibles mediante dos etapas. Confiamos en que tomará la mejor decisión para el país en el momento oportuno. Por lo tanto, anuncio que votaré a favor del proyecto de ley, porque está en el camino de la justicia social. He dicho. El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, la exposición del ministro fue extraordinariamente clara para formarnos una opinión del sistema que va a operar, el cual está incorporado en el proyecto. Recojo la propuesta del Gobierno y señalo -como se ha dicho aquí- que es realista e inteligente. No alcanzo a entender el planteamiento del diputado Lorenzini. Tal vez mostró excesiva sensibilidad, al entender que los argumentos utilizados por el señor ministro resultaban lesivos o agresivos para la administración anterior. Lo que ha hecho el ministro -hacia allá apunta la propuesta del Gobierno- es sólo constatar hechos de la realidad. No cabe ninguna duda de que son hechos de la realidad, porque los números están a la vista. El Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo es un instrumento por el que opta-ron los gobiernos de la Concertación. Y en buena hora se escogió ese instrumento; sin embargo, el fondo comenzó a estabilizar precios que finalmente fueron cambiantes, persistentemente al alza. Claramente, no lograba estabilizar los precios y, al final, desde su creación hasta ahora, significó un gasto y un costo fiscal altísimo que bordea los 2.300 millones de dólares. Los efectos de estabilización del precio no se cumplió, pero el fisco siguió entregando el subsidio por esa vía. Ahora, el Gobierno intenta cambiar el instrumento y buscar uno distinto. Por eso, me parece una propuesta inteligente, pues reúne varios atributos positivos, algunos de ellos concordantes con la finalidad que tuvo el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles protege a todos los consumidores que tienen que pagar impuesto específico, permite focalizar que el gasto del sistema de estabilización de precios se concentre en la gente que efectivamente más lo necesita; suaviza y minimiza los cambios del precio de los combustibles y establece una suerte de banda que efectivamente lo permita. Por otra parte, incorpora un elemento importante, cual es abrir un mercado de seguros que permita a un determinado segmento autorregularse en el marco de un sistema de seguros asociado al alza en el precio de los combustibles. Además quiero hacer mención a un tema que me parece muy importante: la focalización. No sólo el beneficio es para aquellos que efectivamente pagan impuesto específico a los combustibles en el sistema; no sólo permite suavizarlo, sino, además, lo convierte en neutro desde el punto de vista fiscal. Así, harán uso del sistema las personas que pertenecen a los sectores más vulnerables o las que realmente se quiere incentivar. En las pymes que usan diésel, el instrumento está focalizado y orientado en el sentido positivo que ha sido concordado, esto es generar estímulos e incentivos. También accederán al beneficio quienes usan kerosene domiciliario para calefaccionar sus casas o cocinar, como sucede en los sectores más vulnerables de la población. También podrán hacer uso del beneficio los que usen gas como sistema de energía en autos y buses. En suma, la propuesta en ningún caso pretende agraviar lo que se hizo en las administraciones anteriores; por el contrario, constata el hecho de que en esas condiciones el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo no cumple esa función cuando el precio transita al alza permanentemente y, al final del día, el costo fiscal se hace imposible de asumir. Ahora, se opta por un instrumento distinto que permite proteger al consumidor y, por otro lado, focaliza de mejor forma los recursos que el Estado destina al sistema. Por lo tanto, no sólo quiero anunciar nuestro voto favorable al proyecto, tal como lo hicimos en la Comisión de Hacienda, sino también celebrar que el Gobierno plantee una nueva modalidad para proteger a los consumidores del alza de precios de los combustibles. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Auth. El señor AUTH.- Señora Presidenta, es hora de terminar con el reflejo condicionado entre quienes tenemos que defender lo que se hizo y quienes están proponiendo algo de futuro cada vez que se proponga la evaluación de una política o el diseño de una nueva. Es evidente que lo que se propone tiene que ver con el futuro mucho más que con la evaluación de lo que se aplicó. El programa tuvo cierto éxito. Después de cinco años es hora de evaluarlo para ver cómo se continúa. Es lógico que de esa evaluación surja, primero, que su rol estabilizador fue cumplido de manera relativa y que más que factor estabilizador de precio terminó siendo un subsidio mal focalizado. Obviamente, quienes somos partidarios de que el Estado subsidie lo somos sólo en la medida en que sea absolutamente focalizado en quienes más lo necesitan. Precisamente el proyecto focaliza de manera adecuada la inversión que debe hacer el Estado. En primer lugar, saca a todos aquellos que reciben de vuelta el impuesto específico y focaliza la protección en los contribuyentes, es decir, en los que efectivamente pagan el impuesto específico a los combustibles. También, por razones ambientales, foca-liza en quienes consumen gas licuado o gas; por razones sociales a los usuarios de kerosene doméstico, y por razones de desarrollo productivo, a las pymes hasta un nivel adecuado de ganancias. Es decir, lo que se está haciendo es evaluar bien una política que ha sido aplicada durante cinco años y, a la luz de esa evaluación, proponer una solución que se acomode a las circunstancias presentes. Desde ese punto de vista, se propone transformar un fondo, es decir, un saco de dinero que se usa en condiciones especiales: primero, ensanchando un poco más la banda de precios, porque la volatilidad de éstos es extrema, razón por la cual me parece mucho más razonable que aquella sea de 12,5 por ciento en vez de 5 por ciento; y segundo, transformando ese recurso fijo en una combinación de impuestos variables y subsidio. Eso me parece adecuado, pero lo considero, además, heterodoxo viniendo de una alianza política que no tenía mucha disposición de utilizar los impuestos de esa manera. Saludo la flexibilidad del Ministerio de Hacienda en este sentido para emplear el sistema tributario como instrumento de desarrollo, protección y focalización. En consecuencia, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, tal como lo hice en la Comisión, porque, en primer lugar, focaliza donde hay que focalizar y, luego, propone un instrumento para una segunda fase financiero-moderna, que es la adquisición de seguros desde el propio Ministerio de Hacienda. Por último, invito a los colegas a terminar con las discusiones rígidas sobre la defensa del pasado, que ya es pasado, y la defensa del futuro, el cual está por venir y, por tanto, debemos construirlo entre todos. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Rincón. El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, sería bueno recordar qué hace este proyecto de ley, que contiene dos etapas, pues quienes nos están viendo a través del canal de la Cámara de Diputados, como consumidores de combustibles en cualquiera de sus derivaciones, se preguntarán qué beneficio real obtendrán con el cambio propuesto. Lo primero es aclarar a la gente qué hace la iniciativa, evidentemente, sin transferir toda la cantidad de fórmulas aritméticas o algoritmos que se proponen en ella y que son de difícil comprensión. En una primera etapa, el proyecto sustituye el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo por un impuesto específico variable que, obviamente, tiene una nueva denominación: Sipco. En una segunda fase, introduce un mecanismo de seguros contra las variaciones en exceso de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales. ¿Por qué en los mercados internacionales? Porque Chile no es un país productor de petróleo y debe comprarlo en el exterior. En los debates habidos sobre el proyecto de ley reconocen -y ahí hay una primera interrogante- que la primera etapa a que he hecho referencia implicará una menor recaudación que se podría encontrar en un rango que, a mi juicio, es bastante laxo: de 3,2 millones a 245 millones de dólares. Es un rango bastante amplio de menor recaudación. La segunda etapa, que es la contratación de los seguros, tendrá un efecto financiero plano para el Fisco. Eso no puede no llamarnos a una interrogante respecto de qué significa en términos de impacto fiscal. Porque si bien se explica en la iniciativa cómo funcionará el financiamiento de los seguros, no queda claro ese tremendo rango de menor déficit, sin contar con algo que varios parlamentarios han dicho en la Sala: lo que estaba acumulado, desparece, entra a fondos generales de la nación. Y no se trata de uno o dos millones de dólares, sino que de más de 300 millones de dólares. Cualquier Parlamento, cualquiera Cámara, cualquier diputado o senador, en uso de sus facultades y en virtud de la representación que inviste, tiene el legítimo derecho a preguntar qué va a pasar con esos recursos que tenían un fin específico y que ingresarán como fondos generales de la nación. Quienes nos ven a través del Canal de la Cámara de Diputados se preguntan -algo que es fundamental poner aquí en juego, sobre todo los diputados de regiones- hasta cuándo la gente que está en regiones va a seguir pagando más respecto de la que se encuentra en Santiago. Cuando Chile importa crudo, el proceso de refinería se hace en la Quinta, en la Octava o en cualquier región, menos en la Metropolitana. Luego, el producto refinado debe transportarse a ésta, con el costo complementario que ello implica. Por tal razón, nadie entiende que en la Región Metropolitana, que no tiene siquiera una sola refinería, los precios de los combustibles siempre sean, en promedio, menores a los de regiones. Mientras más uno se aleja de Santiago -como si aquél fuera el centro geográfico de Chile-, hacia el norte o hacia el sur, los combustibles suben de precio permanente-mente, ello sin contar lo que vimos la semana pasada, que refrenda todo lo anterior, cuando nos dimos “el gustito” de bajar los precios de los combustibles en Santiago, sin ninguna consideración para con las demás regiones. Los ciudadanos de regiones son de otra categoría respecto de los de la Región Metropolitana. Y la única diferencia existente es que, comparativamente, en Santiago hay más habitantes que en cualquier otra región, pero muchos menos que el total de todas las regiones. Santiago no es Chile, pero para los efectos de los combustibles, como muchas otras cosas -por ejemplo, Transantiago-, es especial y subsidiado por todos los chilenos. Entonces, la pregunta que se hace cualquiera, sin analizar técnicamente el proyecto, es si este cambio, que en su esencia tiende a introducir nuevos mecanismos, mucho más modernos para corregir la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles y su impacto en la economía nacional, verdaderamente beneficia de modo igualitario a los habitantes de regiones. Ésa es la pregunta que se hace el chileno que se encuentra viendo este debate en la Sala de la Cámara de Diputados. Y éste proyecto debe dar una respuesta al respecto. Pero no veo en el articulado de la iniciativa, que es muy exiguo, alguna norma que, independientemente de las distintas fórmulas matemáticas que se nos proponen, señale que se deberá garantizar siempre, por parte del Estado de Chile, del Fisco y de los entes relacionados con la materia, que los precios en regiones sean, a lo menos, los mismos que rigen en la Región Metropolitana, región -repito- que no cuenta con ninguna refinería y que permanentemente los chilenos estamos subsidiando respecto del precio de los combustibles. O hay igualdad ante la ley y tratamiento justo de un proceso que realiza el Estado -es éste quien importa, refina y, de una u otra forma, fija los precios de los combustibles-, o derechamente reconozcamos que las regiones no tienen ninguna prioridad en la materia que debatimos. En este caso no creo que haya diputados de regiones que se encuentren a favor de un proyecto que, no ahora, sino que también antes -éste no es un problema de este Gobierno, sino del Estado de Chile e incluye los gobiernos anteriores-, potenciará el centralismo y los beneficios económicos en Santiago en desmedro de nuestras regiones. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Queda sólo un diputado inscrito para intervenir. Si le parece a la Sala, puede usar de la palabra, por dos minutos, el diputado Accorsi. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra, señor diputado. El señor ACCORSI.- Señora Presidenta, no puedo no estar más de acuerdo con el planteamiento del diputado Rincón. Por su intermedio, señora Presidenta, quiero hacerle una petición al señor ministro. Estamos usando una cantidad enorme de combustibles contaminantes: petróleo, carbón (en las centrales termoeléctricas). Yo buscaría una política de Estado sobre el particular. Por ejemplo, al Estado de Chile le con-viene subsidiar el consumo de gas natural licuado (GNL), que encontramos en el norte del país y en Quintero, que pagar los enormes costos que significa el uso de contaminantes fósiles, como el petróleo y el carbón. Hacemos ese planteamiento porque es mucho mejor para el Estado proteger la salud de la población a través del uso de combustibles limpios. Por eso, queremos proponer al Gobierno que estudie la posibilidad de subsidiar el gas, lo cual será muy bienvenido, porque va en la línea de mejorar las condiciones de salud de todos los chilenos. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, don Felipe Larraín. El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer los comentarios y observaciones de los distintos diputados que han hecho uso de la palabra y contestar algunos emplazamientos directos que se han formulado respecto de la presentación efectuada en relación con el proyecto de ley en debate. En primer lugar, me quiero referir a algunas afirmaciones del diputado Lorenzini, que también fueron mencionadas, en parte, por el diputado Ortiz. En ninguna parte del proyecto -ni en la presentación que se ha hecho de él- hay una crítica a los gobiernos de la Concertación. Lo que hay simplemente es la constatación de un hecho, cual es que nos costó muy caro el mecanismo para suavizar los precios de los combustibles. En esto me quedo con lo que planteó el diputado Auth en ese sentido, porque estamos hablando de un costo y de un subsidio que son fondos que fueron a parar al bolsillo de todos los chilenos. La pregunta que tenemos que hacernos, por tratarse de recursos públicos, es si los subsidios están bien focalizados o no, si corresponden a lo que nosotros queremos hacer. Creo que la respuesta es que si se hubiera tenido la disposición para distribuir 2.300 millones de dólares no se hubieran entregado de esta forma, sino de una manera distinta. Y es eso lo que, a mi juicio, tiene que hacer el Gobierno y aplicar lo que corresponde en cuanto a políticas públicas. No existe ninguna duda respecto de dónde fueron a parar esos recursos. El punto es que estábamos otorgando protección a personas que no la necesitaban y a empresas que pudieron haberse cubierto en forma individual. En segundo lugar, respecto de lo que ocurrió con las platas del Fondo, con los 360 millones de dólares, hay que reconocer que ese no es un ingreso fiscal, sino el paso de una cuenta a otra. Esos fondos estaban bajo la línea, invertidos en un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo y pasaron a otro Fondo, siempre en el marco de dineros fiscales. Es decir, no hubo ingreso de platas, pero sí algo muy importante: una garantía ilimitada de cobertura de precios de combustibles. En tercer lugar, se planteó el tema de las fechas. Estoy dispuesto a adoptar el compromiso de entregar, de aquí a seis meses, un informe que detalle exactamente la implementación de la fase dos de este proyecto. No creo que sea conveniente adoptar el compromiso de implementar lo que estable-ce el proyecto en una fecha fija, porque eso depende de las dificultades con que nos encontremos en el camino. Además, la ENAP lleva un año estudiando este tema y todavía no puede implementarlo. Entonces, creo que lo responsable es comprometernos, en primer lugar, a hacerlo todo lo rápido que se pueda, pero -como dijo el diputado Silva- hacerlo bien, porque lo importante es tener un mecanismo que nos dé seguridad y que podamos otorgar el beneficio de la estabilización en forma clara, transparente, segura y consistente. Repito, el compromiso que estoy dispuesto a adoptar es que en seis meses más tengamos un informe y entregar otros periódicos, como está planteado en el proyecto de ley, sobre lo que está ocurriendo con estas coberturas de seguros. En términos del costo financiero, se hacía alusión a un rango muy amplio en el informe financiero. Para la primera etapa, el proyecto implica una menor recaudación que se podría encontrar en un rango de 3,2 a 245 millones de dólares de los Estados Unidos, si el mecanismo fuera aplicado en un año con volatilidad como la observada en los dos últimos años. Por lo tanto, como no conocemos el futuro y no sabemos cuáles van a ser los precios de los combustibles que van a estar vigentes, tenemos que simular alguna trayectoria de precios y alguna volatilidad. De ahí el rango que está contenido en el informe financiero. Muchas gracias. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles. Hago presente a la Sala que la Comisión ha dejado constancia de que el articulado sólo contiene normas de ley simple o común y que fue aprobado por unanimidad. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 4 abstenciones. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende De-nise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio Mansilla Gabriel; Chahín Valenzuela Fuad; Lorenzini Basso Pablo; Ojeda Uribe Sergio; Rincón González Ricardo; Saffirio Espinoza René. -Se abstuvieron los diputados señores: Goic Boroevic Carolina; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular, con excepción del artículo 4°, respecto del cual se ha pedido votación separada. En votación particular el artículo 4°. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Se abstuvieron los diputados señores: Andrade Lara Osvaldo; Castro González Juan Luis. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachado el proyecto. VI. HOMENAJE HOMENAJE EN CONMEMORACIÓN DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN CHILE. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, la Cámara de Diputados rendirá homenaje en conmemoración del Vigésimo Aniversario de promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile. Se encuentra presente en la tribuna de honor una delegación de la Unicef, encabezada por el señor Gary Stahl, representante de esa organización ante nuestro país. Lo acompaña un grupo de jóvenes de la Corporación Opción, institución que se preocupa por la protección de los derechos del niño. También se encuentra presente el fiscal regional, don Jorge Abbott. A todos damos la más cordial bienvenida, en especial a los niños y niñas que nos acompañan en la tribuna de honor. -Aplausos. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Para rendir homenaje, tiene la palabra el diputado de Renovación Nacional, señor Pedro Pablo Browne. El señor BROWNE (de pie).- Señora Presidenta, sin duda, uno de los avances más claros y significativos del siglo XX fue la consagración de una serie de derechos fundamentales y universales que nos han ayudado a vivir tranquilos y seguros, así como solucionar y mantener al margen los intentos de alterar el orden global. Más de alguien puede pensar que, teniendo en nuestras manos la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, no era necesaria una nueva Convención que se preocupara de consagrar derechos para un sector ya incluido en dicha Declaración Universal; sin embargo, lo cierto es que los menores merecían un documento que se preocupara de dejar por escrito, y de manera categórica, sus derechos y prerrogativas. El trabajo infantil, los maltratos físicos o sicológicos, e incluso los intolerables abusos a niños y niñas -que por ningún motivo podemos permitir, vengan de donde vengan- han sido algunos de los principales focos de esta Convención Internacional. Ha sido tal su impacto, que en la actualidad es el Tratado Internacional ratificado por más países en el mundo, 195 naciones, por cierto, incluido Chile. Son muchos los aportes de esta Declaración. De partida, es un documento que manifiesta un genuino compromiso con las generaciones venideras: su objeto no es otro que permitir que nuestros niños crezcan en un ambiente de respeto y cariño, para que se formen como los hombres y mujeres que están llamados a ser. Por eso, se recurre a la protección de los menores, pero también a la disposición que promueve, como los derechos de cada niño y niña, a ser escuchados y tomados en cuenta. Los niños son parte esencial de nuestra sociedad, y junto con ellos debemos construir el futuro. Además de lo anterior, es un documento que reconoce el importante papel que debe cumplir la familia. En numerosas disposiciones se otorga un rol preponderante a los padres de los menores, como educadores, principales guías y tutores. Como padre de familia, debo decir que me siento honrado de contar con un apoyo como esta guía de derechos: la Declaración de los Derechos del Niño es un instrumento que protege a nuestros hijos, pero a la vez, nos protege como familia. Sería improcedente utilizar este homenaje para pasar revista a cada uno de los artículos de esta Convención, porque la riqueza del texto y contenido de sus preceptos obligaría a detenerse por largo tiempo en cada uno de sus ellos. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que esta Declaración ha dejado por escrito ciertos derechos que le corresponden a nuestros niños y niñas desde siempre, y que no se pueden desconocer, incluso, aunque faltara este documento escrito. Me refiero a prerrogativas como el derecho a la educación, a no ser maltratados, explotados ni abusados por nadie, a la identidad y nacionalidad y al mejor cuidado que puedan. Y me refiero también, a ciertas libertades y obligaciones incluidas, que permiten el sano crecimiento integral de cualquier menor, como su derecho a jugar o la posibilidad de tener alimentos, ropa y un lugar donde vivir. Esta declaración recoge la tradición de la obligación que le debería nacer a todos los padres y adultos, pero que a veces, por des-conocimiento o mala actitud, no se cumple como debe. Por eso, valoramos contar con un instrumento como la Convención de los Derechos del Niño, pues nos ayuda a instituirnos como una sociedad seria y responsable. Para finalizar, quiero aprovechar la instancia para agradecer, por su intermedio, señora Presidenta, a tantas instituciones que han dedicado todos sus esfuerzos a combatir los abusos y maltratos infantiles y a otorgarles a los niños los derechos y la dignidad que se merecen. En primer lugar, debemos comenzar por agradecer la excepcional gestión que ha realizado la Unicef, desde sus inicios, como promotora y garante de los derechos del niño. Sin su ayuda, presente en gran parte del mundo, probablemente esta Convención habría permanecido como una mera declaración de buenas intenciones. A la vez, debemos gratificar la labor que realizan numerosas organizaciones en Chile, públicas y privadas, de forma destacada y anónima, pero que inciden positivamente en el desarrollo íntegro de los niños y niñas de nuestro país. Sería injusto nombrar sólo algunas, y por ello es mejor realizar un homenaje universal, para reconocer la valentía que han tenido todos los hombres y mujeres que se han abocado a la difícil tarea de luchar por el bienestar de un sector de la población que muchos no valoramos, pero que no debemos dejar de proteger. Ellos, nuestros niños, son el futuro, y sólo junto a ellos podremos construir la sociedad que nuestros padres nos han dejado como herencia. He dicho. -Aplausos. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Schilling. El señor SCHILLING (de pie).- Señora Presidenta, estimados colegas, queridos niños que nos acompañan: Si efectivamente existieran y se respetaran los derechos de los niños y las niñas, tal vez no habría necesidad de que nos acompañaran, quizás no muy entretenidos, escuchando largos discursos cuyo sentido a veces es difícil de desentrañar; pero no es el caso, los derechos de los niños, como de tantas otras personas, hoy en el mundo están comprometidos y amenazados. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”. Con ese hito histórico en la humanidad, aparece claramente el propósito de atribuirle la calidad de ley fundamental, con carácter universal, incluso para los Estados no contratantes. Desde entonces la Declaración y la evolución de un sistema internacional de garantías a los derechos humanos, han ido configurando el límite positivo que la conciencia jurídica universal pretende imponer al poder y las ideologías que rigen el control social en todas las naciones. Es en este contexto que los derechos humanos de los niños y las normas a las que deben aspirar todos los gobiernos para fomentar su cumplimiento se encuentran articulados en forma precisa y completa en un tratado internacional de derechos huma-nos: la Convención sobre los Derechos del Niño. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó unánimemente la Convención el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor en septiembre de 1990. Basada en diversos sistemas jurídicos y tradiciones culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño está compuesta de una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos los Estados partes y que no admiten reserva. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama completa de derechos humanos: derechos civiles y políticos, así como derechos económicos, sociales y culturales de todos los niños y las niñas. Estos valores fundamentales -o “principios rectores”- de la Convención, sirven para orientar la forma en que se cumplen y se respetan cada uno de los derechos y sirven de punto de referencia constante para la aplicación y verificación de los derechos infantiles. Los cuatro principios de la Convención son los siguientes: no discriminación, el interés superior del niño, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Conmemorar a niños y niñas parece algo fácil, porque siempre los vemos con ternura, paternalismo, y quizás, en nuestro imaginario social rara vez se nos viene a la cabeza la palabra niño asociada a algo negativo. Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del Niño no viene sólo a festejar, sino fundamentalmente a dotar de contenido ético la relación entre las personas que vivimos en el mundo, de modo que sea protegida una parte esencial de nuestra vida, como lo es el largo proceso que experimentamos entre la infancia y la adolescencia. A partir de la Declaración de 1990, los países de todo el mundo tienen en sus manos una herramienta fundamental para combatir los distintos flagelos que se ciernen sobre los niños. Los Estados del mundo son conscientes de los distintos problemas que enfrenta la infancia, pues no es un dato menor que luego de veinte años de su ratificación, éste sea el tratado de derechos humanos más reconocido de la historia, pues 195 países ya lo han ratificado. Es evidente, entonces, que los niños nos preocupan, porque sabemos, entre otras cosas, que ellos son el futuro de nuestros países, de nuestras sociedades, y que en sus manos estará cambiar este mundo que les entregamos en bastante mal estado. Quienes cumplimos un rol de representación política y legislativa, sabemos cómo esta Convención ha permeado toda la legislación y también muchas políticas públicas emanadas desde el Poder Ejecutivo. Nuestro país ha avanzado en materia de resguardar la infancia a través de la ley de Menores, aprobada en 2000; la ley sobre Adopción de Menores, en 1999; la ley de Violencia Intrafamiliar, en 2005; la que creó los Tribunales de Familia, en 2004, y su reglamento, en 2009. A ello, debemos sumar el Programa del Ministerio de Justicia, de las Oficinas de Protección de los Derechos Infantiles, cinco leyes relevantes sobre trabajo infantil y la ratificación de cinco convenios internacionales, entre los que se encuentra, por supuesto, el que hoy conmemoramos. Todo ello se ha hecho con la firme convicción de que es nuestro deber procurar a los niños el cumplimiento de sus derechos fundamentales, los que, sin embargo, siguen siendo vulnerados de distintas maneras. Al revisar los datos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica de 2009, he corroborado que no sólo ha aumentado la pobreza, tal como lo han destacado los medios de comunicación, sino que, además, y esto muchas veces pasa sin mayor análisis, la pobreza es más recurrente en los tramos de menor edad. En el segmento de cero a tres años, el 18,2 por ciento es pobre no indigente y el 6,3 por ciento de los niños de esta edad, son pobres indigentes. Así, a medida que la vida avanza, la pobreza disminuye. En la tercera edad, sólo el 2,1 por ciento es indigente y el 6,8 por ciento, pobre no indigente. Fundamentalmente, esto nos habla de que no todos tenemos las mismas oportunidades para la superación de la pobreza, lo que es una pésima señal para la perspectiva de terminar con el trabajo infantil y la deserción escolar. La pobreza y la marginación suelen ir acompañadas de niveles de violencia y frustración, que hemos visto cómo se ha incrementado en los barrios más vulnerables de nuestro país. Asimismo, debemos hacer notar que aquí no da igual ser niño o niña. Las desigualdades de género se ven reforzadas desde la infancia y ello redunda en que se perpetúen las inequidades posteriores. Debemos incorporar, entonces, una mirada de género al análisis de la infancia; pero también debemos considerar que no da igual ser niño indígena que no indígena, dado que como todos sabemos, y como ratifica también la Casen 2009, en Chile las personas tienen más posibilidades de ser pobres si pertenecen a una etnia originaria. Debemos velar, como parlamentarios comprometidos con el futuro de nuestros niños, para que todos tengan las mismas oportunidades y crezcan en entornos dotados de los requerimientos necesarios para cubrir sus necesidades. A veinte años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, saludo el marco jurídico que nos brinda para legislar por una infancia plena, que debe ser la tarea fundamental de los parlamentarios. De eso depende, de manera literal, el futuro de nuestro país. No obstante, eso no ocurre cuando el primero de los principios de la Convención, el de no discriminación, es afectado directamente con ideas que salen del Ministerio de Educación, como la semaforización de la educación, lo que estigmatiza a los niños que estudian en los colegios de más bajo rendimiento en la prueba Simce. Es el tipo de cuestiones que no debemos aceptar. He dicho. -Aplausos. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ, don Hugo (de pie).- Señora Presidenta, en primer lugar, saludo a todas las niñas y niños que se encuentran presentes en las tribunas. Asimismo, a la Corporación Opción que, sin duda, también realiza un trabajo formidable con los niños y niñas. Este homenaje es obligatorio para el Estado de Chile, por cuanto un día 14 de agosto de 1990, se promulgó como ley de la República, mediante decreto supremo N° 830, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Convención sobre los Derechos del Niño, convenio de las Naciones Unidas que describe la gama de derechos que tienen todos los niños y niñas. Además, establece normas básicas para su bienestar en diferentes etapas de su desarrollo. Al ratificar la Convención, Chile se transformó en Estado parte de la misma; por consiguiente, aceptó someterse legalmente a sus estipulaciones y debe informar regularmente sobre sus avances al Comité de los Derechos del Niño. La Convención es el primer código universal de los derechos de los niños y las niñas legalmente obligatorio de la historia. Reúne en un solo tratado, todos los asuntos pertinentes a los derechos del niño, los cuales pueden dividirse en cuatro amplias categorías: derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. A veinte años de la promulgación de la Convención como ley de la república, es necesario señalar que aún falta una profunda reforma de nuestra legislación y la transformación cultural de la sociedad chilena para que haga efectivo el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, a fin de permitir enfrentar situaciones como la disparidad en materia educativa, la drogadicción, el maltrato infantil, el trabajo infantil y el abuso sexual, así como también el embarazo de adolescentes, entre otras. Según datos de la Unicef, hasta el 75 por ciento de los niños, en diferentes grados, ha sido víctima de maltrato infantil, desde gritos hasta abusos graves. Cifras del Ministerio Público hablan de denuncias de abuso sexual que afectan a cerca de 14 mil niños. Además, se mantienen lacras, como el comercio sexual infantil. Más de 3 mil niños son explotados sexualmente, el 80 por ciento son niñas. Siguen vigentes las políticas de estigmatización de los menores de edad, en particular de aquellos que son parte de la vulnerabilidad, de la pobreza y caen en las redes del delito, a quienes se los enfrenta con amenazas, amedrentamiento y aplicación de normas carcelarias; todo ello alejado de políticas públicas integradoras a la educación y a la recreación, que apunten a un futuro de trabajo y familia. Lamentablemente, siguen en pie los problemas de los niños relacionados con desnutrición, repitencia y deserción escolar, déficit en la atención preescolar, maltrato infantil, drogadicción y abandono. Más encima, la ley de responsabilidad penal juvenil ha provocado gran impacto en los niños. Se ha acuñado el concepto de “el niño delincuente”. Hoy, los niños están menos protegidos con esta ley. La justicia sólo calza con medidas represivas. Hay un sistema carcelario inadecuado, servicios básicos insuficientes. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido un marco programático de promesas incumplidas. El Estado de Chile aún está en deuda con esta convención, debe avanzar más en la construcción de un Estado que ampare y proteja a nuestros niños y niñas. La solución represiva, la no participación de los escolares en los asuntos de sus escuelas, la marginación de la participación de los estudiantes y la discriminación de los niños de los pueblos originarios, sin duda, nos deja al margen de la protección de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hoy, el Estado de Chile está en deuda con los niños y las niñas de nuestra patria, y se hace necesario e indispensable que nos pongamos a la altura de las circunstancias y adecuemos nuestra legislación a fin de am-pararlos. He dicho. -Aplausos. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA (de pie).- Señora Presidenta, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, promulgada en Chile hace veinte años como ley de la república, es el principal instrumento de salvaguarda en el ámbito internacional y afirma la especial protección de que deben ser objeto los niños en cuanto sujetos de derecho y en cuanto seres vulnerables y dependientes respecto de los cuales repercuten, de modo más intenso, las consecuencias de la guerra, de la violencia, de las enfermedades, de la injusticia social y de las crisis económicas. La niñez es un tema que reviste la mayor trascendencia. La protección de las personas en sus primeras etapas de la vida, y el goce y el respeto de sus derechos condiciona de gran manera su futuro. Estos derechos constituyen un complejo integral, interdependiente e indivisible, y sólo a través de su reconocimiento integral se asegura la existencia o la vigencia de cada uno en particular. Su fundamento radica en la dignidad inherente a la condición humana. Sin embargo, el reconocimiento formal de los derechos establecidos en la Convención siempre se traduce en experiencias vivenciales para los niños y las niñas. La idea de reconocer a la niñez con los mismos derechos de las personas adultas, aún resulta esquiva para amplios sectores de la sociedad, como lo han expresado algunos de mis colegas anteriormente. Frecuentemente, se excluye a los niños y se les niega su derecho a opinar, a ser escuchados y a construir su propia historia. La realización material de los derechos humanos de la niñez requiere de compromisos y esfuerzos articulados de diversos actores, como los Estados, la comunidad internacional, la familia y, sobre todo, de nosotros, los parlamentarios. Los Estados deben traducir el discurso jurídico en hechos. El cumplimiento de los derechos huma-nos de los niños y las niñas tiene que reflejarse en los presupuestos nacionales. Es necesario convertir los cuerpos normativos en políticas públicas, planes y programas que consideren el desarrollo articulado e integral y las intervenciones institucionales, sociales y comunitarias. La cooperación internacional es fundamental para los países en vías de desarrollo. Las familias y las comunidades están llamadas a desempeñar un rol fundamental en la protección y el desarrollo de los niños y niñas. Cada persona tiene la capacidad de incidir y transformar su realidad. El nivel de interiorización y compromiso de cada persona con los derechos de la niñez es determinante para su realización. Las políticas implementadas por los gobiernos de la Concertación estuvieron bien dirigidas. Sin embargo, es menester seguir el trabajo y que este Gobierno continúe y amplíe las políticas sociales de la familia y la niñez. No basta el discurso políticamente correcto, ni las buenas intenciones. Las familias y los niños necesitan hechos concretos que permitan un desarrollo integral y óptimo. La bancada radical siempre ha estado por el mayor bienestar de la familia, porque cree fielmente que es el punto inicial para el buen desarrollo del niño. Una familia bien constituida y con seguridad social es capaz de lanzar a la vida mejores ciudadanos y colmar nuestras escuelas de niños sanos. Es nuestro deber y nuestro compromiso, que todos los niños crezcan en un ambiente estable y sano, en sintonía con su dignidad. He dicho. -Aplausos. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann. La señora HOFFMANN, doña María José (de pie).- Señora Presidenta, en primer lugar, saludo a los niños que nos acompañan en las tribunas. La niñez es la etapa de la vida en que se forma gran parte del carácter, de los ideales, de los valores, de la solidaridad y de la manera de respetar y relacionarse con los de-más que se tiene en la adultez. En la niñez se graban para siempre los códigos de conducta que en la madurez harán a un buen formador y transmisor de valores. Por lo tanto, es de toda importancia que la niñez esté protegida y resguardada; que se garantice este espacio de formación a través del derecho y de la promoción de los derechos del niño. Durante la niñez los seres humanos aprendemos las conductas y acciones que nos diferenciarán de los demás. Durante ese período, aprendemos a caminar, a hablar, a jugar, a crear, a soñar, a querer y a compartir. En los primeros años de vida se forman y desarrollan las capacidades físicas, emocionales e intelectuales. Por lo tanto, debemos tomar conciencia sobre esa etapa tan clave de la vida, y generar todos los incentivos y condiciones para que los niños tengan una infancia plena. Estos argumentos nos obligan como sociedad a trabajar sin descanso para cautelar y proteger a cada niño. Mientras más protejamos los derechos de los niños, mejor será el futuro que ellos construirán. Hoy conmemoramos veinte años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. La diputada señora María Angélica Cristi me recordó hace un rato que dicho acontecimiento fue muy emocionante porque coincidió con la reapertura del Parlamento. Si bien es cierto hemos avanzado respecto de la protección de la niñez, lamentablemente todavía tenemos grandes deudas sociales, porque cada vez que un niño es vulnerado en sus derechos, en nuestro país o en el mundo, ese acto pasa a ser no sólo un drama o tragedia en sí mismo, sino que afecta a la sociedad completa, que se comienza a destruir. Sin embargo, como hablábamos recién, la sociedad ha tomado conciencia y muchas fundaciones y organizaciones están ayudando en nuestro país y en el mundo a consolidar un gran apoyo a la niñez. Es urgente avanzar rápido y terminar con muchas deudas sociales que afectan a nuestros niños. En primer lugar, debemos fortalecer la familia, porque ése es el lugar donde nuestros niños pueden desarrollarse mejor y aprender los valores de una sociedad justa y democrática, como el respeto por el prójimo, el amor y la solidaridad, como lo reconoce la Convención. En segundo lugar, debemos terminar con las deudas sociales más injustas y que impiden a millones de niños acceder a una educación de calidad. Sin duda, éste es el mayor problema que enfrentamos como país. Los niños merecen todos nuestros esfuerzos para lograr que la educación sea la verdadera herramienta para lograr una sociedad con oportunidades. No olvidemos que la última encuesta Casen nos indicó que los niños son los más perjudicados con los índices de pobreza. Debemos ganarle la batalla al narcotráfico que ni siquiera respeta edades. Día a día vemos con espanto cómo niños cada vez más pequeños son víctimas de este verdadero cáncer social y cómo, muchas veces, son utilizados por adultos para cometer ciertos delitos. Debemos erradicar, de una vez por todas, el trabajo infantil en todas sus formas, ya que es, generalmente, la actividad que marca, cuando un niño pasa a ser un adulto, sin importar la edad que tenga. Esto, sencillamente, es inaceptable. Durante estos meses, se han anunciado bastantes medidas, desde mi punto de vista, revolucionarias e innovadoras que van en directo beneficio y apoyo a los niños, como llevar la educación preescolar hasta el último rincón del país; ampliar los horarios de atención de salas cunas y jardines infantiles -tan necesarios para muchas madres-, implementar, por ejemplo, el programa After School, y reformular integralmente el Sename, con la creación del Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia, dependiente del futuro Ministerio de Desarrollo Social, encargado de los niños y jóvenes vulnerables, separado del Servicio dependiente del Ministerio de Justicia que se ocupará de niños y jóvenes en conflicto con la ley. Sin lugar a dudas, falta mucho y, por su intermedio, hago un llamado también al Presidente Piñera para que no descanse en generar todas las iniciativas que resguarden los derechos del niño, ya que no tengo ninguna duda de que este gobierno será recordado por su preocupación preferencial por la infancia. Finalmente, quiero citar al premio Nobel de Literatura 2008, el francés Jean-Marie Gustave Le Clézio, quien durante su discurso en la Academia señaló lo siguiente: “Que en este tercer milenio, ningún niño, sea cual fuere su sexo, su idioma o su religión, sea abandonado al hambre o a la ignorancia, ni abandonado fuera del festín. Este niño lleva en sí, el futuro de la raza humana.” Por el bien de Chile y del mundo, nuestro deber es acompañar y dar oportunidades a todos y cada uno de los niños y niñas existentes, y a todos los que están especialmente por venir. He dicho. -Aplausos. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Gracias, diputada Hoffmann. Tiene la palabra la diputada Carolina Goic. La señora GOIC, doña Carolina (de pie).- Señora Presidenta, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, para mí es un honor -espero representar de la mejor manera a mis colegas- sumarme a este homenaje en conmemoración de los veinte años de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile. En los discursos pronunciados se ha recordado la historia de esta Convención y, además, la importancia que reviste, puesto que es la primera jurídicamente vinculante y, por lo tanto, permite ejercer una defensa efectiva de los derechos de los niños y de las niñas. Pero, también, en la medida en que este Congreso toma un espacio para recordar los veinte años de la Convención, vale la pena recorrer cada uno de los derechos fundamentales y concluir en que todavía tenemos trabajo pendiente cuando se advierte que diariamente son vulnerados. La invitación que quiero hacer, en nombre de mi bancada, es más bien una reflexión. Siempre los homenajes son hitos que nos permiten mirar hacia atrás, ver cuánto se ha progresado y, como legisladores, qué nos falta por hacer para avanzar en aquellos temas que todavía están pendientes. Es importante, sobre todo para nuestros invitados, para los niños y las niñas que nos acompañan, hacer quizá un breve recorrido, que no será exhaustivo, que no incorporará todo lo que ha hecho el Congreso Nacional, pero que indicará hitos en la legislación en pro de su defensa. Me refiero, por ejemplo, a la ley que modificó el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, que permitió eliminar la tan odiosa discriminación que existía hasta hace poco en el país, en que había hijos legítimos e ilegítimos, que los marcaba, de alguna manera, en forma distinta desde el nacimiento; la ley sobre Adopción de Menores, la de Violencia Intrafamiliar, la que creó los Tribunales de Familia, la que estableció un Sistema de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, la que creó la Jornada Escolar Completa, la reforma constitucional que amplió la gratuidad del derecho a la educación en la enseñanza media, y la ley general de Educación, que establece los principios de gratuidad y la necesaria calidad en la educación para todos. ¡Qué decir de la aprobación del Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo! En su oportunidad discutimos por qué era necesario que fuera ley de la República, que permaneciera y que acompañara en forma integral a las familias y a los niños desde su gestación hasta los cuatro años. Hay otras mociones que han abordado, por ejemplo, la pornografía infantil para proteger a los más indefensos de la pedofilia, el acoso en internet, el trabajo infantil, para terminar con ese abuso y que los niños concluyan sus estudios, etcétera. Pero, además, nos quedan -es la ocasión propicia para señalarlos- varios desafíos pendientes, entre los cuales están las reformas legales destinadas a consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil especializado que permita reinsertar efectivamente a los adolescentes infractores de ley y mejorar su educación y salud física y mental. Todos estamos conscientes de la deficiencia del sistema actual. Incluso, hay una interesante moción sobre la materia presentada por los diputados Jorge Burgos y Marcelo Díaz. O cómo avanzamos en la derogación de una ley de menores, basada más bien en principios del sistema tutelar, para establecer una auténtica ley de protección de los derechos de la infancia, que debería ir acompañada de una figura que podría llamarse “defensor del niño”, una institucionalidad pública que defienda dichos derechos. O cómo avanzamos -algo se ha señalado- en una profunda reforma a la institucionalidad pública que vele por la infancia y la adolescencia, que supere las limitaciones que presenta el actual Servicio Nacional de Menores; que no sea sólo funcional, sino que también disponga de un sistema de seguimiento y buen diagnóstico, de indicadores, de manera de observar los avances en estándares de salud, de educación, de protección, de reinserción, para conocer el efecto de las políticas públicas que se implementen para la infancia y adolescencia. O cómo retomamos seriamente la preocupación por el trabajo infantil. Datos del Ministerio del Trabajo señalan que son más de 196 mil los niños y adolescentes que trabajan en Chile, de los cuales 3700 están involucrados en las peores formas de explotación sexual y trabajo infantil. Al respecto, hay mociones pendientes en la Comisión del Trabajo desde hace algunos años. ¿Por qué esta ocasión no nos sirve para comprometernos a agilizar su tramitación? O cómo emprendemos políticas destinadas a hacerse cargo de la protección de los niños más vulnerables. Algunos colegas se referían a los niños de origen indígena, también están los inmigrantes, ¿cómo los incorporamos también? O cómo protegemos el período de gestación y también los primeros meses del niño con un posnatal adecuado que permita que todos los niños y niñas de Chile desarrollen su potencial al máximo, para que efectivamente tengan igualdad desde la cuna. Finalmente, ha habido un debate que demuestra la relevancia que ha ido alcanzando el cuidado infantil; en todo caso, ésta debe ser una garantía para todos los niños y no solo asociada al trabajo de la madre o del padre, sino que debe ser un derecho de seguridad social, más allá de la cobertura de la sala cuna. Si bien hay desafíos pendientes, tenemos la gran oportunidad de contribuir, en forma muy concreta y responsable, a que esta Convención se cumpla en el país. He dicho. -Aplausos. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señora Presidenta, estimadas visitas que nos acompañan, niños y niñas presentes en las tribunas, en representación de la bancada de diputadas y diputados del Partido por la Democracia saludo los veinte años de la promulgación en Chile de la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos que en noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esa Convención, instrumento internacional que contempla un catálogo de derechos en favor de los niños y de las niñas en el mundo, que de ser ratificado por los Estados signatarios, debía incorporarse como principio obligatorio que iluminara la legislación interna de cada uno de los países, a fin de hacer realidad lo que se venía planteando desde los inicios del siglo XX: proclamar los derechos de la infancia y su protección. La necesidad de una legislación específica para los niños y las niñas había sido planteada en varios instrumentos internacionales durante cerca de 80 años, entre los que caben la Declaración de Ginebra de 1924, sobre los derechos del niño; la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones inter-nacionales que se interesan en el bienestar de los niños y las niñas. Todos esos textos proclamaron la necesidad de que la infancia debe tener derechos y cuidados especiales, siendo los niños y las niñas parte de la sociedad, que es el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños y las niñas, y deben recibir la protección y asistencia necesarias para asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, a fin de llegar a ser una persona plena en afectos y derechos, partiendo por el pleno reconocimiento de su estatus como persona y que no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación por sexo, clase, religión o raza. Chile posee el mérito de ser uno de los primeros países en suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo realizó el 26 de enero de 1990, a sólo 2 meses de haber sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este fue uno de los primeros convenios internacionales que ratificó el Congreso Nacional luego de la elección democrática de 1989, y fue promulgado el 14 de agosto de 1990. Considero que durante estos veinte años, desde que rige la Convención con plena obligatoriedad en nuestro país, hemos cumplido bien con las tareas encomendadas. A mi juicio, hemos logrado avances muy importantes en materia de mortalidad infantil, programas de vacunación, nutrición y prevención de enfermedades. De hecho, tenemos una de las mejores cifras a nivel mundial. Hemos hecho grandes esfuerzos en materia de acceso a la educación, con doce años de escolaridad obligatoria y con el programa, reconocido legalmente, Chile Crece Contigo; hemos realizado importantes esfuerzos para mejorar la justicia de menores y el sistema penal juvenil, y hemos perfeccionado las normas sobre adopción, trabajo infantil y maltrato y violencia sexual a menores de edad y jóvenes. Hasta el momento, podemos sentirnos orgullosos de lo avanzado; pero debemos persistir, porque tenemos muchas tareas pendientes en equidad y acceso igualitario a todos los beneficios que nos entrega la modernidad. En nuestro país todavía existen bolsones de desigualdad y diferencias entre los que ganan más y los que ganan menos, lo que en cualquier país desarrollado del mundo resulta vergonzoso. Existen niños y niñas y jóvenes pobres que difícilmente saldrán de su situación si no tenemos un Estado que les garantice las opciones mínimas para que superen su actual estado de pobreza. Todavía tenemos problemas de discriminación con nuestras poblaciones indígenas y con los inmigrantes, y como lo han señalado algunas encuestas, tenemos problemas de comunicación al interior de nuestras familias, que se han transformado en barreras para el cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas consagrados en la Convención y en nuestra legislación, que muchas veces redundan en dramáticas situaciones de violencia hacia los niños. Como lo indica un estudio realizado en la municipalidad de Cerro Navia, en 2005, cuando nuestra colega Cristina Girardi era su alcaldesa, las niñas y los niños encuestados señalaron dos graves problemas cotidianos en sus vidas. Uno, la soledad, que es detectada y sentida por ellos mucho más profundamente de lo que transmiten y dicen los padres en la familia. El otro, el trabajo infantil, que es la explotación más odiosa que puede existir en una sociedad. El 10 por ciento de los niños y de las niñas señalaron que hacían abandono de los estudios por estar obligados a enfrentar el trabajo. Como país, tenemos tareas cumplidas, como ya lo señalé, pero las hemos realizado desde la lógica del cumplimiento formal de los convenios y de la legislación; sin embargo, no observo un compromiso, como país, de hacer profundos cambios culturales y sociales, que es donde se sustentan la des-igualdad y el abuso de poder, y donde los niños y las niñas son siempre los más débi-les. Es urgente comprometernos, como país, todos juntos, en hacer este cambio. Por último, quiero referirme a dos temas de gran importancia y que hemos trabajado en la Comisión de Familia y en nuestras conversaciones con el diputado Marcelo Schilling. En primer lugar, hemos visto que los medios han cubierto un número relevante de casos de violencia en las escuelas, el denominado bullying, que no es otra cosa que el resultado de fuertes niveles de intolerancia presentes en nuestra sociedad y que son trasmitidos a nuestros hijos. Me parece que debemos avanzar hacia una legislación que regule lo relacionado con las transmisiones de actos de violencia y promueva visiones pacíficas del mundo, donde los seres humanos sean capaces de resolver sus conflictos sin golpes y sin armas. Este cambio empieza desde la escuela y la familia. En segundo lugar, debemos abordar con la mayor preocupación la educación sexual de nuestros hijos y de nuestras hijas, no para promover castidad o renuncia, sino el ejercicio de la sexualidad con respeto por el otro y con el cuidado que ello requiere. Señora Presidenta, estimados colegas, es nuestro deber velar para que Chile cumpla y honre sus compromisos internacionales, pero también debemos aunar esfuerzos y voluntades para hacer grandes cambios políticos, sociales y culturales. Con esa voluntad, con esa decisión y con esas fuerzas, la bancada de diputados y de diputadas del Partido por la Democracia saluda los veinte años de promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Para finalizar el homenaje, el señor Secretario General va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 148. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 148, de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Becker, Moreira, Melero, Bertolino, Vallespín, Farías, Aguiló, Espinosa, don Marcos; Marinovic y Carmo-na, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Expresar sus felicitaciones a la Unicef en la conmemoración de los 20 años de vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño como ley de la República de Chile. Reafirmar el compromiso de la Cámara de Diputados de la República de Chile en la adecuación de la legislación interna al mandato de la Convención y en la promoción y defensa de los derechos de los niños, reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Entre estos desafíos, para los próximos 20 años de vigencia en Chile de la Convención, se pueden mencionar normas sobre prevención, responsabilización y reinserción de adolescentes infractores de ley; la ley de Protección de Derechos del Niño, nueva institucionalidad de la infancia, sobre el trabajo infantil y explotación sexual, sobre niños inmigrantes, refugiados e indígenas, sobre participación infantil y sobre mejor educación.”. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. (Aplausos). De esta forma, finalizamos la conmemoración de los veinte años de la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño. VII. INCIDENTES SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE MINERÍA PARA LA REGIÓN DEL MAULE. Oficio. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En Incidentes, el tiempo corresponde a la Unión Demócrata Independiente, UDI. Tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca. El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, en la Región del Maule, no existe el cargo de secretario regional ministerial de Minería, sólo una coordinadora de Políticas Mineras, la cual carece de las facultades y competencias para fiscalizar una exploración o explotación minera. Al respecto, recuerdo a la Sala que, como consecuencia del terremoto, en la comuna de Pencahue, una familia entera murió aplastada por un derrumbe que hubo en la mina Las Palmas, que es un tranque de relaves. El diputado Lorenzini también conoce el caso. Por lo tanto, si se va a hacer una reestructuración del Sernageomin, es necesario que se haga de verdad. En ese sentido, el ministro debe considerar a la Séptima Región como una seremía dependiente de su Ministerio, a fin de que tenga muchas más facultades para fiscalizar las enormes obras de esa región. En cuanto al Sernageomin, hoy sólo cuenta con seis direcciones regionales. La Región del Maule pertenece al área centro, que cuenta sólo con una oficina regional que está en Concepción. Por consiguiente, a este organismo le queda bastante lejos controlar las obras que se están haciendo en la Región del Maule. Sernageomin es el organismo encargado de fiscalizar la seguridad minera, además de revisar estudios y declaraciones de impacto ambiental. Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Minería -solidarizo con él por lo que está pasando en el norte con los 33 mineros, sé la incertidumbre en que se encuentran sus familias-, con el objeto de invitarlo a nuestra región para que la recorra y evalúe la posibilidad de crear el cargo de secretario regional ministerial de Minería en la Región del Maule, lo que obviamente será muy bien acogido por todos los parlamentarios. Todos vamos a estar muy de acuerdo con que esta oficina se cree a la brevedad posible. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Marisol Turres y de los diputados señores Pablo Lorenzini y Enrique Estay. AUDITORÍA A LA SUBSECRETARÍA DE PESCA. Oficio. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. El señor TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, mi intervención de hoy dice relación con la pesca artesanal en la región de Los Lagos, tema que me preocupa muchísimo. Voy a hacer referencia al informe N° 104 de la Contraloría General de la República, de 2008, el cual es un informe final de fiscalización, un examen de cuentas, que hizo a la Subsecretaría de Pesca. La Contraloría detectó una serie de irregularidades en la transferencia de fondos públicos entre esa entidad y la consultora Instituto de Fomento Pesquero, más conocida como IFOP. Entre otras graves deficiencias, la Contraloría estableció falta de control interno, falta de garantías de proyectos vigentes ejecutados por el Fondo de Investigación Pesquera, FIP. Además, el Instituto de Fomento Pesquero concentra proyectos por más de 3.500 millones de pesos terminados fuera de plazo y estudios con demora de hasta 25 meses. Asimismo, a pesar de la inexistencia de antecedentes del grado de avance y entrega de informes por parte de la consultora, el Fondo de Investigación Pesquera (FIP), nuevamente le adjudicó proyectos similares. Asimismo, hay falta de controles de seguimiento a las actividades desarrolladas por el IFOP; y aún así le concedieron anticipos por más de 1.900 millones de pesos, sin boletas de garantía que siempre se presentan como respaldo de esos anticipos. El Fondo de Administración Pesquera no había implementado controles y/o procedimientos para identificar con precisión el uso y destino de los recursos. No cuenta con información presupuestaria detallada relativa a todas las transferencias y a los gastos que ejecuta, por lo que los datos que emanan del Departamento Administrativo de la Subsecretaría de Pesca no tienen una contraparte en la Unidad Operativa. Problema que es de toda gravedad, sobre todo si se considera que su presupuesto alcanza a más de 4.600 millones de pesos. Lamentablemente, existen antecedentes que indicarían que esas irregularidades no son atribuibles exclusivamente a la Subsecretaría de Pesca y al IFOP, sino que existirían otros hechos cuestionables respecto de las consultoras Pupelde, Mares Chile, IFOP, Fundación Chinquihue, entre otras, especialmente en la asignación de pescas de investigación. En ese contexto, pido oficiar al contralor General de la República, con el objeto de que se realice una auditoría a la Subsecretaría de Pesca para establecer lo siguiente, desde el 2005 a la fecha: En primer lugar, las pescas de investigación asignadas a las consultoras antes mencionadas u otras durante esos años, existencia de informes, garantías, y los fondos públicos transferidos a cada una de esas empresas durante los últimos cinco años. En segundo lugar, las medidas adoptadas por esa Subsecretaría para velar porque los recursos del Presupuesto asignados a favor de la pesca artesanal lleguen efectivamente a los beneficiarios, los pescadores artesana-les y sus familias, y no queden en intermediarios o se destinen a financiar sólo el gasto corriente de las consultoras. Hago presente esta situación, porque todos estos años se han asignado millonarias sumas a la pesca artesanal; sin embargo, hasta la fecha, los pescadores artesanales y sus familias siguen viviendo exactamente en las mismas condiciones de pobreza. Es más, en la actualidad, la pesca artesanal de mi región está pasando por un momento muy complicado. Muchas veces habíamos visto a los pescadores artesanales pidiendo aumento de cuotas, en el fondo más trabajo, pero hoy, atendida la población de lobos marinos, no tienen cómo sobrevivir. No obstante haberse levantado por algunos días la veda para que pudieran salir a la mar, no se ha tenido ningún resultado positivo. Por lo tanto, es tremendamente importante para mí, como diputada, y para la gente que represento que esta auditoría se haga lo antes posible, para que todas las instituciones creadas para fortalecer la pesca artesanal, cumplan sus objetivos. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. POSICIÓN SOBRE REUNIÓN PROGRAMADA PARA EL 19 DE AGOSTO POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS DE LA OIT. Oficios. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay. El señor ESTAY.- Señor Presidente, por la prensa me he informado de una supuesta reunión que estaría programada para este jueves 19 de agosto, en Temuco, por la directora del Departamento de Normas de la OIT de Ginebra, señora Cleopatra Doumbia-Henry, con todos los parlamentarios de la Región de La Araucanía, a la cual, desde luego, no he sido formalmente invitado. Seguramente, en esa ocasión, esta funcionaria internacional intentará abordar materias relacionadas con la implementación del acuerdo 169 de la OIT. No asistiré a esa reunión, pues considero una falta de respeto informarme de su realización a través de los medios de prensa y un desatino fijarla para un día que es sabido que los diputados nos encontramos trabajando en el Congreso Nacional, en Valparaíso, a 800 kilómetros de Temuco, y con compromisos propios de nuestro cargo también en Santiago. En relación con el Convenio 169, lo considero un instrumento internacional en cuya dictación la Organización Internacional del Trabajo, al menos en sus partes I -Política General- y II -Tierras-, excedió sus fines y objetivos, que están centrados en materias de índole laboral, con normas que caen totalmente fuera de sus competencias. Sin embargo, a pesar de la obviedad de este exceso, Chile lo suscribió, a mi modo, de manera equivocada. Tras la adhesión de Chile al Convenio, se han multiplicado las presiones respecto del asunto territorial y las subsecuentes demandas reivindicatorias se han visto fortalecidas. Quienes ejercen esas conductas no pueden ignorar que, durante los últimos años, sucesivos gobiernos han realizado un gran esfuerzo en pos de entregar tierras a las comunidades indígenas, pagando por ellas un elevado precio, muchas veces superior al del mercado. De este modo, la pretensión de reivindicar cientos de miles de hectáreas que han señalado werkenes y dirigentes de las zonas o territorios no sólo excede la capacidad financiera del Estado, sino que resulta exagerada, en consideración a la entrega, ya concretada, de cientos de miles de hectáreas ya concretadas y que actualmente se encuentran en virtual estado de abandono. Sin embargo, el actual gobierno sigue adelante, en la medida en que resulte sostenible la política de compra de tierras. Prueba de lo anterior, es el llamado al 12° Concurso del Fondo de Tierras y Aguas, cuyas postulaciones estarán abiertas entre el lunes 30 de agosto y el jueves 30 de septiembre del presente año. No obstante, de nada sirve invertir multimillonarios fondos estatales, si las tierras así entregadas a las comunidades no son trabajadas, pues su adjudicación no va acompañada de un proyecto de desarrollo, que permita a sus dueños sustentarse económica y productivamente. Son tierras que los convierten en dueños comunitarios de un terreno, en el cual siguen viviendo cesantes y en pobreza. No se puede seguir entregando tierras que no vayan acompaña-das de un proyecto productivo. Si lo que se pretende es simplemente reivindicar una cabida territorial, es claro que su propósito tiene como meta final invocar un supuesto derecho a la autodeterminación de los pueblos ante los organismos internacionales, que el Estado de Chile no puede ni debe tolerar. Por otra parte, el Convenio 169 ha sido torcidamente interpretado por quienes persisten en desconocer que pertenecen a la nación chilena y hablan del “Estado chileno” como de una tercera persona, como si fuera una potencia extranjera en ocupación. Esta aviesa lectura de dicho Convenio impide que el diálogo pueda partir de una premisa elemental: el Estado de Chile y, en su nombre, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ejercen soberanía sobre todo el territorio nacional, lo que incluye obviamente hasta el último centímetro cuadrado de la Región de La Araucanía. En relación con la visita de la embajadora Doumbia-Henry, ella ocurre porque, como Chile ratificó ese Convenio, el país ha quedado obligado a adoptar las recomendaciones contenidas en el documento. En virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, Chile también quedó obliga-do a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución el Convenio, memoria que será redactada en la forma que indique el Consejo Administrativo y que deberá contener los datos que solicite dicho organismo. Sin embargo, a mi juicio, no cabe aceptar presión internacional alguna sobre la materia, ni menos tolerar que un órgano internacional como la OIT imponga el ritmo o los tiempos a que debe sujetarse Chile, que es un Estado plenamente soberano. De cualquier modo, es imposible la pretensión de implementar en su totalidad las recomendaciones que contiene el Convenio en el corto tiempo transcurrido desde su adopción por nuestro país, en particular si se considera que establece que la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para cumplirlo deberán determinarse con flexibilidad -así se señala-, atendiendo a las condiciones propias de cada Estado o país. Por ende, si bien Chile deberá entregar la memoria mencionada dentro de determinados plazos establecidos, se debe dejar muy claro que los ritmos legislativos, los contenidos de las normas, los procedimientos internos y, en general, todo lo referido a la progresiva implementación de este Convenio son asuntos absolutamente privativos y soberanos, sobre los cuales no cabe aceptar injerencia ni presión externa alguna. En mi calidad de legislador chileno, integrante de uno de los poderes soberanos del Estado, advierto a los funcionarios internacionales que visitan nuestro país que no aceptaré que se manosee la dignidad de nuestros cargos citándonos a reuniones por la prensa y en día laboral, ni menos que pretendan imponernos procederes o contenidos legales que ignoren nuestra soberanía. Solicito que se envíe copia de mi intervención al Presidente de la República, al ministro del Interior y al intendente de la Novena Región. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Le sugiero que también remita una copia al ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que tome conocimiento de que esa funcionaria internacional viene a Chile para elaborar un informe que está pendiente. El señor ESTAY.- Por supuesto, señor Presidente. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.49 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES. -Se abrió la sesión a las 14.38 horas. El señor BECKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. COPIA DEL REGISTRO DE PROVEEDORES. Oficio. El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, la ley N° 20.424 Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, se publicó el pasado 4 de febrero de 2010. El inciso final de su artículo 34, dice lo siguiente: “Los registros de proveedores de los organismos e instituciones del sector serán públicos. Dichos registros deberán hallarse permanentemente actualizados, indicando aquellos hechos esenciales que atañen a la naturaleza y estructura de las personas jurídicas ahí señaladas, e identificando a las personas naturales que ejerzan las funciones de su representación en Chile.” Los asuntos reglamentarios de esta norma tienen que dictarse a través de un decreto supremo, lo que hasta el día de hoy no se ha hecho. Pero mientras ello ocurre, -se irá a dictar en algún momento, tengo paciencia- pido que se oficie al ministro de Defensa Nacional, para que disponga se me envíe copia del registro de proveedores, con todos los requisitos que se establecen en el artículo que señalé, pero en carácter de público, no reservado, porque la ley dice que será público. Además, que informen a la Cámara la página web donde se pueda consultar de manera permanente el registro de proveedores. El señor BECKER (Vicepresidente).- Se enviarán el oficio solicitado por su Señoría. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS RECURSOS DE LA LEY RESERVADA DEL COBRE. Oficio. El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Defensa, a fin de que informe las instituciones financieras nacionales o internacionales donde se encuentran depositados los fondos provenientes de las cuentas que tienen su origen en la ley Reservada del Cobre. No pido los montos. ¿De qué tipo son? ¿A mediano o largo plazo? También, solicito que se informe quiénes son los funcionarios públicos del Ministerio de Defensa Nacional o Consudena que toman las decisiones financieras sobre el destino de los fondos de la ley Reservada del Cobre; la naturaleza jurídica de sus funciones, si son de planta del Ministerio, del Consudena; a honorarios o a contrata. Asimismo, pido que se indique qué medidas de control preventivo existen en relación a la forma y modo en que operan las decisiones de inversión financiera. Es mucho el dinero acumulado. Por ejemplo, tengo entendido que en la mesa de dinero de Codelco las conversaciones telefónicas se graban para decidir dónde se deposita. Quiero saber si aquí se graban o no, para tener más tranquilidad. Por último, que se informe si el actual sistema de inversión es objeto de algún estudio para su modificación. He dicho. El señor BECKER (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.42 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 9. Moción de los diputados señores Pérez, don Leopoldo; Browne, Edwards, Santana, García, don René Manuel, Godoy, Monckerberg, don Cristián; Monckerberg, don Nicolás; Rivas y Verdugo. Modifica el artículo 4° de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, con el objeto de establecer como atenuante especial la cooperación eficaz. (boletín N° 7134-07) “Exposición de motivos. Nuestra Constitución Política establece en su artículo 9° que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humano, principio que llevó en el año 1984 a la dictación de la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad. El uso sistemático del terror, como forma de violencia política por parte de personas individuales o bandas organizadas, que pretende crear alarma social, ha sido desde siempre reprimido, y se hace necesario que lo sea con la mayor drasticidad, dado los niveles que ha alcanzado en la actualidad. En el año 1996, la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas, emitió la Resolución 51/210, en la que “reitera que los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público en general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos son injustificables en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlas”. Nuestra propia comunidad nacional no está ajena a esta situación, habida consideración de las constantes detonaciones de bombas, con secuelas de daños y en algunas oportunidades, con resultados de lesiones que han ocurrido en los últimos años, y también con avisos anónimos que dan cuenta de la instalación de artefactos explosivos en diversos lugares. Desde un punto de vista metodológico, se puede considerar como, terrorista a toda persona o grupo que cometa secuestros, atentados con bombas asesinatos, amenazas y coacciones de manera sistemática, y estos actos, indudablemente están destinados a provocar terror en la población. Si bien el terrorismo debe ser reprimido y sancionado con absoluto rigor, en el marco legítimo que proporciona nuestro ordenamiento legal, creemos que debe recurrirse a una herramienta muy efectiva para el esclarecimiento de los hechos constitutivos de terrorismo, y la identificación de los responsables, y que consiste en introducir a la mencionada ley la cooperación eficaz, que es una circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal, similar a la contemplada en el artículo 22 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas y estupefacientes. Actualmente el artículo 4° de la ley N° 18.314, prescribe que puede disminuirse la pena hasta en dos grados respecto de quienes llevaren a cabo acciones tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho incriminado, o dieren informaciones o proporcionaren antecedentes que sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros delitos terroristas, o bien, para detener o individualizar a responsables de esta clase de delitos. Estimamos que debe establecerse una minorante más precisa, para quienes hayan tenido cualquier grado de participación en estas conductas, y que permita beneficiarlos con una rebaja de pena de hasta dos grados, si suministran de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de los responsables. De igual modo, consideramos que debe ser el Ministerio Público el que deberá expresar en su formalización o escrito de acusación si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados precedentemente, para los efectos de que el Juez de la causa así lo establezca en su sentencia y beneficie al imputado de que se trate con esta atenuante especial. En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente “PROYECTO DE LEY: Artículo único: Modifícase el artículo 4° de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, agregándose dos incisos nuevos, del siguiente tenor: “Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal para quien haya participado solo como cómplice o encubridor, en cualquiera de los delitos contemplados en el artículo 2°, la cooperación eficaz, constituida por el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de los responsables. En estos casos, el Tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados. El Ministerio Público deberá expresar en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados precedentemente.” 10. Moción de los señores diputados Lorenzini, Ascencio, Chaín, Araya, Marinociv, Saffirio, Silber, Torres, Velásquez y Goic, doña Carolina. Modifica el artículo 19 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, respecto a la presidencia de la Comisión Especial de Presupuesto. (boletín N° 7135-07) “FUNDAMENTOS 1.- Que el inciso primero del artículo 19 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, ley N° 18.918, señala: Artículo 19. “El proyecto de Ley de Presupuestos será informado exclusivamente por una comisión especial, que se integrará con el mismo número de diputados y de senadores que establezcan las normas reglamentarias que acuerden las Cámaras. Formarán parte de ella, en todo caso, los miembros de sus respectivas comisiones de hacienda. La comisión será presidida por el senador que ella elija de entre sus miembros y deberá quedar constituida antes del término de la legislatura ordinaria”. El Reglamento de la Cámara, en su Artículo 174 dispone: Artículo 174: “La Comisión Especial de Presupuestos es el organismo encargado de informar, dentro de los cuarenta días siguientes a su presentación al Congreso, el proyecto de Ley de Presupuestos. Esta Comisión estará integrada por igual número de Senadores y Diputados, y funcionará sesionará y adoptará acuerdos con arreglo a las normas que fue en conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. En todo caso, formarán parte de ella los miembros de las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras”. Dicho artículo en el particular se remite a la norma contemplada en el artículo 19 de la Ley Orgánica, por tanto no sería necesario adecuar el Reglamento de la Cámara. El Reglamento del Senado, por su parte señala en el Artículo 207 lo siguiente: Artículo 207: “Anualmente se designarán ocho Senadores que, con los cinco miembros de la Comisión de Hacienda, representarán al Senado en la Comisión Especial de Senadores y Diputados que tendrá a su cargo el estudio del proyecto de ley de presupuestos que presente el Ejecutivo. La Comisión será presidida por el Senador que ella elija de entre sus miembros y deberá quedar constituida antes del término de la legislatura ordinaria. Esta Comisión Especial fijará en cada oportunidad sus normas de procedimiento y formará de su seno las Subcomisiones que necesite para el estudio de las diversas partidas del proyecto, sin sujeción en ellas a la paridad de que trata el inciso anterior”. De las normas transcritas, llama poderosamente la atención el que se establezca que la presidencia haya de ser detentada por un Senador necesariamente. No existen argumentos técnicos que avalen una mejor capacidad para presidir dicha Comisión por un miembro del Senado en lugar de un diputado. Tampoco la Historia de la ley N° 18.918, da cuenta de por qué se tomó dicha decisión. Por lo anterior, es que los parlamentarios abajo firmantes venimos en presentar el siguiente: “PROYECTO DE LEY: ARTÍCULO ÚNICO: Modifícase el artículo 19 de la ley N° 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional de la siguiente manera: En su inciso primero sustitúyase la frase “Senador” por “parlamentario”. 11. Moción de los señores diputados Monckerberg, don Nicolás; Browse, Cardémil, Delmastro, Edwards, Pérez, don Leopoldo; Rivas, Santana, Sauerbaum y Verdugo. Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, sancionando la acumulación de infracciones. (boletín N° 7136-15) “En el último año, aunque la tendencia se puede notar desde hace tiempo, hemos tomado conocimiento de una serie de accidentes de tránsito, la mayoría de las veces con un altísimo costo en vidas, cuyos responsables son conductores que manejan bajo la influencia del alcohol o a exceso de velocidad. Sin embargo, cuando son puestos a disposición de los tribunales, nos enteramos que, además, cuentan con una hoja de vida que incluye todo tipo de infracciones y que por lo mismo, se trata de personas que no deberían estar frente al volante. Nuestra ley del tránsito, se hace cargo de aquellas situaciones en las que el conductor ha cometido infracciones reiteradas, sancionándolo con la suspensión de la licencia de conducir. Para estos efectos, dicha ley pondera dos elementos distintos: por un lado la entidad de la infracción, pues diferencia entre aquellas que caen en la categoría de graves y aquellas que son calificadas como gravísimas, y por otro, el tiempo que media entre las infracciones, dado que si ellas se cometen en un periodo de doce meses, entiende que hay reiteración, lo que habilita para la aplicación de la sanción. Sin embargo, el artículo 208 de la ley del Tránsito y que es el que regula la situación antes descrita, tiene un vacío legal que importa una injusticia, pues sanciona al que ha incurrido en una infracción o contravención gravísima (5 a 45 días de suspensión); al que durante los últimos doce meses haya acumulado dos infracciones o contravenciones gravísimas (45 a 90 días) y al responsable de dos infracciones o contravenciones graves cometidas dentro de los últimos doce meses (5 a 30 días). Como puede apreciarse aquel que suma una infracción grave y una gravísima en el mismo período de doce meses, no tiene sanción alguna. Como antes advertíamos, estamos frente a un vacío legal que debe ser llenado por medio del proyecto de ley que se propone, lo que permite, además, ir en la dirección correcta, al exigir a los conductores cada vez más una conducción atenta y cuidadosa de los vehículos, de manera que cuando esto no ocurre se vean enfrentados a las sanciones que corresponde. Por ello, es que se propone como sanción para la hipótesis planteada, la suspensión de la licencia de conducir por un período, que será determinado por el juez, que va entre los veinte y los cuarenta y cinco días; pues ello resulta ser concordante con las otras sanciones incorporadas por la ley. En orden a lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente “PROYECTO DE LEY. “Artículo único: Agréguese la siguiente letra c) al artículo 208 de la ley N° 18.290: c) Cuando el conductor, en los últimos doce meses, acumule una infracción o contravención grave y una contravención o infracción gravísima, se suspenderá su licencia por un período de entre 20 a 45 días”. 12. Moción de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica, Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Hasbún; Bobadilla, Browne, Edwards, Pérez, don Leopoldo; Silva, Tuma y Uriarte. Establece las asignaturas obligatorias de Educación Cívica y Economía Doméstica en la Educación Básica y Media. (boletín N° 7137-04) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República, lo previsto por la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: Que existe consenso nacional respecto de la importancia de la educación como un elemento esencial al desarrollo de un país y herramienta indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades, superar la pobreza y mejorar el nivel de vida para sus ciudadanos. Que tanto las encuestas, como el lento ritmo de inscripción en los registros electorales, la baja participación de menores de treinta años como candidatos en las elecciones municipales, parlamentarias y en los procesos internos de los partidos políticos, confirman que los jóvenes chilenos no se sienten representados hoy por las instituciones políticas ni por quienes ejercen cargos de elección popular. Que la temprana formación cívica resulta clave para la valoración del sistema democrático y su conocimiento y para el ejercicio de los derechos democráticos y, por tanto, de la plena ciudadanía de las futuras generaciones con sentido de responsabilidad y conocimiento de lo que significa la adquisición de hábitos cívicos, debiendo ser así la enseñanza de educación cívica un ramo importante y que debe ser tratada de manera separada de otros ramos, a fin de enseñarla en profundidad. Que si bien Educación Cívica se enseña en los establecimientos educacionales, se hace como parte del ramo de Historia y no una materia separada que pueda enseñarse en profundidad y con la importancia que merece. Lo mismo ocurre con economía, debiendo ser prioritario enseñarles a las futuras generaciones cómo manejar el dinero, cual es su valor y motivarlos al ahorro como un derecho que tienen y que lo deben ejercer bien, creando conciencia sobre el costo de las cosas en una sociedad insertada en un modelo consumista y con familias endeudadas más allá de sus posibilidades. Por eso, la necesidad de enseñarles a nuestros jóvenes, una adecuada utilización de los instrumentos básicos financieros, tarjetas de crédito, debida comprensión básica de contratos financieros como préstamos, créditos hipotecarios, de consumo, automotriz y otros. Así, y en relación a lo señalado, venimos en proponer el siguiente PROYECTO DE LEY ARTÍCULO PRIMERO: Créase una asignatura obligatoria tanto para la enseñanza pública como privada, a partir de quinto año básico y hasta cuarto medio, ambos inclusive, denominada “Educación Cívica y Economía Doméstica.” Artículo transitorio: El Ministerio de Educación, dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley, normará los contenidos, características y modalidades que tendrán las clases de Educación Cívica y Economía en todos los establecimientos educacionales de la República. 13. Moción de la diputada señora Goic, doña Carolina, y de los señores diputados Marinovic, Ascencio, Sandoval y Velásquez. Restablece excepción en las regiones de Aysén y Magallanes, respecto de los establecimientos de bebidas alcohólicas. (boletín N° 7138-03) “La ley N° 19.925, conocida como la “ley de alcoholes”, ha tenido una serie de modificaciones que han estado orientadas a perfeccionar la normativa vigente con el objeto de mejorar la fiscalización respecto de los establecimientos de expendio, así como también el evitar alteraciones del orden público producidas, tanto respecto de la comercialización como de la ingesta y, en general, promover un consumo más responsable, especialmente por parte de los jóvenes. Dentro de este espíritu se ha limitado el número de patentes que un municipio puede otorgar y se han implementado medidas para tener un control más riguroso del funcionamiento de los establecimientos de venta de alcoholes. Por esto, es que a nivel local se ha pretendido que todos los recintos de expendio de alcohol estén apartados de las casas o habitaciones en las que residen los propietarios del local de expendio. Es por esto, que la última reforma a la Ley de Alcoholes, eliminó una antigua excepción que favorecía a los establecimientos ubicados en las regiones de Aysén y Magallanes, y que les permitía, atendidas las condiciones climáticas y características de la región, eximirse de dicho imperativo. Sin perjuicio de coincidir con la orientación que han tenido las reformas efectuadas a la ley de alcoholes en los últimos años, creemos necesario reponer la excepción a favor de las regiones de Aysén y Magallanes, respecto a la prohibición que los establecimientos de expendio deban estar absolutamente independientes de la casa habitación del comerciante o de cualquier otra persona fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, el factor climático en dichas regiones es de tal rigurosidad, que convierte al hecho de la colindancia entre establecimiento de expendio y la casa habitación en algo esencial para el desarrollo en condiciones dignas de dicha actividad económica, tan es así, que muchas otras actividades del comercio se desarrollan precisamente en esas condiciones, especialmente por los pequeños y medianos comerciantes de dichas regiones. En segundo lugar, el fin de la excepción a favor de dichas regiones, ha significado un sinnúmero de multas y cierres, tanto temporales como definitivos, llevados a cabo por la autoridad, que han perjudicado enormemente a pequeños comerciantes que vieron de un día a otro un cambio en las reglas que significó una alteración sustancial de su actividad, generándoles con ello una injusta situación. Por tanto, y en virtud de las facultades que la Constitución Política de la República nos confiere, venimos en presentar el siguiente “PROYECTO DE LEY. Artículo Único: Sustitúyase el artículo 14 de la ley N° 19.925, por el siguiente artículo 14 nuevo: “Artículo 14.- Todos los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles y casas de pensión, deben estar absolutamente independientes de la casa habitación del comerciante o de cualquiera otra persona. Exceptúase de lo establecido en el inciso anterior a las regiones de Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo y a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.” 14. Moción de los señores diputados Chahín, Araya, Lorenzini, Ojeda, Rincón, Sabag, Saffirio, Vallespín, Venegas, don Mario, y Goic, doña Carolina. Reforma constitucional que establece la exigencia de una ley de quórum calificado para privatizar empresas del Estado. (boletín N° 7139-07) “Vistos: Lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 20 del artículo 63 y artículo 127, inciso 1°, de la Constitución Política de la República, y Considerando: 1. Que el proceso más reciente de privatización de las empresas del Estado o en el que éste haya tenido participación accionaria, data a lo menos de la década de los 80, concretándose mediante decretos leyes y decretos con fuerza de ley en las postrimerías del gobierno autoritario, sin discusión pública ni debate político alguno. 2. Que en el mismo sentido, se continuó con tal proceso privatizador durante los gobiernos de la Concertación, en especial de los Presidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos escobar, mediante tramitación meramente administrativa, realizando concesiones a privados de ciertas empresas o áreas de las mismas y/o transformando algunas empresas públicas en sociedades anónimas, con escasa o nula participación accionaria del Estado en ellas. 3. Que en todo este proceso sólo ha actuado el Ejecutivo, sin contar en ningún caso con el escrutinio de la opinión pública, ni menos el debate del Congreso Nacional, realizando privatizaciones de servicios públicos o de áreas estratégicas y/o de interés público a su libre albedrio. De hecho, el Ejecutivo en uso de sus facultades normativas, las fuentes legales, reglamentarias o administrativas son, por decir lo menos, de dudosa legitimidad 4. Que la Constitución Política de la República, de sello neoliberal, solo ha regulado el proceso inverso, esto es, cuando el Estado o alguno de sus organismo desarrolla cierta actividad económica, pudiendo estatizarse servicios o áreas estratégicas o de interés público, exigiendo para ello no sólo el debate al interior del Poder Legislativo, sino que de dicho debate surja un alto consenso. Es decir, el tratamiento que hace nuestra Carta Fundamental de dos procesos de gran impacto económico y político para el país, como lo son las privatizaciones o estatizaciones, es total y absolutamente distinto -cuando se trata de uno- o de otro proceso. 5. Que aún quedan empresas, servicios o áreas estratégicas en que el Estado sigue siendo dueño o mantiene una participación accionaria y que, por su carácter estratégico y/o de interés público, sería altamente conveniente que su eventual enajenación o privatización, total o parcial, a perpetuidad o a plazo, sea objeto de un debate nacional que se instale en el Poder Legislativo, mediante la correspondiente tramitación legal, si fuera el caso. Por los considerandos señalados precedentemente, y en el interés por incluir en el debate nacional y, por cierto, del propio Poder Legislativo, una materia tan estratégica para el desarrollo económico del país como lo es la privatización, en sus distintas modalidades, que realiza el Ejecutivo de las Empresas Públicas o en aquellas que el Estado tiene participación accionaria, los diputados y diputadas que suscriben vienen en proponer el siguiente: “PROYECTO DE LEY. Artículo único.- Agréguese en el artículo 19 N° 21, de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso tercero: “De igual manera, las empresas en que el Estado, directa o indirectamente, sea dueño o tenga alguna participación accionaria, podrán ser enajenadas, total o parcialmente, sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza”.