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El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 4991-15, se inició en la sesión 8ª, en 2 de abril de 2009, de la legislatura 357ª.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente , este proyecto viene a hacer justicia a la ciudadanía, que se ha sentido atropellada y sin derecho respecto de la aplicación de la actual legislación sobre instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.
En esta materia se ha producido un abuso increíble por parte de las empresas telefónicas, que cada uno de nosotros ha sufrido en carne propia en su distrito. La participación ciudadana en materia de instalación de antenas ha sido cero; ni siquiera ha participado la municipalidad en el otorgamiento de la respectiva autorización.
Según lo señalado por el subsecretario de Telecomunicaciones , en su escritorio tiene más de 2.500 solicitudes de instalación de antenas y nosotros pedimos que se congelaran hasta que existiera una ley sobre la materia.
Aunque no es perfecto, creemos que este proyecto representa un paso adelante, puesto que habrá participación ciudadana y de las municipalidades. Hasta ahora, la instalación de antenas ha significado un abuso gigantesco por parte de las empresas.
Nuestra bancada está absolutamente de acuerdo con este proyecto y lo va a votar favorablemente. Sin embargo, insistimos en que, ojalá, la Subsecretaría de Telecomunicaciones fiscalice lo que ocurrirá con esas 2.500 antenas que están pendientes y que se instalarán torciéndole la nariz a este proyecto de ley, porque no habrá participación de la ciudadanía. Por eso, hago un llamado al Gobierno para que no se autorice la instalación de dichas antenas hasta que este proyecto se convierta en ley.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , en realidad, nuestra preocupación no son las 2.500 solicitudes que están esperando en el escritorio del subsecretario, sino las más de 12 mil antenas que existen en el país.
Este proyecto se empezó a tratar hace bastante tiempo. Por eso las antenas proliferaron, porque no existía regulación alguna; sencillamente, las instalaban y se acababa el cuento. Esta situación perjudicó tremendamente a las poblaciones, porque desvalorizó los terrenos en los cuales están instaladas. Es decir, es un problema mucho más profundo.
Lo que temo es que con este proyecto ocurra lo mismo que sucedió con el que regulaba los derechos de agua, que presentamos con mi ex colega Octavio Jara , Q.E.P.D. El asunto relativo a los derechos de agua se vino a tratar después de 12 años, es decir, cuando ya estaban todos pedidos. Con este proyecto ocurrirá lo mismo.
El problema es que se va a producir un choque entre las antenas y la prestación de servicios, porque prácticamente están copados. Lo que quiero decir es que con la instalación de los servicios de Internet, telefonía celular y otros nos podemos encontrar con que no habrá suficiente cobertura porque será prácticamente imposible instalar nuevas antenas. Y esto es bueno, porque hay tecnología para aprovechar las que ya están instaladas.
Uno de los grandes logros del proyecto es, precisamente, que permite la colocalización de las antenas. Antes se instalaban cinco o seis en el mismo lugar; hoy podrá instalarse sólo una, que servirá a las distintas empresas; es lo más lógico. Ése es el espíritu del proyecto: que se instale el menor número posible de antenas, pero que tengan la mayor cobertura posible. Además, se hará mejor uso del suelo, porque una antena -como dije- será utilizada por diversas empresas.
El proyecto tiene otros aspectos importantes. Por ejemplo, se podrán instalar antenas en los edificios, las que se deberán cumplir con las rasantes y su altura no deberá sobrepasar los dos metros sobre la edificación. Es decir, ahora los edificios podrán arrendar ciertos espacios para la instalación de antenas, que es lo que nosotros habíamos propuesto. Con el ex diputado Juan Pablo Letelier -hoy, senador de la República- presentamos un proyecto sobre esta materia hace doce años. Es más; se trató en Sala dos veces, volvió a comisión y, al final, se retiró.
Sin ser mal pensado, pregunto: ¿No habrá intereses superiores al bien común que han impedido que este proyecto se trate con la celeridad que amerita? Porque considero ilógico que, a pesar de que la gente de las poblaciones reclama por la instalación de antenas, el tratamiento del proyecto se retrasó por uno u otro motivo. Ahora, lo más probable es que se presenten indicaciones y que vuelva nuevamente a comisión.
No queremos que esta iniciativa siga durmiendo el sueño de los justos, no obstante que todos los proyectos son perfeccionables. Ahora, las municipalidades van a tener algo que decir, que es lo más lógico; antes no se pagaba impuesto alguno, no se podían cobrar derechos por la instalación de antenas.
En la Comisión, también tuvimos una larga discusión sobre los problemas que producen las antenas en la salud de las personas; pero cada vez que iba un técnico, quedábamos más confundidos, porque a pesar de ser un asunto tremendamente sensible, los científicos y los médicos no han logrado ponerse de acuerdo. Hay veinte estudios que indican que es probable que las personas que viven cerca de antenas sufran algún daño en su salud.
Entonces, estamos tratando de hacer un proyecto lo mejor posible. Si es efectivo que las antenas producen problemas colaterales a la salud de las personas, considero una falta de conciencia que algunos sostenedores de colegios hayan permitido que se instalaran antenas en los patios de sus establecimientos, a cambio de desayunos para los alumnos. Al parecer, tiene más valor el dinero que la vida y la salud de las personas. Aquí hay varios colegas que pueden ratificar si las antenas dañan la salud humana.
Estamos ante un proyecto que no tiene mayor importancia respecto de las más de 12 mil antenas que ya están instaladas; pero cuando se convierta en ley, las antenas sólo podrán instalarse en sitios de no menos de 400 metros cuadrados; es decir, del eje central, 10 metros para cada lado. Será mucho más difícil encontrar terrenos con estas dimensiones, lo que representará un freno a lo que estamos viviendo hoy.
La solución del problema es que las empresas tomen conciencia de lo que está pasando y de la necesidad de echar mano a la colocalización, es decir, que una antena sea utilizada por varias empresas. Se deja, sí, un poco más ancha la manga para las zonas rurales, donde existen menos posibilidades de dañar la salud de las personas y el medio ambiente.
Asimismo, hay que instalar antenas más amigables. Hemos visto que las disfrazan de palmeras y de otras formas; pero sus consecuencias dañinas están ahí.
También estábamos considerando la posibilidad de indemnizar a los vecinos de los terrenos aledaños, porque su propiedad se desvaloriza con la instalación de antenas. ¿Quién debe pagar la indemnización? Sin duda, la empresa que corresponde, porque no se trata sólo de ganar más y más dinero. La idea es que en estos negocios, que son millonarios, coma el león y la oveja quede viva.
Estamos ante un proyecto largamente esperado por la ciudadanía. Hubo dirigentes de Viña del Mar que concurrieron a la comisión a entregar su opinión, y puedo decir que, felizmente, podemos ver la luz al final del túnel. Lo único que temo es que esa luz sea la de un auto que viene en sentido contrario y que choque con el proyecto, evitando nuevamente que éste se apruebe. Pero, por lo menos, es un avance, porque habrá unas pocas trabas más y las empresas, que gastan miles de millones de pesos en la instalación de esas antenas, estarán obligadas a arrendar los terrenos y a respetar la colocalización. Insisto en esto, porque será un alivio para los ciudadanos saber que las antenas serán colectivas y no una para cada empresa. Por eso, si se presentan indicaciones, espero que se traten lo más rápidamente posible.
Para terminar, anuncio que la bancada de Renovación Nacional va a votar favorablemente el proyecto -largamente esperado por la ciudadanía-, porque, por lo menos, representará un alivio para las personas que tanto han peleado por ello.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente , quiero empezar mis palabras señalando que éste es un tema que tiene un gran impacto ciudadano, respecto del cual la gente común y corriente, muchas veces ante la impotencia de poder manifestarse y la imposibilidad de ser escuchada, requiere que el Estado, fundamentalmente el gobierno de turno, asuma la representación de sus problemas y proponga una normativa jurídica que resuelva y satisfaga sus planteamientos.
Hoy, estamos ante una situación brutal: el mercado se impone a la voluntad de los ciudadanos. Las empresas de telecomunicaciones están invadiendo barrios residenciales de las ciudades, cuyos planos reguladores limitan la posibilidad de levantar cierto tipo de construcción; sin embargo, éstos no consideraron la situación que se da hoy.
Como el mercado es brutal y no escatima recursos para llevar a cabo la acción comercial correspondiente, en esta materia las empresas de telecomunicaciones pagan cifras millonarias a vecinos de barrios residenciales para instalar en ellos antenas de transmisión de telefonía celular.
El proyecto puede llegar tarde a solucionar este tipo de inconveniente. Presenta algunos vacíos, tales como el relativo a obligar a las municipalidades a incorporar en los planos reguladores, mediante una enmienda, los lugares donde podrán instalarse este tipo de antenas, de manera que toda la gente de la comuna sepa perfectamente bien cuáles serán los lugares en los que no estará en peligro su salud y en los que no se intervendrán negativamente los barrios residenciales, para que tenga tranquilidad de que su vida residencial no será entorpecida ni interferida por dichas antenas.
Si bien estoy de acuerdo con las exigencias que se establecerán a las empresas de telecomunicaciones para la instalación de las antenas en zonas residenciales -más vale tener esto que no contar con nada; me habría gustado que las municipalidades decidieran el sector de su instalación, ya estamos ante esta situación-, no me parece bien que el proyecto se limite sólo a consultar la opinión de la organización vecinal o de la junta de vecinos. Debió ir un poco más allá, porque el problema atañe particularmente a vecinos, a personas que viven en un determinado barrio y que han hecho un esfuerzo por elevar su nivel de vida al comprar una casa en un barrio mejor. Sin embargo, resulta que llegan estas empresas a la casa de un vecino que está pasando por una situación económica aflictiva -no sé cómo lo averiguan- y le ofrecen un millón y medio o dos millones de pesos mensuales por la instalación de la antena, con un contrato a diez años. Ese vecino no duda ni siquiera dos minutos en firmar el contrato, porque todo lo que se desvalorizará la propiedad, lo recuperará en los diez años de alquiler.
Se trata de una acción brutal de parte de las empresas de telecomunicaciones, pues con dinero subordinan intereses superiores de un determinado entorno poblacional a un interés monetario. Por ello, en el certificado de la junta de vecinos debiera figurar no sólo su opinión, sino también su aprobación.
Como se trata de un problema vigente y que requiere una urgente regulación, me abstendré de presentar una indicación para hacer obligatoria la consulta y la aprobación de junta de vecinos, dentro de las exigencias que se establecen en el artículo 116 bis B, nuevo.
Si queremos una sociedad más participativa, que la ciudadanía se sienta interpretada por la legislación aprobada por el Congreso Nacional y encuentre satisfacción a sus problemas ante acciones de empresas privadas que arrasan con la civilidad y con su forma de vida tranquila y ordenada, debiéramos exigir que las juntas de vecinos u organizaciones vecinales tuvieran la oportunidad de aprobar o rechazar la solicitud que se somete a su consideración.
Hoy, la tendencia general es que la ciudadanía requiere mayor participación y exige ser escuchada y que se le permita intervenir en forma positiva y definida en la toma de decisiones y en el control de las acciones del Gobierno.
No obstante lo manifestado en cuanto a que el proyecto tiene algunas carencias y que me habría gustado que se consultara a las organizaciones vecinales sobre la aprobación o rechazo de las solicitudes para la instalación de antenas en barrios residenciales, nuestra bancada lo apoyará porque es oportuno hacerlo ahora, ya que no debemos dejar a miles de ciudadanos en la más absoluta indefensión ante la acción brutal de las empresas de telecomunicaciones.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , en cuanto a la instalación de antenas de transmisión de telefonía celular, debo destacar que la Cámara de Diputados, en forma unánime, ha estado preocupada de esta materia por más de doce años. Ha habido una demanda transversal de nuestra parte, en el sentido de regular la materia de manera de terminar con los abusos que se han cometido con la instalación de antenas en cualquier lugar, provocando un drama vecinal o comunal que todos, de una u otra forma, hemos vivido.
Siempre se culpa a los diputados por la falta de legislación sobre un tema determinado o cuando las cosas no funcionan. Sin embargo, en relación con la materia en estudio ha existido una demanda permanente para que exista regulación por parte del Estado.
Miles de personas se han asociado para reclamar por la vulneración de sus derechos humanos debido al incumplimiento de la obligación de protección, de prevención y de cautela que debe brindar el Estado. Sostienen que se ha omitido la adopción de medidas adecuadas, oportunas y pertinentes para asegurar la plena vigencia de los derechos ciudadanos, la participación ciudadana y el efectivo cumplimiento de tratados suscritos y ratificados por el Estado.
Agregan que se ha tolerado el desarrollo de actividades económicas ejecutadas por privados que transgreden, perturban y amenazan los derechos fundamentales de miles de chilenos, sin la adopción de medidas adecuadas para la regulación de los derechos y la aplicación del principio preventivo.
En cualquier país en el cual se hubiese presentado una gran cantidad de demandas, como ha ocurrido en Chile, por la instalación de antenas, y en que diez mil o veinte mil personas se hubiesen concertado por medio de organizaciones no gubernamentales para reclamar por este derecho, esto se habría convertido en un tema de debate nacional. En cambio, acá, de una u otra manera, siempre se ha estado ocultando, demorando y desprotegiendo. No se ha puesto cuidado en la instalación de antenas, poniendo en riesgo la integridad física de quienes asisten a colegios, salas cuna, centros médicos, parroquias, hogares de ancianos; incluso más, algunas se han ubicado en inmuebles fiscales.
Se ha permitido la instalación de antenas en sectores habitados, con lo que se han vulnerado las normas sobre urbanismo y las relativas al uso del suelo. Se ha actuado con total ausencia de permisos municipales. Tampoco se han cobrado los derechos fiscales por ejercer funciones públicas, de manera de garantizar los derechos de la población.
Se ha permitido un paulatino daño y deterioro de la calidad de vida de los afectados y la privación de sus derechos a la vista, a la luz y al estilo arquitectónico, con la consecuente disminución del valor de la propiedad.
En verdad, la solución al problema que estamos enfrentando hoy se ha retrasado por años. Por lo tanto, debiera existir una respuesta rápida y efectiva a esta necesidad urgente.
Este proyecto contempla normas que mejoran lo existente. En la actualidad existe una absurda regulación, que se relaciona con las rasantes -fijó normas técnicas para ellas-, pero no impidió que las antenas se siguieran instalando en cualquier lugar.
Por medio de la legislación comparada de muchos países, incluyendo la de Estados Unidos de América, sabemos que no se pueden instalar antenas cerca de los colegios, hospitales y otros lugares donde se atiende público.
No sé por qué el problema no se resolvió en forma simple, como dictar una ley que estableciera que en tales o cuales lugares no se pueden instalar antenas. En cambio, tenemos una iniciativa complicada y con cientos de restricciones, pero que permitirá a las municipalidades aprobar o rechazar una solicitud de antena.
Sin embargo, quiero rescatar un aspecto del proyecto de ley: la idea de que las compañías de telecomunicaciones puedan compartir una misma antena, evitando así un mayor impacto para los vecinos. Al respecto, deseo saber cómo se llevará a la práctica esta medida tan significativa y necesaria, de manera que se termine con la práctica de que cada empresa instale su propia antena. Pero, ¿cómo se va a promover esto? ¿Qué sanciones se aplicarán si las empresas no cumplen? ¿Se permitirá que la municipalidad rechace una solicitud después de que una empresa cumpla con los requisitos? ¿Qué ocurrirá si después el municipio demora meses en determinar si puede o no instalarse?
Por otra parte, en el número 3 del artículo 116 bis B, nuevo, que se propone agregar a la ley general de Urbanismo y Construcciones, no queda claro que se requiera autorización de los vecinos colindantes. Dicha norma establece que la solicitud de autorización de instalación de antenas de transmisión de telecomunicaciones comprenderá, entre otros antecedentes, un certificado de la junta de vecinos u organización vecinal respectiva. Sin embargo, al igual que en la ley de Alcoholes y en muchas otras, se trata de una opinión no vinculante, es decir, los vecinos sólo pueden opinar. ¿Qué pasa si dicen que no? ¿Significará que el alcalde también tendrá que decir que no, porque los vecinos no estuvieron de acuerdo?
El distanciamiento mínimo de diez metros hacia los deslindes de otros predios, en algo ayuda, pero significará que se podrán instalar antenas en cualquier barrio o lugar de la ciudad. Si se cumple con ese distanciamiento de diez metros y si los vecinos colindantes están de acuerdo, a lo mejor se repartirán el negocio de instalar estas antenas.
Si se paga un precio fijo por la instalación de antenas, ¿qué pasará con los vecinos de atrás, de enfrente y de todo el barrio que se verá afectado?
El proyecto establece que las solicitudes de instalación de torres soporte de antenas de transmisión de telecomunicaciones deberán cumplir, entre otros requisitos, con que las instalaciones en zonas residenciales exclusivas no podrán estar iluminadas. Me parece que es una ayuda, pero no resuelve el problema.
Un arquitecto deberá firmar el proyecto, en el que se incluirán los planos de la instalación de la torre soporte de antenas.
Aparentemente, esto siempre fue así, pero igual la municipalidad tenía que otorgar el permiso.
El proyecto de cálculo estructural deberá contar con su respectiva memoria de cálculo y planos de estructura, que señala la capacidad de soporte de antenas de la torre. ¡Imaginen ese trámite en las direcciones de obras municipales! Salvo en el caso de las áreas rurales, el proyecto deberá acreditar que la señalada capacidad de soporte puede permitir la colocalización de equipos o sistemas de otros concesionarios. Los directores de obras de las municipalidades, incluso de los sectores más alejados, deberán determinar si el proyecto cumple con la referida capacidad de soporte. Pero, ¿cómo director de obras municipales sabrá si eso corresponde o no?
También se considera la autorización notarial de los propietarios de los terrenos donde se propone emplazar los soportes de torres de antenas. Sin embargo, esta exigencia no será aplicable a las instalaciones que tengan un distanciamiento superior a 50 metros hacia los deslindes de los predios colindantes.
En cuanto a la exigencia de contar con el certificado de la Dirección General de Aeronáutica, siempre fue así.
Respecto del requisito de contar con certificado de la junta de vecinos u organización vecinal respectiva, me pregunto para qué, si no es vinculante.
En cuanto al certificado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, siempre fue así.
Respecto del presupuesto detallado de las obras de instalación de torres de soporte de antenas de telecomunicaciones y de la certificación del Instituto de Salud Pública, también siempre fue así.
Se establece que si la dirección de obras municipales no hubiere emitido pronunciamiento dentro del plazo máximo de treinta días hábiles, se entenderá denegada la autorización. ¿Cuántos recursos de protección tendrán que enfrentar las municipalidades que denieguen la autorización?
Por fin se prohíbe la instalación de torres soporte de antenas en monumentos históricos. ¡Menos mal! Asimismo, se prohíbe su instalación en zonas declaradas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones como saturadas de sistemas radiantes de telecomunicaciones. ¿Qué es zona saturada? ¿Sabemos qué significan zona saturada y sistemas radiantes de telecomunicaciones?
Las municipalidades podrán determinar los espacios públicos que serán concesionables para la instalación de torres soporte de antenas. En este punto debió centrarse todo el proyecto, de manera que las municipalidades se hicieran responsables de determinar los lugares donde se pueden instalar las antenas. Así, se habría acabado todo este complicado enredo.
Por otra parte, el proyecto establece que, en lo que sean aplicables, regirán para la instalación de torres soporte y de antenas, las disposiciones que se mencionan la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
El proyecto sanciona a los que causen daños.
En cuanto a los organismos del Estado que participan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hoy autorizan lo que se les da la gana. Por eso, ¡qué importa!
El proyecto establece que todo concesionario de servicio público o intermedio de telecomunicaciones, antes de proceder a la instalación de infraestructura de soporte para antenas o sistemas radiantes, deberá verificar si existe infraestructura de soporte de otro concesionario en operación y en la que sea factible adosar dichas antenas o sistemas radiantes. A mi juicio, debiera imponerse como una obligación, no una sugerencia, porque si todas las empresas instalaran en una antena sus terminales, se ahorraría un montón de problemas.
El proyecto establece que el concesionario requerido se pronunciará respecto de la solicitud, y sólo podrá negar la autorización argumentando razones técnicas que demuestren que la instalación de antenas afecta gravemente el normal funcionamiento de los servicios. Esto será muy difícil de llevar a la práctica.
Por último, la iniciativa establece dos importantes disposiciones transitorias. La primera establece que las empresas propietarias de antenas y torres soporte de antenas ya autorizadas tendrán el plazo de tres años para adecuar su instalaciones a la presente normativa.
El artículo 2º transitorio señala: “Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 7º de la Ley General de Telecomunicaciones, introducido mediante la presente ley, la Subsecretaría de Telecomunicaciones contará con un plazo de doce meses contados desde la publicación de esta ley”.
En conclusión, este proyecto de ley tardará mucho en ser despachado en la Cámara y, después, en el Senado. Por lo tanto, pasarán años antes de que se cuente con una legislación que regule la instalación de antenas, circunstancia que tanto afecta a los habitantes de nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , la regulación sobre instalación de antenas de telecomunicaciones ha significado una tarea titánica. Se presentó una iniciativa largamente discutida en varias comisiones. Pero no fue la primera y, probablemente, tampoco será la última.
Desde esa perspectiva, no hemos marchado de acuerdo con los intereses de la ciudadanía.
En las comunas ha habido movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas que reclaman por la instalación de antenas, materia respecto de la cual nunca han sido consultados. Por lo tanto es urgente legislar sobre el particular.
Uno tiene la tentación de no presentar indicaciones a fin de terminar, de una vez por todas, con la tramitación de la iniciativa. Sin embargo, pese a reconocer sus avances, tengo algunos reparos en cuanto a la participación ciudadana.
Considero indispensable que la opinión de los ciudadanos no se aborde de manera tan genérica, como se hace en este proyecto. Debemos ser más categóricos respecto de la necesidad de consultar a vecinos y vecinas a la hora de instalar una antena en terrenos particulares o municipales. Cuando se trata de terrenos municipales, los ciudadanos cuentan con la capacidad para presionar directamente al alcalde y a los concejales. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se trata de terrenos privados. El diputado Renán Fuentealba hizo mención a los incentivos económicos que muchas veces hacen imposible a un vecino no aceptar la instalación de una antena. Por lo tanto, en la ley deberemos fijar el marco o las reglas del juego para que los ciudadanos tengan la posibilidad de pronunciarse.
Voy a presentar algunas indicaciones a fin de regular lo que pasa en los condominios, ya que muchas veces quien resuelve en éstos o en los edificios no es el propietario, sino el administrador, que no vive ahí. Entonces, se debe establecer en la ley que para la instalación en el techo de un edificio una antena de este tipo, se deberá contar con la autorización de la junta de copropietarios, no del administrador, para lo cual será necesario convocar a una reunión extraordinaria a fin de pronunciarse sobre la materia. Debemos fijar un quórum elevado, de modo que sea una decisión responsable y mayoritaria que no comporte una decisión no pensada respecto de esta materia. Ése es el primer cambio propuesto.
Otro cambio que considero necesario -sobre el particular, anuncio mi adhesión a la indicación que presentará el diputado señor Renán Fuentealba - se relaciona con el hecho de que las juntas de vecinos deban ser consultadas en forma obligatoria y que su opinión sea vinculante bajo ciertos parámetros rigurosos. No se trata de que éstas tengan capacidad de veto, pero es necesario mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Una de las formas de hacerlo es entregar a esas organizaciones capacidad para incidir en las decisiones finales. En el proyecto se establece que las juntas de vecinos o las organizaciones vecinales deberán emitir un certificado en que conste la opinión de los vecinos ante la instalación de una antena transmisora. Da lo mismo si todos ellos se oponen, pues lo importante, según el criterio adoptado en la iniciativa, es que se manifiesten.
A propósito de la revisión de la ley general de Bases del Medio Ambiente, nos hemos percatado de que los mecanismos de participación ciudadana son bastante precarios. Por ello, nos abocamos a mejorar esa materia. Entiendo que la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente ya despachó el proyecto. En síntesis, se trata de un aspecto que debe ser corregido y mejorado en la iniciativa en debate.
Es tal el debate sobre el impacto que la irradiación de ondas emitidas desde antenas de telecomunicaciones puede causar sobre la salud de las personas -en particular, se ha mencionado el caso de individuos con marcapasos y niños-, que no parece razonable que, a costa del solicitante, se pida ese tipo de antecedentes al titular del proyecto. Mientras exista riesgo para la salud de la población o no haya un juicio concluyente y categórico sobre la materia, se podría establecer -presentaremos una indicación en tal sentido- la obligación de rotular las antenas, a fin de que el titular señale el tipo de emisión -radiomagnética o de otro tipo- que ésta irradia. Tal como ocurre con los alimentos, cuyos envases deben rotularse para indicar su composición, o con los cigarrillos, cuyos paquetes deben señalar claramente su composición y los efectos que su consumo trae aparejado para la salud, parece razonable rotular las antenas, sobre todo porque se trata de un tema de debate -y no precisamente pacífico- en todo el mundo.
Reconociendo los avances establecidos en el proyecto, resulta importante considerar las correcciones señaladas. Para ello -repito-, vamos a presentar indicaciones para implementarlas.
Las antenas de telecomunicaciones son herramientas que permiten aumentar la disposición de nuevos recursos de telefonía, así como ventajas y beneficios en materia tecnológica. Sin embargo, debemos garantizar que ello no tenga un impacto negativo en la calidad de vida de las personas, en particular en su salud. Las adecuaciones señaladas y que deben incorporarse al proyecto darán respuesta a distintas demandas ciudadanas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , sin duda, el proyecto en debate es uno de los más interesantes en el ámbito del desarrollo tecnológico, pues incorpora avances necesarios en esta materia.
En el debate que nos convoca conviven dos realidades: primero, el legítimo bien superior de contar con las mejores comunicaciones a nivel nacional e internacional, lo que significa un reconocimiento al desarrollo tecnológico que, a nivel mundial, representan hoy las telecomunicaciones, y segundo, el hecho de que ese crecimiento tecnológico genere una buena calidad de vida a los vecinos.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara analizó el proyecto, de origen en mensaje, durante aproximadamente seis meses. Cuando el Ejecutivo se percató de que los intereses y las sugerencias de los parlamentarios canalizados al interior de la Comisión eran incompatibles con el proyecto, recogió gran parte de ellos y los incorporó en un proyecto sustitutivo.
En primer lugar, esa iniciativa señala que la entidad facultada para autorizar a una empresa para que emplace una antena emisora y transmisora de telecomunicaciones es la municipalidad respectiva y no la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, como señalaba el proyecto original. Se trata de un primer avance. En la actualidad, la subsecretaría del ramo entrega la autorización y sólo informa a la municipalidad respectiva. Es más, en forma simultánea al cumplimiento de ese requisito, las empresas de telecomunicaciones pueden construir la torre donde se ubicará la antena.
El proyecto significa un gran avance, porque ahora las decisiones estarán mucho más cerca de los vecinos y de la autoridad. Por lo tanto, nadie podrá responsabilizar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de entregar permisos para emplazar una determinada antena, o a los parlamentarios de haber tramitado un proyecto que lo permite. A partir de que la iniciativa se convierta en ley de la República, las decisiones serán tomadas por la respectiva comuna.
En segundo lugar, será necesario contar con un proyecto de ingeniería que respete el plan regulador comunal y las rasantes respectivas. Por lo tanto, no se podrán levantar torres que transgredan lo estipulado en la ordenanza municipal.
En tercer lugar, en materia de colocalización, existió un arduo debate en el seno de la Comisión. En determinadas materias se decidió incentivar a las empresas, aunque lo ideal sería obligarlas a cumplir determinados requisitos. Optamos por ese criterio porque, de lo contrario, podríamos haber seguido discutiendo eternamente ese punto, lo que es común en los debates generados en las Comisiones.
Como se sabe, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Por eso, a pesar de todo decidimos avanzar en materia de colocalización e incentivar a las empresas para que utilicen una misma torre a fin de emplazar dos o tres antenas, ello, claro está, si la estructura lo soporta.
Es necesario recordar que existen 9 mil torres emplazadas a lo largo del país. Las proyecciones del subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones indican que esa cifra aumentará a 19 mil al cabo de un par de años. Por lo tanto, es urgente legislar en esta materia.
Por otra parte, el proyecto contempla dos materias importantes: primero, resultará necesario consultar la opinión de la junta de vecinos o de la organización vecinal respectiva respecto de la instalación de antenas en el sector, materia que no fue considerada en el proyecto original; segundo, los propietarios de los terrenos colindantes a los terrenos donde se propone emplazar las torres soporte de antenas de telecomunicaciones deberán autorizar su colocación por vía notarial. En cuanto a lo primero, es importante recabar la opinión de la junta de vecinos para que la autoridad tenga claridad a la hora de otorgar o denegar una autorización. Ello obligará a la existencia de una interacción entre la voluntad de las empresas y las necesidades de la comunidad. En tal sentido, se hace necesario despejar varias situaciones, y la única manera de hacerlo es consultando a los vecinos.
También se reglamentó el aspecto relacionado con el espacio público que podrá ser utilizado para los fines de emplazar torres de telecomunicaciones. En tal sentido, se prohibió levantar esas estructuras en zonas históricas o patrimoniales, ello con el fin de preservar las zonas turísticas de las distintas comunidades.
La dirección de obras municipales respectiva, dentro del plazo máximo de 30 días hábiles contados desde que se ingresó la solicitud de autorización de instalación de antenas, verificará el cumplimiento de los requisitos y antecedentes, y emitirá la autorización respectiva o el rechazo correspondiente. Si no hubiere emitido pronunciamiento dentro del plazo señalado, se entenderá denegada la autorización.
Llamo a los parlamentarios a votar a favor este proyecto. Sabemos que se presentarán indicaciones y que, por lo tanto, volverá a la Comisión para perfeccionarlo en las materias que puedan mejorarse. Sin embargo, hay que reconocer el intenso trabajo que tuvo la Comisión para llegar a esta instancia. Quisimos traer el proyecto a la Sala, para socializarlo con ella y recoger opiniones, de manera de perfeccionarlo.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente , quiero reiterar algunos aspectos que se han planteado y dar cuenta de una indicación que presentamos con el diputado Fuentealba y otros colegas.
Coincido en que es necesario tramitar con rapidez este proyecto, porque mientras tanto se están instalando antenas y los interesados han agilizado su tramitación para no verse afectados por las dificultades que les podría implicar esta iniciativa una vez que se convierta en ley.
Sin embargo, no podemos dejar de discutir y mejorar el proyecto en aspectos como la incorporación de la opinión de los vecinos y otros, que los ciudadanos afectados por la instalación de antenas nos han planteado. Por eso, presentamos una indicación a fin de establecer que la opinión de las juntas de vecinos sea vinculante. Se han entregado argumentos al respecto y, a mi juicio, debemos entregar una señal. No puede ser que el proyecto se limite a preguntar a los vecinos su opinión; para eso, mejor no incorporarlos.
Si creemos efectivamente en la participación ciudadana, su opinión debe tener carácter vinculante. De esa manera, no será la opinión, sino la aprobación por parte de las juntas de vecinos lo que se deberá considerar como requisito. Por lo tanto, el rechazo por parte de ellas deberá ser considerado causal para que la antena no pueda instalarse.
Además, en el proyecto de ley se considera como requisito la aprobación por parte del dueño del terreno donde se efectuará la instalación de antenas; pero nada se dice -quedó fuera de la discusión, porque se votó en contra por la mayoría de los diputados- en cuanto a que los vecinos colindantes entreguen también su opinión, como si no estuvieran afectados con la instalación de la antena.
Entonces, nos parece necesario retomar la indicación que planteó en su momento el Ejecutivo , en que se considera también como requisito la aprobación de los vecinos colindantes al terreno donde se instalará una antena. El precio de sus viviendas se ve perjudicado por la instalación de antenas y, por lo tanto, deben tener derecho a alguna compensación, que es la forma como, imagino, se resolverán estos problemas.
El proyecto de ley apunta en el sentido correcto, en términos de que se utilicen los espacios públicos -no los terrenos privados que están más cercanos a viviendas- para la instalación de antenas. Pero eso requiere también de señales claras de parte del municipio. Al respecto, vamos a plantear por medio de una indicación que existe un plazo de noventa días, a contar de la publicación de esta ley, dentro del cual el municipio deberá determinar los espacios públicos que pueden ser concesionados para la instalación de antenas. Es importante que exista claridad en esta materia, que esos espacios sean conocidos; que haya una revisión por parte de la autoridad comunal respecto de los lugares donde queremos que se instalen antenas y que esto esté incorporado en planes reguladores u ordenanzas, así como se hace en la actualidad con los espacios de uso comunitario, de sedes, de plazas infantiles. Esto tiene que considerarse en el diseño de ciudad.
Señor Presidente , finalmente solicito que recabe la unanimidad para omitir el segundo informe y votar hoy las indicaciones en la Sala, porque es necesario avanzar en la tramitación de este proyecto. El Gobierno, a través de la calificación de las urgencias, tiene la herramienta para agilizar la tramitación de este proyecto, que responde a una sentida demanda ciudadana.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Señora diputada , al final del debate solicitaremos la unanimidad. Sin embargo, dado que se han presentado más de cuarenta indicaciones, se hace un poco inviable conocerlas y votarlas en la Sala una a una.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente , somos muchos los que queremos opinar sobre la necesidad de contar con una ley para regular la instalación de antenas de telefonía celular en nuestras zonas. Desde hace doce años se han presentado más de una decena de proyectos de ley -últimamente, alrededor de siete-, con los cuales los diputados y diputadas hemos buscado la fórmula para proteger nuestras zonas de este bosque de antenas celulares que va creciendo de la noche a la mañana, para cuya instalación ni siquiera se consulta a los vecinos.
En la comuna de Melipilla, por ejemplo, hemos presentado cuatro medidas de protección a favor de los vecinos, pero hemos perdido ante las grandes empresas de telefonía celular.
Por lo tanto, este proyecto es positivo, porque establece las regulaciones necesarias. Llevamos muchos años pensando en la necesidad de que exista un sistema que regule los avances tecnológicos en el país sin afectar a los vecinos; pero, como expresaron diputados que me antecedieron en la palabra, el proyecto se limita a establecer la necesidad de contar sólo con la opinión de las juntas de vecinos, la que al final no tendrá ningún valor. Quienes se ven afectados directamente son los vecinos porque se desvalorizan sus terrenos y sus viviendas. Por lo tanto, la indicación que hace vinculante la opinión de las juntas de vecinos es básica.
Otro tema importante dice relación con que las antenas se instalan alrededor de colegios, de consultorios, de hospitales y en plazas públicas, entregadas muchas veces por las direcciones de obras de los municipios sin considerar que ellas están insertas en barrios, en los cuales hay viviendas y otras construcciones que son afectadas directamente.
A mi juicio, es indispensable -sin perjuicio de congratularme por la serie de requisitos que se están estableciendo, que no voy a enumerar nuevamente- que se hagan las consultas necesarias al sistema de salud pública. Si bien no se ha comprobado fehacientemente que las antenas celulares afectan la salud de los vecinos que conviven alrededor de ellas, tampoco ha habido un desmentido claro al respecto. En mi opinión, sería necesario contar con una respuesta en esta materia anterior a la consulta a los vecinos, en cuanto a qué significa su instalación en la cercanía de viviendas y, sobre todo, de escuelas públicas.
En la comuna de Melipilla se instalaron antenas de telefonía celular a cien metros de distancia de dos colegios básicos. ¿Quién nos puede garantizar que no afectan la salud de los niños? No existe respuesta de ninguna índole en relación con su eventual efecto en la salud pública.
Por consiguiente, el primer requisito que debiera cumplirse es contar con el certificado del Instituto de Salud Pública.
Por último, señor Presidente , sería muy importante que las medidas tuvieran un carácter retroactivo, por lo menos por un período de tres años, de manera que se regule la situación.
Dado que el proyecto volverá a la Comisión porque se han presentado 41 indicaciones, pido que se tramite con la urgencia necesaria, de manera que a la brevedad lo conozca la Sala en su segundo trámite reglamentario y, ojalá, se convierta en ley de la República pronto, de manera de contar con las necesarias regulaciones. Espero que no sea demasiado tarde, como ocurrió con las autorizaciones para operar pozos de agua en sectores rurales, toda vez que cuando logramos regular la operación, ya estaban todos concesionados.
Reitero que es menester regular pronto la instalación de antenas de telefonía celular, toda vez que el indiscriminado emplazamiento de las torres que las sostienen, sobre todo en domicilios particulares, está afectando la vida en comunidad de los vecinos debido a la contaminación visual que generan -existen verdaderos bosques de antenas-, amén de vulnerar los derechos a la salud, a vivir en condiciones dignas y a preservar la plusvalía de las propiedades.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente , valoro tremendamente la humildad con que se informó el proyecto, ya que se reconoce que la gran cantidad de indicaciones presentadas obligará a devolverlo a Comisión para su reestudio. Es bueno que así sea, como también lo es estar viéndolo en Sala, porque en las Comisiones no todos tenemos la oportunidad de exponer sobre temas tan preocupantes para la ciudadanía.
Los usuarios siempre estamos pidiendo por mejor cobertura. Nosotros mismos, los parlamentarios, pedimos que en tal o cual lugar lejano exista la posibilidad de comunicarse por celular. La paradoja es que los mismos después pedimos que no se instale una antena por los reclamos de los vecinos. Por eso, es bueno encontrar una normativa que procure el justo término medio que garantice el acceso a las comunicaciones, pero sin dañar el medio ambiente, principalmente la estética de nuestras ciudades al llenarlas de antenas.
Respeto los argumentos que se esgrimen sobre el eventual daño a la salud que provocarían las antenas, empero no existen evidencias clínicas de primera categoría que así lo acrediten, aunque debo reconocer que se trata de una tecnología relativamente nueva y, habitualmente, en salud pública se requieren cohortes de largo plazo para acreditar si determinada onda electromagnética genera daño o es inofensiva.
Para hacer frente a esos y otros cuestionamientos, el proyecto nos hace propuestas muy importantes. Primero, la intervención de las direcciones de obras municipales en el procedimiento administrativo de autorización para la instalación de antenas. El municipio es esencialmente el lugar donde tienen cabida y se escuchan las quejas de los vecinos. Sin embargo, la realidad es otra y en no pocas ocasiones a los únicos que no se escucha es a los vecinos de la futura torre que sostendrá una antena de celular o de esa antena, disfrazada de palmera o instalada en la azotea de un edificio, echándole a perder toda la vista al edificio ubicado al lado.
También se establece que las antenas con sus soportes deberán cumplir con un distanciamiento mínimo a los predios vecinos; que las instalaciones en zonas residenciales exclusivas no podrán estar iluminadas; que las solicitudes deberán acompañarse de planos y estudios que tengan acreditada su sustentabilidad ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Con todo, estamos al debe respecto de las torres ya instaladas. Si estamos abordando con altura de miras un proyecto que normará algo tan esencial como las comunicaciones, pero respetando la voluntad de los vecinos de vivir en un ambiente libre de ondas electromagnéticas, lo menos que podemos hacer, cuando lo discutamos nuevamente en Comisión, es abordar también la situación de las antenas ya instaladas. La legislación debe ser pareja para todos: normar las futuras instalaciones, pero también regular las que están, apuntando así a lo óptimo; es decir, con el mínimo de antenas, la mejor comunicación posible, integrando ciudades y sectores rurales.
Por eso, anuncio mi voto a favor en general. Cuando el proyecto vuelva a Comisión, habrá que discutir variadas materias, de manera que se convierta en un cuerpo legal macizo, que dé la ansiada respuesta a muchos vecinos que desean vivir en un ambiente sano y saludable, pero que también quieren comunicarse de manera eficiente por medio de sus teléfonos celulares.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , el proyecto de ley es un avance, aunque quizás no el que esperábamos. A lo largo de estos años y en reiteradas ocasiones, muchos diputados hemos presentado proyectos de acuerdo para regular la instalación de antenas de telefonía celular.
Tengo la sensación -es lo que me complica- de que estamos trasladando el problema desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones a los municipios, particularmente a las direcciones de obras municipales.
El problema estriba -espero que el diputado informante lo resuelva- en que las municipalidades podrán determinar los espacios públicos concesionables. La complicación no está en esa posibilidad -imagino que los municipios determinarán en conjunto con los vecinos o con las juntas de vecino-, sino en cuáles serán esos espacios públicos. Esto tiene directa relación con la inquietud que muchas veces nos plantea el diputado señor Hales sobre la forma como ordenar el territorio y las ciudades.
Entonces, si pretendemos contar con una ley maciza, debemos relevar la forma como ordenar la ciudad, entendiendo que existirán espacios concesionados para la instalación de antenas. El ideal sería lograr, dentro del sector urbano y en coordinación con la Subtel, un espacio que fuera factible de concesionar para la instalación de las antenas, de manera de evitar muchos problemas.
También debiéramos relevar la participación de las juntas de vecinos y de otros actores sociales, como los que preocupan a la diputada Denise Pascal -por ejemplo, directores de establecimientos educacionales y de centros de salud-, que mucho tendrán que decir en caso de que los municipios determinen los espacios factibles de ser concesionados para la instalación de antenas.
El proyecto traslada a las municipalidades, no sé si el problema, pero sí la facultad. Los alcaldes siempre dijeron que este era un problema de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y que, por eso, nada podían hacer. Con el proyecto tendrán las herramientas para determinar -imagino que podrán discriminar entre un sector y otro- la instalación de antenas de telefonía celular. Me parece muy criterioso que los alcaldes tengan esta facultad, porque ellos responderán ante la ciudadanía por la instalación de antenas en determinado lugar.
Repito, espero que el diputado informante señor Hernández me aclare la duda relativa a los espacios concesionables para la instalación de antenas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Para responder la pregunta de la diputada señora Sepúlveda , tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , en la Comisión de debatió bastante sobre cómo regular el aspecto relacionado con los espacios públicos, toda vez que es sumamente difícil hacerlo en un proyecto de ley, habida consideración que siempre habrá situaciones que no se contemplen. Se puso el ejemplo del Parque Forestal, espacio que un alcalde podría perfectamente concesionar para la instalación de antenas. Lo mismo podría ocurrir con otros parques o con otras zonas relevantes para las ciudades. Esto era lo que buscábamos impedir.
Por lo tanto, si existe la posibilidad de concesionar, será el concejo el que determine, a través de la asesoría técnica de la dirección de obras municipales, la posibilidad de otorgar zonas de concesión. Me imagino que, por prudencia, los municipios consultarán la opinión de los vecinos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Agradecemos al ministro don René Cortázar la premura con que asistió a la sesión, después de que hicimos el cambio del orden en que figuraban los proyectos de ley en la Tabla.
El señor ministro pide autorización para que ingrese el señor subsecretario de Telecomunicaciones , don Pablo Bello.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , a mi juicio, el elemento más destacado del proyecto -en ese sentido, felicito el trabajo de la Comisión- es el nuevo concepto de colocalización que se está introduciendo en la legislación chilena. Es una obviedad en el resto de los países, pero todavía no existía en Chile, por lo que tenemos una verdadera ley de la selva en lo que se relaciona con la instalación de antenas. Además, es especialmente relevante haber puesto la urgencia del caso a este tema, por todo lo que implica el actual ordenamiento en la concentración del mercado. En efecto, las empresas más grandes tienen mayor posibilidad de instalar antenas en los lugares escogidos porque pagan más, lo que dice relación con todo lo que aquí se ha dicho y con todos los abusos que eso puede implicar. Obviamente, si no hacemos nada y no introducimos este nuevo concepto, el mercado de las telecomunicaciones se concentrará hasta el infinito. Por lo tanto, considero que la Comisión ha hecho un gran avance a este respecto.
Sin embargo, quiero señalar dos o tres preocupaciones que tengo, cuyas soluciones se plasmarán en las respectivas indicaciones que presentaremos sobre esas materias.
Primero, me preocupa que no se fijen en la ley -este asunto se delega completamente a una autoridad administrativa-, las condiciones en que tendrá que llegar a un acuerdo, ya sea económico o administrativo, la empresa que se instalará en la infraestructura de soporte para antenas de otra compañía; es decir, la forma en que se aplicará el concepto de colocalización, porque se puede transformar en un instrumento gigantesco de presión y de obstrucción y en una barrera de entrada al negocio si no permite ponerse de acuerdo en el precio de ese servicio. Otras legislaciones establecen en la ley la forma de cálculo del precio que deben pagar las empresas que desean instalarse en dicha infraestructura de otras compañías.
Por lo tanto, considero que esas reglas deben quedar claramente establecidas en la ley, con el objeto de no dilatar por meses o quizás años la negociación para que una empresa se instale en la infraestructura de soporte para antenas ya existente, ya que esto puede ser utilizado para que nadie más se instale en las estructuras existentes.
Segundo, la iniciativa contempla un artículo transitorio que otorga un plazo de tres años para que las empresas propietarias de antenas y torres de soporte ya autorizadas puedan adecuarse a esta normativa. Me parece bien que se establezca un plazo para que las empresas den cumplimiento a las exigencias técnicas que establece el proyecto, pero tenemos que descartar absolutamente de plano que la redacción de ese artículo permita dilatar la posibilidad de colocalización; es decir, que durante dicho plazo de tres años las empresas ya instaladas puedan negarse a aceptar la colocalización de una empresa que entra al mercado. Según entiendo, este plazo no permite dilatar la colocalización, sino que se establece para que las empresas ya instaladas puedan adecuarse a estas normas. A mayor abundamiento, no creo que ningún diputado pretenda dilatar la colocalización por tres años.
Deseo plantear dos inquietudes.
En primer lugar, me preocupa una norma que establece restricciones. Ella dispone que las torres de soporte y sus respectivas antenas deberán cumplir, entre otros requisitos, con un distanciamiento de diez metros hacia los deslindes con otros predios vecinos.
El ánimo de todos los diputados es impedir la invasión de antenas en terrenos particulares; pero también es cierto que hay que reflexionar sobre el tema con más profundidad, porque es bien fácil exigir una distancia mínima de diez metros para instalar antenas en predios pequeños cuando todas las casas con terrenos grandes ya tienen internet inalámbrico, cobertura total de antenas y completa tecnología garantizada para los próximos veinte o treinta años. Poner este tipo de restricciones puede llevar a que en los sectores más populares o de clase media, que tienen predios menores, no exista tecnología adecuada. Creo que esta disposición se va al otro extremo; o sea, esta norma restrictiva también limita el acceso tecnológico de quienes tienen menores recursos. En consecuencia, debemos analizar bien si esta norma impedirá que exista tecnología inalámbrica en sectores de medianos o de bajos recursos, donde los predios son de menor tamaño.
Finalmente, también debemos corregir la norma que restringe la instalación de antenas en los techos de los edificios. El texto aprobado señala que las antenas “sólo deberán cumplir con las rasantes, pudiendo estas últimas sobrepasar la altura de la edificación máxima permitida hasta un máximo de 2 metros”. Esto significa, en la práctica, que ninguna antena podrá seguir instalada en el borde de edificios. Estoy convencido de que el ministro no puede estar de acuerdo con eso, porque se caería toda la base tecnológica de las principales ciudades urbanas del país. Con esa exigencia, prácticamente ninguna antena podría instalarse en el techo de edificios. Ése no es el objetivo de los diputados ni del Ejecutivo.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , hemos discutido esta materia muchas veces y se han dado muchos argumentos en otros proyectos y en otras circunstancias, por lo que ahora quiero referirme a cosas muy específicas.
La contaminación por ondas electromagnéticas es un problema de la modernidad que tenemos que asumir bastante en serio, porque se va incrementando todos los días. No han sido bien estudiados sus efectos sobre el organismo. Cualquiera que haga una medición en el centro o en algún lugar de la ciudad podrá comprobar niveles muy elevados de contaminación electromagnética. ¿Qué efectos tendrá sobre las personas y, en especial, sobre los niños? Es algo que no sabemos bien.
Las antenas de telefonía celular son parte de este problema, que es mucho mayor. Ellas empezaron a emplazarse masivamente en 1996, cuando había sólo treinta y cinco instaladas. Su número aumentaba explosivamente cuando se presentaban proyectos de ley como éste. El año en que más se incrementaron fue en 2002, tras un proyecto de ley presentado a fines de 2001. En ese entonces, las antenas instaladas alcanzaron a 1.341. En 2006, cuando se presentó un proyecto similar, subieron a 2.757. Esta información la obtuve hace algún tiempo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. No sé qué ha ocurrido en 2007, 2008 y 2009, pero sí sé que están creciendo en forma exponencial, lo que tiene que ver con el crecimiento de la industria y con las normas que existen sobre la materia, que permiten instalar estas antenas en cualquier parte y no obligan a emplazar dos, tres o cuatro en un mismo soporte. En suma, esto tiene que ver con la liberalización o el descontrol que hay en este campo.
La actuación del Congreso Nacional en esta materia ha sido bastante vergonzosa. Cuando uno se pregunta por qué la gente no tiene buena imagen del Parlamento, no se da cuenta de que situaciones como ésta tienen un gran impacto en esa respuesta. ¿Por qué el Congreso Nacional no regula algo que afecta tanto la vida comunitaria en los barrios y a la gente?
Quienes hemos estado en reuniones de vecinos de algún sector donde se han instalado antenas para la telefonía móvil sabemos que ellos sienten violentado su entorno, su hábitat y su realidad. Tienen miedo por los problemas que pueden provocar en su salud, además de plantear su inquietud en el aspecto urbano. Si tuviéramos plena conciencia de esto, hubiésemos enfrentado el problema de otra manera, y mucho antes; habríamos establecido ciertos principios de orden y de regulación en función del bien común. Todos queremos que existan estas antenas de celulares, pero también deseamos que sean minimizados los efectos urbanos y los potenciales daños en la salud de la población.
No hemos legislado al respecto. El Gobierno acogió ciertas ideas a partir de iniciativas presentadas por parlamentarios y las incorporó en las normas del proyecto en discusión. No obstante, aquí ha existido mucha insensibilidad respecto de los sentimientos de los ciudadanos, en quienes genera mucha irritación la arrogancia de la tecnocracia.
En 2001 estuvimos a punto de aprobar un proyecto que tenía muchos de los elementos que figuran en la iniciativa en debate. En efecto, hace ocho años estuvimos ad portas de aprobar en esta Sala el segundo informe de esa iniciativa. Muchos de los elementos que contenía ese proyecto pudieron ser perfeccionados; sin embargo, han pasado ocho años, hubo distintos tipos de resistencia y, al final, estamos dando este paso.
Sin duda, el proyecto en estudio tiene muchas debilidades, por lo cual deberá volver a la Comisión para ser mejorado. En primer lugar, no es razonable no incorporar el problema de salud. Al respecto, a lo menos debe considerarse algo que ya concordamos con las empresas en 2001: la constitución de un fondo de investigación secundaria sobre el efecto de las ondas electromagnéticas en la salud, de manera de hacer un seguimiento más sistemático y científico respecto de sus efectos en las células, en el desarrollo de los niños, etcétera. Se trata de minimizar los riesgos para la salud de las personas en las distintas edades.
Por lo tanto, la salud debe estar presente. Tal como viene el proyecto, parece existir una doctrina de que ella no puede estar considerada. Sin embargo, al menos algunos creemos que lo mínimo es saber lo que está pasando con la investigación. Se dice que ésta no comprueba que la salud se vea afectada; pero tampoco comprueba que no resulte afectada.
En suma, el peso de la prueba debe recaer sobre quienes eventualmente estén afectando la salud de las personas.
Respecto de las normas urbanas, al conversar con japoneses o con estadounidenses, uno comprueba que en sus países no existen estas antenas, porque se ha desarrollado una combinación entre las antenas paraguas y otras pequeñas que hay en distintos lugares, que permiten una ramificación mucho mayor.
Por lo tanto, existe tecnología para proceder de otra manera, pero con otro costo. Tal vez, cuando comenzó el desarrollo de la telefonía celular en Chile no estaban las condiciones para hacer uso de ese tipo de tecnología, pero la actual rentabilidad de esa industria permite avanzar en ese sentido. Sin embargo, eso se esconde y se dice que esa tecnología no existe.
Reitero, existe la posibilidad de combinar las antenas paraguas, que ramifican en una zona con antenas pequeñas, que tienen menor emisión de ondas y, por lo tanto, provocan mucho menor riesgo para la salud. Además, generan mucho menor daño urbano.
Cuando uno recorre Santiago , se pregunta por qué se va a convertir en un bosque de antenas, por qué la vamos a transformar en esto. La belleza de las ciudades, sus características y su protección son parte del patrimonio colectivo y de la preocupación por su construcción, así como de la sociedad.
El tercer punto al cual me quiero referir, además de la salud y de las normas urbanas, dice relación con el rol de lo público en todo esto.
El Estado tiene que velar por el bien común. El proyecto avanza en la colocalización, lo que ha costado mucho. Pero deben establecerse facultades más fuertes y claras en el sentido de que deben usarse los mismos soportes para varias antenas y no sólo para las nuevas. Hay que consolidar ese criterio. Es una mínima preocupación por la ciudad y por sus habitantes.
Creo que todos estamos de acuerdo en que deben existir los instrumentos necesarios a fin de garantizar la defensa del bien común.
Estudiamos esto en 2001 y averiguamos que en los colegios había 400 antenas, según información de la Subsecretaría. No está claro si la exposición a ese nivel de ondas durante todos los días de clases afecta o no a los niños.
Las facultades públicas son fundamentales.
Presentamos algunas indicaciones al proyecto, que voy a explicar en términos muy generales. Buscan perfeccionar aspectos como los mencionados.
En primer término, respecto de la mediación de la distancia, no se puede actuar sólo con un criterio individual. Es necesario incluir el entorno y el sector. Eso debe mejorarse, porque, tal como está en el proyecto, es muy arbitrario.
Debe existir una prohibición clarísima en relación con la instalación de torres soporte de antenas en establecimientos educacionales, que debe sumarse a la existente en el proyecto respecto de monumentos históricos e inmuebles de conservación histórica. En suma, debe haber ciertas prohibiciones.
Creemos que lo óptimo es que la autoridad local planifique, anticipe y diga cómo, en la singularidad de la respectiva localidad es posible inducir a la instalación de antenas en ciertos lugares y no en otros. Por ejemplo, en la quebrada de Macul podrían instalarse antenas, pero como la autoridad no ha jugado un rol en ese sentido, se están instalando en conjuntos habitacionales. Por lo tanto, la autoridad debiera definir los lugares para esa finalidad. Ese rol de la autoridad en aras del bien común no está planteado claramente en el proyecto ni se le otorgan facultades suficientes.
El costo de las mediciones corre por cuenta del que las reclama. Pero nos parece que si hay un nivel de saturación, debe haber un reemplazo por parte de las empresas, autorizado por la Subtel. Eso hay que perfeccionarlo.
También hay que revisar el plan de mitigación. No basta con contener la saturación, sino que deben existir planes de mitigación consensuados entre los distintos emisores para disminuir la radiación. Por lo tanto, se presentó una indicación en ese sentido.
Con respecto al reclamo ante la Subtel cuando la empresa titular del soporte de antenas no acepta el adosamiento, debieran existir facultades para forzarlo. Esto no puede quedar tan sujeto a las empresas. Se requiere mayor libertad para evitar que se sigan instalando soportes y antenas en otros lugares.
Por otra parte, el plazo de tres años para ajustarse a las normas nos parece muy amplio. Hay que ajustarlo, aunque quizás con algún matiz. Nosotros proponemos reducirlo a seis meses.
A mi juicio, se debe plantear acá la reducción de los soportes, la concentración de las antenas y el cambio de tecnología de éstas. Las tecnologías actuales y las que habrá en algún tiempo más harán posible reducir el número de antenas contaminantes por otras menores, menos contaminantes, lo que deberá quedar establecido en la ley, pudiendo plantearse nuevas exigencias para que el potencial de contaminación urbana y en la salud disminuya. Tal como está el proyecto, no contempla ese cambio.
Todos sabíamos que era muy importante que la iniciativa llegara a la Sala y que se presentaran indicaciones a fin de buscar su perfeccionamiento. Ojalá se apruebe cuanto antes, pero con instrumentos efectivos que minimicen los efectos de dichas antenas sobre la salud de las personas y en materia de impacto urbano, y que las autoridades, el Ministerio, la Subsecretaría y los municipios asuman su rol para defender el bien común.
Es irritante el hecho de que durante mucho tiempo ministros de gobierno impidieran que se legislara en esta materia y que se opusieran a todo intento por establecer una regulación acorde al nivel tecnológico que existía en el momento. Valoro mucho que ahora se cuente con la voluntad del Ministerio y de la Subsecretaría para avanzar en la regulación de un área que, con toda razón, provoca demasiada irritación en los ciudadanos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Solicito autorización de la Sala para cerrar el debate a las 13.30. Posteriormente, se trata-ría, sin debate, el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar las condiciones de financiamiento para personas y a empresas. Para tal efecto, el diputado informante dispondrá de diez minutos.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , se podría conceder tiempo para un par de intervenciones de tres minutos, porque tenemos una observación.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión para definir el procedimiento.
Tiene la palabra el diputado señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente , la decisión de la Comisión de enviar este proyecto lo antes posible a la Sala tuvo por objeto generar este debate y transparentar las distintas informaciones que obraban en poder de ella, de manera de buscar su perfeccionamiento por medio de indicaciones.
Me habría gustado que hace mucho tiempo el Ejecutivo hubiera puesto urgencia al proyecto, porque es lo que piden la comunidad y el país entero.
Considero difícil que algún parlamentario no haya tenido algún conflicto en su distrito, a raíz de este problema. En efecto, la mayor parte de los diputados hemos tenido que representar la molestia de muchos habitantes por la indiscriminada instalación de antenas en lugares que, muchas veces, no son aptos desde el punto de vista urbanístico -por ejemplo, cerca de un colegio o molestado a los vecinos- o que impactan económicamente en el presente y el futuro de la gente, por ejemplo, en la desvalorización de sus casas o de sus lugares de trabajo.
Por eso, valoro el aporte de todos los parlamentarios en la Comisión, desde el que hicieron expertos en el tema urbanístico, como el diputado Hales , hasta el entregado por quienes defendieron la posición de que el sector rural quedara prácticamente fuera de esta regulación, porque es donde más se requiere llegar con las comunicaciones y la modernidad en materia de tecnología. Al respecto, existió consenso de que esto no operará en los sectores rurales, respecto de los cuales sólo se exigirán normas sencillas, como corresponde a cualquier instalación.
Un aspecto muy importante dice relación con la colocalización. Sin embargo, por desgracia, mientras hoy se está trabajando para sacar adelante este proyecto, se siguen solicitando autorizaciones y se continúan instalando antenas.
Por eso, señor Presidente , por su intermedio pido al ministro que no retire la suma urgencia a este proyecto, porque imagino cuánto demorará en terminar su tramitación en la Cámara y, después en el Senado. Incluso más, es muy probable que tenga que ir a Comisión Mixta.
Ojalá la Comisión trabaje en forma rápida para que el proyecto vuelva a la Sala a la brevedad, de manera que posteriormente se remita al Senado, donde espero se despache con celeridad, porque se trata de una materia respecto de la cual la comunidad clama.
Sin duda, si la tramitación de la iniciativa sigue demorando, menos competencia existirá en materia de comunicaciones en nuestro país y más difícil será poner en práctica la colocalización. En la Comisión, los parlamentarios llegamos a un acuerdo en este aspecto porque consideramos que se trata de un servicio público que se está otorgando vía concesión.
En ese sentido, debe existir una norma súper clara que induzca a las empresas, en la medida de lo posible, a utilizar la infraestructura de soporte para antenas de otras empresas. Así será posible, por un lado, tener más competencia y abaratar los costos de las comunicaciones a todos los chilenos y, por el otro, solucionar los actuales problemas urbanísticos.
Hay dos puntos que quedaron pendientes en la Comisión: primero, el de los monopostes. Vamos a reponer una indicación respecto de la cual no hubo acuerdo en la Comisión. Es muy importante que en las calles se puedan utilizar los llamados monopostes o los postes de alumbrado para la instalación de pequeñas antenas, con el fin de que puedan entregarse servicios de comunicación a los vecinos.
Por otro lado, está la situación de los espacios públicos. Tuvimos una discusión bastante interesante en la Comisión y quisimos que este tema se debatiera en la Sala. Es necesario definir claramente cómo se van a utilizar los espacios públicos, porque tampoco queremos que, por ejemplo, que se utilice una plaza para la instalación de torres de soporte, lo que puede afectar a uno o a otro vecino por la distancia de dicha instalación respecto de sus predios. Queremos que eso sea lo más camuflado posible.
También queremos dejar claramente establecido qué espacios públicos se podrán utilizar y cuáles no se podrán utilizar para la colocalización. Entendemos que en los espacios públicos ella será obligatoria, como queremos que ocurra con el resto. Sería muy bueno partir con los espacios públicos que estén disponibles, pero de manera muy bien regulada. Incluso, se habló de la posibilidad de que empresas concesionarias arrendaran a las distintas empresas de comunicación los lugares para la instalación de las antenas.
Todos estamos preocupados por el aspecto relacionado con la salud. Al respecto, se logró reducir de 435 a 100 microwatts/cm2 el límite de la densidad de potencia, lo que, sin duda, es un avance fundamental. Es decir, Chile se está poniendo a la altura de los países más desarrollados en esta materia, lo que indica que vamos por el camino correcto.
Sin duda, el tema estará permanentemente en el debate, pero en la medida en que exista más información respecto de eventuales efectos en la salud, se continuará avanzando. Pero, reitero, lo que se ha hecho va por el camino correcto.
Valoro el trabajo realizado por el subsecretario de Telecomunicaciones, don Pablo Bello, porque acogió muchas indicaciones presentadas por los parlamentarios, pero que, por su naturaleza, eran de iniciativa del Ejecutivo, fundamentalmente en relación con la colocalización. Creo que va por el camino correcto.
Señor Presidente , debemos apoyar el proyecto. Pido que el Ejecutivo ponga máxima urgencia a su tramitación, de manera que se convierta en ley a la brevedad, porque el país no acepta más dilación.
He dicho.
El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Informo a la Sala que, por acuerdo de los Comités, el debate de este proyecto de ley se cerrará a las 13.15 horas.
¿Habría acuerdo para cerrar la inscripción de oradores?
Acordado.
Luego de eso, se tratará la iniciativa que modifica distintos cuerpos legales con el objeto de mejorar las condiciones de financiamiento para personas y empresas. Se rendirá el informe de la Comisión de Hacienda por un lapso de 10 minutos, y después se asignará un tiempo de 3 minutos por bancada y, finalmente, se votará dicho proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente , a muchos diputados nos asiste la convicción de que esta discusión debe apurarse. El país no resiste más la actual desregulación, que ha llevado, de una manera invasiva, a la instalación de antenas a lo largo de todo su territorio.
La amenaza de las empresas apunta a que la gente no tendrá internet, que no habrá comunicación y que, por lo tanto, nadie podrá hablar por teléfono. Desde hace años vienen insistiendo en esa amenaza, e instalando antenas de manera indiscriminada. O, mejor dicho, de manera discriminada, porque en los barrios donde habitan personas que tienen relaciones de poder, de dinero, de influencia o de autoridad, las antenas no se colocan al lado de las viviendas. Ahí siempre hay influencia para lograr que la antena se retire.
¿Saben qué más? Ahí aparece la capacidad tecnológica e ingenieril de la empresa para descubrir una manera inteligente de colocar las antenas que no se le ocurrió cuando las instaló en la calle Lircay , en Salomón Sack, en avenida Einstein, al llegar a Puerto Montt -que parece el parque de las antenas-, en el cerro San Cristóbal o al lado de una vivienda popular. Ahí llegan con dinero buscando a alguien que arriende su casa en 100 mil o en 200 mil pesos, a quien le pagan 600 mil u 800 mil pesos mensuales. En realidad, esa es la decisión de las empresas.
No es verdad que se vaya a acabar la comunicación o internet. Existe tecnología probada en todas partes del mundo para colocalizar, es decir, para utilizar dos, tres y hasta cuatro veces el mismo poste, pero aquí no existe interés por hacer uso de esa tecnología. Aquí el interés de la empresa es sacar el negocio lo mejor posible y de manera desregulada.
Vayan a Viña del Mar a conocer un lugar que debiera denominarse villa de las antenas, porque ésa es la verdad. Hace años fuimos con la Comisión a conocerlo.
Inevitablemente, será necesario solucionar este problema a la brevedad; pero deberá hacerse por medio de un proyecto más serio, no tan insuficiente.
Quiero decir, con toda franqueza, que se le ha cargado la mano al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pero no conozco el trabajo realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en este proyecto. Pareciera que las antenas fuesen sólo un problema de ondas electromagnéticas en el éter y que no se colocaran en el suelo. ¡Se ponen en el suelo! ¡Se ponen al lado de viviendas! ¡Se ponen en las plazas públicas, en los colegios, en los parvularios! En la escuela especial Santa Teresa de Ávila, ubicada en avenida Einstein, se instaló una antena en medio del patio, donde juegan los niños con dificultades de aprendizaje. Se hizo, porque existió una importante oferta de dinero.
¿Dónde está la intervención de la autoridad territorial? El subsecretario de Telecomunicaciones , Pablo Bello, se ha llevado la parte más dura y más difícil, porque ha debido enfrentar en el debate de la Comisión los embates tanto de la Izquierda como de la Derecha, que criticaron que el espacio público está desregulado, que está mal resuelto el tema en la ley de urbanismo, que no está considerada de buena manera la rasante, que las proposiciones no son buenas y que perjudican a las viviendas en particular y a los barrios en general. De hecho, según cálculos realizados por mi equipo de trabajo, una propiedad se desvaloriza entre 25 y 30 por ciento cuando se instala en sus alrededores una antena de celulares. Así, una propiedad que costaba 35 millones de pesos, se desvaloriza en más de 7 millones de pesos por la sola instalación de dichas antenas en las cercanías.
El subsecretario Pablo Bello ha tenido que hacer de urbanista, de experto en ondas electromagnéticas, de experto en telecomunicaciones, de regulador de la Subtel y de regulador de las viviendas y, en general, del aspecto inmobiliario. ¡Eso no es posible!
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo debiera estar presente. No hago cuestión de que no esté en la Sala la ministra Patricia Poblete , quien tiene la mejor voluntad; pero considero que no hay en el ministerio un equipo de funcionarios que estudie qué está pasando con las ciudades. Si esto sigue así, no nos extrañemos que nuestras ciudades se afeen.
La diputada Alejandra Sepúlveda se preguntaba sobre el estudio de ocupación del territorio que se ha hecho. En este sentido, no es lo mismo el estudio sobre una onda electromagnética que el estudio territorial; no es lo mismo la emisión de una onda, de un ruido, de una vibración, o una cuestión eléctrica, que el deterioro en el valor de un inmueble, al cual lo liquidan al instalar una antena en sus alrededores.
Señor Presidente , por su intermedio quiero hacer una propuesta al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , ya que este proyecto ha demorado tanto en su tramitación. Varios diputados presentamos mociones sobre esta materia -presenté una con los diputados Uriarte y González -, de las cuales se pueden separar algunas cosas. Mi propuesta al ministro , que ha tenido el ingenio de presentar tres o cuatro proyectos por separado en materia de ciudad y transporte, es que recoja la idea de uno de esos proyectos de manera que cuando se vaya a instalar una antena de celular, la empresa, a lo menos, tenga la obligación de pedir permiso a las direcciones de obras municipales. Hoy, ni siquiera piden ese permiso.
Señor Presidente , por su intermedio pido al ministro que tome esa idea y presente un proyecto de ley sencillo, de una página de artículo único, que no parezca guía de teléfonos. De esa forma, si alguna empresa quiere instalar antenas de celulares, por lo menos deberá pedir permiso en la respectiva dirección de obras municipales, al igual como lo hace cualquier hijo de vecino cuando quiere subir su pandereta en veinte centímetros. Lo menos que puede hacer una empresa que va a levantar una torre de 70 metros es pedir ese permiso.
Por eso, pido al ministro que separe el proyecto en diferentes partes, en proyectos sencillos, porque de lo contrario no vamos a terminar nunca su tramitación.
Esta situación se parece al tejido de Penélope . Aquí, cada noche se deshace lo que se teje en el día, a la espera de que siga viajando Ulises que, en este caso, son las empresas de telefonía celular, que viajan por todo el país colocando antenas. Penélope cada noche vuelve a deshacer el tejido y así el proyecto no concluye su tramitación.
Señor Presidente , por su intermedio reitero mi petición al ministro en cuanto a que presente un proyecto de ley para exigir a las empresas, por lo menos, contar con el permiso de la respectiva dirección de obras municipales. Seguramente, me contestará que la ordenanza es insuficiente. ¡Estoy de acuerdo! Entonces, perfeccionemos también la ordenanza. Esa tramitación es más rápida que la de una iniciativa de ley.
¡No es que no me alcance el tiempo; en realidad, lo que no me alcanza es la voz para demostrar mi indignaci��n cuando se han entregado argumentos propositivos de parte del Gobierno! Aquí hubo ingenieros eléctricos diseñando urbanismo e ingenieros civiles pensando en el diseño de ciudad; pero no hubo urbanistas, arquitectos, antropólogos y menos poetas que pensaran en la belleza de ella.
La propuesta de la autoridad contenía una barbaridad, en el sentido de que los soportes podrían instalarse en el espacio público. Ello apunta en contra de las propuestas que formulamos acá, que se orientan a su resguardo, al cuidado de las plazas y al fomento de los jardines. En momentos en que estamos pensando en la forma de diseñar proyectos de seguridad ciudadana para ocupar el espacio público, la propuesta del Gobierno señala que a los soportes de antena de telecomunicaciones que se emplacen en el espacio público no les serán aplicables las normas referidas a la rasante, debiendo cumplir una distancia de 20 metros, que después variaron a 50 metros. Luego, dice que podrán establecerse torres siempre que tengan un distanciamiento no inferior a 300 metros. Es decir, hablemos en castellano: la única exigencia que tiene para charquear el espacio público es que exista un distanciamiento no inferior a 300 metros. Hice el cálculo y se lo transmito al ministro . Eso quiere decir -lo dijo también el diputado Alejandro García-Huidobro o el diputado Javier Hernández y, en general, todos los miembros de la Comisión- que con esa propuesta se puede instalar una antena de televisión -fíjese en lo que estoy diciendo señor Presidente -, sobre la cabeza de la estatua del general Baquedano , en la plaza Italia. Me pueden decir que estoy exagerando, porque ningún alcalde podría ser tan descriteriado, pero nadie puede garantizar el buen criterio de los 345 alcaldes. ¡Nadie! Con esa propuesta pueden instalar una antena arriba de la cabeza de la estatua del general Baquedano o bien al lado. No importa. Si se instala a 300 metros, podría hacerse junto a la cabeza de la estatua de Arturo Prat, frente a la estación Cal y Canto del Metro y frente a la Estación Mapocho. Luego, para buscar otra cabeza, podría instalarse otra antena junto al monumento a José Enrique Rodó -escritor y político uruguayo-, de Tótila Albert, que se ubica al terminar el parque Gran Bretaña , por el lado de las torres de Tajamar.
Podríamos seguir buscando parques, por ejemplo, el de las Esculturas, acompañando las obras de arte de la comuna de Providencia, en el borde de costanera norte. Ahí también se podrían instalar antenas, supuesto arte de la tecnología y de la ilusión de las empresas. ¡Para qué hablar de la barbaridad del cerro San Cristóbal ! Mientras hacemos esfuerzos para cuidar los aromos, para reforestarlo contener las rocas del parque Metropolitano, vemos que cualquier croquis que se haga de él, inevitablemente se debe dibujar la Virgen rodeada de antenas y torres de celulares.
¿Qué ciudad estamos construyendo? La propuesta del Gobierno no incluye el resguardo del espacio público. El único resguardo es que las antenas estén ubicadas a 300 metros de distancia.
Si esto se aprueba, advierto a los diputados de provincias que en las pequeñas ciudades de sus distritos tendrán dos, tres o cuatro antenas. Con la autorización para ocupar el espacio público en cada plaza principal de sus ciudades, tendrán instalada una antena, porque eso estará absolutamente autorizado; y si no es así, las tendrán instaladas al lado de casas, porque allí no hay edificios. Cuando hay edificios las antenas casi desaparecen. Al respecto, se confundió un diputado cuando dijo que no se podía poner la limitación de la rasante. Le respondo que una de las grandes ventajas de poner antenas en edificios es que el soporte de la antena es el propio edificio. Es decir, lo que se pone arriba de él es una parte menor, una vara de pocos metros. Puede implicar problemas vinculados a la salud -no soy especialista en la materia-, pero es muy conveniente en cuanto a la utilización del espacio público.
¿Por qué no se notan las antenas en Providencia? El propio subsecretario de Telecomunicaciones puede corroborar que ésta debe ser una de las comunas con mayor cantidad de antenas por habitante y por metro cuadrado de todo Chile, pero se pueden observar más torres de antenas en las comunas de Independencia, Conchalí , Recoleta o Renca. ¿Por qué? Porque en Providencia no se instalan torres, sino que se utilizan como tales los edificios. No digo que sea la solución óptima, pero me parece menos mala que instalar una torre de antena.
¿Alguien le ha preguntado al alcalde Labbé si aceptaría tener el parque Bustamante lleno de antenas? ¿Si las aceptaría en los parques Gran Bretaña o Pocuro, con los ciruelos en flor? Obviamente, no lo haría, pero tiene la ventaja de que los vecinos pueden utilizar los edificios como soportes para las antenas de celulares.
En cuanto a las propuestas presentadas -la relacionada con la distancia de 300 metros cambió-, sinceramente, no puedo aprobar algunas. Sí aprobaré el proyecto en general, para que se legisle sobre la materia, con el compromiso de discutirlo en la Comisión y con la petición que le formulé al ministro de Transportes y Telecomunicaciones de cambiar el proyecto o sacar algunas de sus disposiciones, a fin de lograr que al menos se aprueben algunas materias, para avanzar en ciertas regulaciones.
Se me dirá: “Entonces, ¿por qué lo aprobaron en la Comisión?” Lo hicimos para detener de una vez por todas a Penélope; para que el proyecto finalmente se despachara; de lo contrario, habríamos estado perfeccionándolo hasta el infinito. Por eso dijimos: “Que se apruebe tal como está”. Recuerdo que al diputado Cristián Monckeberg le cupo un gran papel en su agilización.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor HALES.-
Señor Presidente , terminé mi primer discurso, pero haré uso del tiempo de mi segundo discurso, que me corresponde de acuerdo al Reglamento.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Muy bien, señor diputado .
Puede continuar.
El señor HALES.-
Gracias, señor Presidente.
Sobre el espacio público, el proyecto expresa: “Las Municipalidades podrán determinar los espacios públicos que serán concesionables para la instalación de torres soporte de antenas. La concesión o permiso, según proceda, del espacio público deberá siempre resguardar que la torre soporte de antena permita su uso compartido por distintos operadores de telecomunicaciones. Salvo en el caso de las áreas rurales, la concesión del espacio público para estos fines podrá ser otorgada a cualquier persona natural o jurídica, sea prestador o no de servicios de telecomunicaciones.”.
No quiero resolver de esa forma el espacio público, porque me interesa que esté protegido. No quiero que mañana me digan que aprobamos un proyecto que permite la instalación de antenas de celulares en la Avenida Perú. Seguramente me replicarán que no habrá antenas de celulares en esa calle. ¡Pero he visto departamentos piloto de las empresas constructoras instalados en esa arteria! ¡No me digan que no habrá antenas! ¡He visto departamentos piloto que nada tienen que ver con el resguardo del espacio público, sino más bien, con el negocio de una empresa constructora! ¡Enhorabuena que venda, para que dé trabajo, pero no tiene por qué usar los jardines de la Avenida Perú! Pondré atención a si el proyecto se aprueba con ese detalle.
Queremos resguardar el espacio público en los bandejones de la calle Pedro Donoso , en la población Juan Antonio Ríos , en calle Salomón Sack , en Los Nidos, donde sólo hay viviendas de uno o dos pisos, como máximo.
Las empresas han difundido la amenaza falsa -y en esta Sala se ha repetido ese argumento- de decir: “Cuidado con este proyecto, porque hay diputados que no quieren que se desarrolle esta tecnología y mañana el pueblo los hará responsables por no disponer de internet, por no tener acceso a la tecnología y a la modernidad”. ¡Mentira! ¡Con toda firmeza afirmo que eso es mentira, porque en Europa existe más conectividad, más tecnología y más internet que en Chile, pero menos torres de antenas que las que hay en las ciudades chilenas! La experiencia internacional confirma lo que estoy señalando.
En Chile, como se discrimina por sector, en los barrios que tienen poder, hay menos torres, pero en los que no lo tienen y sólo son defendidos por algunos de nosotros, las empresas invaden el lugar con torres de antenas. Y lo podrán hacer perfectamente. ¿Qué les podría suceder? Dos cosas: primero, quizás tendrían que pagar un poco más por la instalación de esas torres en algún lugar más lejano, para que tengan más altura y más distancia del centro poblado, y segundo, pagar a los edificios.
Si el proyecto se aprobara en los términos en que está redactado, se instalarán antenas en el bandejón de la Avenida Perú; pero si se hace lo que propongo, esas antenas se podrían instalar en la misma Avenida Perú, pero de una extensión de sólo dos metros si se ubican en los edificios de 17, 18 ó 20 pisos -no en una torre-, al lado de la caja de ascensores que se asoma en la corona de la losa del edificio. En este último caso, el edificio reemplaza a la torre. ¡Eso es ingenio!
No deja de ser paradigmática la escena que observo: el señor ministro está sentado junto al subsecretario de Telecomunicaciones , pero tiene dos sillas vacías a los lados. Al lado derecho, falta un experto en ciudad, y al izquierdo, un experto en vivienda y desarrollo inmobiliario.
Si este proyecto no lo consideran como he señalado, terminará siendo una iniciativa relacionada con tecnología, con ondas de radio, con electricidad, etcétera, pero menos con seres humanos que habitan ciudades, que construyen casas y que cuidan su patrimonio que, en el caso de los sectores populares, es el único bien que tienen, en donde pusieron todos sus recursos, porque es el sueño de la familia. Pero en relación con ese tema, sólo tenemos dos sillas vacías.
Es necesario resolver los problemas planteados.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , felicito al diputado Patricio Hales por su inteligente intervención respecto de las materias pendientes en relación con el proyecto en discusión.
También felicito a la sociedad civil que ha estado particularmente preocupada de este tema. Quiero mencionar expresamente a los señores Arturo Samit y Moisés Pinilla ; a la familia Liberona, que ha estado trabajando en este sentido, y destacar la buena recepción que hemos tenido de parte del subsecretario de Telecomunicaciones para avanzar en la discusión de esta iniciativa.
Después de muchos años, en el curso de los cuales se han presentado múltiples mociones -recuerdo algunas presentadas por el diputado Carlos Montes , por el ex diputado Gonzalo Ibáñez y por la diputada Lily Pérez -, se han aprobado diversos proyectos de acuerdo e, incluso, se han celebrado sesiones especiales dedicadas a este tema, por fin hoy se nos convoca a debatir un proyecto de ley cuyo objeto es regular la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones que, si bien no satisface plenamente las aspiraciones de la comunidad, al menos constituye un gran avance en la materia. De hecho, el diputado que habla ha presentado tres mociones relacionadas con el tema que, de alguna forma, están incorporados en las indicaciones presentadas a este proyecto de ley.
Gracias a la intensa movilización ciudadana -entre las que destaca una marcha a La Moneda, encabezada por la sociedad civil-, que se ha manifestado en la mayoría de las comunas y localidades del país, el proyecto ha recogido gran parte de sus inquietudes, como, asimismo, la necesaria participación que deben tener los vecinos de los lugares donde se pretenda instalar este tipo de antenas.
Uno de los aspectos dignos de destacar es la intervención que tendrán, una vez que entre en vigencia la ley, las respectivas direcciones de obras municipales, que deberán otorgar su autorización previa verificación de una serie de requisitos técnicos, que se contemplan en el nuevo artículo 116 bis B que se introduce en la ley general de Urbanismo y Construcciones. Es decir, dichos organismos municipales ya no serán meros receptores de avisos de instalación que dan las empresas de telecomunicaciones, como ha ocurrido hasta ahora.
Además, se contempla la autorización notarial de los propietarios de los terrenos donde se pretenda emplazar los soportes de torre de las antenas de telecomunicaciones, como, asimismo, la existencia de un certificado de la organización vecinal correspondiente en que conste la opinión de los vecinos frente a la instalación de la antena en el sector pertinente. A este respecto, hemos presentado también algunas indicaciones relacionadas con plazos razonables para tales efectos. Sin embargo, esta opinión debiera ser vinculante, porque así se acordó en la Comisión, pero no quedó consignado en ese sentido en el informe pertinente.
De igual modo, se requerirá un certificado del Instituto de Salud Pública que acredite que las antenas instaladas no generan radiaciones electromagnéticas dañinas para la población colindante a ellas. Esto implicará que dicho servicio deberá estar constantemente monitoreando y actualizando las variaciones sobre este importante aspecto que afecta la salud de las personas, para lo cual se requiere que en el próximo proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público se dote de los elementos técnicos y humanos para efectos de que la Subsecretaría pueda realizar las fiscalizaciones adecuadas.
Cabe mencionar que el subsecretario nos acompañó al sector de Nueva Aurora , en Viña del Mar, donde se realizaron las mediciones de contaminación electromagnética, lo que dio tranquilidad a los vecinos y respondió a las inquietudes que legítimamente tenían respecto de los potenciales daños a la salud que pueden causar estas antenas.
Otra innovación importante es la facultad que se otorga a las municipalidades para determinar los espacios públicos que sean concesionables para este tipo de instalaciones, como asimismo, la obligación que se impone a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de declarar determinadas zonas geográficas como saturadas de sistemas radiantes de telecomunicaciones. Esto me parece destacable, considerando que Viña del Mar tiene un número importante -439- entre antenas de celular y autorizaciones. El sector de Nueva Aurora, por ejemplo, es una de las zonas con el mayor número de antenas por metro cuadrado.
Esta misma repartición deberá mantener un sistema de información permanente a la ciudadanía sobre los procesos de autorización en curso, un catastro de los sistemas de radiación autorizados, como también los niveles de exposición a campos electromagnéticos en las cercanías de dichos sistemas para el correcto ejercicio de sus derechos.
En suma, se ha considerado adecuadamente tanto la información, como la participación y opinión comunitaria en la discusión de este importante proyecto legislativo, lo cual impedirá que haya una proliferación indiscriminada de instalación de antenas, especialmente de telefonía móvil, como ha ocurrido, por ejemplo, en las ciudades de Viña del Mar y Concón -que represento en esta Corporación- y que se ha acentuado peligrosamente en el último tiempo, por lo que no me cabe sino felicitar a las diversas organizaciones defensoras de sus habitantes que han sostenido una verdadera cruzada en resguardo de sus derechos, lo que ha permitido mejorar sustancialmente la iniciativa legal.
No obstante, consideramos demasiado excesivo el plazo de adecuación de las instalaciones ya autorizadas y el de las nuevas solicitudes de otorgamiento, que se fija en tres años, a contar de la publicación de la ley, el que, a nuestro juicio, se debería reducir a la mitad. De lo contrario, continuarán emplazándose antenas de este tipo al amparo de la deficiente normativa existente, por lo cual se estima conveniente revisar este aspecto.
En lo que se refiere al daño que puede provocar a la salud el emplazamiento, cabe tener presente que el propio presidente de la Atelmo , asociación que agrupa a las empresas de telefonía móvil, manifestó en una de las sesiones que asistió, que no viviría al lado de una antena, lo cual nos demuestra que es necesario ahondar en este importante aspecto.
En el informe se señala que la potencia de emisión regulada será de 435 kilovatios, en circunstancias de que es de 435 microvatios. Es preciso aclarar ese punto, para lo cual presentaremos las indicaciones pertinentes.
En todo caso, el proyecto, en general, merece nuestra aprobación, dada la importancia que se asigna a la participación ciudadana, que hasta ahora era nula, lo cual se contradice con el Gobierno Ciudadano que tanto se nos ha querido inculcar.
Sin embargo, se requiere introducir nuevas indicaciones a su articulado, las que presentaremos oportunamente, con el objeto de recoger inquietudes ciudadanas que aún persisten y que es necesario satisfacer.
Un acápite aparte, que debo destacar, dice relación con las colocalizaciones de antenas de celular. Creemos que éste es un incentivo virtuoso que establece el proyecto y que de alguna manera permite terminar con esta contaminación visual que generan los soportes de antenas de celulares que proliferan en forma indiscriminada y muy cercanos o colindantes unos de otros.
Esto generará un sistema que permitirá estimular que varias compañías compartan un soporte de antenas de telefonía celular, siempre y cuando cumplan adecuadamente con las emisiones electromagnéticas fijadas en el reglamento.
En este período legislativo hemos presentado varios proyectos de ley para regular el problema que ocasiona la instalación de antenas de celulares y debo reconocer que ha habido avances importantes por parte de la Subsecretaría, que dicen relación con la dictación de un reglamento que establece claramente las emisiones electromagnéticas máximas.
En consecuencia, votaré a favor el proyecto en general, sin perjuicio de las indicaciones que presentaremos para perfeccionarlo. Reitero que esto es un logro de la sociedad civil organizada que reclamaba cada vez que habían antenas que no cumplían con las normas adecuadas y por las irregularidades que muchas veces se cometían por parte de las empresas al momento de informar respecto del emplazamiento de las mismas; una sociedad civil organizada que reclamaba para que la autoridad cumpliera con todos los mecanismos de mantención de estas antenas de celular, en particular en zonas como la nuestra, en las que el aire marino puede provocar el colapso de las mismas, o en las luces de prevención que tienen estos artefactos.
Por tanto, felicito a la sociedad civil, representada hoy en las tribunas, porque ha dado una lucha importante para que todos los ciudadanos podamos opinar y participar en el proceso de calificación del emplazamiento de una antena de celular.
He dicho.
-Aplausos
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Queda pendiente la discusión del proyecto.
Recuerdo a los señores diputados que están cerradas las inscripciones y que hay 15 inscritos para intervenir.
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