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El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, una vez más debemos debatir el proyecto de financiamiento del Transantiago.
En primer lugar, valoro el gran esfuerzo desplegado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don René Cortázar , quien es la cara visible de la peor política pública conocida en los últimos 40 años.
A nuestro juicio, una vez más el proyecto contiene errores -varios diputados que me han antecedido en el uso de la palabra lo han señalado- y no se hace cargo de la cuestión de fondo: el cambio de recorridos, problema que ha perjudicado a muchas familias en la Región Metropolitana.
Tampoco se explica qué pasó con los miles de microempresarios dueños de las micros amarillas, quienes quedaron cesantes. Ni siquiera se diseñó un proceso de reconversión laboral a fin de que continuaran ligados al sector.
El proyecto se ha transformado en una verdadera daga para las regiones, pues se ha condicionado el apoyo al transporte público en ellas a la aprobación de recursos para la Región Metropolitana. Ello nos parece inaceptable y ofensivo para las regiones. Si hay convicción de que es necesario financiar el transporte público, desde el primer momento debió plantearse en forma independiente.
Por otra parte, no ha existido transparencia ni claridad en relación con los dineros. El Transantiago ha mantenido durante todo este tiempo una tarifa fija, lo que no ha ocurrido en regiones, las que, por el contrario, han debido soportar constantes alzas. Cuando se ha pedido estabilizar las tarifas, se nos ha dado un portazo y se ha señalado que mientras no se resuelvan los recursos asociados con el Transantiago no se beneficiará a las regiones. Con una verdadera política regional habríamos discutido proyectos enfocados particularmente a las regiones, cuyas realidades son distintas a la de la Región Metropolitana.
Los parlamentarios de regiones que me han antecedido en el uso de la palabra han señalado los principales problemas que deberemos enfrentar y que se relacionan con esta materia. Por otra parte, a nuestro juicio persiste la inequidad. Se ha dicho que por cada peso que se invierta en Santiago, se invertirá otro en regiones. Ello no es tan así. El otro día, con el diputado Eduardo Díaz sacábamos la cuenta y la proporción no es real. Prácticamente, por cada 1.000 que se inviertan en Santiago, se van a invertir 500 pesos en la Segunda Región y 500 pesos en la Novena Región. Entonces, hay cifras que, a nuestro juicio, están distorsionadas respecto de qué es lo que va a pasar con los dineros que se inyecten de acuerdo con lo que dispone este proyecto de ley.
En cuanto al financiamiento, se buscaron distintas fórmulas y, en algún momento, trataron de saltarse el Congreso. Ahora se plantea la autorización al fisco por el préstamo BID. En la Contraloría y en el Tribunal Constitucional se pronunciaron sobre esta materia y, hoy, se quiere plantear una fórmula que, a nuestro juicio, no satisface las necesidades, porque, en primer lugar, no se asume la responsabilidad. Aquí, seguimos diciendo que el Transantiago fracasó, pero siguen pagando los chilenos por esta mala política pública y las autoridades que la diseñaron, repito, no han asumido su responsabilidad.
De una vez por todas, hay que avanzar en un sistema distinto y no seguir pensando en que con financiamiento vamos a mantener el que, en la práctica, ha demostrado ser ineficiente.
Admiro cómo los ministros cuentan con recursos para financiar el Transantiago.
En Antofagasta existe un problema serio de conectividad y el Ministerio de Obras Públicas nos quiere imponer un sistema de concesión de carreteras para financiar los mejoramientos viales en la Segunda Región, lo que nos parece inaceptable. El ministro argumenta que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para asumir el costo de la construcción de carreteras en esa región; sin embargo, hoy, los recursos sobran para el Transantiago, además, mes a mes, se han pedido aproximadamente 40 millones de dólares. Eso no corresponde.
Por último, la bancada PRI-Independientes va a votar en contra de este proyecto. Seguimos pensando en que mientras no haya un rediseño completo del sistema, en cuanto a mallas de recorrido, a una solución global para aquellas personas que perdieron su trabajo como consecuencia de su implementación y, asimismo, a que se asuman responsabilidades al respecto, tanto del sector público como del privado, vamos por el camino errado.
He dicho.
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