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El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , la decisión adoptada por el Gobierno, compartida por el Congreso Nacional, tiene que ver con la forma como atendemos, desde el punto de vista estatal, el transporte de las personas. Hasta ahora, siempre se ha entendido en Chile que cada uno se rasca con sus propias uñas. Tal es la consecuencia de haber adoptado un modelo que entrega al mercado la tarea de asignar recursos. Eso es lo que ha ocurrido tanto en Santiago como en regiones. Ahora, en Santiago el Estado entrega un subsidio a través de un crédito que disfraza una medida que debió adoptar desde hace mucho tiempo: subsidiar el trasporte escolar. Por años, los adultos han subsidiado ese transporte al pagar una tarifa que es engañosa.
A partir de la creación del Transantiago, el Estado comienza a subsidiar en forma efectiva el transporte escolar. Sin embargo, persiste la inequidad respecto del resto de la población nacional. El proyecto hace justicia respecto de lo que ocurre en la Región Metropolitana y sincera el rol del Estado en materia de transporte público. En este ámbito, en todos los países el Estado subsidia a los sectores de más bajos ingresos. Este proyecto apunta en esa línea.
Si bien es cierto que la iniciativa se encamina a resolver el problema de fondo, es complejo abordar las diversas realidades de cada región en un proyecto de carácter general. Como ayer señaló el ministro del ramo en las Comisiones Unidas, mediante el o los reglamentos se precisará de qué manera llegará el subsidio a cada uno de los sectores.
La iniciativa considera un subsidio parejo, a fin de que los escolares paguen una tarifa equivalente a un tercio de la tarifa que pagan los adultos. Ése es el subsidio general que beneficia a todas las regiones del país.
Repito, la implementación es compleja, porque cada región presenta particularidades respecto de los medios de transporte y de las distancias que las personas deben recorrer. La pertinencia del proyecto y de los reglamentos que lo acompañen es muy importante para ver la manera de resolver cada situación particular. Existen lugares donde ni siquiera hay buses; en otros funcionan taxis colectivos, y en algunos más extremos, balsas. Repito, los reglamentos deben resolver con equidad y justicia determinados aspectos de la iniciativa, que sincera el rol del Estado en relación con el transporte público.
En las zonas no licitadas se entregarán vouchers, que recibirá el 40 por ciento de la población más vulnerable. Es difícil diseñar el mecanismo por medio del cual se implementará su entrega. El proyecto no lo señala, por cuanto es una materia de reglamento. Ignoro si se entregarán a través de los municipios, del INP o como parte del subsidio único familiar. Se trata de un voucher que se entregará como pago a los transportistas. Quien no lo utilice podrá transferirlo en el mercado o entregarlo, quizá, como aporte a algún bingo de solidaridad. La característica de este voucher es que será transable en el mercado, y lo vamos a ver en muchos sectores que, con legítima razón, lo utilizarán en otra cosa. Así, alguien que tenga locomoción o decida andar a pie, podrá usarlo como subsidio para pagar, por ejemplo, la cuenta de luz o transarlo con quien necesite ese subsidio.
Aprovechando este análisis sobre el rol del Estado en materia de subsidio, quiero dar una mirada a la diferencia que existe entre las áreas licitadas y las no licitadas. Cuando se licita un área, tenemos una tarifa de mercado y competitiva. Cuando no se licita, tenemos prestadores de servicios que, en muchas ocasiones, son únicos y fijan la tarifa que desean. Y no solamente hacen eso, sino que fijan también el horario, el itinerario, el día, la calidad del servicio y, como dije, el precio. Entonces, nos encontramos con que la inmensa mayoría de los ciudadanos que no viven en regiones licitadas, son cautivos del precio que determina el transportista.
No voy a hablar de los caminos respecto de los cuales no existen incentivos, desde el punto de vista del número de ciudadanos, para lograr hacer rentable el negocio de transporte; pero en los que sí es rentable, quien se instala, protege su negocio poniéndose de acuerdo con una o dos empresas -si hay alguna que se atreva a competir con él- o expulsándolas del camino, y en definitiva fija precios abusivos. El voucher, no resolverá el problema de inequidad en el precio y del abuso que cometen el único o los dos empresarios que incurren en colusión.
Entonces, me habría gustado que este proyecto de ley resolviera la forma como el Estado asegura competencia, de manera que existan precios de mercado. En ese sentido, sería bueno asegurar que las personas que recibirán el voucher, pagarán un precio justo y no abusivo. Eso no está resuelto en este proyecto,.
Entonces, necesitamos hacerles justicia a esas personas. Vamos a aprobar este proyecto, pero vamos a quedar en deuda con los sectores que no se sienten bien atendidos.
Parte de este subsidio se destinará a la “chatarrización”, es decir, se comprarán buses nuevos a estos mismos señores que ni siquiera ponen precios justos y se aprovechan de la cautividad de los usuarios, a quienes no les resuelven el problema. Se premiará a esos empresarios con buses nuevos, lo que tampoco soluciona el problema.
Sé que ha sido bastante difícil sacar adelante este proyecto, que en el balance tiene más méritos que deméritos. Por lo tanto, nuestra bancada y quien habla lo vamos a aprobar. Sin embargo, es necesario hacer estas observaciones para ver, en el corto plazo, o ahora que estamos en el gran debate presidencial, qué hará el país en materia de transporte en los próximos cuatro años. Estos son los temas que deberíamos debatir, por ejemplo, cómo licitar, cómo lograr precios justos y competencia en un sector en el que la mayoría de los usuarios carece de ellos. Los caminos son públicos; el Estado tiene el deber de administrarlos. Sin embargo, en forma discrecional se autorizan recorridos a quienes quieren y a quienes pueden. Estos últimos son los que tienen el control de los caminos y de los precios.
Por eso, espero que en el futuro tengamos una legislación que regule de mejor manera la participación, más del Estado que del mercado en esta materia.
En el proyecto figuran inversiones para infraestructura en los caminos más aislados. En relación con esos caminos, me preocupa que se deba cumplir con la RS que exige el Sistema Nacional de Inversiones para hacer rentabilidad social. Si no hay rentabilidad social o si hay poca gente, difícilmente se podrán aprovechar estos recursos.
Me gustaría que el ministro nos dijera si hay metas y plazos para los reglamentos que se definirán respecto de un conjunto de subsidios y beneficios que se contienen en este proyecto.
Señor Presidente, el proyecto es beneficioso. Por lo tanto, nuestra bancada lo respaldará.
He dicho.
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