-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640634/seccion/akn640634-po1-ds10-ds17
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/730
- rdf:type = bcnres:Participacion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- rdf:value = " El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , a medida que la sociedad alcance mayores niveles de desarrollo, es probable que sean más frecuentes las leyes que modifiquen el estatuto jurídico del derecho del consumidor, porque en forma creciente nos vamos empoderando como ciudadanos y como consumidores. Eso significa que se elevarán los estándares sobre los cuales vamos a fijar los mínimos de nuestra legislación.
Eso ha ocurrido en sociedades desarrolladas, donde el poder adquisitivo y el consumo de la población han aumentado en forma sustantiva. Hay ciudadanos y consumidores más conscientes de sus derechos.
Desde esa perspectiva, nunca debemos ver estas modificaciones como leyes definitivas, porque no van a ser la foto final de la historia en materia de regulación jurídica sobre las atribuciones ni de los servicios del consumidor, ni de los derechos que los consumidores vayan exigiendo para dar respuesta a sus necesidades, demandas e insatisfacciones con los procedimientos para obtener aquello que creen legítimo en la relación cliente-consumidor.
Desde ese punto de vista, valoro la disposición del Ejecutivo de estar atento a los cambios que requiere nuestra legislación, a impulsarlos y promoverlos.
También valoro que la Comisión de Economía despachara el proyecto con mucha rapidez. De hecho, pasó muy luego a la Sala. Asimismo, hay otras iniciativas en la Comisión que también son objeto de deliberación y que tienen que ver con los derechos de los consumidores en algún ámbito específico que tardarán mucho más tiempo. Pero, en este caso, vamos bastante más rápido.
La iniciativa se hace cargo de algo que las propias organizaciones de consumidores venían reclamando. En materia de procedimiento de acciones colectivas, éste es tan largo y complejo que se hace inexistente y precario.
Desde esta perspectiva, varias de las reformas planteadas a la ley nos ayudarán de manera muy importante a corregir esa apreciación de la organización de consumidores que, por lo demás, es una realidad. Esto no obedece a un reclamo de las asociaciones, sino que tiene que ver con un diagnóstico compartido de que en acciones colectivas teníamos dificultades.
Ahora, quiero referirme a algunas cuestiones importantes de destacar, en la medida que la iniciativa sea aprobada.
En primer lugar, que las reclamaciones al Servicio Nacional del Consumidor o ante la superintendencia detendrán el plazo para reclamar ante la justicia.
Es muy importante que se interrumpa el plazo de la prescripción. Un punto relevante que hemos escuchado frecuentemente al director del Servicio Nacional del Consumidor en sus asiduas comparecencias a la Comisión de Economía -nosotros le decimos que es diputado honorario- es que si no tenemos procedimientos simples que incentiven a los consumidores a reclamar por sus derechos, se generará una profunda sensación de insatisfacción en ellos.
Si el camino de la reclamación, de exigir por la vía judicial o administrativa la satisfacción de los derechos, se torna cuesta arriba y equivale a subir una gran montaña en vez de quejarse de manera clara y directa ante una autoridad que, se supone, debería acoger su demanda, estaremos desincentivando el reclamo y favoreciendo el no mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios por los proveedores.
En la medida que el proveedor sepa que por más que haya insatisfacción en los usuarios o en sus consumidores, el camino de la reclamación judicial o administrativa es ineficiente y poco exitoso, estaremos desincentivando el mejoramiento de la calidad de ese servicio.
En segundo lugar, las empresas no podrán repetir la misma infracción, pues el proyecto determina que deberán cesar la conducta. Esto es fundamental y requiere una especial labor de seguimiento, fiscalización y monitoreo por el Sernac.
Aquí, voy hacer un paréntesis, tal vez coincidiendo en parte con lo que decía la diputada Alejandra Sepúlveda , quien formuló un comentario acerca de la precariedad institucional del Sernac. Esta institución es muy potente, pero es probable que requiera cirugía institucional, si se busca que esté acorde con el fortalecimiento de los derechos de los consumidores y la toma de conciencia de ellos.
De cara a los desafíos futuros, deberíamos plantearnos una nueva institucionalidad, más fuerte, quizás segmentando sus labores de preocupación respecto de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el reclamo en el plano de la prestación de servicios financieros.
Sin duda, esto requerirá que en algún momento nos sentemos a analizar si la actual institucionalidad da el ancho para enfrentar los desafíos futuros.
A mi modo de ver, ha sido exitosa y ejemplar a nivel latinoamericano. Pero pensando en los retos futuros, tal vez tengamos que conversar acerca de las herramientas institucionales más apropiadas para su éxito, sobre todo si con esta iniciativa le entregamos facultades de vigilancia de las empresas sancionadas para el cumplimiento de los fallos, incluso, la capacidad de denunciar. Para eso hay que tener una herramienta de seguimiento muy potente.
La diputada Alejandra Sepúlveda también expresó algo sobre el Ministerio de Economía. Al respecto, hace mucho rato que tenemos una conversación pendiente acerca de su rol en el contexto del desarrollo económico de Chile. De hecho, si revisamos sus apellidos, Fomento y Reconstrucción, nos daremos cuenta de que ni siquiera se ajustan a lo que pasa en Chile.
Nuestra Comisión espejo se llama Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. A lo mejor, tendríamos que empezar a hablar de desarrollo económico, no sólo de economía, fomento y reconstrucción.
En consecuencia, ya hay cuestiones planteadas en el debate. Sin duda, serán parte de nuestras deliberaciones en el marco de las próximas elecciones presidenciales. Ojalá que la elite se centre en ese ámbito, en discutir ideas y cuestiones de fondo respecto de cómo vemos el país, y no en asuntos secundarios.
Me asiste la convicción de que esto tiene que ver con un tema de fondo, que en los últimos dieciocho años hemos alcanzado niveles de desarrollo social, económico y cultural muy sustantivos, que nos obligan a mirar el país no con ojos de los años 90, del siglo pasado, sino del siglo XXI. Eso tiene que ver con las dimensiones con que los ciudadanos realizan sus actividades. La del ciudadano consumidor es parte de la realidad. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para reactivar la economía?
La Presidenta de la República envió un proyecto de ley, aprobado por amplia mayoría en la Cámara, para entregar un bono de reactivación económica a las familias de menores recursos y que consiste en 40 mil pesos por carga familiar, que se está pagando estos días.
¿Qué pretende ese bono? Que las familias más desfavorecidas cuenten con recursos para enfrentar la crisis económica.
¡Queremos que ese dinero vaya al consumo; que se gaste en el almacén de la esquina, en la tienda, en el quiosco!
¡Queremos generar dinamismo desde el punto de vista de los consumidores, y que el dinero sirva como una herramienta de fortalecimiento en la economía y en la reactivación económica!
Este proyecto cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Socialista, porque va en la línea correcta, ya que reconoce las deficiencias del marco normativo vigente y ayuda a resolver problemas desde el punto de vista de las acciones colectivas, de la reparación del daño, del estímulo y del incentivo para el cumplimiento de la buena conducta después de una sanción aplicada a una empresa. Además, establece juicios y mecanismos rápidos y expeditos para que las empresas reconozcan sus errores y reparen el daño causado.
Por lo tanto, la iniciativa significa una actualización importante y sustantiva de la legislación vigente, pero también una reforma para pensar en desafíos de más largo plazo.
Con estas modificaciones no se agotan los desafíos que tenemos en este ámbito; ni en lo institucional vinculado al Servicio Nacional del Consumidor, ni en lo institucional vinculado al Ministerio de Economía.
Insisto, este tema debería formar parte de nuestras deliberaciones de cara a la ciudadanía para la próxima elección presidencial. Un candidato, Eduardo Frei , lo está planteando, lo que es positivo.
La ciudadanía está consciente y empoderada en sus derechos.
Por último, quiero felicitar al Sernac. El proyecto fue objeto de deliberaciones y diálogos con las asociaciones de consumidores. Ésa práctica debería ser permanente.
La sociedad civil se organiza de diversos modos, y debemos considerarla en nuestra reflexión durante los procesos de deliberación, no sólo en el espacio formal de la Cámara de Diputados, sino en el diálogo con las autoridades nacionales y regionales.
He dicho.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640634
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640634/seccion/akn640634-po1-ds10