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Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional que hoy analizamos es, a mi juicio, de gran importancia para la salud de la democracia chilena.
En nuestro país ha ido imperando, poco a poco, una suerte de "ley de la selva" en esta materia, pues quien usa la maquinaria del Estado atropella a los demás, no solo en las elecciones populares sino también en las internas. Gana y pasa por encima del resto.
Desde esa óptica, la iniciativa que nos ocupa representa un adelanto. Pero aun así, en mi opinión, queda mucho por avanzar.
Y digo eso porque algunos candidatos y partidos han transformado la intervención electoral en un método habitual, en un arte; han capturado a funcionarios y recursos del Estado, que cual batallón ordenado se ponen tras sus campañas. Pero, una vez elegidos mediante tales artimañas, aquellos se dedican a pontificar con encendidos discursos en contra de la intervención electoral y a favor de la limpieza y de las buenas prácticas en democracia.
Lamento, señor Presidente, que dos temas no hayan sido incluidos en el proyecto. Ojalá sean incorporados en su posterior tramitación.
El primero se refiere al control de los dineros que el Estado entrega a las ONG, que superan el presupuesto de todo el sector municipal, con una fiscalización casi inexistente y que, como todos sabemos, se usan para las campañas.
Por otra parte, también me parece indispensable controlar los recursos que llegan desde el extranjero. Todos tienen claro cuánto daño hicieron estos durante la Guerra Fría, por más de 50 años, prácticas que han terminado gracias a la caída del muro de Berlín y de otros cambios. Sin embargo, aparecen ciertos personajes que todavía incorporan estos métodos tan antiguos.
Es cierto que la Ley de Partidos Políticos prohíbe el uso de dineros provenientes del exterior. Pero todos sabemos que eso ocurre y que ningún órgano del Estado hace nada para terminarlo.
Por ello, después de escuchar al Ministro Viera-Gallo , planteo la siguiente reflexión: ¿Sirve realmente que ciertas normas legales se eleven a rango constitucional y que otras queden como circulares de la Contraloría, si todos las conocemos pero nadie las respeta?
En consecuencia, cabe preguntarse, como lo planteamos al Gobierno hace varios años en una comisión, si no será indispensable crear una institución -entonces la denominamos "fiscal antiintervención electoral"- con la fortaleza, capacidad y solidez para reaccionar a tiempo ante una denuncia de intervención, y que no ocurra lo que pasa hoy: que "candidatos subsidiados" -como yo los llamo- salgan elegidos con estos métodos oscuros, mientras todos sus colaboradores y activistas terminan procesados por la justicia. Y los caballeros de la intervención electoral, "muy bien, gracias", continúan pronunciando discursos sobre la transparencia y la limpieza de las elecciones.
Cualquier medida de ese tipo, señor Presidente , debe adoptarse a tiempo. Porque cuando un candidato es electo ya es muy difícil cambiar el destino. Por lo tanto, si no tenemos una autoridad con capacidad para enfrentar en el momento oportuno a un candidato a Senador, a Presidente de la República o a Diputado , después de las elecciones cualquier intención solo queda en los discursos y en los mensajes de buena crianza.
Por último, considero importante referirme a un asunto que no ha sido explicitado con suficiente claridad.
Aquí se establece -y representa un adelanto- la prohibición para los funcionarios públicos y municipales de hacer campaña durante sus horarios de trabajo. Sin embargo, me gustaría saber -ojalá el Senador informante del proyecto o el propio Ministro nos pudiera explicar- qué ocurre cuando un funcionario del FOSIS -como a mí me ha tocado presenciar- o del SERVIU, quien durante su horario de trabajo no dice a qué partido político pertenece, una vez terminada su jornada se saca el overol y parte a la campaña electoral a decirles a quienes se han adjudicado el subsidio habitacional: "Tal candidato a parlamentario les consiguió la casa", utilizando información privilegiada propia de su cargo.
La norma correspondiente puede estar en una circular o en una resolución de la Contraloría, ¡pero tales situaciones se repiten en todas las elecciones!
Por lo tanto, derechamente pido que tomemos medidas efectivas. De lo contrario, vamos a tener un adelanto virtual, dado que, en la práctica, no sucederá nada. Hoy día dichas disposiciones existen en ciertos rangos, pero nadie las respeta. Y las personas que son elegidas con el subsidio del Estado siguen operando.
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