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El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , la verdad es que acerca del rol y la participación de los funcionarios públicos dentro de la política surge un concierto de principios que la Derecha deberá representar, pues ellos dan cuenta de las libertades individuales. O sea, negarles la posibilidad a los empleados del Estado que tengan opinión política es un concepto absolutamente imposible. Ellos siempre la tendrán.
En definitiva, determinar cómo evitamos la mala utilización de bienes fiscales y el mal uso de la autoridad para atraer adherentes a su posición me parece lo correcto.
Pero, en general, creo que el debate ha sido llevado al extremo. Porque una cosa es lo que propone la iniciativa y otra es el discurso público utilizado por la Derecha. O sea, cualquier funcionario público que manifieste su opinión política es cuestionado.
Es preciso recordar que en el sector privado, donde la Oposición tiene muchos adherentes -los empresarios-, también se alinea a los trabajadores para indicarles determinada opción. Y los señores Senadores que representan comunas rurales así lo podrán haber constatado.
En esta materia se subestima a la ciudadanía. Creen que los pobres, porque les regalan una migaja o les dan acceso a una casa, van a vender su conciencia. Hay un profundo equívoco en ese pensar. Todos reconocemos que el voto es secreto y se emite en conciencia, salvo que rompamos su inviolabilidad y sepamos por quiénes se vota.
El Gobierno gasta millones y millones en subsidios para los pueblos originarios. ¡Y el Senador señor Espina es la primera mayoría nacional en la Región de La Araucanía! Y todos tienen derecho a preguntarse: "Bueno, ¿cómo entender eso si el Estado invierte, invierte e invierte y, al final, las comunidades mapuches terminan votando por la Derecha?".
Entonces, no me queda del todo claro que haya una correlación positiva e inmediata entre la autoridad que entrega un servicio a través de un organismo fiscal y, después, la manifestación del voto ciudadano.
Por tanto, no es ese el objetivo del proyecto, sino, más bien, cautelar, por cierto, los bienes fiscales.
Es claro que no se pueden llevar a cabo dichas actividades durante la jornada de trabajo.
Pero de ahí a prohibirles que en cualquier minuto, durante las 24 horas del día, puedan emitir su opinión, es inconstitucional y constituye una limitación al derecho de expresión de los ciudadanos.
El señor PROKURICA.-
¡Ese es otro proyecto, señor Senador!
El señor HORVATH .-
Es otra norma.
El señor NAVARRO.-
¡Pero aquí el Senador señor García se ha referido a la jornada de trabajo!
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Excúseme, Su Señoría.
El Honorable señor García pidió reabrir el debate sobre el inciso que usted ha mencionado y no hubo acuerdo.
El señor NAVARRO.-
Conforme.
Me referiré al nuevo inciso cuarto, por medio del cual se consagra que diversas autoridades "no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones".
Ayer pasé por la Costanera Norte y pude observar cómo la alcaldesa de Renca tiene plagada la carretera con grandes fotos suyas -muy rubia ella, imponente- dando cuenta de las obras que ha hecho en la comunidad.
Por ese motivo, presenté un proyecto de ley -que duerme, como muchos otros- cuya finalidad es prohibir la propaganda electoral mediante la difusión de las imágenes de las autoridades que indica. Es decir, si se construye un puente, no debe aparecer la foto del Ministro del ramo, ni siquiera la del Presidente de la República ; la difusión oficial de las obras debe carecer de la pormenorización de los detalles referentes a quien las ha realizado. Por ejemplo, el caso de los alcaldes es extremadamente abusivo.
La iniciativa debe abarcarlos a todos, no solo a los funcionarios públicos, sino también a los parlamentarios.
No voy a decir quién pero -y puedo mirarlo desde mi escaño- hay algunos que se atribuyen todas las obras del Gobierno ¡Y los puentes, y los caminos y las poblaciones, y, al final, resulta que la carretera que une determinada ciudad no es del Ministerio de Obras Públicas, sino la ruta de tal o cual Senador! ¡Eso es así!
El señor PROKURICA .-
¿A quién se refiere?
El señor ROMERO.-
¡Se refiere a las represas!
El señor NAVARRO.-
Por lo tanto, si vamos a establecer una restricción respecto de los funcionarios de la Administración del Estado y de aquellos que se desempeñan en las empresas públicas, exijo que tal disposición sea también aplicable a los parlamentarios. ¡No hay otra solución!
Sin embargo, ello no ocurre, porque la información que sale en la prensa o informativos dice que la obra fue realizada por los parlamentarios.
Ahora bien, resulta adecuado complementar esta iniciativa legal acerca de cómo limitamos aquella situación, por cuanto su contenido va a operar cualquiera sea el signo del Gobierno de turno.
Por lo tanto, esta legislación busca proteger el respeto ciudadano al Estado, al Gobierno y evitar la utilización...
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Deme un minuto, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Muy bien.
El señor NAVARRO.-
Por lo tanto, estimo que debemos ampliar los alcances del inciso en comento no solo a la Administración del Estado, empresas públicas y municipalidades, sino también a los órganos que participan activamente en la creación de la ley y en la asignación del Presupuesto, entre ellos, el Congreso Nacional.
Para que esto resulte y logremos una efectiva transparencia -como dijo el Senador señor Ávila- terminemos con las donaciones secretas. ¡Terminemos con las donaciones secretas!
Ese es el único mecanismo viable, porque el intervencionismo del dinero es mucho más poderoso que el intervencionismo del Estado.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
He dicho.
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